Velásquez asumió como embajador de Colombia en el Vaticano a finales de junio de 2025. Los dos funcionarios del Gobierno Petro lideraron una misión anticorrupción de la ONU en el país centroamericano
La MML informó que el Departamento de Justicia de EE.â?¯UU. solicitó explicaciones sobre la exclusión de Rutas de Lima del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Además, pidió documentos y comunicaciones entre Brookfield, Odebrecht y la concesionaria
Estados Unidos también solicitó los documentos e intercambios entre Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima como parte de su investigación, y cuestionó por qué no se notificó a la Municipalidad de Lima como víctima
El alcalde de Lima celebró la salida de la constructora del país tras la liquidación de la concesionaria. En tanto, el fondo Brookfield acusó al burgomaestre de promover esta decisión con campañas de hostigamiento
El juez Richard Concepción Carhuancho solicitó la devolución del millonario monto retenido en el Scotiabank del país centroamericano, como parte del proceso de reparación por los actos de corrupción del exmandatario
La Corte Suprema de Justicia rechazó las presentaciones de dos acusados en la causa donde se investiga el supuesto de pago de coimas a funcionarios del kirchnerismo para asegurarse el contrato de las obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, ahora abandonadas.Los acusados buscaban impugnar la llegada a la causa de información que obtuvo Brasil en el caso del Lava Jato, donde arrepentidos admitían que efectivamente se habían pagado sobornos para la adjudicación de las obras en la Argentina.Una de las presentaciones fue hecha por Luiz Antonio Mameri, uno de los ejecutivos de más alto rango de la constructora Odebrecht que se acogió al régimen de la "delación premiada" en Brasil y que planteó la nulidad de la incorporación de copias de su confesión en la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py 2002. La otra presentación la formuló Mauricio Couri Ribeiro, ex director superintendente de Odebrecht Infraestructura en la Argentina participó de lleno en las negociaciones de los proyectos, quien reclamó en la causa la nulidad del acuerdo de colaboración alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal argentino y el de Brasil.Estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores, pero sus defensas llegaron en queja a la Corte Suprema. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó las presentaciones por incumplimiento de las formalidades previstas en la acordada 4/2007.La causa investiga posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el Gobierno kirchnerista. La Justicia sospecha que esos pagos se realizaron para obtener la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado -según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.Desde hace años, el juez federal Marcelo Martínez de Gorgi tiene pisado el caso Odebrecht a pesar de los pedidos de la fiscalía para avanzar contra los empresarios acusados de los pagos de dinero a los funcionarios del Ministerio de Planificación.La Cámara Federal instó en 2023 por tercera vez al juez federal Martínez de Giorgi a que defina si procesa o no a los exfuncionarios del kirchnerismo y a los empresarios. La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento implicaba unos de US$1500 millones de inversión y se encuentra paralizada. AntecedentesEn 2021 llegó al país la información de arrepentidos brasileños que admitieron los sobornos y el caso siguió inmóvil. Los acusados son el exministro kirchnerista Julio De Vido y el empresario Ángelo Calcaterra, que con su exempresa IECSA, que integró el consorcio a cargo de la obra junto con la brasileña Odebrecht.El fiscal del caso Franco Picardi viene instando al juez a que de una respuesta sobre las situaciones procesales de los acusados, para quienes reclamó la indagatoria por el pago de coimas.Odebrecht admitió que pagó coimas en todo el continente para asegurarse la continuidad de sus obras. En la Argentina se planteó un acuerdo con los fiscales brasileños para incorporar esa información brindadas por arrepentidos de Brasil en el Lava Jato a la causa local.Las demoras registradas en este expediente resultan llamativas en comparación con los avances registrados en las otras dos causas vinculadas al capítulo argentino del Lava Jato. En el caso de las planta potabilizadora de Aysa está en pleno juicio oral. Los imputados son el exministro De Vido, que figura entre los que habrían recibido sobornos, mientras que Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, aparecen entre los acusados de haber abonado esas coimas, junto con ejecutivos de Odebrecht: Luiz Antonio Mameri, Mauricio Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho, entre