La decisión responde al decreto emitido en materia de salud el pasado lunes. En el mismo se indicaba la creación del ANES y el estatus del nuevo esquema
Son tres normas distintas. Se creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud y se disolvió el Instituto Nacional del Cáncer y de Enfermedades Cardiovasculares. El Poder Ejecutivo ya no podrá crear nuevos hospitales SAMIC, como el Garrahan
El nuevo organismo centralizará la gestión administrativa, financiera y jurídica de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e Inareps.
Una nueva agencia en la órbita del Ministerio de Salud concentrará la administración de los hospitales nacionales cuya gestión no sea compartida con otras jurisdicciones. En adelante, el manejo de las compras y contrataciones, los recursos humanos o el recupero de prestaciones de cinco centros de salud pasará a la llamada Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), según anunció hace instantes el vocero presidencial, Manuel Adorni. Su creación se publicará mañana en Boletín Oficial. Los cinco hospitales son el Posadas, el Baldomero Sommer, el Laura Bonaparte, el Ramón Carrillo (ex Colonia Montes de Oca) y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), en Mar del Plata. Con un equipo más reducido en cada área administrativa, que funcionará como enlace con la agencia, esos establecimientos retendrán la gestión de las necesidades de compras de insumos, reparaciones de equipos y otras urgencias que surgen y hay que resolver a diario para la atención de los pacientes. La decisión se oficializó en medio de un conflicto que escala con médicos residentes, personal de planta profesional y de otras áreas, y gremios con representación en los establecimientos de gestión nacional."El objetivo es unificar la administración de los hospitales, no la prestación médica, que continuará como ahora. En eso, no habrá cambio alguno. Al simplificar la gestión administrativa, se elimina burocracia, todo es más transparente y los resultados son mejores", señalaron a LA NACION en el Ministerio de Salud sobre la creación de este organismo descentralizado dentro de su organigrama. Aún queda por definir si funcionará en el edificio de esa cartera, sobre la Avenida 9 de Julio, en el centro porteño, o en uno de los hospitales. Al frente estará Diego Masaragian, que es actual director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, y de él dependerán los directores ejecutivos de los cinco hospitales. Desde la ANES ejecutarán el Plan de Eficiencia de Hospitales, que revisaron en marzo pasado con las autoridades de los 12 establecimientos que dependen de la Nación, incluidos los Samic [por Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad] o interjurisdiccionales -compartidos con los distritos donde funcionan- como El Cruce (Florencio Varela), Cuenca Alta (Cañuelas), Del Bicentenario (Esteban Echeverría), Dr. René Favaloro y Néstor Kirchner (La Matanza), De El Calafate (Santa Cruz) y Garrahan (con la Ciudad de Buenos Aires, que retuvo un 20% de su gestión). "El plan sirve para los 12 hospitales, y así se vino trabajando estos meses con las distintas áreas y directores, pero en el caso de los Samic, la gestión administrativa no se puede unificar por este régimen", aclararon en Salud ante la consulta. "En los demás, ahora, en lugar de tener cinco áreas de recursos humanos, servicios jurídicos, contabilidad y compras, va a estar todo esto centralizado", agregaron. En los hospitales, esas áreas no desaparecerían, sino que quedarían "en espejo" con un equipo más reducido, a modo de "pequeñas unidades", y el resto, en la ANES. "Todos los hospitales necesitan el manejo administrativo de las necesidades diarias, de urgencia, resolver gastos, comprar prótesis, reparar equipos. Los integrantes de esas unidades también trabajarán con la ANES", indicaron desde la cartera sanitaria a LA NACION. Esa dotación, en ambos casos, se irá definiendo en el plazo que se abre a partir de la publicación de la creación de la nueva agencia, al igual que el proceso de traspaso de competencias. En los cinco hospitales, son 174 los cargos de conducción y hay 1968 empleados con tareas administrativas y de apoyo, de acuerdo con registros oficiales. En el Gobierno estiman que la ANES estará operativa al 100% a partir de enero del año que viene. El presupuesto nacional asignado a las cinco instituciones, como así también el recupero de sus prestaciones a otras coberturas o países, también pasarán a las funciones de la agencia. Objetivo y antecedentes"Esta unificación no solo reducirá estructuras superfluas, sino también facilitará la normalización de precios en la adquisición de bienes y servicios. A través de convenios y tramitaciones, la ANES apuntará a mejorar los servicios que prestan los hospitales bajo acuerdos que aseguren una asignación de recursos adecuada", plantearon en Salud. "Esta medida busca corregir las irregularidades en la gestión de los fondos", continuaron sobre la decisión oficial.Según indicaron, fue a partir de "graves irregularidades que se detectaron en los procesos de licitación, servicios tercerizados, compra de insumos y las auditorías realizadas dentro del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales". Citaron, por ejemplo, las compras de medicamentos sin planificación o la contratación de servicios de seguridad y limpieza a cooperativas, pero sin los requisitos que exigen las normas laborales vigentes o en exceso en cantidad de personal para las tareas a cumplir. Argumentaron oficialmente que fue, así, que "se llegó a la conclusión de que una gestión centralizada permitiría un mayor control de los procesos y un mejor uso de los recursos".
Un nuevo ente centralizará la administración de los hospitales nacionales.Es parte de una serie de decretos para "reordenar el sistema de salud".Aseguran que el objetivo es optimizar la utilización de recursos escasos.
