judiciales
El PP dice que "Europa debe actuar" tras la queja del CGPJ y las asociaciones judiciales por los "ataques" de Sánchez
Abogado de Las Barbies, señaladas de robar y drogar a hombres, cuestiona medidas judiciales contra sus clientas: es "show mediático"
El defensor Rogelio Roldán cuestionó la medida de aseguramiento contra cuatro de las cinco mujeres capturadas en Medellín, asegurando que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia
Moreno no permitirá ni un "pisoteo más" de Sánchez a Andalucía: "Lucharemos con armas políticas y judiciales"
Incautaron 476 kilos de cocaína que eran transportados en una carga de papa en Cauca: el capturado ya tenía antecedentes judiciales
En el momento en que los agentes se disponían a revisar varios bultos, encontraron que en su interior había grandes bloques con varios rectángulos en los que había sido empacada la sustancia estupefaciente
Córdoba: empleados judiciales reclamaron por bajos salarios en la apertura del año judicial
Mientras el gobernador Martín Llaryora participaba del acto inaugural en Tribunales 1, empleados judiciales autoconvocados protagonizaron una protesta por salarios "bajo la línea de pobreza". Leer más
El sindicalista Iván Tobar se negó a declarar y seguirá detenido en la causa por amenazas a funcionarios judiciales
Iván Tobar, el sindicalista de la construcción vinculado con el oficialismo bonaerense, se negó a declarar en la causa en la que fue arrestado por amenazas y seguirá detenido por orden del juez federal Ernesto Kreplak. Con casco y chaleco antibalas, fue trasladado con un fuerte operativo de seguridad. Señalado como jefe de la barra de Estudiantes, Tobar es apuntado como presunto responsable de la emboscada a barras de Gimnasia en el hospital de Gonnet, que terminó con seis heridos a puñaladas. Sin embargo, la causa por la que está ahora en un calabozo nada tiene que ver con ese sangriento incidente, sino con un video difundido en 2021, en el que se observó a un grupo de personas vestidas como policías, con escopetas y ametralladoras, en el que amenazaban a funcionarios judiciales que debían en ese momento decidir la situación procesal de Juan Pablo "Pata" Medina, rival de Tobar en la interna de la Uocra. Los investigadores suponen que el barra de Estudiantes armó esa grabación para hacer pasar a su grupo como adepto a Medina, en un intento de perjudicar a ese controvertido gremialista.El pasado martes, apenas un par de horas antes de la batahola dentro del hospital, Tobar había sido uno de los invitados al acto de remodelación de la Plaza San Martín, ceremonia que estuvo encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak.Luego de los incidentes, todos buscaron mostrarse alejados a ese gremialista. Incluso, la Uocra.Los referentes nacionales del sindicato de la construcción emitieron ayer un comunicado de prensa, en el que se expuso "la intimación a Iván Tobar, tal como ya lo había realizado en anteriores oportunidades en ámbitos administrativos y judiciales, a abstenerse de utilizar indebidamente el nombre, logo y representación sindical en la Seccional La Plata, ya que no se encuentra autorizado por la conducción nacional de la Uocra para dicho uso".En procura de aislar a Tobar, el comunicado agregó: "Se lo intimó a prescindir de adjudicarse representación alguna de la Uocra o de la Seccional La Plata como supuesto secretario general, como así también pretender ejercer cualquier función gremial propia de la Uocra, ya que nunca fue integrante de ninguna estructura orgánica institucional de nuestra organización".
Denunció intento de feminicidio, pero protegieron al agresor: Defensoría halló irregularidades policiales y judiciales
Representantes del órgano institucional acudieron a la comisaría Chacra Colorada en Breña, donde evidenció una serie de trabas hacia la joven madre, quien fue arrastrada con un vehículo donde iba su expareja
Fue aprobado en tercer debate proyecto de ley que protege a los animales de ser embargados como parte de procesos judiciales
El representante Juan Carlos Losada asegura que este proyecto busca proteger a las mascotas de ser embargados durante procesos judiciales, porque afecta a las familias y a los animales
Asociaciones judiciales piden al CGPJ que lidere la implantación de los tribunales de instancia y las tenga en cuenta
Los órganos judiciales registraron en 2024 un 11,4 % más de asuntos que el año anterior
En un año creció un 2,6% la cantidad de niños y adolescentes con causas judiciales en la Capital
"Así no se puede seguir", había dicho en septiembre pasado el por entonces ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Se refería al caso de un adolescente de 16 años que había sido detenido en 71 ocasiones por personal de la Policía de la Ciudad por protagonizar distintos hechos delictivos. En esa oportunidad había sido atrapado después de robar un teléfono celular en Palermo y una cadenita de oro en Balvanera."71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo, pero así no se puede seguir. Solo en ocho días detuvimos a 74 menores en diferentes hechos delictivos. La policía los detiene y lo va a seguir haciendo, pero sin una nueva Ley Penal Juvenil van a seguir saliendo", había afirmado el por entonces funcionario de Jorge Macri.El problema de los menores y el delito que planteaba Wolff quedó registrado en estadísticas oficiales de 2024. "El año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, 1788 niños y adolescentes tuvieron, al menos, una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. Se trata de un 2,6% más que en 2023. El 71,5% no había tenido otras causas con anterioridad, porcentaje similar al 71% registrado en el período anterior", explicaron fuentes.Los números surgen de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), una oficina especializada que depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación."Predominaron los delitos contra la propiedad, con un 81,4 por ciento, principalmente distintas modalidades de robos, en ocho de cada diez casos. En cuanto al 18,6% de las causas restantes, el 32,1% fueron por delitos contra la integridad sexual; el 27,8%, contra la administración pública; el 8%, contra las personas, y otro 8%, contra la libertad", explicaron calificadas fuentes al tanto del informe.Por ejemplo, a fines del año pasado, una banda de tres menores con antecedentes le sustrajeron el auto a una familia de Villa Lugano en un episodio caracterizado por la violencia.El asalto se produjo a plena luz del día cuando los tres delincuentes, de entre 15 y 16 años, atacaron a una familia en Cafayate y Unanué. Los ladrones se llevaron el Peugeot 308GT, que más tarde fue recuperado por personal de la Policía de la Ciudad, abandonado a pocas cuadras de la Villa 20. Pocos días después, los sospechosos fueron atrapados."Los menores que atacaron a una familia en Lugano están detenidos. Los tres son menores, los tres tienen antecedentes y, una vez más, los volvimos a detener. ¿Cuántas veces más tenemos que detenerlos? Es urgente una nueva ley penal juvenil, con baja de la edad de imputabilidad y quita de patria potestad a las familias que promueven el delito. Es con orden", había sostenido Wolff en su cuenta de X en esa oportunidad.El debate sobre la baja de la edad de inimputabilidad fue un tema que siempre tuvo en agenda el Gobierno desde la asunción de Javier Milei como presidente, impulsado por sus ministros de Justicia y Seguridad, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, respectivamente.En junio pasado, Cúneo Libarona y Bullrich presentaron el proyecto de un nuevo régimen penal juvenil."Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal", sostuvo Cúneo Libarona.De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por algún un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Poder Ejecutivo Nacional habló de un "cambio de paradigma".En el informe de la BGD se desprende que uno de cada cinco jóvenes con un expediente judicial tuvo por lo menos una causa elevada a un Tribunal Oral de Menores.Entre los menores con causas penales, "nueve de cada diez [88,6%] fueron varones, principalmente de 16 y 17 años (55,2%), en su mayoría de nacionalidad argentina (94,9%) y con residencia en la provincia de Buenos Aires (55,2%) y la Ciudad de Buenos Aires (44,6%).Si bien aumentó el número de menores con expedientes abiertos, según los números de la BGD hubo menos causas. "En total se registraron 2076 causas, un 4,5% menos que en 2023. Ello representa una tasa de 66,5 causas cada 100 mil habitantes de la CABA", explicaron fuentes al tanto del informe.Los voceros consultados indicaron que el 92,4% de las causas tuvo como dependencia de origen una comisaría comunal o vecinal de la Policía de la Ciudad. Las comisarías de las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), 4 (Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 3 (San Cristóbal y Balvanera) son las que registraron la mayor cantidad de causas ingresadas.Según surge del citado informe, los expedientes iniciados por delitos contra las personas fueron 32, cerca del 1,5% del total e involucraron a 64 niños, niñas y adolescentes. Dentro de las causas por este tipo de delitos, 13 correspondieron a homicidios (ocho en grado de tentativa, tres fueron homicidios culposos y dos asesinatos consumados)".En cuanto a los delitos contra la integridad sexual, durante 2024 se investigaron 128 causas en las que participaron un total de 135 niños y adolescentes, la mayoría varones, solo cinco niñas. Fuentes judiciales explicaron que "la BGD elabora de manera periódica informes estadísticos sobre determinados indicadores del proceso, a partir de los cuales los integrantes de la magistratura y funcionarios en los distintos niveles estamentales pueden analizar la problemática y adoptar decisiones basadas en datos. Asimismo, desarrolla proyectos orientados a capacitar a los operadores judiciales mediante la realización de talleres, la recopilación de jurisprudencia y el intercambio de buenas prácticas en la materia".
