El Departamento de Justicia evalúa enviarlo a un "tercer país" que no ha sido revelado pero que no es El Salvador, su lugar de origen
Golpista expresidente considera que no viene recibiendo un proceso apegado a ley, pero esto es falso
La Sala IV del máximo tribunal penal rechazó una queja de la defensa y dejó firme la decisión que había denegado la excarcelación de Edgardo Coscia, acusado de abusar de una menor en el estado de Georgia
El juzgado de instrucción número 2 de Badajoz investiga a Leire Díez por presunta revelación de secretos y delitos relacionados con la contratación del hermano de Pedro Sánchez
El acusado obtiene acceso a menores en Fortnite, realizando videollamadas y capturando imágenes sexuales, enfrenta 325 años de prisión y las víctimas solicitan 350 años en total
La justicia ratificó en segunda instancia la detención de Héctor Javier Álvarez Platero, investigado por amenazar al comediante con mensajes intimidantes
El Juzgado de Instrucción 11 investiga una granja avícola en Llucmajor por presunto maltrato animal, tras denuncias de condiciones insalubres y convivencia con ratas y cadáveres
Así lo resolvió la Cámara Federal al vencer el 13 de junio la subrogancia de Alejandro Sánchez Freytes. Desde enero, Hugo Vaca Narvaja cubre la vacante en materia electoral. Leer más
CCOO logra que el Juzgado de lo Social de Santander reconozca como tiempo efectivo de trabajo los 20 minutos de descanso de los vigilantes de seguridad en Carrefour, destacando derechos laborales fundamentales
Vestido con la camiseta de Platense, y protegido con un chaleco antibalas, Leonardo Nelson Cositorto ingresó en la sala de audiencias de los Tribunales de Salta para afrontar la primera jornada del juicio oral por una estafa piramidal contra 118 inversionistas a través de su empresa Generación Zoe.El debate está a cargo de los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta. Cositorto llegó al juicio acusado de ser presunto de jefe u organizador de una asociación ilícita que habría cometido 118 casos de estafas reiteradas.Se trata del segundo juicio que debe enfrentar Cositorto en lo que va del año. El 25 de febrero pasado, Cositorto fue condenado a 12 años de prisión por un Tribunal Oral de Goya, que lo consideró responsable de ser el líder de una asociación ilícita y por estafas reiteradas.El Ministerio Público de Corrientes, representado por los fiscales Rubén Barry y María Eugenia Ballará, había solicitado una condena de 16 años de prisión. "Cositorto fue encontrado responsable penalmente como jefe de la asociación ilícita y como coautor de estafa. Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino como miembros y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado. Y, en cuanto a Nicolás Medina y Javier Sebastián Medina hubo un veredicto de inocencia", expresó el tribunal correntino.Como ocurrió en Corrientes, en el juicio que comenzó en Salta, Cositorto no estará solo en el banquillo de los acusados. Junto a él serán juzgados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, acusados de ser presuntos coautores de las 118 estafas.Según fuentes judiciales, se calculó que el perjuicio ocasionado a través de Generación Zoe, de acuerdo con las denuncias realizadas, sería de 5.682.500 pesos y 574.120 dólares.El juicio se desarrollará en la Sala de Grandes Juicios del edificio del Poder Judicial de Salta y será presidido por el juez Martín Pérez, con la participación de los vocales Leonardo Feans y Javier Araníbar. Más de ciento sesenta testigos declararán en las diversas audiencias del debate que se desarrollará durante un mes.Cositorto enfrenta otros procesos que terminarán en juicios orales en Córdoba, Santa Fe, en un juzgado en lo Criminal y Correccional porteño y en la Justicia federal.La investigación que derivó en el juicio oral contra Cositorto, en Salta, comenzó en 2022, a partir de una serie de denuncias presentadas por damnificados por estafas presuntamente cometidas por Generación Zoe, que operaba desde la sucursal situada en Pellegrini 782.Durante la investigación, realizada por el Ministerio Público, se determinó que los damnificados firmaban contratos con la empresa. Se trata de acuerdos de fideicomiso, denominados membresía educativa o inteligente, cuyo importe variaba entre los 500 y 1000 dólares. A cambio de esa inversión, la financiera les prometía un retorno mensual de entre el 7,5% y el 10%, y un rendimiento anual del 120%. Las membresías se distinguían entre Classic, Premium, e Intelligent, variando en función del capital aportado y de una tasa de retorno diferencial entre ellas.Al día siguiente de abonar la membresía, al usuario le figuraba en su perfil on line de Zoe, un incremento de su capital del 20% en calidad de bonificación educativa. Es decir que, si una persona invertía 500 dólares, a las 24 horas, figuraba en la plataforma que poseía 600 dólares.