Dos proyectos que inquietan al Gobierno quedarán mañana en condiciones de discutirse en el recinto de la Cámara de Diputados. Se trata de la declaración de emergencia en salud pediátrica y de una iniciativa para garantizar el financiamiento de las universidades públicas. La oposición buscará dictaminar y volverá a tensar la relación con Javier Milei, que ya avisó que vetará cualquier medida que comprometa el equilibrio fiscal.Ambas propuestas apuntan a recomponer los salarios de médicos, docentes y personal auxiliar, además de actualizar los recursos para asegurar el funcionamiento de hospitales y universidades. Durante la última sesión, que terminó en escándalo, sólo los libertarios y un puñado de diputados de Pro se opusieron a forzar el debate en comisiones. Las iniciativas lograron 66 y 68 votos, lejos de los 87 necesarios para sostener un eventual veto presidencial.El resto de los bloques -incluso aquellos que hasta ahora se mostraban cercanos al oficialismo- pidió habilitar la discusión. Entre ellos estuvieron Mariano Campero y Martín Arjol, dos de los seis radicales "con peluca" que rompieron con su bancada para respaldar a Milei. Los emplazamientos también revelaron ocho ausencias clave en Pro, decisivas para el objetivo oficialista de evitar que el Congreso se convierta en un frente abierto en plena campaña.Este martes habrá dos plenarios para dictaminar los proyectos. El primero, a las 12, reunirá a las comisiones de Salud, Familia y Presupuesto para tratar la propuesta de Unión por la Patria (UP), impulsada por el tucumano Pablo Yedlin, que declara la emergencia sanitaria pediátrica por dos años.El proyecto contempla una recomposición salarial para el personal de salud que atiende a población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales, con un piso equivalente al ingreso real de noviembre de 2023. Además, exime del impuesto a las ganancias a quienes realicen tareas críticas, horas extras o guardias, tanto en el ámbito público como privado. También autoriza la compra directa de insumos y medicamentos esenciales, y obliga al Poder Ejecutivo a cubrir los costos con fondos de contingencia sanitaria.El segundo plenario será a las 16, con participación de las comisiones de Educación y Presupuesto. Allí se debatirán seis proyectos: cuatro sobre el financiamiento universitario, uno sobre la actualización salarial docente, y otro de la izquierda que propone declarar la emergencia presupuestaria de las universidades.Las propuestas sobre financiamiento universitario incluyen dos de UP, uno consensuado por radicales, Coalición Cívica y Encuentro Federal, y otro elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y presentado por las diputadas Blanca Osuna (UP) y Danya Tavela (Democracia). Todas buscan asegurar recursos para el ejercicio fiscal 2025.¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Las universidades siguen funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023. Está en su nivel más bajo en casi 20 años, con una caída real del 32%. Sin recursos, se paralizan la docencia, la investigación y la extensión.— Danya Tavela (@danyatavela77) July 4, 2025Coinciden en la necesidad de actualizar los gastos de funcionamiento, aunque difieren en la metodología. UP y el proyecto del CIN proponen ajustes automáticos desde el 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con actualizaciones bimestrales o mensuales. El proyecto opositor más moderado plantea un esquema combinado que incluye IPC, variación cambiaria y tarifas de servicios públicos.En cuanto a los salarios docentes y no docentes, la mayoría establece que deben ajustarse según la inflación acumulada desde fines de 2023, con posteriores actualizaciones periódicas. La iniciativa Democracia, la CC y Encuentro Federal, en cambio, propone convocar a paritarias y fijar un piso equivalente al incremento del Índice de Salarios del sector público.Todos los textos contemplan la ampliación y actualización por inflación de los programas de becas estudiantiles, así como el fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades, a través de partidas específicas.El proyecto del CIN es el único que incluye un mecanismo de financiamiento: propone transferencias mensuales del Tesoro Nacional al programa de "Desarrollo de la Educación Superior", a partir de la "Proporción Universitaria" de los fondos coparticipables, sin afectar la distribución provincial.También se destaca por establecer una meta de largo plazo: alcanzar el 1,5% del PBI en inversión universitaria para 2031. Esa cláusula, que vincula el presupuesto al PBI, representa una línea roja para la política fiscal del Gobierno. El proyecto incluye además un fondo anual de $10.000 millones (actualizable por IPC) para promover carreras estratégicas, como Inteligencia Artificial.Por su parte, el proyecto del Frente de Izquierda es el más ambicioso. Declara la "emergencia presupuestaria" de las universidades y propone una batería de medidas: cuadruplicar el presupuesto en ciencia y técnica; saldar salarios perdidos por inflación en un solo pago; destinar $3.000 millones iniciales y $10.000 millones mensuales a obras sociales universitarias; asignar $100.000 millones para infraestructura y $30.000 millones para tareas de extensión. Para financiarlo, plantea usar fondos del Tesoro, eliminar pagos de deuda "ilegal y fraudulenta" al FMI y aplicar impuestos extraordinarios al capital y a la renta financiera.Por último, se debatirá una propuesta que apunta a recomponer el salario docente en los niveles obligatorios, formación técnica y docente. Obliga al Poder Ejecutivo a convocar paritarias en un plazo de cinco días desde la sanción de la ley, y establece que el salario mínimo no podrá ser inferior a la inflación acumulada desde enero. También exige restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno. Según los fundamentos del proyecto de Osuna, el salario mínimo docente garantizado, hoy en $500.000, debería superar el millón de pesos para no quedar por debajo de la línea de pobreza.