otros.Las defensas de esos acusados habían planteado la nulidad de algunas de las decisiones tomadas en primera instancia. En particular, por el uso que se le dio a las pruebas aportadas desde Brasil y que incluyen la "delación premiada" de Mameri, exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, que confesó cómo y a quiénes pagaron coimas para obtener negocios multimillonarios en la Argentina. La Cámara antes y la Corte rechazaron ahora esas nulidades.Según Mameri, durante la primera etapa del proyecto, Sánchez Caballero les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar "pagos indebidos" a medida que comenzaran a cobrar las obras.Aceptadas esas "reglas de juego", como las calificó ante las autoridades brasileñas y reveló LA NACION en 2017, Mameri admitió que autorizó "pagos indebidos" por US$2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.Consultado entonces por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. "No lo conozco a ese señor", replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. "Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso", remarcó.Tras la muerte de Néstor Kirchner, sin embargo, Mameri detalló que cambiaron los intermediarios. Jorge "Corcho" Rodríguez se presentó ante el director de Infraestructura de Odebrecht en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como "interlocutor" de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido.Según Mameri, el "Corcho" Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar "una contrapartida" por cada factura pendiente de cobro. Era, según los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Sin embargo, esas confesiones no se pueden usar en la Argentina y ya se plantearon nulidades. Es porque en Brasil, Rodríguez consiguió anular las evidencias en su contra. El presidente del Supremo Tribunal brasileño concluyó que no se garantizó la "cadena de custodia" el contenido de dos sistemas operativos de la multinacional y que, por tanto, no se puede usar en juicio. Son las evidencias que lo complicaban en dos causas. La Justicia de ese país bloqueó el uso en la Argentina de esas pruebas. Esa segunda etapa de "pagos indebidos" también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles.
El megaproyecto energético que debía llevar el gas de Camisea al sur peruano permanece paralizado tras años de litigios, mientras el Estado destina millones a su resguardo y pugna por revertir indemnizaciones
Por segunda vez en apenas unos meses, Marcio Faria Da Silva, un exejecutivo de la constructora brasileña Odebrecht, pidió ante la Justicia que se cierre la causa que investiga si se pagaron sobornos a exfuncionarios para avanzar con la ampliación de dos gasoductos. El expediente lleva más de 17 años y pasó por varios jueces. Entre los principales imputados aparece el exministro kirchnerista Julio De Vido, que se plegó a esta nueva maniobra. La defensa de Da Silva pidió la prescripción por el paso del tiempo. El planteo no es nuevo. Hace unos meses, los abogados de exdirectivo de Odebrecht ya habían reclamado que el posible cohecho, que tiene una pena maÌ?xima de 6 anÌ?os, deberiÌ?a haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 anÌ?os atraÌ?s). Incluso llegaron a decir que la causa estaría prescripta si se toman las fechas de las transferencias que informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014. Da Silva viene haciendo planteos en los tribunales argentinos hace varios años y llegó hasta la Corte Suprema. En Brasil se acogió al régimen de delación premiada a cambio de una reducción de su condena. Ahí detalló que la empresa pagó coimas a "agentes públicos" argentinos en los proyectos de ampliación de la red troncal de los gasoductos de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y de Transportadora de Gas del Norte (TGN). En abril, la jueza Capuchetti, que tiene la causa hace unos meses, rechazó el pedido de prescripción porque uno de los imputados, Cristian Folgar, seguía siendo funcionario como empleado de la Cámara de Diputados, lo que interrumpe la prescripción. En el caso de De Vido, cobró su sueldo hasta diciembre de 2019. Y dos exfuncionarios de CAMMESA, que también están imputados, se desvincularon en 2020 y 2017: Luis Beuret y Julio Bragulat.En ese momento, la jueza tuvo en cuenta que un tramo de la investigacioÌ?n ya fue elevada a juicio en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles. También valoró que gran parte de la prueba "fue requerida a otros paiÌ?ses", lo que demoró la investigación. