El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, aclaró que la legislación vigente impide firmar una adenda con Concesionaria Trasvase Olmos S.A. por su implicación en investigaciones por corrupción
La defensa de la ex primera dama sostiene que el uso de material entregado por una firma extranjera vulneró acuerdos internacionales y advierte que podría afectar la validez de procesos judiciales en curso
Monto se encontraba en poder del exdiputado Jorge Horacio Cánepa Torre y la empresa Maxcrane Finance S.A.
El funcionario se encuentra en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que identifica a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica
De acuerdo con la información que se conoció, se solicitó a Interpol emitir una alerta para localizar y detener a los buscados en cualquier país
Fiscal José Domingo Pérez presentó solicitud argumentando que el Tribunal Constitucional había exhortado que caso se resuelva con celeridad. Sin embargo, la sala ratificó la fecha original del 23 de septiembre a fin de asegurar cooperación internacional
Fiscal del Equipo Especial Lava Jato recuerda que el Tribunal Constitucional ha exhortado a que se resuelva con celeridad el caso contra la exalcadesa de Lima
La exfuncionaria, que lideró el Ministerio de Transporte durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, es investigada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos
Roberto Prieto había sido sancionado inicialmente con 12 años en los que no podía ejercer cargos públicos o tener contratos con el Estado
Esta semana comenzaron las audiencias por administración fraudulenta, sobreprecios y supuestas coimas en la construcción de dos plantas de AySA.Las defensas de De Vido, Baratta, José López y empresarios acusados pidieron que la UIF abandone la querella.
El juicio oral y público por el presunto pago de coimas por parte de la empresa multinacional brasileña Odebrecht al exministro Julio De Vido y al exsecretario José López arrancó con sobresaltos. El caso, conocido como el "Lavajato" argentino, se cruzó con el decreto del presidente Javier Milei (274/20125) que le quitó el rol de querellante y acusador particular a la Unidad de Información Financiera (UIF) en las causas como esta donde se investiga no solo el fraude, sino el lavado de dinero.La audiencia quedó frenada por la discusión entre los abogados defensores por un lado y la fiscal Fabián León y la UIF por el otro, unos que pretendían que la UIF se retire como acusador y querellante en este caso y otros que defendieron esa facultad y señalaron que en todo caso el decreto presidencial se refiere a situación que se den el futuro y no se aplica a los casos del pasado.En esta causa son juzgados 26 imputados, entre ellos De Vido, López, Roberto Baratta, el lobbista y supuesto intermediario Jorge "Corcho" Rodríguez (en España) y empresarios poderosos de la construcción como Benito Roggio y Carlos Wagner, entre otros.El juicio está a cargo de los jueces Germán Caastelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canedo. Lo que se investiga es si la brasileña Odebrecht pagó coimas en dos obras.Se trata, por un lado, de la planta de potabilización "Paraná de las Palmas", adjudicada por el kirchnerismo al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Por otro lado, el foco está puesto en la planta depuradora "Sistema Berazategui", en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal Federico Delgado, que estuvo a cargo de la instrucción del caso. Allí acusó a los funcionarios de haber recibido sobornos, a "Corcho" Rodríguez de haber sido un intermediario y a los empresarios de haber pagado.Se discutió si se debía leer completo o una síntesis, pero la fiscal León insistió en que se leyera completo en aras de la publicidad del juicio, y de los que los acusados estuvieran al tanto de los cargos para que pudieran defenderse.Pero cuando se debatió si también se debía leer la acusación de la UIF se generó la controversia. Los abogados pasaron de argumentar que no solo no se debía leer completa, sino que directamente no se debía leer porque la UIF, según dijeron, no podía ser querellante en este juicio.Todo el juicio fue virtual por Zoom, por lo que algunos imputados desaparecían por momentos al apagar la cámara, lo que motivó la protesta de la fiscal León, que pretendía declararlos rebeldes, como si se hubieran retirado de esta audiencia, que es obligatoria para todos. Tomó la palabra Carlos Froment, defensor de Carlos Ben, ex presidente de AySA, quien cuestionó la intervención de la UIF e invocó el decreto de Milei que le quita la facultad de querellar en los juicios. Se sumaron la mayoría de los abogados. Son 18 para 26 imputados, con lo que la ronda de objeciones fue larga.Los querellantes de la UIFPor la UIF defendieron su posición Diego Fleitas y Laura Taboada al sostener que el decreto normaba cuestiones a futuro y no se relacionaba con los juicios en marcha. Finalmente el presidente Castelli decidió posponer la decisión acerca de la UIF para la próxima audiencia que se celebrará dentro de 15 días y como parte de las cuestiones preliminares, antes de las declaraciones indagatorias de los imputados. Además de los funcionarios, que fueron procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, irán a juicio Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.Dos semanas atrás, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra "Corcho" Rodríguez en la causa que lo investigó por un supuesto lavado de dinero en la compra de un helicóptero. Sin embargo, el empresario todavía enfrenta el proceso por Odebrecht.Por el juicio desfilarán cerca de 300 testigos, con lo que si se mantiene este plan de sesionar una vez cada 15 días, se corre el riesgo de que dure años.En septiembre del año pasado se conoció que parte de la prueba no podría ser utilizada por un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se trata de dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos, "Drousys" y "MyWebDay", que son claves para investigar el pago de coimas.En 2016, dos años después de que se desatara el escándalo, la firma Odebrecht confesó el pago de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Acá, el expediente se originó en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020 por el juez Sebastián Casanello. La investigación fue del fiscal Delgado.
