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El Camino Inca a Machu Picchu también permanecerá cerrado al turismo por un mes, hasta el 1 de marzo del 2026 por trabajos de mantenimiento

Buenos Aires no es un municipio, es un engranaje de la economía global

La reciente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre un escenario que redefine el papel de las grandes capitales latinoamericanas en el comercio y la inversión internacional

Un accidente durante una poda obligó a un municipio a indemnizar a un vecino

Una sentencia judicial reconoció la responsabilidad de la administración local en un hecho en el que un hombre resultó herido cuando un tronco le cayó sobre una pierna. Destacó la falta de medidas de seguridad en el lugar

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Después del colapso de un muro en una obra privada, la desarrollista habló de una situación "controlada" y la Municipalidad ordenó frenar los trabajos mientras se evalúan daños y se define un plan técnico. Leer más

Uber Moto en Corrientes: el Municipio advirtió que el servicio es ilegal y será "inflexible" con los controles

El secretario de Movilidad, Yamandú Barrios, aseguró que el transporte de pasajeros en dos ruedas no está contemplado en la Ley Nacional de Tránsito ni en la normativa local. Alertó sobre riesgos de seguridad vial y problemas de salubridad por el uso compartido de cascos. Leer más

"La demanda sigue siendo baja": el contraste entre inmobiliarias y municipio sobre la temporada en Carlos Paz

La presidenta de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz alertó sobre una ocupación turística por debajo de las expectativas y estadías más breves, en contraste con el discurso oficial que presenta a la ciudad como "el destino más elegido de la provincia". Leer más

San Isidro: el municipio apagó para siempre las tres cámaras que más fotomultas registraban

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dispuso en abril de 2025, mediante el Decreto N° 411/2025, la suspensión del sistema de fotomultas por 180 días hábiles, con el objetivo de auditar su funcionamiento y garantizar que su aplicación esté orientada a la seguridad vial y no a fines meramente recaudatorios.Ese período tenía como fecha de vencimiento el 21 de enero de 2026, pero las autoridades resolvieron extender la suspensión por otros 180 días hábiles, o hasta que concluya el proceso de revisión y puesta a punto del sistema. De esta manera, el nuevo decreto vence, a más tardar, el 8 de octubre de este año y los radares volverían a activarse. El motivo de esta prórroga responde a que el municipio continúa trabajando el nuevo esquema para que sea transparente, eficiente y que esté claramente orientado a la seguridad vial, dejando de lado cualquier criterio recaudatorio.Según informaron, el rediseño del sistema incluye el análisis del tipo de cámaras y la tecnología con la que cuenta el distrito, la eventual reubicación de los dispositivos, la implementación de un nuevo circuito de gestión y cobro de infracciones, y la actualización de normas y acuerdos técnicos que respalden todo el proceso.Como ejemplo concreto, fuentes oficiales señalaron que varias cámaras de fiscalización dejan de funcionar de manera definitiva, más allá de la vigencia del decreto. Entre ellas se encuentran tres de control de velocidad (ubicadas en Cuyo 3405, Elcano 1540 y Juan Díaz de Solís 2490) que concentraban la mayor cantidad de infracciones y que fueron reemplazadas por reductores de velocidad."No estamos en contra de las cámaras de fiscalización; las fotomultas son una herramienta válida para la seguridad vial, pero deben ser sólo una más dentro de un conjunto de medidas y tienen que contar con un sistema transparente", le comentaron fuentes del municipio a este medio.Mientras avanza esta reestructuración, los agentes de tránsito del municipio continúan realizando operativos en calles, avenidas principales y secundarias, así como en los principales accesos. Por qué se apagaron las cámaras de fotomultas en San IsidroEl Municipio de San Isidro cuenta con 268 dispositivos de fiscalización, de los cuales 229 corresponden a cámaras instaladas en semáforos, utilizadas para sancionar maniobras como la invasión de la senda peatonal o el cruce con luz roja. A modo de contraste, Tigre â??uno de los distritos vecinosâ?? informó oficialmente que dispone de apenas 26 radares operativos, considerando todas sus categorías.Estos elevados números fueron consecuencia de dos convenios firmados por la gestión anterior con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), suscriptos el 7 de mayo de 2020 y el 1 de agosto de 2022, respectivamente.Según pudo saber LA NACION, en el caso de la UNSO el nivel de egreso es bajo: se gradúa alrededor del 10% de los estudiantes e incluso cuando la institución contaba con pocos titulados, ya intervenía en el esquema de fotomultas. En 2022, año en el que se rubricó el acuerdo, ingresaron 1913 alumnos y sólo 206 lograron recibirse.En 2024, esa universidad manejó un presupuesto de $2900 millones, lo que representa un gasto promedio de $4.000.000 por estudiante. "Es una universidad sostenida con recursos públicos que terminó funcionando como una caja política", había señalado fuentes con conocimiento del tema. En este contexto, el intendente resolvió en abril de 2025, mediante decreto y de manera transitoria, apagar el sistema de fotomultas hasta que se adecúe a la normativa vigente y vuelva a enfocarse en la reducción de la siniestralidad vial, y no en fines recaudatorios ni en beneficios para terceros."Cuando pongamos en marcha el nuevo sistema sin las universidades metidas en el medio, volveremos a tener cámaras, pero en pocos puntos y orientadas a la seguridad vial", agregaron fuentes del municipio.Por otro lado, los 229 radares instalados en semáforos (que representan el 85% del sistema de fotomultas) no están orientados de manera directa a controlar el principal factor asociado a los siniestros viales con víctimas fatales.De acuerdo con el informe "Factores concurrentes de los siniestros viales con víctimas fatales en la Ciudad de Buenos Aires", elaborado por el Gobierno porteño, en el 57% de los hechos mortales analizados estuvo presente el exceso de velocidad, mientras que la violación del semáforo en rojo se registró en el 35% de los casos.En San Isidro, en cambio, sólo 35 dispositivos (equivalentes al 13% del total) están destinados a fiscalizar la velocidad, pese a tratarse de una de las conductas más estrechamente vinculadas a los siniestros fatales.

