juzgado

Fuente: Perfil
18/06/2024 07:00

Luis Rubiales será juzgado en febrero de 2025 por su beso no consentido a Jenni Hermoso

También serán juzgados por supuestas coacciones a la jugadora y a su entorno, el exseleccionador, el exdirector deportivo de la selección, y el responsable de marketing. Leer más

Fuente: La Nación
17/06/2024 12:00

Avanza el proceso contra el juez federal de Rosario que contrató en su juzgado al hijo del contador del jefe narco

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque inició un camino que lo acerca a terminar con un juicio político, dijeron a LA NACION altas fuentes del Consejo de la Magistratura, donde el magistrado comenzó a ser sometido a un sumario a partir de que dos fiscales rosarinos del fuero provincial denunciaron omisiones y retrasos en la causa federal contra Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más poderosos de Rosario. Ahora se supo además que el contador del narco preso atendía los asuntos económicos del magistrado y que su hijo trabajaba en el juzgado de Bailaque."Es el nuevo Bento", dijo a LA NACION una alta fuente del Consejo de la Magistratura en alusión al juez federal Walter Bento, preso, destituido y sometido a juicio oral y público por supuestos sobornos recibidos de manos de los acusados a los que debía procesar y por sus bienes.Con el lanzamiento del sistema acusatorio en Rosario, donde los fiscales son protagonistas de los casos, se inició el sumario en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque el pasado 10 de abril. Ese trámite está en sus inicios, pero las acusaciones tienen tal contundencia que nadie se jugó para defenderlo, ni siguiera sus colegas del estamento de los jueces.En 2022, durante el juicio contra Alvarado por el asesinato de un prestamista, los dos fiscales del caso, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al alegar, anticiparon que pedirían al Consejo de la Magistratura que analizara la conducta de un juez federal, sin nombrarlo. También plantearon que enviarían la causa en la que Alvarado fue condenado a prisión perpetua a ese cuerpo investigativo. El juez al que no mencionaron era Bailaque que rechazó pedidos intervenciones de los teléfonos de Alvarado y de su entorno en 2013, según declaró en el juicio el exjefe de la Policía de Seguridad Emilio Lencina. El magistrado federal recién procesó al jefe narco en 2019.La denuncia motivó la apertura del sumario en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que dirige el consejero Miguel Piedecasas. El sumario lo lleva adelante la diputada Roxana Reyes. Piedecasas puso a consideración de la Comisión de Acusación la solicitud de Reyes para que declaren en el sumario un grupo de fiscales que sumaron elementos sobre la actuación del juez. En particular los fiscales provinciales Schiappa Pietra y Edery, del área de Criminalidad Compleja del Ministerio Público de la Acusación, y también el exfiscal federal Marcelo Di Giovanni y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.Schiappa Pietra y Edery fueron los que pusieron en evidencia que en 2013 Bailaque había desestimado importante evidencia contra Alvarado. Según afirmaron los fiscales, del expediente federal surgió que el juez federal actuante en el caso denegó pedidos de intervenciones telefónicas de los sospechosos que cambiaban de líneas y números.Entre los citados a declarar al Consejo de la Magistratura también está Di Giovanni que fue que en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses. En su descargo en el Consejo de la Magistratura, Bailaque argumentó que tras denegar esas intervenciones el fiscal no apeló.También fue convocada la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que avaló el pedido de investigación al juez federal. También pidieron que declare el fiscal federal Santiago Marquevich, que investigó a Luis Medina, un socio de Alvarado, que fue asesinado a fines de 2013.Cuando se votó la moción para citar a los fiscales como testigos y activar la investigación en la Comisión de Acusación no hubo nadie que se opusiera. "Fue un tester de cómo va a reaccionar el Consejo de la Magistratura en este caso. Si hubiera alguien que quisiera desde lo corporativo protegerlo, hubieran tratado de evitar estas declaraciones, que van a ser cruciales para decidir si se inicia el juicio político", dijo una fuente del Consejo. Reyes dijo a LA NACION que "la denuncia se está instruyendo y se están haciendo medidas probatorias".El procedimiento señala que tras las declaraciones, la consejera Reyes emitirá un dictamen que deberá ser votado en Comisión y luego, si es aprobado, debe ser llevado al plenario. Para que se pruebe el inicio de un juicio político son necesarios los votos de los dos tercios de los consejeros presentes, lo que parece probable en este caso.Esta semana LA NACION reveló una historia que tiene al contador Gabriel Mizzau y al juez como protagonistas. Este profesional trabaja para el magistrado, a quien le lleva sus cuentas, y también lo hizo para Alvarado, el jefe narco más poderoso de Rosario. Los balances de las empresas, como Logística Santino, con las que Alvarado lavó dinero llevan la firma de Mizzau.Además, Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 a trabajar al juzgado de Bailaque. Uno de los balances que firmó Mizzau en la empresa de transporte que manejaba el jefe narco es de 2017, año en que su hijo ingresó al juzgado como sumariante. Hace un mes y medio fue trasladado, como una especie de ascenso, al Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario. El juez admitió en diálogo con este diario las dos situaciones polémicas: que su contador es Mizzau y que el hijo de este ingresó como sumariante en el juzgado federal a su cargo.El ascenso como soluciónLa dinámica de la justicia federal de Rosario muestra que alguien que está cuestionado no se lo aparta ni se lo sanciona, sino que se lo asciendo. "Sale hacia arriba", ejemplifica una alta fuente judicial. En el caso del juez federal N°4 de Rosario Bailaque, pasó eso.Desde el 7 de abril de 2018, Bailaque espera