En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se revela una verdad dolorosa: en México, exigir justicia tiene un costo que miles de víctimas no pueden pagar
La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial acusó al Gobierno Petro de debilitar la inteligencia y la seguridad estatal en favor de grupos armados criminales
"Cuando asumí como presidente, en la profunda crisis que se encontraba Rosario Central, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y todo AFA brindaron apoyo, asesoramiento y colaboración. En los peores momentos, siempre a la par". Las palabras de Gonzalo Belloso, el presidente del equipo que este jueves recibió de regalo un escandaloso título de manos del titular del fútbol argentino, sirven para graficar cómo hacer bien los deberes en los turbios códigos que maneja el fútbol argentino redunda en recompensas. Belloso había salido a defender a su aliado cuando un exdirigente de Central acusó al titular de la Asociación del Fútbol Argentino de algo que se replica en las tribunas, en redes y en la calle pero que termina por manifestarse en un atronador silencio en las reuniones del Comité Ejecutivo. "Ya no me callo más, Tapia, Toviggino y compañía son arregladores de técnicos y partidos, lavadores juntos con los ex dirigentes, representantes y cuevas financieras que vaciaron a Central, hasta ponen DT, Independiente se salva, los santiagueños también, pregúntenle a Vélez, y hay pruebas de sobra, en un país serio están todos procesados", se quejó en 2023 Eduardo Macías, quien era dirigente cuando el club rosarino militaba en el Nacional B y Belloso ostentaba el cargo de manager.El "Pejerrey" tuvo una extensa y discreta carrera como futbolista. Pero como dirigente, hizo todos los deberes. Un año después de ser despedido como manager de Central por golpear a dirigentes de Independiente Rivadavia tras un partido en Rosario, emprendió un sorprendente camino que lo llevó a lo más alto del poder del fútbol sudamericano.En 2014 asumió como asesor deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, vínculo que forjó como jugador de Olimpia. Más tarde recaló como secretario técnico de la selección albirroja hasta llegar a Director de Desarrollo y Secretario General Adjunto de Fútbol de la Conmebol. Allí tejió relaciones con Alejandro Domínguez, titular del fútbol sudamericano, y se convirtió en uno de los dirigentes argentinos con mayor poder. A ese cargo renunció en 2021 para dedicarse de lleno a su proyecto personal. Mientras Chiqui Tapia obtenía inmunidad en Qatar con el título de Messi y compañía, su amigo Belloso arrasaba en las elecciones y se transformaba en presidente de Central. Un año después dejó su cargo la FIFA: era Asesor Estratégico para Sudamérica.El golpe de efecto de este torneo fue la vuelta al fútbol argentino de una de las figuras del título de Qatar. Ángel Di María volvió a jugar en el club de sus amores. Todo se precipitó gracias a una gestión de Tapia que lo convenció de retirarse en Rosario antes de darle cobijo y apoyo para su futura carrera de DT. Es más, el día previo al título regalado en AFA, Di María defendió la gran gestión de Tapia y anunció que se dedicaría junto a su amigo Leandro Paredes a la dirección técnica cuando ambos campeones dejen el fútbol profesional.La debilidad del Chiqui por los héroes de Qatar tuvo en Angelito un capítulo especial. En cada estadio donde se presentaba el equipo de Ariel Holan, las hinchadas rivales decían con sorna que había que ganar en la cancha y también a los enviados de Federico Beligoy y Pablo Toviggino, el influyente dirigente confeso hincha de Rosario Central. Por eso no sorprendió que en el primer partido de Di María el estadio de Arroyito estuviera adornado con una enorme bandera argentina que colgaba sobre el palco presidencial de Belloso con una leyenda que simplemente decía "Gracias Chiqui".Gran parte de la campaña de Central en este 2025 estuvo teñida de polémicas. Ya desde el primer partido, el capitán cambió por gol un dudoso penal, sancionado por Dovalo y que el VAR ni siquiera revisó. La semana siguiente, Merlos cobró otro polémico penal a favor del equipo auriazul, que Di María cambió por gol. El VAR tampoco intervino y Lanús sufrió la expulsión de su capitán Carlos Izquierdoz por quejarse. Ese día, Tapia y su amigo Belloso inauguraron una prueba piloto con la vuelta del público visitante. Toviggino fue uno de los artífices de esa movida. En medio de una pelea en redes con Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó de "barrabrava con cargo" a Toviggino y lo amenazó con aplicarle el derecho de admisión si no se retractaba de sus amenazas.Mientras el folclore del fútbol argentino ya había bautizado al actual torneo como "Copa Di María", el capitán de Central tuvo que salir a aclarar: "Siempre es culpa mía, ya estoy acostumbrado a que me metan en todos los quilombos. Lo de los penales es siempre lo mismo. Los dos que tuvimos fueron claros. Si tuviésemos una ayuda, estaríamos primeros. Estamos tranquilos con el trabajo que hacemos, no necesitamos la ayuda de nadie".Hoy, Di María recorrió los 300 kilómetros desde su casa en Funes para recibir en un escritorio el trofeo de campeón. Estaba feliz junto a Belloso. A su izquierda estaba un sonriente Toviggino. A su derecha, el inmune Chiqui Tapia. El fútbol argentino en estado puro.
