El Tribunal Federal de Corrientes ya notificó a las partes para que ofrezcan las pruebas.No se descarta realizar el debate en Goya o 9 de Julio.La dificultad logística que implica que haya 8 acusados detenidos en otras cinco provincias.
Morelli es investigada por un presunto detrimento patrimonial tras firmar un contrato de arrendamiento superior a los 2.600 millones de pesos
En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, dos mujeres vivieron el mismo infierno: fueron atacadas por el conductor de una aplicación de viajes, que está acusado de haberlas abusado sexualmente. En uno de los casos, la víctima es una mujer trans. En el otro, una joven que salía de su trabajo cuando el hombre la interceptó.Ambos episodios ocurrieron entre diciembre de 2024 y marzo de este año. Y aunque las víctimas no se conocían, sus relatos coincidieron en el mismo nombre: Dayorlin Airam Brahwaitte Fuenmayor, de 43 años, ciudadano venezolano. Ahora, el fiscal Leonel Gómez Barbella, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, solicitó que el chofer de aplicaciones enfrente un juicio oral por haber abusado sexualmente de dos mujeres en distintos episodios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.En ambos casos, la Justicia considera que hubo acceso carnal y que las víctimas sufrieron daños físicos y psicológicos graves. Pero cada hecho tiene además un agravante particular: en uno de los ataques, el acusado habría drogado a la víctima para dejarla indefensa y facilitar el abuso; en el otro, mantuvo relaciones sin protección a sabiendas de que era portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, la cual terminó contagiando.Según la investigación, Fuenmayor actuó con planificación y violencia. En uno de los episodios, interceptó a una joven en la vía pública, la mareó con un paño impregnado con solventes y la obligó a subir al auto. En el otro, esperó a que una empleada de confitería saliera de su trabajo, le ofreció llevarla hasta su casa y, en pleno trayecto, apagó las luces del vehículo, trabó las puertas y la forzó en el asiento trasero.La fiscalía considera que estos hechos no fueron aislados ni impulsivos, sino que respondieron a una conducta reiterada y deliberada para vulnerar la voluntad de sus víctimas. "Llevó adelante las acciones típicas, es decir, abusar sexualmente mediando acceso carnal de dos víctimas diferentes -a una de las cuales le aplicó material estupefaciente subrepticiamente para cometer el delito- y de una de ellas a sabiendas de transmitirle una enfermedad sexual", sostuvo Barbella en la audiencia. Las cámaras de seguridad, el registro de un control vehicular previo, y publicaciones en su cuenta de TikTok ayudaron a reconstruir la identidad e individualizarlo. El vehículo involucrado también fue clave en el caso: aunque estaba a nombre de otra persona, fue el propio Fuenmayor quien lo retiró días antes de uno de los ataques, tras haber sido demorado por irregularidades.La fiscalía también valoró los testimonios de las víctimas, que lograron identificarlo y relatar con claridad las circunstancias. "No existió consentimiento alguno, sino un abuso directo de su fuerza y posición", afirmó el fiscal en el requerimiento. Una de las víctimas, además, debió ser hospitalizada tras sufrir lesiones compatibles con lo que se conoce por ataque sexual.Con todo el material reunido â??testimonios, pruebas periciales, videos, grabaciones, y fotosâ??, la fiscalía consideró acreditado que Fuenmayor cometió dos agresiones sexuales con acceso carnal: una de ellas con el agravante de haber drogado previamente a la víctima, y la otra con el conocimiento de que podía transmitirle una enfermedad de transmisión sexual, hecho que finalmente ocurrió. Ahora, con el pedido formal de elevación a juicio, se espera que el tribunal oral determine si Fuenmayor deberá responder por estos hechos en un proceso público.El primer caso Habían pasado pocos minutos de las 23 del 28 de diciembre de 2024. En una esquina del barrio porteño de San Cristóbal, una joven trans caminaba sola por la calle Urquiza cuando un auto se le acercó. El conductor, identificado más tarde como Fuenmayor, bajó la ventanilla y le preguntó si ofrecía servicios sexuales. Ella respondió que no, lo ignoró y siguió caminando.No imaginaba que, a menos de una cuadra, a la altura de la Avenida San Juan, el hombre se bajaría del vehículo. Según la reconstrucción judicial, se le acercó por detrás, le colocó un trapo que tenía solventes sobre la nariz -que le produjo mareos- y la forzó a los golpes a subir al asiento trasero de su Fiat Siena. Dentro del auto, la golpeó y abusó sexualmente de ella.La escena no terminó ahí. Gracias al llamado de un vecino al 911 - que escuchó los gritos y vio movimientos sospechosos dentro del vehículo - la policía llegó rápidamente. Fue entonces cuando la joven, aún aturdida, logró arrojarse del auto en plena calle. Aunque el conductor ya había huido, dejó atrás más que una escena de terror. No solo estaban los videos captados por el vecino donde se refleja el horror vivido, sino que, sobre la vereda, había un paño junto a un envase con restos de una sustancia que más tarde se convertiría en una pieza clave para la causa.Según el peritaje realizado por el Área de Toxicología y Química Legal de la Policía de la Ciudad, el envase contenía una mezcla de sustancias presentes en disolventes o combustibles que, si se inhalan, pueden provocar desde mareos hasta pérdida de conciencia. Los especialistas explicaron que, aunque son de venta libre, su efecto varía según el tiempo de exposición, la dosis y las condiciones físicas de la víctima.Además, la fiscalía dio intervención a la División de Investigaciones Comunales tercera de la Policía de la Ciudad para el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y las de la División Anillo Digital. Así identificaron la patente del vehículo en el que se habría producido el primer ataque. Aunque estaba registrado a nombre de otra persona, el mismo auto había sido detenido 16 días antes en un control vial. Quien manejaba entonces era Fuenmayor. Pero no fue el único indicio. Los agentes encontraron fotos y videos suyos en una cuenta de TikTok, donde aparecía al volante del Fiat Siena. Y algo más: la víctima había dado una descripción física que coincidía con el rostro y la complexión del imputado.Con esos datos, el rompecabezas comenzó a cerrarse. Como si fuera poco, también fue demorado el 19 de enero de 2025 por circular sin seguro vigente y con la patente parcialmente tapada. Aquella noche, el auto quedó retenido en una comisaría. Días después, Fuenmayor fue a buscarlo y lo retiró. Nadie imaginaba entonces que ese mismo vehículo estaba siendo buscado