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, RepuÌ?blica de PanamaÌ?, RepuÌ?blica Oriental del Uruguay, Santa LuciÌ?a, Suiza y Portugal.El nuevo planteo de prescripción se basa en un informe enviado en agosto por la Cámara de Diputados sobre la situación de Folgar donde se aclara que trabaja como "personal administrativo y técnico" en el despacho de la diputada Margarita Stolbizer. Para la defensa de Da Silva, el cargo de Folgar "carecería de aptitud suficiente para suspender el plazo de prescripción". Las defensas de los otros imputados se plegaron a esa maniobra. Incluso el fiscal opinó a favor de cerrar la causa. Pero la Unidad de Información Financiera (UIF) se opuso argumentando que es el mismo planteo que ya fue rechazado por la jueza y por la Cámara Federal. "El plazo de la prescripción estuvo suspendido desde la ocurrencia de los hechos en octubre de 2014 hasta octubre de 2017, con el desafuero de Julio De Vido y luego, se volvió a suspender a partir de agosto de 2022 con el cargo de Folgar", destacaron los abogados del organismo anti lavado. La jueza Capuchetti insistió con su criterio. En el fallo, al que tuvo acceso LA NACION, sostuvo que "no hay dudas sobre el desempeño de determinados imputados en el ejercicio de la función pública". Y agregó que la normativa que se aplica en esos casos "no distingue entre jerarquías o funciones dentro de la estructura estatal". Un caso que lleva más de 17 años La causa comenzó en 2007 a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y pasó por varios juzgados. El año pasado, el juez Daniel Rafecas sobreseyó a todos los acusados: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado con presuntas coimas en la adjudicación de dos planta potabilizadoras de AYSA. Pero a fin del año pasado, la Cámara revocó ese fallo y le sacó la causa a Rafecas. Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada "AmpliacioÌ?n Gasoductos TGS y TGN - obras 2006/2008-". Según se investigó, se habrían llevado a cabo a traveÌ?s de la DivisioÌ?n de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. En total https://www.lanacion.com.ar/politica/odebrecht-confeso-coimas-de-us25-millones-por-los-gasoductos-nid2131630/Además de De Vido, están imputados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, Bautista Marchesch, Cristian Folgar, los representantes de CAMMESA (Beuret y Bragulat), y los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.
Desde este martes la exalcaldesa deberá defenderse ante el Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional, que podría condenarla a 29 años de cárcel, tal como requiere el fiscal José Domingo Pérez
La exalcaldesa de Lima manifestó que el monto por la campaña de revocatoria fue mucho menor al que indica la Fiscalía en su acusación. Reveló que ella ya estuvo en la cárcel y que pedido de 29 años de prisión en su contra es injusto
El Poder Judicial impuso cuatro años de prisión al letrado por beneficiar de forma ilícita a la empresa brasileña en procesos arbitrales. La condena se resolvió mediante terminación anticipada
La Cámara Federal de Casación Penal analiza si corresponde correr a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado del Gobierno, como querellante en la causa en la que se está juzgado a empresas constructoras por el supuesto pago de coimas en el caso Odebrecht.El pedido para sacar a la UIF como querellante lo realizó Carlos Ben, expresidente de AySA durante el kirchnerismo, en medio del juicio oral y público donde analizan los contratos para la construcción de dos plantas potabilizadoras. Ben basó su pedido en un decreto de Javier Milei que restringió la actividad de la UIF en la Justicia.La salida de la UIF del juicio configuraría un golpe que debilitaría la acusación, ya que quedarían los fiscales como únicos acusadores.En el juicio se analizan las irregularidades de las licitaciones de las obras de la Planta de Potabilización Paraná de las Palmas y la Planta Depuradora Sistema Berazategui, impulsadas por AySA en 2007.Fueron adjudicadas a consorcios integrados por empresas como Construcciones Norberto Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC, José Cartellone Construcciones Civiles SA, Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.Ben cuestionó la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante a partir del decreto del presidente Javier Milei que le prohibió tener ese rol en las causas penales. El planteo se apoya en la entrada en vigencia del decreto 274/2025, que derogó el decreto 226/2008, que facultaba a la UIF a intervenir como parte acusadora. Ben sostuvo que la modificación en los decretos tiene aplicación inmediata y que la UIF no puede seguir en el proceso porque vulnera "el principio de igualdad de armas, el debido proceso y el derecho de defensa".En junio de este año, el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, rechazó el apartamiento de la UIF. Argumentó que fue admitida durante la investigación de la causa y que esa resolución está firme.Indicó el tribunal oral que el nuevo decreto no dispone el cese de participación de la UIF como querellante en las causas en trámite, sino en las nuevas, y dijo que hay otros casos que avalan su continuidad.Contra ese fallo, Ben interpuso un recurso de casación. Señaló que el decreto revoca de pleno derecho la facultad de querellar y que la interpretación del tribunal es restrictiva y arbitraria. El recurso fue declarado inadmisible, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva, lo que motivó la presentación de una queja.Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, resolvió abrir la queja y analizar el fondo de la discusión sobre la legitimidad de la UIF para actuar como querellante en este caso.Las obras bajo la miraLa causa analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007.Se trata, por un lado, de la planta de potabilización Paraná de las Palmas, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Por el otro, la planta depuradora Sistema Berazategui, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.Se investiga el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia.A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.Entre los acusados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; su mano derecha, Roberto Baratta; el exsecretario de Obras Públicas José López y los exdirectivos de AySA Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Acusados de haber pagado esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda.Sostuvo que los $405.200.000 fijados, que entonces representaban US$6.642.622,95, en el momento de su solicitud â??a menos de tres años de la determinación de esa cuantíaâ?? representaban en esa misma divisa US$1.796.895,78 oficiales o unos US$1.012.190,24, en su variable MEP.El Tribunal Oral Federal N° 7 hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-. En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000.
El ente acusador anunció ante la Corte Suprema que no continuará con el proceso penal contra la exfuncionaria, investigada en el caso de corrupción protagonizado por la empresa brasileña
Por estar involucrada en presuntos actos de lavado de activos cuando era Solidaridad Nacional. Rafael López Aliaga ha intentado negar acusaciones
Pronunciamiento se realizó tras la participación del fiscal en el Congreso, donde mencionó al partido celeste como uno de los implicados en el caso de pagos por parte de las constructoras brasileñas
El representante del Ministerio Público indicó que, al momento del operativo, los inmuebles se encontraban ocupados por inquilinos
El jugador de la Universidad San Martín de Porres utilizó sus plataformas digitales para transmitir serenidad y fortaleza emocional en medio de la crisis que atraviesa su familia
Ministro de Economía también denunció al gerente de la empresa que habría coordinado con Ranjiro Nakano. Reiteró que PEOT administrará el proyecto hasta que se encuentre un nuevo concesionario
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, aclaró que la legislación vigente impide firmar una adenda con Concesionaria Trasvase Olmos S.A. por su implicación en investigaciones por corrupción
La defensa de la ex primera dama sostiene que el uso de material entregado por una firma extranjera vulneró acuerdos internacionales y advierte que podría afectar la validez de procesos judiciales en curso
Monto se encontraba en poder del exdiputado Jorge Horacio Cánepa Torre y la empresa Maxcrane Finance S.A.
El funcionario se encuentra en la Lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que identifica a actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica
De acuerdo con la información que se conoció, se solicitó a Interpol emitir una alerta para localizar y detener a los buscados en cualquier país
Fiscal José Domingo Pérez presentó solicitud argumentando que el Tribunal Constitucional había exhortado que caso se resuelva con celeridad. Sin embargo, la sala ratificó la fecha original del 23 de septiembre a fin de asegurar cooperación internacional
Fiscal del Equipo Especial Lava Jato recuerda que el Tribunal Constitucional ha exhortado a que se resuelva con celeridad el caso contra la exalcadesa de Lima
La exfuncionaria, que lideró el Ministerio de Transporte durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, es investigada por el delito de interés indebido en la celebración de contratos
Roberto Prieto había sido sancionado inicialmente con 12 años en los que no podía ejercer cargos públicos o tener contratos con el Estado
Esta semana comenzaron las audiencias por administración fraudulenta, sobreprecios y supuestas coimas en la construcción de dos plantas de AySA.Las defensas de De Vido, Baratta, José López y empresarios acusados pidieron que la UIF abandone la querella.
