El TSJM dicta sentencia firme y obliga a la Oficina de Conflictos de Intereses a indagar si el presidente debió abstenerse en la decisión de rescatar con 474 millones a la aerolínea vinculada a su mujer
Se trata de Cecilia Incardona y Sergio Mola, del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora.Los acusan de pedir archivar causas y negarle al Servicio Penitenciario Federal el rol de querellante en hechos delictivos que ocurrieron dentro de varias prisiones, medidas invalidadas por el juez federal Federico Villena.
Para Gregorio Dalbón existen indicios de que el asesor presidencial y Natalia Basil tenían conocimiento previo del entramado de coimas denunciado por Diego Spagnuolo en los audios
La diputada nacional Marcela Campagnoli acusó a Javier Alonso de desatender la violenta situación en diversos puntos del conurbano donde se han generado robos, carreras de motos, homicidios y venta de autopartes
Algunos sostienen que, si una cuestión está en manos de la Justicia, el Congreso no debería intervenir. Ese argumento es equivocado y también riesgoso.
Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este día
Los familiares del político asesinado buscan que se consideren todas las hipótesis y que no se limite la investigación solo a la versión de los exintegrantes de las Farc
La iniciativa surge tras la demanda presentada en 2024 por siete familias francesas contra la plataforma
Hace cuarenta años, el 11 de septiembre de 1985, empezaba el alegato final de la fiscalía en el juicio a las juntas militares. Leer más
El proceso judicial se centra en la adquisición de materiales eléctricos con un presunto sobrecosto del 70.76% en la costa Atlántica
La Contraloría reveló presuntas irregularidades en el manejo financiero de las EPS, situación que ha puesto en riesgo la atención de millones de afiliados y ha generado llamados a una intervención urgente
El jefe de Estado sostuvo que la congresista debería concentrarse en investigar a exfuncionarios como Francisco Barbosa y Martha Mancera
El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) instó a Morena a investigar los señalamientos sobre el senador Adán Augusto López y el exsecretario de Seguridad tabasqueño Hernán Bermúdez
En su alocución presidencial, el mandatario pidió al Ministerio de Educación darse a la tarea de determinar con claridad si hubo responsabilidad del Gimnasio en la muerte de la menor, luego de que su cuerpo fuese hallado en las inmediaciones del lugar
Una jueza de Barranquilla cuestionó que el abogado y su clienta hubiesen pedido aplazamiento, sin acreditar motivos de fuerza mayor que justificaran su inasistencia
El concejal de Bogotá Julián Uscátegui aseguró que habría indicios sobre supuestas ayudas de la administración colombiana a estructuras criminales ligadas al cartel de Los Soles en Venezuela
El jefe de Estado pidió a Gregorio Eljach indagar sobre posibles violaciones a la ley después de que el secretario de Seguridad de ese departamento, Luis Eduardo Martínez, se refiriera a la precandidatura del senador del Pacto Histórico
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, también se refirió al tenso cruce con el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger durante la inauguración del Council of the Americas, y afirmó: "No fue incómodo para mí, porque estoy acostumbrado a esas cosas".
El congresista Álvaro Rueda denunció presuntas irregularidades en la operación del peaje tras el fin de la concesión
"Nadie nos va a devolver a nuestros familiares, pero sentimos que al fin se empezó hacer justicia por ellos", sintetiza Vanessa, hija de un hombre que murió tras casi dos meses internado en el Hospital Italiano de Rosario y cuyo nombre pidió no revelar. Ella descubrió que el fallecimiento podía estar relacionado con el fentanilo contaminado cuando el caso comenzó a difundirse por los medios de comunicación. Así recibieron algunas familias de las presuntas víctimas del fentanilo la noticia de las diez detenciones ocurridas ayer en la causa que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La lista incluye desde el empresario Ariel García Furfaro, sus dos hermanos y su madre, hasta socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fármaco investigado por haber desatado un brote infeccioso de consecuencias mortales. "Lo primero que hicimos ayer es hablar con Carla y pensar en nuestros papás, que lo estamos logrando por ellos y por todas las familias que encontramos, a las cuales nos abrazamos a la distancia", agregó en diálogo con LA NACION. Carla creó la cuenta @casofentanilorosario para nuclear a las víctimas en Santa Fe y difundir la guía que crearon para quienes sospechan que un ser querido pudo haber recibido fentanilo contaminado. "Sentí un abrazo comunitario entre todos los familiares que estamos en este dolor tan injusto y sentí el orgullo de mi viejo por lo que estábamos logrando, no solo contactar con 17 familias de Rosario que no sabían nada, sino hacernos escuchar en este pedido de justicia", dijo a este medio. "Estamos movilizados, muy movilizados. Ayer nos tomaron por sorpresa las detenciones. Fue muy fuerte, muchas emociones mezcladas. La incertidumbre de no saber si era real la noticia y, a la vez, la emoción de sentir que históricamente teníamos una Justicia respondiéndonos a las víctimas", sumó. Además, García Furfaro fue imputado con la acusación que el grupo de familias representado por la abogada Adriana Franchese -tía de Renato Nicolini, uno de los fallecidos incorporados al expediente judicial- pidió al presentarse como querellante. La fiscal federal Laura Roteta le imputó el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que castiga a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso "resultare la muerte de alguna persona" cuya pena mínima es de 10 años de cárcel y la máxima, de 25 años de prisión. "Lo recibimos de buena manera como una situación lógica, aunque sabemos que la cadena de culpabilidades no termina con la detención de la familia García Furfaro", opinó Daniel Oviedo, cuyo hijo de 44 años falleció en el Hospital Italiano de La Plata tras haber estado internado en terapia intensiva por una crisis tras una convulsión. Oviedo extendió la responsabilidad hacia el gobierno nacional. "Entendemos que en lo penal hay distintos tipos de delitos y acciones de distinto calibre. Pero creemos que la cadena de responsabilidades aún está en las sombras, en referencia al Poder Ejecutivo Nacional y los ministros Federico Sturzenegger [Desregulación y Transformación del Estado] y Mario Lugones [Salud], que son el brazo ejecutor de esta línea de política de estado criminal impulsada por Javier Milei. Nuestra familia tiene esta posición, no puedo hablar por los demás. Cada uno entró con una patología distinta y con el mismo desenlace", detalló.En esa misma línea opinó Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, de 32 años, quien fue derivado al Hospital Italiano de La Plata cuando su cuadro de pancreatitis se agravó. Allí fue operado y recibió fentanilo del lote contaminado N°31.202. "Esto fue una cadena de negligencias, de decisiones que fueron tropiezos tras tropiezos y generaron un hecho totalmente prevenible. Y hoy estamos hablando de más de 100 personas que fallecieron", dijo en una entrevista en LN+. "Es un gran paso que se dio solicitar las indagatorias de los responsables del laboratorio, pero acá hay responsables administrativos, organismos de control", remarcó y recordó que debieron allanar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para conseguir documentación necesaria. Este organismo había efectuado reiteradas observaciones a la cadena de producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, pero no avanzó en sanciones o correcciones que podrían haber evitado que el fentanilo contaminado se comercializara. En ese sentido, el juez Kreplak dispuso que la Anmat ya no sea más querellante en la causa, mientras la fiscal Roteta y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), impulsaron una investigación para determinar la responsabilidad del organismo ante los persistentes incumplimientos en sus deberes de control. Además, el Gobierno separó del cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, que dirigía el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y tenía a su cargo de manera directa el control de los laboratorios. "Estas últimas semanas [el caso] tomó la repercusión que las familias buscábamos y la celeridad y respeto por las víctimas que ya no están. Mi hermano sufrió un infierno, fue horrible verlo en esa situación. Y no hay que olvidarlo", dijo Ayala. La eventual demora de la investigación fue uno de los puntos que las familias remarcaban y temían ante la amenaza del Gobierno, que finalmente no se concretó, de recusar al juez Kreplak. "A nosotros no nos llamó nadie, ningún representante o funcionario público se sentó a hablar con las familias para darnos seguimiento o contención. Hay más de 100 personas fallecidas, hay familias destruidas y hay decenas de decisiones negligentes que llevaron adelante esta tragedia", cerró.