por algo mucho más grave.El fiscal en el requerimiento hizo referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América". "Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex pueden ser particularmente vulnerables a la violencia sexual. Una de las razones de esta vulnerabilidad se genera por el hecho de que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas desafían las nociones tradicionalmente aceptadas del sexo, la sexualidad y el género", expresó Barbella. El segundo casoEl 21 de marzo de 2025, apenas comenzaba a amanecer cuando una joven terminaba de trabajar en una confitería del barrio porteño de Monserrat. Afuera la esperaba un cliente habitual que ya había intentado entablar conversación con otras empleadas en otras ocasiones: era Fuenmayor.Según reconstruyó la Justicia, el hombre se ofreció a llevarla a su casa, pero ella rechazó la propuesta y le explicó que prefería tomarse el colectivo. Minutos después, mientras esperaba en la parada de Solís al 500, él volvió a insistir. Insistió tanto, que ella, agotada tras la jornada laboral y sin advertir el peligro, terminó aceptando.Subió al Chevrolet Prisma por el lado del acompañante. Iban rumbo a Barracas, su barrio. Pero ese viaje no terminó como debía.Nada en el recorrido parecía sospechoso. Pero cuando el auto llegó a la calle Tacuarí, algo cambió. Según la acusación, el conductor detuvo el vehículo detrás de un container, apagó las luces y trabó las puertas. De golpe, se abalanzó sobre la joven. Ella intentó frenarlo, y él le ordenó que se sentara en el asiento trasero "para seguir con el viaje".Fue una mentira. En ese instante, según la denuncia, Fuenmayor aprovechó la vulnerabilidad de la víctima, la inmovilizó, se le colocó encima y la violó. Días después, la joven â??aún en shockâ?? acudió al hospital. Los síntomas físicos que aparecieron tras el ataque eran persistentes. Allí le confirmaron algo que no quería oír: había contraído una enfermedad de transmisión sexual.Según Barbella, el testimonio de la denunciante fue contundente. Además, declararon la pareja y el encargado del comercio donde trabajaba, quienes contaron cómo se enteraron del abuso y acompañaron su versión desde el primer momento.El imputado, por su parte, no negó el encuentro, pero intentó instalar la idea de que había sido una relación sexual consentida. Sin embargo, el fiscal fue tajante. "En ningún tramo de las constancias probatorias reunidas en el legajo se vislumbra un vestigio de aprobación (â?¦) A las claras se exhibe que nunca existió un aval expreso en mantener relaciones sexuales, sino que, insistentemente fue clara en su firme negativa, sintiendo temor por gritar para pedir ayuda ya que supuso que sería peor debido a eventuales represalias del imputado", aseguró Barbella.Además, indicó que, en casos de abuso sexual, el testimonio de la víctima tiene un peso central en el proceso judicial, sobre todo ante la ausencia de testigos directos. "A la Corte IDH le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que (...) se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores (...) no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho", explicó.
El primer mandatario fue víctima de amenazas perpetradas por Óscar Fernando Fetecua Rusinqui a través de la red social X. El procesado fue imputado con cargos en 2022; no los aceptó
Este martes 1 de julio de 2025, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza de Jaime Granados, inició con sus alegatos finales en el juicio por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal
El fiscal de la causa dio por cerrada la investigación a Alberto Fernández contra Fabiola Yañez. Así se inician los pasos para sortear el caso ante un tribunal oral.
La decisión la tomó el fiscal Ramiro González. El expediente había sido iniciado por una denuncia de la ex primera dama
El fiscal federal, a cargo de la causa contra el expresidente por hechos vinculados a la denunciante, cerró la instrucción y propuso avanzar a la siguiente fase del juicio. Antes de formalizarlo, notificó a la querella y a la defensa para que den su postura. Leer más
En los próximos días, el Tribunal Oral Federal 8 definirá cuándo comienza el juicio oral por la causa que investiga un presunto encubrimiento de cinco iraníes vinculados al atentado a la AMIA, que se abrió tras la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Leer más
Surge de una base de datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, hecha con información de la Corte Suprema. Los más denunciados fueron Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Julio De Vido
A los delincuentes les faltaban solo cinco metros para acceder a la entidad financiera cuando un hecho inesperado los delató con la policía en agosto de 2024. Leer más
La Sala III confirmó el rechazo a una medida solicitada por la defensa de un imputado. La causa, que tiene entre sus principales acusados a Cristina Kirchner y a Julio De Vido, será analizada desde noviembre por el TOCF 7 porteño
La Fiscalía aún no presenta un pedido de ampliación de la medida, pese a que el proceso avanza lentamente y solo se realiza una audiencia por semana
Braian Nahuel Paiz, de 25 años, y Ezequiel David Pereyra, de 24, enfrentarán un juicio oral en el marco de la causa que investiga la trágica muerte del músico británico Liam Payne, de 31 años. El artista falleció el pasado 16 de octubre tras caer desde la habitación 310 hacia un patio interno del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo Hollywood, donde se encontraba alojado.Paiz, conoció al excantante de One Direction mientras trabajaba como mozo en un restaurante de Puerto Madero, mientras que Pereyra era empleado del hotel. Los dos imputados se encontraban procesados con prisión preventiva. Andrés Esteban Madrea, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, solicitó que ambos sean juzgados por "suministro de estupefacientes a título oneroso, reiterado en dos oportunidades para cada uno y que en ambos casos las dos entregas concursan materialmente entre sí". Este delito prevé una pena de cuatro a cinco años de prisión.El fiscal le atribuyó a Paiz el haber entregado cocaína a Payne mediante un pago, el día 14 de octubre de 2024, a las 3.24 e incluso señaló que lo acompaño e ingresó con él a su habitación, permaneciendo desde las 3.25 hasta las 8.15.En cuanto al segundo suministro que se le imputa, explicó que ese mismo día, pero entre las 10.03 y las 10.44, le entregó también cocaína a cambio de dinero cuando Payne se dirigió en un taxi, hacia Agüero 441- domicilio de Paiz- regresando nuevamente al hotel.Según surge del teléfono de Payne, hubo un intercambio de mensajes entre el cantante y Paiz el 14 de octubre donde el británico le solicita cuatro o cinco gramos, a lo que el mozo respondió una hora más tarde que había conseguido tres gramos, con la frase en inglés: "I think I got to 3â?