El banco JPMorgan alquiló el edificio corporativo de más de 20 pisos situado en el corazón del barrio porteño.Es una suerte de extensión del Centro Empresarial Libertador.En el sector, estiman que la transacción se cerró por US$ 155 millones.
Un fondo buitre adquirió este bloque ubicado entre Lavapies y Atocha a finales de de 2024 y desde entonces las amenazas de desahucio no han cesado, denuncian los vecinos
Los tiempos actuales para Alberto José Márcico son diametralmente opuestos a aquellos en los que disfrutaba las mieles de la gloria como futbolista, ídolo de Ferro, en el inicio de la década del 80, y luego estrella en Boca, tras su paso por el Toulouse francés, y cierre de una carrera fulgurante en Gimnasia de La Plata. El "Beto" y su hijo, Lucas, están acusados de una importante estafa inmobiliaria con la venta duplicada de departamentos y locales comerciales en emprendimientos de dos barrios porteños. Habían pedido la suspensión del juicio a prueba, incluyendo un resarcimiento a los damnificados. Pero la Justicia rechazó la solicitud de probation ante la enfática oposición de los querellantes y del fiscal, debido a que el monto ofrecido por los acusados fue "totalmente irrisorio", según confiaron a LA NACION partícipes de la audiencia, que se realizó de forma remota, vía Zoom.Con esto, la situación se dirimirá en un juicio oral en el que, tal como adelantaron, varias querellas pedirán que los Márcico terminen en la cárcel. Consideran que el concurso real de los delitos que les atribuyen -22 hechos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y 15 hechos de estelionato (vender una cosa que no es propia)- podrían derivar en una eventual condena de prisión efectiva. Además, en la Justicia penal todavía se instruye una parte de la causa en la que padre e hijo fueron imputados y llamados a indagatoria por el delito de asociación ilícita vinculado con aquellas eventuales defraudaciones. La propuesta de padre e hijoLos querellantes cuestionaron no solo el monto ofrecido por los Márcico para resarcir, al menor en parte, a los damnificados, y el plazo para saldar esa cuenta en el marco de la probation. Consideraron que el ofrecimiento era, incluso, peor que uno anterior que habían realizado. Como sostuvo el fiscal general Horacio Azzolin en la audiencia virtual: "Es la primera vez que me pasa que modifiquen para peor las condiciones".El abogado Gabriel Palmeiro, defensor de Lucas Márcico, informó a las partes que la propuesta integral era de 295.000 dólares: 180.000 para Marta Zulema Rondinella (que había comprado 16 departamentos y seis cocheras) pagaderas en 23 cuotas (22 de US$7800 y una de 8398), 100.000 para Martín Herrera (exarquero de Boca, donde fue compañero del Beto, comprador de cinco departamentos y un local comercial), en 22 cuotas de 4300 dólares y una de 5381) y 15.000 dólares a repartir en partes iguales entre cinco querellantes que compraron aquellos departamentos, de los que tienen boleto de compraventa y posesión, pero que no pueden escriturar por el actual estado de la causa.La empresa constructora Edificio Migueletes 1268 SRL, de los Márcico, quebró, y la suerte de aquellos inmuebles y sus compradores aún se dirime en el fuero Comercial. Sobre el ofrecimiento, Palmeiro sostuvo: "Esta división en cuotas entendemos que no genera merma alguna en cada uno de los interesados, razón por la cual puede tomarse ese monto global a los efectos de ese ofrecimiento en los términos de la suspensión del juicio a prueba como absolutamente valedero, lógico y con la mantención del valor para cada uno de ellos".Su colega Martín Ezequiel Villar, abogado del exvolante ofensivo que jugó en la selección argentina, adhirió a la propuesta y agregó que el ofrecimiento se ajusta a las posibilidades reales del señor Márcico"."¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas?"El abogado Claudio Caffarello, representante en la querella de Rondinella, fue el primero en manifestar su oposición a la propuesta. "Respecto de este nuevo ofrecimiento con el que nos sorprenden las defensas, recordemos que el primer ofrecimiento fue de 180.000 dólares, pero en 18 cuotas, y no en 23, como ahora. Recordemos también que al comienzo del proyecto Rondinella adquirió unidades por 750.000 dólares", sostuvo."No discutimos el monto, que queda lejos del perjuicio ocasionado. Bajo ningún punto de vista, y menos ahora, a los 80 años, la señora Rondinella le puede aceptar a Márcico el pago a dos años. ¿Quién le podría aceptar a un quebrado 23 cuotas? Aceptar esto es admitir o permitir que los Márcico hicieran con el dinero recibido lo que quisieron", afirmó Caffarello, que consideró "irrazonable" la propuesta de reparación del daño producido.Luego, en cuanto a la viabilidad de la probation, el representante de Rondinella ponderó que "en caso de que en este proceso recaiga una condena difícilmente sea de cumplimiento en suspenso".Yael Jaifetz, abogada del exarquero xeneize Herrera, también se opuso al pago del resarcimiento a plazos. "Es darles un beneficio de pagar un 10% en cuotas, lo que no consentimos bajo ningún punto de vista, por lo que rechazamos el ofrecimiento", sentenció.Julián Subías, abogado de una pareja integrante del tercer grupo de querellantes, fue enfático en el rechazo: "El ofrecimiento de 3000 dólares en una cuota no satisface en lo más mínimo el daño causado a mis mandantes. Por más que tengamos la posesión, ellos no compraron la posesión, compraron un departamento y no lo tienen, lo tienen que seguir peleando, hace 25 años que vienen peleándolo. La última hipoteca tuvieron que ir a levantarla ellos mismos; debieron pagar más de 50.000 dólares para que no los saquen de la casa. Lo que gastaron supera ampliamente los montos que ofrecen ahora para tratar de