Adriana Francese expuso los detalles de la presentación ante la Justicia. Además, apuntó contra la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
En el marco del fin de los alegatos de la querella, el abogado de la expresidenta pidió 15 años de prisión para Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel.
La iniciativa busca esclarecer cómo se distribuyeron en territorio cordobés las ampollas de los lotes 31202 y 31244 del laboratorio HLB Pharma, tras la alerta sanitaria del 8 de mayo. El proyecto propone determinar qué hospitales recibieron el medicamento y analizar la respuesta institucional ante la emergencia. Leer más
El caso del fentanilo adulterado -que dejó al menos 76 muertos y alimenta sospechas sobre vínculos entre laboratorios y exfuncionarios- volvió a escena en la última sesión de la Cámara de Diputados. Silvana Giudici (Pro) intentó que se debatieran de urgencia dos proyectos para investigar el tema, pero el entendimiento inicial con Unión por la Patria (UP), que proponía postergar el debate, se quebró. La diputada macrista, que es aliada de La Libertad Avanza, acusó al kirchnerismo de bloquear el esclarecimiento del caso; en UP, en tanto, replicaron que forzó una votación sin quorum para provocar un escándalo y anunciaron que presentarán su propio pedido de informes.El cruce comenzó desde temprano, en una sesión extensa y con un temario que no incluía iniciativas sobre fentanilo. Según pudo reconstruir LA NACION, el asunto se mencionó de forma genérica en la reunión de Labor Parlamentaria, pero sin detallar el contenido de los proyectos que se pretendían sumar.Pasadas las 13, Giudici pidió la palabra. Afirmó que el Congreso no podía quedar al margen de una trama que, a su entender, involucra "curiosas coincidencias" y un "esquema de corrupción" que excede la producción de fentanilo en la Argentina. Alertó sobre "lotes completos" de la sustancia que no fueron identificados ni recuperados y que, en Formosa, habría "más de 14 mil ampollas" sin destino conocido.En su intervención, enumeró las irregularidades que, según ella, rodean el caso: 267 expedientes y al menos dos sumarios contra HLB Pharma; vínculos de esa firma con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y con el exministro de Salud Ginés González García en la importación de la vacuna Sputnik; y un intento de registrar precursores químicos con un documento apócrifo a nombre de la abuela de 90 años de uno de los dueños, Ariel García Furfaro. Ese documento falso, dijo, fue certificado por la Municipalidad de San Isidro y derivó en una denuncia del Ministerio de Seguridad, que se sumó a la causa en manos del juez Ernesto Kreplak -hermano del ministro de Salud bonaerense-. "Le vamos a pedir que apure un poquito la causa, porque hay 68 muertos y ni una persona imputada ni presa", reclamó.Giudici también mencionó vínculos con un laboratorio en Ciudad del Este (Paraguay), en la "ruta del fentanilo" que -según afirmó- se utiliza para envenenar a jóvenes, y cruces de domicilios que conectarían al presunto actual presidente de HLB Pharma, Sebastián Daniel Nanin, con allegados al empresario Lázaro Báez. Uno de los domicilios de García Furfaro estaría registrado en la casa de la madre de Báez.Con ese marco, Giudici pidió incorporar al temario dos iniciativas: la creación de una comisión investigadora (2728-D-2025) y un pedido de informes (4183-D-2025) sobre los vínculos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo con funcionarios del gobierno anterior. "Pido por este tema hace tres sesiones", recordó la diputada. Si bien la propuesta para crear la comisión había sido presentada tres meses atrás, el pedido de informes fue formalizado recién el día anterior a la sesión y todavía no tenía los giros a comisiones.El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, planteó postergar el tratamiento hasta contar con "toda la información" sobre la tramitación del segundo proyecto y así trabajar en un eventual acuerdo. Giudici aceptó. Durante la jornada -en la que el oficialismo sufrió 12 derrotas consecutivas, incluidas dos medias sanciones clave y el rechazo a cinco decretos-, hubo conversaciones entre referentes de UP y de Pro para consensuar un texto sobre el pedido de informes.En torno a la comisión investigadora, las versiones se enfrentan: en el entorno de Giudici aseguran que UP se negó de plano a habilitarla; desde UP, en cambio, afirman que fue la diputada quien descartó avanzar con ese punto.Lamentablemente, después de una sesión de 12 horas, cuando debía votarse y aprobarse la comisión investigadora por el fentanilo contaminado, los bloques de la oposición y el kirchnerismo decidieron levantarse. Esto deja en evidencia las conexiones entre el kirchnerismo y losâ?¦ pic.twitter.com/xXStMHShoz— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) August 7, 2025Para sumar proyectos fuera del temario se requieren tres cuartos de los presentes, una mayoría agravada que, en la actual composición de la Cámara, solo es posible con el aval de la bancada kirchnerista (98 legisladores). Ese apoyo no llegó. Pasada la medianoche, con el orden del día agotado y la oposición celebrando sus victorias previas, Giudici volvió a mocionar. A las 00.40 pidió votar la incorporación de sus proyectos, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, constató la falta de quorum."Que quede claro que la comisión y el tratamiento del fentanilo no le importan al kirchnerismo", lanzó Giudici. Desde UP lo niegan: aseguran que esperaron durante toda la sesión para avanzar en un acuerdo, que no hubo progresos y que presentarán su propio proyecto para solicitar información. Y devolvieron la crítica: "Pidió la moción cuando sabía que ya no había quorum, para armar un escándalo", replicó un referente del bloque.Más allá de las acusaciones cruzadas, el Congreso sigue al margen de una causa que involucra a dos gobiernos y ya suma más de 70 muertes.
Acumula las denuncias de José Grinda y Ignacio Stampa, quien ha puesto a disposición una grabación de la exmilitante del PSOE
El mensaje de la ministra surgió luego de que la fiscalía platense que recibió la denuncia penal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense ordenó pericias sobre cómo se obtuvieron los datos de la "denuncia anónima" en que se basó un sumario contra los agentes cercanos a Bondarenko.Aprovechó la novedad en la causa para cuestionar a la administración de Axel Kicillof.
El mismo fue otorgado por una de las más importantes organizaciones sin fines de lucro que lucha contra esta enfermedad. Esta afección neurodegenerativa afecta a más de 500 mil personas en Argentina.