³.A su vez, Paiz le envió diversas fotografías sobre estupefacientes, tras lo cual acordaron que el ahora imputado se dirija al hotel Casa Sur, donde llegó a las 3.24, según quedó registrado en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad. "Lo expuesto demuestra entonces que el imputado Paiz, a requerimiento de Payne, se apersonó en el hotel en cuestión, permaneció en su habitación, ocasión en la que le entregó cocaína al nombrado, hasta que se retiró alrededor de las 08:15", detalla el fiscal.Según la investigación, ese mismo día mantuvieron un nuevo intercambio de mensajes, en relación a una eventual tercera entrega, en donde Payne le avisaba que contaba con 100 dólares.Por su parte, en lo que respecta a Pereyra, fue señalado por entregar cocaína, mediante un pago, una vez el día 15 de octubre de 2024, a las 03.25 de la madrugada, y la siguiente el 16 de octubre de 2024, entre las 15.30 y 16.00.El fiscal sostuvo que al igual que Paiz "se ha podido reconstruir fehacientemente que Ezequiel David Pereyra en dos ocasiones, durante la estadía de quien en vida fuera Liam James Payne, le entregó estupefacientes al nombrado, precisamente cocaína".Según el pedido de la fiscalía, las pruebas que lo incriminan son los testimonios de cinco empleados del Hotel Casa Sur -donde Pereyra trabajaba- así como las imágenes fílmicas reunidas y anotaciones detectadas del domicilio del acusado en el celular de Payne.Uno de los testigos que más comprometió a Pereyra, fue el jefe de mantenimiento general de Casa Sur, quien declaró que cerca de las 21 del 14 de octubre se encontró con Pereyra en un ascensor y vio que tenía un billete de US$ 100 en la mano. Cuando le preguntó si era una propina y quien se la había dado, le respondió que tenía que "hacer un mandado para un huésped" y añadió luego: "Traer droga".A las 2.30 del 15 de octubre, Payne le pidió al recepcionista que enviara un taxi para una dirección en Lomas de Zamora - el domicilio de Pereyra-, porque "alguien le tenía que traer algo".Según la fiscalía, del testimonio del chofer de la compañía de remises que hizo el viaje y de las imágenes de las cámaras de las afueras del hotel, se desprendió que Pereyra llegó a las 3.25 a Casa Sur y se encontró en la calle con Payne. Ambos caminaron juntos hacia la esquina de Costa Rica y Dorrego donde una cámara registró que el imputado tenía "algún tipo de envoltorio en una de sus manos". Por otro lado, un técnico informático que trabaja para el hotel declaró que compartió con Payne un viaje en ascensor y lo escuchó en inglés decir que iba a necesitar otros siete gramos.El fiscal le atribuye a Pereyra otra entrega ocurrida entre las 15.30 y las 16 del mismo 16 de octubre, es decir poco más de una hora antes del fatídico desenlace.Final trágicoEn el requerimiento se detalla que a las 17.10, del 16 de octubre desde el hotel se realizó un llamado al 911, en el que se alertaba que una persona se había arrojado al vacío y caído en el patio interno del restaurante Sacro, ubicado en la planta baja de Casa Sur.A su vez, de la autopsia del cuerpo del músico surgió que "el deceso se produjo a causa de politraumatismos y hemorragia interna y externa" y que "se determinó además que presentaba alcohol etílico en concentración de hasta 2,7 gramos/litro, cocaína, metilecgonina, benzoilecgomina, cocaetileno y sertralina".En sus consideraciones, los tanatólogos del Cuerpo Médico Forense indicaron que "los resultados toxicológicos permiten informar que el fallecido consumió cocaína con vía de ingreso nasal e inhalatoria -fumada"-, desde por lo menos 72 horas y hasta poco minutos antes de su muerte. Asimismo afirmaron que no puede descartarse que las sustancias ingeridas le hayan provocado un estado de alteración mental capaz de producir los destrozos hallados en la habitación.La extracción forense de los teléfonos secuestrados, entre ellos el del propio Payne, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del hotel como de otras locaciones y los testimonios recabados son los elementos en los que el fiscal basó su imputación y con los que reconstruyó las cuatro ocasiones en las que Paiz y Pereyra proveyeron al cantante de estupefacientes.
El Juzgado Federal de Goya resolvió elevar a juicio la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 6 años visto por última vez el 13 de junio de 2024. Enfrentan cargos como coautores del delito de sustracción de un menor. Leer más
Adolfo Schaefer explicó en una entrevista con C5N que "está comprobado que Carlos Pérez y María Victoria Caillava son quienes subieron al menor en su camioneta". Detalló que podrían recibir una pena de hasta 15 años.
Fiscal José Domingo Pérez presentó solicitud argumentando que el Tribunal Constitucional había exhortado que caso se resuelva con celeridad. Sin embargo, la sala ratificó la fecha original del 23 de septiembre a fin de asegurar cooperación internacional
Los tres principales sospechosos fueron imputados por el delito de "asociación ilícita", tras ser acusados de integrar una organización que habría defraudado al Estado por más de 800 millones de pesos. Leer más
El juez Atencio convalidó el pedido de la fiscalía.Imputaron a los Albini y a Rigau como integrantes de una asociación ilícita.
La letrada Merly Edquén se refirió a la reciente solicitud por parte del fiscal José Domingo Pérez, quien pidió que audiencia se programe para julio y no descarta pedir prisión preventiva
El diputado autonómico Miguel Ángel Gallardo, implicado en delitos de prevaricación y tráfico de influencias, adquirió su aforamiento un día antes de conocer el juicio oral en su contra
La exalcaldesa afronta cargos por colusión, lavado de activos y asociación ilícita tras presuntamente aceptar millones de dólares de constructoras brasileñas
Es Aída Ayala, de Resistencia. Está acusada de firmar un contrato de manera irregular cuando era funcionaria del gobierno de Mauricio Macri. Tiene una condena de tres años de prisión por irregularidades con contratos para la basura en el municipio
La Fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de prisión para Villarán por los delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión
En la causa se investigan sobreprecios en un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad de San Martín. Ahora la Cámara de Casación confirmó la participación del ex ministro en las maniobras
Es por administración fraudulenta y coimas en los contratos para construir una planta de tratamiento de agua y otra de líquidos cloacales de AySA. Empieza el 19 de mayo.