El uso de genealogía de ADN identificó a Nickey Duane Stane como responsable del crimen de Debbie Dorian, una joven de 22 años que recién había egresado de la Universidad Estatal de California en 1996
Las organizaciones indígenas reclamaron que los madereros condenados por matar a cuatro líderes ashéninkas siguen libres. Exigen que el Estado cumpla el Plan Saweto y active medidas de protección para las familias
La tormenta "Claudia" ha dejado al descubierto su capacidad operativa en la provincia de Cádiz
Este órgano nació bajo la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto
El inicio del juicio por los Cuadernos de las Coimas vuelve a poner frente a los argentinos una de las heridas más profundas de nuestra vida institucional: la corrupción sistémica y la impunidad que la ampara. No se trata solo de casos individuales ni de nombres propios. Se trata de un entramado que, durante años, desvió recursos públicos, degradó las instituciones y erosionó la confianza de los ciudadanos en el Estado.Pero más dañina aún que la corrupción es la impunidad, porque mientras la primera roba dinero, la segunda roba esperanza. La corrupción puede ser combatida con controles, transparencia y sanciones; la impunidad, en cambio, corroe los cimientos de la República al enviar un mensaje devastador: en la Argentina se puede delinquir desde el poder y no pagar las consecuencias.Diecisiete años después de los hechos, - como ocurrió en varios juicios- las pruebas se enfrían, los testigos se dispersan, y la sociedad pierde la memoria. En esas demoras, la Justicia termina siendo funcional a los corruptos. Y es en ese punto donde debemos interpelar no solo a los responsables de los delitos, sino también a un sistema judicial que, por lentitud o complacencia, termina garantizando impunidad.La independencia judicial es un valor irrenunciable, pero no puede ser excusa para la ineficiencia. Una Justicia que no actúa en tiempo y forma no es Justicia. Los ciudadanos necesitan jueces valientes, honestos y técnicamente capaces, pero también instituciones que funcionen con previsibilidad y plazos razonables. La dilación de los procesos no solo atenta contra el debido proceso, sino también contra la credibilidad del sistema democrático.Desde la Coalición Cívica hemos insistido en que la lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado, no un eslogan de ocasión. Por eso elaboramos un Plan Integral contra la Corrupción, que propone medidas concretas para transparentar la gestión pública, fortalecer los organismos de control y proteger a quienes denuncian irregularidades. Allí planteamos la necesidad de garantizar la trazabilidad de los fondos públicos, la publicidad activa de los actos de gobierno y el control social de la obra pública, entre otros puntos esenciales.Pero nada de eso será suficiente si no se complementa con una reforma judicial profunda que asegure celeridad, profesionalismo y responsabilidad. No hay República posible cuando los procesos judiciales duran décadas. No hay confianza cuando las causas se duermen en los tribunales. No hay ética pública cuando los corruptos sienten que el tiempo juega a su favor.La corrupción no solo empobrece económicamente a un país: lo empobrece moralmente. Quita oportunidades, desalienta el mérito y consolida la desigualdad. Sin embargo, la impunidad es aún peor: instala el cinismo y destruye el pacto básico de confianza entre el ciudadano y el Estado.La Argentina necesita cerrar el ciclo de la impunidad para poder abrir el de la transparencia. No se trata de venganza, sino de reparación institucional. No se trata de mirar atrás, sino de aprender y establecer un nuevo estándar ético para quienes ejercen el poder.El juicio de los "Cuadernos" puede ser una oportunidad. No solo para juzgar hechos del pasado, sino para dar un paso hacia una nueva etapa de responsabilidad pública. Que esta vez la Justicia llegue, y que llegue a tiempo. Porque sin verdad ni justicia, no hay futuro.Diputada nacional (Coalición Cívica ARI)
El senador nacional cuestionó duramente el procedimiento que investiga la veracidad de los escritos del chofer Oscar Centeno. "Es grosero, estamos viviendo en un contexto que claramente no es un Estado de derecho", alertó.
Carlos Felipe Mejía, exmiembro del partido opositor al actual Gobierno, recordó la militancia del jefe de Estado en el M-19 al momento del ataque a las instituciones judiciales, el 6 y 7 de noviembre de 1985
Un farmacéutico acusado de haber defraudado al PAMI entre 2015 y 2016, mediante recetas falsas, firmas y sellos apócrifos, y pacientes diabéticos inexistentes -algunos de ellos incluso fallecidos-, logró evitar el juicio oral a cambio de pagar 17,5 millones de pesos, en tres cuotas. Así, la Justicia extinguió la acción penal y sobreseyó a Jorge Sujovolsky, responsable de haber emitido 63 recetas fraudulentas por un perjuicio original de poco más de 400.000 pesos hace una década.El cuestionable acuerdo, enmarcado dentro del procedimiento legal conocido como "reparación integral", que permite que víctima y victimario lleguen a un entendimiento económico, abre no pocas preguntas. Entre ellas, si el ladrón sabe que finalmente "arreglará" con la entidad a la que le robó y con la Justicia, ¿qué le impide seguir robando? Mientras duró el fraude, el delincuente tuvo su ganancia. El acuerdo, admisible desde lo legal, resulta absolutamente improcedente desde lo ético.En este caso, el PAMI aceptó recibir el dinero actualizado al valorar que se trata de fondos que podrá destinar finalmente a la atención de jubilados y pensionados. La fiscalía y el juez de Cámara, por su parte, avalaron el convenio al señalar que el delito es patrimonial y que soluciones como esta se vienen aplicando desde hace unas dos décadas como "tercera vía del derecho penal" tendiente a privilegiar, como reacción frente al delito, la restitución del statu quo previo a su comisión.De lo que no hay ninguna duda es de la existencia de la malversación. Lo dice el propio juez Adrián Grünberg en su fallo de homologación, en el que subraya que "es claro que las acciones llevadas adelante por Sujovolsky resultan suficientes para demostrar que instrumentó" y concretó el fraude" con el que "se benefició económicamente". Agregó que la definición del monto por resarcir es el resultado de la actualización patrimonial de la "maniobra ilícita" y determinó que el imputado debía efectuar "un ofrecimiento económico superior al daño patrimonial actualizado causado". Cabe señalar que de los 17.452.784 pesos calculados por la Justicia, Sujovolsky acordó pagar 17.500.000 pesos, es decir, 47.216 pesos más de los que le corresponden y, como se dijo, en tres cuotas. Esa resolución puede ser válida, pero sin duda corre el riesgo de convertirse en un atajo para la impunidad.Lo cierto es que, durante diez años, el PAMI no dispuso de ese dinero, que podría haberse traducido en medicamentos, prestaciones o infraestructura. Mientras tanto, el acusado gozó, además del rédito económico, del beneficio del tiempo y