El abogado Abelardo de la Espriella indicó que conocer los detalles de la investigación en contra de la constructora brasileña permitirá conocer la verdad sobre lo registrado en Colombia
La exalcaldesa afronta cargos por colusión, lavado de activos y asociación ilícita tras presuntamente aceptar millones de dólares de constructoras brasileñas
Es por administración fraudulenta y coimas en los contratos para construir una planta de tratamiento de agua y otra de líquidos cloacales de AySA. Empieza el 19 de mayo.
El máximo tribunal desestimó un planteo de la empresa brasileña, con sucursal en Argentina, y volvió efectiva la medida cautelar en un caso que analiza supuestos sobornos y direccionamientos de licitaciones en obras impulsadas por AySA durante el kirchnerismo
La Corte Suprema de Justicia dejó firme una decisión que obliga a actualizar el monto de embargos dictados contra la empresa Odebrecht en la causa que investiga el proceso de licitación de las obras de dos plantas potabilizadoras en Buenos Aires.El máximo tribunal desestimó el recurso por cuestiones formales, ya que la queja no respetaba los lineamientos fijados en la acordada 4/2007.La causa analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007. Se trata, por un lado, de la planta de potabilización "Paraná de las Palmas", adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora "Sistema Berazategui", en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.Se investiga el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia. A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.Entre los acusados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, y los exdirectivos de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda. Sostuvo que los $405.200.000 fijados, que entonces representaban US$6.642.622,95, al momento de su solicitud -a menos de tres años de la determinación de esa cuantía-representaban en esa misma divisa US$1.796.895,78 oficiales o unos US$1.012.190,24, en su variable MEP. El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-. En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000. En agosto del 2023, la Sala III de la Cámara Federal de Casación por unanimidad rechazó la apelación de la firma Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A., que pretendía dejar sin efecto la actualización del embargo a la mencionada compañía. A fines de ese año se rechazó la queja. La Corte Suprema desestimó ahora el planteo de la firma.
La pena para el exdirectivo de Alpha Consult y su hijo Jorge Peñaranda Málaga, quien deberá afrontar 20 años de cárcel, quedó suspendida hasta la lectura íntegra del fallo
El titular del Consejo de Ministros refirió que no hay condiciones para una renovación, a menos de seis meses de expirar el acuerdo con la concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), cuyo principal accionista es el Grupo Novonor (nuevo nombre de la constructora brasileña)
Embajada resolvió a favor de la ex primera dama y le otorgó los salvoconductos para salir del país. Heredia fue condenada a 15 años de prisión junto a su esposo y expresidente del Perú, Ollanta Humala
Tras la lectura de la sentencia, las cámaras captaron al expresidente enviando mensajes desde su teléfono móvil, aparentemente consciente de que serían sus últimos momentos con acceso libre a su dispositivo
Lo pidió un ex ejecutivo de la constructora brasileña y se sumaron otras defensas. Pero la jueza Capuchetti se opuso y la investigación seguirá avanzando. Se analiza si se pagaron 25 millones de dólares entre 2007 y 2014
Reconocido abogado se vio beneficiado con la Ley 32130 que fija plazos a la comparecencia restrictiva. Su defensa intentó que también se le devuelva la caución de 100.000 soles, pero esto fue rechazado por el Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar al excongresista por corrupción, cerrando definitivamente el expediente en su contra
Nory Marilyn Vega Caro participará de la diligencia fiscal en el Consulado de Perú en Montevideo este jueves 27 de marzo
El Tribunal Constitucional de Perú establece que el acuerdo de colaboración entre el Estado y Odebrecht debe ser difundido públicamente a solicitud del presentador Phillip Butters y en cumplimiento con la normativa vigente
El ente acusador señala a tres exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en los otrosíes de la Ruta del Sol II, favoreciendo al concesionario vinculado a Odebrecht sin cumplir con los requisitos legales
Los abogados del empresario solicitaron "el sobreseimiento de nuestro defendido".La resolución obtenida por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil son consideradas como parte de los reclamos de los abogados para hacer caer las acusaciones contra Rodríguez.
El Ministerio Público abrió pesquisa preliminar contra el fiscal superior, Silvana Carrión y Jorge Ramírez por supuesta organización criminal
La denuncia penal fue presentada, señalando una presunta manipulación de elementos probatorios. El rol de un dispositivo electrónico y su conexión con presuntas irregularidades también están en el centro de la polémica