El acusado, identificado como Clemente Rojas, fue imputado por el delito de amenazas. Le envió un mensaje intimidatorio a la ministra por la muerte del trabajador de frontera Fernando Gómez. Leer más
"Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal", dijo una de las representantes de la fiscalía. La jueza federal Mariela Giménez puso énfasis en la supuesta connivencia del SPF.
El episodio ocurrió el 10 de mayo en la ruta provincial 6, en cercanías de Justiniano Posse. La víctima fue una mujer de 63 años. Leer más
El oficial de Policía Federal, Facundo Aguilar Fajardo, efectuó más de 11 disparos tras ser sorprendido por cuatro delincuentes que intentaron robarle y una bala terminó hiriendo de muerte al niño de siete años.
La jueza federal Mariela Giménez pedirá el desafuero de Emiliano Estrada, representante de Unión por la Patria en la Cámara baja
El funcionario es investigado por haber forzado la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan en octubre de 2024. La denuncia fue impulsada por referentes de la Coalición Cívica. Leer más
Un error administrativo del gobierno de San Luis derivó en un hecho insólito que se convirtió en noticia. Como todos los meses, Verónica Acosta esperaba un depósito de 8000 pesos de su exmarido, correspondientes a la cuota alimentaria, y en esa espera recibió más de $500 millones. En cuestión de horas, la mujer se gastó todo el dinero, que según contó después compartió con distintos familiares. Ahora, ella y cinco allegados suyos deberán pagar una fianza de $30 millones para no quedar detenidos, acusados por la Justicia provincial de estafa.El hecho ocurrió el 6 de mayo cuando Acosta, oriunda del municipio de Villa Mercedes, recibió más de $500 millones provenientes del gobierno provincial. El error fue rápidamente identificado por el tesorero de la administración local que realizó el depósito, quien luego denunció el episodio. Sin embargo, en el interín, la mujer realizó 66 transferencias, compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora y una mochila de inodoro. Según publicó La República, el gobierno puntano logró congelar la cuenta y luego ordenó una serie de allanamientos y el secuestro de bienes de todos los implicados. Tras ello, la Justicia ordenó la imputación de la mujer y cinco allegados suyos identificados como Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos. A pesar de la equivocación, se logró recuperar más del 90% del dinero transferido. Es que parte de ese dinero devuelto voluntariamente, mientras que otras cuentas lograron ser bloqueadas. De acuerdo a lo informado por el medio local, toda la transacción fue digital, por lo que el restante es rastreado por las autoridades en billeteras virtuales secuestradas. Según expresó la fiscal Daniela Torres, a cargo de la causa, se trató de una "maniobra delictual", que tuvo como objetivo vaciar la cuenta en beneficio propio. Por su parte, la jueza Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, resolvió que tanto Acosta como sus cinco familiares deberán pagar $30 millones en el lapso de tres días hábiles y en concepto de fianza para evitar su detención. A raíz de ello, la defensa apeló la imputación y el monto establecido a modo de caución, el cual calificó de "exorbitante e imposible de cumplir"."Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes", alegó, al medio local, la defensa a cargo del abogado Hernán Echevarría. El relato de la mujerBajo una línea similar, se expresó días atrás la protagonista del hecho, Verónica Acosta, al relatar ante la prensa local lo sucedido. "Yo estaba esperando una transferencia de $8000 del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios", expresó la mujer. "En el primer momento, no pude entender la cifra. Llegó la plata y para mí eran 500.000 pesos y después me di cuenta de que eran millones", explicó. Ante la pregunta del periodista sobre qué hizo cuando se dio cuenta de que eran millones de pesos, dijo: "Compré cosas que ya se han devuelto y también repartí en la familia. Fui dos veces al supermercado, compré electrodomésticos y después volví a ir". Acto seguido, Acosta enumeró los productos que adquirió: "Una heladera, dos televisores (uno para ella y otro para la cuñada), una freidora, un microondas, cosas de la casa. Compré cerámicos, una mochila de inodoro y un auto".Tras ello la mujer insistió con que no sabía que se trataba de dinero proveniente de las arcas del Estado provincial. "Lo usé para necesidades urgentes", concluyó al respecto.