solucionar este conflicto".El truco de saber francésSubías mencionó un episodio ocurrido en una audiencia en una escribanía para intentar avanzar en la escrituración, luego de que el juez del concurso (posteriormente, quiebra) de la empresa constructora de los Márcico les otorgara la posesión del inmueble. "Tenían que hacerse ellos cargos de la modificación del reglamento de copropiedad del edificio de Migueletes 1268; obviamente que no querían hacerse cargos y tenían que hacerse cargo de cualquier costo adicional, turbando el derecho que les había reconocido el juez comercial. En un momento de la audiencia padre e hijo se ponen a hablar en francés, con la mala suerte que mi cliente entiende perfectamente el idioma. Se estaban burlando de ella". Por eso, Subías enfatizó: "Va más allá de que me vengan a ofrecer 3000 dólares, que es una miseria: no hicieron nunca nada para solucionar el conflicto. Estoy esperando que se haga el juicio para que tengan una prisión de efectivo cumplimiento, que es lo que se merecen después de sufrimiento de tantas víctimas, aunque tengan la posesión. Quizás el juez de la quiebra les dé el derecho que no les da Márcico. Como ya no depende nada de él, lo que está ofreciendo es una burla, y lo rechazamos".Otro de los querellantes, Mariano Ricci, representante de la compradora Beatriz Marana, sostuvo: "Respecto del perjuicio sufrido, los damnificados tienen la posesión, pero en función de todos los gastos y los que tienen que afrontar, el monto que ofrecen es totalmente exiguo. Y como se tiene que seguir con la quiebra, esta propuesta es totalmente rechazada. La solución a esto es que la causa se eleve a juicio".El abogado Jorge Rubinska, representante de tres querellantes, enfatizó que "se debe rechazar la probation porque pese a que cada delito individualmente considerado permitiría la probation, el concurso real de los delitos supera los tres años de prisión, límite para otorgarla". Además, aseveró que "por otro lado, los efectos de los hechos delictivos siguen causando efectos, ya que los damnificados todavía no pudieron escriturar"."Falta de voluntad superadora del conflicto"Atento a que el acuerdo de resarcimiento propuesto en el marco de la solicitud de probation fue rechazado por todas las querellas, el fiscal general Horacio Azzolin manifestó: "La recolección de la información ha sido tortuosa. Faltan los dos informes socioambientales. Es poca la información que tenemos para saber cuál es el estado concreto de la quiebra y de la situación económica de los imputados, más allá de lo que ellos puedan decir [â?¦] El ofrecimiento de reparación económica no se condice con el perjuicio que surge del requerimiento. No se acerca ni mínimamente". Y agregó: "Tampoco tenemos ningún elemento para saber cuánta plata tiene los Márcico. No se hicieron los informes socioambientales pedidos y lo único que sabemos es lo que dicen ellos. Lo que hay es lo que Lucas Márcico le dijo por teléfono a un delegado, con lo cual le pudo haber dicho cualquier cosas; ni siquiera fueron a la casa a tocarles el timbre para ver si viven en esas condiciones". Y concluyó: "Lo que ve la fiscalía es que no hay una voluntad superadora del conflicto. Por la irrazonabilidad de la propuesta de reparación que demuestra una falta de voluntad de superar el conflicto, la fiscalía se opone" a la probation.Ante semejante panorama, el juez Luis Salas, del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, decretó el rechazo de la suspensión de juicio a prueba.
Levantada durante el auge del ladrillo y abandonada a medio construir, la Torre Lucas sigue en pie como un símbolo del delirio urbanístico en Abarán
En el dinámico mundo del negocio inmobiliario rural, mantenerse vigente durante cuatro décadas no es tarea menor. El 30 de abril pasado, la firma Elizalde, Garrahan & Cía. celebró 40 años de trayectoria ininterrumpida con una misa de agradecimiento y un almuerzo en honor a todos los que fueron parte de este recorrido. "Va a cambiar todo": el CEO de una de las mayores empresas del agro del país dio un alentador pronóstico para los próximos añosFundada en 1985 por Alejandro L. de Elizalde, la inmobiliaria nació con un objetivo claro: brindar servicios de excelencia en el mercado de campos y estancias. "El compromiso con el cliente y el profesionalismo han sido desde el principio nuestros pilares. La confianza no se impone: se construye con el tiempo", resumieron en la firma."Es una bomba": un revolucionario sistema de engorde de ganado con remolacha forrajera logra una producción de carne inédita en la ArgentinaA lo largo de los años, Elizalde, Garrahan & Cía. supo consolidar un nombre propio en un mercado tan exigente como el agropecuario, ofreciendo asesoramiento en compra, venta, alquiler y tasación de propiedades rurales. También ha incorporado con el tiempo servicios de administración, evaluaciones y divisiones de campos, lo que permitió acompañar a los productores en cada etapa de su proyecto.Con el tiempo, la empresa amplió su horizonte. Hace más de una década sumó una división urbana con el objetivo de ofrecer un asesoramiento integral que también contemplara las necesidades habitacionales y comerciales en las ciudades. La visión fue clara: adaptarse sin perder el foco ni los valores que le dieron origen.Hoy, la firma no solo mantiene intacto el legado de su fundador, sino que lo proyecta hacia el futuro: "La segunda generación de la familia ya forma parte de la firma, asegurando la continuidad de sus valores y compromiso con la excelencia". El equipo actual está integrado por profesionales de distintas áreas, lo que permite una atención amplia y especializada.
Están procesados con prisión preventiva cinco personas del clan que organizó la megaestafa inmobiliaria.