La concentración se realizó en reclamo por la nueva modalidad de las residencias que impulsó el Ministerio de Salud. Fuertes cuestionamientos a la medida
Recorren las salas de pediatría y hogares para regalar sonrisas y contención a los chicos.Este año se sumaron un Batman, una Superchica y una Mujer Maravilla.
"Estamos más de mil residentes y concurrentes de la Asamblea de la ciudad movilizándonos por nuestros derechos", dice Franco Capone, residente de Medicina General y Familiar del Hospital Penna. Este jueves por la mañana, los residentes de hospitales porteños realizan un paro con movilización hacia la sede del Ministerio de Salud de la ciudad. La concentración comenzó a las 10 en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes y avanza hacia Bolívar 1. La Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA ratificó la medida como respuesta a lo que denominan "un nuevo ataque" impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación a través de Mario Lugones.Marcha de residentes de medicinaLa convocatoria llama a sumarse a residentes de hospitales nacionales y de la provincia de Buenos Aires, a ingresantes y a usuarios y familiares del sistema público de salud, con la idea de marchar en unidad para enfrentar lo que describen como un ajuste que golpea la salud pública y sus condiciones de trabajo. Bajo la consigna "En defensa de la Salud Pública" y el lema #SinResidentesNoHayHospital, el reclamo apunta a frenar lo que consideran un avance contra sus derechos laborales y la calidad de la atención.Ayer, el gobierno nacional actualizó el reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas que "recupera el concepto de beca" al excluir "cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio". Así, en adelante, los residentes podrán optar entre dos maneras de percibir ese ingreso: por una Beca Institución o una Beca Ministerio.Los profesionales en formación de los hospitales porteños sumaron a la convocatoria este nuevo reclamo que surgió ayer, además de los de falta de insumos y de mejoras salariales. "Faltan insumos"Media hora antes de la hora pactada, un grupo de seis residentes se reunió en la esquina de Callao y Corrientes. No se conocían entre sí, pero hablaban de lo mismo: sueldos, insumos, horas extra y cansancio acumulado. "Nosotras nos empezamos a sumar hace muy poco a las asambleas, pero nos unimos porque no podemos más, luchamos por nuestros salarios que son muy bajos, es una combinación de todo", contó una residente a LA NACIÓN. Otra sumó: "Faltan insumos, los sueldos no alcanzan, la problemática de los turnosâ?¦ tenemos muchas necesidades". Mientras tanto, llegaban colegas de otros hospitales: Ramos Mejía, Gutiérrez, Borda, Álvarez, Piñero, Fernández, Penna y postas de salud de la Ciudad. A medida que se acercan a Callao al 398, comenzaban a aparecer los primeros carteles: "Residente próximamente becario", tachado con rojo y reemplazado por "Precario". Otros mensajes que se leían en la calle y en las pancartas improvisadas eran claros: "Sin residentes = sin especialistas = no hay salud :(", "Basta de precarización laboral", "No somos becarios, somos residentes", "Somos residentes", "No becarios, no".Con guardapolvos y megáfonos, empezaron a explicar a los vecinos de la zona por qué estaban allí. Una residente tomó la palabra y gritó: "¡Luchen! ¡Luchen! Estamos de paro por la lucha de los derechos que se ponen en juego con el tema de las becas y las residencias. No queremos becas. Estamos en un reclamo salarial: con aplausos no se llena la heladera, salario digno para los esenciales". Un cartel rojo se alzaba sobre la avenida Corrientes: "Salud pública en paro", se leía, mientras los autos que circulaban acompañaban con bocinazos y algunos aplausos desde la vereda.El impacto de las becasPasada una hora de la convocatoria, la columna cortaba un carril de Corrientes y avanzaba rumbo a Bolívar 1. Macarena, residente del Hospital de Niños Gutiérrez, contó a LA NACIÓN que la consigna cambió en las últimas horas: "La marcha estaba programada para reclamar mejoras salariales, pero en vista de lo que pasó con la idea de que las residencias sean becas, cambiamos el eje. Lo que quieren hacer es que trabajemos de lunes a viernes, más guardias de 24 horas que no se pagan como extras. Eso ya pasa hoy, pero además quieren que hagamos 48 horas de guardia, a veces 36, sin aportes jubilatorios, sin obra social. La verdad que noâ?¦". Y agregó sobre la falta de diálogo: "¿Si alguna vez tuvimos respuesta? No, ninguna. En 2022 hicimos un mes de paro sin guardias porque tampoco respondían. Es desesperante porque ya trabajamos muchísimo, estudiamos muchísimo, estamos a cargo de pacientes críticos todo el tiempo, no dormimos y encima no nos pagan. Lo que va a terminar pasando es que no haya médicos residentes en el país y eso es un problema para la salud pública".Mientras avanzaba la columna, resonaban los cánticos: "Sin residentes no hay hospital", "Precarizados no vamos a trabajar", "Llamen al ministro de Salud para que vea que este equipo no cambia de idea, pelea por el hospital", "Resi sí, beca no". Los pasos se mezclaban con los bocinazos de autos que mostraban apoyo. Entre la multitud también se veía al dirigente de izquierda Gabriel Solano. Franco Capone detalló a LA NACIÓN: "Trabajo en la Villa 21-24, en el Cesac 35. Estamos más de mil residentes y concurrentes. Vamos a Bolívar 1. La situación es brutal: el Ministro de Salud, Mario Lugones, quiere cerrar las residencias y pasarlas a becas, que dejemos de ser trabajadores. Si empiezan por Nación, siguen por la Capital y terminan en la provincia. Es un plan que van a querer desarrollar en todo el país. Lo vemos en hospitales como el Posadas, en salud mental, en el Garrahan: residentes pobres que trabajan 24, 28, 30 horas sin dormir, atendiendo a los hijos de toda la población". Y completó: "Hoy a las 5 de la tarde vamos a acompañar a los compañeros del Garrahan. A las 4 nos concentramos en Plaza de Mayo y a las 5 hacemos una conferencia de prensa. La semana pasada fuimos a movilizar y no nos recibieron. Esperamos que esta vez sí nos escuchen y podamos dialogar sobre la urgencia presupuestaria. Necesitamos un salario acorde a la canasta básica familiar, o que la supere, y pelear por la salud pública porque la situación es brutal".La columna avanzaba sobre Corrientes, entre bombos, aplausos, megáfonos y banderas improvisadas que repetían la misma consigna: #SinResidentesNoHayHospital.