que se defina su ascenso a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Sacó el puntaje más alto en el concurso N°373 para ser vocal de ese cuerpo. Bailaque obtuvo 146 puntos y quedó en primer lugar en la terna en orden de mérito, detrás de Marcelo Del Teglia, y de Daniel Alonso.Alonso es otro de los jueces cuya situación es delicada y está bajo análisis del Consejo de la Magistratura, acusado de haber dictado una medida contra un fallo de la Corte.Desde que Bailaque ganó el concurso, su nombre estuvo dando vueltas para cubrir esa vacante, pero nunca se concretó su nombramiento. Unos días antes de que LA NACION revelara esta trama entre el juez, el contador y el jefe narco, a Bailaque lo designaron para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela, desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025. Ahora tiene dos juzgados a su cargo.Quién es BailaqueBailaque se recibió de abogado en 1987 en la Universidad Nacional Rosario y su primer desembarco en la Justicia fue en la provincia de Santa Cruz, donde fue defensor oficial y luego, en 1997, juró como juez de instrucción en Caleta Olivia. De la Patagonia saltó a Rosario, donde en 2008 fue designado magistrado en el juzgado federal N°4. Bailaque rechaza la versión que circula de que llegó a ese cargo a partir de una relación que se originó en los 90 con Néstor Kirchner.Desde el 6 de junio está en vigor el régimen acusatorio en Rosario, pero en el anterior sistema inquisitivo, la columna vertebral de la justicia federal de Rosario eran los dos juzgados federales, uno ocupado por Carlos Vera Barros; el otro, por Bailaque.Estos jueces acordaron una manera de trabajar que es bastante común en algunas jurisdicciones. Cuando estaban de turno, cada 15 días, delegaban casi todas las causas en los fiscales federales, que eran tres hasta que empezó a regir el nuevo sistema.En ese esquema se ampara Bailaque, según el descargo que presentó en el Consejo de la Magistratura, para defenderse sobre el caso puntual de la investigación contra Alvarado. Sin embargo, según consta en el sumario que se lleva adelante en ese cuerpo, este magistrado generó una demora en la instrucción de la causa al rechazar o demorar en autorizar las intervenciones telefónicas contra Alvarado y su entorno.En 2013, el entonces jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina presentó una serie de informes contra Alvarado y los nexos que tenía con el narcotráfico. El diputado Carlos Del Frade aseguró que Bailaque fue "cómplice" del jefe narco, porque "se negó sistemáticamente a investigarlo" y "lo protegió durante casi 10 años".También en 2013, el entonces diputado nacional Jorge Álvarez pidió al Consejo de la Magistratura que investigue al juez, ante la sospecha de que el magistrado beneficiaba a los criminales con "la constante fragmentación" de las causas por narcotráfico. A esa denuncia se sumaron las que realizaron el entonces senador radical Lisandro Enrico y Maximiliano Pullaro, que era diputado y hoy es gobernador, por irregularidades en la actuación de la justicia federal en el marco de causas por narcotráfico.Las bandas narco y la JusticiaEn ese momento había explotado la llamada guerra narco en Rosario y la justicia federal estaba ajena a lo que pasaba en la calle. La crisis comenzaba a generar una violencia nueva, extrema y hasta teatral, cuyos protagonistas eran distintos eslabones del narcotráfico local, como los miembros de la banda de Los Monos, Alvarado, el fallecido Luis Medina, entre otros.Ante la urgencia de abordar la situación que había provocado un problema no solo de seguridad, sino político, la justicia provincial comenzó a iniciar causas contra los narcos por asociación ilícita y homicidios. Las organizaciones narco más importantes fueron condenadas primero en la justicia provincial y después en el fuero federal.Un ejemplo es la causa de Los Monos, que fue cuestionada por fiscales federales por la instrucción que llevó adelante el juez Juan Carlos Vienna, actualmente jubilado, que se inició en 2012 y terminó con fuertes condenas en abril de 2018.Esa causa fue cuestionada durante la instrucción por los fiscales federales y estuvo a punto de naufragar, cuando en la gestión del socialista Antonio Bonfatti funcionarios impulsaron un acuerdo de juicio abreviado con el líder de la banda Ariel "Guille" Cantero, que establecía una pena de nueve años de prisión al encuadrar su acusación como partícipe secundario del crimen de Diego Demarre. El camarista Daniel Acosta rechazó el acuerdo. Años después, los abogados de Los Monos señalaron que se cayó porque era demasiado beneficioso para el líder de Los Monos. En ese momento, en medio de la campaña electoral, Miguel Lifschitz fue uno de los que rechazó ese acuerdo y finalmente se cayó. Hoy, el líder de esta organización carga con condenas a más de 130 años de prisión.Con Alvarado ocurrió lo mismo. Los fiscales provinciales Schiappa Pietra y Edery comenzaron a investigar la organización que conducía este narco a partir del crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018. El 3 de febrero de 2019 este criminal fue detenido en un camping en Embalse Río Tercero, donde se escondía. Bailaque procesó a Alvarado en diciembre de ese año, después de que el narco cayera en desgracia, por una causa por tráfico de drogas, luego de que secuestraran en Río Negro un cargamento con 497 kilos de marihuana.En los alegatos del juicio contra Alvarado en el fuero provincial, en mayo de 2022, cuando fue condenado a prisión perpetua, Schiappa Pietra y Edery advirtieron, en base a los dichos del jefe de la PSA Lencina: "La organización de Alvarado es una estructura de poder que creció gracias a los resquicios de legalidad que dejó el Estado y contó con el apoyo de funcionarios por acción u omisión". Fue entonces cuando enviaron el expediente al Consejo de la Magistratura para que investigara la conducta del juez federal, que tardó nueve años en procesar a Alvarado y solo lo hizo luego de que fuera detenido por la investigación de los fiscales provinciales.