El vuelco del cayuco en La Restinga dejó siete fallecidos, incluyendo tres menores, y una decena de heridos; el juzgado determina que no hay indicios de criminalidad en el incidente
El juzgado concluye que el incendio de los bloques en Campanar fue accidental, sin indicios de responsabilidad penal, tras analizar causas, extinción y la investigación realizada por las autoridades
El Juzgado de Instrucción 9 de Valencia declara el sobreseimiento provisional del caso del incendio en Campanar, considerándolo un accidente sin indicios de conducta delictiva tras investigar los hechos
El juzgado confirma el fallecimiento de "Elisabeth Gil", la última persona identificada tras las inundaciones en Valencia, lo que lleva a la disolución del Centro de Integración de Datos establecido por la tragedia
Secuestrado por los servicios de inteligencia israelíes en San Fernando en 1960, el arquitecto del Holocausto vivía en Argentina bajo nombre falso. Fue juzgado en Israel en el primer juicio televisado del mundo. Su captura expuso la red nazi refugiada en el país
Un juzgado de Cuenca concede a un médico el permiso parental retribuido de 8 semanas, basado en directiva europea, a pesar de la falta de desarrollo reglamentario en España
Mediaset deberá indemnizar a ITV Studios con más de 45 millones de euros por el uso indebido del formato del programa 'Pasapalabra', incluido 'El rosco', tras fallo judicial
Si prospera la estrategia de los abogados de damnificados estadounidenses, la causa se concentrará en la red local. Leer más
Condena de dos años de cárcel y multas por distribución ilegal de partidos de LaLiga en A Coruña, destacando la lucha contra la piratería audiovisual en el ámbito de la hostelería
David Azagra, nombre artístico del hermano menor del jefe del gobierno español, tendrá que enfrentar un juicio oral por un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que, presuntamente, se habría diseñado a su medida en 2017.Podría ser condenado a tres años de cárcel y a varios más de inhabilitación.
FETAP-CGT denuncia 357 fallos críticos en la gestión de la dana en Valencia, incluyendo retrasos en la activación de recursos y alertas meteorológicas imprecisas sin instrucciones claras para los municipios
Según información oficial, el exfuncionario de la entidad tendría rebaja penal en un 40% de la condena inicial, pero aun no se ha definido el preacuerdo
El 11 de marzo pasado, cuando comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados, sorprendió por su drástico cambio físico. Desde hace un tiempo, según explicó su abogado, Julio Rivas, había comenzado a practicar fisiculturismo. Su musculatura no pasó por alto. El fin de semana pasado ganó una competencia."Grande Leooooo!!!! Inicio de carrera fisiculturista", se puede leer en una publicación que hizo en redes sociales un amigo del neurocirujano. El texto acompaña una fotografía de Luque con una de las medallas que ganó el fin de semana pasado, en una competencia que se desarrolló en Wilde, en Avellaneda.Leopoldo Luque atacó a un camarógrafo a la salida del juzgadoEl logro del neurocirujano fue revelado por Leonardo Martínez, uno de los periodistas que cubre el juicio, en su cuenta de X. Luque, de 43 años, está imputado de homicidio simple con dolo eventual. "Nos convoca el crimen que tuvo como víctima a Diego Maradona. Con la prueba que se produzca en el juicio, ustedes [en alusión a los jueces] y la sociedad van a conocer una imputación sólida, sin fisuras. El derecho a la verdad es un derecho humano. Hoy Diego Armando Maradona, sus hijos, sus deudos y el pueblo argentino merecen Justicia", sostuvo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública, el día que comenzó el juicio. Luque lo escuchaba a pocos metros.Después, el representante del Ministerio Público se refirió a las dos semanas que Maradona estuvo en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, después de haber sido operado de un hematoma subdural."Ingresó en ese lugar para una rehabilitación clínica e internación domiciliaria que hoy, sin dudas, podemos decir que fue calamitosa. Una internación temeraria, deficiente y sin precedentes. Ningún tipo de protocolo se gestó para brindar esa temeraria intervención en un teatro del horror que fue esa casa donde murió Maradona, donde nadie hizo lo que tenía que hacer", afirmó Ferrari.Después de la primera audiencia, Luque solo regresó a los tribunales de San Isidro, donde se desarrolla el juicio, una vez. Pidió autorización para no asistir todas las jornadas para poder trabajar.Todo indica, si no hay cambio de planes, que pedirá declarar ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, cuando termine la etapa de prueba y antes de que se presenten los alegatos del Ministerio Público Fiscal, los particulares damnificados y las defensas.