Lo dispuso la secretaría de Energía en medio de la ola de frío en todo el país. Esperan una demanda récord para esta noche
A través de un comunicado, los médicos preparan una marcha con un paro incluido. Desde el Ministerio de Salud aseguran que se trata de la posibilidad de elegir la modalidad en la que desean realizar su formación
A partir de la nueva camada de profesionales de la salud que ingresarán a las residencias nacionales en dos meses, podrán optar dentro de ese sistema de formación entre dos formas de remuneración. Una, abonada por la institución donde siguen su formación de posgrado y, otra, a cargo del Ministerio de Salud, como hasta ahora. Ambas becas seguirán financiándose con fondos nacionales, pero en el caso de las instituciones podrán mejorar la oferta del Estado con recursos propios. Así surge de una actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas que el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Es al día siguiente de la jornada en la que miles de profesionales matriculados -este año, hubo 13.476 inscriptos- rindieron el Examen Único de Residencias por una vacante en ese sistema. En un contexto de crisis, como el que sigue inmerso el sistema de salud en general, habrá que ver que efecto tendrá esta medida. ¿Los hospitales podrán destinar dinero a mejorar esas remuneraciones? ¿Habrá competencia por atraer un recurso humano escaso y así cubrir vacantes en especialidades críticas que quedan libres año tras año? "El objetivo es recuperar el rol formativo de la residencia, corregir las distorsiones y parches acumulados durante más de una década, y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas", indicaron desde la cartera nacional a cargo de Mario Lugones. La medida se definió durante el paro de residentes del Hospital Garrahan que se extendió por varios días en reclamo de una mejora de la remuneración, que se abona por recibo de sueldo, como el resto de los empleados de la administración pública aun cuando se trata de una beca. A ese reclamo, se plegaron otros residentes de hospitales nacionales, como el Posadas, en Morón, o el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), en Mar del Plata.Por el reglamento que ahora se vuelve a actualizar, los profesionales que anualmente se incorporan al sistema de residencias en las vacantes con financiamiento nacional firman un convenio con el Ministerio de Salud que define responsabilidades y obligaciones entre ambos, incluido el régimen de actividad profesional a cumplir, el presentismo y normas disciplinarias. En el conflicto con los residentes del Garrahan, el área de Investigación y Docencia de la que dependen esos profesionales los intimó a suspender el paro que llevaban adelante y volver a sus puestos de trabajo en función de ese convenio firmado. Un incumplimiento puede llevar a la pérdida del certificado de especialidad al completar la residencia. La nueva norma derogó la actualización reglamentaria de 2015, año en el que los residentes se movilizaron para reclamar por las condiciones laborales y beneficios, que se asimilaron a los de los empleados de la administración pública. "Durante 10 años, los gobiernos kirchneristas implementaron «parches» para maquillar las irregularidades que se daban en las prácticas de formación y el Estado asumió responsabilidades que no le correspondían -señalaron en Salud al respecto-. Es necesario sincerar esto para devolverle a las residencias su condición de práctica profesional supervisada por una institución. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla."ActualizaciónLa actualización publicada hoy, según sostiene el Gobierno, "recupera el concepto de beca" al excluir "cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio", detallaron. Así, en adelante, los residentes podrán optar entre dos maneras de percibir ese ingreso: por una Beca Institución o una Beca Ministerio. En ambos casos, el financiamiento nacional seguirá cubriendo el mismo monto por residente. Las instituciones, a la vez, podrán mejorarlo con fondos propios y rendir cuenta por el dinero que recibieron de la Nación.Pero, a diferencia de la Beca Ministerio, será el hospital el que asigne la beca en ese caso. "Los residentes que elijan esta opción percibirán el monto sin descuentos con la posibilidad de sumar aportes o bonificaciones adicionales a criterio de la organización. La ART, el seguro de mala praxis y el seguro de salud también serán cubiertos por la institución sin que eso afecte el monto de la beca", ampliaron desde la cartera sanitaria. En tanto, los que opten por la Beca Ministerio la "percibirán con el descuento por los aportes previstos en el régimen previsional y serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional". Pero, "no tendrán acceso a los bonos adicionales que otorgue la institución, que deberá hacerse cargo de cubrir su ART y el seguro por mala praxis", aclararon. En la recomposición de la remuneración que Salud otorgó a los residentes del Garrahan, el ministerio echó mano a los fondos que el hospital obtiene legítimamente del recupero de prestaciones a otras coberturas y países. Así, reforzó el ingreso de los residentes con $300.000 de un bono de $200.000 que percibe todo el personal del Garrahan mensualmente. Esto potenció el reclamo dentro del hospital en el resto de los profesionales de planta. "El nuevo reglamento, que entra en vigencia desde su publicación, busca ordenar las competencias y responsabilidades que le corresponden a cada una de las partes implicadas. La función del Estado es establecer el marco dentro del cual se debe realizar la formación. Por su parte -plantearon desde Salud-, las instituciones deben recuperar su autonomía para poder adaptar las becas a sus propias necesidades y establecer un vínculo directo con los residentes, a quienes debe acompañar durante sus procesos formativos." Los residentes que se incorporen a los hospitales en septiembre ya podrán optar una u otra beca. También lo podrán hacer los que ya están dentro del sistema. "Quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento", explicaron en la cartera sanitaria.