de la expectativa -finalmente cumplida- de que todo podría resolverse con un cheque.La paradoja es evidente: lo que la ley permite puede, a la vez, minar la confianza en las instituciones y sentirse como una forma más de violencia moral contra los jubilados que dependen de esa obra social para acceder a medicamentos esenciales.Un caso similar ocurrió cuando el juez federal Lino Mirabelli homologó el acuerdo entre el fiscal de San Isidro Fernando Domínguez y el presidente Alberto Férnández para dar por cerrado el nefasto episodio de la fiesta en la quinta de Olivos cuando el resto del país pasaba sus días encerrado por la pandemia de coronavirus. Fernández fue sobreseído tras pagar 1,6 millones de pesos. Como era de esperar, la reacción social frente a ese legal pero vergonzoso acuerdo fue y seguirá siendo demoledora.Resulta también inevitable la comparación del caso PAMI con la reciente negativa del Tribunal Oral Federal 7 a los empresarios y exfuncionarios de la causa Cuadernos, cuyo juicio oral comenzará hoy. En aquel caso, la decisión fue la opuesta: tanto la fiscal como los jueces rechazaron la propuesta de una "reparación integral" de unos 15 millones de dólares, entendiendo que los delitos de corrupción que lesionan bienes jurídicos supraindividuales -la probidad, la transparencia, la fe pública- no pueden ser compensados con dinero. Se trata, en efecto, de la mayor investigación sobre delitos contra la administración pública nacional en la historia del país, que tiene como principal imputada a la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa de una mega asociación ilícita.En cuanto al PAMI, también podría decirse que actuó dentro de lo supuestamente razonable al aceptar ese acuerdo, ya que optó por recuperar recursos que nunca debieron faltarle. Pero no deja de ser un hecho lamentable. Esos fondos llegarán tarde y sin reparar el daño que se infligió a la confianza pública. Y surgen otras preguntas inevitables: ¿cuántos fraudes similares, más pequeños o más sofisticados, se cometen en contra del Estado sin que nadie los descubra o sin que nadie los denuncie? ¿Cuántos otros farmacéuticos, proveedores, funcionarios o exfuncionarios actúan con la misma lógica, confiando en que, si los atrapan, bastará con devolver el dinero?El peligro de ese razonamiento no reside solo en el daño económico, sino sobre todo en el deterioro del principio de ejemplaridad. Cuando la sanción se reduce a una transacción, la ética y la moral se resienten.Los casos comentados no deberían celebrarse como ejemplos de eficiencia judicial, sino tomarlos como una advertencia. La ley fue cumplida, pero a costa de legitimar peligrosamente una forma de impunidad. La verdadera reparación, la que reconstruye el vínculo entre el ciudadano y el Estado, no se mide en pesos, por más actualizados que estén, sino en un compromiso ético que en este caso no queda saldado.
Mencionó que teme que la FGR ya no avance en las investigaciones por no estar de acuerdo con la sentencia de 28 años contra los sicarios
Colectivos exigen al Estado mexicano garantizar justicia y seguridad para quienes ejercen la libertad de expresión
La entidad global sostuvo que el Estado colombiano no ha garantizado justicia integral para la comunicadora y que el país mantiene deudas pendientes en materia de derechos humanos
Un escuadrón encapuchado irrumpió en una fiesta vecinal y abrió fuego contra los asistentes, dejando múltiples víctimas. Este caso marcó el inicio de una de las peores violaciones a los derechos humanos en Perú
Norma, elaborada por el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, contempla la aplicación retroactiva para beneficiar a agentes procesados por hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2022 y 2023
La senadora del Centro Democrático dijo que la exclusión de la supervisión internacional sobre la Justicia Especial de Paz incrementa la percepción de falta de consecuencias para responsables de crímenes, según expresó en una reciente columna de opinión
Entre la Marcha de las Catrinas Virtual y un Memorial para nombrar a quiénes ya no están, la exigencia por verdad y justicia continúa
El gobernador Leandro Zdero y el ministro de Gobierno Jorge Gómez repudiaron el intento de fotografiar al posible jurado popular por parte de un abogado de Emerenciano Sena y advirtieron sobre su gravedad institucional. Leer más
La senadora electa ratificó que la reforma buscará agravar las penas, para asegurar que los delincuentes paguen las consecuencias
La historia de Natalia expone cómo el abuso de poder y la complicidad silenciosa afectan a quienes buscan abrirse camino en los medios, dejando claro que aún queda mucho por cambiar
El senador y precandidato presidencial cuestionó la absolución del exmandatario en el proceso por soborno y fraude procesal, advirtiendo que irá "hasta las últimas consecuencias"
El presidente señaló al exmandatario de haber irradiado el paramilitarismo narcotráficante a través de las convivir, afectando a vida de miles de ciudadanos
Coordinador del Equipo Especial Lava Jato cuestionó resolución del Tribunal Constitucional que anuló el caso Cócteles. "Revela el talante político que se arropa de argumentos de legalidad", expresó.
El senador y precandidato, que figura como víctima en el proceso contra el expresidente, rechazó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá; aunque acata el fallo, advirtió que no lo comparte
Cada tarjeta puede ser utilizada varias veces en un solo día, lo que explica las enormes ganancias que genera este sistema
El Consejo pidió al Estado y a las autoridades ancestrales actuar con firmeza y sin amparos culturales frente a los agresores, reafirmando que la justicia propia debe estar al servicio de la vida y la dignidad de las mujeres
La polémica se desató por una carta enviada desde la cárcel La Picota por Larry Changa, fundador del Tren de Aragua, que pidió al presidente Petro incluir a la organización en el programa de reconciliación
El dirigente español, presente en el acuerdo para un alto el fuego en Gaza firmado en Egipto, confirma que el embargo de armas seguirá vigente "hasta que haya un acuerdo de paz duradera"
Excarcelado durante la pandemia por "razones humanitarias", un narco internacional terminó prófugo tras un triple femicidio. Repaso de la cadena de omisiones que lo hizo posible. Leer más
En un crítico comunicado, la Agepj calificó de "grave y preocupante" el sobreseimiento al exasesor letrado provincial que dispuso ayer la Cámara de Acusación. Leer más
Los 21 activistas, entre los que se encuentran Ada Colau y Jordi Coronas, han denunciado una violación de "todos nuestros derechos"
Derribar un avión ruso podría poner de manifiesto las divisiones existentes en la alianza de la OTAN
Se trata de la causa Ingenio Fronterita. Se indicó que los dos principales acusados tienen más de 84 años. Al menos 82 trabajadores de la planta y sus alrededores fueron secuestrados entre 1975 y 1978. De ellos, 67 fueron liberados, dos fueron asesinados y 13 están desaparecidos.