El gobernador bonaerense presentó una denuncia en la Justicia tras conocerse un informe que revela seguimientos a dirigentes, gremios, jubilados y personas con discapacidad. El caso sacude al Gobierno y pone bajo la lupa a la SIDE. Leer más
El diputado Manuel García denunció ante la Procuraduría que un evento en Titiribí se convirtió en un homenaje al expresidente Álvaro Uribe, con el logo del Centro Democrático y mensajes de respaldo del gobernador Andrés Julián Rendón
Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del alto tribunal, reiteró la preocupación del despacho ante lo que considera una erosión de los controles institucionales que deben existir en el cargo del presidente de la República
Indignación y repudio fueron las primeras reacciones de la oposición ante la revelación de que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que conduce Sergio Neiffert realiza informes de consumo interno sobre la actividad que desarrollan dirigentes políticos de la oposición y de otros sectores sociales, como jubilados y gremios, a contramano de lo que el marco legal vigente le permite realizar al organismo en materia de vigilancia y control de la seguridad interior.La situación activó las alarmas en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados, en donde el diputado radical Pablo Juliano anunció que busca coordinar con el resto de los bloques de la oposición para avanzar con un pedido de interpelación a Neiffert, jefe de los espías y hombre vinculado con el asesor presidencial Santiago Caputo. Desde el kirchnerismo, en tanto, evalúan la posibilidad de llevar el tema ante la Justicia."Estos comunicándome con todos los jefes de bloque para realizar una conferencia de prensa y pedir la interpelación de Neiffert", afirmó Juliano en diálogo con LA NACION. "Buscan amedrentar; es un despropósito total en lo que tiene que ver con el respeto al juego democrático. Queda claro que a la SIDE y a este Gobierno no le importa esto", opinó el legislador.ESTÁN ESPIANDO OPOSITORES CON TU PLATAComo Presidente del Bloque Democracia para Siempre aviso a la opinión pública que no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Desde el año pasado venimos denunciando que se usa la SIDE para perseguir y espiar a quienes no están alineados conâ?¦ pic.twitter.com/9PQgKMEq2f— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) August 3, 2025En el peronismo, tras la difusión de varios nombres de sus principales dirigentes como objetivos de los informes de la SIDE, comenzaron a activarse posibles denuncias. Desde el entorno del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y fuentes cercanas al senador Eduardo "Wado" de Pedro, indicaron a LA NACION que evalúan esa posibilidad. "Lo analizarán los abogados para saber si amerita una denuncia", dijeron cerca del mandatario bonaerense. "No descartamos realizar alguna acción formal", afirmó un dirigente de confianza del legislador.Según pudo saber este diario de una fuente del peronismo, hubo contactos entre Sergio Massa, Kicillof y Máximo Kirchner, los tres protagonistas del informe publicado por LA NACION. "Van a pedir los documentos a la [comisión] bicameral de Inteligencia y están evaluando una denuncia penal. Van a esperar 24 horas para ver si el Gobierno echa o no a los que hicieron los informes", indicó la fuente.Citación urgenteEn diálogo con este diario, el senador Martín Lousteau (UCR), confirmó que este lunes convocará en una fecha a confirmar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que preside.Sin embargo, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, que integra la comisión bicameral que debe controlar las actividades de la SIDE, anticipó su intención de impulsar una investigación. "Los argentinos estamos hartos de los insultos de Milei, de la represión que lleva adelante la mercenaria de la violencia Patricia Bullrich y del espionaje y de la persecución política", sentenció el legislador."No vamos a naturalizar que esto siga ocurriendo. Vamos a investigar y denunciar estas prácticas y a sus responsables. No vamos a dejar que eliminen a la democracia y al Estado de Derecho para imponer una política económica de miseria y de entrega del patrimonio nacional", escribió Moreau en la red social X.Uno de los primeros en reaccionar ante la información fue Manes. "Lo que estamos viendo sobre inteligencia ilegal es gravísimo. Espiar a quienes piensan distinto es una práctica propia de las peores tradiciones de poder que decían venir a combatir", afirmó el diputado nacional ante la consulta de este diario. "Para eso sí usan el Estado: mientras desfinancian al Garraham, fortalecen a los servicios de inteligencia", agregó."Esto no nos va a dar miedo. Vamos a seguir defendiendo el país que algunos buscan desmantelar. Y a proteger las libertades de todos los argentinos", completó el dirigente de la UCR."Hechos previstos"El informe al que accedió LA NACION lleva el título de "Hechos previstos 09JUL25", está fechado el martes 8 de julio, y señala las actividades políticas que peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, tenían previsto realizar en el feriado del Día de la Independencia, jornada en la que también cerró el plazo para presentar alianzas para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.El reporte fue elaborado en la Agencia de Seguridad Nacional, una de las cuatro dependencias que conforman la SIDE tras la reestructuración aplicada por la administración libertaria, y también detalla actividades públicas posteriores al 9 de julio, entre las que aparecen las protestas de los jubilados y de personas con discapacidades ante el Congreso.Lo más llamativo del informe es que en ningún momento se señala si el seguimiento responde a la existencia de amenazas a la seguridad interior, a la ciudadanía o al Estado nacional. Tampoco cita alguna una orden judicial que avale la vigilancia.En sus nueve carillas pueden leerse párrafos como el siguiente: "Los dirigentes opositores Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse en la ciudad de La Plata, con el objetivo de avanzar en una estrategia común y consolidar la unidad de cara a los comicios del 7SEP25", detalló el informe en su segundo párrafo, y abordó a continuación los movimientos de otros dos opositores. "El jefe político del espacio 'Para Adelante', Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti".Al respeto, el diputado Juliano aseguró que la SIDE "tiene una obsesión con Manes". "Si bien la información era pública, que los tipos vuelquen en un informe de la SIDE el acercamiento de nuestro espacio a Grindetti habla del interés que tienen por Facundo", opinó el legislador radical.
El confuso anuncio de que la Argentina colaborará en la investigación de las causas que provocaron la tragedia que le costó la vida a la niña Mila Yankelevich en Biscane Bay, en Miami, derivó en el pedido de renuncia al capitán de ultramar Marcelo Covelli. Se trata del funcionario argentino que se desempeña como director de Investigación de Sucesos Marítimos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). El organismo funciona en la Secretaría de Transporte, donde se responsabilizó al capitán Covelli por difundir "información incorrecta" en nombre de la repartición, dado que la Argentina no tiene jurisdicción para investigar las razones de la tragedia. Las actuaciones están a cargo de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), por lo que la salida del capitán argentino apunta enmendar el acto fallido del funcionario.Fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, que conduce Luis Pierrini, confirmaron a LA NACION que la renuncia le fue pedida a Covelli por el presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte, Federico Suleta. El organismo e ocupa de analizar las causas de los accidentes aeronáuticos, marítimos, ferroviarios y automotores que se producen en el país.En el accidente perdió la vida, también, la menor chilena Erin Ko, de 13 años, que al igual que Mila Yankelecih, de siete años y nieta de Cris Morena, viajaba en el velero que recibió el impacto de una barcaza.A través de la Junta de Seguridad en el Transporte, el gobierno de Javier Milei tomó intervención en su condición de "Estado con Intereses de Consideración" a raíz del fallecimiento de una persona de nacionalidad argentina, además de las personas del mismo origen que pudieroan haber recibido lesiones graves. "El Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente, ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción", explicó la JST, al corregir las declaraciones del funcionario desplazado.Covelli es director nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres de la Junta de Seguridad en el Transporte. Preside desde el año pasado el Foro Americano de Investigadores de Accidentes Marítimos, una organización sin fines de lucro que forma parte del foro internacional de esa especialidad, que cuenta con el reconocimiento de la Organización Marítima Internacional (OMI). Su misión es contribuir a "mejorar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación marina mediante el intercambio de información, experiencias e ideas obtenidas en la investigación de accidentes marítimos".Además de instructor de simuladores marítimos, el capitán Covelli es director académico de la Fundación Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano.