La familia L'Abbate sufrió un nuevo revés de la Justicia. La jueza de instrucción Paula González rechazó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva presentados por las defensas, que fundaron el requerimiento en el hecho de que siempre estuvieron a derecho y, además, ya no se los puede considerar una asociación ilícita -uno de los delitos más graves que se les atribuye- porque, como consecuencia de la causa, los dos hijos menores están peleados con su padre y con su hermano mayor. Con todos ellos, en tanto, también está peleado quien era el apoderado de Induplack SA, la empresa "madre" de la eventual megaestafa, el quinto arrestado en este caso que cuenta con cientos de damnificados por la compra de departamentos de pozo en edificios que nunca llegaron a construirse o con unidades que fueron vendidas hasta seis veces a distintos clientes.Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, la jueza González acompañó el rechazo de las excarcelaciones expresado en el expediente por la fiscal Mónica Cuñarro, que es quien lleva adelante la investigación que comenzó hace cinco años y que en las últimas semanas comenzó a acumular denuncias a diario, con lo que llevó a más de 200 el número de damnificados. Una cifra que crecerá en los próximos días, dado que muchos damnificados se enteran de que fueron víctimas de esta megaestafa cada vez que sale una noticia del caso. En las últimas horas los abogados de Vito Antonio L'Abbate y su hijo mayor, Emanuel Andrés, pidieron que ambos sean trasladados a la Cárcel de Contraventores, la Alcaidía 15 de la Ciudad o alguna dependencia en la que "reciban un trato digno". Manifiestan que el jefe de la familia "está desesperado" porque las condiciones de detención en la comisaría 1B de la Policía de la Ciudad, en la que se entregó el 10 de abril pasado, son "inaceptables". Sus letrados dijeron que "no se pudo bañar en 20 días", está con fiebre hace días y anoche debió dormir junto a un adicto al paco que se había electrocutado y estaba fuera de sí. Vito, que tiene 65 años, está en una celda con otros diez hombres y si bien hay una indicación de la jueza de traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, la añeja puja entre Ciudad y Nación por los cupos en penales obtura, por ahora, su deseo de cambiar de lugar de detención. Esta noche la pasará en la celda de la comisaría de Tacuarí e Independencia.Cambios de estrategiasEl incidente de morigeración de la prisión preventiva expuso una supuesta "división de bandos" entre los detenidos, que se encuentran alojados aún en el mismo lugar donde se entregaron por orden judicial el 10 de abril pasado: la comisaría 1B de la Policía de la Ciudad, en Tacuarí e Independencia. Vito y su hijo mayor comparten abogados en la defensa: Alejandro Drago y Juan José Oribe. Sus otros dos hijos tienen sus propios representantes legales desde octubre del año pasado, cuando las cosas comenzaron a ponerse peor: Santiago David es asistido por Pedro Molina Portela y Juan Ignacio, por José María Figuerero y Santiago Fontán Balestra. Patricio Gastón Flores, exapoderado de Induplack y firmante de decenas de boletos de compraventa ahora cuestionados en la Justicia por haberse convertido, virtualmente, en papel mojado, revocó el patrocinio de Rodrigo Carral y, desde que está preso, lo representa la defensa oficial.Esa supuesta divergencia de intereses y responsabilidades, expresada en la decisión de contar con abogados distintos, fue utilizada como argumento por los defensores de Vito y Emanuel L'Abbate al solicitar la excarcelación con monitoreo a través de tobillera electrónica para controlar que "no se alejarán de la jurisdicción" o, subsidiariamente, la detención domiciliaria. En su escrito sostuvieron que el último llamado a indagatoria y el posterior procesamiento fueron "una bomba en la familia". En su línea argumentativa interpretaron que esa divergencia de intereses legales en juego demuestra que no forman -al menos, no ahora- una asociación ilícita, delito que tiene una alta expectativa de pena, lo que supone un eventual riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. Drago y Oribe dijeron que los dos hermanos menores cambiaron de abogados en octubre "porque, con razón, Juan Ignacio y Santiago vienen sosteniendo que no tienen relación alguna con los hechos investigados y porque la existencia de la causa generó una enorme pelea familiar que rompió cualquier tipo de cohesión".Recordaron que Vito y Emanuel L'Abbate dijeron en sus indagatorias que con Juan Ignacio y Santiago "no se hablan hace meses, no tienen diálogo alguno, y ni ellos ni sus esposas dejan que Vito y su mujer vean a sus nietos; lo mismo con Emanuel y sus sobrinos"."La familia está peleada hace meses y meses. No se veían, no se llamaban. No se hablaban. No se mandaban mensajes. El vínculo está roto", sostuvieron los abogados de Vito y Emanuel.También enfocaron la reacción del quinto detenido de la causa: "Flores está enojadísimo, no les habla, dejó de atenderles el teléfono con el procesamiento por asociación ilícita [â?¦] Ni estar con ellos en la misma celda quiere, cuando lo lógico sería que cualquier persona querría enfrentar esta situación junto al grupo que conoce, la banda que integró, en la hipótesis de asociación ilícita que se sostuvo". A la hora de oponerse al pedido de los defensores, la fiscal Cuñarro resaltó que las internas familiares resultan inoponibles para el derecho penal, pero, no obstante, era posible encontrar en el propio expediente que la presencia de todos los L'Abbate en distintas sociedades relacionadas desmiente la teoría de la "desaparición de la cohesión familiar" y "exhibe una realidad diametralmente opuesta a la que los letrados defensores intentan mostrar". El entramado societario, en la miraCuñarro agregó que "con el correr de los años, al generar más estafas y cada vez mayores, y comenzar a ser denunciados, los imputados fueron incorporando nuevas empresas al holding [â?¦] en las que sus integrantes son los mismos, aunque intercambiando roles [â?¦] con el fin de engañar a los nuevos compradores y, por otra parte, a la Justicia, lo que hace palmaria su burla al sistema para continuar con sus maniobras". Según la investigación de la representante del Ministerio Público Fiscal, en las operaciones inmobiliarias a través de fideicomisos en 13 desarrollos edilicios comercializados y administrados por Induplack Fiduciaria SA, la "nave insignia" del clan familiar comandado por Vito L'Abatte, se presume que hubo no menos de 300 damnificados, en una estafa cuyo monto supera los 25 millones de dólares.Cuñarro ya pidió a la jueza Paula González la ampliación de indagatoria para los cinco empresarios detenidos y para los responsables de una inmobiliaria involucrada en muchas de las operaciones cuestionadas.La titular de la Fiscalía N°16 puso el foco en el entramado societario que les permitió a los L'Abbate continuar con la comercialización de emprendimientos inmobiliarios nuevos a pesar de las inhibiciones que les iban cayendo encima por los flagrantes incumplimientos de los contratos previos.Cuñarro advirtió que "los imputados, desde el año 2008, se encuentran vinculados en 23 sociedades. Y es a partir de 2019 que se constituyen 14 de esas 23 sociedades". El parteaguas trazado no es azaroso: para 2019 ya habían comenzado a recibir demandas; el cambio de CUIT y de nombre les permitió sortear el primer filtro de duda de los eventuales nuevos compradores, opina la fiscal.La representante del Ministerio Público, en su más reciente dictamen, reparó en que en 2023 (año en que se produjeron los hechos que fundamentan los primeros procesamientos del clan L'Abbate) se constituyeron siete de esas sociedades que compartían o alternaban integrantes; cuatro de ellas aparecían destinadas a un fin aparentemente diverso al de las operaciones inmobiliarias o de venta de materiales para la construcción: estaban destinadas a la comercialización de artículos de bazar y cotillón. Tenían como directora a Carolina Carnevale y a su esposo, Emanuel L'Abbate, como director suplente."Se observa entonces en esta organización el empleo para los fines delictivos de estructuras societarias con permanencia temporal y una especificidad en una forma de comisión delictiva determinada", sostuvo Cuñarro en el dictamen en el que solicitó la ampliación de indagatoria de los acusados."A tal punto llegó esta asociación ilícita que tenían montado todo un escenario societario que permitía cubrir las diferentes aristas de un proyecto de construcción inmobiliaria. No puede pasar desapercibido que los imputados, con el correr de los años, al generar más estafas y cada vez mayores, al empezar a ser denunciados fueron incorporando nuevas empresas en la que los integrantes de esas sociedades son los mismos, pero intercambiando roles; me refiero a con el fin de engañar a los nuevos compradores y por otra parte a la Justicia, lo que hace palmaria su burla al sistema, para continuar con sus maniobras", señaló la fiscal."En efecto, la estructura empleada por la asociación de la que formaron parte los incusos se encuentra constituida por distintas sociedades interconectadas, lideradas en los hechos por Vito L'Abbate, y en las que él y sus consortes rotaban en los roles societarios" en firmas tales como Integral Home, Icons Tech, Iwin S.A, Iwin Aberturas S.A.La fiscal Cuñarro se valió de los dichos en declaración indagatoria de uno de los acusados para fundar su tesis de que se buscó desviar las inversiones de los damnificados a través de la maraña de empresas."En el descargo efectuado el pasado 15 de abril, Emanuel L'Abbate intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar, y que no quisieron concursar. Y afirmó categóricamente: 'El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden [â?¦] por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios".Al respecto, la fiscal respondió: "Es sabido que la presentación en concurso preventivo importa una verdadera demanda a través de la cual se procura poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional con el fin de superar la insolvencia patrimonial del interesado y los conflictos de distinta índole que aquella provoca. Así, puede protegerse en cierta forma el patrimonio de los acreedores, pues permite que la empresa siga operando y reestructure su deuda. [â?¦] Ellos, en lugar de presentarse a concurso siguieron construyendo nuevas empresas cada vez que quedaban inhibidos y continuaban vendiendo y revendiendo las unidades funcionales, para lograr sortear obstáculos legales y, de esta manera continuar recibiendo dinero de los compradores/ víctimas sabiendo que jamás iban a poder cumplir con sus obligaciones".