En varios países del mundo presidentes que parecían intocables terminan procesados y hasta encarcelados por corrupción
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la decisión de la Junta Nacional de Justicia como un "grave ataque" a la independencia de la Fiscalía
El congresista aseguró que las penas simbólicas no reparan integralmente, sino que alimentan el crimen y "destruirán las vidas" de los exmiembros de la fuerza pública
La principal organización indígena del Perú advirtió que proyectos de ley del Congreso y medidas del Ejecutivo ponen en riesgo la vida de los PIACI, facilitan la expansión de la minería y tala ilegal, y promueven la impunidad con la reciente Ley de Amnistía
Carlos Wagner decidió no presentar una oferta millonaria para lograr su sobreseimiento, acusado de ser un organizador de la asociación ilícita. Sus motivos, su confesión y la declaración de José López que lo complicó
El Tribunal deberá aceptar o rechazar las propuestas de los imputados "arrepentidos", que buscan evitar el juicio oral y una eventual condena. En la lista, hay millones de dólares, propiedades en el exterior y hasta una embarcación
La excandidata presidencial cuestionó el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz que sancionó con ocho años de restricción de derechos a siete exjefes de las Farc por más de 21.000 secuestros
A Javier Saavedra lo encontraron sin vida en la alcaidía de Salta donde estaba detenido.Tras la absolución del marido de la víctima y de otro sospechoso, postergaron una semana la primera audiencia contra los hermanos Saavedra.
Sería absurdo que la mayor maniobra de corrupción de este siglo terminara con el sobreseimiento de la mayoría de los empresarios acusados por cohecho a cambio de una "reparación integral", que rondaría en conjunto los 25 millones de dólares y que les evitaría afrontar el juicio por los llamados cuadernos de las coimas. No se trata tampoco de una discusión dineraria: solo corresponde que se haga justicia y se entienda que la impunidad no se puede comprar.Este escándalo, generado a partir de una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal y destinada a recaudar fondos ilegales durante las gestiones presidenciales del kirchnerismo, surgió a partir de una investigación periodística de LA NACION, tras el hallazgo de cuadernos en los que el chofer de aquel ministerio Oscar Centeno contó con lujo de detalles el mecanismo utilizado para recaudar los pagos ilegales que hacían empresarios beneficiados con contratos de obra pública. La expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada y se encuentra procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. Alrededor de medio centenar de empresarios, mayoritariamente del rubro de la construcción, pidieron al Tribunal Oral 7 que se extinguiera la acción penal en su contra a cambio de una suma de dinero, y así evitar sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio oral cuyo inicio está previsto para el 6 de noviembre. A diferencia de los juicios abreviados, en los que el imputado puede reconocer el delito que se le atribuye y acordar una pena", con la reparación integral, no se reconocen los hechos que se juzgan en el proceso judicial. En tal sentido, el artículo 59, inciso 6, del Código Penal expresa que "la acción penal se extinguirá (...) por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes". El daño a la confianza y a las instituciones del país no se reparará con dinero, sino con condenas ejemplaresLos argumentos de los abogados defensores de los empresarios imputados no resultan sólidos. Entre otros, se señaló la enorme dificultad que conllevaría poner en marcha un juicio de esta magnitud, en el que existen más de 600 testigos citados a declarar, y se estimó que serían necesarias entre 500 y 1000 audiencias que podrían llevar alrededor de diez años. Frente a ese argumento, el titular del área de litigios de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Galpern, sostuvo que el hecho de que un juicio pueda resultar complejo o muy extenso "no justifica extinguir la acción" penal, sino que "exige más compromiso institucional". A su entender, permitir esa maniobra implicaría "mercantilizar la corrupción" y "banalizar delitos de enorme gravedad institucional".A la hora de evaluar el pedido de acceder a la reparación integral propuesta por algunos de los empresarios imputados, los jueces del Tribunal Oral 7 -Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori- no deberían desoír las sabias afirmaciones de la fiscal federal de la causa, Fabiana León, que podrían sintetizarse en una frase: la corrupción se juzga y la honra no se paga."En esta fiscalía no se vende impunidad", aseveró la fiscal, para quien la reparación que pretenden los empresarios y también algunos exfuncionarios imputados frustraría fines penales indeclinables como la verdad y la eventual sanción e inhabilitación de los culpables. Dijo con acierto que si este expediente "se transa" o "se mercantiliza", el mensaje hacia la sociedad sería letal, porque indicaría que "la ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos", renunciándose a la igualdad ante la ley. "Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar, rompe la simetría con el ciudadano común y erosiona la confianza democrática", subrayó.Es vital entender que el caso de los cuadernos de las coimas, al igual que otros hechos de corrupción asociados con el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y la malversación de fondos del Estado, no solo ha implicado un daño patrimonial para el erario público. También representa un golpe a la confianza en las instituciones y a la imagen internacional de la Argentina, que de ningún modo se reparará con el dinero que puedan aportar los imputados, sino únicamente con condenas ejemplares.