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Luego de las duras protestas en distintas clínicas o laboratorios privados, llegó el acuerdo. La llave para desactivar el conflicto fue un pacto entre empresarios del mundo de la salud y representantes sindicales de la sanidad que avalaron aumentos del 1,5% mensual para mayo, junio y julio -a pagarse retroactivamente- y un bono extra. Fuentes que asistieron a la reunión, en la que estuvo presente la directora de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, Mara Mentoro, confirmaron la rúbrica efectuada por ambas partes.De esta manera, la negociación paritaria de Salud, que, según fuentes sindicales, impacta sobre 300.000 trabajadores, cerró apenas por encima del 1% que se le atribuye como techo al Gobierno. Vale la aclaración: fuentes oficiales niegan que el Ejecutivo empuje para llevar los acuerdos paritarios hacia esa variación porcentual. En paralelo, una de las incógnitas que dejaron las conversaciones entre empresas de medicina privada y los gremios de la sanidad, encabezados uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer, es qué peso específico tendrán los bonos. Sumado al 1,5% por mes, en mayo dicha suma extraordinaria alcanzará los $25.000; en junio, los $40.000 y en julio, $60.000, según confirmaron las partes negociadoras.Participantes de la negociación resaltaron el efecto que tendrá el bono, ya que permite engrosar el recibo de fin de mes de los trabajadores sin estampar una paritaria demasiado elevada -algo que no desea el Gobierno- y, en simultáneo, abre el juego a que cada sanatorio, clínica, laboratorio o geriátrico pueda mejorar el número que paga a sus trabajadores con base a sus propios resultados empresariales. Antes del acuerdo, los negociadores describieron que los sindicatos buscaban un aumento del 3,5%, dos puntos porcentuales más de lo que finalmente terminaron firmando. Sin embargo, fuentes gremiales desmintieron que haya existido dicha meta, ya que indicaron que su objetivo era alcanzar un número que le gane a la inflación.Desde el sector privado habían anticipado que si la paritaria llegaba a ese número, una de las posibles consecuencias podría haber sido un aumento en el costo de las prestaciones. Es decir, de las cuotas. Así las cosas, y con un 1,5% más un bono, afirmaron que no está claro si eso exige una corrección por arriba de la evolución de la inflación.El acuerdo se pareció más a la propuesta del sector privado. Tal como adelantó LA NACION, las empresas buscaban llevar aumentos salariales alrededor del 1% mensual acompañados por bonos.Más allá de los detalles del resultado final de las negociaciones, en las firmas de medicina privada destacaron que el acuerdo sirve para desactivar el conflicto de las últimas semanas.Tal como había dado cuenta este medio, los gremios habían empapelado muchas instituciones con carteles que apuntaron contra "empresarios miserables", aludiendo a la patronal del sector. Otra de las consignas que se leía en clínicas, laboratorios y distintos centros de asistencia fue la de "salarios dignos", según pudo observarse.De esta manera, los empresarios aguardan que la tensión baje y que la cartelería se retire. Cómo continuará el precio de las cuotas de la salud privada, cómo impactará esta paritaria en la de los otros sectores y si el recurso del bono llegó para quedarse son los interrogantes abiertos que dejó la experiencia en salud.
