Dentro del Paquete Económico 2026 se aprobará un incremento a los impuestos en bebidas azucaradas, pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro
El calendario legislativo prevé que los ponentes y coordinadores de la iniciativa se reúnan de nuevo el lunes 24 de noviembre para consolidar un informe que permita iniciar el debate en el Congreso
CÓRDOBA.- El monotributo lleva 27 años operando en la Argentina como la forma más visible de "pagar impuestos" para millones de pequeños contribuyentes, aunque detrás de esa formalidad de bajo costo hay un régimen masivo de muy baja intensidad contributiva, que genera trayectorias previsionales débiles y anticipa mayores presiones sobre el sistema jubilatorio. El ministro de Economía, Luis Caputo, está trabajando en alternativas; el Fondo Monetario Internacional había pedido "armonizar" el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.El 80% de los monotributistas revisten en las tres categorías más bajas del impuesto que unifica en una cuota mensual fija IVA y Ganancias, junto con aportes previsionales y de obra social. El componente impositivo se organiza en 11 categorías según ingresos brutos anuales (y en el caso de locaciones o prestaciones de servicios, en ocho). A este noviembre, los montos correspondientes en $4.183 mensuales para la categoría A y escalan hasta $306.724 mensuales en la categoría H. Las economistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez del Ieral de la Fundación Mediterránea analizan que hay escasas recategorizaciones y "poca migración" al régimen general, lo que refuerza fenómenos de "enanismo fiscal".Con la lupa puesta en lo previsional, el aporte jubilatorio varía según la categoría. Desde agosto último, va desde $13.663 mensuales en la categoría A hasta $43.129 en la categoría H, montos otorgan derecho a la Prestación Básica Universal (PBU) y permiten computar años de servicio dentro del SIPA. Sin embargo, aun con esta progresividad, están considerablemente por debajo de lo que aportan autónomos y asalariados formales.Como consecuencia, la mayoría los monotributistas acceden a la jubilación mínima, "profundizando un desacople estructural entre aportes y prestaciones", dicen las economistas. Para dimensionar la brecha, con los montos de junio se requería el aporte de casi 28 monotributistas para financiar una jubilación mínima con bono ($374.724). El aporte promedio es de apenas $13.519.Mientras que un trabajador en relación de dependencia aporta en promedio el 11% de su salario y un autónomo alrededor de 5%, para un monotributista es 0,9% en términos equivalentes. "Esta contribución casi simbólica explica por qué el monotributo genera trayectorias previsionales extremadamente débiles y por qué quienes pasan buena parte de su vida laboral dentro de este esquema no logran acumular aportes suficientes para acceder a una jubilación mayor", señala el informe.Otro punto importante que profundiza este problema, es que el régimen muestra un proceso de envejecimiento. La baja participación de jóvenes indica que la puerta de entrada al mercado laboral ya no es este régimen, sino la informalidad. El grueso de los aportantes se concentra en entre 30 y 49 años, que explican casi la mitad del total de adherentes. Son quienes están en una etapa clave para acumular densidad de aportes previsionales, pero que lo hacen dentro de un esquema que, por su diseño, genera contribuciones muy bajas y prestaciones futuras subsidiadas. El reporte subraya: "Esta combinación de aportes insuficientes y trayectorias laborales prolongadas también anticipa un aumento estructural del gasto previsional, cuya magnitud será más significativa a medida que la demografía ejerza mayor presión sobre el sistema".Del trabajo también se desprende que 10% de los ocupados aporta por este régimen, con picos del 20% en CABA y registros altos en Entre Ríos (15%), Córdoba (12%), Santa Fe y La Pampa (11%). En el norte la incidencia es baja, lo que refleja alta informalidad.
La discusión por la Ley Fiscal Impositiva 2026 en la provincia de Buenos Aires abrió un frente de tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector agropecuario. Aunque en el articulado figura que no habrá revalúo territorial el próximo año, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) aseguraron que el Ejecutivo provincial se reservó facultades para hacerlo de todos modos. También advirtieron que el aumento del Inmobiliario Rural podría escalar hasta 130% y que la baja actualización en Ingresos Brutos dejará a productores dentro del régimen exento, obligándolos a tributar desde 2026. El sector sostiene que la provincia "no está dando certezas".Días atrás fue la SRA una de las entidades que alertó sobre la posibilidad de que el gobernador intervenga en las revaluaciones de los establecimientos rurales de la provincia "sin criterios consensuados", además de habilitar subas del tributo rural. En la entidad aseguraron que el proyecto de ley "traslada facultades centrales al Ejecutivo" que afectan directamente la previsibilidad de quienes producen en la provincia."Atentado a la salud pública": el senador Paoltroni denunció que en Formosa funcionan mataderos ilegalesEl primer punto crítico es el artículo 133 del texto oficial, que según la SRA habilita a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados "ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva".El segundo es el artículo 167, que "permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación", según señalaron.Campaña histórica: el trigo sorprende en amplias regiones con rindes superiores a los 6000 kilosEn diálogo con LA NACION, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, contó que mantuvo una conversación con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para plantear los puntos que inquietan al campo. "El funcionario me dijo que no estaba de acuerdo con el comunicado de la SRA e insistió que en el proyecto de ley no hay revalúo", relató.Aunque valoró el nivel de intercambio y el buen diálogo que existe con el ministro Rodríguez, Pino remarcó que el problema está en la contradicción entre artículos. "Si bien existe un artículo que habla de que el revalúo se va a postergar un año, después en un artículo dice que el gobierno bonaerense se guarda la potestad de poder realizar ciertos revalúos. Le dije al ministro que no estamos de acuerdo en las confusiones. Si se posterga, se posterga, pero no me guardo potestad de nada. O postergás o no postergás", enfatizó.Según el dirigente, el revalúo venía demorado de tiempo atrás: "Se debería haber realizado tres años atrás". Indicó que lo que genera inquietud es que la provincia diga que no lo hará en 2026 y "después saca este artículo donde el Ejecutivo provincial tiene la potestad de hacerlo". Por eso insistió en que la clave no es la suba en sí, sino la falta de seguridad normativa: "Dentro de tres meses, el gobernador decide hacer el revalúo y lo hace. Esto da confusión, hay que generar certezas más que dudas".El otro foco es el posible incremento del Inmobiliario Rural. Para Pino, el margen habilitado es excesivo. "El Ejecutivo tiene la posibilidad de aumentar hasta un 130%, cosa que nos parece un aumento disparatado. Sobre todo con una inflación que va en descenso", dijo. Agregó: "Con una inflación del 17% para el año que viene, más lo que viene atrasado, las cuentas nuestras nos dan hasta un 35% de aumento en el mayor de los casos, pero no un 130%. Eso es lo que nos parece que está mal".La SRA también viene cuestionando el esquema de bonificaciones por cumplimiento, al señalar que "mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley". Para la entidad, "la ausencia de parámetros claros genera un escenario de inseguridad normativa". Reclamó que la Legislatura "defina límites y alcances del tributo evitando delegar facultades esenciales al Ejecutivo".Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, recordó que cuando la provincia prorrogó la ley fiscal de 2024 para este año volvió a aplicar el 25% adicional en la cuarta cuota, lo que en la práctica "viene duplicada". Según advirtió: "Nos hubiese gustado que haya algún reconocimiento de la provincia y hacer descuentos extraordinarios por la situación que atraviesan varios partidos con las inundaciones y no cobrar esa quinta cuota o esta cuarta cuota duplicada; lamentablemente no fue así".El dirigente señaló que la decisión impacta especialmente en zonas bajo el agua: "Las boletas de la cuota adicional ya están llegando a 9 de Julio y a un montón de distritos que tienen problemas de inundación. La verdad que no lo terminamos de entender".Respecto de la nueva Ley Fiscal, alertó sobre la magnitud de la suba: "Los aumentos son increíbles, son del 120% para el inmobiliario rural y, por ejemplo, los topes de Ingresos Brutos aumentan solo un 40%". Según explicó, eso implica que "un montón de productores el año que viene pasarán a pagar Ingresos Brutos".Kovarsky cuestionó, además, el destino recaudatorio: "La provincia no ha entendido el norte que queremos para la Argentina y sigue teniendo esa visión de recaudar y de manejar la chequera". Y ejemplificó: "El gobierno bonaerense va a recaudar como US$80 millones más por todo esto, pero para la obra del río Salado pone solo US$4 millones. Ahí está la desproporción: al campo le cobrás un montón, pero en obras no vuelve".Carbap ya acercó a los legisladores un documento con su postura donde "observan el aumento del inmobiliario, los topes no actualizados de Ingresos Brutos, el impuesto a la herencia y el impuesto complementario".En este escenario, el sector productivo también advirtió un contexto político complejo para la discusión legislativa, con intendentes presionando por recursos y urgencia del Ejecutivo por aprobar la ley antes del recambio de legisladores de diciembre. "Los legisladores están tironeados entre los intendentes y sus intereses y el resto de la economía como el campo, que queremos que nos bajen los impuestos", explicó Kovarsky.En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria: "El Inmobiliario Rural es un impuesto segmentado, pensado para que cada productor aporte según su capacidad y, además, viene con una actualización por debajo de la inflación".También destacaron modificaciones a favor del contribuyente: "Proponemos eliminar la quinta cuota, mantener los beneficios para quienes pagan de manera anticipada y conservar la misma base impositiva. Esto muestra que seguimos trabajando con responsabilidad, previsibilidad y diálogo con el sector".