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Belga Inmobiliaria analiza el presente del mercado en Belgrano, uno de los barrios más codiciados para invertir en propiedades premium. Calidad de vida, conectividad, historia y alta valorización patrimonial lo posicionan como una apuesta segura para compradores exigentes. Leer más
La comisión o los honorarios inmobiliarios corresponden al importe que una agencia cobra por su labor de intermediación en la compraventa o el alquiler de un inmueble
La causa de la megaestafa inmobiliaria con la frustrada venta de pozo de departamentos en edificios que nunca se terminaban de construir o con unidades que se vendían una y otra vez crece como una bola de nieve en una empinada pendiente y amenaza con convertirse en una de las causas más grandes en trámite actualmente en la Justicia nacional.Día a día se suman decenas de presentaciones nuevas de damnificados por las operaciones inmobiliarias de los fideicomisos en 13 desarrollos edilicios comercializados y administrados por Induplack Fiduciaria SA, la "nave insignia" del clan familiar comandado por Vito L'Abatte. Calificadas fuentes judiciales confiaron a LA NACION que se presume que se presentaron al menos 300 demandas ante la Justicia. Se calcula, además, que el monto de la estafa supera los 25 millones de dólares.En la última semana se documentó un centenar de nuevas denuncias que se agregan a las anteriores por las cuales Vito L'Abbate y sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, además de Patricio Gastón Flores, quien fungía como apoderado de la firma y habitual encargado de la firma de los boletos de compraventa, están procesados con prisión preventiva desde el 10 de abril pasado.En consecuencia, la fiscal Mónica Cuñarro, que lleva adelante la investigación, pidió a la jueza Paula González la ampliación de indagatoria para los cinco empresarios detenidos y para Gabriel Alejandro y Pablo Ezequiel Brodsky, de la comercializadora inmobiliaria Predial, involucradas en muchas de las operaciones cuestionadas.En esta ocasión, la titular de la Fiscalía N°16 puso el foco en el entramado societario que les permitió a los L'Abbate continuar con la comercialización de emprendimientos inmobiliarios nuevos a pesar de las inhibiciones que les iban cayendo encima por los flagrantes incumplimientos de los contratos previos.Cuñarro advirtió que "los imputados, desde el año 2008, se encuentran vinculados en 23 sociedades. Y es a partir de 2019 que se constituyen 14 de esas 23 sociedades". El parteaguas trazado no es azaroso: para 2019 ya habían comenzado a recibir demandas; el cambio de CUIT y de nombre les permitió sortear el primer filtro de duda de los eventuales nuevos compradores, opina la fiscal.La representante del Ministerio Público, en su más reciente dictamen, reparó en que en 2023 (año en que se produjeron los hechos que fundamentan los primeros procesamientos del clan L'Abbate) se constituyeron siete de esas sociedades que compartían o alternaban integrantes; cuatro de ellas aparecían destinadas a un fin aparentemente diverso al de las operaciones inmobiliarias o de venta de materiales para la construcción: estaban destinadas a la comercialización de artículos de bazar y cotillón. En ellas aparecía como presidente Carolina Carnevale y su esposo, Emanuel L'Abbate."Se observa entonces en esta organización el empleo para los fines delictivos de estructuras societarias con permanencia temporal y una especificidad en una forma de comisión delictiva determinada", sostuvo Cuñarro en el dictamen en el que solicitó la ampliación de indagatoria de los acusados."A tal punto llegó esta asociación ilícita que tenían montado todo un escenario societario que permitía cubrir las diferentes aristas de un proyecto de construcción inmobiliaria. No puede pasar desapercibido que los imputados, con el correr de los años, al generar más estafas y cada vez mayores, al empezar a ser denunciados fueron incorporando nuevas empresas en la que los integrantes de esas sociedades son los mismos, pero intercambiando roles; me refiero a Integral Home, Icons Tech, Iwin S.A, Iwin Aberturas S.A, con el fin de engañar a los nuevos compradores y por otra parte a la Justicia, lo que hace palmaria su burla al sistema, para continuar con sus maniobras", señaló la fiscal."En efecto, la estructura empleada por la asociación de la que formaron parte los incusos se encuentra constituida por distintas sociedades interconectadas, lideradas en los hechos por Vito L'Abbate, y en las que él y sus consortes rotaban en los roles societarios", reseñó en su dictamen relativo a más de medio centenar de casos relacionados con los emprendimientos de Acuña de Figueroa 333, Terrada 72/76/78, Caaguazú 6148, Juan Bautista Alberdi 5784, Av. San Juan 1451, Nicolás Repetto 1281, Jujuy 431, Av. Rivadavia 7159, Juan Bautista Alberdi 6683, Manuela Pedraza 6158, Arregui 6225, Carlos Antonio López 2247 y Fragata Sarmiento 2070/72, todos en la ciudad de Buenos Aires.La fiscal Cuñarro se valió de los dichos en declaración indagatoria de uno de los acusados para fundar su tesis de que se buscó desviar las inversiones de los damnificados a través de la maraña de empresas."Ahora bien, en el descargo efectuado el pasado 15 de abril, Emanuel L'Abbate intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar, y que no quisieron concursar. Y afirmó categóricamente: 'El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden [â?¦] por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios".Al respecto, la fiscal respondió: "Es sabido que la presentación en concurso preventivo importa una verdadera demanda a través de la cual se procura poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional con el fin de superar la insolvencia patrimonial del interesado y los conflictos de distinta índole que aquella provoca. Así, puede protegerse en cierta forma el patrimonio de los acreedores, pues permite que la empresa siga operando y reestructure su deuda. [â?¦] Ellos, en lugar de presentarse a concurso siguieron construyendo nuevas empresas cada vez que quedaban inhibidos y continuaban vendiendo y revendiendo las unidades funcionales, para lograr sortear obstáculos legales y, de esta manera continuar recibiendo dinero de los compradores/ víctimas sabiendo que jamás iban a poder cumplir con sus obligaciones".
