narcomenudeo
Interceptaron drogas y dólares de una banda de narcomenudeo
Etiqueta. Un operativo de rutina en la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba derivó en el secuestro de 10,6 kilos de cocaína. El hecho se produjo en el kilómetro 13 del corredor externo de la capital provincial, a la altura del barrio Villa Bustos, cuando en un procedimiento de prevención la policía encontró la droga que, por otras circunstancias que se incluyeron en este caso, sería parte del abastecimiento a los kioscos de venta minorista de esa sustancia psicoactiva.Al detener la marcha de un Peugeot 206, los oficiales notaron que los ocupantes se encontraban demasiado nerviosos, lo que despertó sospechas. Frente a esa actitud, los uniformados decidieron revisar el vehículo. Encontraron un mochila y al abrirla quedaron a la vista nueve "ladrillos prensados" que contenían cocaína.El material fue analizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. El peso total se calculó en 10,6 kilogramos. Dentro del vehículo se halló también la suma de US$ 10.000 en efectivo y una balanza de precisión, que suele utilizarse para el fraccionamiento de la droga antes de ser distribuida por las bandas de narcomenudeo..Según consignó La Voz, en el lugar se hicieron presentes en el lugar del hecho el ministro de seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, junto al Jefe de Policía de Córdoba, el comisario general Leonardo Gutiérrez."Este es el resultado de un trabajo articulado y comprometido por parte de las fuerzas. Es una satisfacción enorme ver que el esfuerzo diario se traduce en golpes certeros al crimen organizado", sostuvo Quinteros.Los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, uno de 41 años tiene nacionalidad peruana y el otro de 27, argentino. La investigación de la causa pasó a manos de la Policía Federal Argentina y se busca ahora determinar el origen y el destino de la carga, además de procurarse establecer si las personas detenidas formaban parte de una red o actuaban en soledad."Estos procedimientos demuestran que el trabajo preventivo funciona. Cada control, por más rutinario que parezca, puede ser una oportunidad para frenar el avance del narcotráfico", sostuvieron fuentes oficiales del ministerio de seguridad de Córdoba.
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Lo dice la Corte Suprema: no podrá haber condenas menores de cuatro años por narcomenudeo
Revocó jurisprudencia del TSJ de Córdoba que bajó la condena a un narcomenudista a tres años de prisión declarando inconstitucional el mínimo. El nuevo rumbo lo marca la causa "Loyola Sergio Alejandro". Leer más
García-Mansilla firmó su primer fallo en la Corte con un voto contra el narcomenudeo
Manuel García-Mansilla, el flamante juez de la Corte Suprema de Justicia nombrado por decreto en comisión, debutó hoy en el máximo tribunal al revocar -junto con sus colegas- una condena por venta de drogas, porque fue dictada por debajo de los límites establecidos por la ley.García-Mansilla desarrolló su propio voto, al igual que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Todos, con sus argumentos, revocaron la sentencia que había decidido bajarle la pena a un acusado de narcotráfico, por debajo de lo que fija la ley.El fallo había sido dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, que declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de drogas y le bajó la pena a un imputado por narcotráfico, de cuatro a tres años.Los jueces de la Corte dijeron que la decisión de la justicia cordobesa se "inmiscuyó incorrectamente" en las atribuciones del Poder Legislativo."Cualesquiera sean las apreciaciones que se tengan respecto de la política criminal adoptada por el Congreso Nacional en materia de estupefacientes, lo cierto es que un juez no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma basado en su mero desacuerdo con ella", dijo Rosatti.Subrayó que cuando el legislador "quiso modificar la escala penal de una conducta, lo hizo expresamente", y por lo tanto no se puede deducir que, al desfederalizar, se quiso hacer una distinción sobre cómo debía ser la escala penal para los delitos de narcotráfico. Advirtió además el error de creer que las justicias locales investigan delitos "menores".La Corte ordenó al tribunal dictar un nuevo fallo.En su voto, García-Mansilla afirmó que los argumentos de la sentencia recurrida "son solo una muestra de desacuerdo de los jueces de la mayoría del Tribunal Superior de la Justicia local con el mínimo de prisión fijado por el Congreso de la Nación para un delito en particular"."Ese desacuerdo puede ser entendido e incluso puede compartirse la visión que expresa. Sin embargo, eso no autoriza a dejar sin efecto la solución sancionada por el Congreso. Un desacuerdo no implica una inconstitucionalidad", afirmó.Permitir ello, afirmó García-Mansilla, no solo sería contrario al régimen constitucional "sino sencillamente un absurdo: distintos tribunales podrían tener distintos criterios de qué escala es la que corresponde aplicar y, de esta forma, la política criminal fijada por el Congreso quedaría