La Ministra de Capital Humano fue denunciada por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad por el abogado Leonardo Martínez Herrero. Investigan una transferencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Leer más
El fiscal Juan Pablo Klinger dispuso esta novedosa imputación al sostener que "lo hacían de manera organizada" y "con una clara división de roles". Leer más
Los jóvenes fallecidos tenían 13 y 18 años. La hinchada del equipo chileno interrumpió el partido para anunciar y protestar por la situación.
El fiscal platense Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D'Onofrio como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y como autor del delito de cohecho. Las acusaciones que formalizó Garganta se inscriben en la causa que investiga una trama de posibles gestores que eliminaban multas de tránsito a cambio del pago de un porcentaje de la infracción y, en paralelo, sospechas de direccionamiento en la adjudicación de concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).D'Onofrio asumió como ministro de Transporte de la gestión de Axel Kicillof en diciembre de 2021 y renunció en diciembre de 2024, con el caso de las fotomultas y la VTV en plena ebullición. Según la resolución de Garganta (titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº11, de La Plata), D'Onofrio resulta partícipe necesario en un hecho que consistió en que funcionarios del ministerio provincial a su cargo, "valiéndose de las potestades propias de su función (fundamentalmente del acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito) actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo, quienes captaban como 'gestores' a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado, apropiándose de un monto remanente".La Fiscalía sostuvo que la maniobra se produjo "sin respetar el debido proceso legal y con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales y provinciales". Y concluyó que "dichos funcionarios públicos se pusieron de acuerdo para cometer delitos de forma indeterminada y, en el ejercicio de sus funciones, se habrían enriquecido ilícitamente aumentando considerablemente sus patrimonios". La maniobra que se investiga habría comenzado, según la imputación, el 3 de enero de 2022. El caso se inició por una denuncia realizada en octubre de 2023.El delito de cohecho que el fiscal le imputa a D'Onofrio en carácter de autor se inicia, según la investigación, en mayo de 2023. "Habrían ocurrido irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular, las que habrían sido otorgadas a siete empresas que previamente habrían contratado (por una excesiva comisión del 8,5% más IVA del valor total de cada pago realizado) los servicios de la empresa 'Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.' en la que tendrían participación societaria -interpósita persona- los funcionarios del Ministerio de Transporte investigados", escribió Garganta en su resolución, a la que accedió LA NACION."Asimismo surge que las vinculaciones irregulares entre funcionarios del Ministerio de Transporte y Sebastian Desio [titular de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica] se ampliarían a la locación del inmueble donde actualmente se erige la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, ubicado en calle 6 entre 44 y 45 de La Plata", se añadió en la decisión judicial.Garganta oficializó ayer la imputación contra D'Onofrio. El martes, en una causa vinculada que lleva el juez federal de Campana Adrián González Charvay, se allanó una financiera en la city porteña y se secuestraron 205 millones de pesos argentinos, 425.000 dólares, 4600 euros y 112.000 reales.D'Onofrio, un dirigente alineado con Sergio Massa con base territorial en Pilar, fue funcionario del gobierno de Axel Kicillof hasta fines del año pasado, cuando dejó el cargo con una renuncia tras meses de noticias judiciales adversas. El massismo le había soltado la mano. El Frente Renovador retuvo el lugar de D'Onofrio en el gabinete bonaerense, al asumir en su reemplazo Martín Marinucci, un dirigente de Morón que también integra las filas de Massa.Noticia en desarrollo.
Lo decidió el fiscal Alvaro Garganta. También fueron acusados una concejal de Pilar, un juez de Faltas, y varios ex funcionarios del Ministerio de Transporte de la Provincia. El próximo paso sería la indagatoria
Provenían de Jujuy en dos vehículos. Cuatro iban en un auto detenido en el puesto de control. Otros tres escaparon hacia la ciudad, pero chocaron contra un paredón y fueron atrapados. El conductor estaba en arresto domiciliario y se le aplicó, por primera vez en la jurisdicción, la ley de reiterancia, vigente desde marzo.