PP avisa a Sánchez de que en 2025 puede tener "más causas judiciales", además de la conciliación con el novio de Ayuso
Miguel Tellado advierte que el presidente Pedro Sánchez enfrenta un proceso de responsabilidad civil y posibles escándalos judiciales en 2025, tras las acusaciones de Alberto González Amador y críticas al PP
Espadas (PSOE) asegura que los "varapalos" judiciales del PP en el Senado y por la Dana "le ponen en su sitio"
Felipe González asegura que ve "con preocupación" los casos judiciales que afectan al PSOE
Felipe González expresa su preocupación por los casos judiciales que involucran al PSOE y minimiza la importancia de la situación de Junts y Puigdemont ante el presidente Pedro Sánchez
Ferraz iniciará acciones judiciales contra Almeida por vincular al PSOE con Aldama
El PSOE emprenderá acciones legales contra el alcalde de Madrid por sus declaraciones sobre el empresario Víctor de Aldama y las supuestas mentiras que vinculan al partido con la corrupción
Bendodo: "Estas Navidades Sánchez y los suyos van a tener más citaciones judiciales que comidas de Navidad"
El vicesecretario del PP, Elías Bendodo, advierte sobre el aumento de citaciones judiciales del Gobierno, destacando la división entre "rehenes" y "cómplices" en la política española actual
Compromís estudiará acciones judiciales para que Educación cumpla "a rajatabla" el acuerdo de plantillas docentes
Compromís estudia posibles acciones legales tras el anuncio de la Conselleria de Educación sobre la aplicación gradual del acuerdo de plantillas, calificado de engaño por el portavoz Gerard Fullana
Ayuso busca traductores en varios idiomas e intérpretes de lengua de signos para que ayuden a los ciudadanos en trámites laborales, médicos y judiciales
La Comunidad de Madrid licita dos contratos valorados en 2,36 millones. Los juzgados buscan sobre todo, traductores de árabe y rumano. El servicio de intérpretes de lengua de signos sirve para que personas con discapacidad auditiva puedan tener una relación normal con la Administración
Sigue el cobro de tasas municipales en las boletas de servicios mientras se esperan definiciones judiciales: qué puede hacer el usuario
En un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno nacional y los municipios, la Justicia Federal convalidó recientemente la medida del Gobierno nacional que prohíbe el cobro de tasas municipales en las boletas de luz y gas, en un único concepto. Sin embargo, los usuarios seguirán recibiendo sus boletas con los impuestos locales incluidos y con la modalidad histórica, es decir, bajo la amenaza de corte del servicio si no se paga el importe total de la factura.El fallo, dictado por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín, afecta a siete municipios bonaerenses (Tigre, Hurlingham, Moreno, General Rodríguez, José C. Paz, Ituzaingó y San Martín) y otorga un plazo de 90 días para que las comunas implementen mecanismos que permitan cobrar las tasas municipales en forma separada de los servicios públicos. No obstante, la mayoría de los municipios ya anticipó que la decisión sería apelada.Mientras tanto, otras jurisdicciones como Escobar, Merlo, Morón, La Matanza, Quilmes -entre otras- que obtuvieron medidas cautelares con la que lograron suspender la prohibición dispuesta por el Gobierno nacional, aguardan el dictado de una resolución de fondo que ponga fin al conflicto.El inicio de la controversiaEn septiembre del año pasado, a través de la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, el Gobierno prohibió a las empresas incluir en sus facturas cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. Esta medida buscaba poner fin a una práctica histórica utilizada por los gobiernos locales para garantizar la recaudación de sus impuestos y tasas, a través de su cobro en las boletas de servicios esenciales.El incumplimiento de la mencionada resolución derivó en más de cien sumarios administrativos contra diversas compañías, lo que generó una reacción inmediata de los municipios mediante amparos y medidas cautelares.La resistencia de los gobiernos locales a modificar este mecanismo de cobro tiene una clara razón recaudatoria, puesto que, cuando el impuesto es cargado en estas facturas, el contribuyente/consumidor es obligado a pagarlo para evitar que le corten el suministro. Esto ocurre porque el mecanismo impide pagar solo los conceptos que hacen únicamente al servicio, al exigir el pago completo de la factura.Orlando Pulvirenti, abogado especializado en derecho municipal, sostiene que esta práctica "vulnera el derecho del consumidor a decidir qué paga", y califica como un "abuso" la inclusión de tasas no relacionadas con el servicio, como las de sepelio o contribuciones a bomberos.En la misma línea, Matías Olivero Vila, presidente de la Asociación Civil Lógica, quien tomó la iniciativa de participar como amicus curiae en las medidas cautelares impulsadas por los municipios, señaló en diálogo con LA NACIÓN que "el uso de las facturas de servicios públicos para cobrar impuestos municipales bajo amenaza de corte es una práctica intimidatoria", y agregó: "No solo se viola la ley de Defensa del Consumidor, sino también la Constitución Nacional". Lógica es una ONG dedicada a temas de transparencia fiscal.Olivero Vila puntualizó que "la actuación del Poder Judicial, tanto a nivel nacional como provincial, ayudó en general a este escenario, al no haber puesto límites a la voracidad fiscal de los tres niveles de gobierno".Por su parte, las prestatarias de servicios se declaran atrapadas en medio de la disputa política. Walter Valle, gerente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, subrayó que las cooperativas actúan como agentes de percepción de normativas impuestas por los Concejos Deliberantes, la provincia y la Nación. "Nosotros no somos quiénes para decir qué tributo va y cuál no. Si no hay consensos, la Justicia tiene que establecer qué debemos hacer los distribuidores", remarcó.En tanto, del lado de los intendentes afirman que en el caso de la tasa de "alumbrado público" cambiar el mecanismo podría poner en riesgo la cobrabilidad y, por ende, el sostenimiento del servicio.El origenLa cuestión se remonta a la década del 90, cuando la ley 10.740 de la Provincia de Buenos Aires, de 1991, obligaba a las empresas prestadoras del Servicio Público de Electricidad a percibir, en representación de las municipalidades, la tasa por alumbrado público en sus boletas de servicio, y lo hacía con una condición: que las empresas las incluyeran en su facturación en un rubro separado.Hasta ahí, el mecanismo parecía razonable, en tanto con esos fondos se buscaba sostener y mantener el alumbrado público y el servicio eléctrico de los edificios municipales. Pero más tarde, la ley 11.769 de la provincia de Buenos Aires, de 1996, amplió el concepto y autorizó incluir el cobro de conceptos ajenos a la prestación del servicio público. Aun así, lo hizo sujeto a tres condiciones: 1) que el usuario autorice expresamente ese cobro; 2) que se permita el pago por separado de los conceptos ajenos a la prestación del suministro; 3) que la falta de pago de esos conceptos ajenos al precio del consumo de energía, no habiliten a la interrupción o desconexión del suministro.En la práctica, estas condiciones nunca se cumplieron y tanto los municipios como las provincias fueron incorporando cada vez más conceptos a las facturas de servicios. Actualmente, la inclusión de tasas municipales e impuestos provinciales en las boletas de luz y gas representa, en la mayoría de los casos, un porcentaje significativo del monto total a pagar (sin que puedan separarse los diferentes conceptos a abonar).La incidencia en las boletas de electricidadNo es igual en todas las provincias y municipios la recaudación impositiva a través de las facturas de servicios. Sin embargo, en todos los casos hay un mecanismo común: no se permite el pago de manera independiente de los conceptos ajenos al costo real del servicio. Y la falta de pago total o parcial expone al usuario a la suspensión del suministro.Un recorrido por distintas boletas de luz emitidas por las principales empresas y por cooperativas del interior del país dan cuenta de la diversidad de los conceptos ajenos incluidos en las facturas. Y las alícuotas hacen que, en muchos casos, estos ítems representen un importante porcentaje del total a pagar.Esas alícuotas cargadas en las facturas, que son acumulativas, van del 0,001% al 6.5% y, en varios casos, superan el 9%. Incluso hay boletas en las que el total de sus tasas municipales y provinciales superan el costo real del servicio, como ocurre en Banfield.En otros municipios como Comodoro Rivadavia, además de tasas municipales y provinciales, se incluyen otras contribuciones, como la de "bomberos voluntarios".El fallo judicialEl reciente fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo de San Martín número 1 es el primer pronunciamiento de fondo sobre la cuestión. La sentencia -aún no firme porque puede apelarse- confirma que "la inclusión de impuestos locales en la facturación de los servicios públicos sin la posibilidad de pagar solo los cargos del servicio afecta los derechos de los usuarios consumidores".El tribunal descartó que la medida del Gobierno vulnere la autonomía municipal. Argumentó que no se cuestiona la legalidad de los impuestos locales, sino la modalidad de su cobro. Además, señaló que el sistema de facturación "podría conllevar una coerción implícita al pago de las tasas municipales frente al riesgo cierto de suspensión de servicios esenciales".Qué pueden hacer los usuariosMientras el conflicto se dirime en la justicia, los consumidores siguen expuestos a la amenaza de corte de servicios esenciales si no pagan la totalidad de las facturas. Para quienes consideren injustos los cargos, existe la posibilidad de denunciar escribiendo a denunciatufactura@comercio.gob.ar.Varias organizaciones no gubernamentales, como la Unión Argentina para la Defensa del Consumo, la Asociación Civil Liga de Consumidores y la Asociación de Consumidores y Usuarios de La Argentina, están ofreciendo asesoramiento.El fallo judicial establece un precedente, pero la disputa sigue. Mientras los litigios permanezcan abiertos, la posibilidad de que se modifique la modalidad de cobro de las tasas municipales sigue siendo incierta, y los usuarios continúan rehenes de un sistema de facturación que mezcla impuestos municipales con servicios esenciales, y que los conmina a pagar bajo amenaza de corte.