Según el organismo tributario de la Provincia de Buenos Aires, el recargo alcanza a un porcentaje reducido de partidas y mantiene las bonificaciones para contribuyentes cumplidores
La tributarista analizó el impacto de los rumores sobre la eliminación del monotributo y explicó por qué considera que el régimen debe preservarse. Leer más
Quienes reciban su factura del impuesto Inmobiliario Urbano Edificado y también del Inmobiliario Rural durante estos días se llevarán una sorpresa, o quizás no tanto. Tal como sucedió el año pasado, miles de bonaerenses deberán desembolsar en la cuota de fin de año el doble de lo que venían pagando para hacer frente a esos gravámenes. Es que el último pago llegará nuevamente duplicado por un "adicional", aunque -según aclararon en la provincia- el impacto no sería generalizado. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que ese último pago tanto del impuesto inmobiliario urbano -el quinto- como del inmobiliario rural -el cuarto- arribarán con un extra, que, según informó el gobierno bonaerense, se aplicaría de "manera focalizada" y sólo alcanzaría, prometen, a inmuebles de mayor valuación. En el gobierno que conduce Axel Kicillof informaron que, en el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional se aplica cuando la base imponible del inmueble supere los $31.465.000. En el Inmobiliario Rural, cuando esa base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.756. Más específicamente, en el Urbano Edificado, el adicional alcanzaría, según la provincia, a 8,72% de las 5.335.124 partidas (es decir, 465.338 partidas). En el Rural llegaría a 12,01% del universo. Esto es, 37.433 sobre 311.635 partidas.LA NACION pidió a ARBA ejemplos de los precios de las viviendas o los campos que estarían impactados, pero en la Agencia dijeron que es imposible porque "varía mucho". Más específicamente, señalaron que "una casa que paga adicional puede costar US$350.000 o US$400.000, pero otra vivienda que tiene muchos metros construidos, buena calidad constructiva, entre otras cosas, pero está ubicada en un barrio donde el valor de la tierra y el valor de mercado es bajo, también puede pagar adicional, aunque su valor de mercado no es igual uno al otro". El monto adicional tiene topes diferenciados según el tipo de inmueble: en el Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, el adicional no puede superar el 20% del impuesto anual determinado para el período. Para el Impuesto Inmobiliario Rural (componentes básico y complementario), el incremento máximo es del 25% sobre el impuesto liquidado. "Estos límites aseguran previsibilidad para los contribuyentes y acotan el alcance del adicional a los segmentos de mayor valuación", dijeron desde ARBA. Estos topes implican que las cuotas adicionales son igual a la última cuota recibida; por eso el monto a pagar se duplica. A un contribuyente que hasta ahora estaba pagando $66.008 por una propiedad en la Costa Atlántica le llegó una última cuota a abonar de $132.016,80, según contó luego de pedir anonimato. Otro, que vive en San Isidro y que mostró su factura a LA NACION explicó que venía pagando $92.677,90 en el año y ahora deberá desembolsar $176.088 (en este caso tuvo un descuento del 5%). El dueño de una casa en San Fernando está en una situación similar y pagará ahora ahora $365.027 en las arcas bonaerenses. "Este monto adicional se liquida junto con la última cuota del impuesto y mantiene los beneficios vigentes para quienes cumplen en tiempo y forma", informaron desde La Plata a LA NACION. "Los contribuyentes que están al día y adheridos al débito automático conservan bonificaciones de hasta el 10%; del mismo modo, quienes hayan optado por el pago anual también mantienen su bonificación, que se extiende al monto adicional", completaron las fuentes bonaerenses. Dónde fijarseAdemás, informaron que para verificar si una partida urbana o rural abonará el monto adicional, se encuentra disponible en el portal de ARBA la "Consulta Inmobiliario Adicional" (https://www.arba.gov.ar/ConsultaAdicionalInmo/consultaAdicionalInmo.asp).En el caso de los productores que hayan obtenido una exención -total o parcial- en el marco de las emergencias o desastres agropecuarios decretados por la provincia de Buenos Aires, se les aplicará un descuento proporcional en la cuota adicional. Esto significa que el beneficio será equivalente al porcentaje y al período de tiempo establecidos en el decreto correspondiente.En ARBA dijeron a este medio que están obligados por ley a aplicar la cuota adicional. De hecho, recalcaron que esa opción no estaba originalmente incluida en los proyectos del Ejecutivo que dirige Kicillof. "Se incorporó en 2024 como resultado de la negociación con las distintas fuerzas políticas en la Legislatura. No estaba previsto en el proyecto de Ley Impositiva 2025 (que no se sancionó) ni en el proyecto 2026, actualmente en debate", estimaron sobre el programa que tuvo dictamen de comisión hoy. "ARBA, por su parte, ejerce la administración tributaria y carece de facultades para modificar lo establecido por ley; su misión es aplicar y hacer cumplir las normas sancionadas", indicaron desde el organismo que conduce Cristian Girard. "Nosotros en el proyecto de ley 2024 pedíamos topes en función al monto de la vivienda. Algunos pagaban hasta el 30% como máximo de aumento, otros hasta el 60%. Los topes más altos se habían propuesto sobre propiedades de mayor valor. La oposición, sobre todo el PRO en su momento, pidió que se bajen esos topes. En esa discusión, en esa negociación, es que surgió la idea de incorporar una cuota adicional bajando los topes, pero incorporando una cuota más. Fue una propuesta que surgió, digamos, de la conversación con las diferentes fuerzas políticas. No estaba prevista en el proyecto original que mandó el Ejecutivo", explicaron. La cuota cinco del Urbano Edificado fue reprogramado al 25 de noviembre, mientras que la cuarta y última de Rural fue prorrogado al 18 de diciembre. Fuentes de la agencia indicaron que, aunque se haya optado por pagar el impuesto anualmente, al contribuyente le llegará la factura para pagar el adicional (sigue vigente la opción de abonar con el 10% de descuento). "Si tenés un campo y hay una exención por emergencia o desastre, también esa exención se corresponde proporcionalmente con la cuota adicional", agregaron. "No es una decisión de ARBA", había dicho Girard el año pasado en una entrevista a LA NACION cuando llegó entonces el adicional. "Es algo que se incluyó en la ley impositiva 2024, que se aprobó en diciembre en una legislatura donde no tenemos mayoría. Fue votada Junto por el Cambio, una parte de La libertad Avanza y por Unión por la Patria. Incluía dos artículos, uno para el inmobiliario urbano edificado y otro para el Rural, donde establecía que ARBA debía aplicar un adicional sobre la última cuota, con un tope. Es para el 9% de las partidas de mayor valuación fiscal. Lo que nosotros hacemos es implementarlo", dijo entonces. En 2024, más allá del adicional, esos impuestos habían tenido un aumento discrecional. Según contó Girard en ese momento, entonces se estableció la aplicación de un coeficiente entre cuotas para ajustar su valor, que estaba referenciado en una tasa de interés que cobra el Banco Provincia y que tiene un techo, que era del doble. "No todas las cuotas se actualizaron; solo una del impuesto inmobiliario urbano, la cuota dos y del rural solo en un 5% la tres", precisó en esa entrevista. En 2025, en tanto, pese a que la primera cuota -en febrero- no había tenido aumento nominal, hubo un alza en el Inmobiliario Rural en abril del 8%. En tanto, el Inmobiliario Urbano subió un 18%.