Dentro de los detenidos se encuentra su líder, Konstantin Rudnev. El mismo fue capturado en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba huir junto a su esposa.
Hay 13 que quedaron detenidas.Para la Justicia, la organización captó, trasladó, y acogió a una joven de 22 años "con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre".
La fiscalía los acusó por homicido en riña o agresión. Dijo que aplica esta figura porque todavía no pudo invidivualizar a quien hizo el disparo mortal. Los cinco funcionarios seguirán en libertad.
Un joven fue imputado por un intento de femicidio en la ciudad de Río Gallegos que quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde se logra ver la brutalidad de la golpiza que le propinó a su expareja. La víctima fue salvada por un vecino, quien escuchó los gritos de auxilio, mientras que el agresor quedó detenido luego de fugarse del lugar de los hechos.Un video muestra el momento que ocurrió la semana pasada en el que se ve como Luciano Iván Cárcamo Giménez llegó hasta la casa de Yanet Castillo, su exnovia, con la única idea de atacarla.De acuerdo a lo informado por medios locales, Giménez y Castillo estuvieron algunos meses en pareja hasta que a fines del año pasado la joven le cortó por un hecho de violencia.Aunque la víctima creyó que el calvario había terminado, en las últimas horas el agresor fue hasta su casa, abrió la reja y empezó a golpearla de manera feroz.En las imágenes se observa que Giménez la agarró de los pelos, le pegó piñas y patadas, además de golpearle la cabeza dos veces contra la pared medianera mientras la víctima pide ayuda a los gritos.El ataque finalizó un par de minutos después y el agresor se dio a la fuga cuando el vecino de la joven escuchó los gritos de auxilio, y llamó a la Policía provincial que llegó minutos más tarde."Estoy como puedo, pero estoy viva y le doy gracias a Dios por eso. Y a mi vecino que pudo hacer algo, porque si no, no estaría viva", había dicho horas después del ataque la víctima.El hombre fue capturado tras arrojar su celular en un inodoro para evitar que se recolecten pruebas de su contenido. Yanet fue derivada al Hospital de Río Gallegos y luego de haber recibido el alta realizó la denuncia. Tras varias investigaciones, Giménez quedó detenido.También se conoció que antes del atacante ya había estado demorado en febrero de este año justamente por haber difundido fotos íntimas de Castillo sin su consentimiento en un grupo de Telegram. Otro de los antecedentes en contra del joven sucedió en 2019 cuando fue denunciado por agresiones y acoso por otra expareja.Un femicidio cada 27 horasDesde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, se produjeron 283 femicidios, 3 lesbicidios, 8 trans/travesticidios y 24 femicidios vinculados de varones, según el informe anual del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige La Casa del Encuentro. 343 hijos quedaron sin madre, el 52% son menores de edad.Uno de los femicidas fue sentenciado hace dos semanas, se trata de Néstor Aguilar Soto fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su amiga Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba.El rionegrino fue hallado responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa.De este modo, el excompañero de la facultad de Gutiérrez recibió la pena máxima en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de Córdoba tras asesinar a la víctima la noche del 17 de julio de 2024 en su casa de la capital provincial.El presidente del tribunal, Horacio Augusto Carranza, sostuvo: "Declaramos a Néstor Aguilar Soto autor de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con un homicidio mediando violencia de género y a la vez un homicidio que se cometió para lograr la impunidad".Soto escuchó atento la resolución. Con una mano apoyada en su rostro y el otro brazo sobre el escritorio, el responsable no se inmutó en ningún momento.Los padres y la hermana de la influencer se abrazaron de forma emotiva tras conocer la sentencia, mientras los presentes aplaudían y gritaban: "¡Catalina presente. Ahora y siempre!".
