indemnizaciones
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FAL: qué cambia para las empresas con la postergación del debut y cuándo podrán financiar indemnizaciones
El Gobierno, a través del decreto 1228/26, implementó dos cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que afectarán de manera obligatoria a las empresas y al mercado financiero. Primero, se aplazó el debut operativo del régimen al 1° de diciembre. Segundo, se estiró el período de carencia inicial de 6 a 12 meses.El traslado de la fecha de entrada en vigencia del régimen hace que, como los salarios se devengan a mes vencido y la declaración jurada de cargas sociales se liquida al mes siguiente, el primer desembolso de las empresas en los fondos será a principios de enero de 2027, bajo un nuevo período fiscal.Cuenta regresiva para el FAL: las dudas prácticas que persisten sobre el fondo que pagará indemnizacionesAdemás, como se extendió de 6 a 12 períodos mensuales completos y consecutivos la obligación de realizar aportes antes de poder utilizar los recursos (1% de la masa salarial para grandes firmas y 2,5% para pymes), las empresas no podrán retirar dinero para financiar liquidaciones por despido hasta comienzos de 2028.En los considerandos del texto oficial, el Poder Ejecutivo fundamentó la medida con dos razones. La primera atiende a una solicitud elevada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de parte de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafici), la Cámara Argentina de Fideicomisos (Cafidap) y la Cámara de Agentes de Bolsa (Cadab).En segundo lugar, el Gobierno planteó la necesidad de realizar pruebas operativas para corregir inconsistencias en los sistemas informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la CNV, la Secretaría de Trabajo y las entidades financieras, al sostener que seis meses resultaban insuficientes para constituir una base patrimonial sólida que asegure la solvencia y liquidez de los fondos ante eventuales obligaciones.Con esta decisión, se usó el último mes de prórroga permitido por el artículo 77 de la Ley N° 27.802 (tras haber usado previamente cinco meses mediante el decreto 408/2026), por lo que se agotó el margen legal para dictar nuevas postergaciones sin pasar por el Congreso.De todos modos, según pudo averiguar LA NACION, la medida neutraliza el uso de los recursos del FAL para financiar despidos en la previa electoral de 2027, y forma una masa de "ahorro forzoso" (estimado entre US$2000 millones y US$4000 millones anuales) que apuntalará la demanda de títulos en pesos del Tesoro Nacional.En el Ministerio de Economía, ante la consulta de este medio, insisten en que la extensión del período de carencia es para que haya más acumulación de capital.Según fuentes del rubro financiero, en los meses previos a la prórroga, la mayoría de sus clientes seguían con atención el calendario del FAL con la intención de hacer reestructuraciones y desvinculaciones apenas se habilite el FAL. Bajo la regla original de seis meses de carencia, las compañías quedaban en condiciones de utilizar el pozo acumulado en plena campaña electoral."La iniciativa surge de un pedido de las distintas cámaras del sector de fondos, pero también se encuentra alineada con los objetivos fiscales y electorales del Gobierno", analizó Leonardo Pirolo, director de Capital Markets en TMF Group Argentina.Otras fuentes del mercado agregan que los 12 meses de carencia también sirven para que el Gobierno pueda financiarse. Explican que, al perder recaudación directa de la Anses al desviar las contribuciones patronales al FAL, ganaría esos mismos fondos para financiar al Tesoro.Es que el esquema del Palacio de Hacienda impone un piso para los fondos: al fijar un tope máximo del 15% para títulos provinciales, 20% para Obligaciones Negociables privadas y 15% para plazos fijos, la norma obliga que al menos el 50% del FAL deba volcarse a títulos soberanos del Tesoro Nacional.La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito apto para captar fondos del FAL"El principal beneficio es que genera una demanda cautiva de bonos que atraviesa las elecciones de 2027, hasta que recién en 2028 se habilite el uso de los recursos para pagar despidos", completa un especialista del sector.Cuenta regresivaSin embargo, para el universo estimado de 400.000 empleadores privados alcanzados por el régimen, el nuevo escenario redefine los plazos pero no elimina las obligaciones de adecuación.En ese sentido, Andrés Tellado Cañás, socio de derecho laboral y tributario de nómina de KPMG Argentina, remarcó: "La prórroga no debe ser entendida como una señal para postergar la preparación. Las empresas tienen ahora un mes adicional para resolver su caracterización, elegir la entidad administradora, informar el ID FAL y adecuar sus sistemas de liquidación de sueldos, sin perder de vista los efectos contables e impositivos. ¿Qué pasa si no se elige?: publican la letra chica sobre cómo funcionarán los fondos que ayudarán a financiar las indemnizaciones"Conviene aprovechar este tiempo para hacer pruebas y documentar los criterios adoptados, de modo de llegar al 1° de diciembre con el régimen en condiciones de funcionar sin contingencias", agregó Tellado Cañás.En KPMG recuerdan que los meses de noviembre y diciembre resultan clave para que los empleadores configuren y validen su ID FAL en el servicio Simplificación Registral de ARCA. En caso de que no lo hagan a tiempo, la CNV les adjudicará una entidad administradora de oficio mediante sorteo.En el rubro se espera que la CNV informe a la brevedad las entidades habillitadas, los detalles, parámetros y procedimientos inherentes a la carga, a través de la Autopista de Información Financiera (AIF), del ID FAL para su posterior envío a Arca.