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Polémica en el interior del Chaco: un municipio cobra $47 mil a repartidores para permitir el ingreso y las entregas

El sistema de control se aplica en el ingreso a La Leonesa y alcanza a transportistas y servicios de paquetería. El Municipio lo justifica con una ordenanza tributaria, pero repartidores, vecinos y la oposición cuestionan el alcance, el monto y la forma de cobro. Leer más

Derqui: el municipio que insiste con ser

Con más de 80 mil habitantes, la localidad del partido de Pilar sigue siendo una localidad cuando funciona como un municipio. Genera empleo calificado, movimiento económico y una red de servicios que excede ampliamente a una ciudad tradicional. Leer más

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Un boicot frente a la sede de Núcleo Nacional en un municipio catalán culmina con cargas policiales y cuatro Mossos heridos

Las protestas entre antifascistas y el grupo de extrema derecha acaban sin detenidos frente al nuevo local en Sentmenat, a 30 kilómetros de Barcelona

Un municipio que gobierna La Cámpora pagó $150 millones por publicidad en redes antes de las elecciones locales

Lanús, a cargo del ultrakirchnerista Julián Álvarez, adjudicó de manera directa una millonaria pauta en redes sociales y YouTube por tres meses, justo en el tramo previo a los comicios provinciales.

Un municipio bonaerense aumentó 100% la tasa vial y generó un fuerte rechazo en el campo

La decisión oficial disparó la polémica entre dirigentes rurales, que denuncian abandono de la red y falta de diálogo institucional

La sorprendente medida de un municipio para ponerle un freno a la inseguridad

La ciudad cordobesa de Villa Allende iniciará en marzo la instalación de cerramientos metálicos en la vía pública para restringir el acceso vehicular nocturno ante la ola de robos. La administración local obtuvo el aval de la Cámara Contencioso Administrativa para desplegar estas estructuras en barrios residenciales entre las 22 y las 6. ¿En qué consiste el cierre nocturno de calles?El plan contempla la colocación de barreras físicas en arterias secundarias. Los dispositivos funcionarán de forma activa durante la madrugada y bloquearán el paso de automóviles, aunque algunos permitirán el cruce peatonal. La iniciativa integra el "Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal". Este paquete suma cinco móviles, 250 cámaras y 57 domos policiales.Los primeros 14 portones se ubicarán en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. El intendente Pablo Cornet confirmó la logística a LA NACION: "Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar".El origen vecinal de la propuestaLa idea nació del diálogo directo entre el jefe comunal y los habitantes de los diferentes barrios. Cornet detalló la génesis del proyecto: "Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa" y agregó: "Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad".El funcionario definió la etapa inicial como una "prueba piloto". Los residentes de otros barrios decidirán luego sobre la base de la experiencia ajena, la conveniencia de la herramienta.El respaldo legal y la validación ciudadanaEl municipio creó un Registro de Oposición para validar la medida, un programa que suspende si el rechazo vecinal supera el 40%. En Lomas Sur y Pan de Azúcar votaron en contra 22 personas sobre un padrón de 1108 contribuyentes. Esto representa el 1,98%. Si las próximas consultas resultan favorables, se sumarán nueve portones en La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro, y 12 en San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque.La Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba validó la ordenanza el martes previo al Año Nuevo. El tribunal desestimó los amparos vecinales y consideró la medida "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública". Hugo Mariano Yagüe, abogado de los amparistas, confirmó a LA NACION la apelación del fallo.Las críticas políticas y el contexto localMarta Banegas, concejal del bloque "Elegí Villa Allende", cuestionó el impacto social de los cerramientos y expresó su rechazo: "La Justicia planteó que el programa no va en contra de ninguna libertad, sino que es un reacomodamiento del espacio público. Quieren poner más de 50 portones en las calles que limitan con la ciudad de Córdoba y Saldán, de modo que las personas solo podrían ingresar por las avenidas principales. Esto segrega, divide y margina a la sociedad. Si bien es importante que la policía esté presente, también se debe trabajar con políticas de inclusión".Banegas criticó también el método de consulta utilizado por el Ejecutivo local: "El Registro de Oposición resultó tramposo. Además, solo permitía la participación de los contribuyentes, lo cual consideramos anticonstitucional porque excluye a otros adultos que viven en el hogar y tienen derecho a votar".Villa Allende posee cerca de 50.000 habitantes y mantiene una emergencia en seguridad desde 2023. El Ministerio de Seguridad de Córdoba aclaró su postura ante LA NACION sobre la autonomía municipal: "La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública".Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Millonaria inversión: cómo son y cuánto costarán los portones que colocará un municipio que busca frenar los robos y por qué hay rechazo