Ya hay al menos 300 damnificados que invirtieron en propiedades que no se construyeron o que se vendieron hasta 6 veces.
Dos personajes violentos que compraron departamentos en Puerto Madero, camionetas y una casa en Campo Timbó.
Un padre y sus tres hijos, junto a un socio, están detenidos y procesados por vender hasta seis veces un mismo departamento en pozo.Dos de los imputados buscan absorber toda la responsabilidad penal para evitar que los acusen por asociación ilícita y bajar el monto de la pena.
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La inversión inmobiliaria en España destaca por su crecimiento impulsado por el sector residencial y la recuperación del turismo, mientras se prevén ajustes en rentabilidades y una sólida demanda en zonas clave
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La fiscal a cargo de la causa, Mónica Cuñarro, explicó que la investigación comenzó en 2023 y que los acusados estaban organizados en una estructura sofisticada con jerarquías: "Tenían 20 firmas vinculadas que iban modificando para ir sacando dinero de una a la otra", detalló en la 750.
Se procesó con prisión preventiva a 5 personas que organizaron la estafa a través de la empresa Induplack. Se estima que cometieron, al menos, 16 operaciones fraudulentas.
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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado busca eliminar la matrícula obligatoria y liberar el corretaje, mientras los colegios advierten sobre los riesgos y resisten la reforma
La posible creación del DNU 7025 podría generar cambios significativos, tales como una desregulación inmobiliaria que afectaría a los corredores inmobiliarios. Leer más
Muchas compras de vivienda y los precios por las nubes. Es el resumen de lo que vivió el mercado inmobiliario en 2024, según las cifras publicadas por los registradores de la propiedad. La estadística registral, que es la fuente de la que bebe el INE, certificó un nuevo récord en el importe medio de las casas, con â?¬2086 euros por metro cuadrado. Eso convierte al año pasado en el más caro de la historia, al superar los precios medios de 2006 y 2007, los años más álgidos de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, sin tener en cuenta el efecto de la inflación acumulada desde entonces."Tiene 360 días de sol al año": el lugar de la Argentina que eligen los americanos para vivirEn el caso de los inmuebles de obra nueva, el precio marcó una media en 2024 de â?¬2265 por metro cuadrado, también el máximo de la serie histórica. En el caso de las viviendas de segunda mano, los â?¬2039/m² que se pagaron en promedio no superan, aunque se acercan mucho, a los de 2007, señala la estadística registral. Pese a tratarse de precios de récord, el mercado ya los da por superados porque siguen subiendo. De hecho, en un año que fue de menos a más, los registradores ya sitúan el precio medio de la vivienda en â?¬2164/m² (â?¬2338 en el caso de los pisos a estrenar y â?¬2113 en los de segunda mano).La tensión en los importes es fruto, para muchos expertos, de la combinación de una oferta escasa con una demanda que no para de crecer. De esto último da también cuenta la estadística registral: España cerró 2024 con 636.909 compraventas, una cifra muy próxima a la de 2022, que fue el año con más actividad del mercado desde la burbuja. A diferencia de lo que sucedía en la primera década del siglo, ahora la mayoría de las transacciones corresponden a casas de segunda mano, aunque la venta de pisos nuevos ha repuntado de manera significativa en términos porcentuales.La NASA reveló en qué países podría impactar el asteroide 2024 YR4 y qué chances hay de que sucedaSantiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València y director de Estudios Financieros de Funcas, advierte sobre este descontrol de precios que hace "cada vez más difícil encontrar viviendas asequibles". "Mi sensación es que, aunque haya medidas por parte del Gobierno para frenar el encarecimiento de la vivienda, estas llevan tiempo en aplicarse y dudo que puedan notarse en 2025 o incluso en 2026. Se necesitaría la incorporación de miles de pisos al mercado para aliviar esta tensión, y eso requiere años", detalla. En cualquier caso, descarta una crisis similar a la de la burbuja inmobiliaria, pues hoy el país sufre de un desajuste entre oferta y demanda y no un endeudamiento masivo, como en ese entonces.El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, confirma que la presión sobre los precios de la vivienda seguirá al alza en el medio plazo debido a la fuerte demanda, reflejada en otros indicadores, como el índice de ventas repetidas â??que también publican los registradores y que muestra los precios de venta de las propiedades que se han vendido más de una vezâ??. El experto apunta a que bajo este parámetro las casas se han revalorizado un 12%. Y aunque la obra nueva está aumentando, con previsiones de hasta 135.000 pisos iniciados en 2025, su efecto en los precios tardará en notarse.La hierba llena de colágeno y potasio que alivia el dolor articular y combate la inflamaciónEl auge de la actividad inmobiliaria responde a varios factores. Por un lado, la mejora en los indicadores macroeconómicos, con un crecimiento sostenido del empleo, mejora en los sueldos y la recuperación del consumo, ha favorecido la demanda de vivienda, además de atraer a numerosa población extranjera a España. Además, el descenso en los tipos de interés durante el segundo semestre del año ha aliviado parcialmente la carga financiera para los compradores, facilitando el acceso a créditos hipotecarios.De las casi 637.000 operaciones registradas el año pasado, el 80% corresponden a compraventas de viviendas usadas. No obstante, las ventas de pisos de obra nueva crecieron con fuerza el año pasado hasta alcanzar las 131.764 transacciones, lo que supone casi un 22% más que en 2023. Esto le permitió ganar algo de cuota de mercado, ya que las operaciones sobre casas de segunda mano repuntaron en el año un 6,4%.El interés de los compradores internacionales sigue siendo un pilar del mercado, al representar casi el 15% del total de transacciones. Los británicos, alemanes, holandeses, marroquíes, franceses, rumanos e italianos son los que abarcan la mayor parte de estas compraventas. Y los destinos de costa son los que acaparan su interés: Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias concentran alrededor del 60% estas operaciones, según las cifras de los registradores.Sobre este fenómeno, el catedrático de derecho civil y fundador de la Cátedra UNESCO de vivienda, Sergio Nasarre, advierte de que el crecimiento de la demanda extranjera ha sido exponencial en los últimos años, pasando del 4% en 2009 al 14,5% actual. "En el momento en que se dificulta a las familias españolas comprar, otros lo hacen. Y estos compradores, en muchos casos, adquieren las viviendas sin necesidad de hipoteca, lo que pone en desventaja a la población local", señala. Además, destaca que el mercado de alquiler tampoco ofrece alternativas asequibles, ya que las políticas recientes han generado inseguridad para los propietarios, limitando la oferta y encareciendo los precios.El año también acabó con más hipotecas firmadas que en 2023, gracias al tirón en la segunda parte del ejercicio, favorecido por el viraje en la política monetaria y el consecuente abaratamiento de los intereses. En 2024 se firmaron 435.328 hipotecas, lo que representa un 13,4% más que el año anterior. Casi el 70% de las compraventas de viviendas se hicieron con hipoteca, mientras que un 30% se compraron sin financiación. Al respecto, los registradores precisan que "en las zonas en las que el precio de la vivienda es superior normalmente se recurre en mayor proporción a la financiación hipotecaria, y viceversa".