trunca, ya que podrían existir tantas escalas penales como tribunales en funcionamiento en el país. La ley que el tribunal inferior declaró inconstitucional puede ser considerada injusta, pero eso no la torna inconstitucional. No todo lo que no nos gusta es inconstitucional".Además, acotó: "Sostener que una escala penal con un mínimo de cuatro años es tan groseramente desproporcionada que amerita su declaración de inconstitucionalidad, pero un mínimo de tres años no lo es, es una proposición tan absurda como infundada".La causa es la de un albañil con seis hijos y consumidor de drogas, de apellido Loyola, al que se le encontraron en un allanamiento marihuana y cocaína. La justicia cordobesa lo investigó y la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Córdoba lo condenó a la pena de cuatro años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes (artículo 5°, inciso c, de la ley n° 23.737). Ese artículo establece una pena de cuatro a 15 años, más una multa.El abogado de Loyola pidió declarar inconstitucional la escala penal prevista en ese artículo. En una votación dividida, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba hizo lugar al recurso: estableció que la escala aplicable al caso debía ser de tres a diez años de reclusión o prisión, y redujo a tres años la pena impuesta.Según el voto mayoritario del Tribunal Superior de Córdoba, la ley n° 26.052 permitió que la justicia provincial asuma la competencia del delito de comercialización de estupefacientes "fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor". Y entendió que la desfederalización de la competencia de ciertos delitos le permitía una nueva valoración de la conducta.La fiscalía general de la Provincia recurrió el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón.Al analizar la cuestión y el debate parlamentario que se dio en torno a la cuestión, el juez Rosatti afirmó que "la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal". Y advirtió que "cuando el legislador quiso modificar la escala penal de una conducta, lo hizo expresamente", por lo que no se puede deducirse que, al desfederalizar, se quiso hacer una distinción que permitía al tribunal cordobés hacer la interpretación que hizo."El federalismo argentino constituye un sistema cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente, sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento", escribió.En el mismo sentido, Lorenzetti subrayó que "en el sistema constitucional argentino queda en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos y en qué medida debe expresarse la respuesta punitiva para garantizar una protección suficiente"."El principio de juridicidad expresa delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia. La precisión y actuación real de las reglas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actuación de los poderes públicos, de manera que la conducta de estos sea previsible y, en case contrario, quien ostente la potestad suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmente al transgresor", destacó.Lorenzetti ahondó al señalar que "la seguridad jurídica constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento y es reiteradamente reclamada por distintos sectores de la sociedad como presupuesto necesario para su desarrollo. Su aseguramiento requiere que la normativa aplicable esté determinada de forma clara, precisa y previsible, más aún en los procesos penales, donde confluyen singular y sensiblemente los derechos del acusado y de la víctima y las expectativas de la sociedad".García-Mansilla repasó en su voto que "el Congreso es el órgano constitucionalmente competente para fijar la política criminal" que busca "combatir el narcotráfico y sus derivaciones en todo el país". "El tribunal local no tuvo debidamente en cuenta ese margen constitucional", destacó. También sostuvo que las decisiones del Poder Legislativo reconocidas por la Constitución "deben ser respetadas por los demás poderes, excepto que, por supuesto, aquel órgano haya desbordado los límites que le imponga el propio texto constitucional"."Nada de esto supone anular ni debilitar el control recíproco entre los distintos poderes en el marco del principio de separación de poderes con frenos y contrapesos sino interpretarlo correctamente dentro de los márgenes que la propia Constitución Nacional impone", subrayó.Para el juez, la sentencia recurrida "no alcanza a demostrar en qué sentido la escale penal" de ese artículo "resultaría violatoria de algún artículo de la Constitución Nacional". "Esta Corte ha sido deferente hacia el Congreso de la Nación y ha respetado el imperio de la ley penal incluso en casos en los que su estricta aplicación podría haber sido considerada desproporcionada, pero no inconstitucional", dijo y citó un caso de 1866.Rosenkrantz compartió los fundamentos del dictamen de la Procuración General y subrayó que "no se ha demostrado, en el marco de las circunstancias de la causa, una concreta violación a los principios de proporcionalidad de la pena e igualdad en los que el Tribunal Superior de Córdoba fundó la inconstitucionalidad declarada".