Mientras estuvo en prisión domiciliaria, un vecino lo denunció por quemarle la puerta del departamento y, más grave aún, una mujer se presentó a la Justicia para narrar que había sido abusada por él. El TSJ ordenó abrir una causa administrativa. Leer más
El conductor habló de las controversias que rodean al actor cubano
El congresista Pasión Dávila pidió a la fiscal de la Nación investigar al alcalde de Lima por presuntas irregularidades en la compra de material ferroviario. Señaló posibles delitos relacionados con falsedad aduanera, ocultamiento de pagos y sobrevaloración
Un joven de 19 años perdió la vida tras recibir un impacto de arma de dotación mientras realizaba labores en la estación policial, lo que ha motivado investigaciones penales y disciplinarias para esclarecer el hecho
Polo Polo publicó un mensaje en el que responsabilizaba a sectores de izquierda por un atentado ocurrido contra el senador Miguel Uribe
Pese a huelga de hambre, Poder Judicial rechazó pedido de su defensa para suspender la audiencia de juicio oral contra la investigada
El primer mandatario aseguró que las declaraciones del precandidato presidencial incitan el odio contra un grupo político históricamente vulnerado en Colombia
Se hizo lugar a la cautelar solicitada por un fisicoculturista.Consideran que se trató de "una muerte dudosa" y quieren conocer los motivos del deceso.
El representante reaccionó con dureza a la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, que fue hallado responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal
El partido de Morena sostuvo que aprobarán un acuerdo para investigar al dirigente nacional del PAN por su presunta relación con el ilícito de vivienda
CÓRDOBA.- Horas después de que el fiscal general adjunto de Córdoba, Alejandro Pérez Moreno, cuestionara la aplicación de la figura de la asociación ilícita por parte de los fiscales provinciales, dos de ellos presentaron notas ante la Fiscalía General, el Tribunal de Ética y el Tribunal Superior de Justicia, exigiendo una investigación sobre quien es una de las cabezas del Ministerio Público Fiscal.Los fiscales de instrucción Juan Pablo Klinger y Enrique Alberto Gavier plantean que reaccionaron porque así lo pide el Código Deontológico del Poder Judicial, que dice que "frente a las intromisiones, presiones, amenazas o influencias de cualquier origen, que expresa o implícitamente se realicen y sean susceptibles de alterar el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional o en lo funcional, corresponde a magistrados y funcionarios la comunicación o denuncia ante la autoridad competente, sin perjuicio de las medidas a su alcance para evitarlas o repelerlas".En la nota que firman apuntan a la "conducta reprochable, de gravedad institucional apreciable, llevada a cabo por el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien ejerce la función de Fiscal General Adjunto de la Provincia de Córdoba".Pérez Moreno habló el 12 de junio en un seminario de posgrado de la Facultad de Derecho y dijo: "La asociación ilícita ha llegado a ser hasta una broma entre nosotros, ya vamos al bar, vemos a tres: 'che, asociación ilícita'â?¦. Incluso ahí en tribunales, cuando se juntan tres abogados: 'che, te va a ver tal fiscal; che, asociación ilícita'â?¦ Fíjense ustedes cómo se ha desnaturalizado la importancia que debe tener una asociación ilícita, hemos llegado al absurdo y esto lo digo, olvídense de que me presentaron como fiscal adjunto. No, yo soy el Ale Pérez Moreno y pienso acá y lo decía antes y lo digo ahora: hemos llegado al absurdo de decir de que diez muchachitos que roban en moto son una asociación ilícita y que hay que condenarlos por asociación ilícita porque son una banda peligrosísima". La referencia es a la investigación que lleva adelante Klinger sobre el accionar de una banda de motochorros en el noreste de la ciudad. Pérez Moreno criticó la aplicación de la figura de la asociación ilícita para la privación de la libertad en causas por delitos económicos o de corrupción. Por ejemplo, una de esas causas es la de la corrupción en las cárceles cordobesas por la que está detenido el extitular del Servicio Penitenciario Juan María Bouvier. El ahora Fiscal Adjunto fue su abogado.Para los fiscales, los dichos de Pérez Moreno son una "injerencia indebida" que "altera inexcusablemente el desenvolvimiento del Poder Judicial en lo institucional, y del Ministerio Público Fiscal en lo funcional, atentando, a través de su llamado al auditorio presente -abogados, empleados y funcionarios judiciales- a ayudarlo a cambiar el tratamiento de la asociación ilícita en Córdoba, contra la independencia y la rectitud en la administración de justicia".Según los fiscales denunciantes, la "grotesca y reprochable presión pública ejercida por el abogado Pérez Moreno, nada más y nada menos que desde el lugar de Fiscal General Adjunto" transgrede las reglas. En la denuncia, dirigida al fiscal general Juan Manuel Delgado, jefe directo de Pérez Moreno, los fiscales añadieron, en alusión a la conducta cuestionada: "Conspira contra la política de persecución penal fijada por Ud. como Fiscal General de la Provincia de Córdoba".Subrayaron en el texto que la declaración del fiscal adjunto "no sólo tuvo como objetivo claro entrometerse indebidamente y presionar aviesamente a dos funcionarios jerárquicamente inferiores, atentar contra la independencia funcional, la rectitud en la administración de justicia y la actuación del Ministerio Público Fiscal vinculada a su política de persecución penal; sino que al mismo tiempo, ha exhibido una preocupante desconexión con la realidad delictiva, con lo que la sociedad espera de nuestro compromiso frente a la criminalidad organizada acuciante que sufre a diario, y ha demostrado un desprecio lacerante al esfuerzo, dedicación y sacrificio inestimables de policías, empleados y funcionarios judiciales que intentan dar respuesta a lo que la comunidad nos demanda".Pérez Moreno juró en su cargo en febrero pasado y una de las fundamentaciones para su designación por parte del gobernador Martín Llaryora fue la de darle "dinamismo al plan de territorialidad de los fiscales". Una de las causas más resonantes en las que actuó fue la del crimen de Blas Correa, asesinado por dos policías. Pérez Moreno fue el abogado de la familia.
La legisladora libertaria, Lilia Lemoine, cuestionó al diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien asegura que pagó el viaje con su tarjeta de crédito personal. Leer más
"¿Quién le paga el viaje a estos diputados de la izquierda para hacer circo?", lanzó la diputada libertaria que es amiga del presidente Javier Milei, el principal apuntado en el criptoescándalo.La respuesta de Oscar Agost Carreño, el legislador del bloque que preside Miguel Pichetto.