El plan de pagos de la agroexportadora, avalado por mayoría de acreedores, fue considerado abusivo y fraudulento. En un plazo de diez días, otras empresas podría presentatar propuestas de salvataje.
La 'influencer' y empresaria, condenada por vandalizar una estación de Transmilenio durante las protestas de 2019, continuará cumpliendo su pena en la cárcel El Buen Pastor mientras su defensa apela la decisión
Una vez más se confirmó la condena carcelaria de la creadora de contenido y empresaria de karatinas, Daneidy Barrera. Esta es la nueva información al respecto
El juzgado suspende la conciliación entre Santiago Abascal y Luis 'Alvise' Pérez por afirmaciones calumniosas y fijará nueva fecha para el 26 de junio a las 10.30 horas
Billy Torres sostuvo que hubo malos entendidos en el proceso de captura de su defendido
El Juzgado de lo Social de Plasencia ratifica el derecho adquirido a la pausa retribuida de 15 minutos, defendiendo los derechos laborales frente a modificaciones unilaterales de Ametel S.A.
La agrupación musical es señalada de hacer apología del delito con sus canciones sobre figuras del narcotráfico
El instructor Ángel Hurtado señala que las acusaciones no son las únicas responsables de las filtraciones y recuerda el derecho a la libertad de expresión en el contexto del juicio paralelo
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja dirigirá la investigación sobre la gestión de la dana que causó 224 muertes en Valencia, con apoyo de cinco fiscales especialistas
Luego de un conflicto de competencias, la Cámara Federal porteña, a través del juez Mariano Llorens, resolvió que el expediente deberá ser tramitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se había declarado incompetente por una causa anterior en manos del juez Daniel Rafecas. El caso involucra un presunto hecho ocurrido dentro del circuito represivo "ABO", bajo el mando del militar Carlos Suárez Mason
En redes sociales estadounidenses, un video filmado en la puerta del juzgado Robert A. Christensen, en el condado de Douglas (Colorado), se volvió viral el pasado 17 de abril. En el material, se destaca que durante una manifestación con la temática "Justicia para Jalin Seaborn", un grupo de presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al menos a dos personas. El arresto afuera de un juzgado en Colorado que desató dudas sobre los procedimientosEn las imágenes, captadas por la activista comunitaria MiDian Shofner, se observa a cinco personas vestidas con chalecos tácticos y rostros cubiertos, mismas que parecían escoltar a al menos dos detenidos hacia vehículos sin identificación oficial. Sin embargo, Shofner resaltó que uno de los "policías" llevaba un chaleco que mostraba la insignia del ICE.Por cuenta propia, Shofner también describió la escena como agresiva y alarmante. La activista afirmó que uno de los detenidos tenía un arma apuntándole a la cabeza, lo cual se remarcó mientras el afectado intentaba alegar que era víctima de discriminación.Aunados a los videos de Shofner, un testimonio de alguien identificado como "Jamie" consternó a la comunidad en Colorado. Según contó el implicado, al salir del juzgado Robert A. Christensen, fue abordado por supuestos agentes del ICE que le exigieron una identificación. Como "Jamie" no entregó la identificación de inmediato, los presuntos agentes le sacudieron la vestimenta hasta sacar el documento por sí mismos. Sin embargo, cuando comprobaron que era ciudadano estadounidense, lo liberaron con una disculpa. Entrevistado por Colorado Community Media, "Jaime" expresó su preocupación por lo que le podría haber sucedido si no hubiese tenido su identificación con él. ¿Qué dice la ley sobre los arrestos del ICE afuera de los juzgados?La preocupación comunitaria actual no solo se debe a la agresividad mostrada en los videos difundidos por MiDian Shofner, sino también porque este tipo de arrestos son completamente ilegales. En el caso específico de Colorado, existe una legislación que prohíbe los arrestos civiles de inmigración en o alrededor de los juzgados estatales. Esta norma se basa en