Las proyecciones de los analistas señalan que la sostenibilidad de las cuentas públicas depende de ajustes profundos en los ingresos y el gasto para evitar un mayor deterioro económico
La Sociedad Rural Argentina (SRA) se pronunció en contra de algunos puntos de la Ley Fiscal que buscará llevar adelante el gobierno de Axel Kicillof de cara al presupuesto provincial 2026. Entre otras cuestiones, la entidad, que preside Nicolás Pino, se opone a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo bonaerense intervenga en las valuaciones para el Inmobiliario Rural " sin criterios consensuados". La organización también rechaza que se puedan modificar cuotas y pidió que sean los legisladores quienes actúen y definan las condiciones que tendrá este tributo. "Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestamos nuestra preocupación frente al proyecto de Ley Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y reclamamos que sean los legisladores provinciales quienes definan con precisión todas las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural", señaló.Nueva oportunidad: el megaswap que puede otorgar el campoSegún la SRA, la iniciativa del gobierno provincial "traslada facultades centrales al Ejecutivo". Apuntó que así provoca "un marco de incertidumbre que afecta directamente la previsibilidad que necesitamos quienes producimos en la provincia".Respecto de los artículos objetados, apuntó: "Señalamos que el artículo 133 habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva". Agregó que otro artículo, el 167, "permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación".La entidad señaló que también el esquema de bonificaciones por cumplimiento "mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley". Remarcó: "La ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial genera un escenario de inseguridad normativa. Por ello, instamos a la Legislatura provincial a asumir plenamente su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo y evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo".Hace unos días, en tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fustigó al gobierno provincial por el cobro de un adicional del 25% en el Inmobiliario Rural. Se trata de lo que se conoce como la "quinta cuota" extra a la cuarta que pagan los productores. La entidad criticó que eso se conoce en medio de las inundaciones en la provincia, al margen de que los distritos afectados están bajo la emergencia. El gobierno bonaerense tiene eximidos del Inmobiliario Rural a 19 partidos. Encontrá acá todos los remates ganaderosAyer Carbap calculó que entre inundadas, anegadas y afectadas hay 5,8 millones de hectáreas comprometidas. Agregó que 1,5 millones de hectáreas podrían quedar totalmente improductivas y generar una pérdida de ingresos por US$2000 millones en un momento en que debe avanzar la siembra de soja y de maíz. En este contexto, la SRA se hizo eco del momento por el que atraviesa el agro provincial. "Seguimos advirtiendo que estamos inmersos en el mencionado debate en momentos donde miles de hectáreas están bajo el agua, declaradas en emergencia y desastre agropecuario, y donde el gobierno provincial debería estar proyectando la realización de las obras de infraestructura que permitan prevenir fenómenos climáticos adversos y la baja de impuestos para aliviar la situación", indicó.En cuanto a las obras del Salado, vale recordar que ayer Carbap pidió que haya un compromiso para que para 2030 todo esté terminado. Incluyó en la solicitud pedidos al gobierno provincial y el nacional. En este contexto, la Rural recordó: "Los productores venimos haciendo frente a un alto tributo provocado por la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada en diciembre del año pasado con adicionales extraordinarios (5ta cuota). Todo esto nos obliga una vez más reclamar un sistema tributario transparente y plenamente definido por ley, sin sorpresas ni turbulencias, para poder seguir produciendo e invirtiendo en la provincia de Buenos Aires".
En medio de las inundaciones que afectan a la provincia de Buenos Aires, la entidad pidió reconsiderar algunos artículos del proyecto de Ley Fiscal que envió el gobernador Axel Kicillof
Exportar es la única manera que tiene la industria automotriz de crecer, especialmente por la invasión de los importados. El Estado cobra un impuesto que encarece los productos pero algunas marcas lo evitan con otra ley
La presión social y política por los topes de el gravamen y los alivios que hay evidencia la urgencia de revisar el modelo de actualización de avalúos en el país
Con esto, los contribuyentes podrán regularizar saldos de declaraciones juradas del tributo, correspondientes a períodos fiscales no prescriptos
El impuesto a los Bienes Personales correspondiente al año actual alcanzará a quienes tengan activos gravados que al 31 de diciembre próximo estén valuados en algo más de $384,7 millones. La vivienda, en tanto, queda exenta hasta un valor de alrededor de $1346,5 millones (alrededor de US$970.000, si se considera el valor actual del dólar usado para las valuaciones en las dclaraciones de este tributo). Las cifras, calculadas por LA NACION, surgen de aplicar el método de actualización que está dispuesto por ley y que consiste en incrementar los montos vigentes para el año previo en igual porcentaje que la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a octubre.Según informó el Indec, entre octubre de 2024 e igual mes de este año la inflación fue de 31,3%. Los números mencionados en el primer párrafo son aproximados. Los definitivos, que dependerán del redondeo que se le aplique a la variación porcentual del IPC, deberán ser publicados próximamente por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).De acuerdo con lo establecido por la normativa, también se actualizan los importes incluidos en el cuadro de alícuotas, que definen cuánto se tributa. Además, la reforma a este impuesto incluida en la Ley de Medidas Fiscales Relevantes y Paliativas -aprobada por el Congreso en 2024, a propuesta del Gobierno-, en cada ejercicio fiscal se elimina la alícuota más alta de la tabla.De esa forma, por los bienes de 2025 y en el tramo más bajo, si el valor de los bienes gravados se excede del monto no gravado (es decir, de los $384,7 millones) en hasta $52,66 millones (aproximadamente), se abonará el tributo que resulte de aplicar la alícuota más baja, que es de 0,5%. En el segundo escalón, si el monto del patrimonio que excede de los $384,7 millones se ubica entre $52,66 millones y $114,1 millones, el impuesto tendrá un componente de monto fijo de $263.304, y se sumará el 0,75% del excedente de $52,66 millones. Si los bienes gravados suman más de $114,1 millones, habrá un pago fijo de $724.085 y se agregará lo que resulte de aplicar el 1% sobre lo que exceda de $114,1 millones (sobre el patrimonio, una vez descontado el monto libre del impuesto). Según los últimos cambios aprobados para el esquema de imposición, año a año se reduce la cantidad de alícuotas, hasta llegar al ejercicio fiscal 2027. Para ese entonces habrá una única tasa, que será de 0,25% sobre el valor total de lo que exceda el monto libre del tributo.Además, rige por 2025 un beneficio para los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones respecto de este impuesto entre 2020 y 2022. Para estos casos se reducen en 0,50 puntos porcentuales la alícuota correspondiente. Entre los requisitos para tener esta rebaja, no se deben haber blanqueado bienes en el plan de regularización que hubo en 2024.Entre las modificaciones aprobadas el año pasado se contempló la posibilidad (limitada en el tiempo) de adherir a un plan de pago anticipado del impuesto, que incluyó hasta 5 períodos anuales. Por esa razón, hay personas con altos patrimonios para las cuales no habrá por este año obligación con el fisco referida a este impuesto. Bienes gravados y bienes exentosMás allá del régimen de anticipos que deben abonarse, la obligación de presentar la declaración jurada y eventualmente pagar el tributo por 2025 (o el saldo que reste, tras los anticipos) llegará, en principio, a mediados de 2026.Entre los activos alcanzados por Bienes Personales están los inmuebles (con la mencionada exención para la vivienda), los automóviles (que quedan liberados de la carga después de 5 años de su ingreso al patrimonio), los ahorros en billetes, los bienes muebles registrables, los saldos de cuentas corrientes bancarias, los títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales, las criptomonedas, los saldos de billeteras virtuales, los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales, los créditos y los bienes y depósitos en el exterior.Están libres de esta carga los saldos de depósitos a plazo fijo y de cajas de ahorro, las cuentas individuales de seguro de retiro, las cuotas sociales de cooperativas, los inmuebles rurales, los títulos y bonos emitidos por el Estado y las obligaciones negociables y cuotapartes de fondos comunes de inversión que cumplan con ciertas condiciones.El valor a declarar por los inmuebles es el mayor de dos: el de adquisición o ingreso al patrimonio tras descontarse una amortización (un porcentaje) anual, o el fiscal. En el segundo caso, y de no mediar cambios, debe observarse el monto informado para fines de 2017 por la jurisdicción en la que está ubicada la propiedad, y debe ajustarse esa cifra por la inflación acumulada hasta el 31 de diciembre de este año.En cuanto a las tenencias de moneda extranjera, para la conversión a pesos se considera el valor del tipo de cambio que publica la AFIP para este impuesto, que se corresponde con el precio tipo comprador del Banco Nación al 31 de diciembre del año al que corresponde el tributo (en este caso, será de 2025). En el caso de determinadas inversiones alcanzadas por el impuesto y de los vehículos, deben observarse los valores que informa oportunamente la AFIP en su página.