Fuente: Perfil
12/06/2024 12:54

Denuncian por cohecho a la senadora Lucila Crexell y la causa cayó en el juzgado de Ariel Lijo

La senadora, en medio de la negociación por la Ley Bases, podría ser designada como embajadora ante la Unesco en París. Una nueva denuncia sensible para el gobierno queda en manos del candidato de Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia. Leer más

Fuente: Infobae
12/06/2024 08:07

Un juzgado de Sevilla pide dar con el paradero de Vito Quiles, jefe de prensa de Alvise Pérez

El Juzgado de Instrucción nº 18 de la capital andaluza lo investiga por supuestas injurias y calumnias contra el secretario de Facua, Rubén Sánchez. Quiles no se ha presentado ante el tribunal pese a haber sido citado en numerosas ocasiones

Fuente: Clarín
11/06/2024 18:18

El hijo del contador de un poderoso narco de Rosario fue contratado por un juez federal en su juzgado

El juez federal enfrenta un proceso en el Consejo de la Magistratura en el que se lo investiga por obstaculizar un procedimiento contra un grupo de narcotraficantes.

Fuente: La Nación
11/06/2024 11:36

Un juez federal contrató en su juzgado al hijo del contador de un poderoso jefe narco

ROSARIO.- El juez federal Nº4 de Rosario Marcelo Bailaque está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por su desempeño en una causa emblemática, que tuvo como principal protagonista a Esteban Alvarado, uno de los narcos más importantes y peligrosos de Rosario. El magistrado está acusado de haberlo favorecido. LA NACION corroboró además que Bailaque compartió contador con Alvarado y que contrató en su juzgado al hijo de ese contador. El magistrado está cuestionado por haber rechazado pedidos para intervenir teléfonos de este jefe criminal y su entorno en 2013, algo que tuvo un efecto directo y derivó en que la investigación que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se demorara, y recién fuera procesado nueve años después, en 2019, cuando Alvarado había caído en desgracia y estaba prófugo de la justicia provincial, acusado del homicidio de un prestamista y de manejar una organización que se nutría del tráfico de drogas. El tiempo para un narcotraficante es dinero. En esos nueve años Alvarado acumuló una fortuna incalculable y provocó decenas de crímenes en Rosario. El gobierno le adjudica a este criminal estar al frente de los ataques "terroristas" que conmocionaron a la ciudad a principios de marzo.A la par de este cuestionamiento en el Consejo de la Magistratura contra Bailaque, que está siendo analizado y tuvo avances durante las últimas semanas, LA NACION pudo confirmar que por una amistad que el juez tiene con el contador de Alvarado, Gabriel Mizzau, que firmó balances de las empresas del narco, el hijo abogado de Mizzau entró a trabajar en 2017 al juzgado federal que investigaba en ese momento al narcotraficante más poderoso de Rosario. Incluso, el contador de Alvarado también se ocupa de llevarle la contabilidad personal al juez. 'Bailaque aseguró a este diario que "desconocía" que Gabriel Mizzau se desempeñara como contador del narco que él investigó y procesó por tráfico de drogas recién en 2019. El magistrado dijo que se enteró de esta situación por la consulta periodística que se realizó para esta nota. Sin embargo, esta información circula por los tribunales federales de Rosario desde hace tiempo. Por ese motivo, evaluaron fuentes judiciales, Sebastián Mizzau, que era sumariante en el juzgado federal Nº4 fue ascendido y desde hace un mes y medio pasó a trabajar en el Tribunal Oral Federal Nº3. Es una práctica común en los tribunales rosarinos que cuando un funcionario está cuestionado la salida sea un ascenso para sacarlo del foco del problema.Sebastián Mizzau confirmó a LA NACION que desde 2017 ingresó como contratado al juzgado de Bailaque y que tres años después fue nombrado por la Cámara Federal. Reconoció que su padre tiene una antigua amistad con el juez. Bailaque y Gabriel Mizzau, padre del sumariante, fueron compañeros de la secundaria en el colegio Dante Alighieri y tienen una relación cercana, hasta de disfrutar momentos de placer como la visita que el magistrado, junto con un grupo de amigos, hacen de manera frecuente a una casa en Yacanto, en las sierras de Córdoba, que es propiedad del Mizzau.Bailaque dijo que desconocía que su contador hubiera firmado, entre otros, los estados contables correspondientes al 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017 de la empresa Logística Santino SRL. Según la causa, Mizzau figura además como quien gestionó la habilitación municipal de empresa Sagrado Corazón de María SRL. Estas firmas estaban en manos de testaferros del jefe narco, pero además figuran en la propia causa federal que tramitó el juez.El propio Bailaque cuando procesó a Alvarado en 2019 señaló en el fallo que las firmas Toia y Logística Santino "están vinculadas a Alvarado, quien de hecho resulta ser quien las dirige". El contador de Logística