El juicio oral y público por el presunto pago de coimas por parte de la empresa multinacional brasileña Odebrecht al exministro Julio De Vido y al exsecretario José López arrancó con sobresaltos. El caso, conocido como el "Lavajato" argentino, se cruzó con el decreto del presidente Javier Milei (274/20125) que le quitó el rol de querellante y acusador particular a la Unidad de Información Financiera (UIF) en las causas como esta donde se investiga no solo el fraude, sino el lavado de dinero.La audiencia quedó frenada por la discusión entre los abogados defensores por un lado y la fiscal Fabián León y la UIF por el otro, unos que pretendían que la UIF se retire como acusador y querellante en este caso y otros que defendieron esa facultad y señalaron que en todo caso el decreto presidencial se refiere a situación que se den el futuro y no se aplica a los casos del pasado.En esta causa son juzgados 26 imputados, entre ellos De Vido, López, Roberto Baratta, el lobbista y supuesto intermediario Jorge "Corcho" Rodríguez (en España) y empresarios poderosos de la construcción como Benito Roggio y Carlos Wagner, entre otros.El juicio está a cargo de los jueces Germán Caastelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canedo. Lo que se investiga es si la brasileña Odebrecht pagó coimas en dos obras.Se trata, por un lado, de la planta de potabilización "Paraná de las Palmas", adjudicada por el kirchnerismo al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Por otro lado, el foco está puesto en la planta depuradora "Sistema Berazategui", en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fallecido fiscal Federico Delgado, que estuvo a cargo de la instrucción del caso. Allí acusó a los funcionarios de haber recibido sobornos, a "Corcho" Rodríguez de haber sido un intermediario y a los empresarios de haber pagado.Se discutió si se debía leer completo o una síntesis, pero la fiscal León insistió en que se leyera completo en aras de la publicidad del juicio, y de los que los acusados estuvieran al tanto de los cargos para que pudieran defenderse.Pero cuando se debatió si también se debía leer la acusación de la UIF se generó la controversia. Los abogados pasaron de argumentar que no solo no se debía leer completa, sino que directamente no se debía leer porque la UIF, según dijeron, no podía ser querellante en este juicio.Todo el juicio fue virtual por Zoom, por lo que algunos imputados desaparecían por momentos al apagar la cámara, lo que motivó la protesta de la fiscal León, que pretendía declararlos rebeldes, como si se hubieran retirado de esta audiencia, que es obligatoria para todos. Tomó la palabra Carlos Froment, defensor de Carlos Ben, ex presidente de AySA, quien cuestionó la intervención de la UIF e invocó el decreto de Milei que le quita la facultad de querellar en los juicios. Se sumaron la mayoría de los abogados. Son 18 para 26 imputados, con lo que la ronda de objeciones fue larga.Los querellantes de la UIFPor la UIF defendieron su posición Diego Fleitas y Laura Taboada al sostener que el decreto normaba cuestiones a futuro y no se relacionaba con los juicios en marcha. Finalmente el presidente Castelli decidió posponer la decisión acerca de la UIF para la próxima audiencia que se celebrará dentro de 15 días y como parte de las cuestiones preliminares, antes de las declaraciones indagatorias de los imputados. Además de los funcionarios, que fueron procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, irán a juicio Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.Dos semanas atrás, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra "Corcho" Rodríguez en la causa que lo investigó por un supuesto lavado de dinero en la compra de un helicóptero. Sin embargo, el empresario todavía enfrenta el proceso por Odebrecht.Por el juicio desfilarán cerca de 300 testigos, con lo que si se mantiene este plan de sesionar una vez cada 15 días, se corre el riesgo de que dure años.En septiembre del año pasado se conoció que parte de la prueba no podría ser utilizada por un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se trata de dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos, "Drousys" y "MyWebDay", que son claves para investigar el pago de coimas.En 2016, dos años después de que se desatara el escándalo, la firma Odebrecht confesó el pago de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Acá, el expediente se originó en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020 por el juez Sebastián Casanello. La investigación fue del fiscal Delgado.
El abogado Abelardo de la Espriella indicó que conocer los detalles de la investigación en contra de la constructora brasileña permitirá conocer la verdad sobre lo registrado en Colombia
La exalcaldesa afronta cargos por colusión, lavado de activos y asociación ilícita tras presuntamente aceptar millones de dólares de constructoras brasileñas
Es por administración fraudulenta y coimas en los contratos para construir una planta de tratamiento de agua y otra de líquidos cloacales de AySA. Empieza el 19 de mayo.