La Corte anuló un fallo que disminuía una condena por narcomenudeo: García Mansilla firmó por primera vez
Lo hizo en el marco de una causa proveniente de la Justicia de Córdoba, que había impuesto una pena inferior a la prevista en el Código Penal
La Corte anuló un fallo de la justicia de Córdoba que rebajaba una condena por narcomenudeo
La Corte cordobesa había declarado inconstitucional un artículo de la ley de drogas y rebajado la pena de 4 a 3 años de prisión a un condenado por venta de drogas por menor. El máximo tribunal federal dejó sin efecto el fallo y ordenó emitir una nueva condena. El caso sienta jurisprudencia para otros similares.
Estos son los cinco estados con más casos de narcomenudeo, según Causa en Común
Los reportes indican que en el último año del gobierno de López Obrador se registraron 33 mil 669 casos más que en 2018
Un mega operativo antidrogas desmanteló una red de narcomenudeo carcelario en Bouwer
El operativo simultáneo en el penal de Bouwer y en cuatro barrios de la capital reveló una red de narcomenudeo en la que se ingresaba drogas al establecimiento penitenciario en el calzado de los visitantes. Leer más
Vinculan a proceso a 14 policías municipales de Nacajuca, Tabasco, por narcomenudeo
Los uniformados fueron detenidos tras un cateo realizado en la ranchería El Hormiguero
Rosario: se reconfiguraron los clanes de narcomenudeo y recrudecieron los homicidios en enero por luchas internas de bandas
Enero provocó que se encendieran las luces de alarma en Rosario. Después de un 2024 marcado por el descenso de los asesinatos en un 65,5 por ciento con respecto al año anterior, el mes pasado se cometieron en el departamento Rosario 19 homicidios, una cifra que se acerca a periodos donde la violencia que supura del narcomenudeo era un problema endémico desde hace una década y media.De pronto el problema de Rosario, que parecía estar bajo control en 2024 con un descenso abrupto de los asesinatos -de 260 en 2023 a 90 el año pasado-, con la aplicación del llamado plan Bandera, que implicó un refuerzo de efectivos federales, y un plan de seguridad y penitenciario del gobierno de Santa Fe, comenzó a preocupar por el recrudecimiento de los asesinatos durante el primer mes del año, la mayoría asociados a tramas narco.¿Cuáles son las causas de este recrudecimiento de la violencia? Confluyen varios factores. Uno de ellos, según analizan en el gobierno de Santa Fe, es un "reacomodamiento de las cuartas y quintas líneas" de los grupos criminales que dominan el narcomenudeo en los barrios del sur, oeste y noroeste de Rosario. Hay espacios que quedaron "disponibles" para la venta de drogas, tras las detenciones y crímenes que se produjeron el año pasado. El gobierno advirtió que al cortarse los nexos entre las cárceles con los soldaditos que están en libertad hay una nueva camada de jóvenes asociados a los grupos criminales que comenzaron a tener autonomía e intentar apoderarse de puntos de venta que, de manera momentánea, están vacantes.Desde el entorno del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro también recalcaron que durante diciembre y enero hubo una especie de letargo en la política de control de los búnkeres de venta de drogas en el Ministerio Público de la Acusación, donde se creó una unidad especial, después de la desfederalización del narcomenudeo a principios del año pasado. Las causas de microtráfico, que generan mayores problemas con la violencia, dejaron de estar dentro la persecución del fuero federal y desde 2024 esa política de combate al narcomenudeo está en manos de los fiscales provinciales.En el Ministerio de Seguridad de la Nación admitieron también que el recambio por las licencias por vacaciones de los agentes federales resintió de alguna manera los patrullajes en las cuatro