la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la Justicia y así proteger los derechos de todos los residentes (independientemente de su estatus migratorio).Recientemente, un juez de Colorado emitió una orden para advertir a los agentes del ICE sobre esta normativa: si realizan detenciones civiles en juzgados o sus alrededores, podrían enfrentar sanciones por desacato. â??Sin embargo, dado el polémico video del arresto en el condado Douglas, muchos creen que estas prácticas disuadirían a migrantes de acudir a los tribunales, ya sea como acusados, víctimas o testigos (por miedo a ser detenidos y/o deportados).Hasta el momento, ICE no se pronunció sobre el incidente en el juzgado Robert A. Christensen, por lo que muchos usuarios que comentan el material difundido, teorizan que podría no tratarse de autoridades oficiales, sino de grupos extremistas disfrazados.¿Qué dice la Ley Federal sobre los arrestos en juzgados o sus alrededores?Por sí misma, la Ley Federal no prohíbe los arrestos por parte de ICE en o cerca de los juzgados. Sin embargo, existen directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que regulan estas prácticas. Si bien las directrices no son claras y suelen tener modificaciones según el periodo presidencial; a nivel federal los agentes del ICE sí tienen autoridad para detener a personas sin estatus legal en lugares públicos, lo cual incluye juzgados, calles y estaciones de transporte.Sin embargo, si el arresto ocurre en entidades como Colorado, en donde a nivel estatal los lugares de arresto son restrictivos, los agentes de ICE pueden ser denunciados, sancionados o demandados; y así, los casos podrían verse afectados en su sentencia final.Otros estados que prohíben las detenciones cerca o en juzgados son California, Nueva York, Nueva Jersey, Oregon y Washington.
Cualquier pequeño detalle puede reforzar o debilitar la estrategia para el juicio
Decisiones futuras sobre Gabriel Le Senne podrían depender de un juicio por delito de odio, mientras el Govern reitera su respeto a los procedimientos judiciales y condena los hechos del pleno del 18 de junio
Serigne Mbayé reafirma ante el Juzgado su denuncia sobre la brutalidad policial en Lavapiés, destacando la necesidad de detener la persecución policial y defender los derechos de las personas racializadas
El proceso judicial de Daneidy Barrera Rojas incluye recolección de pruebas, informes institucionales y una revisión de su caso por resocialización
El juzgado de Alcoi desestima la demanda de familiares por la muerte de 15 residentes de DomusVi durante la pandemia, al considerar que no hubo negligencia de la empresa gestionadora del centro
Sandra María Iglesias Barral propone un juzgado especializado en violencia sobre la mujer en Santiago, enfatizando la urgencia y la necesidad de mejorar la atención a las víctimas y la digitalización del sistema judicial
La portavoz de Sumar destaca la revictimización sufrida por Elisa Mouliaá en el juicio, enfatizando la necesidad urgente de formación en género para los jueces y la creación de entornos seguros para las denunciantes
Fiscalía y acusación particular piden penas de cárcel para Mario López, exentrenador del Gernika, por agresión sexual continuada a una menor, mientras la defensa solicita su absolución
El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid extiende la investigación del caso de Esther López para realizar nuevas diligencias y esclarecer los hechos relacionados con su desaparición y muerte
