institucionales
Mafe Carrascal criticó a políticos de derecha por mensajes por muerte del papa Francisco: "En sus ejercicios políticos e institucionales estigmatizan personas trans"
La representante a la Cámara del Pacto Histórico criticó a estos políticos y señaló que, si bien lamentaron el fallecimiento del sumo pontífice, sus acciones son "reprochables"
Pradales mantendrá sendos encuentros institucionales con Salvador Illa y Josep Rull durante su visita a Barcelona
Imanol Pradales se reunirá con Salvador Illa para discutir gestión migratoria y la situación socioeconómica, y con Josep Rull en el Parlament durante su primera visita oficial a Catalunya
Ministro de Salud defendió proyecto de buques hospital y denunció trabas institucionales: "Esto no es una locura que me ocurrió"
El proyecto, sin embargo, ha sido salpicado por controversias que involucran a la esposa de Guillermo Alfonso Jaramillo y a funcionarios del hospital San Rafael de Leticia
Perros callejeros en Bogotá: crisis de salud pública y un juego de culpas institucionales
En la ciudad, más de 11.000 animales son abandonados cada año. Las políticas actuales no alcanzan a frenar el problema
Mientras Elon Musk reforma el Estado norteamericano, algunos se preguntan dónde quedaron las salvaguardas institucionales
WASHINGTON.- En menos de un mes, el flamante Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por su siglas en inglés), a cargo del multimillonario Elon Musk, despidió a miles de empleados del Estado, congeló miles de millones de dólares en financiamiento, hurgó en el mundo de los datos privados y dejó a muchos norteamericanos con una sencilla pregunta en la boca: ¿cómo llegamos a esto?La vertiginosa campaña para descuartizar la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), atarle las manos a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y darle acceso a jóvenes ingenieros tecnológicos a sistemas informáticos muy sensibles -entre ellos, el de pagos de todo el gobierno, que maneja billones de dólares-, tiene pasmados a muchos, sean o no empleados públicos.Los organismos del gobierno federal siempre fueron burocráticos y apegados a las normas, y responden a una estricta cadena de mando, protocolos y salvaguardas, pero eso también sirve para proteger las vitales redes de contención social y la seguridad nacional, y para impedir cambios bruscos o apresuramientos. Hasta ahora.Tanto el presidente Donald Trump como la "comisión motosierra" dirigida por Musk buscan desafiar o esquivar algunos de los miles de estatutos que regulan el funcionamiento del Estado y que están contenidos en el Código de Regulaciones del Gobierno Federal. Los expertos en función pública dicen que la velocidad y el alcance de los cambios son un desafío sin precedentes para esas salvaguardas, muchas de las cuales no fueron pensadas para un escenario como el actual. Y aunque ya se han presentado miles de causas judiciales contra las medidas del gobierno para desmantelar grandes áreas del Estado, la respuesta de los jueces no ha sido unánime y los empleados despedidos podrían tener pocas vías legales para cuestionar la decisión de dejarlos sin trabajo."Es todo tan inédito que en ninguno de los estatutos hay nada previsto para una situación como esta", dice Nick Bednar, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y especialista en función pública. "Las barreras de protección que tenemos fueron pensadas para comportamientos moderadamente malos, pero no prevén un ataque total y sistemático contra las instituciones tradicionales del Estado".Son varias las razones que hicieron posible que los funcionarios de Musk y Trump hayan podido atravesar las tradicionales salvaguardas legales. Algunas, por ejemplo, tienen mecanismos de aplicación débiles o que nunca fueron puestos a prueba. Otras normas, regulaciones y estatutos son más fuertes y ya fueron muy utilizados, pero el gobierno simplemente los ignoró o declaró que la autoridad constitucional del presidente está por encima, con la esperanza de que los tribunales finalmente se pongan del lado de la Casa Blanca.ImplosiónEn otros casos, las salvaguardas para frenar el acceso