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Se retrasa la implementación del FAL, el sistema con el que el Gobierno va a pagar las indemnizaciones por despido
Las modificaciones eran pedidos de los fondos que van a administrar el dinero y ya se publicaron en el Boletín Oficial.
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Postergaron la entrada en vigencia del FAL, el fondo para pagar indemnizaciones laborales
El régimen de Fondos de Asistencia Laboral, que debía comenzar a regir el 1° de noviembre, fue postergado hasta el 1° de diciembre. El decreto también duplicó el período de carencia previsto para los aportes empresariales
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El Gobierno analiza postergar el inicio del FAL, el fondo para pagar indemnizaciones laborales
El comienzo del sistema podría prorrogarse un mes, hasta el 1° de diciembre, por pedido del sector financiero, que también quiere extender el "plazo de carencia" en el que las empresas deberán aportar sin poder utilizar el dinero
Fondo para despidos: se postergaría un mes el inicio del esquema para el pago de indemnizaciones
El mercado espera una prórroga del arranque del sistema FAL a diciembre. Analizan otro cambio clave: cuándo estaría disponible para las empresas el dinero invertido.El FAL será obligatorio para todos los empleadores, desde pymes a grandes firmas.
Tensión entre el gobierno porteño y los Moyano: ratifican la negativa a pagar las indemnizaciones y sancionan por la marcha de Camioneros
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El escándalo de abuso que destruyó a una universidad de EEUU: un entrenador destituido y 109 millones de dólares en indemnizaciones
Jerry Sandusky fue separado del cargo de técnico asistente del equipo de fútbol americano después de más de sesenta años en la institución. La universidad Penn State pagó un precio millonario, pero las señales de alarma habían comenzado mucho antes de que el caso por abuso llegara a los tribunales
Cuenta regresiva para el FAL: las dudas prácticas que persisten sobre el fondo que pagará indemnizaciones
A pocas semanas de la fecha prevista para la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fijada para el primero de noviembre próximo, en el mercado financiero y el sector corporativo se transita un escenario de incertidumbre. Si bien el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya dictaron sus normativas, persisten vacíos regulatorios y existen posturas divididas sobre si el esquema está en condiciones operativas para su despliegue, según las sociedades encargadas de administrar estos recursos.Será obligatorio: las preguntas y respuestas para entender cómo funcionará el fondo que pagará indemnizacionesEl foco de la discusión pasa por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cual aún no emitió su reglamentación sobre los aspectos operativos previstos en la Ley 27.802. Entre los puntos pendientes están el trámite de suspensión de aportes por cobertura de contingencias (artículo 66), el procedimiento de extinción de cuentas por disolución o falta de personal por seis meses (art. 72) y las pautas de fiscalización y sanción por uso indebido de los fondos (art. 75)."Para completar la implementación integral del régimen todavía resta la reglamentación de la Secretaría de Trabajo sobre los aspectos que están bajo su competencia", dijo Luciano Pérez Redaelli, tax manager en TMF Group Argentina.Ante la pregunta de LA NACION, en la firma especializada señalan que de cualquier manera la falta de estas normativas no tienen capacidad ni entidad para postergar la entrada en vigor del FAL en noviembre. Esto se debe a que el régimen contempla un período de carencia obligatorio de seis meses, durante el cual el sistema solo recibirá fondos vía ARCA sin efectuar pagos de indemnizaciones. "Lo que sí esperamos es que contribuya a aclarar aspectos operativos que siguen generando consultas en las empresas y que son relevantes para una implementación ordenada del nuevo régimen", aclaró por su parte