El jefe de la barra de Estudiantes fue detenido por la amenaza a un juez y un fiscal. Se negó a declarar pero fue imputado por otros delitos más graves. Todavía hay varios prófugos. Un fiscal bonaerense también lo acusa por los incidentes en el hospital de Gonnet
MENDOZA.- La principal cooperativa de vinos de Argentina y una de las más importantes del mundo quedó envuelta en una guerra judicial. Cuatro directivos de Fecovita fueron imputados por una presunta estafa a una empresa española por más de 30 millones de dólares. Se trata del presidente y gerente de la entidad, Rubén Panella y Juan Rodríguez, respectivamente, y los exdirectivos Eduardo Sancho y Jorge Irañeta, quienes quedaron bajo proceso penal tras las denuncias presentadas por Iberte, la compañía liderada por el español Juan José Retamero, con la que se asociaron para comercializar el producto en el Viejo Continente, bajo la figura de la firma Evisa.Esta semana, luego de una serie de instancias, pericias, contramarchas y dilaciones, además de un fuerte lobby durante el proceso, el grupo de dirigentes, que arriesga hasta 6 años de cárcel, quedó formalmente acusado por la Justicia provincial, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, liderada por Juan Ticheli y ante la presencia del fiscal jefe, Alejandro Iturbide. Fue el propio Iturbide quien había anticipado semanas atrás, en pleno festejos vendimiales, que avanzaría personalmente con la notificación de la imputación, al tiempo que anunció que se investigará el patrimonio de los acusados y de sus familiares. Por ahora, se dispuso que sigan en libertad, ya que la Justicia considera que no obstruirán el proceso. En tanto, se cursó una solicitud a la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (Udapif) para que informe sobre los inmuebles registrados y los muebles registrables inscriptos a nombre de los imputados.Temblores y primera vuelta anticipadaDe acuerdo con fuentes de la causa, los denunciados se abstuvieron de declarar y elevaron un escrito para recusar por "imparcialidad" a los actuales fiscales, quienes reactivaron el expediente. En un comienzo, el caso estuvo a cargo del fiscal Flavio D'Amore, quien lo había archivado."Sorprende que se hayan negado a declarar, sobre todo cuando habían logrado reprogramar la fecha de la audiencia y tienen tanto que explicar a los cooperativistas y a las cooperativas, en especial qué fue lo que hicieron con los 32 millones de dólares que se quedaron", expresó Carlos Aguinaga, abogado querellante, de la firma Iberte. "Parece justo y prudente investigar los bienes de los imputados y de sus familiares, ya que muchas veces son ellos los que terminan siendo los titulares de crecimientos económicos injustificados, como se ve en todas las causas por estafas, y los platos rotos no los deben pagar los productores", apuntó el letrado. "Esperamos que este no sea un nuevo caso nefasto de la vitivinicultura argentina, como lo fue el escándalo de Giol y 'La Colina' y el derrumbe del Grupo Greco, entre otros, que terminaron pagando los productores", completó Aguinaga.Tras conocerse la acción procesal en contra de los altos mandos, desde la compañía argentina se mostraron molestos con el accionar judicial, al tiempo que apelaron la decisión de Delitos Económicos, que deberá tratar ahora un tribunal penal colegiado. "Todo se venía postergando desde el año pasado. No hay elementos para la imputación; y no nos parece justa. De hecho, el fiscal anterior así lo determinó. Por eso, esta nueva disposición del jefe de los fiscales llama la atención. Dicen que los balances son falsos y denuncian a los directivos pero no buscan cobrar la deuda, que se tiene que ver en el comité arbitral de la Bolsa de Comercio. Para nosotros ellos nos deben", expresaron a LA NACIÓN desde Fecovita, asegurando que se está atentando contra las acciones de la entidad y sus negocios en el extranjero.En tanto, según contaron fuentes del caso, en las últimas horas, Fecovita rechazó un acuerdo con Iberte que hubiera terminado el conflicto en 30 días. "Implicaba suspender los procesos judiciales y dejar que una auditora internacional prestigiosa, Ernst & Young (E&Y), perteneciente al grupo de auditoras denominadas "Big Four", emita un dictamen técnico vinculante, de cumplimiento obligatorio