No es novedad que los juicios en la Argentina suelen demorar una vida y la vorágine de temas hace que algunos casos que fueron polémicos y mediáticos en su momento pasen al cajón del olvido.Uno de estos hechos que podría quedar en la nada es el presunto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en principio destinados al extinto programa Fútbol para Todos. Esto se materializaría a partir del pedido de absolución para el entonces coordinador del programa, Gabriel Mariotto, por parte del fiscal federal Miguel Ángel Osorio, que a su vez reclamó leves penas de ejecución condicional para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.Es muy frustrante observar que tras una década del hecho investigado, fuentes tribunalicias especulen con la posibilidad cierta de que los funcionarios mencionados puedan quedar fuera del caso, al tiempo que se sostenga con liviandad la teoría de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a una institución como la AFA y que, por eso, no estaríamos ante un fraude a la administración pública.La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó en su momento la denuncia por malversación de fondos y, específicamente, advirtió sobre la entrega de 6 mil millones de pesos a la AFA sin ningún tipo de control. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, la AFA otorgaba a los clubes cheques con la indicación expresa de dónde cambiarlos, como por ejemplo cooperativas y financieras ligadas a dirigentes de la entidad rectora del fútbol local.Osorio solo pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de la AFA, a dos años de prisión; para Carlos Alberto Pandolfi, extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; para Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato, a un año, y para Natale Antonio Rigano, CEO de la firma Iveco, a dos años.Sería realmente importante que este caso tan opaco, con un perfil de defraudación al Estado y un supuesto turbio manejo de fondos que, por arte de magia, según la versión judicial, habrían dejado de ser públicos, no quede en "agua de borrajas" y se resuelva como corresponde en un Estado de Derecho con toda la fuerza de la ley y con un tan contundente como ejemplar freno a la impunidad.
Además del hermano de AMLO, el gobernador Javier May Rodríguez solo se limitó a decir que será la fiscalía estatal quien dé mayores detalles sobre la captura de "El Abuelo" o "Comandante H" en Paraguay
Según documentos a los que tuvo acceso la organización, el gobierno federal ya sabía de las operaciones delictivas de La Barredora desde hace 5 años
Fabiana León y Paul Starc se opusieron al planteo de las defensas. "No hay precio que pueda evitar el daño institucional que se ha hecho; en esta fiscalía no se vende impunidad", aseguró la fiscal
La mandataria afirmó que la FGR continúa con varias líneas de investigación tras el decomiso del buque y el ferrocarril que transportaban Diésel ilícito
Ek informe de Mumalá destaca las relaciones desiguales de poder, la misoginia institucional y la vulnerabilidad estructural.
El presidente de Perteneces AC afirmó que la FGR fue alertada desde 2022 sin resultados inmediatos; la captura de 14 personas, entre ellas un vicealmirante, ocurrió tras el aseguramiento del Challenge Procyon en marzo de 2025
La presidenta descartó intereses políticos dentro de las investigaciones relacionadas con la venta de combustibles ilícitos
A 5 años del crimen de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de la desaparición forzada de Lichita, sus madres son torturadas en prisiones de máxima inseguridad, y continúa la persecución contra toda la familia.
El secretario de Estado de EEUU advirtió que Washington volverá a usar la fuerza contra embarcaciones del narcotráfico, como la destruida este martes en aguas internacionales cerca de Venezuela
Las denuncias superan las 15 mil en el estado, con cinco municipios concentrando más de siete mil casos; el Estado no garantiza búsquedas inmediatas ni protección a todas las familias afectadas
El proyecto rinde homenaje a la joven asesinada por su pareja sentimental en 1994 y cuya condena se empezó a cumplir apenas en 2024
El exministro del Interior y nuevo ministro de Justicia enfrenta procesos por delitos como abuso de autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real, peculado, tráfico de influencias, colusión, omisión de actos funcionales y lavado de activos
Andrés Gil Domínguez calificó al juez Recondo como una "máquina de rechazar" recursos que comprometen al Presidente.Además advirtió sobre las consecuencias de esta sentencia.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió un pronunciamiento contra la ley promulgada por Dina Boluarte, que beneficia a policías y militares por violaciones a los derechos humanos, alertando sobre riesgos a la justicia
El abogado De la Espriella afirmó que todos los compatriotas honrarán la memoria de Miguel Uribe y su legado servirá para reconstruir el país
El tribunal de Impugnación de Río Negro dio marcha atrás a una condena a perpetua dictada recién a comienzos de este año.El crimen de Otoño Uriarte fue perpetrado en 2006.Las dudas sobre el perfil genético de uno de los acusados, en el centro de las sospechas.
La decisión de los socios del country Abril Club de Campo de impedir la mudanza de Rafael Di Zeo a su comunidad muestra que hay sectores de la sociedad civil que, ante la inacción, la lentitud o las vacilaciones de sectores político y judiciales, han comenzado a ejercer su propio filtro moral. No se trata de justicia por mano propia, sino de un límite colectivo a quienes, amparados en vacíos legales o vericuetos procesales, siguen mostrando impunemente los frutos de trayectorias marcadas por la violencia, la corrupción o ambas.El jefe de la barra brava de Boca carga con un largo prontuario que incluye causas por asociación ilícita, coacción agravada, portación de armas, violencia organizada y presuntos vínculos con delitos aún bajo estudio. Más allá del resultado de cada expediente, la figura que proyecta excede lo legal: es el emblema de una cultura mafiosa enquistada en el fútbol.La sofisticación de su casamiento o la multiplicación de sus negocios â??marcas registradas, líneas de alfajores y proyectos audiovisualesâ?? forman en buena parte el mismo fenómeno: la pretendida estetización y la comercialización de la impunidad.Que un barrio cerrado, cuyas normas internas son legales y contractuales, decida negarle el ingreso, es un gesto simbólico de hartazgo. Como ocurrió con Lázaro Báez, cuya reclusión domiciliaria fue impedida por la resistencia de vecinos del country Ayres de Pilar, o como ha sucedido en otros casos similares, la sociedad reacciona donde parte de nuestra dirigencia calla, llega tarde o, peor aún, justifica procederes injustificables. En todos estos hechos no se discute el derecho constitucional a la libre circulación o a la propiedad, sino la legitimidad de proteger un entramado comunitario de valores, de convivencia y de códigos éticos que todos los miembros deciden respetar.No se trata de una persecución por prejuicio, sino de una reacción fundamentada en antecedentes concretos. No se le impide a alguien ejercer sus derechos, sino marcar una frontera â??incluso simbólicaâ?? entre la vida privada y la apología del delito.Hay una incomodidad creciente de buena parte de la sociedad con los que, pese a sus trayectorias oscuras, siguen luciendo lujos y un inexplicable poder económico. Cuando se expresa con racionalidad, con apego a normas y con espíritu democrático, esa incomodidad resulta saludable. En una sociedad donde las penas no se cumplen o se diluyen en beneficios procesales, la sanción social â??el rechazo moral de los paresâ?? cobra una dimensión resarcitoria.La reacción de los vecinos de Abril Club de Campo no cambia el sistema judicial ni compensa a las víctimas de la violencia de las barras. Pero señala algo esencial: que aún existen ciudadanos dispuestos a poner un límite.