Santino, según figura en los documentos que obtuvo LA NACION, era Gabriel Mizzau.Dos años antes de que el juez procesara por primera vez al jefe narco, el 24 de noviembre de 2017 la policía de Río Negro interceptó a unos 15 kilómetros de la ciudad de General Roca, sobre la ruta provincial 6, un camión que tenía como destino la localidad de Cinco Saltos. El camión fue requisado y así se encontraron, en una baulera metálica ubicada en la parte inferior del semirremolque y en la cabina del rodado, más de 300 paquetes de marihuana con un peso total de 493 kilos.Sebastián Mizzau entró a trabajar ese año con Bailaque, en un juzgado clave en materia de investigaciones de narcotráfico. El ingreso del abogado, que se había recibió ese año, fue por la relación que su padre tiene con el juez, que está cuestionado por su actuación en el inicio de la investigación contra Alvarado, condenado a prisión perpetua en el fuero provincial y sentenciado en 2022 a 15 años de cárcel por organizar el envío de un camión con más de 400 kilos de marihuana que fue incautado en Río Negro.Lo que varias fuentes interpretan es que Bailaque procesó a Alvarado porque ya no tenía más remedio. El narco, que era un fantasma para la Justicia, había caído en desgracia en la causa que investigaban dos fiscales del fuero provincial, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. El 2 de febrero de 2019, Alvarado fue detenido en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba, donde se ocultaba. Al quedar rodeado, arrojó su Iphone al agua, pero un policía lo rescató. El teléfono se abrió en Estados Unidos, y reveló algunos mensajes comprometedores del narco a través de la aplicación Telegram.El 10 de abril pasado, el Consejo de la Magistratura abrió un sumario disciplinario contra Bailaque, a raíz de que en el juicio en fuero provincial contra Alvarado los fiscales, que investigaron el entramado que había montado este jefe narco, señalaron que la justicia federal había negado varias medidas en 2013 que podrían haber terminado en ese momento con la carrera criminal de este hombre.Emilio Lencina, jefe de la PSA en Rosario, presentó en 2013, según se reveló en el juicio, una serie de informes contra Alvarado y los nexos que tenía con el narcotráfico. Su socio en ese momento era Luis Medina, un narco que fue asesinado en diciembre de ese año. El juez federal al que le llegó la información era Bailaque, que procesó a Alvarado nueve años después. En concreto, Bailaque habría rechazado los pedidos de intervenciones telefónicas que eran clave para que la PSA avanzara en la investigación. Denegar las escuchas o la demora en la autorización era crucial en la investigación porque los narcos cambiaban todo el tiempo de líneas.Ahora, el Consejo de la Magistratura citó a declarar a varios funcionarios tanto del fuero provincial como federal para que aclaren estos puntos difusos. Entre los convocados están Edery y Schiappa Pietra, el exfiscal federal Marcelo Di Giovanni, que fue quien en 2013 pidió tres intervenciones telefónicas que Bailaque desestimó inicialmente y autorizó recién a los once meses. También fue citada la exfiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, que avaló el pedido de investigación al juez federal, y también el titular de la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el fiscal federal Santiago Marquevich.A la par, el presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, dijo en la última sesión haber recibido un descargo que realizó Bailaque. El magistrado rosarino, que fue juez en Santa Cruz, fundamentó su defensa en que él delegaba la mayoría de los expedientes a los fiscales como si rigiera un modelo acusatorio pleno y que así ocurrió con el expediente de Alvarado. Señaló, además, que en esta causa respondió favorablemente a la mayoría de los pedidos del fiscal, los que detalló en su descargo, y que donde hubo negativas puntuales no fue por un motivo caprichoso sino cumpliendo su rol de juez de garantías. El magistrado consideró también que en ningún caso el fiscal recurrió a una instancia superior para que contradijera su postura. "El Ministerio Público Fiscal no presentó ni un solo recurso contra aquellas decisiones que no respondían a su interés", apuntó Bailaque. También advirtió en el escrito que hubo una campaña orquestada por el exministro de Seguridad Marcelo Saín, que presentó una denuncia en el Consejo de la Magistratura que fue desestimada. El juez destacó que él fue quien procesó a Alvarado y elevó su causa al tribunal oral para que fuera juzgado y condenado a 15 años.En el nuevo sistema acusatorio, Bailaque se desempeña como juez de Garantías y tiene a su cargo las causas residuales del viejo sistema. Lo llamativo es que a pesar de que está siendo investigado por su actuación en una causa emblemática de narcotráfico lo designaron para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela, desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025.

