inconstitucional
La Corte Suprema anuló un fallo laboral que declaró inconstitucional una prohibición de la Ley de Convertibilidad
La Cámara Nacional del Trabajo había ordenado actualizar una indemnización por accidente laboral mediante el Índice de Precios al Consumidor más un interés del 3%. El máximo tribunal consideró que la decisión carecía de fundamentos suficientes y dispuso dictar una nueva sentencia
Jennifer Pedraza alertó que memorando firmado entre Colombia y EE.UU. sería inconstitucional: "Viola la soberanía nacional"
La congresista de Dignidad y Compromiso señaló que el texto no genera obligaciones internacionales vinculantes, pero anunció control político si decretos o resoluciones imponen condiciones sobre operaciones estratégicas en el sector
Juez federal de Córdoba declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones docentes
El Juzgado Federal N° 1 resolvió en un mes una acción de amparo presentada contra la Anses, sentando un precedente clave al determinar que los topes de la Ley de Solidaridad Previsional desvirtúan el régimen especial docente. Frenó descuentos por Ganancias. Leer más
Conflicto con las universidades: La Justicia suspende el fallo que declara inconstitucional el decreto de Milei, pero no la obligación de pagar
El Gobierno apeló la sentencia que lo obliga a cumplir de inmediato la ley de financiamiento universitario. Lo hizo con un escrito de 42 páginas en el que reiteró su postura sobre la necesidad de indicar con qué ingresos se va a solventar el aumento del gasto público que provocará su implementación.El juez Diego Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno y, por lo tanto, quedó suspendida su decisión anterior que declaraba inconstitucional el decreto de Javier Milei.Sin embargo, la obligación de pagar por parte del Estado sigue vigente porque aún queda en pie la medida cautelar que había dispuesto el propio juez y que exigía recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y girar los fondos de funcionamiento a las universidades.Efectivamente, en su decisión, Cormick informó a las partes del juicio que se dará "continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento" sobre las obligaciones de pagar.El recurso enviado al juez fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, y apunta contra el fallo del 6 de octubre que hizo lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los rectores de universidades públicas. Esa sentencia declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir "de inmediato" la ley de financiamiento, con las normas reglamentarias necesarias. Esto suma un nuevo capítulo a la historia del financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei, que no solo acumula episodios en Tribunales y en el Congreso, sino también movilizaciones en las calles. La apelación del Gobierno recuerda esa historia, cuando en octubre del año pasado el Parlamento aprobó la normativa. Sus artículos 3 y 4, según la apelación presentada, aluden a una "recomposición presupuestaria" correspondiente al ejercicio 2024, así como una "actualización presupuestaria bimestral" de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para el ejercicio de 2025. "Por su parte, el artículo 7 prevé -sin brindar mayores precisiones- la asignación de una partida especial destinada a la carrera de Investigador Científico", continúa el racconto realizado por el Gobierno. Y agrega que el noveno artículo de la ley sostiene que el Poder Ejecutivo adecuará partidas.Menos de un mes después de que se aprobara la ley de financiamiento universitario, el Gobierno firmó el Decreto 759/2025, que es el declarado inconstitucional por la sentencia que ordenó el cumplimiento de la ley. El Ejecutivo citó en su apelación contra esa sentencia que el texto de este decreto menciona que "la ley se ejecutará cuando el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento". El Gobierno señaló "no "condicionó" o "suspendió" la vigencia de la Ley", sino que, según su punto de vista, quedó supeditada a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 24.629. Esta normativa establece que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos".No es la primera vez que el Gobierno sale a defender el decreto sobre la ley de financiamiento universitario en los Tribunales. En diciembre del año pasado, según manifestó en su apelación, el juzgado a cargo de Martín Cormick había resuelto "inaplicar" el decreto.El Gobierno cuestionó esa decisión y entonces debió intervenir la Cámara, que en marzo de este año mantuvo lo decidido en primera instancia. Entonces, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que el máximo tribunal desestimó.Luego de ese periplo judicial se llegó al fallo del pasado 6 de octubre que ordena al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario, lo que fue recientemente apelado por el oficialismo.