a datos sensibles o evitar que un nuevo gobierno elimine de un plumazo los organismos públicos eran escasas o nulas, porque los legisladores y los reguladores nunca imaginaron que el hombre más rico del mundo buscaría reformar drásticamente el gobierno federal desde adentro.Además, dos de los principales controles y contrapesos del Poder Ejecutivo hoy también están mayormente desactivados.El Congreso y los inspectores generales de cada agencia son los que tradicionalmente monitorean los excesos y desmanejos del gobierno.Pero cuatro días después de asumir el cargo, Trump hizo una purga en la que despidió a 17 de los más destacados inspectores generales de control, dejando la supervisión en manos de subalternos. En cuanto al Congreso, el Partido Republicano tiene mayoría en ambas Cámaras y hasta el momento no le puso freno ni a Musk ni a Trump.Un alto funcionario del gobierno que habló en nombre de Musk y de la Casa Blanca dijo en una entrevista: "Creemos que todo lo que estamos haciendo es legal por las facultades que confiere del artículo 2° de la Constitución"."Sabemos que habrá demandas, pero cada uno de nuestros actos de gobierno será refrendado por la Corte Suprema", agregó el funcionario, y señaló que todo el trabajo del DOGE cuenta con la aprobación de los jefes de cada organismo, designados por Trump.DOGE is looking for help from the general public! Please DM insight for reducing waste, fraud, and abuse, along with any helpful insights or awesome ideas, to the relevant DOGE affiliates (found on the Affiliates tab). For example, @DOGE_USDA, @DOGE_SSA, etc. We will addâ?¦— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 17, 2025El gobierno argumenta que sus medidas son necesarias para erradicar el fraude y el despilfarro de una burocracia elefantiásica e inflada. La Casa Blanca afirmó por decreto que Trump tiene autoridad para despedir a funcionarios de carrera -a pesar de una ley de 1978 que le prohíbe hacerlo sin una razón legítima- y citó su "facultad para remover subordinados", contenido en el artículo 2° de la Constitución.Es posible que a largo plazo muchas de las barreras existentes puedan detener o ralentizar los esfuerzos de Musk por recopilar montañas de datos privados y eliminar miles de empleos estatales. Los sindicatos y los grupos alineados con los demócratas presentaron demandas judiciales para bloquear gran parte de la agenda de reformas de Trump, y los jueces federales frenaron algunas órdenes de congelamiento del gasto y limitaron el acceso del DOGE a algunos datos confidenciales del Tesoro. Hasta ahora, los fallos judiciales permitieron que el gobierno siga adelante con su masivo ofrecimiento de retiros voluntarios de la administración pública, con goce de sueldo hasta septiembre.Batallas legalesPero son muchas batallas legales y podrían tardar años en resolverse. Mientras tanto, la reforma total de tamaño y el alcance del Estado ya empezó, y podría ser difícil de revertir. "Se trata de un asalto masivo contra las potestades legislativas del Congreso", dice el legislador Jamie Raskin, líder de los demócratas en el Comité Judicial de la Cámara baja, y agregó que espera que la Justicia "utilice las herramientas que están en vigor para frenar el daño antes de que sea irreparable".Hace un mes, cuando echó a los 17 inspectores generales, la oficina de personal de la Casa Blanca no le dio al Congreso los 30 días de preaviso que exige la ley que rige a los organismos de control federal, ni dio razones para la ola de despidos. La semana pasada, un grupo de inspectores generales presentó una demanda contra el gobierno ante la Justicia.La Casa Blanca no argumentó que tiene autoridad para llevar a cabo los despidos, pero los expertos dicen que el gobierno seguramente confía en el precedente que marca un dictamen de la Corte de 2020, donde sugiere que el presidente puede destituir de manera sumaria a funcionarios designados por él o mandatarios anteriores, a menos que formen parte de una comisión integrada por varios miembros.En otro caso, el gobierno aseguró que la autoridad de Trump está por encima de la ley de empleo público de 1978, que rige el funcionamiento de la actual planta laboral del Estado norteamericano. La ley brinda protección laboral a los directores de alto rango, fiscales y otros funcionarios de carrera. Pero en su abarcadora reivindicación de las facultades del Poder Ejecutivo, Trump igual despidió a muchos de ellos.Algunos funcionarios públicos despedidos se preparan para demandar al Estado, citando las barreras que estableció el Congreso para proteger sus puestos. Los expertos, mientras tanto, siguen de cerca la situación y se preguntan si alguna de esas demandas prosperará.Lisa ReinTraducción de Jaime Arrambide