TSJCV recuerda ante la alerta por lluvia que no es necesario desplazarse a sedes judiciales si hay causa de fuerza mayor
De eventos de golf con Bill Clinton a deudas millonarias: los líos judiciales que llevaron a la sentencia de Germán Calle, padre de la influencer Daniela Calle
Su caída no solo expone una red de engaños financieros, sino que revela cómo las autoridades lo rastrearon a través de movimientos bancarios y migratorios
Tras la sorpresiva extradición masiva de narcos desde México, comienzan los procesos judiciales en EE.UU.
NUEVA YORK.- Los capos narco Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, dos de los 29 narcotraficantes mexicanos extraditados el jueves a Estados Unidos, acusados de crimen organizado y tráfico de drogas, entre otros cargos, serán procesados este viernes en el tribunal federal de Brooklyn, tras su sorpresivo traslado desde México.Ambos formaban parte de 29 prisioneros mexicanos enviados el jueves a ocho ciudades en Estados Unidos, en una sorpresiva extradición masiva.Considerado por la Casa Blanca como uno de los "jefes de cártel más malvados del mundo", Caro Quintero comparece ante el juez Robert Levy. Fue el responsable del asesinato de un agente de la DEA de Estados Unidos en 1985 y había estado en la lista de los Diez Más Buscados del FBI. El asesinato marcó un punto bajo en las relaciones entre Estados Unidos y México y fue un foco de la popular serie de Netflix Narcos: México.Carrillo Fuentes es un exlíder del cartel de drogas de Juárez. Es hermano del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos", quien murió en una cirugía plástica fallida en 1997.Al término de la visita, el fiscal del tribunal John Durham ofrecerá una conferencia de prensa.La Casa Blanca, en un comunicado el viernes antes de las comparecencias, calificó a Caro Quintero como "uno de los capos narcotraficantes más malvados del mundo"."La administración Trump está declarando a estos matones como terroristas, porque eso es lo que son, y exigiendo justicia para el pueblo estadounidense", dice el comunicado.En medio de crecientes presiones de la administración de Donald Trump para detener el tráfico de fentanilo, México extraditó el jueves 29 de sus más notorios narcotraficantes a Estados Unidos.La entrega de prisioneros se produce mientras funcionarios mexicanos están en Washington tratando de disuadir al presidente Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas.Entre los otros extraditados se encuentran miembros destacados de los seis grupos de crimen organizado mexicanos recientemente designados por la administración republicana como "organizaciones terroristas extranjeras". Los extraditados enfrentan cargos por terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, asesinato, uso ilegal de armas y lavado de dinero.Incluyen líderes de cárteles, jefes de seguridad de ambas facciones del cártel de Sinaloa, operativos financieros de cárteles y un hombre buscado en relación con el asesinato de un policía de Carolina del Norte en 2022.Según el departamento de Justicia estadounidense, Caro Quintero y otros cuatro de los extraditados pueden enfrentar la pena de muerte, pese a que el acuerdo binacional de extradición no lo permite.La administración del presidente republicano designó la semana pasada como terroristas a seis organizaciones criminales mexicanas: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.¿Quién es Caro Quintero?Caro Quintero ha sido durante mucho tiempo uno de los principales objetivos de Estados Unidos para la extradición.Había cumplido 28 años en una prisión mexicana, pero quedó en libertad después de que un tribunal anulara su condena de 40 años por el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos Enrique "Kiki" Camarena.Caro Quintero regresó al tráfico de drogas y desató sangrientas batallas territoriales en el estado fronterizo de Sonora, en el norte de México, hasta que fue arrestado por fuerzas mexicanas en 2022.Estados Unidos, que en un momento ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por la captura de Caro Quintero, inmediatamente solicitó su extradición.Pero la solicitud permaneció en el limbo mientras el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador restringía severamente la cooperación de su país con Estados Unidos para protestar por las operaciones encubiertas de las fuerzas del orden estadounidenses contra funcionarios políticos y militares mexicanos.Luego, en enero, un grupo sin fines de lucro que representa a la familia Camarena envió una carta a la administración Trump instándola a renovar la solicitud de extradición.Agencias Reuters y AP
Llamativos fallos judiciales tras los amparos de las obras sociales para recuperar afiliados de las prepagas
En al menos cinco causas los jueces del fuero Civil y Comercial Federal se declararon incompetentes.La decisión dilata la respuesta al reclamo de las obras sociales de frenar el fin de la triangulación de aportes.En la causa de 2024 del Gobierno contra las prepagas el conflicto se había dirimido en el fuero Civil y Comercial.
Gobierno de Axel Kicillof inicia acciones judiciales para frenar la suspensión del impuesto a obras de gas
El gobierno bonaerense busca la continuidad del impuesto que financia el Fondo Especial para Obras de Gas. La medida responde a la decisión de ENARGAS de eliminar el cobro a través de las facturas de las distribuidoras, lo que podría afectar inversiones en infraestructura y subsidios a usuarios.