Esta será otra nueva medida para penalizar a los conductores que circulen sin el distintivo ambiental
Los tributos a la gasolina y el diésel aportan 27.730 millones de euros anuales, lo que representa el 2% de los ingresos totales británicos. La industria teme que este impuesto pueda desincentivar la compra de coches eléctricos
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno tiene la intención de ampliar "fuertemente" la posibilidad de aplicar deducciones en el impuesto a las ganancias que pagan las personas que perciben un determinado nivel de ingresos. Esa sería la manera concreta en que, aprobación de una ley mediante, se lograría aliviar la carga, y, a la vez -según la idea de los funcionarios-, generar un incentivo para el pedido de facturas al realizar compras.En una entrevista en el canal La Nación+, Caputo dijo que una modificación prevista -de la cual no dio detalles- le va a permitir "a cualquiera que pague Ganancias deducir desde una cafetera hasta la cuota que paga de un crédito hipotecario".Las deducciones son montos que se restan del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto a las ganancias. En consecuencia, generan una reducción de la carga fiscal. Surgen de tres tipos de conceptos: hay deducciones definidas por la ley que rigen para todos y cuyo monto depende de si se trata de un asalariado, un jubilado o un autónomo (en la práctica, son las que provocan que quienes no llegan a un importe determinado de ingresos queden libres del impuesto); hay deducciones por familiares a cargo (cónyuge y/o hijos), y hay deducciones por una serie de gastos, que están enumerados en la normativa.Calculadora de Ganancias: calculá cómo queda tu sueldo tras las últimas actualizaciones del impuestoEn cuanto al monto que es deducible en el caso de los gastos, en general rigen topes. Es decir, no se resta del ingreso la totalidad del importe de una erogación, sino una parte. Y no todos esos valores máximos reciben el mismo tratamiento: hay algunos sujetos a una actualización automática por inflación, como el caso de los que rigen para la deducción de salarios del servicio doméstico o del alquiler de la vivienda, y hay otros que están congelados hace más de dos décadas, porque sus reajustes dependen de decisiones discrecionales y, en los hechos, ni los gobiernos anteriores ni el gobierno actual los modificaron. En este último grupo están, por ejemplo, los intereses por créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda (el tope es de solo $20.000 anuales), o los gastos por sepelio de la propia persona alcanzada por el impuesto o de familiares declarados a su cargo (se deduce una insignificante suma de $996,23).¿Cuáles son las deducciones habilitadas y qué topes se aplican? Las principales son las siguientes:â?¢ Hijos: deben ser menores de 18 años o estar incapacitados para el trabajo. Puede tomar el 100% del monto deducible uno de los padres, o bien puede dividirse el importe de la deducción en un 50% y 50%. Por los ingresos de todo 2025 se deducirán, cuando se haga la cuenta definitiva del impuesto, $2.140.852,77 por hijo menor de 18 años y $4.281.705,53 por hijo incapacitado para el trabajo.â?¢ Cónyuge: es condición que la persona no tenga ingresos o, si los tiene, que no supere una cifra que, por todo 2025, será de $4,5 millones. La deducción es por este año de $4.245.166,13.â?¢ Alquileres (inquilinos y propietarios): para los inquilinos rigen dos deducciones, que se declaran por separado. Una habilita a descontar del ingreso el 40% de lo pagado y consignado en la factura correspondiente; rige a la vez un tope que en 2025 será de $4.507.505,52. Es condición no ser propietario de ningún inmueble. La otra deducción permite descontar el 10% del importe del alquiler, sin tope y sin requisito en cuanto a no ser dueño; esta deducción del 10% es válida también para propietarios de inmuebles alquilados para vivienda.â?¢ Servicio doméstico: se deducen sueldos y contribuciones, con un tope que por todo 2025 es de $4.507.505,52.â?¢ Medicina prepaga: son deducibles, hasta un límite de 5% de la ganancia neta del año, las cuotas pagadas por los planes de salud.â?¢ Honorarios médicos: de la cifra facturada por prestadores y no reintegrada por la prepaga o la obra social, se deduce el 40% hasta un tope que se aplica al hacerse la liquidación del impuesto y que es del 5% de la ganancia neta.â?¢ Donaciones: deben ser para el fisco nacional o los fiscos provinciales y municipales, o para instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles, si están reconocidas por ARCA para esta deducción; el tope es del 5% del ingreso neto anual.â?¢ Seguros de vida y de retiro: en cada cobertura se aplica, para 2025, un límite máximo anual de $573.817,13, según informa ARCA en su página.â?¢ Gastos para educación: se incluyen cuotas de colegios y compras de útiles y herramientas para la educación de los hijos de hasta 24 años, si prácticamente no tienen ingresos propios; el tope deducible por este año es de $1.803.002.â?¢ Intereses por créditos: deben corresponder a un préstamo hipotecario para vivienda, pero es una deducción sin peso en la práctica, porque el tope anual está congelado desde hace más de 20 años en $20.000.â?¢ Gastos para adquirir indumentaria y/o equipamiento: debe tratarse de objetos de uso exclusivo en el lugar de trabajo y los debe haber pagado el empleado (sin recibir reintegro).â?¢ Aportes a Sociedades de Garantía Recíproca: en este caso no hay tope sino que se deduce el 100%, pero con la condición de que los aportes se mantengan en la sociedad al menos por dos años, contados a partir de la fecha en que se concretaron.Las deducciones enumeradas son, en líneas generales, las mismas para asalariados, jubilados y autónomos. En el caso de este tercer grupo, aclara el abogado tributarista Diego Fraga, también es posible deducir los gastos considerados necesarios para obtener el ingreso. Por ejemplo, el alquiler de un inmueble y los servicios, o los gastos del auto, "siempre con límites y con una mirada desconfiada clásica de ARCA". Tan clásica esa mirada que, en los últimos años, muchas veces las diferencias en las bases imponibles (el autónomo tributa Ganancias desde ingresos más bajos, en comparación con los asalariados) fueron justificadas por funcionarios o legisladores con el argumento de que quien desarrolla una actividad por cuenta propia tiene mayor margen para aplicar deducciones. Hay límites que, sin embargo, están absolutamente desfasados. Un informe reciente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, por caso, recuerda que una resolución de la AFIP (ahora ARCA) de 1998 fijó en $7200 el monto máximo deducible por "gastos de mantenimiento y funcionamiento de automóviles", siempre que se trate de vehículos cuya utilización sea el objeto principal de la actividad económica desarrollada. Ese importe no fue actualizado hasta ahora.