El fallo "Levinas" y los desafíos políticos e institucionales de la ciudad en 2025
El 27 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo "Levinas", que resulta a todas luces -desde el plano jurisprudencial- un pilar de fundamental importancia para el afianzamiento de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La misma ponderación, aunque desde la faz normativa, merece la denominada Ley "Bases" que, con su letra, permite superar ciertas vallas que ponía en el camino la popularmente conocida como Ley Cafiero. Tanto el fallo "Levinas", como la ley "Bases" impactan de lleno en la agenda política e institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de este año. Y constituye, de suyo, una exhortación a todos los actores que nos encontramos involucrados para afianzar en términos institucionales de una vez y para siempre a la ciudad. Ríos de tinta se han escrito desde el dictado de la sentencia en cuestión a esta parte. Por supuesto que el fallo tiene detractores por distintas razones y fundamentos. Algunas posturas llevan el debate al plano jurídico y elevan la discusión y otras, que obviaré, por respeto al lector, a los ministros del Máximo Tribunal Constitucional y al debate verdadero y sincero que debemos darnos para una consolidación institucional seria y ordenada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y mayoritariamente se encuentran, posturas a favor, todas ellas basadas en muy sólidos argumentos jurídicos y políticos.Entre aquellos que se mostraron críticos, a modo de ejemplo, se sostuvo por ahí -a mi juicio equivocadamente- que la CSJN sorpresivamente legisla y en consecuencia se entromete en cuestiones o funciones que le son propias al Poder Legislativo, otros atacan la jerarquía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del derecho público argentino, obviando por ejemplo, su ubicación en el art. 129 de la Constitución Nacional, que es sujeto copartícipe de impuestos, la representación que posee en ámbas cámaras del congreso, su Constitución dictada en 1996, su arquitectura institucional, sus potestades para elegir sus autoridades, entre otros fundamentos.Constituye algo ciertamente normal, la reacción de los distintos operadores jurídicos al fallo, incluso, las presentaciones efectuadas ante la CSJN por el Procurador General de la Nación y la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, también, sendas decisiones plenarias dictadas por las Cámaras nacionales de apelaciones con asiento en la ciudad, que obtuvieron respuesta por parte de la Corte con el obiter dictum de autos "Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo". Esto, se podría sintetizar en la teoría de los juegos que explica con suma claridad, a través de distintas herramientas, las reacciones que tiene un sujeto frente a incentivos o estímulos que recibe de parte de otro.Ya más en el plano jurídico y para observar desde otra óptica el fallo "Levinas", se ve reflejado de algún modo en la visión dinámica del derecho que fuera explicada magistralmente por Hans Kelsen en su obra Teoría pura del derecho, y revela en muchos casos que la aplicación de los códigos y del derecho en su faz estática no alcanzan a resolver los conflictos. Algo de ésto parece estar aconteciendo por nuestros días con el fallo que nos ocupa.Lo único cierto es que "Levinas" fue el corolario de un camino que empezó a transitar allá por 2015 la Corte con el dictado del Fallo "Corrales", que junto a "Nisman", "Bazán", "GCBA c. Provincia de Córdoba", "José Mármol", representan hitos jurisprudenciales