La Cámara de San Martín resolvió hoy que la causa que lleva en San Isidro la jueza Sandra Arroyo Salgado por la presunta estafa en torno al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA pase al juzgado de María Servini, en Comodoro Py, donde tramita otro expediente por los mismos hechos. El traslado de las actuaciones fue decidido por el juez Juan Pablo Salas luego de que el fiscal Federico José Iuspa apelara la decisión de Arroyo Salgado de retener el expediente, a contra mano de su dictamen. La jueza sostuvo que el tuit con el que el presidente Javier Milei promovió el activo digital e hizo disparar su cotización fue lanzado desde la quinta de Olivos, territorialmente bajo su competencia. Pero el juez Salas, siguiendo la línea del fiscal, desestimó ese argumento. Afirmó que la publicación es apenas un elemento dentro un escenario que "aparenta ser más complejo", que abarca diverso "sucesos e intervenciones ejecutados en distintos lugares y tiempos, que podrían ser conexos entre sí", y que incluso pudieron haber precedido a la publicación. "En su decisión, se omite un contexto más amplio descripto en la denuncia, que podría ser relevante para el derecho penal", afirmó Salas. Sostuvo también que la causa que lleva Servini en la Justicia federal se encuentra más avanzada en tanto el fiscal que la instruye, Eduardo Taiano, impulsa la investigación, a diferencia de Iuspa, que en su dictamen le pidió a Arroyo Salgado que decline la competencia de su juzgado para evitar repetir medidas de prueba. "En la justifica federal de CABA no existen discusiones sobre la promoción de la acción penal pública y allí el fiscal en el ejercicio de su ministerio ordenó las primeras medidas para dilucidar los hechos denunciados", dijo el juez. "Hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la justicia federal de San Isidro. Es suficiente para concluir que la justicia federal de CABA es la que se encuentra actualmente en mejor posición para investigar de manera integral", sumó.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala como líder logístico de una red transnacional que utilizaba rutas marítimas para mover toneladas de droga
La Comisión Permanente del CGPJ refuerza el Juzgado de lo Social 5 de San Sebastián ante el acumulado de 198 sentencias y otros asuntos pendientes, supervisando su efectividad durante seis meses
Durante la segunda jornada del juicio, el hermano del exdiputado asumió el uso de la computadora y desligó a su hermano del material de abuso infantil
SANTIAGO, Chile.- El gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) habría ayudado al dictador Augusto Pinochet a fingir demencia senil para no ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, luego de su detención en Londres en octubre de 1998 y de su inminente extradición a España a manos de la orden de captura internacional del juez español, Baltazar Garzón.La información es parte del nuevo libro del investigador británico Phillippe Sands, Calle Londres 38, y fue revelada al autor inglés por un alto asesor del gobierno de Frei en ese entonces.Ese testimonio, según el portal de noticias chileno Biobío, fue de Cristián Toloza Castillo, que actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Europa, África y Medio Oriente de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La fuente de Phillipe Sands señaló en su libro que habrían sido los ingleses quienes ofrecieron una salida a la compleja situación argumentando razones médicas. "Sabían que legalmente podían abortar el proceso de extradición por razones de salud".Según relata Sands, el gobierno de Frei elaboró un dossier de 10 páginas donde se indicaba a Pinochet cómo simular los síntomas. El documento entregado al entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta establecía "cómo debía fingir Pinochet que estaba deprimidoâ?¦ tenía que decir que había pensado suicidarse, que tenía problemas de memoria, cosas irracionales y absurdas".Pinochet viajó a Londres para someterse a una operación, cuando fue detenido, permaneciendo en The London Clinic por un año y cuatro meses.En esos días el presidente chileno Eduardo Frei le dijo al país que tenía la convicción de que la permanencia del entonces senador vitalicio implicaba un grave daño a la imagen de Chile.De acuerdo con el libro, Frei temía un nuevo golpe de Estado, o que la detención de Pinochet derivara en violencia y muertes. Y es que tras la aprehensión del dictador se produjeron múltiples protestas en Chile y en Reino Unido."