En cuanto a los detalles, el economista, Félix Schmidt, resaltó que, "puntualmente lo que se plantea es básicamente un ejemplo de un 10% que cobren directamente a las extracciones en efectivo". Leer más
Si bien comenzó a regir este lunes, desde la municipalidad aseguran que la ordenanza existe desde 2017.La oposición denuncia que la medida es inconstitucional, ya que el artículo 9 de la Carta Magna indica que no puede haber aduanas en el interior del país.
El gobierno de la ciudad de Formosa comenzó a aplicar esta semana un nuevo impuesto a camiones y colectivos que ingresan a la localidad sin estar registrados en la capital provincial. La medida, denominada "contribución al autotransporte", generó fuerte malestar entre los transportistas y usuarios, ya que impone un pago que oscila entre $7000 y $14.000 por vehículo.La nueva tasa â??que comenzó a regir este lunes 10 de noviembreâ?? fue duramente cuestionada, especialmente por dirigentes del arco opositor al gobernador Gildo Insfrán. Entre ellos, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien difundió un video en la red social X donde se observa el momento en que un conductor es detenido para abonar el tributo."La ciudad de Formosa cobra una 'contribución al auto transporte' para dejar entrar a los vehículos no registrados en el Municipio. ¡Se llevan puesta la constitución nacional como si nada!", escribió en su cuenta de la red social X.La ciudad de Formosa cobra una "contribución al auto transporte" para dejar entrar a los vehículos no registrados en el Municipio. Se llevan puesta la constitución nacional como si nada! (artículos 14 y 75 inc 13). #DegeneradosFiscales pic.twitter.com/tXIaDrdYa2— Diego Valenzuela (@dievalen) November 10, 2025En las imágenes se puede ver a un inspector municipal explicarle a un chofer la medida. "Estamos ejecutando la percepción a la ejecución al autotransporte. Es para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa que corresponda al transporte de carga o de pasajeros que ingrese al municipio", dice y advierte que puede abonarse mediante código QR o en efectivo, tras lo cual se entrega un certificado de libre tránsito válido hasta la medianoche del mismo día."El no abono corresponde a una contravención", marca el agente en el video.Por otra parte, la directora de la Administración de Ingresos Municipales de Formosa, Giovanna Díaz Roig, explicó al medio local La Mañana en Vivo que el tributo existe en el Código Tributario Municipal desde el año 2017 cuando se aprobó la ordenanza en el Concejo Deliberante, pero que no se había aplicado hasta ahora."Atento a la situación que atraviesa el municipio, con la quita de subsidios y un menor ingreso de recursos, nos vimos casi obligados a buscar nuevas fuentes de recaudación", indicó Díaz Roig. A su vez, buscó tranquilizar a los vecinos al adelantar que esto no le va a generar ningún tipo de gasto a los vecinos, y que todo el dinero que se recaude se utilizará para el arreglo de las calles.Finalmente, la funcionaria aclaró qué sucederá en caso de que un conductor no pueda pagar el impuesto. "No se le va a impedir la circulación del vehículo", ratificó y sentenció: "Como es una medida nueva, que la estamos aplicando, también es susceptible de reajustes, incluso en las formas de pago; las empresas lo podrán hacer en efectivo o por otros medios electrónicos y de manera semanal o mensual".
El exviceministro de Economía de Cristina Kirchner aclaró que el "impuesto al efectivo" contiene "tres patas": la eliminación del impuesto al cheque, el cobro del 10% a los retiros en efectivo y la baja de impuestos a las pymes para que estas se formalicen ante ARCA. Leer más
Un chofer grabó a un inspector que le exigió el pago de más de 23 mil pesos para permitirle ingresar a la capital de la provincia que gobierna Gildo Insfrán. La oposición elevará un reclamo a Vialidad Nacional
El exviceministro de Economía del gobernador Axel Kicillof, Emanuel Álvarez Agis, brindó detalles de su propuesta de impuesto al efectivo, una iniciativa que generó controversia y fue objeto de críticas por parte del presidente Javier Milei. En los estudios de LN+, desglosó su idea en tres pasos y lo calificó de "muy sencillo" ."Argentina tiene un gran problema de informalidad, lo que estamos en la formalidad pagamos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. No todos son delincuentes en la informalidad. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos, si pasan a la formalidad funden", comenzó en diálogo con Cristina Pérez.Alvarez AgisEn esa línea, explicó que su propuesta empieza con la "eliminación del impuesto al cheque", un tributo que, a su juicio, perjudica a quienes operan en la formalidad y están bancarizados. Sin embargo, reconoció que esta medida, si se implementa, generaría un aumento del déficit fiscal. En ese sentido, para compensar esta brecha, introdujo la segunda "pata" de su planteamiento: "un impuesto al efectivo"."Cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice: 'bueno voy a pagar con medio electrónico o billetera virtual' y eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrar en efectivo. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria lo fundís", remarcó.Y por último presentó la tercera parte de la propuesta que es "bajarle el impuestos a las pymes" para una transición a la formalidad sin riesgo de quiebra.Álvarez Agis también abordó las criticas del mandatario argentino, quien le tiró que "los impuestos son un robo". "Es una idea que sostiene un solo presidente en la faz de la tierra que es el nuestro", opinó.Y aclaró, en ese sentido, que su propuesta no busca incrementar la carga tributaria, sino redistribuirla. "Lo que estoy haciendo es que si la Argentina cobra 30 pesos por cada 100 pesos, yo digo bajale 5 pesos al que está formalizado y subir 5 pesos al que está en la informalidad", explicó.Y continuó: "¿Querés esquivar ese impuesto? Como consumidor te alejás del efectivo y pagás con medios electrónicos y como comercio te vas a blanquear con una estructura impositiva más liviana".Las críticas de MileiTras conocer la propuesta de Agis, expuesta en su paso por El Destape, el presidente lo consideró "un ladrón"."El que fue viceministro de economía de [Axel] Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero", escribió en X.Horas más tarde volvió cargar en la misma red social contra el planteamiento del exviceministro bonaerense y lo llamó un "disparate total"."Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? O más simple, que una de cada diez veces que vas a retirar dinero (asumiendo todas de igual monto) un chorro te afane. Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. El problema es que además son un ladrón estacionario", expresó.
El exfuncionario del kirchnerismo aseguró que su proyecto "de tres patas" no implica la suba de impuestos. "El único presidente que cree que los impuestos son robos es el nuestro", dijo sobre el libertario.