Crece la polémica en Villa Allende ante la decisión del municipio de colocar portones en las esquinas con el fin de combatir la inseguridad y disminuir la cantidad de robos. Las autoridades definieron la medida como "extrema" y "urgente" y destinarán millones para la primera etapa del proyecto. En tanto, una organización vecinal considera que la iniciativa es "discriminatoria" y anticiparon que apelarán el fallo de la Justicia que convalidó la ordenanza. La primera parte del proyecto se desarrollará en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar con la instalación de 14 portones en marzo, los cuales estarán cerrados entre las 22 y las 6. Serán estructuras de hierro macizo, de dos metros de altura y "seis o siete" de ancho, dependiendo de la cuadra. Se construirán de "pared a pared", por lo que en determinadas calles limitarán el acceso vehicular y peatonal, según contó Felipe Crespo, secretario de Gobierno y Seguridad de Villa Allende, en diálogo con LA NACION.A su vez, habrá dos "portones importantes", que funcionarán con un mecanismo de apertura y cierre mientras que el resto se operará en forma corrediza. En ambos casos el control estará a cargo de un móvil policial. La construcción costará $300 millones e incluirá el desarrollo del proyecto en la zona de Lomas Sur y Pan de Azúcar y también en los barrios Golf, Cóndor Alto, Lomas Este y Lomas Oeste, donde se estipula que se instalarán otros 19 portones. "El presupuesto inicial no es para toda Villa Allende, sino para una parte, pero el programa pretende tener continuidad en el tiempo y planeamos avanzar en distintos barrios. En caso de ser necesario, vamos a mover partidas presupuestarias", indicó el funcionario.Asimismo, explicó que la medida es innovadora, pero también "extrema y urgente" ante el "alza en los delitos" que registró la localidad. Según los datos que suministró, en 2024, año en el que comenzó a elaborarse la iniciativa, el índice delictivo creció entre un 60% y 70% más con respecto a 2023. Además, informó que en diciembre de 2025 el aumento fue entre un 50% y 60% en comparación con los meses anteriores. Los ilícitos más comunes son los robos, donde se destacan dos modalidades: escruche- sin personas en la vivienda al momento del hecho- y "datero", que sucede cuando una persona le advierte a una banda delictiva sobre una reserva de dinero, caja de seguridad o elemento de valor que dispone un individuo en su propiedad. "El principal reclamo de los vecinos es la inseguridad. En algunos casos es solo la sensación, la impresión, pero es la demanda central. Se requieren medidas extremas porque la situación es extrema", manifestó Crespo.Por su parte, Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, dijo a LA NACION que el proyecto era integral y que los portones iban a "facilitar la tarea de control preventivo". "Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar", aseguró. Quejas de grupos de vecinosEl proyecto generó polémica entre grupos de vecinos, quienes durante el último año llevaron a cabo distintas movilizaciones y acciones, además de presentar un amparo para frenar el programa. Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba falló en su contra el martes pasado y convalidó la ordenanza. Hugo Mariano Yagüe, abogado y una de las personas que acompañó el reclamo, anticipó a LA NACION que apelarán la resolución el próximo 2 de febrero, primer día hábil luego de que finalice la feria judicial. "Estamos en contra de los cerramientos de calles porque no tienen ningún antecedente de ser exitosos. Cerrar las cuadras en los horarios establecidos por el ejecutivo municipal no garantiza que disminuya el delito", manifestó. View this post on Instagram Además, expresó que los portones obstaculizarán el paso de transportes de emergencia y el de peatones, que según su consideración, es riesgoso para aquellos menores que en horas nocturnas deberán dar "tres o cuatro vueltas para poder llegar a su casa". Yagüe señaló también que el proyecto discrimina a las zonas que van a ser cerradas de aquellas que no: "Los que vivan en los barrios afectados van a tener un signo de delincuencia en la frente". En la misma línea se expresó Cecilia Klor, residente de Lomas Sur, uno de los primeros barrios donde se instalarán las estructuras. "Nos están discriminando. De un lado del portón sos malo y del otro lado, bueno. La municipalidad no tuvo en cuenta nuestras investigaciones de un año de trabajo ni atendió las asambleas que propusimos. No estamos en contra de la seguridad, pero no queremos que nos encierren cortando la salida de las calles", dijo a LA NACION.Por otro lado, denuncian irregularidades en el Registro de Oposición, una de las normas que implementó el municipio en el proyecto. De acuerdo a lo expuesto, si más del 40% de los residentes de la zona donde se pretenden construir los portones vota en contra, el programa no se ejecutará en dicho lugar. En el primer caso, de Lomas Sur y Pan de Azúcar, solo 22 personas rechazaron la iniciativa, es decir, un 1,98% de un padrón compuesto por 1108 contribuyentes empadronados. "El Registro fue manipulado porque inicialmente la ordenanza decía que solo podían votar los empadronados en la tasa de servicios a la propiedad, lo cual dejaba a un montón de vecinos afectados por la situación fuera. Luego quisieron parcharlo con decretos reglamentarios, un decreto que modifica una ordenanza, algo que es absolutamente inconstitucional", afirmó Yagüe.Por su parte, Klor señaló que el proceso fue "un desastre" al considerar que el padrón exigía ser titular de la tasa municipal y muchas personas del barrio no cuentan con la escritura: "Además, a los inquilinos les pedían una certificación de firma del propietario para autorizarlos, algo totalmente discriminatorio e ilógico". Ante el revés sufrido en la Justicia y con el objetivo de seguir realizando acciones contra el programa, el grupo de Vecinos Autoconvocados de Villa Allende convocó a una asamblea para el viernes a las 19 en la plaza El Vagón de Lomas Sur. "Nosotros no vamos a quedarnos con esta resolución y estamos trabajando en posibles medidas de acá al futuro, porque la propuesta nuestra es no al cerramiento y no a los portones", explicó a LA NACION una de sus referentes, Inés León Barreto.