[Si Pinochet muere en Gran Bretaña], lo convertirán ustedes en un mártir y en un santo. ¿Es lo que quieren?", recuerda Toloza que manifestó a Jonathan Powell, jefe de gabinete del premier británico Tony Blair, en una reunión en junio de 1999.El laborista Blair tampoco quería eternizar la permanencia del dictador en suelo inglés. Y el ministro Jack Straw, tras el visto bueno de la Cámara de los Lores, autorizó dos veces la extradición a España.Como los ingleses querían garantía de que Pinochet sería juzgado en Chile, Toloza Castillo habría viajado con documentos que probaban que el dictador había autorizado la Caravana de la Muerte, operación posterior al golpe de Estado de 1973 que dejó casi un centenar de muertos a través de todo Chile.Se trataba de la fotocopia de un documento que habría sido facilitado por el mismo Ejército, que mostraba que Pinochet dio la autorización para la Operación Caravana de La Muerte los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado.Con aquel papel en mano, Toloza le dijo a Powell que tenían la "base legal para juzgarlo en Chile". Asimismo, le aseguró que el gobierno había comunicado al Poder Judicial que tenía "luz verde para proceder contra Pinochet"."No recuerdo los detalles, pero no tengo motivos para dudar de que ocurriera así", comentó por su parte Jonathan Powell a Philippe Sands.Así, en marzo de 2000 Jack Straw, lo liberó por razones humanitarias, pero al llegar Pinochet se burló de ese beneficio levantándose de su silla de ruedas, caminando sin problemas y saludando a quienes fueron a recibirlo al aeropuerto.En una entrevista con LA NACION en 2023, Straw reveló su enojo con el engaño."Me puse furioso cuando vi a Pinochet levantarse de su silla de ruedas al llegar a Chile después que lo liberé por motivos de salud. Sentí que yo y el sistema británico habíamos sido engañados", reconoció a LA NACION el exministro del Interior británico Jack Straw.Finalmente, en 2001 Pinochet fue procesado, pero la Corte Suprema determinó que no estaba en condiciones mentales de ser juzgado.Después de 25 años de los hechos, el ministro de Defensa de la época, Edmundo Pérez Lloma, dijo a Biobío que desconocía el dossier; el expresidente Frei, que tiene 82 años, no da entrevistas y Toloza se limitó a señalar "entiendo que todo está en el libro".Agencia ANSA
Su defensa alegó la presunta falta de independencia del sistema judicial en Ucrania, un riesgo de sufrir tratos inhumanos en prisiones ucranianas, y la posible existencia de una motivación política detrás del proceso judicial
Un joven de 28 años es internado involuntariamente tras agredir a su madre de 70 años en Mos, causándole graves lesiones, mientras se encuentra hospitalizado en Vigo por problemas de salud mental
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer aún no ha tomado medidas sobre el caso de Juana Rivas, quien solicita protección urgente para su hijo ante posibles riesgos en Italia
La Corte Suprema de Brasil resolvió este miércoles juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Los magistrados decidieron por cinco votos a cero abrir el proceso. Leer más
RÍO DE JANEIRO.- La mayoría de los cinco jueces que conforman el Supremo Tribunal Federal de Brasil se resolvieron que el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados sean juzgados por cinco cargos, incluido el intento de realizar un golpe de Estado.Los cinco jueces comenzaron la sesión alrededor de las 9.50 de la mañana en Brasilia, la capital. Tres jueces ya votaron a favor de que sea juzgado, por lo que la denuncia fue aceptada. El expresidente puede quedar preso durante el juicio sólo si hay riesgo de fuga o hace algo para entorpecer el curso del juicioSi es declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentarse a una larga pena de prisión de más de dos décadas.Además de los cargos de participación en un golpe de Estado, Bolsonaro y sus presuntos cómplices están acusados de formar parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daño caracterizado por violencia y grave amenaza contra los bienes del Estado, y deterioro del patrimonio catalogado.En su discurso de apertura el miércoles, el juez Alexandre de Moraes, que supervisa el caso, proyectó imágenes dramáticas de los partidarios de Bolsonaro asaltando edificios del gobierno en escenas violentas que se desarrollaron apenas una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inacio Lula da Silva en enero de 2023.URGENTE: Alexandre de Moraes aceita denúncia da PGR e vota para tornar réus Bolsonaro e mais sete acusados por tentativa de golpe de Estado. â?