La Justicia declaró "inconstitucional" el decreto de Milei que frenó el Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla de inmediato
La disputa por el financiamiento universitario se arrastra desde 2025, cuando el Gobierno de Javier Milei vetó la ley y el Congreso insistió con su sanción, y ahora la Justicia volvió a fallar a favor. Leer más
La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba
El juez Martín Cormick anuló la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado los recursos para las casas de altos estudios. La resolución dispuso que el Poder Ejecutivo ejecute la norma sobre salarios, becas, investigación y partidas para las instituciones
Fallo de primera instancia: declaran inconstitucional el decreto con el que el Gobierno frenó el financiamiento universitario
La Justicia Federal exigió nuevamente la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año pasado.El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un "mecanismo extraconstitucional" y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial cercana al 33%. La decisión de fondo respalda la cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, que había sido ratificada por la Corte Suprema.Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido de la administración libertaria para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, había intimado al Estado a detallar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado que luego consideró no probado.El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado. El máximo tribunal luego dejó firme la medida cautelar.A eso se sumó una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que pedía incluir en la cautelar la actualización presupuestaria de los gastos de funcionamiento, incluyendo las partidas para hospitales universitarios y de ciencia. El camino de la ley también ya había sido extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.Dos meses después del acuerdo de junio, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por el financiamiento. Denunciaban un triple incumplimiento por parte del Gobierno: por no aplicar la ley de financiamiento aprobada, no cumplir con la cautelar y tampoco con el acuerdo firmado con los rectores.El Gobierno pagó el aumento salarial -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y el aumento para las becas Manuel Belgrano, pero no pagó el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones) porque no se desactivó el reclamo judicial.Presupuesto 2027 y nueva marcha federalEl presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.Mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Los rectores fueron nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables en una reunión convocada por Unión por la Patria. Luego comenzaron a reunirse con diputados y senadores. Luego de haber rechazado el 3% de aumento que ofreció el Gobierno en las dos reuniones paritarias de septiembre, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria era el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar "en defensa de la universidad pública argentina".Los rectores fueron la semana pasada nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables. Lo hicieron en una reunión convocada por Unión por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento.La semana pasada también se reunieron los gremios con el Gobierno. En la reunión paritaria, volvieron a ofrecerles un aumento del 3%, la misma oferta que en la reunión anterior, a inicios de mes. Luego, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Ante la consulta de LA NACION, varias fuentes universitarias contestaron que la convocatoria sigue vigente.A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria es el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar "en defensa de la universidad pública argentina". Después trasladaron la movilización al Congreso, porque la fecha coincide con la sesión especial que busca activar la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 por lo que también habrá movilizaciones en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
Urresti tras boca de urna: "López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales"
El hasta ahora candidato de Podemos Perú cuestionó al organismo electoral por no haber definido antes de los comicios si el líder de Renovación Popular puede volver a asumir la alcaldía de Lima
El decreto que concentra las tutelas contra el Presidente en el Consejo de Estado podría ser inconstitucional, advirtió experto
La nueva regulación cambia el trámite que desde 2025 enviaba estos procesos a los jueces del circuito y establece excepciones para que determinados casos sean conocidos en primera instancia por la máxima jurisdicción de lo contencioso administrativo
La Corte Suprema revocó un fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras
La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la parte demandante carecía de legitimación.
El Gobierno porteño volvió a pedir que la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil sea destituida
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, afirmó que el procedimiento está contemplado en la Constitución y rechazó que la denuncia contra la magistrada constituya un escrache o un cuestionamiento general al Poder Judicial de la Ciudad
Se casó con un argentino y diez años después la Justicia le confirma que su matrimonio es de separación de bienes: se basa en una ley valenciana de 2007 ahora inconstitucional
Entre España y Argentina rige un convenio bilateral firmado el 14 de abril de 1969 que establece que las personas beneficiadas por sus disposiciones quedan sometidas a la legislación del país que otorgó la nueva nacionalidad