Luciana Mosquera, HR & Payroll Senior Manager en TMF. LA NACION se comunicó con voceros del Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de esta nota.En la vereda opuesta, fuentes del rubro financiero advierten que la falta de definiciones, sumada a la ausencia de un organismo rector único, genera una gran dispersión entre las autoridades oficiales. En esa línea, señalan que todavía no se firmaron los convenios de colaboración obligatorios entre ARCA y ANSES con las entidades habilitadas, puntos necesarios para validar en tiempo real el registro del trabajador y la CBU bancaria.Prórroga de un mesFrente a las dudas en el sector y su previsión de que miles de pymes tendrán la eventual asignación de oficio por sorteo de la CNV al no haber registrado su ID FAL, entre agentes de sociedades gerentes se activó un debate sobre la necesidad de solicitar una prórroga.Desde el punto de vista normativo, la opción es factible. El artículo 77 de la ley le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo a postergar la entrada en vigencia por un plazo máximo de hasta seis meses. Dado que el Decreto 408/2026 utilizó cinco meses (trasladando el inicio de junio a noviembre), el Gobierno conserva la potestad legal de dictar un nuevo decreto que aplace el inicio un mes más, hasta el 1° de diciembre, sin aprobación del Congreso.La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito apto para captar fondos del FALSin embargo, fuentes consultadas por este medio advierten que disponer de un mes adicional podría resultar insuficiente si no se resuelven los aspectos de fondo. De esta manera, en el sector se anticipa que la falta de conocimiento de los empleadores derivará en un lanzamiento complejo.
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La Sala Laboral resolvió que el art. 55 de la Ley 27.802 solo rige desde el 6 de marzo de 2026 y no alcanza a toda la deuda de los juicios en trámite. Actualmente, hay casi 8.000 juicios pendientes de resolución, la mayoría iniciados antes de esa fecha. Leer más
FAL: cómo funcionará el nuevo fondo para pagar indemnizaciones desde noviembre
Las empresas empezarán a transitar desde noviembre un nuevo esquema para afrontar las indemnizaciones laborales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral, y definió cómo se calculará el aporte, cómo aparecerá en la liquidación de cargas sociales y de qué manera se administrará el dinero.El mecanismo apunta a que los empleadores acumulen recursos antes de que ocurra una desvinculación. Cada empresa tendrá una cuenta individual donde se depositarán mensualmente los fondos que luego podrán utilizarse para afrontar determinadas obligaciones laborales, como indemnizaciones por despido, preaviso, integración del mes de despido, incapacidad absoluta y otras previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y en estatutos profesionales.El FAL no reemplaza el régimen indemnizatorio ni libera al empleador de su responsabilidad frente al trabajador. Si corresponde una indemnización, la empresa continúa siendo responsable de pagarla en su totalidad. El fondo funciona como un mecanismo para contar con recursos acumulados para hacer frente a esas obligaciones. En caso de que el dinero del FAL no llegue a completar el pago, la Tesorería de cada empresa deberá hacerse cargo.El aporte será del 1% de las remuneraciones que se utilizan como base para calcular las contribuciones patronales al sistema previsional para la mayoría de los empleadores privados. Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con certificado vigente y determinadas entidades sin fines de lucro, la contribución será del 2,5%.La particularidad es que el aporte al FAL no se agrega, en principio, por encima de las cargas sociales. La ley establece una reducción de las contribuciones patronales equivalente al monto destinado al fondo. Por eso, mientras se apliquen las alícuotas plenas, la carga patronal total no aumenta: cambia el destino de una parte de los recursos.El sistema "Declaración en línea" calculará automáticamente el importe y redistribuirá las alícuotas entre los subsistemas de la seguridad social alcanzados por la reforma: SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Las relaciones laborales alcanzadas por el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), en cambio, no acceden a esa reducción.El dinero no quedará en ARCA ni en una cuenta general. Cada empleador tendrá una Cuenta Individual del Empleador, instrumentada mediante vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros.Para operar, la empresa deberá elegir una entidad habilitada y obtener un ID FAL, que vinculará su cuenta con el vehículo de inversión elegido. Antes del primer aporte, deberá ingresar al servicio "Simplificación Registral" de ARCA y validar los datos de la cuenta que haya informado la CNV. Si no lo hace, ARCA comunicará la situación a la CNV para que pueda asignar un ID FAL de oficio. Mientras tanto, los fondos quedarán sin una imputación específica.Hay, además, un paso que alcanza a todos los empleadores, incluso a los que están excluidos del FAL: antes de presentar la declaración jurada correspondiente a noviembre, deberán ingresar a "Simplificación Registral" e informar si pertenecen al sector privado o público. Las empresas alcanzadas deberán, además, informar y validar su ID FAL.El aporte se determinará dentro del formulario 931 y se pagará en la misma fecha que el resto de las obligaciones de seguridad social, aunque mediante un VEP específico. La falta de pago generará intereses.Uno de los puntos relevantes es que el dinero no podrá utilizarse inmediatamente. La Ley 27.802 establece un período de carencia de seis períodos mensuales completos y consecutivos desde la primera integración. Recién después de ese plazo los recursos podrán utilizarse para las obligaciones laborales cubiertas por el régimen.Cuando corresponda hacer uso del fondo, la entidad deberá transferir el pago al trabajador dentro de los cinco días hábiles posteriores a la presentación completa y correcta de la declaración jurada. Los recursos, además, podrán generar rendimientos según el vehículo elegido. Los fondos deberán invertirse en instrumentos emitidos y negociados en la Argentina, dentro de los límites que determine el Ministerio de Economía.Por eso, para las empresas será relevante no solo el costo de administración â??las entidades tienen un tope de 1% para comisiones y gastosâ?? sino también la política de inversión, el rendimiento y la liquidez de cada alternativa. El empleador podrá cambiar de vehículo bajo las condiciones y procedimientos que establezca la CNV.El régimen contempla también la posibilidad de suspender o interrumpir la contribución, pero no de manera unilateral. El pedido deberá realizarse ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que comunicará la autorización a ARCA. La suspensión comenzará a regir desde el mes siguiente a la notificación y, durante ese período, el empleador dejará de contar también con la reducción de contribuciones patronales asociada al FAL."Una vez comunicada la baja, ARCA caracteriza al empleador con el código "658 - Fondo de Asistencia Laboral - Baja Voluntaria" y la suspensión produce efectos desde el mes siguiente a la comunicación. Las contribuciones devengadas hasta ese momento no se ven afectadas. Es importante que cada empleador analice la conveniencia de dejar de contribuir. Durante la suspensión, las contribuciones patronales se determinan sin la reducción del artículo 76 de la Ley 27.802, por lo que el desembolso total no disminuye y las sumas dejan de acumularse en la cuenta individual del empleador", explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. El nuevo esquema comenzará a aplicarse a las declaraciones juradas correspondientes al período devengado noviembre de 2026. Desde entonces, el FAL pasará a formar parte de la liquidación mensual de cargas sociales de las empresas alcanzadas y comenzará a construir, de manera anticipada, el fondo destinado a afrontar parte de sus futuras contingencias laborales.