¡ Assista ao #ConexãoGloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/jm6TkdoCOn— GloboNews (@GloboNews) March 26, 2025Moraes dijo que Bolsonaro lideró "un esfuerzo sistemático para poner en duda las máquinas de votación electrónica" utilizadas en Brasil, parte de sus esfuerzos para socavar las elecciones que perdió.El fiscal general Paulo Gonet había dicho el martes que los acusados buscaron mantener a Bolsonaro en el poder "a toda costa", en un esquema de varios pasos que se aceleró después de que el político de extrema derecha perdiera ante Lula da Silva en las elecciones de 2022.Al igual que en su acusación de febrero contra Bolsonaro y otras 33 personas, Gonet dijo que parte del complot golpista incluía un plan para asesinar a Lula y al juez Alexandre de Moraes, quienes eran vigilados por los presuntos conspiradores. El plan no se llevó a cabo solo porque, en el último momento, los acusados no lograron obtener el apoyo del comandante del Ejército, dijo Gonet."La frustración abrumó a los miembros de la organización criminal que, sin embargo, no renunciaron a la toma violenta del poder, ni siquiera después de que el presidente electo de la República asumiera el cargo", dijo Gonet.Eso fue una referencia al motín del 8 de enero de 2023, cuando los seguidores acérrimos de Bolsonaro asaltaron y destrozaron las sedes del máximo tribunal, del palacio presidencial y del Congreso, en Brasilia, una semana después de que Lula asumiera el cargo. Gonet dijo que el disturbio fue un último intento desesperado de aferrarse al poder.El expresidente ha negado repetidamente haber cometido algún delito y afirma que está siendo perseguido políticamente.Eldiario local O Globo informó que Bolsonaro no estaría presente en el Supremo Tribunal el miércoles, a diferencia del día anterior.El martes por la mañana en el aeropuerto de Brasilia, Bolsonaro habló con periodistas y volvió a negar las acusaciones."Estoy bien. Siempre espero justicia. Nada está fundamentado en las acusaciones, hechas de manera sesgada, por la Policía Federal", dijo el exmandatario, refiriéndose al informe de 884 páginas presentado a finales de noviembre.Según la ley brasileña, una condena por golpe de Estado conlleva, por sí sola, una sentencia de hasta 12 años, pero cuando se combina con los otros cargos, podría resultar en una sentencia de décadas tras las rejas.El Supremo Tribunal ya analiza si acepta los cargos contra ocho de las 34 personas acusadas por Gonet de participar en el plan golpista.Además de Bolsonaro, el tribunal votará sobre las acusaciones que enfrentan su compañero de fórmula en las elecciones de 2022 y exministro de Defensa, Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres y su ayudante de campo Mauro Cid, entre otros. El tribunal decidirá sobre el destino de los demás en una fecha posterior.InhabilitaciónBolsonaro está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de urnas electrónicas, pero él confía en que su pena sea revertida o reducida."Por el momento, soy candidato", declaró días atrás, al resistirse a respaldar a otra figura de su espacio político.Compara su situación con la de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca a pesar de sus problemas judiciales, y espera que el presidente estadounidense ejerza "influencia" a su favor.La incertidumbre sobre su futuro judicial y político ocurre mientras el izquierdista Lula, de 79 años, se muestra ambiguo sobre sus intenciones de aspirar a la reelección, en medio de una caída de su popularidad.Agencias AP, AFP y Reuters