Norbey Olivares Rojas, conocido por su dominio criminal en los Llanos Orientales, fue abatido por un comando armado disfrazado de policías cuando se bajaba de su camioneta
La senadora Paloma Sánchez cuestionó que no haya sanciones por la fabricación de evidencia en el caso: la FGR corrigió la versión oficial sin consecuencias para los responsables
Crimen organizado presiona a ejidatarios para legitimar tala ilegal; autoridades reconocen impunidad y vacíos legales en la región
Los comunicadores Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas fueron asesinados en el ejercicio de su oficio en Segovia, Antioquia
El exmagistrado del máximo tribunal calificó de "show político" la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad y advirtió que "nunca dio explicaciones jurídicas". Además, dijo que las gestiones de CFK y Alberto Fernández fueron "muy negativas" y destacó a la de Néstor Kirchner: "Fue un gobierno de diálogo"
El exsecretario de Seguridad de Tabasco permanece prófugo y señalado como líder del grupo criminal La Barredora
Condenan la norma aprobada por 16 votos, que exoneraría a responsables de violaciones en el conflicto armado interno, y exigen justicia y resistir legalmente
En los últimos días, distintos casos de feminicidio han cimbrado al país, por lo que la exigencia de las mujeres mexicanas se enfoca en no normalizar la violencia
El colectivo sostuvo que la decisión es interpretada como un intento de dilatar y desviar la búsqueda de justicia para el político asesinado por la extinta guerrilla de la Farc
Organizaciones de madres protectoras de todo el país alertaron esta semana por el avance de proyectos legislativos con dictamen de comisión en el Congreso, que bajo la figura de falsa denuncia, penalizan a las madres denunciantes de abusos sexuales de progenitorxs contra sus hijxs. Yanela Barrios, de Madres Protectoras en Salta, asegura que los impulsan sectores del Gobierno en alianza con grupos antiderechos y defensores de abusadores.
Sofía Fernández fue encontrada muerta el 10 de abril de 2023 en la Comisaría 5ta. de Derqui, partido de Pilar. En febrero se solicitó la elevación a juicio, pero desde entonces la causa está paralizada, mientras el reclamo de de justicia se sostiene firme en las calles: marchas, festivales y un núcleo de organizaciones enfrentan la complicidad del entramado judicial y policial.
La propuesta del exfiscal Alfonso Gómez Méndez surge tras la decisión de la Corte Constitucional que impide al Consejo Nacional Electoral adelantar investigaciones contra el presidente
Esta semana, la justicia federal dio un paso histórico contra la impunidad: por primera vez en la historia se aplicó la ley de juicio en ausencia en un proceso penal. Fue ni más ni menos que en el caso en que se investiga el atentado a la AMIA, que lleva más de treinta años irresuelto.Ahora, a instancias de la nueva norma promovida por el gobierno de Javier Milei y sancionada por el Congreso de la Nación en marzo de este año (Ley 27.784), la justicia argentina podrá avanzar contra los funcionarios iraníes y libaneses apuntados como responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.La novedosa ley permite que la persecución penal avance incluso cuando los acusados se encuentran prófugos o en territorios donde no es posible su extradición.Se trata de una legislación que impulsamos desde el Ministerio de Justicia de la Nación con la convicción de que en esta nueva Argentina ya no hay lugar para la impunidad, y menos aún para delitos de lesa humanidad y actos de terrorismo. Estos brutales crímenes no solo hieren a las víctimas directas, sino que socavan los pilares mismos del Estado de Derecho.El juicio en ausencia no es una herramienta de excepción, sino una garantía de justicia. Está cuidadosamente delimitado a ciertos delitos de extrema gravedad, y solo puede aplicarse bajo condiciones estrictas que aseguran el respeto por el debido proceso legal: la representación obligatoria de los acusados por parte de una defensa técnica, el derecho a revisar la sentencia en caso de que el imputado se presente posteriormente ante la Justicia, y la participación activa de las víctimas y de los organismos querellantes.Esta normativa es coherente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Países como Francia, Italia y Alemania cuentan con figuras similares, especialmente en casos donde los acusados han eludido sistemáticamente a la justicia durante décadas. La Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido la validez del juicio en ausencia cuando se garantizan los derechos fundamentales del acusado; y la ley argentina se ajusta a esos estándares.Nuestro país tiene una deuda pendiente con la verdad y la justicia en causas de terrorismo como la voladura de la embajada de Israel, de 1992, o el atentado a la AMIA, en 1994. En ese último caso, a más de 30 años de los hechos, existen acusaciones contundentes contra ciudadanos extranjeros que han sido objeto de alertas rojas internacionales pero cuya comparecencia ha sido sistemáticamente obstruida. Esta nueva ley nos permite, por fin, impulsar el proceso penal sin quedar atados a la incomparecencia de quienes buscan eludir la acción de la justicia argentina y prolongar el sufrimiento de las víctimas.Lo que está en juego no es solo la resolución de causas históricas, sino también el mensaje que el Estado argentino transmite hacia el futuro. No hay escape posible para quienes cometan crímenes contra la humanidad. Tenemos la obligación y el compromiso de hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para brindarle a la justicia las herramientas necesarias para perseguir, investigar y condenar estas atrocidades.Con esta primera aplicación judicial, la ley de juicio en ausencia comienza a mostrar su potencial. El tiempo dirá cuán lejos podremos llegar, pero lo importante es que, por fin, contamos con un instrumento jurídico contundente, constitucional y respetuoso de los derechos humanos para avanzar hacia donde antes no era posible.La impunidad ya no es opción. Y ahora, la ley nos da el camino para que tampoco sea el destino.Vamos por más.Ministro de Justicia de la Nación