El presidente Javier Milei apuntó este lunes contra el economista Emmanuel Álvarez Agis luego de que el exviceministro de Economía propusiera la creación de un impuesto a la extracción de efectivo. El cruce se produjo a través de la red social X, donde el mandatario compartió un video con las declaraciones del economista y lo acompañó con una dura crítica: "Kirchnerista = ladrón"."El que fue viceministro de economía de [Axel] Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero", acusó, junto a las imágenes de la entrevista en la que Álvares Agis sugirió su propuesta.KIRCHNERISTA = LADRÓNEl que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo.Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en como recaudar más para ser ellos quienes deciden cuanto y en que gastar tu dinero. https://t.co/HkYGvOXJ3W— Javier Milei (@JMilei) November 10, 2025En un recorte de su paso por El Destape, Álvarez Agis plantea su teoría sobre un posible "impuesto al efectivo", que, según explicó, podría incentivar la formalización del comercio. "Voy al cajero, pongo $1000 y salen $900", resumió el economista para ejemplificar su idea.El posteo inicial que compartió Milei pertenece al actual presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, quien criticó a la oposición y aseguró que "los kukas" quieren implementar un impuesto al efectivo. "Dios mío, córranse. Déjennos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está. Fracasaron. No sirven para nada", consideró.Noticia en desarrollo
Un debate sobre tributos al uso de dinero en billetes desató cuestionamientos desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. El economista aclaró que propone eliminar el Impuesto al Cheque y reemplazarlo por un Impuesto al Efectivo
El impuesto de sucesiones es un tributo que corresponde a los herederos por la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de un familiar o allegado, y cuya recaudación depende de cada comunidad autónoma
El gobierno local evalúa aplicar un cobro a los visitantes que ingresen en auto, con el fin de obtener recursos para reparar infraestructura dañada por los recientes huracanes
El gravamen fue revivido en 2022 con la reforma tributaria que aprobó el Congreso de la República y con la que se buscaba recaudar hasta $20 billones
El debate por la presión tributaria sobre el campo vuelve a instalarse en Córdoba. Mientras el Poder Ejecutivo provincial se prepara para presentar el Presupuesto 2026, una de las principales incógnitas es qué sucederá con el Impuesto Inmobiliario Rural, luego del aumento del 174% aplicado este año. En ese contexto, un informe del ingeniero agrónomo Néstor Roulet, productor agropecuario y exvicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), analizó en detalle la carga impositiva que afronta el sector agropecuario cordobés y advirtió que el campo aporta mucho más de lo que comúnmente se reconoce."El objetivo de este trabajo es aclarar algunas afirmaciones sobre el aporte del campo en los impuestos provinciales y buscar soluciones concretas a la problemática de infraestructura rural", explicó Roulet en su estudio titulado Impuestos al campo en la provincia de Córdoba."Más vale tarde que nunca": el campo espera que la ayuda del Gobierno descomprima las inundacionesSegún el especialista, aunque muchas veces se afirma que el campo no paga Ingresos Brutos, la realidad es distinta. "La provincia de Córdoba cobra Ingresos Brutos a todas las cadenas de bienes y servicios que son proveedoras de la producción agropecuaria", señaló. En otras palabras, si bien el productor no lo abona directamente, este impuesto "se encuentra incluido en el precio final que paga la producción", ya que cada eslabón lo traslada al siguiente en la cadena.Roulet recordó que los Ingresos Brutos, a diferencia del IVA, "son plurifásicos y acumulativos", lo que incrementa el costo final de los insumos y servicios rurales. Por ejemplo, la venta mayorista de agroquímicos tributa 3,5% y la minorista 3%, lo que, sumado en cada etapa, impacta de manera considerable en el precio que termina pagando el productor, indicó."Era el momento": llegó a la Argentina una marca de lujo en maquinaria agrícolaEn su análisis, el ingeniero calculó el aporte del sector para los tres principales cultivos de la provincia: soja, maíz y trigo. Solo por este concepto, el agro cordobés deja en Ingresos Brutos más de $470.000 millones, de los cuales la soja aporta unos $206.800 millones, el maíz $193.600 millones y el trigo $69.600 millones; considerando insumos, labranza, cosecha, fletes y alquiler. "Estos montos surgen del último eslabón de la cadena de bienes y servicios, sin considerar la acumulación impositiva de los eslabones previos", aclaró.A ese monto, Roulet sumó los aportes indirectos de la lechería y la ganadería, que se estiman en $52.800 millones y $42.182 millones, respectivamente. Entonces, en total, el campo cordobés contribuye con unos $565.000 millones en concepto de Ingresos Brutos, lo que representa el 21% de la recaudación total de la provincia por este impuesto que es de $2.614.328 millones", precisó el experto. De acuerdo con su estudio, el peso del impuesto provincial sobre la producción agropecuaria es tan alto que "el campo paga el doble por Ingresos Brutos que por el Inmobiliario Rural ($256.000 millones)". En números: el primero representa el 69% de los tributos que salen del sector hacia la provincia, mientras que el inmobiliario explica el 31%. El total de estos dos impuestos es de mas de $821.140 millones.En este escenario, Roulet dijo que, si bien el 98% del Impuesto Inmobiliario va al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), la gran pregunta es si ese fondo alcanza para cubrir las necesidades (en caminos, saneamiento, seguridad) que tiene el sector rural.Remarcó que no hay que olvidarse que los caminos rurales son de los años 1940 y 1950 y la producción de leche, carne y granos de 2025. "A esto hay que sumarle el cambio de clima, donde las últimas lluvias produjeron muchos daños, convirtiéndolos intransitables", enfatizó.Por último, afirmó que "este fondo tiene un aporte agotable, donde no se puede subir constantemente el inmobiliario y las necesidades son inagotables". "¿No será momento de tener en cuenta el aporte del campo a rentas generales a través del Impuesto de Ingresos Brutos?", cerró.
Los ingresos del Impuesto al Valor Agregado se mantuvieron constantes en octubre en términos reales. Las proyecciones de los privados y cómo jugarán las tasas
En medio de las inundaciones que afectan el centro oeste de la provincia de Buenos Aires desde principios de año, en lo que va de 2025 la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que otorgó "beneficios de exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos que sufrieron graves inundaciones y registraron altos niveles de afectación en su capacidad productiva".Del dron al algoritmo: cómo la inteligencia artificial revoluciona la producción agropecuariaSegún expresaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), al menos unos cinco millones de hectáreas en territorio provincial se encuentran con anegamientos o directamente inundadas. La situación se complicó con la seguidilla de las últimas lluvias que dejaron importantes acumulados. ARBA dio a conocer hoy que hasta el momento los distritos alcanzados por las declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario son Bolívar, Carlos Casares, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Junín, Las Flores, Monte, Nueve de Julio, Puan, Saladillo, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Veinticinco de Mayo e Hipólito Yrigoyen. Ante una consulta de LA NACION, fuentes del gobierno provincial indicaron que, hasta el momento, poco más de 2000 partidas solicitaron la exención. Se trata de un número bajo y por ello es importante que los productores que se consideren afectados realicen el trámite. ARBA señaló que los beneficios alcanzan a explotaciones con más del 50% de afectación y contemplan exenciones impositivas, prórrogas en los pagos y reprogramación de obligaciones crediticias con el Banco Provincia. "La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba), integrada por representantes del Estado provincial â??en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrarioâ?? y de entidades rurales, analiza la documentación presentada por las y los productores, y aprueba las declaraciones de emergencia o desastre correspondientes. Una vez formalizado el trámite por parte de la Cedaba, ARBA aplica de manera automática las exenciones o prórrogas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural", indicaron.En el organismo explicaron que los productores tienen que gestionar el certificado de emergencia o desastre ante el Ministerio de Desarrollo Agrario, "presentando la documentación respaldatoria de la explotación y la constancia de inscripción en ARCA que acredite el ejercicio de la actividad agropecuaria"."Quienes se encuentren en zonas declaradas en emergencia deben acreditar al menos un 50% de afectación en su capacidad de producción, mientras que para los casos de desastre el porcentaje mínimo asciende al 80%", precisaron. Reiteraron que durante el período de vigencia del beneficio "se suspenden las ejecuciones fiscales por seis meses y se otorgan prórrogas automáticas para los vencimientos de créditos con el Banco Provincia"."Es un antes y un después": apoyos y reparos a la obligación de hacer la identificación ganadera electrónicaPara el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, "estos beneficios están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías"."Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario", dijo el funcionario.Detalló que "la declaración de emergencia o desastre puede ser individual â??en campos específicosâ?? o a nivel distrital. En todos los casos, la provincia realiza un monitoreo técnico riguroso para validar los daños y definir los beneficios de forma transparente y equitativa".