zonas "calientes" donde operan los gendarmes y policías federales.El llamado "éxito" de Rosario en el descenso momentáneo de la violencia durante 2024 se lo adjudicó como parte de la política de Estado del gobierno nacional el presidente Javier Milei, que elogió públicamente el trabajo de Patricia Bullrich, y en una entrevista con la agencia Bloomberg en Davos, Suiza, se animó a afirmar que "la inseguridad es cosa del pasado". El presente de Rosario y del conurbano bonaerense exhiben de forma descarnada que la violencia extrema sigue derramando sangre por las tramas narco.Ante este escenario, los barrios del sur y noroeste de Rosario, donde se focalizaron los últimos crímenes narco, se vieron convulsionados nuevamente en los últimos días por un fuerte despliegue de las fuerzas federales y policías de Santa Fe, que realizaron más de 50 requisas y allanamientos en puntos de venta de drogas identificados en varias causas. Se secuestraron armas y teléfonos celulares, pero muy poca cocaína.El objetivo principal era hacer una puesta en escena en esos territorios para mostrar la presencia de las fuerzas de seguridad en momentos en que esos barrios, como La Tablada, Larrea, Ludueña y Empalme Graneros volvieron a agitarse con balaceras y crímenes. El resultado, al menos por ahora, parece ser nuevamente positivo, ya que a un enero teñido de sangre siguió una primera semana de febrero sin asesinatos."Esos son algunos de los lugares donde se produjeron los hechos de violencia que ocurrieron en las últimas semanas. Es importante avanzar con fuerza detrás de esos hechos, que responden a un reacomodamiento de cuartas y quintas líneas de las organizaciones criminales que, ante el avance contra algunos jefes o lugartenientes que han sido abatidos o capturados en enfrentamientos, hace que haya una sensación de vacío de poder en el territorio y que se produzcan algunos rebrotes de violencia", analizó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccocioni.Enero mostró de forma descarnada que en materia de crimen organizado cuesta mucho avanzar en desmantelar las estructuras criminales y se puede retroceder en un instante. Durante el mes pasado, Rosario fue marcha atrás. Se produjeron 19 homicidios, una cifra cercana a los años 2021 y 2022, cuando se cometieron 21 asesinatos, una época en que la ciudad estaba atravesada por la crisis de seguridad, que lo puso contra las cuerdas al entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández.Una de las zonas de mayor tensión son el oeste y noroeste de la ciudad, donde quedaron espacios vacíos dentro del mapa narco, luego de que fueran detenidas organizaciones que irradiaban una violencia sangrienta, entre ellas, la de Francisco Riquelme, preso actualmente en el penal de Marcos Paz. A fines de diciembre pasado, fue detenido en Buenos Aires Jonatan Riquelme, hermano de Francisco, quien conducía esa franquicia criminal vinculada al jefe narco Esteban Alvarado."El trabajo conjunto en el marco del plan Bandera es el camino correcto. Estamos marcando la cancha a aquellos que quisieron instalar la violencia nuevamente en Rosario y los allanamientos son una respuesta contundente de parte del Estado de decir que eso no va a suceder. Vamos a seguir estando acá para que Rosario siga el camino de pacificación", reconoció el subsecretario de Intervención Federal de la cartera de Seguridad, Federico Angelini.En ese sector de Rosario el miércoles 29 de enero fue asesinado un hombre de 45 años de varios balazos. Pablo Daniel López fue visto por los vecinos en Larralde al 2700 con serias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Llamaron a la policía y fue trasladado al hospital de Emergencias, donde murió. Los efectivos secuestraron en el lugar 14 vainas de pistolas 9 mm.El crimen se produjo en