El experto constitucionalista abordó en su más reciente columna de opinión las repercusiones que traerá consigo la decisión del alto tribunal, que dejó sin competencia al Consejo Nacional Electoral para investigar al jefe de Estado, por tener un fuero constitucional especial
Los cuatro dirigentes ashéninka asesinados en 2014 por denunciar a taladores ilegales aún no tienen justicia. La Fiscalía de Pucallpa ha pedido 33 años de prisión para los acusados, mientras el abogado José Ugaz advierte que uno de ellos podría fugar si no se toman medidas urgentes
Para no comprometer la investigación se guardará sigilo, han determinado las autoridades
Un significante inocuo, una mera dirección; apenas tres palabras que, en lo explícito, aluden a un domicilio postal en Santiago de Chile. Eso sería, sin explicaciones, el título hermético de este nuevo libro de Philippe Sands (Londres, 1960): Calle Londres 38. No obstante, tras esa puerta se acumulan significados de peso: la sede física donde previo al golpe militar de 1973 que derrocó a Salvador Allende funcionaba el Partido Socialista, y luego el centro clandestino de secuestro y tortura paraestatal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) que operó allí mismo durante la dictadura chilena. El vocablo Londres designa, a su vez, a la ciudad donde en 1998 Augusto Pinochet fue detenido, acusado de crímenes de lesa humanidad por el juez Baltasar Garzón, que reclamaba su presencia en España para juzgarlo.Pinochet en Inglaterra y un nazi en la Patagonia reza el subtítulo que empieza por contar aquella detención desde el punto de vista del joven abogado Sands, a quien ofrecen la defensa jurídica del general en la capital inglesa para evitar su extradición a Madrid. Pero el escritor no solo la rechaza, sino que además se une al bando contrario y se sumerge en la investigación del caso Pinochet, cuya extensión lo lleva a un segundo personaje ya avistado en rastreos para otro libro suyo (Ruta de escape, 2021). Se trata de Walther Rauff, un alto oficial de la SS inventor de las "cámaras de gas rodantes" camufladas de ambulancias donde miles de judíos murieron asesinados en "traslados" a fosas comunes. Calle Londres 38 desanda, en definitiva, la telaraña de testimonios y documentos donde crimen e impunidad entretejen una red de apariencia infalible. "Cuando BeÅ?żec, Sobibor y Treblinka entraron en funcionamiento, Rauff tuvo que buscarse un nuevo trabajo", explica el autor, y cuenta cómo -archivos mediante- localiza al nazi en la posguerra, en América del Sur, primero como emprendedor en el circuito pesquero y después colaborando profesionalmente con la dictadura pinochetista. El régimen militar chileno adopta el expertise de Rauff aplicado ya no al rubro de la pesca sino, como en su juventud en la SS, a seres humanos. Las mismas furgonetas que había ideado como cadalsos móviles aportan nuevas prestaciones logísticas: los disidentes secuestrados irán de una tortura a otra (o a la muerte) en aparentes transportes frigoríficos. La línea de montaje incluye una "disposición final" de los cuerpos: algunos son arrojados al mar, aunque "muchos detenidos fueron convertidos en harina de pescado", según le refiere al autor un testigo entrevistado. El dato se completa con una explicación: tras tomar el control de las principales empresas pesqueras del país, la DINA pasa a operarlas como sistema fabril, emulando los campos de concentración y exterminio de la Segunda guerra. Sands se empeña en señalizar todo lo que sea posible el vínculo de estos dos hombres, dos períodos, dos países y hasta dos ciudades, con mucho más en común de lo que pudiera imaginarse. De hecho, las primeras páginas de su libro son mapas: de Chile, de Santiago, de Londres. Suma a la misma indagación fotografías, referencias documentales, ilustraciones notas y un índice temático que ocupa casi cien páginas. Párrafo aparte merecen algunos tramos cinematográficos como el de la detención de Pinochet en una clínica del elegante barrio de Marylebone, apenas a cinco cuadras del Sherlock Holmes Museum, narrada por el traductor de Scotland Yard (con quien el autor también conversó) que le informó al reo las condiciones y motivos de su captura, la noche del 16 de octubre de 1998. Los intentos de extradición por parte de Alemania para juzgar a Rauff (criminal fugitivo desde Nüremberg) chocaron con la protección del Estado chileno; el genocida murió de viejo en su dorado exilio. Similares complicidades, trucos, ocultamientos le permitieron a Pinochet fingir demencia para ser devuelto a Chile, también impune, sin comparecer por los asesinatos cometidos.Aun si no hubiese nada verídico en estas páginas, Calle Londres 38 sería una novela portentosa: intrincada, de a ratos esotérica, diabólica como el mal que encarnan sus dos personajes centrales. Algunos elementos de la historia real ya habían llevado a autores como el británico Bruce Chatwin y el chileno Roberto Bolaño a ocuparse antes de Rauff y Pinochet en clave literaria: Sands apela a esos textos, los cita y los celebra como parte del tejido que lo llevó a dar forma a su trabajo. Pero no solo el dato duro: también la referencia subjetiva o imaginativa integra sus recursos, auxiliada por la literatura; Ariel Dorfman, Pedro Lemebel, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, entre otras voces, son convocados aquí por el autor inglés.Puntualmente, la novela breve de Bolaño Nocturno de Chile, publicada en 2000, es quizá la más aludida en Calle Londres 38 y a la vez su contracara. Si Sands consagra la prueba, el testimonio, el documento, su par chileno relata los mismos infiernos apelando a la palabra torrencial del padre Sebastián Urrutia Lacroix, apócrifo sacerdote que lanza (escribe) toda su verdad junta, escudado en nombres falsos pero situaciones calcadas del registro histórico. En ese volumen-monólogo, el clérigo de Bolaño exhuma sus culpas, acaso encarnando a una buena porción de la intelectualidad de su país frente a la tiranía golpista.Andante de dos mundos, Sands se abre paso con un pie en la prueba y otro en la intuición, la metáfora, la insinuación. Y si bien la carga probatoria que aporta es central, el británico se reenfoca cada tanto a sí en la crónica: a veces con candidez y humor, otras con gravedad melancólica, como al recordar a la familia de su madre, víctima del Holocausto. Esa presencia del que alterna entre abogado, escritor, hijo, marido, jurista, nutre a su favor el tono narrativo; nos lleva a empatizar con el sujeto permeable, no omnisciente, que ve azorado cómo y en cuánto la realidad puede superar a la ficción, involucrándonos en el borroso límite de lo propio y lo ajeno, lo pretérito y lo actual, la justicia y la impunidad.Calle Londres 38Por Philippe SandsAnagrama. Trad.: F. Ramos Mena y J.M. Salmerón Arjona584 páginas, $ 39.800