Los productores tendrán los beneficios de exenciones y prórrogas del tributo rural por los daños provocados por las inundaciones
La norma, aprobada esta semana, se convierte en pionera en Europa y se asemeja a otras leyes que rozan lo absurdo
Por medio del Decreto 728/2025, publicado en el Boletín Oficial, desde el Ejecutivo diagramaron un nuevo cronograma para actualizar las subas pendientes. Leer más
Por medio del Decreto 782/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció un nuevo aumento en el impuesto a combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo noviembre, el cual repercutirá en los valores de la nafta y el gasoil, y constará de una actualización que corresponde al 2024. La última suba había sido anunciada en agosto y rigió para septiembre y octubre.A través del decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Poder Ejecutivo impuso que para las naftas se aplicará una suba de $15,557 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $0,953 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $12,639 por litro para el gravamen general, $6,844 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,441 por litro por el gravamen al COâ??."El incremento total en los montos de impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo que resulte del remanente de la actualización correspondiente al año calendario 2024 y de las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres calendario del año 2025, en los términos del artículo 7° del Anexo del Decreto N° 501/18, surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de diciembre de 2025, inclusive", detallaron.Según informaron en la normativa, los montos actualizados derivan de la fórmula de ajuste trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "El propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones", sostuvieron.Desde 2018, el impuesto sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se actualizan cada tres meses siguiendo la evolución de la inflación, pero distintas administraciones resolvieron posponer su aplicación para contener el impacto en los precios de venta al público.
El pago extra de fin de año está regulado por la ley, que establece límites claros para la exención del ISR
La iniciativa busca transformar el sistema tributario colombiano para simplificar los procesos fiscales y reducir la carga que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes)
La revisión del gravamen moviliza a líderes del sector bancario y exministros, que advierten sobre sus efectos en la modernización y la equidad del sistema tributario
Con la firma del Decreto 767/2025 se actualizaron los requisitos y montos mínimos para declarar transacciones de comercio exterior. Leer más
A través del Decreto 767/2025, actualizaron los requisitos y montos mínimos para declarar transacciones de comercio exterior
La medida también prohibiría que condados y municipios recorten el financiamiento de los cuerpos policiales
Con esta modificación se podrá solicitar la reducción desde el tercer anticipo. Además, actualizó los montos mínimos que determinan si una solicitud será sometida a controles especiales. Leer más
El organismo recaudador introdujo reglas para que empresas y contribuyentes puedan recalcular montos pagados por adelantado, actualizó los valores mínimos y aplicó mecanismos especiales para elevar la transparencia
En función de la comunidad autónoma en la que se resida, el valor de los activos y la relación con el fallecido, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones puede ser más o menos elevado
El centro de estudios advierte que el gravamen a las transferencias electrónicas desincentivaría el uso de pagos digitales y frenaría la inclusión financiera
Crece la preocupación en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por un proyecto de ley que consiste en aplicar un impuesto de 1% sobre los ingresos de estas empresas para financiar el deporte. La iniciativa ya tiene aprobación de las tres comisiones a las que se había girado y está en condiciones, por lo tanto, de tratarse en la Cámara de Diputados.Se trata de un gravamen similar al que se conoció como "impuesto Enard", que cobraba el mismo porcentaje del 1% y que fue eliminado en 2017. En aquel caso, impactaba solo a la telefonía móvil, mientras que ahora se pretende incluir también a internet y televisión. El proyecto afirma que este impuesto, con el que se busca financiar al nuevo Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (Cofard), comprenderá a aquellos operadores que tengan más de 10.000 clientes. Según estimaciones del sector, esto significa que impactará en 100 operadores, lo que representa 100% del mercado móvil, 90% de banda ancha (Internet) y 88% de televisión paga. La autoría del proyecto, que modifica la ley 26.573, corresponde a Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz, del bloque Unión por la Patria, y ya cuenta, como se dijo, con dictamen de las comisiones de Deportes, Comunicación y Presupuesto de Diputados.Según la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), si algunos legisladores cercanos al oficialismo -varios de los cuales votaron a favor en comisión- acompañan la iniciativa, esta podría avanzar. Según la redacción del texto, el 1% se agregaría al precio del servicio, pero el cliente no lo distinguiría en la factura. Los cálculos elaborados por distintas cámaras del sector arrojan que lo que se recaudaría en este concepto sería aproximadamente $120.000 millones por año. Federico Fornelli, presidente de la ATVC, dijo que, de aprobarse este proyecto, "se castigaría a una industria que es habiltadora de la educación, el trabajo, la ciencia y la tecnología, que sin ningún motivo se vería obligada a financiar el deporte".Además, Fornelli enfatizó: "Se obligaría a pagar un sobreprecio en un sector para financiar el deporte. Nos parece bien que se destine dinero a ese fin, pero no que ese costo recaiga sobre nuestra industria. Debería recaudarse impuestos de manera general y que después esa suma sea distribuida por el Congreso". Otro punto en el que se hace hincapié desde el sector es que "esta industria ya está sobrecastigada". En este sentido, Fornelli señaló: "Más del 40% del servicio corresponde a impuestos. Además de los clásicos (Ganancias, IVA, etcâ?¦), paga Ingresos Brutos y tributos específicos (internos, tasas municipales, derechos radioeléctricos)".Además, destacan en el sector, la industria TIC aporta el 1% de los ingresos totales devengados para constituir el Fondo de Servicio Universal (FSU), destinado a financiar proyectos de conectividad y acelerar la digitalización. Solo en 2024, el aporte total del sector por este concepto fue de $58.800 millones.Enrique Carrier, analista especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, escribió al respecto en su newsletter semanal. "De convertirse en ley este proyecto, las empresas tendrían que aportar el 2% de su facturación (1% al FSU y otro 1% al Enard), lo cual duplicaría la carga específica del sector", opinó. La diferencia, según Carrier, es que, en el caso del FSU, los fondos regresan al propio ecosistema a través de programas y proyectos; en el del Enard, se trata de una tasa con un destino completamente ajeno. "En los hechos, equivaldría a una doble imposición sectorial encubierta", afirmó el especialista.Consultado por LA NACION, Carrier comentó que lo que hay que propiciar es que haya menos impuestos y no más. "Pero si se va a agregar un impuesto específico, este debería aplicarse al propio sector que se verá favorecido o a alguno que esté vinculado con él. ¿Por qué la industria TIC o cualquier otra que no esté relacionada con el deporte, debería financiar el deporte?", remarcó. Carrier agregó que, "además, esta iniciativa demuestra que en la mente de la clase política todavía persiste una imagen del sector TIC propia de hace una década, cuando crecía a tasas chinas y todo era una fiesta". Y sugirió: "Deberían ver los números con más detalle para darse cuenta de que aquellos tiempos quedaron definitivamente atrás".Otro eje del reclamo de la industria TIC es que sus cámaras pidieron que se las citara en las tres comisiones que trataron el proyecto y en ningún caso tuvieron éxito. "Tampoco fue citado el organismo regulador, el Enacom, para ver qué opinaba sobre esta nueva carga al sector", agregó Fornelli. También diez miembros de la comisión de Comunicaciones e Informática expresaron su disidencia parcial con el texto aprobado por la mayoría. Esos diputados son Marcela Antola, Ana Carla Carrizo, Christian Castillo, Mariela Coletta, Carlos D'Alessandro, Eduardo Falcone, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Marcela Pagano y Oscar Zago. En una comunicación a la Cámara de Diputados, señalaron que, si bien comparten el objetivo general del proyecto, "el mecanismo de recaudación vulnera principios constitucionales y regulatorios esenciales". Dijeron que hay desproporcionalidad fiscal, distorsión de mercado y competencia y riesgo de concentración económica.Consultada por LA NACION, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras del proyecto, señaló: "Yo sé que las TIC manifiestan que no les gustan proyectos que usen a las empresas como vehículos para el cobro de impuestos; pero esto es parte de los mecanismos que tiene el Estado para garantizar financiamiento". En tal sentido, Tolosa Paz subrayó que "esto no es un impuesto que no se puede trasladar al cliente". Y, para explicar cuál sería el impacto en el usuario, agregó: "Iparraguirre hizo una averiguación en Enacom y le informaron que una familia tipo gasta $60.000 por mes en servicios de las TIC, con lo cual este impuesto significaría $625 mensuales; es decir, lo que cuesta un pasaje de subte".