El Ayuntamiento de Madrid dará carpetazo al 'caso mascarillas' cuando agote todos los mecanismos legales y judiciales
Causas judiciales y extradiciones: un informe de Inteligencia detalla el recorrido de Jones Huala y su vínculo con la comunidad mapuche
Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de Argentina al que accedió PERFIL detalla cómo Jones Huala construyó su liderazgo en los comunidades más radicales de Mapuches entre Argentina y Chile. Leer más
Asociaciones judiciales responden a Sánchez tras decir que el PP cuenta con ayuda: "No existe connivencia alguna"
Las principales asociaciones judiciales en España rechazan las afirmaciones de Sánchez sobre "connivencia" entre jueces y el PP, defendiendo la imparcialidad y el deber de investigar delitos sin presiones
Milei revalidó a su entorno íntimo desde EEUU tras el criptogate, pero el Gobierno enfrentará desafíos judiciales y políticos al regreso
El Presidente le demostró a los críticos que el asesor y su hermana siguen firmes, al sumarlos al viaje a Washington y posteriormente al encuentro con Elon Musk
Estos son los tres modelos de órdenes judiciales y administrativas que el ICE puede presentar en un operativo
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es responsable de arrestar, detener y deportar a los extranjeros que han violado las leyes de inmigración. En ese sentido, las organizaciones advierten que es importante conocer los modelos y las diferencias de las órdenes judiciales y administrativas.Órdenes administrativas: cómo son y quién las firmaEl National Immigration Law Center (NILC) explica que una orden administrativa es un documento que autoriza a un oficial de una agencia federal a realizar un arresto. Estas órdenes no están firmadas por un magistrado o juez, sino por un funcionario de inmigración como un agente del ICE.John Seaman, instructor de la División Jurídica del Centro de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley Federal, señala que el agente del ICE utilizará órdenes administrativas de deportación para llevar a cabo sus funciones, como la detención, pero siempre y cuando el agente ubique a la persona nombrada en un lugar público.En caso de que los oficiales lleguen a un domicilio con este tipo de documentación, no es necesario abrir y permitir el acceso de los agentes. Lo recomendable es quedarse adentro y mantener la puerta cerrada. A diferencia de una orden judicial, una administrativa no autoriza un registro."La orden de deportación administrativa autoriza al agente del ICE a arrestar al sujeto, pero no a entrar en un área como su casa, a menos que se dé el consentimiento", explica Seaman. Si el oficial no tiene el permiso, incluso si sabe que la persona sujeta a la orden se encuentra dentro de la casa, no tiene autoridad legal para ingresar.Para ayudar a los inmigrantes a identificar de forma visual las diferencias entre los tipos de órdenes, el National Immigrant Justice Center (NIJC) publicó ejemplos de los modelos. Otras asociaciones han elaborado documentos similares para recomendar a los inmigrantes acerca de cómo actuar ante las redadas del ICE.Orden judicial: así se ve y va firmada por un juezUna orden judicial es aquella firmada por un juez o magistrado que autoriza un registro de propiedad privada, una incautación o un arresto en base con una causa probable de que se cometió un delito, señala el despacho de abogados especializados en inmigración Motion Law.Una orden judicial se puede identificar por:Especificar la dirección de la persona que se buscará.Indicar el período de tiempo en el que debe realizarse la búsqueda.Describir en particular el lugar o la persona, o ambos, que serán registrados y las cosas que serán incautadas.Es emitida por un tribunal y firmada por un juez o magistrado.Por su parte, el NILC precisa que una orden judicial es emitida por un tribunal judicial. Los tribunales que emiten órdenes judiciales incluyen tribunales estatales y federales. Además, deben cumplirse y existen graves consecuencias por negarse.En estos casos, las organizaciones advierten que si el agente del ICE se presenta en un domicilio con una orden judicial válida (firmada por un juez o magistrado), entonces solo la persona cuyo nombre figura en el documento debe salir de la casa. Además, aconsejan cerrar la puerta de inmediato para mantener a salvo a las demás personas en el hogar.
Con la SEC de EE.UU. y la Justicia argentina en la mira: cuáles son los escenarios judiciales de Milei por la estafa $LIBRA
Cuatro expertos de distintos perfiles dialogaron en exclusiva con PERFIL para analizar todos los detalles: las tres posibles figuras penales del Presidente, el riesgo si intervienen organismos norteamericanos y las dificultades que tendrá la Justicia local para encuadrar la causa. Leer más
Migrantes detenidos en Guantánamo obtienen acceso telefónico a abogados, según documentos judiciales
Una demanda presentada por organizaciones de derechos humanos y familiares de los retenidos busca garantizar representación legal para quienes permanecen en la base
En el Gobierno aún no califican de "estafa" a $LIBRA y desestiman avances judiciales en el corto plazo
Mientras que en los tribunales locales y en los Estados Unidos se acumulan denuncias por el caso $LIBRA y conforme salen a la luz supuestos mensajes privados que aluden a presuntos pedidos de pagos para que inversores cripto pudieran tener un encuentro con el Presidente, cerca de Javier y de Karina Milei subrayan que hasta el momento ninguno de los hermanos fue notificado en un expediente. Aseguran que "en términos de pruebas jurídicas no hay nada" y que hasta ahora "es todo mediático".En la Casa Rosada, de hecho, ni siquiera aluden a la criptomoneda $LIBRA como una estafa, pese a que un bufete norteamericano podría preparar una demanda colectiva por unos 200 inversores perjudicados por la operatoria que se inició con el tuit de Milei. Se limitan a hablar de "sospechas" y dicen que "ante la duda" el jefe de Estado borró el mensaje en X, donde "difundió" Viva la Libertad Proyect. "No hay elementos para afirmar que hubo una estafa. El que entra en esas cosas sabe en qué se mete", apuntan en la sede de gobierno.Cerca del Presidente subrayan que la moneda sigue cotizando y que "hay que ver" en dónde terminan los fondos y si no se cumple el fin que fue originalmente anunciado, de fondear emprendimientos digitales en la Argentina. Así justifican también que, durante la única entrevista que brindó luego de que estallara el escándalo, Milei no apuntara contra Hayden Davis, el cerebro detrás de $LIBRA.Tal como publicó LA NACION, Arkham -una organización dedicada al análisis blockchain- identificó más de 1000 direcciones vinculadas a Kelsier Ventures, la firma de Hayden Davis, con casi 300 millones de dólares en fondos generados por el activo $LIBRA.Pese a que se ocupan de desestimar el riesgo en los tribunales, en la cúpula del Gobierno monitorean con atención el panorama judicial. Según pudo saber LA NACION, los hermanos Milei pidieron opiniones a distintos colaboradores y abogados cercanos al espacio.El rol del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quedó oficializado como del lado de los "investigadores". En el Gobierno descartaban las versiones que indicaban que iba a renunciar como funcionario para patrocinar a Milei como abogado. Hoy, vía decreto, el Gobierno ordenó a la Oficina Anticorrupción (OA), ente descentralizado de la cartera de Cúneo Libarona, que investigue "posibles irregularidades o hechos de corrupción" relacionadas con el criptoactivo "$LIBRA". Además, también dentro del Ministerio de Justicia, creó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que tendrá por objeto recabar la información relacionada con ese criptoactivo. Es decir, no evaluará a todos los proyectos blockchain en general, sino solo este evento puntual. "Una vez concluida su tarea, se tendrá por disuelta", dice el decreto 114/2025 publicado en el Boletín Oficial.El panoramaActualmente, las denuncias contra Milei por el escándalo de $LIBRA se acumulan en el juzgado federal de María Servini, que tiene en su poder al menos diez planteos. La magistrada delegó la investigación en el fiscal federal Eduardo Taiano."Nos tocaron una jueza y un fiscal que tienen equilibrio", consideraron cerca de los hermanos Milei, que actualmente se encuentran en Washington para que el Presidente se reúna con Elon Musk, con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y para que el líder libertario participe de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) donde también disertará Donald Trump.Al jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia se sumaba este viernes en la capital norteamericana el asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo. En la Casa Rosada aseguraron que el estratega -tercer vértice del "Triángulo de Hierro" reconfirmado en su lugar después del gaffe de la entrevista en Todo Noticias- viaja para participar de la CPAC y que las gestiones se hicieron antes de que estallara el "criptoescándalo".Servini no es una completa desconocida para el entorno de los Milei. El apoderado del partido que creó Karina Milei, La Libertad Avanza, es el abogado Santiago Viola, que trabajó una década en el juzgado de Ariel Lijo y que es allegado a Servini, titular del juzgado federal de la Capital Federal 1° con competencia electoral. Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada conocida en los tribunales por sus relaciones con el mundo judicial. Servini, además, es una vieja conocida de Cúneo Libarona.Respecto a los frentes abiertos en los Estados Unidos, en el Gobierno remarcan que la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), que va a investigar las maniobras en torno a $LIBRA, "no investiga presidentes" sino solo a empresas que cotizan en los Estados Unidos o que están sujetas a la legislación norteamericana.Respecto a la investigación que se inició en el Departamento de Justicia y en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), cerca de Milei remarcan que se trata de una pesquisa "preliminar" y que "si es que prospera" pasará tiempo hasta que llegue a un fiscal de distrito. "No se entiende cómo van a probar el daño si $LIBRA sigue cotizando", dijeron muy cerca de los Milei.Consultados sobre los supuestos mensajes atribuidos a Hayden Davis donde este aseguraba que "controlaba" a Milei y que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia ("Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero", decía el presunto mensaje), en el entorno presidencial se limitan a calificarlo como "poco serio".Luego de que se filtraran esos supuestos mensajes, Davis envió un comunicado oficial en el que dijo que "no recordaba" haber enviado esos mensajes y que no los tenía en su teléfono. "Los reportajes que aseguraron que le pagué a Javier Milei o su hermana Karina Milei para lanzar el memecoin Libra son falsos. Nunca les hice pagos ni ellos me los pidieron", agregó."Ni Javier ni Karina cometieron un delito. Y no hay nada, ningún indicio que pueda tener apariencia de delito en términos jurídicos. Todos los chats son muy poco serios, en términos de pruebas jurídicas no hay nada. Es todo mediático y de las redes sociales. Los Milei están notificados en ninguna causa", dijeron cerca de los hermanos.Respecto al rol de Mauricio Novelli, el trader que contrató a Milei para que diera cursos en su instituto antes de que el libertario asumiera como diputado, en la Casa Rosada no rechazan de plano que él haya pedido dinero y haya utilizado su vínculo con el Presidente. "No lo descartamos, pero tampoco hay elementos para suponerlo", se atajan.