Medida extrema: un municipio instalará portones nocturnos en las calles para frenar los hechos de inseguridad

El municipio de Villa Allende en Córdoba colocará portones que cerrará por las noches en distintas calles secundarias de la ciudad con el objetivo de combatir la inseguridad. El plan comenzará a aplicarse en marzo, luego de que la Justicia local fallara en contra de un grupo de vecinos que había presentado un amparo para evitar que se desarrollara la iniciativa. Sin embargo, la oposición y distintas organizaciones vecinales consideran que es "inconstitucional" y siguen reclamando para que no se lleve a cabo.La iniciativa extrema forma parte del "Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal" que también implica la incorporación de cinco móviles para el patrullaje de la ciudad, la instalación de 250 cámaras de seguridad y 57 domos policiales, explicaron las autoridades locales. Sin embargo, el punto más novedoso -y también de polémica entre los vecinos- fue la decisión de colocar portones para evitar la circulación vehicular en determinadas zonas. Los primeros se armarán en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar a partir de marzo, según confirmó el intendente Pablo Cornet, en diálogo con LA NACION."Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar", dijo en diálogo con LA NACION.Según Cornet, el proyecto nació de conversaciones que tuvo con vecinos durante visitas a los diferentes barrios: "Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa".La primera parte del plan implica la colocación de 14 portones, que estarán activos entre las 22 y las 6 y de los cuales algunos cerrarán por completo la cuadra, mientras que otros permitirán el paso peatonal."Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad", dijo Cornet.De acuerdo al intendente, se trata de una "prueba piloto" para que luego los vecinos del resto de los barrios decidan sobre la base de la experiencia si los consideran como herramientas efectivas para bajar la inseguridad en sus respectivas zonas. Para ello se incorporó en el proyecto el Registro de Oposición, donde los vecinos de los lugares afectados deben votar para aceptar o rechazar la iniciativa. En caso de que un porcentaje superior al 40% se oponga, el programa no se ejecutará en esa zona. Los resultados para la aplicación en Lomas Sur y Pan de Azúcar arrojó que solo 22 personas votaron en contra, es decir, un 1,98% del padrón de un padrón compuesto por 1108 contribuyentes empadronados. Si se obtiene el visto bueno en las otras dos consultas, se construirán nueve portones más distribuidos entre los barrios La Cruz, La Amalia y Jardín Epicuro y 12 entre los barrios San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque. "La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública", indicó el ministerio de Seguridad de Córdoba ante la consulta de LA NACION sobre la iniciativa que se aplicará en la localidad donde viven 36.882 personas, según el último censo, aunque desde el Municipio calculan que actualmente son 50.000.Por otro lado, sobre el municipio, situado a solo 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba rige una emergencia en seguridad desde 2023, cuando se aprobó en el Concejo Deliberante la declaración por el "incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad".Fallo favorable de la Justicia y críticas de vecinosSi bien el proyecto fue aprobado a mitad de año, una serie de amparos -que luego se unificaron- presentados por vecinos frenaron el desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, el último martes, en la antevíspera del Año Nuevo, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la puesta en marcha del plan. La Cámara consideró que los planteos de inconstitucionalidad de los demandantes "no son procedentes" al considerar que la iniciativa es "razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública". Hugo Mariano Yagüe, vecino y uno de los abogados que acompañó la presentación de los amparos confirmó a LA NACION que van a apelar la decisión. View this post on Instagram "La Justicia planteó que el programa no va en contra de ninguna libertad, sino que es un reacomodamiento del espacio público. Quieren poner más de 50 portones en las calles que limitan con la ciudad de Córdoba y Saldán, de modo que las personas solo podrían ingresar por las avenidas principales. Esto segrega, divide y margina a la sociedad. Si bien es importante que la policía esté presente, también se debe trabajar con políticas de inclusión", indicó la concejal Marta Benegas, del bloque de oposición "Elegí Villa Allende", un armado local. A su vez, afirmó que el Registro de Oposición resultó "tramposo" al señalar que si los vecinos se oponían a los portones, también lo hacían al conjunto del proyecto, incluyendo las cámaras y patrullajes. "Además, solo permitía la participación de los contribuyentes, lo cual consideramos anticonstitucional porque excluye a otros adultos que viven en el hogar y tienen derecho a votar", agregó.

Batalla campal acabó con la celebración de las fiestas en un concurrido municipio del Tolima

La celebración se vio opacada mientras que los ciudadanos tuvieron que huir del recinto para no salir lesionados

Un municipio de Córdoba cerrará las calles con portones durante la noche para frenar la inseguridad

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"Medida populista": un aliado de Kicillof logró imponer en su municipio un impuesto del 2% a los combustibles