LLA trabaja en una reforma que eliminaría la obligatoriedad de la colegiación para operar en el mercado inmobiliario. Mientras desde el Gobierno sostienen que la medida fomentará la competencia y reducirá costos, los inmobiliarios advierten que podría afectar la oferta de alquileres y debilitar la seguridad jurídica del sector. Leer más
El corredor inmobiliario, Alejandro Braña, destacó que el término desregulación genera dudas en el mercado inmobiliario ya que no está regulado de la misma forma que otras profesiones. Leer más
En una nueva etapa del acuerdo de cese del fuego, Hamas divulgó los nombres de los tres rehenes, secuestrados el día de los ataques terroristas, que liberará hoy, a cambio de 183 presos palestinos. El anuncio despejó la incertidumbre que había provocado el sorprendente anuncio del plan del presidente estadounidense para Gaza, en la que, aseguró, Estados Unidos "seremos inversores" para desarrollar la Franja. Volvió a asegurar que no enviará soldados porque Israel aportará la seguridad y ayer anunció una venta millonaria de equipamiento militar al Estado judío. Leer más
La confirmación de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger puso la lupa en el mercado inmobiliario inquietó a los brokers. En principio, el funcionario está comenzando a analizar el sector y cómo desburocratizar a una industria que desde hace unos meses se reactivó. El año pasado cerró con casi 55.000 operaciones inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires, 35% más que en 2023. Fue el mejor año desde 2018, donde se registraron poco más de 55.000 operaciones y casi se "empató" a un año que tuvo una excepcional palanca hipotecaria en el primer semestre.El Gobierno analiza desregular el mercado inmobiliarioSin embargo, hay que tener en cuenta, que más allá de las intenciones de la mesa chica del presidente Javier Milei, el Gobierno solo puede revisar la legislación nacional porque las normas son municipales y son potestad de cada municipio. Esto significa que el Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ellas, lo que define un camino más largo a la hora de implementar cambios.Por otra parte, hasta ahora, se sabe poco de qué es lo que se cambiará y cómo se implementaría esta desregulación. En las primeras horas de conocerse la noticia, confirmada por fuentes cercanas al ministro a LA NACION, se especuló con la posibilidad de que se cerraran todos los colegios inmobiliarios, que son entidades semipúblicas que otorgan la matrícula a los corredores para poder ejercer la actividad, y los encargados de controlar y fiscalizar la actividad inmobiliaria.Luego surgieron otras versiones que indican que el objetivo no es eliminar los colegios sino eliminar la obligatoriedad de tener una matrícula otorgada por los colegios. Es decir, estos seguirían existiendo, pero no haría falta contar con la matricula, ni cursar una carrera para desarrollar la actividad inmobiliaria.Por otra parte, se transferiría el rol sancionador de los colegios profesionales a la Justicia Ordinaria y se derogarían las sanciones por vender propiedades sin tener la matrícula. "El objetivo es fomentar la competencia y la eficiencia por lo que los colegios deben seguir existiendo pero sin el monopolio en la intermediación. Si se elimina la obligación de la colegiación van a tener que mejorar sus servicios para que los profesionales quieran adherirse", explica Jorge Amoreo Casotti, director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).Cómo surgieron los colegios profesionalesLa primera norma que reguló al sector fue la Ley 20.266, sancionada en 1973 durante el gobierno de Lanusse. En 1999 se modificó mediante la Ley 25.028 que fue la que comenzó a exigir título universitario obligatorio para obtener la matrícula. Hoy, quien quiere trabajar como corredor inmobiliario debe cursar una carrera -que en algunas provincias es de grado universitario y dura más de cuatro años- y, una vez recibido, sacar la matrícula y pagar al colegio un monto -anual o porcentaje de las operaciones- para poder ejercer la actividad. Los encargados de otorgar la matrícula son los colegios inmobiliarios o de martilleros y corredores públicos, que son aprobados por los gobiernos locales de cada jurisdicción en la que ejercen.Además de autorizar a los corredores inmobiliarios a trabajar, los colegios son los responsables de controlar que las inmobiliarias que operan cuenten con la matrícula y la formación requerida para desempeñar la profesión. "Antes de que surgieran los colegios, se vendían inmuebles que no existían y podía haber fraudes", explica Lorenzo Raggio, gerente general de Interwin. De todas formas, reconoce la necesidad de que mejoren el servicio. "Hoy son más reactivos que proactivos. Los colegios terminan siendo una obligación de aporte monetario, en vez de solución a problemáticas", agrega Santiago Mieres, director de la inmobiliaria homónima.Marta Liotto, expresidenta de CUCICBA (Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires), recordó que el colegio inmobiliario porteño se creó a partir de una iniciativa de los propios corredores. Explica que nació en 2007 como producto de una cantidad de irregularidades que se daban en el mercado: se vendían inmuebles de pozo que no estaban en capacidad de venderse, entre otras cosas, y "no estamos hablando de comprar zapatos, sino de una inversión grande, como es la casa de una persona".Las opiniones que no se hicieron esperarOtras voces en off aseguran que los colegios profesionales terminan convirtiéndose en "entes burocráticos que cobran, pero no aportan valor". Los colegios perciben una cuota anual o porcentajes de los honorarios que reciben las inmobiliarias por las operaciones que cierran. Por nombrar algunos ejemplos, en San Isidro, el Colegio de Martilleros percibe un porcentaje del 6% sobre la comisión cobrada por cada venta de sus matriculados mientras que CUCICBA, que cuenta con 10.000 corredores inmobiliarios matriculados -de los cuales 7700 están activos-, cobra $500.000 al año por cada uno de ellos.Una salida que plantean algunos de los brokers es que pertenecer al colegio sea algo opcional y "pagues por cada gestión o asesoramiento que pidas. De esa forma evitarías que se cobren altas sumas sin servicios a cambio", dice una fuente consultada. Otros sugieren que haya un solo representante nacional, en lugar de un colegio por cada provincia o por jurisdicciones.En la Provincia de Buenos Aires existen 21 colegios en distintos departamentos judiciales, mientras que en la Argnetina, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios del País (COFECI) con cerca de 40.000 corredores matriculados, distribuidos en Córdoba, Rosario, Entre Ríos, Mendoza, Tierra del Fuego, entre otras jurisdicciones, es uno de los más fuertes. Son 18 colegios repartidos en las 24 provincias, es decir alguna de ellas funciona sin un organismo.Esta cantidad de colegios inmobiliarios en el país también genera restricciones teniendo en cuenta que para operar en cada jurisdicción donde hay un colegio inmobiliario es necesario