También propone la apertura de juicio oral contra el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y el exasesor de Moncloa Luis Carrero
Ante la actual indefinición del estado procesal de algunas personas, el Tribunal en lo Penal Económico N°3 difirió el comienzo de un juicio en el que se analizará el funcionamiento de una organización dedicada a confeccionar instrumentos contables y fiscales presuntamente apócrifos
El anticuario Carlos Olivares recibió un revés judicial del más alto tribunal penal del país en una causa donde se encuentra acusado de contrabando y soborno junto a cuatro familiares y un exfuncionario de la Aduana
El mayo iniciaría el juicio contra la exburgomaestre de la capital. De esta manera, se desestiman las apelaciones presentadas por Rutas de Lima S.A.C. y las agencias Mindshare Perú S.A.C. y Momentum Ogilvy & Mather
La Cámara de Casación rechazó un recurso de queja del exvicepresidente Amado Boudou en la causa que lo tiene procesado por una rendición de cuentas falseadas tras regresar de París en 2011, adonde había viajado en el marco de una reunión por el G-20, cuando él era ministro de Economía. En febrero de este año, el Tribunal Oral Federal 8 rechazó un recurso de reposición que apuntaba a suprimir, de cara al juicio oral, una prueba con datos del hotel donde se alojó Boudou durante su estadía. El TOF lo rechazó y Boudou apeló ante la Casación. La Sala II del tribunal, compuesta por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, sostuvo que el recurso no se dirigía a una sentencia definitiva ni generaba un perjuicio irreparable y lo rechazó, con costas. En esta causa, Boudou está acusado de haber defraudado a la administración pública mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos. El exvicepresidente ya fue condenado por corrupción en la causa por la apropiación de la imprenta Ciccone.Durante el proceso, las autoridades del hotel parisino desconocieron las facturas que presentó el economista y las declararon falsas. Explicaron que el número de cada una de ellas y las fechas de estadía no concordaban con la información registrada en el sistema informático de la compañía.Puntualmente, se lo acusa de haber colocado a sabiendas datos falsos en cuatro expedientes del Ministerio de Economía. Esos montos fueron justificaron con comprobantes falsos presentados en la rendición de los gastos. Según la acusación, las falsificaciones fueron a cuatro facturas del hotel BelAmi en París por 9395, 6943, 19.937 y 3863 euros. También por la falsificación de dos facturas de 3300 y 3050 euros para el pago de intérpretes. Boudou fue procesado en 2017 y la causa elevada a juicio en 2019 por el juez federal Ariel Lijo. Se inició en 2013 a partir de una denuncia formulada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Junto con Boudou serán juzgados Héctor "Cachi" Romano -ex secretario privado- y Guido Forcieri, quien era su jefe de Gabinete en el Ministerio de Economía
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente.También lo acusan de abuso de poder y amenazas coactivas.
Hace exactamente nueve años, el complejo de Costa Salguero se convirtió en un pandemónium de ambulancias, corridas, llantos, angustia y confusión. Lo que sucedió entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril de 2016 se recuerda, desde entonces, como la tragedia de Time Warp: Cinco jóvenes murieron por consumo de drogas sintéticas durante esa fiesta electrónica y varios más terminaron en terapia intensiva.El expediente penal por el caso sigue abierto, pero con destino incierto. Hace más de cuatro años que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por concluida la investigación y notificó a las partes en consulta para elevar el expediente a la etapa de juicio oral y público con diez acusados, entre empresario vinculados con la organización de la rave y funcionarios públicos porteños encargados de las áreas de fiscalización y control.Pero entre oposiciones de las partes y pedidos de contrapruebas (los familiares de los jóvenes querían tener más precisiones sobre el tipo de sustancias que las víctimas habían consumido y si las dosis o su composición eran capaces de haber causas sus muertes), no hay fecha probable de realización de juicio.Entre los procesados están Adrián Conci, presidente de Dell Producciones, empresa organizadora de la fiesta electrónica, y sus empleados Maximiliano Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y Martín Gontad. También, el gerente operativo de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, Claudio Alberto Iacobaccio; el coordinador Fernán García Vázquez, y los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gustavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.Nicolás Becerra, de 25 años; Francisco Ernesto Bertotti, de 21; Bruno Claudio Boni, de 20; Martín Bazano, de 22, y Andrés Valdez, de 20, fueron las víctimas mortales.Uno de los picos del caso se vivió casi cinco semanas después de la tragedia, cuando el juez Sebastián Casanello, entonces a cargo del caso, ordenó detener al abogado Víctor Stinfale, socio de la empresa Energy Group, proveedora del agua Block, que se comercializaba en Time Warp; el magistrado y el fallecido fiscal Federico Delgado lo consideraban el organizador en las sombras del evento y, por lo tanto, responsable de lo que pasó. Estuvo 70 días en prisión domiciliaria y cuatro años después, la jueza Capuchetti lo sobreseyó. En coincidencia con el noveno aniversario de la tragedia de Time Warp, Stinfale vuelve a ser noticia, pero no por aquello que pasó en la Costanera Norte, sino porque debió declarar como testigo en el juicio por la muerte de quien fue su cliente y amigo: Diego Armando Maradona.Noche de descontrol y muerteVarias situaciones fuera de lo normal ocurrieron desde el inicio mismo de la fiesta en Costa Salguero, la noche del 15 de abril de 2016. La capacidad de concurrentes habilitada estaba desbordada: se estima que había más de 18.000 personas en un recinto que podía albergar a 13.000; además, faltaba suministro de agua corriente en los baños y había dealers repartidos por todo el complejo vendiendo todo tipo de dosis de drogas de diseño. A pesar de estas irregularidades, el evento se desarrolló de acuerdo a lo previsto hasta que varios de los asistentes comenzaron a desvanecerse. El saldo fue de cinco personas muertas y varias en grave estado, en terapia intensiva. De los jóvenes fallecidos, dos murieron dentro del boliche, otro en la ambulancia cuando era traslado y los otros dos en el hospital Fernández. Los exámenes toxicológicos que se realizaron con posterioridad, señalaron que en los cuerpos