En las últimas horas de este 23 de diciembre, el Concejo Deliberante de Coronel Suárez, en el sudoeste bonaerense, aprobó por mayoría el proyecto de ley fiscal impositiva que incrementa un 10% la tasa de la red vial, amplía al 94% la libre disponibilidad del tributo y suma un impuesto del 2% sobre los combustibles vendidos en el distrito. La iniciativa, impulsada por el oficialismo que responde al intendente Ricardo Moccero, en el cargo desde 2019 y aliado del gobernador Axel Kicillof, tuvo siete votos a favor, ocho en contra y una abstención: se definió con el doble voto de la presidenta oficialista, Andrea Acosta.A principios de este mes, los productores habían calificado a la iniciativa de "un atropello institucional", ya que, según dijeron, "no hay caminos" en el partido. El Concejo Deliberante decidió sesionar a último minuto, según los productores, para aprobar el proyecto. Conmoción en el negocio yerbatero: una importante empresa suspendió pagos "hasta nuevo aviso" a sus productoresLa iniciativa también fue rechazada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). "Decimos no a la tasa del 2% sobre los combustibles y a la sobretasa del 10% para Vialidad Rural. Más impuestos es menos producción y trabajo", dijeron en la entidad. Según señalaron los productores que estuvieron en el Concejo Deliberante, la sesión se inició tarde. El concejal Alejandro Benz (ex LLA), ahora aliado al intendente, dio el quórum necesario para que la sesión se lleve a cabo."La tasa a los combustibles existe en otros distritos, pero también hay jurisprudencia de recursos de amparo avalados por la Justicia; y de la sobretasa del 10% sobre la tasa vial, de la que se ejecuta parcialmente y con muy mala gestión, es de libre disponibilidad para cualquier destino arbitrariamente", indicó José Ignacio Ansaldo, un productor en el recinto. Los productores también se focalizaron sobre un 94% de libre disponibilidad de la tasa que va a rentas generales y un 6% restante para salud. Dijeron que lo que llega a una Comisión Vial es discrecional. La ordenanza municipal vigente hasta esta fecha indicaba que el 70% de lo recaudado por tasa vial debía ir a la Comisión Vial. Hoy se pagan en promedio $1000 por tasa, pero con lo aprobado en 2026 ese monto pasará a ser de $6000 en el primer trimestre, $8000 en el segundo y $9000 en el tercero, por tasa. La tasa vial aumenta por cuatrimestre.Ansaldo cuestionó el paquete impositivo y advirtió que, en rigor, el impacto de las subas de las tasas generales oscila entre el 100% y el 500%. Según detalló, el intendente volvió a instaurar una sobretasa que había sido eliminada anteriormente, ya que era una tasa solidaria cobrada sobre la tasa vial y destinada al hospital. Se la llamó "tasa de salud" y fue creada en tiempos de pandemia. El Concejo anterior la derogó, el intendente la vetó y, con la nueva conformación del Concejo, la volvió a incorporar en la ordenanza impositiva que se acaba de aprobar.Remarcó que los fondos de la tasa vial no tienen un destino específico. "Es de libre disponibilidad; se puede usar para cualquier fin y destino", subrayó. Del 70% de libre disponibilidad que había, la cobrabilidad se calculaba en un 80%, o sea que en la práctica se ejecuta un 56%. "Hay un desorden administrativo y una planta de personal enorme que sigue aumentando año a año y que es insostenible", sostuvo.Ansaldo cuestionó que la tasa del 2% sobre los combustibles, que presuntamente se va a destinar al mejoramiento de la red vial urbana, solo se va a aplicar en la ciudad cabecera, Coronel Suárez, y en los pueblos aledaños, pero en la práctica la pagará todo el partido. En ese sentido, advirtió que localidades como Villa Arcadia, Pasman, Curumalán y Guaminí no están incluidas en el proyecto. "No van a recibir obras, pero sí van a estar pagando esa tasa", apuntó.María José Camiña, productora de la zona, señaló: "La tasa vial rural, en la práctica, es de libre disponibilidad para el intendente. La sobretasa durante la pandemia fue aceptada, pero hoy no se ve en qué se invirtió una vez pasada la emergencia sanitaria", afirmó.Para ella, la tasa sobre los combustibles significa mucho dinero en el Municipio: "Si bien el porcentaje es bajo, a este intendente, y con mayoría en el Concejo, le abre una puerta para ir aumentándolo a su antojo. Nunca se logró que presentara una rendición de cuentas que justifique los aumentos. Sabemos que no utiliza el dinero para el destino para el que se recauda; hace tiempo que no se aplica la sobretasa para salud". Fernán Castilla, vecino de la zona, añadió que el aumento es "un disparate" y no lo aceptan. "El 2% no es un aumento, sino una imposición, porque no existía. Afecta a los que menos tienen: el chico que va a cortar el pasto con una bordeadora, el remís, y no solo a los productores, sino a la población en general", indicó. Agregó: "Es una medida populista, o mejor dicho, un populismo al revés, porque afecta a todo el mundo, como ocurre con toda suba de impuestos. No entienden que perjudican a toda la población: aunque sea un 2%, no importa el destino o el uso, todo el combustible va a pagar un 2% más por una tasa que no tiene contraprestación".Pese al intento de LA NACION, desde el gobierno municipal no respondieron una consulta sobre el tema.

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Las autoridades municipales revelaron el desfalco de recursos producto de un ataque cibernético que permitió transferencias no autorizadas desde sus cuentas bancarias

Cambio: limitaron al 20% la suba de una tasa vial que un municipio quería aumentar un 50%