Fuente: Perfil
09/06/2024 11:36

Toma del Pabellón Argentina: el Juzgado niega errores en el fallo respecto a cuatro estudiantes

El juez federal Pablo Montesi respondió a la defensora. En una nota de este medio la magistrada dijo que irá en Casación porque sus representados no tuvieron probation sino conciliación. A esa aseveración, el Juzgado explicó los fundamentos de su postura. Leer más

Fuente: Clarín
03/06/2024 12:36

La denuncia del Gobierno por presuntos contratos irregulares en Capital Humano cayó en el juzgado de Ariel Lijo

La causa fue iniciada por la subsecretaria de Legales de la cartera, Leila Gianni.

Fuente: Infobae
03/06/2024 02:49

Un juzgado reconoce haber perdido un expediente judicial dos años después de la denuncia: "Nos estaban secuestrando la justicia"

La demanda fue presentada contra un hombre que llegó a estafar más de tres millones de euros con la venta de licencias de VTC y hasta que el abogado del caso no ha presentado una queja al CGPJ no se ha sabido de la desaparición del expediente

Fuente: Infobae
24/05/2024 09:16

El juez del caso Begoña Gómez reprocha al fiscal sus "frecuentes e inusuales" visitas al juzgado para conocer resoluciones

El magistrado Juan Carlos Peinado dicta una providencia en la que subraya que el comportamiento del fiscal es "totalmente inhabitual"

Fuente: Infobae
21/05/2024 18:08

Universidad Nacional: juzgado falló en contra de tutela para nombrar rector encargado

El fallo indica que los argumentos presentados por la ciudadana Johanna Castiblanco Puentes hacen parte de apreciaciones "subjetivas"

Fuente: Infobae
20/05/2024 07:15

El novio de Ayuso acude al juzgado con un cambio de look para evitar ser reconocido por la prensa: rapado y sin barba

La jueza ha aplazado su declaración al próximo 24 de junio ante las dificultades para interrogar a otros investigados

Fuente: La Nación
19/05/2024 04:36

El juzgado de Ariel Lijo bajo la lupa. La dilación constante de las causas como estrategia de acumulación de poder