que plasman el criterio uniforme en torno a la autonomía y al camino a seguir en función a la transferencia de competencias. En este sentido, y a mi juicio, para aquellos que sostienen que la CSJN legisla y se inmiscuye en facultades privativas de otro Poder del Estado, que, si bien desde una mirada estrictamente teórica y conceptual puede verse como cierta; esta postura deja a un lado, la historia de nuestro Máximo Tribunal Constitucional que, desde antaño, ejerce la actividad jurisdiccional con una perspectiva activista, cuando razonablemente las circunstancias así lo ameriten. En este sentido, vale recordar, entre otros, los fallos "Siri", "Kot", "Ekmekdjian c. Sofovich", "Halabi", "Municipalidad de Berazategui", todos ellos, han calado hondo en el derecho argentino por las innovaciones que trajeron con sí. Cuando analizamos el status de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, sin duda alguna el constituyente le confirió la jerarquía de una provincia. Para arribar a tal conclusión, además de a poco leer nuestra norma Fundamental, cabe echar mano a la Ley 23.512/1987 de traslado de la Capital Federal de la República, y advertir que a las ciudades de Carmen de Patagones, Rawson y Guardia Mitre nunca recibieron el tratamiento que se le confirió a la CABA con la reforma constitucional de 1994. Pero más aún, del art. 6 de la norma promulgada el 8 de junio de 1987 surge que "La ciudad de Buenos Aires continuará siendo Capital de la República hasta cumplirse lo dispuesto en el Artículo 5º. A partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires, con sus límites actuales, constituirá una nueva provincia, debiéndose convocar para su organización una convención constituyente. El Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Gobierno Municipal, continuarán ejerciendo sus actuales poderes constitucionales y de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta la instalación de las nuevas autoridades provinciales."Por tal razón, a más de 30 años de la reforma de la Ley Suprema y a casi veintinueve años de la Constitución porteña, si tuviera que resumir de algún modo lo que ocurrió, ocurre y sigue ocurriendo con la transferencia de competencias locales a la ciudad y el afianzamiento definitivo de la autonomía, lo encorsetaría en un pasaje del poeta español Antonio Machado "caminante no hay camino, se hace camino al andar". Y ello así, pues para cada paso que se dio en torno a una transferencia de competencias, se requirió vencer prejuicios, y arribar a acuerdos sociales y políticos en el marco de las instituciones permanentes de la democracia para cumplir la letra de la Constitución de la Nación Argentina.Con la sanción de la Ley Bases, nos encontramos frente a un imperativo por parte del legislador para afianzar definitivamente, la autonomía de la Ciudad y a mi juicio esta es la agenda que los porteños tenemos frente a nuestros ojos para los meses que se vienen, porque resuelve aquellos obstáculos fuera de toda lógica que imponía la denominada Ley "Cafiero".Levinas y la Ley Bases, deben ser el puente, para comenzar la transferencia ordenada de las competencias locales que se encuentran transitoriamente en el ámbito nacional. Los fueros civil, comercial y laboral; las competencias locales de la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad del Inmueble.Como reza el preámbulo de la Constitución porteña el afianzamiento de la autonomía es una manda inexcusable e inescindible, y por ello, en el afianzamiento de la justicia estriba parte importante de la agenda política e institucional de cara al año 2025, junto con las demás competencias de orden local. Para ello, se requiere de acuerdos con distintos actores y sectores para que puedan ser protagonistas de una transferencia programada y consensuada, porque la respuesta que merece el habitante de la ciudad debe ser con certeza y transparencia institucional. De parte del Estado porteño, contamos con instituciones modernas que permitirán llevar adelante con éxito este proceso, venciendo, si los hubiere, cualquier prejuicio conceptual o sectorial. En el libro Borges: El misterio esencial -Conversaciones en las Universidades de Estados Unidos- se relata -pág.12- que el destacado escritor y profesor, en la Universidad de Chicago dijo: "â?