una zona de casas precarias, la mayoría construidas con chapas de zinc viejas y maderas. Los atacantes, según expusieron los vecinos a la policía, huyeron por los pasillos de esa villa donde por el tipo de construcción una bala 9 mm puede atravesar varias viviendas. No resultó ninguna otra persona heridas de milagro.En la noche anterior dos chicos de 14 años y una nena de 6 fueron heridos en una balacera en Villa Gobernador Gálvez, ciudad que fronteriza de Rosario. Los menores lograron salvar su vida, ya que las heridas no fueron de gravedad.Ese día un hombre fue atacado a balazos en la calle, en zona noroeste de Rosario, en República Dominicana y Rafaela, en barrio Ludueña. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación informaron que se trata de Ricardo Iván Rodríguez, de 32 años. Una semana antes también se había registrado un vertiginoso crecimiento de la violencia. Entre el viernes 24 y el domingo 26 de enero se cometieron cuatro asesinatos y siete personas resultaron heridas de bala. Otra de las estadísticas que creció este mes es el de las personas lesionadas con balas. En el gobierno siguen con mayor atención este rubro debido a que marca con mayor precisión los niveles de violencia.La zona oeste y noroeste que hoy es el blanco de la violencia narco estaría relacionado de manera indirecta, para algunas fuentes, con las líneas internas que conducen la barra de Rosario Central, tras el crimen de Andrés Bracamonte que ocurrió el 9 de noviembre pasado. Ese asesinato aún está impune.En el gobierno de Santa Fe muestran cierta cautela con este repentino crecimiento de los asesinatos en enero. Fuentes de la gestión de Maximiliano Pullaro señalaron: "Como antes nos mostrábamos cautos con el descenso de los crímenes en 2024, porque considerábamos que el problema estaba lejos de solucionarse, ahora tampoco entramos en pánico".Desde el gobierno nacional observan de manera atenta la situación. La reducción de los homicidios en Rosario en más de un 65 por ciento fue capitalizado a nivel político por las gestiones de Pullaro, pero también de la ministra Bullrich, que reforzó a partir de los episodios de marzo pasado, cuando cuatro asesinatos generaron pánico en la ciudad, el operativo Bandera, con el envío de mayor cantidad de efectivos federales, que hasta la actualidad se dedican a custodiar cuatro zonas calientes de Rosario. Una de los sectores donde supura con mayor intensidad la violencia las últimas semanas en el oeste rosarino.Pullaro reconoció a fin de enero que hasta el momento se consiguieron "resultados importantes" en materia de seguridad, aunque advirtió que siempre fueron prudentes "porque no es un problema que está resuelto". Puso foco en "seguir secuestrando armas" y sacarlas de las calles."Siempre fuimos prudentes con lo que es la violencia en Rosario. Se trabajó mucho junto al gobierno nacional, la ministra (Patricia) Bullrich y las fuerzas de seguridad federales. Todo con un esfuerzo significativo del Servicio Penitenciario provincial, de la Policía de Santa Fe y de los fiscales. Logramos resultados importantes, pero siempre lo manifestamos con prudencia porque no es un problema que está resuelto", apuntó el gobernador santafesino, que argumentó que "históricamente enero fue el mes más complejo".El diputado provincial Carlos Del Frade, quien investiga el tema narco desde hace décadas, señaló que "la paz transitoria se da en muchos lugares de América latina cuando hay cambios de gobierno, pero esto después el negocio narco se reconfigura, como está ocurriendo hoy, con un agravante: hay indicios de que el fenómeno narco en Rosario y en Argentina se está regionalizando a nivel Latinoamericano, como muestran los secuestros de droga en grandes cantidades, como el que ocurrió en Entre Ríos la semana pasada".