La Corte Suprema reforzó su postura sobre el caso Levinas y desestimó los planteos judiciales
El Máximo Tribunal manifestó que las acciones que interpuso la Asociación de Magistrados y los defensores oficiales resultan "inadmisibles". Asimismo, anularon una medida cautelar que consideraba inconstitucional una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la cual obligaba a que la justicia nacional fuera revisada por el Tribunal Superior de Justicia. Leer más
Unos 200 fiscales y funcionarios judiciales homenajearon a Alberto Nisman a 10 años de su muerte
A 10 años de la marcha de silencio, bajo la lluvia, que protagonizaron fiscales y funcionarios para reclamar justicia por la muerte de Alberto Nisman, unas 200 personas se reunieron este martes frente al Palacio de Tribunales para tributar un homenaje al fiscal asesinado y denunciar que se trató de un "magnicidio" ligado a la denuncia que planteó contra Cristina Kirchner por el pacto con Irán."Nisman cumplió con su compromiso de ser fiscal", afirmaron los convocantes. El acto tuvo lugar frente a la Plaza Lavalle y estuvo encabezado por quienes organizaron aquella manifestación callejera que reunió entonces a miles de personas. Estuvieron los fiscales Raúl Pleé, Fabiana León, Carlos Stornelli, Ricardo Sáenz, el camarista Mariano Llorens, el juez Marcelo Gallo Tagle y el fiscal Ricardo Toranzos, entre otros."Nisman, presente ahora y siempre"; "No fue un suicidio, fue magnicidio", fueron algunas de las consignas que se escuchó corear a los asistentes en medio de aplausos a Sara Nisman, madre del fallecido fiscal, quien fue invitada a subir al escenario del acto. Convocaron la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN).Ricardo Toranzos, presidente de la AFFUN, abrió la lista de oradores tras entonarse el Himno Nacional. Nisman "fue muy valioso" en "su proyecto de vida" y " el que quiso acallar al fiscal Nisman en realidad lo convirtió en un símbolo. Fue el germen porque fiscales de 11 países se juntaron y lo tomaron como bandera", mencionó en relación a la creación de la Federación Latinoamericana de Fiscales.Toranzos se solidarizó con la madre y las hijas de Nisman y exhibió el "compromiso de mantener esta antorcha encendida para definir quienes fueron los responsables de este crimen tan atroz". Del acto no participó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien fuera pareja de Nisman.Nisman fue hallado con un balazo en la cabeza en su departamento el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado por encubrimiento agravado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán.Toranzos, fiscal federal salteño, dijo que Nisman tenía como "compromiso llevar al orden judicial la verificación de la verdad". También destacó que a diez años de lo que la Justicia investiga como un asesinato, el fiscal del caso Eduardo Taiano ratificó que Nisman "fue muerto por la tarea que desplegó". Agregó que buscar la verdad "no es compatible con el miedo, ni con congraciarse con alguien, ni ser consecuente".El fiscal ante la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz recordó que en ese momento se reunieron en el despacho del fallecido fiscal ante Casación Penal, Germán Moldes. "Mataron a uno de los nuestros", dijo por ese entonces Moldes, impulsor de la Marcha del Silencio junto a Sáenz, el fiscal Raúl Pleé y los fiscales federales Carlos Stornelli y Guillermo Marijuan además del referente gremial de los judiciales Julio Piumato.Sáenz mencionó que la denuncia de Nisman por encubrimiento del atentado "es clave para entender el asesinato" y agregó: "El pacto con Irán sacaba la causa del juez natural y ponía en riesgo la vigencia de capturas rojas" de la Interpol."Se trató de una denuncia contra las máximas autoridades del Gobierno en 2015. Sin duda es la más grave de todas las formuladas contra ese Gobierno y acto seguido", ocurre el "asesinato del fiscal, cuatro días después". Sáenz remarcó que ahora "la investigación del encubrimiento de su homicidio comienza a verse".El fiscal Carlos Stornelli, a su turno, calificó la muerte de Nisman como un "magnicidio" y afirmó: "Se han cumplido diez años de un día horrible". Enfatizó que los días previos y posteriores a la muerte de Nisman el fiscal fue "descalificado y demonizado" y dijo que "la embestida tenía como fin además desviar el eje de la atención" de la denuncia contra Cristina Kirchner."En todas las muertes dudosas, la hipótesis del suicidio es la última", dijo Stornelli y recordó la "feroz campaña intentando instalar la idea de un fiscal irresponsable que se quitaba la vida". Dijo que con un grupo de fiscales y Moldes supieron que estaban "frente a un magnicidio y que todas las cloacas habían desbordado". Por eso, dijo que "a diez años de aquella conmovedora caminata, hoy sabemos que no fue en vano".A su vez Julio Piumato, líder del gremio de los judiciales, dijo que estas cosas pasaban en la dictadura y mencionó que "a Nisman lo mataron para que no hiciera lo que estaba obligado a hacer, que era investigar".Dos mujeres "republicanas" que suelen acompañar marchas de la justicia estaban entre los presentes para reclamar con sus pancartas por la muerte de Nisman, pero en el reverso de sus carteles tenían otras leyendas contra la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.
El escándalo de las criptomonedas: ratifican y amplían las denuncias judiciales contra contra Javier Milei en Comodoro Py
La primera denuncia contra Javier Milei tras el escándalo por su promoción de la moneda virtual $LIBRA fue ratificada esta mañana en lo tribunales de Comodoro Py por uno de sus impulsores, el dirigente político y extitular del Banco Nación, Claudio Lozano, quien se presentó en el Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini, donde tramitan esta y otras denuncias contra el Presidente."Vengo a ratificar la denuncia", anunció Lozano, pasadas las 11, en la mesa de entradas de la secretaría número 1, donde, tras el sorteo de la Cámara Federal porteña, tramitan por lo menos otras 7 denuncias, según confiaron fuentes judiciales.En la denuncia que hoy ratificó, el titular del partido Unidad Popular, en conjunto con otros dirigentes, acusó a Milei de haber integrado una "asociación ilícita" que cometió una "megaestafa" al afectar en simultáneo "a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4000 millones de dólares".En esta causa interviene la fiscalía de Eduardo Taiano, que se encuentra de licencia. Lo reemplaza su colega Gerardo Pollicita, que a pedido de Taiano lo esperará hasta el jueves para que el fiscal titular decida si corresponde instar la acción penal o archivar las denuncias.Los denunciantes dijeron a LA NACION que realizarán una ampliación de la demanda en las próximas horas, de manera digital.Entre otras cuestiones, pedirán que se incorporen nuevos elementos de pruebas: el crudo de la entrevista que el Presidente le brindó al periodista Jonathan Viale -interrumpida por Santiago Caputo tras unos dichos que interpretó como inconvenientes-; así como también las declaraciones que dio Hayden Mark Davis, uno de los impulsores de la moneda del escándalo, por las que sostuvo que era asesor del Presidente. Solicitarán, además, que se cite a Viale a prestar declaración."Vamos a realizar una ampliación de la denuncia con todos los hechos nuevos que han aparecido en las últimas horas, especialmente la nota que dio el presidente a Jonathan Viale", compartió Marco Zelaya, uno de los abogados que impulsa la denuncia.Creen que parte de las pruebas pueden verse comprometidas si el juzgado espera a que todos los denunciantes ratifiquen sus presentaciones para tomar ordenar alguna medida.En el escrito, los denunciantes afirman que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como Rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".Otras presentacionesLa segunda de las denuncias contra Milei fue ratificada pasado el mediodía por Fernando Miguez, quien también promovió una ampliación que alcanzó a Haydem Mark Davies, Manuel Terrones Godo -junto a Mauricio Noveli, la "pata local" del lanzamiento de $LIBRA- y el asesor Caputo."Estos nuevos participantes estarían vinculados a los hechos ya denunciados en el cuerpo principal de la denuncia, en el marco de una grave situación de corrupción estructural y estafa, cuya magnitud actual se estima entre 100 y 110 millones de 'dólares estadounidense", dice el escrito, al que tuvo acceso LA NACION.En su denuncia, Miguez se hizo eco de los viejos rumores acerca de presuntos pedidos de dinero para entrar en contacto con el asesor Caputo y Karina Milei, el primer anillo que rodea al presidente."Según lo denunciado públicamente, el empresario Charles Hoskinson (fundador de Carano) solicitó una audiencia privada con el cadidato presidencial. Javier MIlei, con el objetivo de discutir la creación de una moneda virtual en Argentina. Durante dicha audiencia, se le habría pedido un pago de 5 millones de dólares a cambio de la intervención de Karina Milei y Santiago Caputo", dice la denuncia.Según pudo averiguar este medio, otra de las denuncias que tramita en el juzgado de Servini es impulsada por Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner. Dalbón también está citado a ratificar la demanda contra el Presidente.