Como médico de guardia del Hospital Municipal de San Cayetano, distrito situado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, los días 26 y 27 de octubre de 2019, Cristian Rodríguez atendió a Isabel G. L., una vecina. La revisó en su casa y en el centro de salud, desde donde le dio el alta. La mujer, a las pocas horas, empeoró y él volvió a atenderla en su domicilio. Tras evaluarla, ordenó su traslado al hospital donde finalmente falleció.Rodríguez, que presentaba un título supuestamente expedido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una matrícula nacional de médico rubricada, en teoría, por el Ministerio de Salud de la Nación, trabajó además desde 2014 en un sanatorio de Villa Adelina, en San Isidro; en una clínica de Munro y un sanatorio de Olivos, en Vicente López, en una empresa tabacalera y un centro de diagnóstico y tratamiento situados en Martínez, también en la zona norte del conurbano.Ahora, Rodríguez está detenido con prisión preventiva. Está acusado de ejercer ilegalmente la medicina, según una investigación del fiscal federal Carlos Rívolo."Específicamente y en lo que aquí interesa, se verificó, entre otros, la falsedad de un título de médico atribuida su expedición a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con fecha 18 de diciembre de 2013 y una matrícula nacional de médico nro. 148.145 supuestamente expedida por el Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el juez federal Sebastián Casanello al fundamentar el procesamiento con prisión preventiva de Rodríguez. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del sospechoso hasta cubrir la suma de $100.000.000.En la resolución, a la que tuvo acceso LA NACION, el juez Casanello explicó: "Ha quedado demostrado que Rodríguez brindó atención médica sin contar con el título habilitante de profesional médico a Isabel G. L. tanto en el hospital municipal de San Cayetano como en su domicilio particular y que estuvo a cargo de sus cuidados los días previos a su fallecimiento".Según las declaraciones testimoniales incorporadas en el expediente, Rodríguez asistió a la vecina de San Cayetano en la guardia del hospital y en una ambulancia. Todo fue corroborado, además, por historia clínica digital de la paciente, que tenía 86 años."El análisis de la conducta de Rodríguez en este tramo de la imputación me lleva a la conclusión de que el nombrado incurrió en el delito previsto en el artículo 106 del Código Penal de la Nación que reprime a quien 'pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de entre dos y seis años. La pena será de reclusión o prisión de entre tres y diez años, si a consecuencia del abandono, resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de entre cinco y 15 años de reclusión o prisión'. En efecto, el imputado deberá responder en calidad de autor por haber abandonado a su suerte a Isabel G. L., quien se encontraba en una situación de manifiesta vulnerabilidad, siendo una paciente de 86 años de edad, con múltiples problemas de salud (hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, dislipemia, diabetes, postrada, artrosis) y presentando un cuadro que requirió asistencia médica domiciliaria en dos oportunidades consecutivas el día 26 de octubre de 2019â?³, explicó el magistrado en la citada resolución.Al fundamentar el procesamiento, el juez Casanello afirmó: "Rodríguez incrementó el riesgo para la vida y salud de la víctima, al hacerse cargo de su atención médica sin poseer los conocimientos, competencias y habilitación legal necesaria, privándola de la posibilidad de recibir asistencia médica real y efectiva por parte de un profesional debidamente capacitado y como consecuencia de ello se produjo su deceso el 27 de octubre de 2019â?³.No hay dudas, sostuvo el juez en el fallo, de que Rodríguez conocía la falsedad de los documentos [el título y la matrícula de médico] porque no egresó de la Facultad de Medicina y los utilizó para engañar a las víctimas (empleadores y pacientes)."Se ubicó en posición de garante, omitiendo proveer luego los auxilios necesarios, pese a haber conocido también la existencia del riesgo y delicado estado de salud de Isabel G. L. [la vecina de San Cayetano]. Todas estas circunstancias son prueba de la existencia de dolo en su conducta", explicó el magistrado.Además de trabajar en hospitales públicos y clínicas y sanatorios privados, Rodríguez atendió a pacientes en un consultorio situado en Moliere al 1600, en el barrio porteño de Monte Castro. El falso médico ya había citado a prestar declaración indagatoria cuando, a principios de mayo pasado, se presentó un testigo, cuya identidad se mantiene en reserva en el expediente, que aportó los datos sobre el trabajo de Rodríguez en el consultorio de la calle Moliere."El 9 de mayo pasado una persona -cuya identidad se encuentra reservada- se comunicó con la fiscalía manifestando que Rodríguez continuaría ejerciendo la medicina. Se le recibió declaración testimonial, oportunidad en la que explicó que el investigado continuaba trabajando en el consultorio médico situado en Moliere 1649, haciéndose pasar por médico utilizando el número de matrícula 148.145. En efecto, luego de materializarse ciertas medidas de investigación y corroborarse los últimos hechos denunciados, se procedió a la detención del encausado con el objeto de recibirle declaración indagatoria, y se procedió al allanamiento de la propiedad donde se ubicaba el consultorio referido secuestrándose documentación y efectos vinculados a la pesquisa".El allanamiento y detención del sospechoso estuvieron a cargo de detectives de la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina (PFA).El procedimiento, los detectives policiales secuestraron un equipo para hacer ecografías, 79 agujas, 24 jeringas, 20 ampollas de vidrio, 79 ampollas de vidrio de varios inyectables, 22 bolsas de nylon transparente con artículos varios de insumos médicos, un aparato similar a un tensiómetro, documentación a nombre del falso médico, una bicicleta para realizar ergometrías, fichas médicas, cuatro teléfonos celulares, una notebook, dos computadoras, una receta con el nombre y apellido del detenido con la inscripción médico cardiólogo.