Una mañana de abril, un histórico acomodador de autos de los tribunales federales de Comodoro Py anunciaba a viva voz: "¡Junto adhesiones para Ariel!". El trapito que buscaba los avales para el juez federal que busca llegar a la Corte Suprema es un hombre de nacionalidad peruana que durante años regentó el negocio de los lugares para estacionar en el espacio público frente a los tribunales ubicados en Avenida Comodoro Py 2002. Fue contratado en abril del año pasado como medio oficial en el juzgado federal 12, que se encuentra vacante y es subrogado por Ariel Lijo hace tres años, según corroboró LA NACION de documentos oficiales del Poder Judicial de la Nación. Esta muestra de lealtad, y hasta de apoyo silvestre, es apenas un ejemplo de hasta dónde Lijo está dispuesto a recurrir para lograr su máximo objetivo profesional. Sumó hasta el trapito a su campaña.La colecta de adhesiones tuvo sus delegados en cada rincón del edificio en el que tramitan las causas del poder, desde el estacionamiento hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En la Cámara Federal de Apelaciones, la secretaria general Susana Echeverría buscó los avales. Por los juzgados de primera instancia pasó la secretaria administrativa del juez, Sabrina Pan. La fiscal Alejandra Mángano buscó las firmas de sus pares y, en la Cámara de Casación Penal, el juez Mariano Borinsky hizo lo propio. Fuera de Comodoro Py también levantó el teléfono, con insistencia, la mano derecha de Ricardo Lorenzetti -principal auspiciante de la postulación de Lijo-, María Bourdin. Casi todo Comodoro Py se encolumnó detrás de la candidatura de Lijo, y todos siguen allí el poroteo de adhesiones. También hay una cuenta de quienes no firmaron, como los jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas.Como informó LA NACION, el juzgado de Lijo es conocido, entre otras atribuciones, por tener a muchos familiares de judiciales contratados en sus filas. Una expresión de su enorme influencia en los tribunales de Comodoro Py. Según la nómina de empleados a la que accedió este medio, y como confirmaron las fuentes consultadas, en el juzgado federal 4 trabajan los dos hijos del juez del tribunal oral Fernando Canero (uno es prosecretario administrativo y el otro es otro secretario), quien pasó por el juzgado 4 y luego compartió con Lijo el equipo de fútbol Camarilla FC, la hija de Mariano Borinsky y hasta los dos nietos de la jueza María Servini, aunque uno de ellos dejó su lugar en los tribunales hace muy poco tiempo. Pero el juzgado 4 no solo es cobijo de los judiciales, sino también de familiares de exespías: el hijo del exdirector de Análisis de la Secretaría de Inteligencia (exSIDE) Alberto Mazzino es jefe de despacho. Y la hija del exrepresentante de Diego Maradona Guillermo Coppola, allegado al en algún momento todopoderoso Antonio Stiuso, también trabaja allí como escribiente.Lijo tiene tres juzgados a cargo: el propio, que es el juzgado 4; el 12, que quedó vacante tras la salida del juez Sergio Torres; y el 6, que sigue vacante tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. Cuando Canicoba Corral presentó su renuncia, en 2020, dijo en una entrevista a LA NACION: "No soy ni de lejos el peor". Lijo fue consultado para esta nota pero no dio respuesta.Los tiempos del juzgadoLa red de relaciones que Lijo tejió a lo largo de su carrera en los tribunales explica, en parte, los avales que recibió en las últimas semanas. Pero el poder que supo acumular el juez federal en Comodoro Py deriva especialmente, según más de una decena de abogados penalistas consultados por LA NACION, de la conducta del juez para tramitar las causas que investigan a los poderosos, con demoras y una baja tasa de respuesta, ambas reflejadas en las estadísticas. Este desempeño moroso fue uno de los focos de cuestionamiento en las impugnaciones presentadas por distintas asociaciones civiles y referentes en la lucha por la calidad institucional, y que además le valió denuncias en el Consejo de la Magistratura.Cuando el Consejo de la Magistratura cerró en 2016 auditoría realizada sobre el fuero federal, en el juzgado de Lijo ya se advertían grandes demoras en el avance de los expedientes. Habían pasado, en un plazo de 20 años, 161 causas de las cuales 95 habían sido terminadas y 66 estaban, todavía, en trámite. De los 66 expedientes que se encontraban en trámite, 37 (56,06%) tenían menos de tres años, 12 (18,18%) tenían entre tres y seis años, 14 (21,21%) tenían entre seis y diez años, y tres (4,55%) tenían más de diez años.De los 95 expedientes que se encontraban culminados, 63 (66,32%) habían tramitado en menos de tres años, 13 (13,68%) habían tramitado en un lapso de entre tres y seis años, 14 (14,74%) habían tramitado en un lapso de entre seis y diez años, y cinco (5,26) habían tramitado en más de diez años.En 2017, frente a una denuncia por las demoras en los expedientes, Lijo envió un comunicado a los consejeros, con el "único objeto de brindar mayor transparencia institucional" para refutar que los expedientes estuvieran pisados, lo que en el juzgado calificaron como "inexactitudes". La mayoría de las 28 causas a las que se refiere ese comunicado, que fue emitido hace siete años, sigue en trámite."Cuando vas a preguntar por el trámite de un expediente en el juzgado federal 4 siempre hay una medida produciéndose. La sistematicidad es la demora. Lo que hace es generar pedidos como medidas de prueba y entonces, desde lo formal, la causa no está atrasada porque mientras hay medidas en desarrollo los plazos no corren", dijo un abogado que además tuvo funciones en el Poder Judicial y conoce los tiempos de los juzgados federales. "Te manda un exhorto a cualquier parte del mundo y, si un tiempo después, llega la respuesta, él manda una repregunta", agrega."Su estilo es tan emblemático que no le cierra las causas ni al mejor jugador de fútbol de la historia argentina, ni a un ministro de la Corte, ni a un expresidente. Imaginate la conducta para el resto de los ciudadanos", dijo un histórico penalista que litiga en Comodoro Py y que interviene en dos causas que llevan años abiertas en el juzgado 4. "La causa abierta permite un favor en el tiempo, genera poder", agregó.El abogado se refiere a casos resonantes como el de Correo Argentino, que lleva siete años abierto y aletargado con un peritaje en proceso. Los imputados, entre quienes se encuentra además de los directivos de la firma Correo el exministro de Comunicaciones y de Defensa Oscar Aguad, fueron indagados hace cinco años pero aún no se conoció una resolución sobre su situación procesal. Ese caso es un factor de preocupación para Mauricio Macri, aunque Lijo no lo tiene como imputado.También al caso judicial sobre la Fundación Messi, que investiga las cuentas y los movimientos de dinero de la fundación creada por la familia Messi. Ese expediente, en el marco del cual Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario de la fundación, sigue en trámite y sin movimientos, mientras que la denuncia radicada en España por los mismos hechos fue