Edelap informó fallas técnicas durante la madrugada del cierre de listas en la Provincia. El PRO presentó un pedido de informes por posible ventaja al oficialismo y el ministro de Defensa denunció: "Es fraude". Leer más
La defensa de Errejón saca esta conclusión a partir de los mensajes del móvil de la actriz
Imaginate ser el investigador de un caso de robo de criptomonedas pero, al final, terminar convirtiéndote en un criminal. Bueno, eso mismo pasó en el Reino Unido, cuando un exagente de la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), Paul Chowles, fue condenado a cinco años y medio de prisión tras admitir haber robado 50 bitcoins durante una investigación sobre Silk Road, el infame mercado negro en la web oscura.En 2014, Chowles trabajaba para la NCA en la investigación de Thomas White, un individuo relacionado con Silk Road 2.0, una versión de la popular plataforma de comercio ilícito de bienes y servicios. La Silk Road original había sido cerrada por el FBI en 2013, pero White había relanzado la plataforma apenas un mes después. Chowles fue asignado al caso debido a su experiencia en la web oscura y en el manejo de criptomonedas, y se encargó de analizar y extraer datos de los dispositivos de White, los cuales contenían criptomonedas incautadas.A pesar de su responsabilidad en la investigación, Chowles aprovechó su acceso a las pruebas y transfirió 50 de los 97 bitcoins â??hoy valuados en 6 millones de dólaresâ?? incautados de la billetera de White a una dirección pública de su propiedad en 2017. Según un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado, para ocultar su rastro utilizó un "mezclador" de criptomonedas llamado Bitcoin Fog. Este tipo de herramienta toma una criptomoneda, la divide en varias transacciones más pequeñas y las distribuye en diferentes direcciones. El objetivo es dificultar el rastreo de las transacciones y el origen del dinero.Chowles creyó que podría escapar de la justicia, ya que la NCA inicialmente asumió que los bitcoins habían sido transferidos por White. Durante varios años, la NCA no logró encontrar rastro alguno de los 50 bitcoins y los declaró "irreparables" en 2021. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando el propio White alertó a la policía local de Merseyside, sospechando que un miembro de la NCA podría haber robado los bitcoins.El criminal original, quien había sido informado de que sus criptomonedas habían sido incautadas por las autoridades, se dio cuenta de que la única manera en que ese dinero se podría haber movido era si alguien dentro de la NCA tenía acceso a las claves privadas de su billetera. La clave privada es una especie de contraseña secreta que le permite a una persona acceder a sus fondos en criptomonedas. Sin esta clave, no es posible mover los bitcoins. Al ser un punto crucial de acceso, la clave privada de White solo podría haber estado en manos de alguien dentro de la NCA que tuviera acceso a sus dispositivos incautados.Alex Johnson, fiscal de la División de Crímenes de la Fiscalía General del Estado, declaró en el comunicado: "Paul Chowles aprovechó su puesto en esta investigación para enriquecerse mientras ideaba un plan que garantizaba que nunca haya sospechas sobre él", aseguró. "Ganó una gran cantidad de dinero gracias a sus actividades delictivas, y es justo que sea castigado por sus actos corruptos", señaló. Además, alertó que la Fiscalía no va a dudar en presentar cargos contra aquellas personas que abusen de su posición de poder para obtener beneficios económicos.Cuando la policía de Merseyside investigó el caso, encontró pruebas contundentes que vinculaban a Chowles con las transferencias de los bitcoins. El hallazgo de un iPhone de Chowles, junto con el historial de navegación que mostraba búsquedas relacionadas con servicios de intercambio de criptomonedas, fue clave en su captura. La policía también descubrió cuadernos en la oficina de Chowles, donde él había anotado detalles sobre las cuentas de criptomonedas de White, incluidos nombres de usuario y contraseñas.El inspector jefe John Black, de la Oficina de Inteligencia de la Policía de Merseyside, declaró: "Es muy decepcionante para todos que alguien involucrado en la aplicación de la ley pueda verse involucrado en la misma criminalidad que se le ha encomendado investigar y prevenir". Y reflexionó: "Este caso debería ilustrar de la forma más clara posible que nadie está por encima de la ley. Por encima de todo, nuestro equipo tiene la determinación de garantizar que los delincuentes no se beneficien de ninguna manera por infringir la ley".No es la primera vez que agentes encargados de combatir el crimen terminan cometiéndolo. En 2015, el agente de la DEA (Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés) Carl Force se declaró culpable de haber robado grandes sumas de dinero en bitcoins mientras investigaba la plataforma. Usando múltiples identidades encubiertas, Force obtuvo pagos de Ross Ulbricht â??el creador de la original Silk Roadâ?? a cambio de información sobre la investigación. Otro agente implicado en el mismo caso, Shaun Bridges, del Servicio Secreto, también se declaró culpable: utilizó credenciales de administrador para apropiarse de más de 800.000 dólares en criptomonedas. Y en abril de este año se conoció un caso de un oficial que en Marbella intentó ocultar un desfalco por US$18 millones, de los que se apoderó durante una investigación policial. En este caso, la pista que lo terminó por incriminar fue una serie de números escondidos en el zócalo de su dormitorio.
La Fiscalía analiza un teléfono móvil y una lista manuscrita, elementos hallados durante el allanamiento que llevó a la captura de alias el Costeño, pieza clave en el intento de asesinato del senador
En un mensaje en X, el líder popular defiende que su criterio acerca de la corrupción "es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte"
Reclamos por fallas en entrega de medicamentos agudizan tensión entre usuarios y Nueva EPS en municipios de Caldas
Menos de 24 horas después de que una funcionaria judicial denunciara por acoso sexual y laboral al presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón, la Suprema Corte de Justicia bonaerense abrió un sumario administrativo para investigar al magistrado.