Fiscales y funcionaros judiciales marchan en memoria de los 10 años de la muerte de Nisman
Fiscales federales y empleados del Poder Judicial convocaron para mañana a la 18 a una marcha en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para homenajear al fallecido fiscal Alberto Nisman, a 10 años de su muerte, que para la Justicia fue un homicidio.Los fiscales van a evocar la manifestación realizada bajo la lluvia y en silencio cuando ocurrió el crimen. El fiscal apareció muerto en su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 y un mes más tarde los fiscales hicieron una marcha de silencio reclamando justicia.Ahora el homenaje es convocado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presidida por Ricardo Toranzo, y por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que encabeza Julio Piumato.Encabezaban la columna con una gran bandera negra, el propio Piumato y los fiscales Raúl Plee, Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Germán Moldes (recientemente fallecido), José María Campagnoli, Carlos Stornelli, Carlos Donoso Castex y Luis Cevasco.Por la muerte de Nisman está procesado el informático Diego Lagomarsino, acusado de ser un partícipe necesario del asesinato, pues alcanzó el arma de la que salió el disparo que terminó con la vida del fiscal. También están procesados los cuatro custodios que debían encargarse de la seguridad de Nisman.La Justicia entiende que la muerte de Nisman fue un homicidio y que detrás del crimen hubo una guerra de espías que está investigando el juez federal Julián Ercolini en una causa delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano.
El PSOE estudia acciones judiciales por la casa de la pareja de Feijóo y cree que la parcela está en "situación ilegal"
La C.Madrid reitera que quienes han intentado "retorcer el dolor" con residencias se han llevado "varapalos" judiciales
Javier Milei y sus horas más díficiles como presidente: cómo sigue el escándalo por la criptomoneda $Libra, la reacción de la oposición y las denuncias judiciales
El escándalo por la estafa multimillonaria con criptomonedas lanzada por el Presidente de la Nación entró de lleno en el corazón del Gobierno libertario y despertó una crisis inédita que amenaza con arruinar los planes del oficialismo en el arranque del año electoral. El comunicado del PRO, la posición de la oposición y las últimas novedades de las presentaciones judiciales
11 venezolanos fueron expulsados de Bucaramanga: reunían más de 80 anotaciones judiciales
Estos migrantes fueron trasladados hasta la frontera con Norte de Santander por parte de Migración Colombia. Luego de su retorno a su país de origen, estos hombres enfrentarán el delito de fraude en resolución judicial
Ministro de Salud calificó de "precipitadas" las órdenes judiciales sobre reajuste a la UPC: "Necesitaríamos un estadio El Campín para cumplir"
Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró que las decisiones de la Corte Constitucional presentan inconsistencias y negó que se busque dilatar los pagos
Nicolás Petro y Laura Ojeda llegaron al centro de servicios judiciales de Barranquilla en su segundo día de audiencia preparatorias
Desde Barranquilla, las sesiones preliminares buscan establecer las pruebas clave de un caso que ha generado un interés nacional y posibles implicaciones superiores
El desafío de la seguridad en Buenos Aires: las claves de un debate con referentes políticos y judiciales en la UBA
El evento, organizado por Fundación Metropolitana y Grupo Perfil, reunirá a referentes políticos y judiciales para discutir tecnología, comunidad y seguridad en Buenos Aires. Leer más
El Algarrobico: anuncio de una demolición con flecos judiciales aún por resolver
Fernández Noroña descalifica rechazo de la SCJN a candidaturas judiciales por tómbola: "Son falsos e hipócritas"
El presidente de la Mesa Directiva del Senado también sentenció que cumplirá con el mandato del TEPJF y enviará al INE las listas con aspirantes seleccionados del Poder Judicial
Fiscales y empleados judiciales homenajearán a Alberto Nisman frente a Tribunales
Será el 18 de febrero a 10 años de la marcha del silencio que se realizó después del asesinato del fiscal que investigó el atentado a la AMIA
Todas las causas judiciales de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez: denuncias y estrategias de una batalla sin tregua
La guerra mediática del verano entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez trascendió la pantalla y llegó a los tribunales. La separación del matrimonio conformado por la empresaria y conductora y el futbolista derivó en un complejo entramado judicial con demandas cruzadas, medidas cautelares, acusaciones de hostigamiento y denuncias por violencia de género, acoso y amenazas. A esto se suman otras acusaciones por la presunta difusión de material íntimo, la exposición mediática del conflicto y disputas económicas que llevaron a la Justicia a intervenir con carácter de urgencia.La complejidad del caso obligó a la Justicia civil a habilitar la feria judicial de verano para tratar con prioridad el régimen de cuidado personal de Francesca e Isabella Icardi, las hijas en común del matrimonio. Pese a que Wanda Nara solicitó restringir el contacto de Icardi con las menores, la Justicia rechazó su pedido; por su parte, el futbolista denunció impedimentos para ejercer su rol parental y presentó medidas para garantizar su derecho a la comunicación con sus hijas.Desde hace meses, el conflicto se dirime entre los tribunales y los medios. En la Justicia civil, las causas avanzan en torno a la custodia y manutención de sus hijas. En paralelo, en el fuero penal ya se acumulan al menos diez denuncias y más de 14 medidas cautelares dictadas en los tribunales de Tigre y la Ciudad de Buenos Aires.Dentro de la batalla judicial entre Nara e Icardi, la conductora denunció a María Eugenia "La China" Suárez y a la niñera de sus hijas, Silvia Lucero. Suárez, por su parte, demandó a Nara por 200 mil dólares, acusándola de filtrar mensajes y hostigarla. La actriz también inició una acción por daños contra Yanina Latorre, con quien tiene una contienda previa por mas de 100 millones de pesos.En paralelo, el conflicto económico también es un punto central en la contienda judicial: Nara exige a Icardi una cuota alimentaria mensual de 50.000 dólares, una cifra que actualmente es objeto de disputa en los tribunales. Estas son las principales medidas judiciales, resoluciones y estrategias de los involucrados:Denuncias y medidas cautelares efectuadas por Wanda NaraLa disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi comenzó formalmente el 12 de noviembre de 2024, cuando la empresaria denunció al futbolista por violencia psicológica y económica. Desde entonces, la batalla judicial escaló con nuevas acusaciones, medidas cautelares y denuncias contra personas cercanas a Icardi, incluyendo a su niñera.El enfrentamiento se desató en un momento clave del delantero del Galatasaray de Turquía. En noviembre de 2024, el futbolista viajó a la Argentina para someterse a un tratamiento médico tras una lesión ligamentaria, lo que lo obligó a permanecer en el país durante su recuperación. Mientras se encontraba en Buenos Aires, las tensiones con Nara escalaron, desatando una serie de acciones legales que convirtieron su estadía en una verdadera contienda judicial.Nara realizó un cambio de estrategia en su defensa. En enero de 2025, reemplazó a su abogada Ana Rosenfeld por Nicolás Payarola, un penalista que también defiende a su novio, Elián Valenzuela, L-Gante, en las varias causas penales en su contra.1. Denuncia contra Icardi por violencia psicológica y económicaFecha: 12 de noviembre de 2024 | Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23 de CABA | Medida: Exclusión del hogar de IcardiWanda Nara sostuvo en la denuncia que Icardi tenía el control total de los ingresos y la administración del hogar, lo que la dejaba en una situación de dependencia económica. Además, afirmó que él se negaba a abandonar el departamento en el edificio Chateau Libertador, en Núñez, a pesar de la decisión judicial. Por este motivo, la Justicia ordenó su exclusión inmediata de la vivienda.Con la orden en mano, Wanda regresó de su viaje a Rio de Janeiro y le pidió que se fuera, pero él se negó. Según su relato, Icardi reaccionó con