cerrada, según supo LA NACION de fuentes judiciales.Una de las más importantes impugnaciones que recibió la postulación del juez federal por su nivel de datos estadísticos fue el del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales (Inecip), que citó un análisis cuantitativo que hizo de las causas en el fuero federal. Tomó los casos que tuvieran alguna respuesta que le dé un cierre definitivo a la instrucción -es decir una elevación a juicio o sobreseimiento-. Según las estadísticas recogidas por Inecip, el juzgado de Lijo es, de los doce que hay en Comodoro Py, el que tiene la mayor cantidad de casos sin respuesta. Las cifras del estudio son de los años 2010, 2011 y 2012, los últimos disponibles en la web de estadísticas del Poder Judicial. "Tomamos tres años porque es el lapso que exige el Consejo de la Magistratura a los jueces que postulan a otro cargo judicial en cualquier tribunal inferior a la Corte", explicaron desde Inecip a LA NACION."La falta de información pública sobre los juzgados de Comodoro Py es un reflejo de su falta de transparencia y calidad institucional, pese a lo cual ahora se busca premiar a ese problemático fueron con la designación de Lijo en la Corte. La poca información disponible corrobora las sospechas sobre el mal desempeño en sus 20 años como juez", dijo Julián Alfie, director de Inecip, a LA NACION . Y agregó: "A casi dos meses del anuncio de su candidatura, el Gobierno sigue sin presentar un solo dato o argumento que justifique su postulación. Todos los datos que salen a la luz ponen en duda no solo sus méritos para llegar la Corte, sino incluso para seguir siendo juez de primera instancia"."El expediente se encuentra a estudios de los peritos para responder cada uno de los puntos periciales ordenados", había sido la respuesta del juez en el escrito presentado al Consejo de la Magistratura respecto a la demora en la instrucción del caso por el vaciamiento y la expropiación de la empresa YPF. En ese entonces el caso llevaba 10 años abierto y al día de hoy ya son 18 sin que Lijo hiciera mayores movimientos. Acumuló denuncias y se aletargó, sin definiciones procesales, a través del envío de exhortos.En las últimas semanas un factor externo al juzgado causó lo que podría ser un movimiento en el expediente YPF: el contador forense Alfredo Popritkin pidió constituirse como amicus curiae. Un antecedente al respecto de este tipo de pedidos es que, en el caso Ruta del dinero, los mismos jueces de la Cámara Federal aceptaron como querellante a la Asociación Civil Bases Republicanas, que estuvo presidida por Jimena de la Torre. El hecho de que el pedido fuera formulado por una asociación civil que se presentó como damnificada y de que no hubiera acusación fiscal en pie -dado que el fiscal Guillermo Marijuan había pedido el sobreseimiento de Cristina Kirchner en esa causa- motivó la resolución de los jueces.El caso Ciccone, por el que Amado Boudou fue condenado, es el que tanto Lijo como el Gobierno nombran para dar cuenta de su compromiso en la lucha por la corrupción. Pero incluso en ese caso fue cuestionada su actuación. El juez partió la investigación y mandó a la justicia de Formosa el tramo que comprometía al gobernador Gildo Insfrán. Aunque Javier Milei destacó que "Lijo fue el juez que metió preso a Amado Boudou", en el juzgado federal 4 sigue abierto el caso por el que realmente Boudou quedó detenido en medio de un operativo policial que tuvo alta difusión, que es el expediente en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El caso lleva 12 años en el juzgado.Otro caso por el que Lijo fue señalado en las impugnaciones es el emblemático caso de sobornos transnacionales conocido como Caso Siemens. Allí, fueron investigados y procesados los directivos de la empresa Siemens, acusados de pagar sobornos en Argentina con el fin de que la filial local resulte adjudicataria de una licitación para implementar un sistema migratorio e imprimir documentos de identidad. Los exfuncionarios argentinos implicados, entre quienes se encontraba Carlos Corach, nunca fueron investigados a fondo, pese a que la firma reconoció en una investigación en los Estados Unidos haber pagado sobornos a Corach y al expresidente Carlos Menem. La amistad de los hermanos Lijo y la familia Corach fue revelada en una nota de LA NACION, además de que se conoció que los hijos de Corach blanquearon montos millonarios de dinero que movieron en el exterior a través de cuentas offshore.En el juzgado de Lijo hay casos abiertos y sin resolución contra dirigentes de distintas facciones políticas. El exministro del Interior Florencio Randazzo tiene una causa en trámite en ese juzgado por presuntas irregularidades en la compra de trenes a China. La denuncia que dio lugar a ese caso surgió en plena interna política entre Randazzo y Daniel Scioli, recuerdan conocedores de los pasillos de Comodoro Py. Lijo había fundamentado la demora del caso en que todavía estaba a la espera de la respuesta de China a un exhorto que había enviado. La respuesta llegó y China pidió más detalles de la denuncia, pero Lijo no respondió, según supo este medio.Lijo también tiene abierta, en el juzgado federal 12, una investigación sin mayores movimientos contra María Eugenia Vidal por presunto enriquecimiento ilícito.También interviene en las causas que se tramitan por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial (Ospjn). A lo largo de los últimos años, Lijo recibió fuertes cuestionamientos desde la política y los tribunales por mantener "viva" una causa que, de manera indirecta, apuntaba al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda por su eventual responsabilidad en presuntos desmanejos de la obra social. El expediente principal está en su juzgado, el 4, pero como derivación se abrió otro expediente que está en el juzgado 12, también a cargo de Lijo. Por un pedido del Frente de Todos, Lijo obligó el año pasado a Aldo Tonón, el exdirector de la obra social a quien tenía imputado en su juzgado, a presentarse en la Comisión de Juicio Político mientras se llevaba adelante el proceso contra los ministros de la Corte. El juez federal también tuvo a cargo casos contra el juez Carlos Rosenkrantz y contra el asesor de Horacio Rosatti, Silvio Robles. Este último expediente fue iniciado por una denuncia del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de quien Lijo sabe que tiene los avales para llegar al máximo tribunal.El crecimiento patrimonial del juez y el rol de su hermano Alfredo, conocido como uno de los históricos operadores judiciales en Comodoro Py, también fueron cuestionados, además, por todas las entidades y dirigentes que presentaron impugnaciones. Pese a los informes de inteligencia financiera y a los conocidos lazos revelados por LA NACION entre los hermanos Lijo y un sector de exfuncionarios que tuvieron problemas judiciales, ambos quedaron a salvo de las acusaciones que se presentaron tanto en el Consejo de la Magistratura como en el fuero federal, donde fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini.