de las personas fallecidas había sustancias como MDMA (éxtasis), metanfetaminas y PMMA, conocida como "Superman" por el diseño grabado en las pastillas.En su hipótesis investigativa, el fiscal federal Delgado y el juez federal Casanello consideraron que la fiesta fue organizada con la finalidad de vender drogas sintéticas y que los asistentes, a falta de agua en el baño, estuvieran obligados a comprar la única agua embotellada que se vendía en el predio: Block."Quien consume éxtasis necesita tomar agua, y las canillas habían sido cerradas; la única manera de hidratarse era comprando botellas que iban aumentando de precio a medida que transcurría la noche", afirmaron los funcionarios judiciales.Delgado y Casanello realizaron casi 40 imputaciones por delitos tales como comercialización de estupefacientes agravada por el resultado de muerte, abandono de persona seguido de lesiones y muerte e incumplimiento de deberes de funcionario público. Alcanzó a los organizadores, a los socios de Energy Group (Stinfale y Walter Santángelo), a funcionarios del gobierno porteño y a efectivos de la Prefectura abocados esa noche a prevenir que no se vendiera droga.La Sala II de la Cámara de Apelaciones cambió la calificación inicial a "facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas", lo que le permitió a Stinfale lograr la libertad.Con el patrocinio letrado de Mariano Cúneo Libarona (actual ministro de Justicia de la Nación), Stinfale obtuvo la libertad y contraatacó. Recusó a Casanello y a Delgado y logró apartarlos del expediente. Cuando el caso ya estaba frío, la jueza Capuchetti lo sobreseyó al entender que no había ningún delito que imputarle al abogado que, en su carrera antes de enfocarse de lleno al negocio de las bebidas energizantes, el agua envasada y los boliches, fue defensor, entre otros, de Carlos Telleldín, armador de la camioneta Renault Trafic usada para detonar el explosivo que voló la sede de la AMIA en 1994.
Los episodios de descompensación de Betssy Chávez se han vuelto recurrentes, situación que han motivado a su defensea a solicitar formalmente que se modifiquen sus condiciones de traslado
Los magistrados Spessot, González y Sotelo se diferenciaron de la jueza de la causa con respecto a la hipótesis inicial y descartaron que el pequeño de 5 años haya sufrido un accidente. Así, sostuvieron que los imputados planificaron previamente su desaparición. Leer más
Los camaristas Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotel confirmaron los procesamientos y las prisiones preventivas.A casi 10 meses de la desaparición, no hay rastros del nene correntino de 5 años.
El dirigente del Polo Obrero repasó por la 750 todas las irregularidades de la causa y aseguró que está expectante de poder evidenciarlas durante la nueva instancia judicial.
El dirigente histórico del peronismo de Córdoba está imputado de "robo en grado de tentativa". El hecho ocurrió en agosto de 2024 en un supermercado de la ciudad. Leer más
El juez federal Sebastián Casanello dispuso elevar a juicio oral la causa que investiga al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a más de una docena de otros dirigentes sociales, por el presunto desvío de fondos destinados a la asistencia social y la supuesta extorsión tanto a los beneficiarios del exPotenciar Trabajo y como a aquellos que aspiraban a obtener dicha protección.La causa comenzó a construirse en diciembre de 2023 a partir de una serie de denuncias realizadas en una línea telefónica que habilitó para esos fines el ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.El juez Casanello delegó la investigación del caso en el fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que, entre junio de 2020 y marzo de 2024, existió una "matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica" que habría defraudado al Estado "con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos".Por un lado, se investigó el desvío de los fondos asignados mediante convenios a talleres y emprendimientos sociales. Esa operatoria incluyó la presentación de facturas truchas -como justificaciones ante el Estado de los gastos- emitidas por presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA..Además, se investigó la utilización del extinto programa social Potenciar Trabajo como un sistema de premios y castigos que los dirigentes implicados repartían según se asistiera o no a las movilizaciones callejeras impulsadas por la agrupación. En los allanamientos a comedores y cooperativas del movimiento, ordenados al inicio de la investigación, se encontraron listados de control de presentismo y un cuaderno anillado que en su lomo dice "sanciones"."Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo", dijo uno de los 7 testigos que declararon en la causa. "A todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino", sumó.También forman parte de la prueba numerosas conversaciones vía chat que los referentes mantuvieron entre ellos o con el grupo de beneficiarios a su cargo. "Hola compañer@s paso a recordarles que mañana estaré cobrando las cápitas de potenciar de 8:30 a 14:30â?³, dice uno de los muchos mensajes que darían cuenta de las extorsiones. "Mañana estaré recibiendo sus aportes de POTENCIAL TRABAJO a partir de las 10:00 am", dice otro de ellos. También hubo tres "arrepentidos" que cerraron acuerdos con la fiscalía. Habían sido delegados y dieron fe respecto a la "cápitas" -así llaman al mecanismo de recaudación- y el control de asistencia a las marchas.Además de Belliboni, serán juzgados: María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coego. También Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia que pertenecen a la agrupación Barrios de Pie.Los procesamientos de todos ellos fueron dictados el año pasado por el juez Casanello en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal porteña, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero: al delito de administración fraudulenta que ya pesaba sobre ellos, le sumó el de amenazas coactivas y extorsión. Fue en línea con lo que solicitaron Pollicita -que apeló la resolución de Casanello- y el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe."Se verificó -dice el fallo de la Cámara- que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización"."El caso más paradigmático -remarcaron los jueces de la Cámara- es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020â?³
El líder del Polo Obrero está acusado de dirigir una organización que desviaba la plata del Estado para financiar sus actividades políticas.Esa plata le era quitada a miles de personas, que a su vez estaban obligadas a ir a marchas y movilizaciones.