Representaba el 5% de los ingresos nacionales en 2024, pero fue equilibrado por mayores aportes y contribuciones a la seguridad social, además de una mejora en el IVA y los combustibles
La precandidata presidencial criticó la propuesta que busca aplicar la retención en la fuente a operaciones en Bre-B y en billeteras como Daviplata y Nequi
El argumento oficial del Ministerio de Hacienda, para justificar el proyecto de decreto para gravar los pagos realizados a través de la plataforma, es la necesidad de unificar el tratamiento de la retención en la fuente
La ley establece un límite específico para la exención fiscal en el pago de esta prestación laboral
El ministro de Economía adelantó que la reforma tributaria de Milei incluirá una reducción del impuesto a las Ganancias, la eliminación de tributos distorsivos y un esquema impositivo más simple y federal. Leer más
El Ministro de Economía sostuvo que los proyectos de ley de segundo orden que se enviarán al Congreso incluyen la baja, eliminación y simplificación de impuestos
En una reunión de las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que congregó a más de 70 legisladores, se aprobó por amplia mayoría, de 66 votos, emitir dictamen para el proyecto de ley para recuperar la autonomía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y crear un Plan Federal de Desarrollo Deportivo."Este dictamen es un paso fundamental para recuperar la autarquía del sistema deportivo y devolverle al país la previsibilidad que necesita para planificar y crecer en el alto rendimiento", aseguró Rogelio Iparraguirre, diputado de Unión por la Patria, que elaboró el proyecto junto a su compañera de bancada Victoria Tolosa Paz.Esta iniciativa, que propone modificar la ley 26.573, tiene como objetivo restaurar la autonomía financiera del organismo a través de la restitución y la ampliación del cargo de 1% sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones, una contribución que fue eliminada durante la gestión del presidente Mauricio Macri.Según explicaron Iparraguirre y Tolosa Paz, el nuevo esquema propuesto abarca telefonía móvil y fija, servicios de internet y televisión por cable, lo que permitiría recaudar alrededor de 70 millones de dólares anuales para el financiamiento del deporte de alto rendimiento en el país. El proyecto se propone, con esos recursos, garantizar becas acordes con las necesidades de los atletas y honorarios adecuados para entrenadores y técnicos, y fortalecer la infraestructura y la formación deportiva en toda la Argentina.Además, de ser aprobado por el Congreso Nacional, creará el Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), que distribuirá 40% del total de los fondos por índice de coparticipación, y se establecerá un plan federal que permitirá a las provincias y a los municipios acceder a programas de apoyo a los deportistas que pretendan acceder al alto rendimiento.Hoy en @DiputadosAR dimos un paso fundamental para devolverle al deporte argentino y a sus deportistas lo que nunca debieron de haber perdido: obtuvimos dictamen para devolverle la autarquía al ENARD y el financiamiento necesario para poder planificar a mediano y largo plazo. pic.twitter.com/DkKGPeq53q— Rogelio Iparraguirre (@rogetandil) October 21, 2025"Con esta ley buscamos recuperar y ampliar la base de nuestro alto rendimiento, y hacerlo con una mirada verdaderamente federal", explicó Iparraguirre, que además advirtió que la iniciativa no tendrá un costo fiscal y que "permite fortalecer el diseño y la planificación de políticas públicas deportivas". A su vez, reconoció que "la situación no es nueva. Nobleza obliga, han pasado tres gobiernos y no se recuperó la autarquía". Y habló del Consejo Federal que pretende crear: "Con el COFARD vamos a asegurar que cada provincia cuente con financiamiento para acompañar a sus atletas, sin distraer recursos de los presupuestos locales destinados al deporte social y comunitario".Hubo otras opiniones. Christian Castillo, diputado de MTS-Frente de Izquierda Unidad, aclaró que su fuerza va a "acompañar el proyecto, pero con dos disidencias", y puntualizó cuáles son las divergencias: "Pedimos que la fuente de financiamiento esté a cargo de las empresas que brindan servicios y que las becas se otorguen con más derechos".En cambio, Alberto Benegas Lynch (n.), presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, se opone al proyecto y anticipó que La Libertad Avanza presentará un dictamen de rechazo. "Es válido el punto de vista de los deportistas pero creo que, tantos los deportistas como los artesanos, emprendedores, etc. (y salvo los políticos), se dedican a vender bienes y servicios que otros pagan voluntariamente", razonó. Y opinó: "La actividad privada es la que tiene que sustentar esta cuestión".El dictamen fue aprobado por los bloques Compromiso Federal, Innovación Federal, Democracia Para Siempre, Coherencia, Frente de Izquierda y parte de Coalición Cívica. Más adelante será tratado en el recinto y, en caso de ser aprobado, pasará al Senado de la Nación.
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El presidente Javier Milei señaló que los productores agropecuarios "se beneficiaron" de la suspensión de las retenciones que la semana pasada solo duró tres días. Esa medida le permitió al Gobierno que los exportadores anotaran exportaciones por US$7000 millones para intentar contener la suba del dólar.Así se refirió el jefe de Estado en una entrevista con A24. Milei dijo que antes de la medida oficial la soja estaba en US$295 y ahora se encuentra en torno de los US$350 por tonelada. El mandatario expresó que era "falso" que hubiera sido una medida para pocos operadores."Se anuncia una norma que es hay que liquidar o sea, era un cupo de 7000 millones de dólares o al 31 de octubre, lo que ocurriera primero", dijo Milei. Agregó que "se llegó a 7000 millones" y "cortó"."Los impuestos distorsivos deben ser eliminados": fuerte reclamo de la Bolsa de Cereales por las retencionesEn la entrevista, el jefe de Estado señaló que la soja trepó de 295 dólares a US$350. Y remarcó: "Te das cuenta que sí se beneficiaron los productores". Milei defendió la quita temporal de retenciones. Crédito: A24De acuerdo con datos oficiales, los exportadores registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19,5 millones de toneladas. De eso se estima que los productores vendieron 40%. Según Milei, las empresas exportadoras "tienen que salir a comprar, no tienen todos los granos, tienen que comprar". "No es para festejar": pronosticaron una cosecha récord y más dólares, pero un economista hizo una dura advertencia"El mejor reflejo es que de 295 te vas a 350, es más, cuando estaba el kirchnerismo la soja estaba en 600 y el productor recibía 250. Hoy en Chicago está a 400 y recibe 350, es el precio más alto de los últimos 25 años", indicó. Ante una consulta sobre qué pasará con los derechos de exportación "hacia adelante", el jefe de Estado afirmó: "La idea hacia adelante, siempre, es bajar impuestos. Nosotros le hemos bajado 43 cargas al campo. Son 43 mejoras que se le dio de manera directa al campo". Añadió: "Yo odio las retenciones, pero siempre qué dije, cómo voy a hacer para bajar los impuestos". En otro tramo Milei amplió que el objetivo del gobierno nacional es devolverle US$500.000 millones a los argentinos en impuestos. "Nosotros, cuando llegamos, había 450.000 millones de dólares de deuda consolidada entre Nación y Banco Central, Tesoro. Hoy hay 450.000, o sea, además en estos 20 meses pagamos deuda. De acá al futuro, de mantenerse la hipótesis base de crecimiento, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares. Mirá si estamos pensando seriamente en bajar los impuestos", señaló.
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La medida regirá hasta el 31 de octubre y los exportadores deberán liquidar el 90% de las divisas en un plazo máximo de tres días hábiles tras el embarque.
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