FILTRAN supuestos mensajes de Fernando Gamboa confirmando a Imelda que es investigado por narcomenudeo
Ventaneando compartió capturas de pantalla durante la emisión del programa de este miércoles
Aseguran más de 30 antros de Puebla que servían como puntos de narcomenudeo
Encuentran drogas, bebidas adulteradas y prostitución en bares y centros nocturnos de Puebla capital
SSC da nuevo golpe al narcomenudeo y decomisan casi mil dosis de droga en Iztapalapa y Venustiano Carranza
En dos días, la SSC capturó a 15 narcomenudistas y desmanteló dos células de venta de droga que operaban en el centro de la CDMX
Por un caso de narcomenudeo | La Casación benefició con la libertad asistida a un condenado por comerciar estupefacientes
La Cámara de Casación Federal resolvió, por mayoría, declarar la inconstitucionalidad de una serie de modificaciones en el Código Penal introducidas en 2017, y garantizar así la libertad asistida de un condenado por narcomenudeo. Se trata de Carlos Hernán Beati, quien junto a otras seis personas integraba una banda que, bajo la fachada de una remisería, repartía estupefacientes a domicilio en el municipio de Moreno.Por el hecho, el Tribunal Oral Federal número 3 de San Martín condenó a Beati a una pena de seis años de prisión. Su defensa interpuso un recurso para que se declaren inconstitucionales las modificaciones que introdujo la ley 27.375, que excluía del beneficio de libertad condicional a un grupo de delitos, entre ellos, el cultivo de marihuana y la comercialización de estupefacientes, por la cual fue condenado Beati.El TOF 3 de San Martín rechazó el planteo y le negó la libertad condicional a Beati, pero su defensa apeló y ahora la Casación anuló aquella resolución y, para este caso puntual, declaró inconstitucional los artículos en cuestión. La Casación aplicó este criterio en otros nueve casos, en los que los respectivos tribunales orales que emitieron las condenas deberán juzgar si están dados los criterios para la libertad asistida. "La nueva legislación [por la ley 27.375, sancionada en 2017] excluye del régimen de libertad permanente antes del agotamiento de la pena a quienes se encuentren condenados por ciertos delitos, con una afectación directa a la progresividad que la misma norma consagra", señaló la camarista Ángela Ledesma, que encabezó la votación."Propongo al acuerdo hacer lugar, sin costas al recurso deducido por la defensa. De acuerdo con los estrictos alcances y características que presenta este caso, anular la sentencia impugnada y, en consecuencia, remitir las presentes a su origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo expuesto", sumó la magistrada.Su colega Juan Carlos Gemignani acompañó el sentido del voto y definió el fallo, pero el tercer camarista, Diego Barroetaveña, votó en disidencia y consideró que el recurso debía rechazarse.Los artículos de la polémica son el 56 bis inciso 10 de la Ley de Ejecución Penal, y el 14 inciso 10 del Código Penal, que fueron incorporados respectivamente por los artículos 30 y 38 de la ley 27.375, sancionada en 2017, con el objetivo de excluir del beneficio de la libertad condicional y salidas transitorias a los condenados por homicidios gravados, delitos sexuales, secuestros extorsivos, trata de personas, torturas y narcotráfico.La Casación señaló que los tratados internacionales no trazan distinciones entre los delitos para estos beneficios. "Allí donde la norma de orden superior no ha efectuado distinciones, no corresponde que las leyes de inferior jerarquía lo hagan", afirma el fallo.Por otra parte, señalaron que las modificaciones en cuestión atentan contra el principio de progresividad por el cual un condenando debe tender hacia su reinserción en la sociedad."Vedan la posibilidad de los condenados de acceder al período de prueba y a los institutos liberatorios por la sola razón de haber cometido un delito determinado", sostuvo Gemignani.Beati fue condenado a la pena de seis años de prisión por ser coautor del delito de tráfico ilegal de estupefacientes en su modalidad de comercio y de tenencia con fines de comercialización, agravados por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y en concurso real entre ellos.