BRASILIA.- En un juicio con impacto decisivo para la vida política e institucional de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF) de este país comenzó a decidir si convierte en reos al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y siete de sus aliados, acusados de un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva.La primera sala de la Corte, compuesta por cinco magistrados, comenzó a analizar si acepta la denuncia ofrecida por la Fiscalía General, que pide que Bolsonaro y exministros de su gobierno que integraban el "núcleo decisivo" del plan antidemocrático sean condenados por intento de golpe de Estado y otros cuatro delitos que, sumados, podrían valerles penas de más de 30 años de cárcel.Paulo Gonet, el procurador general de la República, defendió al inicio de la sesión â??la primera de las tres previstas para el análisisâ?? que Bolsonaro y Walter Braga Netto, su excandidato a vicepresidente en 2022 y otro de los ocho imputados, "aceptaron, estimularon y realizaron" actos contra el Estado democrático de Derecho.Gonet citó, entre diversos elementos, la confección de un documento de tenor golpista, el estímulo a actos antidemocráticos luego de la derrota electoral ante Lula da Silva y "presiones" ejercidas desde el Palacio Presidencial del Planalto para que el "Alto Comando del Ejército impidiera que Lula asumiera el cargo", con el objetivo de "mantener a Bolsonaro en el poder"."Organizaron en el Planalto la derrocada de los poderes y del orden democrático", dijo Gonet.La defensa de Bolsonaro negó su participación en el presunto plan golpista. Celso Vilardi, abogado del exmandatario, dijo que "no se encontró absolutamente nada" que lo vincule a una trama golpista.También alegó que Bolsonaro no tuvo participación directa en la invasión a los predios de los tres poderes el 8 de enero de 2023 y que repudió dichos actos desde Estados Unidos, donde se encontraba en ese momento.El expresidente Bolsonaro sorprendió al llegar a la primera sala de la corte, responsable del juicio, para acompañar in situ el inicio del proceso.A diferencia del juicio administrativo en su contra en la corte electoral en 2023, que le valió la inhabilitación política, Bolsonaro sorprendió al comparecer a la corte para sentarse en el banquillo de los acusados, en una estrategia para reforzar su imagen de mártir político."Brasil y Argentina salen a la cancha hoy en el Monumental de Núñez. Haremos fuerza para que nuestros muchachos vuelvan con la victoria. En mi situación, en cambio, el árbitro usa el silbato en mi contra antes de que empiece el partido... e incluso él mismo es al mismo tiempo el VAR, juez de línea, técnico y goleador del equipo adversario. Todo en una persona", ironizó el expresidente sobre el juicio en marcha, apuntando al juez Alexandre de Moraes, en un post compartido en sus redes sociales.- Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começarâ?¦ e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numaâ?¦— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 25, 2025Los cinco jueces de la primera sala mostraron cohesión para rechazar, de forma unánime, un pedido de la defensa de Bolsonaro para impugnar la colaboración premiada de Mauro Cid, exayudante presidencial convertido en una pieza clave del proceso.Los abogados de los imputados alegan que Cid firmó su acuerdo de colaboración premiada bajo amenaza de la Corte.La denuncia de la Fiscalía General fue presentada en febrero pasado, luego de una investigación conducida por la Policía Federal, que pidió que 34 personas fueran convertidas en reos.Si los jueces aceptan formalmente la denuncia presentada por la Fiscalía General, comenzará el análisis del mérito de la denuncia, con la expectativa de que Bolsonaro y siete de sus aliados sean juzgados y eventualmente condenados en el segundo semestre de este año.La expectativa en el entorno de Bolsonaro es que la primera sala de la corte acepte de forma unánime la denuncia y así los acusados pasen a responder por una acción penal, con el juez Alexandre de Moraes, némesis de Bolsonaro en la corte, como relator del caso.
A fines del año pasado los ADN incriminaron a Roberto Barzola que estaba trabajando en la casa de la victima al momento del crimen.Como pasaron 18 años pidió su sobreseimiento por "prescripción".Ahora el fiscal se opuso formalmente y dejó la cuestión en manos del juez.