El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación y dispuso que Eduardo Belliboni y otras 17 personas vayan a juicio oral por extorsión y fraude a la administración pública
El requerimiento fiscal solicita pasar a la última etapa a Rigau, los dirigentes massistas Albini y los 43 dueños de tarjetas de crédito usados en la maniobra.
En un comunicado, aseguró que el juez Fernando Caunedo decidió dejar de investigar e ignoro los tres pedidos fiscales de sobreseimiento por "absoluta falta de pruebas concretas" a la denuncia de Melody Rakauskas.
La exsecretaria del Fernando Espinoza, Melody Rakauskas, quien denunció al intendente de La Matanza por "abuso sexual simple", habló este martes por la mañana con LN+ luego de que el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, resolviera elevar la causa a juicio oral."Casi que me estaba rindiendo. A veces parece que la justicia divina actúa junto con el Poder Judicial argentino en su conjunto. No me esperaba esta noticia. Esperaba más ataques de Espinoza y el kirchnerismo, que hasta ayer a la mañana me hacían llegar mensajes. No me esperaba este desenlace", dijo."La verdad me quedéâ?¦ Todavía estoy shockeada. Ustedes imagínense que venía siendo atacada por dos fiscales. Y que de golpe haya dos jueces nobles que intenten respetar la ley y que demuestren que todavía se puede confiar en el Poder Judicial argentino, es una esperanza", destacó luego.Fernando Espinoza irá a juicio oral: por abuso sexual simple y desobedienciaY sentenció: "La defensa de Espinoza va a tener una ventana de tres días para quejarse. Pero ya no hay marcha atrás con lo del juicio. El juicio está confirmado a partir de hoy. Fernando Tomás Espinoza, procesado en dos instancias por abuso sexual y desobediencia, a juicio oral. Estoy muy feliz. Tengo algo de justicia".Espinoza será juzgado además por desobedecer la orden de restricción, dictada en junio de 2021, que le impedía acercarse o contactarse con Rakauskas. Según la acusación, el contacto entre ambos se dio a través de la expareja de ella, Gustavo Cilia, allegado al intendente, quien le sugirió que retirara la denuncia.La denuncia de Melody Rakauskas contra Fernando EspinozaRakauskas, con Marcelo Urra como abogado, denunció penalmente a Espinoza en 2021 por el abuso sexual que asegura haber sufrido el 10 de mayo del mismo año, cuando el jefe comunal del PJ fue a su casa a tratar temas "laborales". Según afirmó ante la Justicia, ese fue el tercer encuentro con el intendente en el ámbito privado. Aquel día, Espinoza le manifestó sentir dolor de cuello y, al tiempo que se desabotonaba la camisa, le pidió que le practicara un masaje, de acuerdo con ella. Siempre según su relato, Rukauskas se negó y le ofreció un ibuprofeno para el dolor y le sugirió que se fuera a descansar, pero Espinoza hiso caso omiso del ofrecimiento, se aflojó el cinturón, la sujetó de las muñecas y la llevó a la habitación, donde se habría producido el hecho denunciado."No recordaba exactamente cómo pasó, pero [ella dijo] que él logró terminar encima suyo en la cama", afirmó el escrito del juez. "Durante ese lapso, comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: 'Quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien' y le pedía que le practicara sexo oral", sostuvo el fallo. Finalmente, Espinoza desistió y se retiró del domicilio de su por entonces empleada, de acuerdo con la denuncia.Aquella noche le siguieron "recomendaciones" o "sugerencias" de su expareja, Cilia, y del intendente para adecuar su conducta. "Tenés los días contados", declaró la secretaria que le dijo Espinoza en su despacho, tras enterarse de que ella había hablado de lo que luego denunciaría con una compañera de trabajo.En mayo de este año, Espinoza fue procesado por la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien además le prohibió el contacto con su exsecretaria y dispuso un embargo sobre los bienes del intendente de $1.500.000. Ese procesamiento fue ratificado por la sala VII de la Cámara de Crimen a principios de julio. Los "tocamientos impúdicos" denunciados por Rakauskas configuran el delito de "abuso sexual simple", que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel.
Melody Rakauskas dijo que esta decisión le da "esperanzas" de que haya justicia
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, será sometido a juicio oral en la causa en la que se lo investiga por un presunto "abuso sexual simple" cometido contra Melody Jacqueline Rakauskas, quien se desempeñaba como su secretaria privada al momento de los hechos.El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, Fernando Mario Caunedo, resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento de la defensa de Espinoza, que fue respaldado por la fiscalía, y elevar la causa a juicio.Además, Espinoza será juzgado por desobedecer la orden de restricción que pesaba sobre él, dictada en junio de 2021, que le impedía acercarse o contactarse con Rakauskas. Lo hizo a través de su expareja, Gustavo Cilia, que es allegado al intendente, y con la supuesta intención de que la mujer retirar la demanda.Rakauskas denunció penalmente a Espinoza en 2021 por el acoso sexual que asegura haber sufrido el 10 de mayo del mismo año, cuando el jefe comunal fue a su casa a tratar temas "laborales". En mayo de este año, Espinoza fue procesado por la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien además le prohibió el contacto con su exsecretaria y dispuso un embargo de bienes por $1.500.000.Ese procesamiento fue ratificado por la sala VII de la Cámara de Crimen a principios de julio. Los "tocamientos impúdicos" denunciados por Rakauskas configuran, según ambas instancias, el delito de "abuso sexual simple", que contempla penas de hasta cuatro años de cárcel.Noticia en desarrollo
Un juez de instrucción rechazó el pedido de sobreseimiento del intendente de La Matanza y dio por terminada la etapa de instrucción. Fue denunciado por una secretaria privada que trabajaba en el Municipio con él
El intendente de La Matanza fue acusado de abusar de su secretaria privada en mayo de 2021. El juez, Fernando Caunedo, no dio lugar al pedido de sobreseimiento de la defensa. Leer más
Así el dirigente K, que ya tiene una condena firme, deberá reanudarse un juicio oral por el desvío de 10 millones de pesos destinados a medios comunitarios que terminaron financiando actividades políticas del kirchnerismo.