enojo: "No te voy a dar nada, la voy a tirar por Libertador, voy a prender fuego todo". Cuando ella insistió, él respondió: "No me voy a ir, me quedo con todos mis hijos". Luego, bloqueó la habitación matrimonial, impidiéndole acceder a documentos y medicamentos. La tensión fue en aumento, mientras su abogada, Ana Rosenfeld, intentaba mediar en la situación. Finalmente, ante la escalada del conflicto, Rosenfeld llamó al 911 y la policía intervino.Unos días después, a la salida de su casa, un movilero de A la Tarde (América TV) le preguntó a Wanda sobre la denuncia, y ella lo desmintió: "Quiero aclarar que yo no hice ninguna denuncia de violencia de género. Si yo tuviera miedo, Mauro no estaría con mis hijas ahora". A pesar de sus declaraciones, la justicia penal siguió adelante con la investigación por amenazas y hurto. En su testimonio, aseguró que Icardi había retenido documentos personales, ropa y pertenencias de alto valor que intentó recuperar el día de la denuncia, sin éxito.Wanda Nara conto la verdad sobre la supuesta denuncia contra Mauro Icardi por violencia de generoA raíz de estos hechos, la Justicia tomó medidas cautelares urgentes: prohibió el contacto entre las partes, la difusión de imágenes íntimas y ordenó el secuestro del celular de Icardi para eliminar archivos comprometidos. En su resolución, el juez señaló que el caso debía analizarse en un "contexto de violencia de género contra la mujer, en su modalidad doméstica".2. Denuncia contra Icardi por amenazas y tenencia de armasFecha: 30 de noviembre de 2024 | Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre | Medidas: Nueva exclusión del hogar, prohibición de acercamientoEl 30 de noviembre, Nara amplió su denuncia, acusando a Icardi de amenazas y tenencia de armas en la casa de Santa Bárbara, en Tigre, donde él se había instalado tras su primera exclusión.El 1 de diciembre, el juez ordenó un allanamiento nocturno en la propiedad. Sin embargo, en el procedimiento no se encontraron armas ni elementos sospechosos en la casa de propiedad de Wanda Nara. Pese a ello, la justicia mantuvo la exclusión del hogar y ratificó la prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de Wanda Nara y sus hijas, así como de su residencia en el barrio privado Santa Bárbara.3. Denuncia contra la niñera Silvia Noemí LuceroFecha: 21 de diciembre de 2024 | Juzgado de Garantías Nº 2 de Tigre| Medidas: Exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y contacto con las menoresNara denunció a Silvia Noemí Lucero, niñera de sus hijas, por presuntos malos tratos hacia Francesca e Isabella. Lucero había trabajado con la familia previamente en Turquía y en París. Fue recomendada por una amiga cercana de Zaira Nara y tenía antecedentes laborales con familias de alto perfil. Según la denuncia, las menores manifestaron temor en su presencia y relataron episodios de maltrato verbal y emocional. Ante estos hechos, Nara presentó pruebas testimoniales y registros de conversaciones donde se describían incidentes.La Justicia ordenó como medida precautoria la exclusión inmediata de Lucero de la casa de Icardi en Nordelta y estableció la prohibición de acercamiento y contacto directo o indirecto con las menores. Inicialmente, la restricción fue impuesta por 15 días, que luego fue prorrogada por 120 días más.4. Denuncia contra Eugenia SuárezFecha: 9 de enero de 2025 | Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre | Medida solicitada: Restricción de acercamiento en favor de sus hijasWanda presentó una denuncia contra la actriz por hechos ocurridos durante su estadía en la casa del futbolista. Según manifestó, en una ocasión, las niñas tocaron la puerta del dormitorio de su padre y fueron atendidas por Suárez, quien se encontraba semidesnuda. Además, afirmó que las menores habrían presenciado discusiones entre ambos y que el jugador les habría dicho que, de no querer estar con él, las buscaría con la policía.El juez denegó la solicitud de prohibición de acercamiento de la actriz hacia las niñas, argumentando que su imposición afectaría el régimen de contacto del futbolista con sus hijas. En paralelo, Nara pidió que Suárez se abstuviera de divulgar imágenes o información sobre las menores. Ambos planteos fueron derivados al fuero correspondiente, el juzgado civil de CABA que entiende en la causa, donde aún no se dictó una resolución.5. Otras denuncias y medidas cautelares24 de diciembre: La conductora denunció ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23 de CABA que Icardi tenía en su poder material íntimo suyo y temía su difusión. La justicia ordenó medidas de protección, prohibió la divulgación de material íntimo y dispuso la eliminación de cualquier contenido multimedia que pudiera afectar la privacidad de Nara.10 de enero: Se dispusieron nuevas medidas cautelares contra el futbolista, que prohíben todo tipo de contacto con Nara y la difusión de imágenes de ella y sus hijas. Se ordenó también la entrega de su celular para la eliminación de archivos multimedia íntimos. Esa última medida fue apelada por el delantero del Galatasaray, argumentando que no existía prueba concreta de que tuviese dicho material y que afectaba su derecho a la privacidad.19 de enero: Nara solicitó que se prohiba cualquier contacto virtual entre sus hijas y la actriz sin su consentimiento. El motivo que alegó ante el Juzgado de Familia Nº2 de Tigre fue el día del cumpleaños de su hija mayor, el futbolista realizó una videollamada para saludarla, en la cual también participaron la actriz y sus hijos, y que dicha situación generó incomodidad en la niña, quien no deseaba interactuar con ellos. El pedido fue remitido al juez natural de la causa en CABA, donde aún no se resuelve.Denuncias y medidas interpuestas por IcardiMauro Icardi modificó su estrategia en el conflicto judicial con su exmujer, presentando denuncias por impedimento de contacto, hostigamiento y difusión de material privado, además de solicitar la revisión de presuntas denuncias falsas. Aunque hasta el momento no hizo declaraciones públicas, busca revertir las restricciones impuestas a través de múltiples frentes judiciales en su contra y señalar contradicciones en los testimonios de Nara y denunciar un uso indebido del sistema judicial.Elba Marcovecchio, especialista en derecho de familia, y el penalista Gonzalo Romero Victorica representan al futbolista en los fueros civil y penal, respectivamente."Se ha generado una manipulación del sistema de justicia para obtener beneficios procesales. Estamos frente a un abuso del mecanismo de protección de violencia de género que está diseñado para proteger a las verdaderas víctimas, no para utilizarlo como herramienta en un divorcio conflictivo", expresó la abogada a LA NACIÓN.En esa línea, Romero Victorica sostuvo: "Hemos identificado irregularidades en el uso de la justicia penal para intentar modificar decisiones que deberían resolverse en el fuero de familia. No se puede usar el sistema judicial como un arma en una disputa personal".1. Denuncia por impedimento de contactoFecha: 14 de diciembre de 2024 | Juzgado Nacional en lo Civil Nº 106 de CABA | Medida: Orden de reintegro inmediato de las menoresMauro Icardi denunció a Wanda Nara por incumplimiento del régimen de cuidado compartido mientras la mediática se encontraba en Europa. El juez ordenó la restitución inmediata de Francesca e Isabella a su padre, y remarcó que la negativa de Nara constituía una "clara violación al derecho de comunicación y crianza compartida".2. Denuncia por hostigamiento y difusión de material privadoFecha: 26 de diciembre de 2024 | Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 23 de CABA | Medida: Pericia sobre el celular de Wanda NaraIcardi acusó a Nara de divulgar conversaciones privadas de la relación, incluyendo intercambios sobre su vida personal y familiar. Además, señaló que la información fue manipulada para afectar su imagen pública, lo que motivó la intervención judicial para determinar la autenticidad de los mensajes expuestos. También afirmó que Nara lo amenazó directamente con difundir material íntimo suyo.La Justicia ordenó una pericia sobre el teléfono de Nara para analizar si existieron amenazas explícitas o difusión de contenido sin consentimiento. Hasta el momento, los resultados de la pericia no fueron informados públicamente.3. Denuncia