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires. "En horas de la tarde, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, firmó la resolución por la cual se dispone dar inicio de un sumario por la denuncia contra García Maañón, la cual tramitará en la subsecretaría de Control Disciplinario", explicaron los informantes.Según explicaron las fuentes consultadas, "a partir de ahora un abogado instructor perteneciente a esa área recabará pruebas, tomará testimonios y realizará cada una de las diligencias de dicha actuación en el ámbito del máximo tribunal de justicia provincial".Como reveló LA NACION, ayer, G. B. S., una funcionaria judicial que tiene el cargo de secretaria letrada y cumple funciones "propias y exclusivas" en la Secretaría de Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro desde 2016, presentó una denuncia por escrito contra García Maañón ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerenseEn los párrafos finales del documento, afirmó: "En virtud de lo narrado y del temor reverencial que me provoca el doctor Ernesto García Maañon solicito que se tomen las medidas necesarias para asegurar mi bienestar personal y no ser víctima de represalias". Se trató de otro duro golpe para la imagen del Departamento Judicial de San Isidro después del escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, que derivó en que se declarase nulo el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona. Ante consultas de LA NACION, allegados a García Maañon dijeron que el magistrado no iba a hacer declaraciones sobre el tema.La situación que sufrió la funcionaria judicial, según reveló en la denuncia, afectó su salud "emocional y mental". Ahora, se encuentra con licencia psiquiátrica por trastorno de ansiedad. "Lloro todo el tiempo, me angustia pensar que puede tomar represalias", sostuvo G. B. S. en la presentación hecha en las últimas horas.No pensaba hacer la denuncia, según explicó. Pero todo cambió a partir de una situación que ocurrió el viernes pasado que fue determinante para que modificara su postura.Ese día, según el relato de G. B. S, García Maañon envió un mensaje al grupo de WhatsApp que integran los jueces y los secretarios de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro para decir que no quería trabajar más con ella porque "se había mandado varias 'macanas'"."Esa situación violenta me indignó: no era justo que abusando de su posición me desprestigiara mentirosamente frente a los demás jueces, vertiendo conceptos que en definitiva afectaban nuevamente mi dignidad, porque me humillaba nuevamente de forma pública, pero esta vez ante mis superiores, pese a que ambos sabíamos que ello se basaba exclusivamente en mi decisión de no tener una relación sentimental con él", sostuvo G. B. S. en su presentación. Cuando García Maañon habló de las supuestas "macanas", la funcionaria reenvió al citado grupo un mensaje de voz que le había enviado el magistrado el 4 de abril pasado a la 1.21. Era un chat de ocho minutos, aproximadamente.En la denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo una transcripción del mensaje. Entre otras cosas, según la presentación, García Maañon le dijo: "Te fui tan sincero, no creo que otro tipo te lo haya dicho tan claro. Me parecés atractiva, y bueno, todo genial, me encantaría, pero tener algo con vos"; "soy muy auténtico, te dije a vos que me atraías, que me hubiera encantado tener una relación con vos del nivel que sea"; "quería ir a comer con vos. Movernos en otro contexto, porque me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos", "pero no importa, ustedes son muy, vos misma lo reconociste, muy complicadas y hay que entenderlas como son. Es asíâ?¦ yo si de algo entiendo es de mujeres y de caballos. Y no hago comparación, son dos seres complicados. He tratado de entenderlo lo mejor posible y me ha salido bien".Cómo empezó todoLa denuncia de G. B. S. comenzó con un relato pormenorizado de las situaciones de abuso que afirma haber vivido desde fines de febrero pasado, cuando García Maañon, de 76 años, estaba a punto de volver a ejercer la presidencia de la Cámara.Según recordó, el 20 de febrero último fue convocada a la oficina del magistrado "para ultimar detalles con relación a su futura presidencia" a partir de marzo. Entre otras cuestiones, hablaron de pautas de trabajo."Desde esa fecha comenzó un vínculo cordial, basado en el respeto y la confianza, de índole laboral, al menos de mi parte. Sin embargo, con el correr de los días comenzó a mencionar mediante mensajes o en forma personal que le parecía atractiva, que no me tire a menos, que así tenía que ir por la vida, señalando que era una 'opinión masculina experta'". El 25 de febrero, en el contexto de una conversación por WhatsApp, le dijo: "Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado". G. B. S. trató de ser cordial en la respuesta, pero nunca más se puso el vestido que le había pedido el juez, explicó en su denuncia.El 30 de marzo pasado, un mes después de que García Maañon asumiera la presidencia, la denunciante comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en horas de la madrugada. "¿Despierta?", le preguntó un día a la 1.12, según dijo G. B. S. y, seguido, le escribió: "La noche es como el vino, te desinhibe. La noche es deseo, la pasión, la aventura".G. B. S. hizo referencia a una invitación del magistrado para que vaya a comer un asado a su casa, donde iba a estar un comisario, uno de sus hijos y un custodio. Pensó varias veces cómo decir que no a esa "reunión de trabajo" programada para un sábado. Finalmente se enfermó y no fue.El 2 de abril, explicó la denunciante en su presentación, García Maañon le dijo que era un "cazador" y que le gustaba la "presa difícil", "el caballo que le costaba domarlo" y que le gustaban las "mujeres que no eran sumisas"."Ni una sola vez le di a entender al doctor García Maañon que había posibilidad de un vínculo del tipo que intentaba", sostuvo G. B. S. en su relato de los hechos.Al promediar la presentación, la funcionaria recordó una situación donde, por primera vez, se sintió intimidada."En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas me ordenó: 'Sentate en ese lugar', señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas [de trabajo] que había llevado escrito en hojas, su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañon. Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó '¿Te incomoda?'. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, 'tendré que cambiar ese almohadón'", sostuvo G. B. S. en su denuncia. En un momento, como esa relación "jefe-empleada" le pesaba y la ahogaba, G. B. S. aceptó ir a cenar a un lugar público. "Me dijo 'con que cenemos juntos me basta. Por mí podés venir desnuda jajaâ?¦'. Sin embargo, no le pude poner freno. En horario laboral me citó en el despacho. García Maañon estaba en una postura juvenil, como excitado. Salió de su escritorio y me detuvo en el medio de su despacho [después de contarle que había averiguado un lugar con menú celíaco]. Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano hacia mi cola, me sorprendí y di un paso hacia atrás, le dije '¿Pasó algo?' Me dijo 'no, solo quería verte'", contó la funcionaria. Ella se fue del despacho.Una de las últimas situaciones de acoso que describió G. S. B. en la denuncia fue el 19 de junio, hace casi un mes, en el despacho del magistrado. García Maañon ya le había dicho que era instructor de tiro."Me dijo que me sentara. Se levantó, saco del cajón su arma, le puso el cargador, le sacó el seguro o se lo puso, dado que solo escuché el ruido, y en un movimiento rápido la pasó cerca de mi cara. No recuerdo si la puso delante de su pantalón o detrás, quedé como helada de haber visto el caño del arma pasar cerca de mi cara. Él salió del escritorio, tomó un bolso, y dijo 'me retiro'. Salí del despacho y fui a mi despacho y comencé a llorar", sostuvo G. B. S., según consta en el documento al que tuvo acceso a LA NACION.En la parte final de la denuncia, después de hablar del temor reverencial, G. B. S. solicitó que se le autorice y se disponga el cambio de "dependencia laboral", que se cite a una serie de testigos, que, "atento al cargo de García Maañon se tomen las medidas necesarias para lograr la mayor imparcialidad en la presente investigación" y, por último, pidió que "respecto de los delitos de acción pública" se le notifiquen el número y estado de la investigación penal preparatoria (IPP).