Bruselas lleva de nuevo a España al TJUE por dificultar indemnizaciones por daños causados por el Estado
Alquileres indefinidos e indemnizaciones a inquilinos: las propuestas de Sánchez que despertaron fuertes críticas
MADRID.- El "decreto Maricarmen" se convirtió en un laberinto sin salida para el gobierno español. Después de escenificar este martes una victoria en La Moncloa tras haber acordado dos decretos en el consejo de ministros con los partidos oficialistas, Pedro Sánchez recibió ataques de aliados y opositores a medida que se conoce el detalle de las iniciativas que tratará este viernes el Congreso. El gobierno socialista había decidido dividir las medidas en dos decretos. El primero contiene las propuestas que más consenso generaron dentro de la alianza de gobierno y el segundo está integrado por las iniciativas más polémicas, todas impulsadas por Sumar, el principal aliado del Partido Socialista (PSOE). Este último decreto terminó de tensar la relación entre progresistas y conservadores, que volverán a hacer público su descontento en el parlamento. ¿Qué dice el segundo decreto? El texto indica que el propietario de un departamento deberá pagar una indemnización equivalente a 12 meses de la renta al inquilino en caso de que no quisiera renovar el contrato, entre otras medidas. El primer decreto incluye, además, la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y el congelamiento del precio, un combo que es criticado por expertos porque podría contraer el mercado inmobiliario. Desde el PSOE admitieron que aún no está cerrado el apoyo parlamentario para ninguno de los decretos. "Mirad el marcador durante la votación", advierten desde Junts, la fuerza conservadora catalana, que también integra el oficialismo. El Partido Nacional Vasco, otro aliado del gobierno, pidió este miércoles "menos palo y más zanahoria" para ordenar el mercado inmobiliario. "Hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo", indicó Maribel Vaquero, la vocera de los nacionalistas vascos en el Congreso.Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), aprovechó las dudas planteadas por vasco y catalanes para pedirles públicamente que no apoyen el decreto que ya fue avalado por el consejo de ministros. "Si quieren formar parte de esta trampa, ellos sabrán por qué. "¿Los jóvenes en Euskadi van a tener opciones de comprar un piso? ¿La gente con bajas rentas en Cataluña va a encontrar a un casero que les haga un contrato? Si estos decretos entran en vigor, ¿qué responsabilidad jurídica y efectos jurídicos pueden producir?", cuestionó el líder opositor. "Migajas" y cacerolazoLa crisis política por el acceso a la vivienda comenzó el sábado, cuando el Sindicato de Inquilinos decidió acampar en Sol, el centro de Madrid, como protesta por el desalojo de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que tuvo que dejar su casa cuando ya no pudo pagar el aumento del alquiler impuesto por un fondo de inversión. El colectivo permanece en un acampe multitudinario frente a la sede de gobierno de la Comunidad de Madrid y probablemente las carpas permanecerán allí hasta el viernes, cuando los decretos sean tratados por el Congreso. El gobierno socialista espera que, más allá de las diferencias, el parlamento pueda aprobar la intervención estatal en el mercado inmobiliario en un momento de preocupación social por este asunto. Confían en que el desalojo de Maricarmen y las manifestaciones hayan cambiado el tablero político y que, por eso, nadie quiera ser señalado como el culpable de que la política le vuelva a dar la espalda a un reclamo popular por mejor acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. Pero los decretos enviados por La Moncloa también fueron cuestionados por el Sindicato de Inquilinos, que consideró que la estrategia del gobierno de dividir las propuestas en dos decretos es una estrategia de "trocear" para dejar "migajas". "Nos parece vergonzoso que se haya troceado. Permite que la sociedad vuelva a desconfiar de este gobierno progresista", dijo una de las voceras del sindicato desde Sol. El Sindicato de Inquilinos anunció esta tarde que convocará para este jueves un cacerolazo en el centro de Madrid como reclamo para la aprobación de los dos decretos. Desde la organización están especialmente interesados en que se promulgue la renovación automática de los contratos de alquiler. Además, convocaron a una manifestación para este sábado en las principales ciudades de España. "Solo la movilización de miles y miles de personas pueden empujar hacia una huelga general por la vivienda", advirtieron en un comunicado.Desde la izquierda llegaron más críticas a las medidas del gobierno. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, cuestionó que la normativa no contiene "ni una sola medida estructural" y remarcó que, por eso, presionarán al gobierno socialista para introducir modificaciones en el Congreso. "El decreto tal cual está no hay por donde cogerlo", dijo la vocera de Podemos y repitió las exigencias del partido: expropiar viviendas de fondos de inversión y prohibir el uso turístico de las propiedades, entre otras. Mientras tanto, expertos en el mercado inmobiliario advierten que este tipo de medidas podría causar un efecto búmeran y terminar por complicar un mercado que todavía no sale de su asombro por las medidas que podrían aplicarse.