El kirchnerismo convirtió una decisión judicial en un hecho político y busca impugnar la condena a Cristina Kirchner mediante la activación de mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos y otros foros globales
Un crimen medieval sacude aún a los estudiosos. La venganza, la humillación pública y la justicia selectiva se entrelazan en una historia que sigue generando preguntas
Con la Corte firme en su decisión, Cristina Kirchner enfrenta una condena ineludible tras 17 años de maniobras judiciales. Leer más
José Jaime Uscátegui, congresista del Centro Democrático, expresó su inconformidad porque a cinco días hábiles de preescribir el proceso contra la aspiración del hoy jefe de Estado, el órgano electoral no ha emitido ninguna sanción al respecto
La referente de la Coalición Cívica celebró la inhabilitación de Cristina Kirchner con fallo firme y destacó el rol histórico de Elisa Carrió en la denuncia original. Advirtió además sobre el juicio por corrupción en la basura que se inicia en Córdoba. Leer más
La Corte Suprema de Justicia hizo lo que tenía que hacer. Sus tres jueces -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- rechazaron por unanimidad los recursos de queja presentados por los abogados defensores de los nueve condenados en la llamada causa Vialidad, confirmando así los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para la expresidenta Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. De este modo, el máximo tribunal del país confirmó el fallo condenatorio que emitió la Cámara de Casación, que a su vez había ratificado la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2.El mensaje del máximo tribunal del país es concluyente: nadie, más allá del poder político que ostente, puede quedar impune si comete actos de corrupción. La causa judicial, iniciada en 2016, investigó la tramitación de 51 procesos de licitación pública manifiestamente irregulares, que beneficiaron a empresas vinculadas a Lázaro Báez, para la realización de obras viales en rutas nacionales y provinciales de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. De acuerdo con la sentencia, existió una "maquinaria de corrupción", que contó con "un rol central" de la expresidenta de la Nación, en función de sus "lazos promiscuos y corruptos" con Lázaro Báez.Con la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, se pone fin a un proceso en el que participaron 14 jueces, quienes, sin excepción alguna, hallaron culpable a Cristina Kirchner. Hay que sumar a esos magistrados los seis fiscales que intervinieron en la investigación, incluido el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien había solicitado que se agravara la condena a 12 años de prisión, por entender que la expresidenta habría actuado también como jefa de una asociación ilícita.La expresidenta buscó reemplazar con argumentos políticos la ausencia de fundamentos que avalaran su inocencia Al rechazar el recurso de queja presentado por los abogados de la expresidenta, la Corte sostuvo que la cuestión sobre el delito imputado quedó zanjada con "sobrada prueba" en los fallos del Tribunal Oral Federal y de la Cámara de Casación, al tiempo que consideró que no se probó la existencia de un supuesto de arbitrariedad en las sentencias ni se demostró que, durante el proceso, se haya vulnerado alguna garantía constitucional. "El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", señalaron en sus fundamentos los jueces del máximo tribunal. La Corte no hizo más que ratificar su doctrina, según la cual el recurso extraordinario federal es un remedio excepcional, que no suple a las instancias judiciales anteriores, salvo un grueso error en el derecho, y que el superior tribunal de la república no es una tercera instancia, sino el último garante de las declaraciones, derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación. En sus declaraciones posteriores a la difusión de la acertada decisión de la Corte, Cristina Kirchner insistió en victimizarse y considerarse objeto de una persecución política, judicial y mediática, además de atribuir su condena a razones electorales: habló insólitamente de un "cepo al voto popular" orquestado desde "el poder económico concentrado", por producirse un mes antes de la oficialización de las candidaturas a cargos electivos en la provincia de Buenos Aires. En síntesis, ante la abundancia de pruebas sobre la escandalosa corrupción que caracterizó su gestión, buscó reemplazar con argumentos políticos la ausencia de fundamentos que avalaran su inocencia.Ir a la cárcel no es un "certificado de dignidad", como expresó Cristina Kirchner. Es, por el contrario, la ratificación de que, al menos esta vez, se ha hecho justicia y se ha dado un paso trascendente para que la sociedad argentina y su clase dirigente adviertan que quien las hace las paga, sin importar el cargo público que ocupe. El histórico fallo de la Corte es la comprobación de que la política debe dejar de ser un vehículo para el enriquecimiento de los funcionarios y los amigos del poder, y que la función pública no puede seguir siendo una licencia para robar y gozar de impunidad.
Leandro Zdero se expresó tras la decisión de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la ex presidente en la causa Vialidad. También hubo reacciones divididas dentro del justicialismo provincial. Leer más
Las autoridades nacionales aseguran que no intervinieron en el desarrollo de la causa Vialidad y consideran que es incierto el futuro del PJ. Las reuniones en Casa Rosada y la reacción ante las movilizaciones de los sindicatos
Víctor Mosquera subrayó la importancia de identificar y judicializar a los posibles autores intelectuales