¦No percibo lo circunstancial, sino lo esencial, profundamente. No sé como lo hago, pero estoy seguro que mi percepción es la correcta". Salvando las distancias, y desde luego el contexto, estamos ante la obligación de materializar esta agenda de oportunidades, poniendo lo esencial por sobre lo circunstancial, dejando atrás en el camino -de una vez y para siempre- que lo que está inconcluso se mantenga en ese estado ambivalente que atenta no solo contra los derechos de los porteños, sino también de aquellos que habitan transitoriamente este suelo.Consejera de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desapego por los mecanismos institucionales y otras dudas que persisten
"Si debatimos el presupuesto en extraordinarias no podemos sostener el superávit fiscal", confesó un diputado radical "con peluca", es decir, que acompaña siempre al oficialismo. ¿Implica esto que volveremos a cumplir con el procedimiento correcto solo si La Libertad Avanza puede imponer su proyecto en el Congreso? ¿Puede un país vivir sin la "ley de leyes" porque la correlación de fuerzas que surgió de la voluntad popular obliga a un debate y a alcanzar un consenso que el Presidente se niega a encarar? El panorama electoral luce bastante favorable para el Gobierno, pero de ninguna manera tendrá mayoría propia en el Senado y, en el mejor escenario, deberá seguir tejiendo acuerdos en la Cámara baja. El viceministro de Justicia planteó en una reciente presentación ante empresarios en España una hipótesis entre hiperbólica y utópica: lograr el 60% de los sufragios en octubre próximo. Algo que nunca ocurrió en más de cuatro décadas de continuidad democrática.Las implicancias de esta circunstancia son múltiples. Por un lado, se trata de una irregularidad institucional que le quita credibilidad al programa de reformas económicas que impulsa el Gobierno: llevar adelante la política de austeridad, condición sine qua non para alcanzar la estabilidad macroeconómica, eludiendo el debate parlamentario es un reconocimiento explícito de fragilidad. "No tenemos dudas de las credenciales del Gobierno y creemos que le puede ir bien en las elecciones de octubre", reconoce el economista jefe para América Latina de uno de los tres bancos más importantes de Wall Street. "Pero dudamos de su sostenibilidad de mediano y largo plazo". Quienes siguen el pulso de la City financiera descuentan que el nuevo acuerdo con el FMI reforzará tanto las alicaídas reservas del BCRA como la confianza en la estrategia del oficialismo. "Ambas cosas están relacionadas", apunta el titular de una de las casas de bolsa que más creció en los últimos años. "Es crucial salir del cepo para normalizar la economía, como el propio Milei reconoce permanentemente. [â?¦] El RIGI sirve y mucho, pero involucra un número acotado de sectores". De todas formas, casi todos los interrogantes apuntan ahora a la dinámica electoral, en buena medida porque el propio Gobierno apuesta a todo o nada, convirtiendo estas elecciones en un plebiscito respecto de la gestión. La experiencia reciente indica que la estabilidad cambiaria y el futuro de la economía también dependerán del voto popular. ¿Es por eso que el Gobierno insiste tanto en eliminar o al menos suspender las PASO? Otra evidencia de que detrás de la autoestima que denota el oficialismo aparece una prudente preferencia a curarse en salud. De todas formas, Milei y su círculo áureo apuestan a seguir acumulando poder y consolidando política y territorialmente a LLA en vez de construir y liderar una amplia coalición promercado que prescinda de los nombres propios y de las identidades partidarias para profundizar el proceso de reformas. Esto implica una decisión política eventualmente peligrosa y una peculiar visión sobre el papel de los individuos en los procesos históricos: para Milei, la gente como él, Elon Musk o el propio Donald Trump son los agentes de un cambio de época en términos de valores, progreso tecnológico y reequilibrios de poder global. Sus permanentes