El Sindicato de Camioneros se movilizará ante la Legislatura porteña para reclamar los USD 200 millones en indemnizaciones
La protesta, que se realizará el lunes próximo, fue anunciada por Pablo Moyano en una asamblea del personal de recolección de residuos de CABA ante la posibilidad de que pierdan ese beneficio en los nuevos contratos del servicio
Exempleados de Flybondi reclamaron por los despidos y las indemnizaciones no pagadas
Un grupo de extrabajadores de Flybondi se concentró hoy frente al edificio donde funciona la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la Avenida Leandro N. Alem 650, para reclamar la intervención de esa dependencia, ante la situación laboral originada en la crisis que atraviesa la empresa. Durante la jornada, voceros de los congregados fueron recibidos por la subsecretaria Claudia Testa, a quien le manifestaron su preocupación por "el atraso en el cumplimiento de los retiros voluntarios", "la falta de pago de las indemnizaciones por despidos sin causa" y una ola de desvinculaciones que, según denunciaron, "afecta a unas 1000 familias". "La empresa está en falta en todo sentido: con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones, y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo", señaló Franco Vázquez, representante de los trabajadores despedidos de Flybondi, que fue acompañado por Melany Barzola, también referente de los despedidos de la aerolínea low cost, en la reunión con la funcionaria. Del encuentro también participó Luciano Corradi, delegado desplazado de Global Protection Service (GPS), la empresa tercerizada por Aerolíneas Argentinas para realizar tareas de control de rampa. Vázquez alertó que "1000 personas se quedaron en la calle desde abril", especificó que la compañía "adeuda los salarios de junio y julio y el aguinaldo", y reiteró que "tampoco cumplió con los acuerdos alcanzados con empleados que se acogieron al retiro voluntario", que la propia compañía firmó y homologó. "No tenemos respuesta por parte de la empresa, no tenemos respuesta por parte de ningún directivo, ni del dueño actual", agregó. En tanto, los empleados congregados de GPS -firma perteneciente al Grupo Sima- se sumaron a la convocatoria para exigir la reincorporación de Corradi. Su salida de la empresa es calificada de "ilegal y persecutoria". Se denunció además "el riesgo de despidos masivos" en el marco de la política de desregulación del sector de los controles de carga y descarga de aeronaves, implementada en 2024. "Lo que le transmitimos (a Testa) es la preocupación por la amenaza de despidos masivos por la quita de controles que está llevando adelante en la línea aérea y mi despido como delegado", dijo Corradi, que amplió: "Nosotros tenemos despidos de 2024 sobre los que estamos reclamando la reincorporación, y tenemos un montón de despidos que están al caer y queremos evitar. Queremos una respuesta y que intervenga la Secretaría de Trabajo", agregó. La situación de Flybondi Flybondi, perteneciente a un fondo de inversión liderado por Leonardo Scarurice, empresario cercano al Gobierno, atraviesa una crisis que pasó de ser principalmente operativa a convertirse también en financiera y laboral. El deterioro se aceleró durante este año, con una operación que quedó prácticamente paralizada y "el inicio de despidos masivos desde abril", como indicaron los exempleados que hoy marcharon. Durante el primer semestre de este año, la low cost llegó a operar con apenas uno o dos aviones, pese a contar con una flota de 13 aeronaves. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, Flybondi había cancelado más de 2500 vuelos, afectando a unos 350.000 pasajeros. Según informó LA NACION, llegó a dar de baja el 79% de los vuelos programados entre el 1° y el 27 de julio. Incluso, en agosto pasado registró un parate total de su servicio durante casi dos semanas y la caída de su web, aunque recientemente la página volvió a entrar en funcionamiento y comercializar pasajes a destinos limitados. La estrategia que analiza la compañía es presentarse en concurso preventivo de acreedores. La crisis de la que supo ser la primera low cost en operar en el país se enmarca en un conflicto entre accionistas. A mitad de 2025 se había anunciado la compra mayoritaria de las acciones de Flybondi por parte de COC Global Enterprise, con la promesa de un plan de optimización y ampliación de sus servicios. Sin embargo, el traspaso nunca llegó a concretarse y Cartesian Capital Group continuó figurando como accionista mayoritario en los papeles, como reveló LA NACIÓN. Según Vázquez, "Testa se mostró sorprendida por la magnitud de la denuncia y aseguró que les transmitió que "no estaba al tanto" de los incumplimientos señalados. Por el momento, los exempleados no definieron nuevas medidas de acción y aguardan la evolución de las gestiones realizadas. "Solamente esperar y aguardar, a ver si lo que estamos realizando tiene algún tipo de repercusión", cerró.
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Se renuevan las concesiones en la Ciudad y el gremio busca ratificar una práctica con más de tres décadas de antigüedad.Impulsan asambleas y analizan un cese de actividades con movilización.