Lejos de las expectativas del Municipio de 9 de Julio que buscaba aumentar un 50% la tasa de la red vial, este lunes, el Concejo Deliberante aprobó con 13 a favor y cinco en contra un incremento del 20% de este servicio. La decisión había generado un fuerte rechazo en el sector productivo y la oposición política, ya que el proyecto pretendía elevar el costo promedio por hectárea de los actuales $7100 a $10.662. No obstante, la intención del partido fue desaprobada por mayoría y el nuevo valor quedó en $8530 por hectárea y la suba fue de $1430. Este partido bonaerense es uno de los afectados por las inundaciones.El proyecto era impulsado por la intendenta del PRO, María José Gentile, e ingresó al Concejo Deliberante sobre el límite del plazo legal, el pasado 27 de noviembre. El próximo lunes 29, será la sesión de Grandes Contribuyentes, donde termina el tratamiento del Presupuesto 2026 y podría quedar ratificado el nuevo valor."Me voy preocupada": el Gobierno le presentó a la Mesa de Enlace un plan de reforma del INTASegún señaló Ignacio Palacios, presidente del bloque Juntos-UCR, hubo dos dictámenes en el Concejo Deliberante: uno de mayoría, firmado por PRO y La Libertad Avanza (LLA), aunque luego, en el recuento, LLA votó en forma negativa, y uno de minoría que fue el de la UCR, que propuso la baja de todas las tasas sensibles (ABL, red vial y Seguridad e Higiene) al 20%."Entendiendo que no se podía autorizar un incremento superior a ese porcentaje, que coincide con la proyección de inflación para el año 2026, argumentamos en esa línea y sostuvimos que no se podía exigir más a los productores, dadas la situación hídrica, el mal estado de los caminos y la falta de presentación, por parte del Ejecutivo, de un plan de trabajo, tal como fue solicitado expresamente por las entidades", observó Palacios.Agregó que en el recinto, dos concejales del Partido Justicialista (PJ) también acompañaron esa propuesta, en un bloque que se encontraba dividido. "Esto permitió imponer el dictamen y bajar todas las tasas al 20%, incluso con el acompañamiento final del PRO", afirmó. La sesión del Concejo Deliberante comenzó a las 19.30 y se extendió hasta pasada las 3 de la madrugada. También se agregó un ítem que exceptúa del pago de la tasa vial a aquellos campos que están declarados en emergencia y/o desastre agropecuario. "Estamos muy conformes, ya que se trataba de aumentos desmedidos, sin justificación alguna, que iban del 35% al 1000%", recalcó. Luis Moos, presidente del bloque de LLA, aclaró a LA NACION, que el voto en contra del aumento respondió a que desde ese espacio "están en contra" de cualquier aumento: "No se puede dar un aumento para mantener una planta política". Dijo que el municipio gasta más del 70% en sueldos y una planta política innecesaria, con servicios deficientes, manejos inadecuados, falta de organización y de control. "¿Para qué el aumento? ¿Para financiar este desorden? No pueden seguir pagando los vecinos tanta irresponsabilidad", planteó.Tras conocerse la decisión, la filial de la Federación Agraria en 9 de Julio, cuya presidenta es Patricia Gorza, celebró la decisión y afirmaron que se trata de un incremento que va en línea con la inflación anual proyectada por el Banco Central para 2026, y no el ajuste "desmedido" que se pretendía imponer. "La presencia gremial durante toda la sesión del Concejo Deliberante permitió modificar el dictamen oficialista, reducir el impacto del aumento de la tasa vial e incorporar la excepción de pago para los campos en emergencia y desastre agropecuario", dijeron. Recordaron que se consiguió algo que no estaba contemplado: la excepción de pago para los campos declarados en emergencia y/o desastre agropecuario. "Sabemos que queda mucho por hacer, pero creemos que este es el camino. Por eso vamos a seguir reclamando lo que corresponde: rendición de cuentas por el uso de la tasa vial en la gestión anterior, la presentación de un plan de trabajo anual claro y un esquema de controles trimestrales. La tasa vial es una contraprestación, no un impuesto, y cada peso que aporta el productor tiene que verse reflejado en los caminos. De acá en adelante, el control permanente será clave", aseveraron.El próximo lunes será la sesión de Grandes Contribuyentes, donde termina el tratamiento del Presupuesto 2026, y esperan que se ratifique la decisión. Gorza afirmó que se trata de "un gran logro" político para la filial. "Fue un trabajo cuerpo a cuerpo con los concejales que dio frutos y logró a las 2AM cambiar una votación que parecía imposible, y poniendo al oficialismo en la situación de tener que empezar a trabajar sí o sí en transparentar el uso de la tasa", agregó. Vale recordar que el gobierno nacional convalidó en noviembre pasado la emergencia agropecuaria desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, para las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. A poco de conocerse la propuesta del Ejecutivo, la Sociedad Rural de esa ciudad, adherida a Carbap, manifestó que no se oponían a una actualización si acompaña la inflación anual, pero reclamó que cualquier incremento adicional tenga un destino específico. En ese momento, la entidad pidió que toda suba quede afectada a la compra de maquinaria y conste por ordenanza. También cuestionó el uso de la recaudación en gastos administrativos. Además reclamó un plan de trabajo claro y una reforma estructural en la gestión de los caminos rurales.

Juan Grabois activa una nueva protesta en otro municipio que gobierna La Cámpora

Después del enfrentamiento con la policía bonaerense de ayer en Quilmes, un grupo de militantes alineado con Juan Grabois activó una nueva protesta en un municipio gobernado por La Cámpora. Manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) protestan frente a la comuna de Lanús, conducida por Julián Álvarez, porque reclaman un aumento de salario para los cooperativistas que estarían a cargo de la limpieza de las calles. Según informó la Utep la protesta es en reclamo de una mejora en los salarios de los cooperativistas que realizan el barrido. Denuncian que cobran apenas $140.000 por mes. Bajo el título "Economía social y popular en emergencia", la UTEP publicó un comunicado en el que anticipó la marcha a la municipalidad de Lanús.Pese a que el 30% del presupuesto municipal de Lanús se destina al barrido, el 90% de ese trabajo lo realizan cooperativistas que cobran 140 mil pesos por mes, sin insumos, sin herramientas y en condiciones laborales indignas. Por eso hoy se movilizaron hasta la Municipalidad. pic.twitter.com/h9VfVLCu7i— Revista Cítrica (@revistacitrica) December 23, 2025"Los trabajadores de Lanús nos organizamos por nuestros derechos. Porque no hay Navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral", señala el comunicado. Piden "salarios dignos", un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo.La Utep está liderada por Alejandro "Peluca" Gramajo, un dirigente cercano a Grabois que también tejió un importante vínculo con la Iglesia y con los gremios de la CGT. Ayer se dio un fuerte cruce entre Grabois y la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, por la ordenanza municipal que autorizó el estacionamiento medido en diferentes zonas de la comuna. El proyecto de la intendencia quilmeña fue aprobado con votos del peronismo, la UCR, Pro y parte de La Libertad Avanza. Establece que, en zonas céntricas del distrito de Quilmes, se pondrán en marcha el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transportes de Carga. Antes, este servicio era prestado por "trapitos" supuestamente coordinados por una organización cercana a Grabois. Noticia en desarrollo