referencias a personajes bíblicos ratifican su peculiar concepción del devenir histórico. ¿Es razonable jugarse tanto al resultado de una elección? ¿Vale la pena correr semejante riesgo? ¿Qué le interesa más a Milei: demostrar que tiene razón y si le sale bien su apuesta ser visto como padre fundador del milagro argentino o ampliar las bases de sustentación y apostar a la perdurabilidad de un proceso de reformas que, al margen de algún éxito inicial, llevará mucho tiempo y varios gobiernos terminar de implementar? Vale la pena recordar que una parte importante de la dirigencia política nacional aplaudió la convocatoria al Pacto de Mayo, que Milei lanzó en la apertura de sesiones ordinarias de marzo pasado y recién pudo sustanciarse en San Miguel de Tucumán en las vísperas del feriado del 9 de Julio. Uno de los puntos centrales es la reducción de la presión tributaria a los niveles "históricos" en torno a 25% del PBI. Más aún, un estudio reciente del Ieraf muestra que la mayoría de las provincias tuvo en 2024 un comportamiento fiscal sorprendentemente responsable. Es cierto que en muchos casos se debió al incremento de la carga tributaria más que a la eliminación de gastos. El propio Gobierno insiste con la necesidad de que las provincias sigan y complementen la política de austeridad. También algunas empresas acompañaron ese reclamo, por ejemplo, Mercado Libre. De todas formas, esto indicaría que el oficialismo no está tan aislado en el sentido de consolidar el ancla fiscal como base del esfuerzo estabilizador. Si existe un consenso tácito en el gobierno nacional y en la enorme mayoría de gobernadoresâ?¦ ¿por qué no formalizar un acuerdo político que consolide ese común denominador y robustezca la fe en las reformas promercado que impulsa el Presidente?El costo de oportunidad de continuar con la estrategia egoísta del oficialismo (convertirse en garante único de la racionalidad económica) crece a medida en que nos acercamos al desarrollo de las elecciones y en que errores no forzados del gobierno (como el discurso de Davos) pueden revivir, por la presión de diferentes actores sociales indignados con los componentes iliberales de Milei, a una oposición carente de ideas, liderazgo y hasta voluntad política para estar a la altura de las circunstancias. La marcha convocada para mañana se posiciona como un buen test: ¿será la expresión de minorías radicalizadas, colectivos varios y pequeños grupos de la izquierda vernácula o, por el contrario, de una ciudadanía genuinamente conmocionada por la narrativa agresiva y reaccionaria del Presidente? Sería absurdo que, reducidas las retenciones y apaciguadas las quejas del campo que podría haberse volcado nuevamente a las rutas, Milei esté dispuesto a profundizar la indignación e irritación de diversos sectores de la sociedad que, aun reconociendo la importancia de la estabilidad económica y la seguridad ciudadana, no quieren que ningún político se entrometa en sus proyectos de vida. De eso se trata el liberalismo. La renuencia a formalizar acuerdos se extiende, como es sabido, al complejo vínculo con Pro. De nuevo, la percepción a la que se aferra el oficialismo de que el tiempo solo traerá buenas noticias influye en la estrategia predominante, que consiste en postergar un entendimiento global, confrontar en la ciudad de Buenos Aires y asegurarse una fuga constante de candidatos o figuras de primer orden, como ocurrió en estos días con Luis Juez, que abandonó la jefatura del bloque macrista en el Senado para comenzar a trabajar en su candidatura como gobernador de Córdoba. Curiosamente, en el corazón del Gobierno impera el mismo sesgo optimista que caracterizó a los estrategas electorales de Juntos por el Cambio. Es cierto que en esta oportunidad se tomaron un conjunto de decisiones económicas de envergadura y que se ven síntomas claros de reactivación. Pero no deja de ser muy osada la apuesta a que el clima favorable que produce la desinflación alcance para ganar con claridad estas elecciones, a pesar de la heterogeneidad de la recuperación, los problemas de empleo y, en especial, las enormes distorsiones que genera el atraso cambiario.Ã?