Fuente: La Nación
16/05/2024 13:36

El exlegislador y exvicegobernador de Córdoba Oscar González será juzgado por la muerte de una mujer tras un choque en las Altas Cumbres

CÓRDOBA. El exlegislador y exvicegobernador de Córdoba Oscar González enfrentará un juicio por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque que protagonizó en las Altas Cumbres, en el que murió una mujer y dos adolescentes sufrieron heridas graves. La Fiscalía de Villa Cura Brochero pidió la elevación a juicio de la causa en la que el político está imputado y no hubo oposición de la contraparte.González será juzgado por una Cámara del Crimen, ya que su abogado defensor no se opuso a la elevación a juicio de la fiscal Analía Gallaratto, y tampoco pidió un juicio abreviado.Hace un mes y medio la Fiscalía pidió la elevación a juicio del expediente y planteó que había tomado en cuenta los "dictámenes periciales accidentológicos realizados tanto por el perito oficial de la Sección Accidentología Vial de Policía Judicial como por los peritos de control de las partes querellante y defensora, la aclaratoria de la pericia accidentológica oficial y el informe de reconstrucción virtual".Todos los informes "se incorporaron a la causa para ser valorados junto al resto de las medidas probatorias recabadas en autos, tales como numerosos informes técnicos, declaraciones testimoniales y amplia prueba informativa, documental y pericial", añadió Gallaratto en su dictamen.El 29 de octubre del 2022, al volante de una camioneta BMW X1, González chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas. Quedaron con graves heridas la hija de la mujer, Marina, y una amiga, Alexa, que entonces tenían 14 años.Alexa quedó parapléjica. En la única entrevista que dio -la hizo el periodista Andy Ferreyra, elegido por la familia para no optar por ningún medio en particular- dijo: "Solo vi el auto irse encima de nosotras y nada más".El BMW X1 que manejaba González había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a la Legislatura; es decir integraba la lista de los vehículos judicializados -fue incautado por robo y tenía la patente clonada- y fue cedido en 2019 a la Legislatura.Según explicó la Justicia, sabían que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo "debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado". La "responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado", añadieron fuentes judiciales.El dominio colocado en la BMW X1 era el de un auto inscripto en Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero de Racing, River, Vélez y Gimnasia de La Plata Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba a pesar de no haber viajado a esta provincia con ese vehículo. Cuando se detectó que había una camioneta "melliza", el deportista devolvió la suya. El exlegislador está procesado por la Justicia federal como supuesto depositario infiel continuado de un vehículo judicializado.

Fuente: Infobae
14/05/2024 00:00

Más de 10 millones de afectados por el 'Cártel de coches' en España: "Para conseguir una indemnización es necesario demandar en el juzgado"

Entre 2006 y 2013 una veintena de fabricantes de coches llevaron a cabo prácticas ilegales para subir el precio de los vehículos




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