Ocurrió en mayo del año pasado en la línea San Martín y dejó más de 60 heridos. La Cámara Federal ratificó los procesamientos de seis empleados ferroviarios
El juicio oral se centra en acusaciones de cohecho, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil contra Villarejo, Redondo y Asenjo, vinculados a Iberdrola entre 2004 y 2012
La juez María Tardón solicita penas de hasta 59 años de prisión para Villarejo, Redondo y Asenjo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental en el caso Iberdrola
Estarán sentados en el banquillo de los acusados: Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
El caso, en el que también está acusado Julio de Vido, tiene como eje la presunta administración fraudulenta vinculada a los más de 25 millones de pesos del Estado que se habrían destinado a la telenovela producida por la propia actriz, en 2015. Leer más
Luciano Lliuya presentó esta demanda en 2015 y, tras nueve años de proceso judicial, el caso ha alcanzado una etapa importante. Si el fallo le favorece, se establecería un hito en la jurisprudencia internacional
Pedro Castillo catalogó de "farsa" el juicio oral en su contra por rebelión y abuso de autoridad, desde la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años. Leer más
El expresidente se presentó sin defensa legal en el inicio de su juicio por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022
El juicio en contra del expresidente, que se adelanta por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno, había quedado suspendido hasta que hubiera una decisión sobre el recurso presentado por el abogado Jaime Granados
La calma del paisaje rural de Puerto Gaboto, una pequeña localidad costera de Santa Fe, se vio interrumpida por una investigación que reveló el oscuro entramado del narcotráfico en la región. Leonardo Roberto Airaldi, de 43 años y que fue apodado el "Gaucho narco", se volvió famoso, no por su labor como productor agropecuario o por su gestión como expresidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante, sino por ser acusado por el delito de tráfico de estupefacientes luego de que se descubriera que almacenaba casi 30 kilos de cocaína y la distribuía a lo largo del río Paraná para abastecer a los narcotraficantes de la zona. A mediados de diciembre de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento del "Gaucho Narco", y rechazó el pedido de excarcelación presentado por su defensa. En este contexto procesal, a fines de diciembre, el fiscal federal Walter Alberto Rodríguez, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, formalizó el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado Federal N°2 de la capital provincial.Según la investigación, Airaldi almacenaba 29,492 kilogramos de cocaína en una propiedad situada en Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo, sobre la Ruta 11, a unos 120 kilómetros de la capital santafesina. Además, se lo acusa de haber montado una estructura logística en un establecimiento rural - otra de sus propiedades-, en la zona de Islas Diamante, en Entre Ríos, desde donde recibía los estupefacientes para luego transportarlos a lo largo del río Paraná con el objetivo de abastecer a redes de narcotráfico.La causa por tráfico de estupefacientes continúa abierta, ya que, permanece prófugo Diego Roberto Torres, un empleado rural acusado de ser el encargado de custodiar la droga y trasladarla por el río Paraná desde el establecimiento de Airaldi. Por su captura, el Programa Nacional de Recompensas ofrece tres millones de pesos a quién brinde información que permita localizarlo. En cuanto a la calificación legal de los hechos, el "Gaucho narco" se encuentra imputado por almacenamiento de estupefacientes, delito que prevé una pena de 4 a 15 años de prisión. También se le atribuye haber participado en actividades vinculadas al tráfico de drogas junto a su empleado Torres. Esta situación quedó en evidencia con el hallazgo de casi 30 kilogramos de cocaína.En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Rodríguez también solicitó la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Santa Fe, argumentando que los hechos por los cuales se promueve el juicio oral acontecieron en el marco de la organización y financiamiento de actividades de narcotráfico que el Juzgado Federal N°1 de Paraná (Entre Ríos) ya le había atribuido a Airaldi y a otras personas en otro expediente anterior."Arribado a esta instancia del proceso, entendemos impracticable promover un enjuiciamiento oral y público en ámbito del Tribunal con asiento en esta ciudad, sin correr riesgo cierto de afectar el principio que prohíbe la doble persecución penal por un mismo hecho, o en su defecto, sin vulnerar la garantía del juez natural de la causa por no observar las causales de conexidad", fundamentó el fiscal en su escrito.El casoEn julio de 2022, la investigación sobre la red de narcotráfico que involucra al "Gaucho narco", tomó un giro crucial cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, que conducía en la calle Goritti al 5600, en el barrio Ludueña de Rosario.En el procedimiento, los agentes secuestraron drogas, armas, municiones, dinero en moneda nacional y extranjera, y seis teléfonos celulares, que luego fueron sometidos a pericias forenses. Los análisis de los dispositivos - cuyos resultados fueron plasmados en primera instancia en un informe de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones Paraná de Prefectura Naval y posteriormente en otro estudio realizado por la Dirección General de Narcocriminalidad de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA - revelaron conversaciones comprometedoras entre Airaldi y su círculo cercano, en las que utilizaban términos en clave como "maple", "lomo" o "novillo", en aparente referencia a cargamentos de droga. En dicho escenario, se pudo acreditar que el vínculo entre Torres y Airaldi "excedió el desarrollo de actividades ganaderas en la isla, y tuvo por objeto comportamientos ilícitos", se detalla en el escrito de la acusación.Algunos ejemplos transcriptos en el requerimiento: 14 de junio de 2022: - Airaldi: ¿Qué novedades? Ok, todo tranqui recién llegamos. Traer Maple chico para tener carne para nosotros, Gordo y lindo. -Torres: Ok 9 de junio de 2022: -Airaldi: Ok, por eso vení que hablamos bien personalmente. ¿Cuántos lomos te quedan? -Torres: 4, 2 le tengo q llevar a jabi (sic).Poco después, el 6 de agosto de 2022, en un operativo de reconocimiento en las islas del río Paraná los efectivos de la Brigada Los Pumas de Santa Fe detectaron una "vivienda amplia de material, ubicada a cincuenta metros de las barrancas del río Paraná, en jurisdicción zona de isla de Diamante", donde se constató la presencia de "corrales y potreros" utilizados para actividades ganaderas. En medio de la investigación, los vecinos informaron al personal de la Brigada que el predio pertenecía a Airaldi y señalaron que, durante la noche, "barcazas desconocidas" atracaban en la zona, lo que despertó sospechas sobre un posible esquema de tráfico de drogas a lo largo del río Paraná.El 10 de agosto de 2022, tras la denuncia de una vecina que