para las partes", señalaron.La pesquisa de la Justicia mendocina se centra en determinar si los acusados realizaron un desvío a cuentas propias de más de 3100 millones de pesos en capital que fueron invertidos por la empresa española, en sociedad con Fecovita, bajo la figura de la sociedad Evisa. Las denuncias comenzaron en 2022 por parte de Iberte ante el incumplimiento de los contratos y la falta de incorporación de la bodega Resero como aporte de capital, entre otras irregularidades.De acuerdo con el expediente No P-17.924/23 "Fs. En Av. Estafa", la Fiscalía de Delitos Económicos entendió que Fecovita, bajo la fachada de una colaboración empresarial en la sociedad Evisa, habría engañado a Iberte para que invirtiera $3.139 millones en capital, mientras se producía una serie de maniobras con el fin de apropiarse de los recursos sin aportar los activos prometidos, incluyendo la Bodega Resero y terrenos en San Juan.Así, según el análisis de la Fiscalía, los directivos de Fecovita redirigieron los fondos a sus propias cuentas bajo el concepto de "anticipos de productos" que no se entregaron, incumpliendo las obligaciones contractuales. En este sentido, la Justicia considera que se trata de una estafa prevista en el artículo 172 del Código Penal, basada en un "plan engañoso"."El avoque destaca cómo los directivos de Fecovita engañaron también a los cooperativistas para conseguir su respaldo y así facilitar la apropiación del capital de Iberte. Con el pretexto de una sociedad conjunta con Iberte, los directivos presentaron el acuerdo como una 'oportunidad de capitalización a tasa 0%', apelando a la confianza de los asociados, quienes desconocían las verdaderas intenciones de sus líderes", sostuvo Aguinaga."Ganancias ficticias y pasivos ocultos"Luego de la pandemia, a comienzos de 2021, Juan José Retamero estableció el contacto inicial con Fecovita para comprarles vino y exportarlo al mercado europeo. Así, tras acordar el precio y la cantidad a despachar, el empresario español hizo el desembolso correspondiente, pero aseguró que el producto nunca llegó a sus manos, por lo que inició la causa judicial, llegando a solicitar incluso la quiebra de Fecovita, además de acusarla de falsear los balances y de financiarse a tasa cero.De hecho, en las últimas horas, trascendió que los resultados de las pericias contables, firmadas por peritos de todas las partes, reportan "graves inconsistencias", entre ellas, simulación de un aporte de capital inexistente; sobrevaluación patrimonial; ocultamiento del Acuerdo Final y de pasivos; omisión de hechos relevantes, como los pedidos de quiebra; y el incumplimiento contractual encubierto."Entre las ganancias ficticias contabilizadas indebidamente y los pasivos ocultos, los balances de 2021 y 2022 y su proyección al de 2023, presentan irregularidades que superan los 100 millones de dólares", acotó Aguinaga. "Se evidencia que Fecovita tenía un balance negativo que fue ocultado mediante maniobras contables, engañando a los bancos que la financian, cooperativistas, productores, proveedores, empleados, acreedores y la sociedad en general", completó el abogado de la firma española.
El fiscal Anticorrupción Franco Mondino imputó a Virginia Martínez por supuesto "falso testimonio agravado". También fue imputada su madre por "defraudación a la administración pública" en grado de tentativa. Leer más
El exjefe comunal habría participado en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados en la capital bonaerense, generando un perjuicio económico de hasta 1.500 millones de dólares. Leer más
Un fiscal lo acusa de canjear permisos por lotes y exigir la contratación de ciertas empresas por parte de los desarrolladores.Habría documentos alterados en expedientes municipales, sobreprecios en obras públicas y desvíos de fondos.
El dirigente del PRO es investigado por su participación en una asociación ilícita durante su gestión como intendente de La Plata, finalizada en 2023, por la construcción de barrios privados en zonas no autorizadas.
La Fiscalía afirmó que el estudiante de 17 años le habría propinado al menor de 16 años varias puñaladas por la espalda causándole la muerte
El efectivo policial de 34 años fue imputado por el delito de homicidio calificado en abuso de su cargo y seguirá detenido.