pagarle la matrícula correspondiente al colegio local. Por ejemplo, quien vende propiedades en Capital y en San Isidro debe matricularse en ambos lugares y, por lo tanto, pagar dos matrículas. "Todavía hay que conocer la letra chica de lo que va a proponer el Gobierno, pero me parece un disparate lo que sucede hoy: la necesidad de matricularse en cada colegio para operar. Debería existir uno solo, a priori, a nivel nacional", comparte Mieres."Los colegios deberían actualizarse. Antes se agrupaban por zonas, ya que conocían a los matriculados de esos lugares, hoy la información circula con mucha más velocidad, por lo que una inmobiliaria podría trabajar en cualquier mercado", agrega Raggio. "Lo que cobran no es lógico", afirma de manera contundente Diego Cazes, director general de L.J. Ramos.Más allá de la necesidad de ajustar temas de eficiencia de los colegios, los brokers consultados coinciden en que "cierta regulación" es importante para evitar una anarquía en el sector. "Es bueno que el sistema se modernice y liberalice pero también es clave no retroceder en temas de oferta. Quiero decir evitar que cualquiera pueda ofrecer cualquier cosa, sin un mínimo de garantías para el cliente", asegura Raggio. Cazes comparte esta mirada y agrega: "Algún control tiene que haber, para que se regule la actividad". La principal preocupación del sector es que la desregulación multiplique la cantidad de agentes inmobiliarios que ejerzan la actividad sin preparación que terminen tasando a cualquier valor y cobrando honorarios irrisorios.Liotto aclara que, los colegios son "delegaciones que dio el Estado para controlar la actividad y garantizan un buen desarrollo y desempeño para brindar un servicio". Armando Pepe, quien fue presidente del Colegio Inmobiliario de CABA entre 2017 y 2021, agrega que desde el colegio controlan que las inmobiliarias que operan tengan la matrícula. "Muchas veces desenmascaramos estafas, en casos de personas que tomaron 30 señas para un mismo departamento y luego desaparecían, loteos que se vendían sin tener aprobados los planes de subdivisión, casas en las que no se había hecho la sucesión", recuerda Pepe y asegura que el 97% de las operaciones inmobiliarias que se realizan en la ciudad de Buenos Aires se hacen a través de los corredores matriculados "que se encargan de verificar títulos y revisar que el inmueble no tenga embargos" .El ambicioso proyecto con marcas de lujo y experiencias inéditas, entre Belgrano y PalermoOtro de los temores de los brokers inmobiliarios matriculados es que la falta de regulación afecte los honorarios (comisiones) que se cobran en una operación de compraventa de inmuebles. En la Ciudad de Buenos Aires, los aranceles se fijaron por la ley 2340 y se estableció cobrar un máximo del 3% al vendedor y un 4% al comprador, es decir, en una operación la inmobiliaria cobra el 7% del valor de venta del inmueble. "Ahora bien, si alguien que no estudió ni conoce nada del mercado inmobiliario cobra comisiones bajas, terminará llevándose todo el mercado, pero ofreciendo un servicio sin conocimiento", alertan en el sector.La desregulación como parte de la agenda del Gobierno volvió a poner sobre la mesa el enfrentamiento de los colegios con las franquicias inmobiliarias que lleva años en la industria. Los grupos de Whatsapp de los colegios inmobiliarios arden y aseguran que "están detrás de la iniciativa de desregular".Uno de los comunicados que circula es el del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro en el que se hace referencia a las notas publicadas por los medios "claramente fomentadas por las franquicias que desarrollan ilegalmente la profesión". El mensaje firmado por Paula Méndez, presidente de ese Colegio, pone énfasis en la necesidad defender la profesión de quienes "la venden como un fondo de comercio".Otro de los documentos firmado por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), institución constituida por los Colegios Inmobiliarios de las Provincias del País y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aclara que "el mercado inmobiliario siempre estuvo desregulado" ya que la contratación de un corredor inmobiliario no es obligatoria porque no se requiere para vender o alquilar un inmueble. "Hoy hay muchas personas que trabajan desde su casa, intermediando en el rubro inmobiliario, pero sin contar con formación en la profesión", agrega Mieres, que opina que los corredores inmobiliarios deben estudiar para ejercer su actividad.En la disputa con las franquicias, los colegios consideran que compran y venden inmuebles sin matrícula y que utilizan la SRL para ceder una marca y no tienen la facultad de hacerlo porque no son corredores."Ser martillero público es una actividad profesional no comercial. Las profesiones no se franquician", afirman. Mientras que desde las franquicias se defienden argumentando que son una firma de servicios complementarios a la actividad inmobiliaria que otorga licencias para uso de una marca y que son los colegios inmobiliarios los que otorgan las matrículas.Cómo podría impactar en los costos de una operación inmobiliaria"No creo que los precios de las propiedades bajen por esto", es contundente Raggio, aunque reconoce que lo que podría disminuir son los costos transaccionales. "Una baja que podría traer un costo oculto que es un servicio de menor calidad, con mucha más informalidad y caos", aclara. Armando Pepe comparte la mirada de Raggio y asegura que el "el precio de las propiedades no bajará, no tiene que ver el precio de los inmuebles con la actividad de las personas".Amoreo Casotti, por su parte señala que es imposible predecir exactamente cómo va a impactar esto en los valores de venta, pero explica que, en cualquier mercado cuando "abrís la competencia, los precios tienden a estabilizarse: queda a libre acuerdo de los actores el definir el precio, puede que los vendedores cobren comisiones más chicas, que eventualmente disminuyan los costos de los inmuebles". Como ejemplo expone los casos de Singapur, Nueva Zelanda o España, mercados en los que asegura que los precios de las propiedades tendieron a bajar cuando se tomaron medidas que llevaron a la desregulación. "En España, en el 2000, se lanzó el Real Decreto de Liberación de la industria inmobiliaria, en un mercado que hasta ese momento estaba muy regulado, y los precios se volvieron más competitivos y se acomodaron a la baja", sintetiza.En definitiva, a la espera de la letra chica de una posible desregulación, el mercado inmobiliario digiere la confirmación de que es parte de la agenda del presidente Javier Milei. El Gobierno ya eliminó el ITI, que era el Impuesto a la Transferencias de Inmuebles; incentivó el lanzamiento de los créditos hipotecarios, que ya cuenta con 24 líneas de préstamos en distintos bancos; eliminó el parking en las operaciones inmobiliarias en las que se solicita un crédito hipotecario para se pueda comprar dólar MEP al momento de la operación; y se derogó la ley de alquileres, una medida que terminó con la distorsión de precios de los contratos.