El máximo tribunal desestimó un planteo de la empresa brasileña, con sucursal en Argentina, y volvió efectiva la medida cautelar en un caso que analiza supuestos sobornos y direccionamientos de licitaciones en obras impulsadas por AySA durante el kirchnerismo
La Corte Suprema de Justicia dejó firme una decisión que obliga a actualizar el monto de embargos dictados contra la empresa Odebrecht en la causa que investiga el proceso de licitación de las obras de dos plantas potabilizadoras en Buenos Aires.El máximo tribunal desestimó el recurso por cuestiones formales, ya que la queja no respetaba los lineamientos fijados en la acordada 4/2007.La causa analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007. Se trata, por un lado, de la planta de potabilización "Paraná de las Palmas", adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora "Sistema Berazategui", en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.Se investiga el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia. A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.Entre los acusados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, y los exdirectivos de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda. Sostuvo que los $405.200.000 fijados, que entonces representaban US$6.642.622,95, al momento de su solicitud -a menos de tres años de la determinación de esa cuantía-representaban en esa misma divisa US$1.796.895,78 oficiales o unos US$1.012.190,24, en su variable MEP. El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-. En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000. En agosto del 2023, la Sala III de la Cámara Federal de Casación por unanimidad rechazó la apelación de la firma Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A., que pretendía dejar sin efecto la actualización del embargo a la mencionada compañía. A fines de ese año se rechazó la queja. La Corte Suprema desestimó ahora el planteo de la firma.
La pena para el exdirectivo de Alpha Consult y su hijo Jorge Peñaranda Málaga, quien deberá afrontar 20 años de cárcel, quedó suspendida hasta la lectura íntegra del fallo
El titular del Consejo de Ministros refirió que no hay condiciones para una renovación, a menos de seis meses de expirar el acuerdo con la concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), cuyo principal accionista es el Grupo Novonor (nuevo nombre de la constructora brasileña)
Embajada resolvió a favor de la ex primera dama y le otorgó los salvoconductos para salir del país. Heredia fue condenada a 15 años de prisión junto a su esposo y expresidente del Perú, Ollanta Humala
Tras la lectura de la sentencia, las cámaras captaron al expresidente enviando mensajes desde su teléfono móvil, aparentemente consciente de que serían sus últimos momentos con acceso libre a su dispositivo
Lo pidió un ex ejecutivo de la constructora brasileña y se sumaron otras defensas. Pero la jueza Capuchetti se opuso y la investigación seguirá avanzando. Se analiza si se pagaron 25 millones de dólares entre 2007 y 2014
Reconocido abogado se vio beneficiado con la Ley 32130 que fija plazos a la comparecencia restrictiva. Su defensa intentó que también se le devuelva la caución de 100.000 soles, pero esto fue rechazado por el Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar al excongresista por corrupción, cerrando definitivamente el expediente en su contra
Nory Marilyn Vega Caro participará de la diligencia fiscal en el Consulado de Perú en Montevideo este jueves 27 de marzo
El Tribunal Constitucional de Perú establece que el acuerdo de colaboración entre el Estado y Odebrecht debe ser difundido públicamente a solicitud del presentador Phillip Butters y en cumplimiento con la normativa vigente
El ente acusador señala a tres exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en los otrosíes de la Ruta del Sol II, favoreciendo al concesionario vinculado a Odebrecht sin cumplir con los requisitos legales
Los abogados del empresario solicitaron "el sobreseimiento de nuestro defendido".La resolución obtenida por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil son consideradas como parte de los reclamos de los abogados para hacer caer las acusaciones contra Rodríguez.
El Ministerio Público abrió pesquisa preliminar contra el fiscal superior, Silvana Carrión y Jorge Ramírez por supuesta organización criminal
La denuncia penal fue presentada, señalando una presunta manipulación de elementos probatorios. El rol de un dispositivo electrónico y su conexión con presuntas irregularidades también están en el centro de la polémica