En el marco de la investigación del caso de un turista argentino que agredió a golpes a un guardavidas que había rescatado a su hijo de tres años del mar en la playa de La Barra, en Punta del Este, la Fiscalía uruguaya determinó que existen elementos objetivos para establecer que existió el delito de lesiones personales. Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo tras un pedido de disculpas.El violento episodio ocurrió hace dos semanas, cuando la víctima socorrió al menor al ver que era arrastrado por la corriente, a pesar de que había advertido antes a los padres sobre el riesgo de nadar -sobre todo solo- cerca de un banco de arena. El padre reaccionó con insultos y agresiones físicas, propinándole un golpe en el rostro al guardavidas.En ese contexto, la víctima realizó la denuncia al día siguiente, rechazó una indemnización por parte del agresor y habría pedido archivar la presentación judicial días después. Tras ello, la Fiscalía imputó al turista argentino por lesiones personales por la trompada en el rostro que le proporcionó al rescatista uruguayo, según fuentes de la Intendencia de Maldonado revelaron al medio local El País.En las últimas horas, con el objetivo de evitar un juicio, ambas partes llegaron a un acuerdo reparatorio de pedido de disculpas."No es un tema de plata acá. Es un tema de que casi se ahoga y de cómo reaccionó el padre. La vida no tiene precio. No viene por el lado de una remuneración económica, viene por el respeto hacia la brigada", dijo Carlos Curbelo, coordinador del equipo de guardavidas de la Intendencia de Maldonado al medio uruguayo la semana pasada cuando la víctima rechazó la indemnización económica.El episodioTal como publicó LA NACION, a principios de febrero el menor de tres años se encontraba solo en una zona del mar conocida por sus peligrosas corrientes de retorno, cerca de un banco de arena. El guardavidas había advertido previamente a la madre sobre el riesgo que representaba esa área y le solicitó que retirara al menor del agua. Sin embargo, la mujer desatendió la advertencia y se alejó para buscar a su esposo, por lo que dejó al niño sin supervisión.Momentos después, el pequeño comenzó a ser arrastrado por la corriente. El guardavidas lo rescató y lo llevó de regreso a la orilla. Al entregarlo a sus padres, el socorrista enfatizó en la peligrosidad de la zona y la importancia de una supervisión constante. Este comentario provocó la ira del padre, quien respondió con insultos y afirmó que "para eso se le pagaba" al guardavidas. La confrontación escaló hasta que el hombre golpeó al rescatista en el rostro.De acuerdo a lo que reconstruyó este medio, testigos intervinieron para separar a ambos y se solicitó la presencia de la Prefectura debido a la agresividad del hombre.Desde la Intendencia remarcaron el rechazo por este tipo de "situaciones patoteriles" que "desembocan en agresiones sin sentido". "Se recuerda que los menores en la costa son responsabilidad de sus padres, interviniendo la brigada de guardavidas cuando existe peligro o riesgo de vida que no puede ser manejado por los adultos", finaliza el comunicado.
La fiscalía basó su decisión en un informe de la policía federal de más de 800 páginas, publicado el año pasado después de una investigación de dos años que encontró que Bolsonaro era "plenamente consciente y participó activamente" en el complot para aferrarse al poder. Leer más
Lo hizo la Fiscalía de Brasil por tratar de impedir la asunción de Lula en 2022.También es acusado por "tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho" y "organización criminal armada".Otras 33 personas también fueron señalados por la Justicia local.
Walter Ramón Luján, ex mano derecha de Claudio Vignetta, está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, junto al proveedor y expolicía, Sebastián Aguilera. La causa está a cargo del fiscal Franco Mondino. Leer más
Desde la fiscalía notificaron al jefe de obra, dos ingenieros y el capataz general en el marco de un "acto procesal importante" por la investigación de la explosión del gasoducto el 28 de enero, que dejó dos personas fallecidas y tres heridos. Leer más
El empleado de la empresa contratista habría sido el responsable de perforar el ducto de gas, hecho que provocó una fuga y explosión
Lo solicitó el fiscal Maximiliano Hairabedian en una causa derivada de la denominada "Tragedia de las Altas Cumbres". Leer más
Se trata de Agustín López Gagliasso, a quien se le acusa de doble homicidio simple con dolo eventual. Manejaba a 120 km/h por "perseguir a un motociclista con el que se peleó" al momento del accidente. Leer más