WASHINGTON.- El presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a hablar este viernes sobre su polémica propuesta para tomar posesión de la Franja de Gaza, a la que calificó como una simple "transacción inmobiliaria", aunque aclaró que Estados Unidos "no tiene apuro por hacer nada".Trump sostuvo que sus sugerencias de que los residentes de Gaza podrían ser reasentados "en un terreno nuevo, fresco y hermoso", y que la zona podría ser reurbanizada por su potencial turístico han sido "muy bien recibidas" en todo el mundo, aunque la sugerencia despertó fuertes rechazos de los propios palestinos y gran parte de la comunidad internacional.En diálogo con la prensa en la Casa Blanca el presidente sugirió que el reasentamiento de los residentes de Gaza podría ser permanente, algo en lo que incluso los principales miembros de su propia administración no lo han apoyado. "No queremos ver a todos regresar y luego mudarse en 10 años" debido a los continuos disturbios, señaló.El presidente estadounidense realizó su propuesta para trasladar a la población gazatí y ocupar la Franja de Gaza luego de una reunión mantenida el martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.El mandatario hizo estas declaraciones durante una reunión bilateral con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la que abordó varios temas además de la situación de Gaza.Más arancelesEntre otros asuntos, dijo que la semana que viene anunciará la imposición de nuevos aranceles comerciales a varios países -sin especificar cuáles- en una medida que busca equiparar las tasas que estas naciones imponen a productos estadounidenses.El objetivo de esta medida pasa por que Estados Unidos "sea tratado de manera equitativa con otros países", según precisó Trump. "Lo anunciaré la próxima semana, sobre comercio recíproco, para que seamos tratados de manera equitativa con otros países, no queremos más ni menos. Así que lo anunciaré la próxima semana", dijo.La medida sobre el comercio recíproco fue una de las promesas de Trump durante la campaña de las elecciones presidenciales, cuando aseguró que impondría aranceles a las importaciones con tasas iguales a las que los socios comerciales imponen a las exportaciones estadounidenses.Los aranceles comerciales se volvieron una medida de presión con la que Trump está consiguiendo que otros países se amolden a sus exigencias. Tras amenazas a Colombia o México -entre otros- con aranceles del 25 %, Bogotá aceptó recibir migrantes deportados y el gobierno mexicano reforzó la seguridad fronteriza para impedir cruces ilegales a territorio estadounidense.Wall Street profundizó pérdidas este viernes tras un artículo de la agencia Reuters sobre la discusión de Trump con los legisladores.Trump y los republicanos pretenden anunciar su ambicioso paquete de impuestos y gastos este fin de semana, tras una reunión de cinco horas en la Casa Blanca el jueves.Sin embargo, se enfrentan a un pedregoso camino en el Congreso, donde los republicanos tienen mayorías exiguas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Se espera que se apoyen en viejas normas presupuestarias para sortear la oposición demócrata, lo que los obligará a trabajar al unísono.Trump tiene previsto cenar con los republicanos del Senado el viernes y asistir al Super Bowl -la final del fútbol americano- con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el domingo.En una audiencia de confirmación el jueves, el candidato a representante comercial de Trump, Jamieson Greer, dijo que otros países tendrán que reducir las barreras a las exportaciones estadounidenses si quieren mantener el acceso al mercado de Estados Unidos, y mencionó particularmente a Vietnam."Necesito, si soy confirmado, ir a estos países y explicarles que si quieren disfrutar de un acceso continuo al mercado de Estados Unidos, necesitamos tener una mejor reciprocidad", dijo Greer.Agencias AP, AFP y Reuters
Se evalúan posibles cambios en la regulación del corretaje inmobiliario y el rol de los colegios en la actividad. Los puntos en debate y el rechazo de las entidades que representan a los profesionales del sector
Aun sin fecha confirmada, el decreto avanzaría en 45 días. El plan eliminaría la colegiación obligatoria y exigiría capacitación para nuevos agentes del sector. Polémicas en un mercado que tiene posturas divididas
El anuncio del presidente de EE.UU. para tomar control de Gaza ignora las raíces históricas del conflicto. Además, lesiona derechos de los palestinos.
Mientras otros países han flexibilizado sus normativas con éxito, Argentina persiste en un modelo corporativo que limita la competencia, impide la innovación y eleva los costos de acceso al mercado
Pueden cruzarse dos fenómenos, si no lo hacen ya: que se vendan muchas viviendas pero no por parte de quienes las necesitan, cada vez más lejos de poder comprar
Las hijas de la Faraona han preservado el legado cultural del clan Flores
Lioness Inversiones SL se niega a renovar sus contratos de alquiler, que "pasarán de unos 900 euros a más de 2.000â?³. El desalojo está previsto para este viernes después de tres años de lucha vecinal
Entrevista. El presidente de la ASEI aseguró que será necesario complementar el nuevo reglamento VIS con normativas operativas adicionales y trabajar de manera más estrecha con las municipalidades. En el centro de la discusión se encuentran los departamentos de menos de 40 metros cuadrados, que podrían beneficiarse de subsidios estatales
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, detallo que esta herramienta ofrecerá certeza jurídica a los inversionistas, asegurando que ningún proyecto se lleve a cabo al margen de la ley
Liz Ramos Quispe, de 25 años, se encontraba conduciendo su vehículo cuando sujetos a bordo de una motocicleta la interceptaron frente al centro comercial Real Plaza de Puruchuco