El Ministerio Público reforzó la vigilancia del proceso penal tras la muerte de tres personas en el destino vacaciona
El cohete Starship transportaría al espacio productos como componentes farmacéuticos en cápsulas pequeñas y no tripuladas, que permanecerían un tiempo en órbita antes de reingresar a la atmósfera terrestre, donde podrían ser recuperadas. Leer más
Varios compañeros de Yamal en el Barcelona asistieron a esta fiesta junto a celebridades musicales, como Bizarrap y Bad Gyal. A los invitados no se les permitió grabar el evento, pero un video surgió en las redes sociales, mostrando a personas con enanismo llegando a la fiesta. Leer más
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que consiguieron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad, ahora buscan ejecutar sus bienes para recuperar casi 685.000 millones de pesos.Pero sospechan que Báez trató de vender sus bienes para que no caigan en manos de la Justicia, por lo que le reclamaron al tribunal oral a cargo del caso que investigue el patrimonio de la novia del empresario, Claudia Noemí Insaurralde.Los fiscales pidieron a los jueces Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso que tomen "medidas extremas" para proteger los bienes de Báez y "resguardar la efectiva ejecución del decomiso firme ordenado en autos".Dijeron que ocurrió una "situación alarmante" en la cárcel de Río Gallegos, que sugiere un intento de Báez de eludir la confiscación de sus bienes, como informó LA NACION en su edición del 29 de junio pasado.El 24 de junio, Claudia Noemí Insaurralde se presentó en la cárcel de Río Gallegos (Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal) con la intención de visitarlo. Los penitenciarios advirtieron que Insaurralde "portaba cierta documentación referida a bienes de Báez, para que este firmara".Al registrar sus pertenencias, se detectó "la presencia de un escrito de poder otorgado por Báez a favor de Insaurralde, acompañado de varios documentos relacionados a propiedades pertenecientes al interno que nos ocupa, que, según sus dichos, necesitaba que el mismo los rubrique". Le impidieron el ingreso de los documentos y avisaron al tribunal. El abogado defensor de Báez dijo que no se pretendía desapoderar de los bienes sino que Insaurralde llevaba tan solo dos escritos de "designación de letrados defensores" y una copia de un poder general antiguo. Sin embargo, para los fiscales, "las explicaciones inverosímiles del abogado defensor de Báez nada aportaron para echar luz sobre la brumosa y grave situación que advirtieron los funcionarios penitenciarios". LLos fiscales creen que Insaurralde llevaba un poder y documentos relacionados con propiedades de Báez con la intención de obtener su firma para venderlos. Claudia Noemí Insaurralde es quien le maneja a Báez el alquiler de sus propiedades desde que se encuentra detenido y desde que se separó de su exmujer, Norma Gladys Calismonte.Insaurralde tiene poco mas de 40 años, es madre de tres hijos, y vivía humildemente en Villa Vatteone, Florencio Varela.La mujer milita en el peronismo. En el kirchnerismo trabajó en el Ministerio de Planificación Federal. Conoció a Báez en una de las visitas carcelarias a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio que estaba preso por una de las causas ligadas al yacimiento carbonífero de esa ciudad.Los fiscales vincularon la visita de Insaurralde con el poder a la "crítica situación judicial que atraviesa el condenado Báez, pues agotados todos los recursos judiciales posibles, deberá responder con su patrimonio para cubrir la orden de decomiso multimillonario establecida por sentencia firme". Ante la "grave alarma señalada", presumieron que Báez "en el pasado, podría haber celebrado otros actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso dispuesta en esta causa", dijeron.Por eso es que entienden que "los bienes sujetos a decomiso podrían estar en riesgo" y reclamaron medidas para "evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso". Los fiscales pidieron que se actualicen las medidas cautelares sobre los bienes, y se mantengan anotadas todas las ya decretadas contra todos los condenados.Solicitaron, asimismo, investigar los bienes de Claudia Insaurralde, enviando oficios a diversos organismos para "reconstruir â??y, en su caso, cautelarâ?? todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Insaurralde desde 2016 hasta la actualidad".Las medidas surgen de la sospecha de que Insaurralde pudo haber operado como "prestanombre o testaferro" de Báez. Los registros específicos a los que pidieron que se dirijan los oficios incluyen, entre otros, todos los Registros de la Propiedad Inmueble de todas las provincias, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques, el Registro Especial de Yates y el Registro Nacional de Aeronaves.A su vez pidieron indagar en los colegios de escribanos de la ciudad de Buenos Aires y en varias provincias (Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut y Mendoza) para que "circularicen a todos los notarios matriculados" para que informen sobre "todos los posibles actos notariales de contenido patrimonial celebrados desde 2016 hasta la fecha en los cuales se registre la intervención conjunta de Lázaro Antonio Báez y Claudia Noemí Insaurralde".Sospechando del poder que emitió Báez en mayo de 2020, entendieron que "se ha extinguido" por la "condena firme que pesa en su contra".Dijeron que el fallo implica que mientras dure la condena, ahora unificada en 15 años, no puede administrar los bienes y cesa el derecho de disponer de ellos "por actos entre vivos". Por lo tanto, "Claudia Noemí Insaurralde perdió el carácter de apoderada y ya no está habilitada para hacer valer las facultades que le confería ese instrumento, ni para realizar ningún acto jurídico en función de él".Por eso, pidieron que los jueces le exijan a la mujer que entregue el poder y "todos aquellos documentos y demás bienes que le correspondan a su exrepresentado Lázaro Antonio Báez" y que "se abstenga de realizar acto alguno en el carácter de apoderada que le confería el poder ya extinguido".Además, pidieron extender a todos los condenados las restricciones impuestas a Báez para otorgar actos jurídicos o realizar acciones con efectos legales sobre su patrimonio, incluyendo a Cristina Kirchner y al extitular de Vialidad Nelson Periotti.Los fiscales subrayaron "la urgencia de estas medidas", que buscan asegurar que el "avance que se logró en este proceso histórico" no se vea "opacado por un mensaje confuso, consistente en que, aun cuando se logra juzgar y condenar la gran corrupción, las personas condenadas y su familia concretan igualmente su objetivo inicial, al lograr el apoderamiento de los recursos públicos que les detrajeron a sus conciudadanos".
Investigan si vulneró la norma que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad.Si lo hizo, podría recibir una severísima multa.
La celebración de los 18 años de Lamine Yamal despertó una ola de críticas en España, ya que se denunció al futbolista de Barcelona por haber contratado a personas de talla baja con el fin de burlarse de ellas. Por eso el Ministerio de Derechos Sociales le pidió a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en el cumpleaños del futbolista se vulneró la ley de discapacidad, que prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad. En este contexto, Yamal se enfrentará a multas millonarias si se determina su culpabilidad.El director general de Discapacidad, Jesús Martín, el departamento que dirige Pablo Bustinduy requirió aclarar si en la fiesta que organizó Yamal se denigró a personas con talla baja. Si bien todavía no hay sanciones específicas, el Gobierno quiere regular como "infracción grave" este tipo de acciones, con multas de entre 600.000 euros y un millón de euros. Por lo tanto, las acciones legales contra Yamal podrían terminar con un pago de una multa establecida entre estos valores.Jesús Martín habló de los sucedido y expresó: "Nos preocupa que un joven que tiene tantos seguidores, influencer para gente joven, haga este tipo de fiestas que puede hacer un efecto rebote de la juventud. Nos preocupa que personas con dinero, personas con poder, se crean impunes. No somos bufones de nadie".Martín además recordó que están prohibidas en España desde hace ya casi tres años estas acciones y que el ministerio de Bustinduy "no se va a quedar de brazos cruzados ante esos indicios" publicados en los medios de comunicación. "La ley es para todos, para los humildes y para los poderosos. Que se abran las investigaciones oportunas y en función de las conclusiones, que se actúe", exclamó Martín.La denuncia La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE), entidad de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), anunció medidas legales contra Lamine Yamal por contratar, según su denuncia, a personas con esa discapacidad en su fiesta.La entidad condenó los hechos en un comunicado en el que anuncia "acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad". Además, en su comunicado se explica que lo ocurrido en la fiesta del jugador de Barcelona se vulneró "no sólo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa".El cantante dominicano Chimbala fue parte del espectáculo musical que formó parte de la celebración del cumpleaños de Lamine YamalArtistas, famosos y protocolo de confidencialidadEl cumpleaños de Lamine Yamal se dividió en dos partes: primero, una comida íntima junto a su familia y, después, una gran fiesta nocturna que reunió a cerca de 200 invitados entre futbolistas, artistas y figuras del mundo digital, bajo un fuerte protocolo de confidencialidad.En la instancia familiar, el futbolista estuvo acompañado por sus padres, su abuela Fátima y algunos allegados. Parte de ese momento quedó reflejado en imágenes que su madre y su padre difundieron en redes sociales.El cantante dominicano Chimbala fue parte del espectáculo musical que formó parte de la celebración del cumpleaños de Lamine YamalA medida que avanzó la noche, la celebración se trasladó a un espacio privado. Para mantener la discreción del evento, se prohibió el uso de teléfonos móviles. La decoración incluyó globos dorados, una gran estructura con el número "18" y luces que convirtieron el jardín en un espacio exclusivo para compañeros de equipo, artistas y celebridades. View this post on Instagram A post shared by @lamineyamalEntre los participantes del evento, se supo de la presencia de Robert Lewandowski, Raphinha, Pau Cubarsí, Pau Víctor y otros jugadores del FC Barcelona y de la selección española de fútbol. También asistieron streamers e influencers como TheGrefg, IlloJuan, Marta Díaz y los Hermanos Buyer. La música en vivo estuvo a cargo de Chimbala, quien compartió algunos videos del festejo donde se vio a Yamal cantando junto a Gavi y Alejandro Balde. Según trascendió, también fueron invitados artistas como Ozuna y Bad Gyal.