Incidentes en otro municipio gobernado por La Cámpora: piqueteros del Movimiento Evita protestan en Lanús

Ocurre en el distrito que gestiona Julián Álvarez. La lidera un dirigente que responde al kicillofismo. Ayer hubo violencia en Quilmes y se cruzaron públicamente Mayra Mendoza y Juan Grabois

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: bancos de neblina en el municipio de Zumpango y Tultepec

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El flamante jefe comunal Oscar "Chino" García asumió con una deuda millonaria y más de la mitad de la flota de vehículos municipal descompuesta. Adelantó cuándo comienza la temporada de playas. Leer más

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Quién es Federico Achával, el intendente del impuestazo en el Municipio de Pilar

Llegó a la intendencia en diciembre de 2019, impulsado por el kirchnerismo. Recientemente quedó en la mira por el aumento de una tasa local, sin embargo acumula otras polémicas

Polémica en redes por la temática de la decoración navideña en el municipio de Tenjo: "No representa los valores navideños"

La decoración busca fusionar la tradición navideña con uno de los atractivos turísticos del municipio

Luis Caputo cargó contra el municipio de Pilar por la suba de una tasa en supermercados: "No compren ahí"

Luego de que el municipio de Pilar decidiera incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó un dardo contra el territorio bonaerense y pidió a los vecinos que "no compren" en esa localidad. "No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente", escribió el titular del Palacio de Hacienda en X, donde además destacó un comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). "Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y de la industria", subrayó. El incremento aplicado por el gobierno local la última semana corresponde a la Tasa de Protección Ambiental, un canon del 2% que comenzó a regir este mes para los supermercados e hipermercados que operan en el municipio administrado por Federico Achával. El tributarista César Litvin explicó que, con este esquema, "quien compre en Pilar pagará un 2% más caro".Hasta ahora, la tasa se calculaba con un monto fijo mediante un sistema de módulos, que entre septiembre y noviembre había sido de $69. Pero la normativa cambió. La Ordenanza Fiscal 2026, en su artículo 66° del "Capítulo XXV - Tasa de Protección Ambiental", estableció que la base imponible pasará a ser el importe total de la operación, neto de IVA, y fijó una alícuota del 2%."La Legislatura Municipal sancionó la Ordenanza Fiscal 2026, estableciendo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la base imponible de la tasa estará constituida por el importe de la operación, neto del impuesto al valor agregado, fijando asimismo la Ley Impositiva que la alícuota que deberán aplicar los supermercados a tales fines será del 2%", confirmó Litvin.Fuentes de una cadena consultada por LA NACION reconocieron que no tienen "otra alternativa" que trasladar "íntegramente" el aumento al costo final de los productos.

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Golpe a los supermercados: un municipio de Zona Norte sube a 2% una tasa y Luis Caputo sale al cruce

Pilar votó una ordenanza que cambia la Tasa Ambiental de un monto fijo a variable.Las cadenas ya dijeron que trasladarán la suba a los precios.

La Justicia allanó el Municipio de La Calera tras el hallazgo de una factura trucha

El hecho involucra a un ex empleado contratado, acusado de sustraer $81.900 mediante una maniobra fraudulenta. Leer más

Golpe al bolsillo: un municipio clave de Zona Norte subió fuerte una tasa en supermercados que afectará al consumidor

Se trata de la Tasa de Protección Ambiental. De un valor fijo, ahora es un porcentaje del 2%. Fuerte molestia en los comerciantes

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"Al campo le está yendo bien": tensión en un municipio bonaerense por el aumento de una tasa vial y un recargo a los combustibles