aseguró haber sido amenazada con un arma de fuego por Torres, los efectivos allanaron la casa que él alquilaba en Puerto Gaboto. Durante el operativo, encontraron 28 paquetes compactos de cocaína con un peso total de 29.491,81 gramos, ocultos debajo de una cama y envueltos con "cinta de embalar color azul" con un sello de "Qatar" y la imagen de un avión con la inscripción "Emirates", lo que reforzó la hipótesis de que el destino final de los estupefacientes era la exportación."Bajo los designios de Airaldi, quien contaba con la estructura y logística adecuada para obtener un mecanismo eficiente dirigido a la exportación de la droga", fundamentó el representante del Ministerio Público Fiscal."La prueba reunida durante la instrucción nos permite, con los alcances propios del estadio procesal, tener por acreditados los extremos fácticos que hacen a la posibilidad de reconstruir históricamente la materialidad del ilícito investigado, como así también la responsabilidad penal que le atribuimos al imputado", detalló el titular de la acusación en su escrito, que también lleva las firmas de Milagros Traverso y Diego Orzuza Kock, los fiscales coadyuvantes.En paralelo, los investigadores descubrieron que Torres utilizaba la estancia "El Pillo"", de Airaldi, situada en Diamante, como centro de acopio y distribución de los estupefacientes. Un testigo de identidad reservada relató que en una ocasión Torres afirmó que debía "buscar merca en Diamante", y que Airaldi contaba con una "pista clandestina para avionetas" dentro de su establecimiento rural."Pensé que era una joda porque siempre hacía esas bromas y decía que tenía la 'merca' preparada, cuando se refería a la carne. Al regresar, vino con un paquete grande envuelto en cinta o bolsa de color negra. Yo estaba en su rancho, me llamó y me pidió que me acerque hasta la costa donde tenía su embarcación, y me dijo que tenía que llevar ese paquete hasta Puerto Gaboto", advirtió el testigo.El vínculo entre Airaldi y Torres quedó aún más expuesto en diciembre de 2023, cuando la Policía de Entre Ríos secuestró en otra investigación una camioneta Volkswagen Amarok, utilizada por el "Gaucho narco". En su interior, los agentes hallaron una pistola y municiones, lo que fortaleció la hipótesis de su conexión con redes de mayor escala.Para la fiscalía, Airaldi contaba con la logística y estructura necesarias para llevar adelante un mecanismo de exportación de drogas. "Es posible afirmar que Leonardo Roberto Airaldi protagonizó actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes, evidenciadas en el almacenamiento de 29.491,81 gramos de cocaína, quien contaba con la estructura y logística adecuada para obtener un mecanismo eficiente dirigido a la exportación de la droga, evidentemente frustrada por circunstancias ajenas a la voluntad de los imputados", argumentó el fiscal Rodríguez en su requerimiento.
Lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió que la causa también se eleve contra otras 17 personas, todas acusadas por defraudación al Estado. Leer más
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se eleve a juicio oral la causa contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 acusados de haber extorsionado a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de haber defraudado al Estado. El caso investiga un presunto desvío de fondos que estaban destinados a la asistencia social y se habrían usado, en cambio, con fines partidarios.Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían instaurado "entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica" y habrían defraudado al Estado "con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos". Además de pedir la elevación a juicio, el fiscal Pollicita solicitó que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, había rechazado los recursos presentados por las defensas de los dirigentes procesados del Polo Obrero; entre ellos, Belliboni. La causa avanza además contra dos acusados de la agrupación Barrios de Pie.Los procesamientos confirmados fueron dictados el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello, en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero, al añadir el delito de amenazas coactivas y extorsión al de administración fraudulenta. Fue en línea con lo que habían solicitado Pollicita, que fue el fiscal que instruyó la causa, y el fiscal ante la Cámara José Agüero Iturbe.El presunto desvío por el cual serán juzgados los piqueteros se realizaba a través de una maniobra que incluía supuestas facturas falsas presentadas ante el Estado como justificaciones de gastos por los recursos que recibían y presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA.Además de Belliboni, del Polo Obrero están procesados María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coeg. Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, también procesadas, son integrantes de la agrupación Barrios de Pie.La defensa de algunos de los implicados afirmó que el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado no existió, en tanto las arcas públicas no se vieron afectadas. Adujeron también que la causa enmarcó en un "proceso altamente mediático y estigmatizante" y que no tuvieron acceso total a la prueba. Cuestionaron no haber podido "controlar" las declaraciones de los testigos de identidad reservada que traccionaron el inicio del expediente.La Cámara de Casación rechazó sus planteos. "Aquí se verificó que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización", sostuvo el fallo de la Cámara en alusión a una de las firmas involucradas en la operatoria. "El caso más paradigmático -remarcaron los jueces que sellaron la suerte de los acusados del Polo Obrero- es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020â?³.
En un duro dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita cerró la investigación por corrupción y chantajes por parte del Polo Obrero.
El Tribunal Superior de Bogotá fue la entidad encargada de autorizar el uso de las conversaciones en el proceso legal contra el exmandatario
El expresidente es procesado por presunto cohecho pasivo propio y se le acusa de recibir S/2,3 millones cuando fue gobernador de Moquegua. La Fiscalía presentará pruebas y testimonios determinantes en la próxima audiencia
El expresidente del Perú es procesado por los delitos de rebelión y abuso de autoridad. La Fiscalía solicita pena de 34 años y para la expremier, 25 años. El juicio inicia el 4 de marzo, y se realizará tres veces por semana en el penal de Barbadillo
Los hechos por los que se acusa a los tres efectivos de la PNP tuvieron lugar el 25 de febrero de aquel año, en el distrito de Casa Grande, La Libertad, cuando la víctima fue detenida y trasladada a la comisaría
El expediente se había suspendido por un planteo de las defensas. Ahora se haría una instrucción suplementaria. Ya se habían aceptado unos 300 testigos
Entre los argumentos presentados en el recurso de apelación se indica que la decisión del Poder Judicial de anular el juicio, retrasa el proceso que investiga el presunto lavado de activos mediante aportes ilícitos de Odebrecht a Fuerza Popular