por falsa denuncia y fraude procesalFecha: 30 de diciembre de 2024 | Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de CABA | Medida adoptada: Evaluación de veracidad de las denuncias previasIcardi presentó una denuncia por falsa denuncia y fraude procesal, argumentando que su expareja utilizó el sistema judicial para excluirlo del hogar y restringir su contacto con sus hijas. Su defensa destacó contradicciones en los relatos de Nara, citando declaraciones en medios como A la Tarde (América TV) y entrevistas donde la empresaria negó haber sido víctima de violencia de género.El tribunal ordenó la revisión de las denuncias previas de Nara para determinar si existían inconsistencias o elementos que justificaran una investigación por fraude procesal. El delito de falsa denuncia tiene una pena de dos meses a un año de prisión o multa en el Código Penal.4. Solicitud de audiencia para revisar medidas restrictivasFecha: 10 de enero de 2025 | Fiscalía PCyF N° 3 de CABA | Medida solicitada: Revisión de medidas cautelaresLa defensa de Icardi solicitó una audiencia urgente para revisar las restricciones impuestas el 10 de enero, alegando que las mismas eran "irrazonables". En su escrito, los abogados pidieron que se habilite la feria judicial para tratar el caso y que se proteja la privacidad de su cliente, evitando la presencia de medios en la audiencia.5. Demanda por cuidado personal unilateral de sus hijasFecha: 24 de enero de 2025 | Juzgado Nacional en lo Civil de CABA | Medida solicitada: Cuidado personal unilateralIcardi promovió una demanda para obtener tenencia exclusiva de sus hijas Isabella y Francesca, argumentando que Nara ponía en riesgo su bienestar al exponerlas mediáticamente y filtrar audios de las menores. La audiencia se llevó a cabo el 24 de enero, pero aún no hay resolución definitiva.Demandas y medidas cautelares interpuestas por María Eugenia SuárezEl enfrentamiento entre Wanda Nara y La China Suárez se remonta a 2021. La repercusión llegó con un posteo misterioso de Nara en redes sociales con la frase "Otra familia que te cargaste por zorra". A partir de allí, la actriz fue señalada como tercera en discordia en la crisis matrimonial de la mediática con Mauro Icardi, y comenzaron a circular en los medios capturas de chats en los que el futbolista le proponía un encuentro en un hotel de París mientras su esposa estaba en Milán.Durante meses, el escándalo ocupó los titulares con rumores de infidelidad, desmentidas y declaraciones cruzadas. Suárez negó cualquier vínculo con Icardi. Aunque la polémica parecía superada, a fines de 2024 Nara retomó las acusaciones y comenzó a difundir nueva información sobre la actriz en redes sociales y hasta en una entrevista con Susana Giménez, poco antes de que la relación con el futbolista se hiciera pública.Ante este nuevo escenario, Suárez acudió a la Justicia para frenar lo que considera una campaña de hostigamiento en su contra. Presentó demandas y medidas cautelares no solo contra Nara, sino también contra Yanina Latorre, quien se involucró activamente en la controversia y abordó el tema a diario desde LAM y sus redes sociales.A continuación, se detallan las acciones legales que Suárez inició en los últimos meses.1. Medida cautelar contra Wanda Nara por difusión de información privadaFecha: Diciembre de 2024 | Juzgado: Fuero Civil | Medida adoptada: Prohibición de difundir información privadaEn diciembre de 2024, Suárez solicitó una medida cautelar para impedir que Nara continuara difundiendo chats, videos y capturas de pantalla relacionadas con su vida privada. Según argumentó su abogado, Agustín Rodríguez, la mediática violó la intimidad de la actriz en reiteradas ocasiones, lo que afectó tanto su reputación como su vida personal.El pedido se tornó aún más urgente cuando el número de teléfono de Suárez apareció filtrado en redes sociales. Rodríguez sostuvo que se trató de un hecho grave y que debía ser sancionado. "Tuvimos que dar de baja el teléfono de Suárez tras la filtración de su número en redes sociales. La Justicia debe tomar medidas firmes para evitar que esta persecución siga escalando", aseguró el abogado.El juez a cargo de la causa aceptó parcialmente la medida y ordenó la prohibición de difundir contenido vinculado a Suárez. Sin embargo, rechazó la aplicación de una multa inmediata, dejando abierta la posibilidad en caso de reincidencia.2. Juicio por daños y perjuicios contra Wanda NaraFecha: Mediación prevista para el 12 de febrero | Juzgado: Fuero Civil | Monto reclamado: US$ 200.000El equipo legal de Suárez confirmó que iniciará un juicio por daños y perjuicios contra Wanda Nara por hostigamiento, daño reputacional y difusión de información falsa. La audiencia de mediación obligatoria está programada para el 12 de febrero de 2025. Si no se llega a un acuerdo, el juicio avanzará a una instancia de litigio formal.Rodríguez argumentó que Nara realizó afirmaciones falsas en medios de comunicación y redes sociales, afectando la imagen de su clienta. "Nara ha dicho inexactitudes y mentiras sobre mi clienta, incluyendo que llevó borracho a Icardi a una pericia psiquiátrica y que se quedó en su casa en Santa Bárbara. Es necesario frenar este tipo de difamaciones antes de que sigan escalando", expresó el abogado a LA NACIÓN.3. Medida cautelar contra Yanina LatorreFecha: 10 de enero de 2025 | Juzgado: Fuero Civil | Medida adoptada: Prohibición de mencionar a los hijos de Eugenia SuárezEl abogado también presentó una medida cautelar contra Yanina Latorre, quien abordó el escándalo en su programa y redes sociales con actualizaciones diarias. El pedido judicial impide que la periodista mencione a los hijos de Suárez en redes sociales, televisión o cualquier otro medio de comunicación. La prohibición expresa de hacer referencia a los menores, con la advertencia de posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento."Latorre narra en sus historias judiciales como si fuera una novela, pero cuando empieza a nombrar a los hijos menores de Suárez, se cruza un límite que la Justicia debe hacer respetar", sostuvo el letrado. A la vez que remarcó que los menores no deben ser parte de un conflicto mediático.4. Segunda demanda por daños y perjuicios contra Yanina LatorreFecha: Febrero | Juzgado: Fuero Civil y Comercial | Monto reclamado: A definirRodríguez confirmó que se iniciará un segundo juicio contra Latorre por hostigamiento y daños en la reputación de su clienta, aunque el monto aún no ha sido determinado. En paralelo, también inició una denuncia por hostigamiento en el fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires."Existe un grave hostigamiento mediático que no solo afecta a mi clienta, sino también a sus hijos. Estoy a favor de la información y la libertad de prensa, pero en este caso reproducen mentiras, como un embarazo que nunca existió", sostuvo Rodríguez, haciendo hincapié en la necesidad de frenar la escalada de violencia digital contra Suárez.En 2022 Suárez inició la primera demanda por daños y perjuicios contra Yanina Latorre, Ángel De Brito, y la productora de LAM por los mismos motivos: la difusión de chats privados y detalles de la vida personal de la actriz. El reclamo asciende los 38 millones de pesos, cuya cifra actualizada supera los 100 millones de pesos.
Minedu destina 200 millones de soles para el pago de sentencias judiciales a profesores
Los maestros peruanos reaccionaron de manera positiva ante la transferencia oficializada por el Ministerio de Educación. Además, expresaron estar a la expectativa de ser beneficiarios de este depósito, a diferencia de otros años
Carrió le escribio una carta a Milei y amenazo con iniciarle accciones judiciales por "traición a la patria"
La ex legisladora criticó duramente a Milei por su discurso en Davos, acusándolo de expresiones "impropias de un Presidente". En su carta, la ex diputada advirtió que las publicaciones y declaraciones del mandatario violan la Constitución Nacional y los derechos humanos. Leer más
Atentado en la sede del Ministerio Público en Trujillo genera que FF.AA. apoyen a la PNP a reforzar seguridad en sedes judiciales y fiscales
Ambas instituciones intensificaron los patrullajes preventivos en puntos estratégicos de la ciudad desde el pasado sábado 25 de enero ante posibles nuevos ataques de organizaciones criminales