En la recta final del año, cuando los municipios cierran números, ajustan y recalculan cada peso para el nuevo año, el municipio bonaerense de Coronel Suárez avanza en el Concejo Deliberante con un proyecto para aumentar la tasa vial, ampliar porcentajes de libre disponibilidad del uso del tributo y sumar recargos adicionales por el combustible. El esquema vigente establece un pago de $8500 por hectárea y tendrá un nuevo 10% de sobretasa. La ordenanza actual indica que el 70% de lo recaudado por tasa vial debe ir a la comisión vial. Los productores denuncian falta de contraprestación del servicio.Agroexportación. Noviembre tuvo el peor ingreso de dólares en siete años, pero en lo que va de 2025 creció un 24%: US$30.323.774.805En ese municipio, si alguien paga fuera de término automáticamente el dinero pasa a engrosar los fondos de libre disponibilidad del municipio, sin derivación obligatoria a la comisión vial. El nuevo proyecto presentado por el oficialismo, que responde al intendente Ricardo Moccero, en el cargo desde 2019 y alineado con el gobernador Axel Kicillof, propone elevar la libre disponibilidad municipal al 94%, además de aplicar una sobretasa del 10% y sumar un 2% sobre los combustibles vendidos en el partido.De acuerdo con los productores, la medida llega en el peor momento y rompe cualquier ecuación productiva. Juan Rebolini, productor agropecuario de la zona, acotó: "A la hora de producir hacés una cuenta, y después te encontrás con un aumento que no estaba considerado. En agricultura las cuentas ya son muy finitas. Un aumento a mitad de campaña no es sostenible. Y más en un contexto en el que no hay caminos: tenemos apenas el 50% más o menos transitable".La preocupación, más allá del aumento, también pasa por la falta de mantenimiento y contraprestación del servicio por el cual se paga la tasa vial: "Es un atropello institucional. No hay caminos. Y Vialidad, que depende de una comisión integrada entre sector público y privado, no maneja la plata: el 94% va a rentas generales y el 6% restante se destina a salud. Lo que llega a la comisión es discrecional". Rebolini remarcó que la situación se agravó por un supuesta ausencia de control y autonomía: "Si la comisión quisiese endeudarse para comprar una motoniveladora, no puede: depende de la firma del intendente. Y una tasa sin contraprestación no es tasa, es impuesto". En pandemia, el municipio había impulsado una sobretasa similar para "insumos médicos", que según contaron los productores se derogó hace apenas dos meses en el Concejo Deliberante.El distrito tiene 2500 kilómetros de caminos rurales, pero la comisión vial â??según el productorâ?? administra apenas cuatro máquinas para todo el trazado, además de hacerse cargo del mantenimiento de 35 kilómetros de la ruta provincial 67, un tramo que debería estar asfaltado y que, pese a dos inauguraciones, nunca se concretó. Rebolini también contó que, a raíz de esta situación, los productores comenzaron a pelearse entre ellos "porque los caminos están intransitables y la gente igual tiene que pasar", con lo cual se comienza a deteriorar el paso por las marcas que dejan los vehículos. En conversación con LA NACION, el intendente Moccero defendió la decisión de incrementar la tasa: "Acá tenemos un hospital que usa todo el mundo porque es mucho mejor que la clínica privada. No nos bancamos el gasto permanente: tenemos 140 médicos y las guardias salen 500.000 pesos por día. La coparticipación cayó por los recortes de Nación a la provincia, y de la provincia a los municipios. Cada municipio tiene que sostenerse con tasas".Moccero, que también dice que es productor agropecuario, relativizó el impacto del aumento: "Para mí un 10% más en la tasa vial no significa prácticamente nada. Una jaula de novillos son 60 millones. En un lote de 400 hectáreas la tasa no llega a 4 millones. El sector agropecuario es el que más y mejores ingresos tiene y le está yendo muy bien. Este año se proyecta una cosecha récord".El intendente, quien confirmó que el aumento es impulsado por el municipio, insistió en que se trata de una visión de transferencia social: "La idea es aumentar un 10% la tasa vial. Estamos en el promedio provincial. Ese margen va a salud y desarrollo social. Así armamos el presupuesto". Dijo que en 2023 el PRO local no había dado el aval para el presupuesto, con lo cual el valor de la tasa "era ínfimo", y que la oposición en 2024/25 tampoco aprobó el presupuesto ni las tasas, por tanto, elevaron el presupuesto 2026 con ajuste en las tasas y consideró que esta vez va a ser "aprobado con amplia mayoría" porque "ganaron las elecciones".

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Municipio por municipio, cómo fue la remontada libertaria en la Provincia y la caída del peronismo

La Libertad Avanza creció 815.365 votos en la provincia de Buenos Aires en solo 50 días.El peronismo cayó 119.801 votos en todo el territorio bonaerense.Infografía especial.

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La Justicia frenó el traslado de un bingo de Daniel Angelici al municipio de Escobar

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás confirmó la suspensión de una polémica resolución del municipio de Escobar que preparaba el terreno para el desembarco de un bingo de Daniel Angelici en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. El fallo, firmado por los jueces Marcelo Schreginger y Damián Cebey, ratificó la medida cautelar dictada por la jueza Mónica Ayerbe, que había ordenado frenar la norma municipal hasta que se analicen los eventuales impactos urbanísticos y ambientales del proyecto.La sentencia destaca que la ordenanza N° 6350/2024 modificó la zonificación de una zona residencial sin haber cumplido los procedimientos previstos por la legislación provincial. En particular, los magistrados remarcaron que una de las parcelas incluidas, la N° 3567, sigue clasificada como residencial exclusiva según la normativa vigente (4812/2010).Además, el Tribunal recordó que los cambios en el uso del suelo requieren la intervención del Poder Ejecutivo provincial, tal como establece el decreto ley 8912/77, y que el decreto municipal posterior no subsana esa omisión.En su resolución, a la que accedió LA NACION, la Cámara invocó el principio preventivo ambiental, que habilita medidas para evitar posibles daños aún sin proyecto en ejecución, y subrayó que la autonomía municipal no exime a los municipios de respetar las normas de coordinación provincial y ambiental.Una polémica ordenanzaLa iniciativa resultó de un acuerdo entre Pro y el PJ de Escobar, que lidera el intendente del municipio, Ariel Sujarchuk.Con la ordenanza, el municipio apuntaba a generar las condiciones para recibir allí la relocalización del bingo Ramallo, una firma presidida por Fabio Fernández, un hombre ligado a la vida política de Independiente, que opera hoy en la ciudad homónima, a pocos kilómetros de la ruta 9, y que entre sus dueños tiene a Daniel Angelici.La empresa fue dirigida en el pasado por el propio Angelici, y por un socio suyo en el mundo del juego, Daniel Darío Matuone, con el que compartió directorio en otras firmas, como Desarrollos Maipú SA.Un grupo de vecinos salió al cruce de la ordenanza y promovió una demanda contra el municipio y el Concejo Deliberante, al argumentar que la velocidad del trámite constituía un "claro atropello institucional y una falta de deliberación democrática".