El clima está visiblemente tenso en los centros de salud. Alcanza con pasar por la vereda para notarlo. El gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, empapeló muchas instituciones con carteles que apuntan contra los empresarios "miserables", según los términos del mensaje. La pelea es por dinero, ya que la discusión es por la paritaria del sector de la salud para este año. Hasta allí, nada demasiado novedoso. Sin embargo, en el camino hacia el corazón del problema empiezan a aparecer elementos sorprendentes. Con el condimento adicional de que mañana habrá un nuevo encuentro en la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, en el que podría haber definiciones.Los empresarios de la salud y el gremio discuten desde hace días cuál va a ser la recomposición salarial de 2025. Hace dos viernes, según algunos de los asistentes, estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo, pero no se llegó a firmar. En una reunión muy convocante, los trabajadores estuvieron representados por Daer, que también integra el triunvirato que conduce la CGT. Del otro lado estaba la FAPS, que maneja José Sánchez, entre otras organizaciones de representación empresaria como Adecra, Cedim, Confeclisa, los hospitales de comunidad (el Italiano, el Alemán, el Sirio Libanés), Cepsal, Cadime y los geriátricos.Los empresarios temen que Daer, con quien mantienen una relación razonable en la mayor parte del tiempo desde hace décadas, esté especialmente envalentonado. En un acto de renuncia infrecuente para el sindicalismo, ya anunció que dejará este año la conducción de su gremio y también dará un paso al costado en la CGT. La sospecha de los empresarios es que el líder sindical pueda tensar la cuerda más allá de lo habitual para retirarse con gloria de cara a sus representados.El gremio pide una recomposición aproximada de un 3,5% para cada uno de los meses que van de mayo a julio. Pero choca contra una pared: el gobierno de Javier Milei puso la regla no escrita de no homologar paritarias por encima del 1%.El problema para los empresarios es mayúsculo. Lo primero que harán tras conceder un aumento en los salarios es darse vuelta para tratar de financiarlo mediante un incremento en la cuota que les cobran a los afiliados, en el caso de las prepagas, o a través de un aumento en los servicios que prestan. Este último es el caso de los sanatorios, por ejemplo.Tras la liberación de precios que puso en marcha Javier Milei, las prepagas se lanzaron a recuperar la inflación reprimida durante la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Los aumentos fueron considerados excesivos por la Casa Rosada, y el sector privado enfrentó denuncias por supuesta cartelización. Ahora, las empresas de la salud no quieren dar un paso que vaya en la dirección contraria de lo que sugiere el Gobierno.Los enviados del ministro de Salud, Mario Lugones, se esmeraron en pasar ese mensaje este año. El miércoles 5 de marzo hubo un encuentro revelador en Salud. Las principales empresas del sector se reunieron con la viceministra Cecilia Loccisano y Claudio Stivelman, gerente general de la Superintendencia del área. Bajo la bandera de la libertad, los funcionarios les mostraron a los empresarios que quizá no estaban contemplando todo lo bueno que hacía por ellos el gobierno de Javier Milei al momento de calcular los aumentos para los afiliados. Los empresarios entendieron y empezaron a aplicar ajustes por debajo de la inflación o en el límite.En el sector privado, además, no todos tienen la misma situación. Algunos sectores más "pudientes" están dispuestos a firmar por encima de la pauta oficial para evitar problemas en las clínicas. Les molestan más los carteles de Daer y ver sus problemas ventilados en los medios de comunicación que pagar un punto porcentual por encima de lo que espera el equipo económico. Es decir, hay empresarios que quieren ser relativamente generosos con los aumentos.Otros, en cambio, están más complicados y apenas llegan a cubrir los salarios actuales. Se cuentan entre ellos algunos de los denominados hospitales de colectividades e incluso ciertos centros privados saben que tienen que dar un aumento, pero manejan cifras más bajas. La versión del gremio es distinta. Daer venía conversando con los empresarios e incluso llegó a intercambiar números con Claudio Belocopitt (Swiss Medical), quien se corrió de la representación pública del sector tras el encontronazo del año pasado con el Gobierno. El jefe gremial considera que sus representados perdieron 24,85% de poder de compra en 2024. Por eso, no está dispuesto a convalidar nada por debajo del 10,5% de recomposición a julio de este año.El jefe de la CGT, además, niega que el Gobierno esté en el medio. En la última reunión en trabajo, sostiene, la directora de Relaciones Laborales, Mara Montoro, dijo que el Gobierno estaba dispuesto a homologar una recomposición en esos niveles.Daer ya tiene definida su agenda para mañana. Si la reunión en Trabajo sale mal, convocará a un plenario que derive en medidas de fuerza que "van a paralizar todo".Del temor a una escalada mayor en los establecimientos médicos, las diferencias internas entre los prestadores y el nulo interés de las prepagas en entrar en conflictos con el ministro de Economía, Luis Caputo, surgió una propuesta que el sector privado llevará a la mesa mañana. Se trata de aplicar aumentos salariales que ronde el 1% mensual, como quiere el Gobierno, pero acompañados por bonos variables de $25.000, $50.000 y $75.000.La idea surgió de la inspiración de Camioneros, el sindicato de Hugo Moyano. Acordó un aumento salarial de 3% en tres cuotas por el trimestre junio-agosto y una suma fija no remunerativa de $45.000. El convenio fue homologado por Trabajo.La funcionalidad de los bonos es amplia. De cara al requerimiento del Gobierno, permite rellenar un poco más el bolsillo de los empleados sin pasar el límite del 1% con el que se maneja Economía. Y cada sanatorio o subsector de la Salud podría "personalizar" el monto que paga de acuerdo con su situación económica. Una muestra de la tensión que vive el sector se vio días atrás. Julio Fraomeni, dueño de Galeno, empezó sacar en persona las pancartas que se improvisaron en la puerta de La Trinidad, en Palermo, y rompían la prolija línea de uno de sus sanatorios estrella.Solo falta saber si el gremio aceptará la propuesta. Es lo que buscan los empresarios, ansiosos por enviar al personal de limpieza a despejar las fachadas de sus clínicas los carteles que los llenan de adjetivos negativos.