El libro de Facundo Fernández y Damián Verzeñassi se presentó en el VIII Congreso Internacional de Salud Socioambiental.
En una carta enviada a la Procuraduría General de la Nación, el director Augusto Rodríguez pidió que se indague al juez José Alejandro Hofmann por supuesta extralimitación de funciones
El nombre de Fabián Doñate, senador demócrata del estado de Nevada, tomó fuerza en la política estatal luego de que el Partido Republicano de Nevada exigiera que se le investigue por tener familiares inmigrantes en situación irregular. La polémica surge tras el cierre del mercado Broadacres, un emblemático centro de comercio latino que suspendió actividades por temor a redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por siglas en inglés).Quién es Fabián Doñate, el senador de Nevada al que piden investigar por el ICELo que comenzó como una decisión empresarial por seguridad rápidamente se convirtió en una controversia partidista y personal, cuando la cuenta oficial del Partido Republicano en Nevada etiquetó públicamente a ICE en redes sociales, además hizo alusión directa al senador y sugirió que debe ser denunciado por "albergar inmigrantes ilegales".Fabián Doñate es hijo de inmigrantes mexicanos y representa parte de Las Vegas en el Senado Estatal de Nevada. Desde su llegada al cargo, ha enfocado gran parte de su agenda legislativa en temas como el acceso a la salud, la asequibilidad de los medicamentos y la defensa de los derechos de las comunidades latinas y trabajadoras, explican desde KTNV.A sus poco más de 30 años, Doñate se posiciona como una de las voces más visibles del Partido Demócrata en el estado, particularmente en cuestiones de inmigración y justicia social. Su perfil público tomó nuevo protagonismo esta semana al responder con contundencia a las acusaciones del Partido Republicano, que revivieron una declaración suya de 2023 en la que admitía tener familiares indocumentados, mencionan desde el medio de Las Vegas."No merecen estar abiertos sin inmigrantes ilegales": la respuesta al cierre de BroadacresEl detonante de la polémica fue el cierre temporal de Broadacres Marketplace, un mercado al aire libre muy frecuentado por familias latinas en el norte de Las Vegas. Sus administradores decidieron suspender actividades luego de un aumento de redadas migratorias en centros comerciales similares en California y Nevada.El Partido Republicano de Nevada reaccionó con una publicación en X (antes Twitter) en la que aseguraban que, si un negocio no podía operar sin "inmigrantes ilegales", no merecía estar abierto. Acto seguido, atacaron directamente a Doñate:"Este senador estatal se jactó de tener inmigrantes ilegales en su familia. Todo funcionario electo debería denunciar ante ICE. No hay refugio para inmigrantes ilegales".Doñate respondió en KTNV que se trata de un ataque personal, cobarde y sin fundamento, cuyo objetivo es silenciar las voces latinas en el gobierno. "En lugar de apoyar a los negocios afectados, decidieron atacar a mi familia. Estos familiares llevan 30, 40 años aquí, más tiempo del que yo he vivido", afirmó.Un clima de miedo entre política, migración y economíaEl cierre de Broadacres Marketplace no fue un hecho aislado. Según sus administradores, la decisión fue tomada por miedo a que agentes de ICE ingresaran sin orden judicial a detener empleados o clientes migrantes. A pesar de los mensajes tranquilizadores del mercado, las redadas han afectado la asistencia y el ambiente en los centros de trabajo latinos, explican en KTNV.En este contexto, el uso político de la migración ha sido duramente criticado por líderes demócratas. La senadora federal Catherine Cortez Masto acusó al expresidente Trump de fomentar el cierre de espacios comunitarios con tácticas de intimidación. Mientras tanto, la alcaldesa de North Las Vegas, Pamela Goynes-Brown, lamentó la suspensión de actividades de un espacio que definió como "un pilar cultural y económico de la ciudad"."No me van a callar": Doñate responde con firmezaA través de sus redes, Doñate insistió que no se retractará ni permitirá que su voz sea acallada por amenazas políticas. "Luchar por los nevadenses significa luchar por todas nuestras familias, nuestros trabajadores y nuestros negocios, sin importar de dónde vengan", escribió. "No me van a intimidar por defender a mi comunidad".El senador también hizo énfasis en que es ciudadano estadounidense y que está preparado para seguir con su trabajo por las causas que defiende: salud, vivienda, justicia económica y dignidad para todas las personas, documentadas o no, y por ahora, Fabián Doñate no planea dar un paso atrás.
Qué pasa si te excedés en los envíos o movimientos de dinero.Cómo justificarlo si superaste ese valor.
El mandatario solicitó ponerle la lupa a una prestigioso centro asistencial de Pereira (Risaralda) donde se habría dado ese grave hecho que denunció el influencer del Gobierno nacional Walter Rodríguez 'Wally'
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por medio de su representante Scott Campbell, condenó el ataque armado del que fueron víctimas el periodista Gustavo Chicangana, y su esposa Erika Londoño
Los legisladores aseguraron que merecen respuestas por presuntas acciones injerencistas en Colombia
Marie Bonaparte colaboró estrechamente con el padre del psicoanálisis. Lo ayudó a huir de la Viena ocupada por los nazis en 1938 y tradujo sus obras al francés. Había nacido el 2 de julio de 1882
El senador panista presentó hoy un punto de acuerdo para formar la comisión
La senadora María José Pizarro instó a la Fiscalía a investigar a Leyva, tras las revelaciones de El País de América, que señalan que el excanciller se habría reunido con asesores cercanos a la administración de Donald Trump con el supuesto propósito de sacar a Petro de la Presidencia
Esta decisión viene dos semanas después de que este tribunal tomara la misma decisión sobre la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas Ten
La intervención se da tras una diligencia frustrada por parte de la Agencia Nacional de Tierras, que encontró resistencia institucional en su proceso de recuperación de más de 3.000 hectáreas
El alto tribunal resolvió un conflicto de competencias, impidiendo al Consejo Nacional Electoral continuar con las indagaciones que recaen sobre el primer mandatario, en relación con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes debe asumir ese rol
El presidente afirmó que su intención fue promover la acción de las autoridades, no señalar a un individuo, y aprovechó para hacer un llamado a un debate político respetuoso
EL PSOE y la Fiscalía pidieron la intervención de la unidad de élite
La togada criticó duramente la decisión del CNE, tras el reciente fallo de la Corte Constitucional que limita su competencia en el caso de la campaña presidencial de 2022
El alto tribunal resolvió que sólo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes puede investigar al presidente por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña
Ximena Villacorta, médica residente y capitán de la Policía, fue señalada por no cumplir el horario ni las guardias exigidas por la normativa médica