Sebastián Romero se hizo conocido en 2017, cuando un video lo mostró disparando un explosivo casero frente al Congreso durante las protestas contra la reforma previsional. La imagen se viralizó y lo convirtió en "el Gordo Mortero", apodo que lo acompaña hasta hoy. Por aquellos incidentes recibió una condena de tres años de prisión, que ya cumplió. Dos años después de recuperar la libertad, contó cómo sigue su vida y acusó al Gobierno de Javier Milei de "persecución".Actualmente vive en Rosario, donde integra la agrupación "Vecinos sin Agua de la Zona Oeste", una organización que nuclea a más de mil familias que no tienen agua desde hace más de un mes. En diálogo con Cadena 3, relató que hasta hace poco trabajaba como chofer de una aplicación, pero que se quedó sin empleo."Estaba haciendo Uber, pero el auto se me rompió y ahora estoy desempleado. Con un sueldo de 800 mil pesos no se puede vivir, estamos en la indigencia", afirmó y siguió: "No hay mayor violencia que quitarles un derecho a los trabajadores. La gente tiene que salir y ser consciente que eso es causa de las políticas nefastas de los distintos gobiernos".De esta forma, Romero apuntó directamente contra la administración de Javier Milei y los acusó de "hostigarlo". "Me hacen un seguimiento telefónico donde me llaman y tengo que decir dónde vivo, qué estoy haciendo", afirmó. "La gente que tiene un poquito más de conciencia o memoria fotográfica me reconocía y me preguntaba. Soy un obrero que siempre luchó por los derechos de los trabajadores y soy un militante de causas sociales", ratificó. Lejos de mostrar arrepentimiento, defendió su accionar durante aquella jornada violenta en el Congreso, cuando se arrojaron "14 toneladas de piedras" sobre la plaza del Congreso. "No me arrepiento para nada. Es un derecho de los trabajadores defenderse de la represión policial cuando reclaman derechos genuinos. Siempre me organicé para exigir lo que necesitamos en el barrio", sostuvo.Fuga y detenciónTras permanecer prófugo desde 2017, Romero fue detenido el 20 de mayo de 2023 en un campo de El Chuy, Uruguay, en un operativo conjunto de Interpol, la Policía uruguaya y la Federal argentina. Poco después aceptó un juicio abreviado que lo condenó a tres años de prisión efectiva. En 2022 llegó a presentarse como precandidato a senador en las PASO.Los disturbios del 18 de diciembre de 2017 dejaron múltiples causas judiciales. Ese día fueron detenidas 18 personas: dos militantes, Dimas Fernando Ponce y Mariano Stansiola, evitaron el juicio oral tras acordar probation y tareas comunitarias. El policía Dante Barisone, que embistió con su moto a un manifestante, recibió tres años de prisión en un juicio abreviado y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por seis años; hoy está en libertad condicional.Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal redujo de tres años y cuatro meses a tres años de prisión efectiva la condena de César Arakaki, militante del Partido Obrero, sentenciado por intimidación pública, atentado agravado y lesiones en agresión, tras arrojar una piedra al policía Brian Escobar.
Un equipo especializado de la Armada desactiva una granada de mortero de 50 milímetros en la playa de Camposoto, garantizando la seguridad en la zona y evitando residuos peligrosos
La sospechosa que en las próximas horas será citada a indagatoria, tenía un pedido de captura en una causa por comercialización de drogas. Leer más
La policía apresó a una peruana acusada de dejar un proyectil de mortero en un contenedor frente a la sede de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), en San Cristóbal.La acusada tenía un pedido de captura dictado por el juzgado federal de Junín debido a que había sido procesada en una causa por comercialización de drogas y, además, registraba antecedentes por haber integrado la organización maoísta Sendero Luminoso, de Perú.Según fuentes policiales, la investigación comenzó el 5 de mayo, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad concurrieron a Saavedra 270, en San Cristóbal, a pocos metros de la sede de APTRA por el hallazgo de un artefacto explosivo.Al revisar el proyectil de mortero, los efectivos del Escuadrón Antibombas determinaron que se trataba de un artefacto militar sin carga explosiva. Luego de asegurar la zona y comprobar que la granada era inerte, los técnicos de la Sección Pericias de Bomberos, secuestraron el proyectil. Al revisar las cámaras de seguridad de la zona, los detectives de la División Antiterrorismo lograron reconstruir el recorrido de la persona que abandonó el artefacto junto al contenedor de basura. Así se estableció que se trataba de una mujer que había salido del edificio situado en Saavedra 291. Con estos datos, los policías consultaron con el juzgado federal 12, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Luego de una serie de averiguaciones complementarias, el magistrado ordenó el allanamiento del departamento donde vivía la sospechosa.En las últimas horas, los policías irrumpieron en el inmueble y apresaron a la sospechosa. Al establecer su identidad, los investigadores comprobaron que tenía un pedido de captura por violar la prisión domiciliaria que le habían concedido en un proceso por comercialización de drogas, en Junín.Según fuentes de la investigación, la acusada tiene 56 años. Si bien, luego de revisar el departamento, los investigadores no encontraron ningún artefacto explosivo, el juez Martínez de Giorgi dispuso que la sospechosa quede presa y será indagada en las próximas horas.