Se trata del mayor hospital medieval del norte del país, que llegó a atender a más de 200 enfermos
CÓRDOBA.- Salta fue la primera provincia de la Argentina en cobrar a los extranjeros la atención médica que no sea de emergencia, a partir de abril del año pasado. En los primeros cinco meses de este año, solo se asistieron 141 pacientes foráneos no residentes en el sistema público de salud, que pagaron (de sus bolsillos o coberturas sociales) $50 millones. Según datos oficiales, en ese período la baja ronda el 97%.Los precios que deben pagar los no residentes siguen el nomenclador de la obra social local, el Instituto Provincial de Salud (IPS), que van desde una consulta a $10.500 a $335.000 por un día en cama de terapia intensiva. Para tener una idea de la presión que implicaba la afluencia de pacientes de países limítrofes, entre enero y febrero de 2024 los hospitales de la zona fronteriza provincial atendieron a 3800 extranjeros.Ahora el Ministerio de Salud salteño elaboró un comparativo con los volúmenes de no residentes asistidos entre enero y mayo de este año y en el mismo período de los dos anteriores. El resultado es una baja del 42,86% en el Hospital de Tartagal, del 55,26% en el Materno Infantil de la capital provincial, del 95,45% en el Profesor Salvador Mazza y de casi el 90% en el de San Ramón de la Nueva Orán. "Esta drástica reducción en la demanda por parte de pacientes no residentes impactó positivamente en la operatividad de los centros de salud", señalaron desde la cartera sanitaria.Federico Mangione, ministro de Salud, señaló que en los primeros cinco meses del año se registró el ingreso "de solamente de 141 extranjeros a los hospitales públicos de la provincia, lo que significó un recupero de costos superior a los $50 millones. Esta cifra representa un ahorro sustancial que puede ser redirigido para fortalecer aún más el sistema sanitario y mejorar la calidad de las prestaciones".Subrayó que la reglamentación del cobro a no residentes fue una "decisión estratégica y responsable. No solo permitió aliviar la carga económica sobre nuestro sistema de salud, sino que también nos brindó la posibilidad de reinvertir esos fondos en mejoras directas para nuestros hospitales y centros de salud, como la reciente compra de ambulancias". "Además, la notable disminución en la afluencia de pacientes no residentes -agregó- se traduce en una mayor disponibilidad de turnos y una mejor atención para todos los salteños. Nuestro compromiso es con la salud pública de la provincia, y esta medida nos acerca a ese objetivo".En el período computado, la mayor cantidad de ciudadanos extranjeros atendidos se dio en el Hospital de Cafayate, con 31 personas y una facturación de $446.500 por diversas prestaciones. En este caso, no es una institución de frontera, sino que se trata de una de las zonas más turísticas de Salta.Ya en áreas limítrofes, en el Hospital Orán se asistió a 14 pacientes extranjeros, que pagaron $14.018.814,36; en el de San Antonio de los Cobres, 18 atenciones generaron un ingreso de $793.279,05; en el de Salvador Mazza, con 25 no residentes se recuperaron $392.300, y en Rosario de la Frontera, 17 personas extranjeras abonaron $462.431,89.En el hospital Güemes hubo un solo paciente no residente al que se le facturaron $10.398.271,17; en el Hospital de Tartagal, 10 atenciones por $4.697.000; en el Materno Infantil, cinco, por $4.239.179,99; y en el San Bernardo, otro cinco, por $4.919.065,49.El reporte señala que por los hospitales de Santa Victoria Oeste, Iruya, Aguaray, Embarcación, Morillo, Mosconi y Pichanal directamente no pasaron no residentes, "lo que indica una focalización en puntos estratégicos y de mayor afluencia de visitantes".Punto de inflexiónEl debate sobre la atención gratuita a no residentes alcanzó un pico en julio de 2022 con la muerte del salteño Alejandro Benítez en Bolivia, después de habérsele negado la atención en un hospital por no tener pesos bolivianos. En aquel entonces los centros de salud de Jujuy y Salta atendían entre 8% y 20% de pacientes de esa nacionalidad y, aunque había gestiones oficiales, Bolivia no cumplía con el acuerdo "de cooperación" en materia de salud firmado en 2019 con la Argentina.Con el dólar "barato" no solo la atención médica a no residentes era muy fuerte en los hospitales públicos, sino que a nivel privado se recibía también un volumen importante de pacientes extranjeros. Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara en diciembre último en una conferencia de prensa que la Argentina comenzaría a cobrarle a los extranjeros por la atención médica, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó públicamente su respaldo a la medida y comentó que en su provincia, que la aplicó desde abril de 2024, funcionó."Empezamos a cobrarles y cayó un 95% la atención de extranjeros en nuestra provincia, lo que permitió un ahorro importante que va a permitir que los próximos días tengamos 14 ambulancias nuevas, y estamos llamando para comprar 20 más para repartirlas y distribuirlas en todos los rincones de la provincia", dijo.Hasta ahora, son cuatro las provincias que cobran por la atención médica a extranjeros no residentes: Salta, Mendoza, Jujuy y Santa Cruz.
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En el norte de Francia, un caballo llamado Peyo, al que apodaron "Doctor Peyo", se transformó en una fuente de consuelo para pacientes en cuidados paliativos. Desde 2016, realiza visitas periódicas al Hospital de Calais, donde acompaña a personas en etapa terminal junto a su cuidador, Hassen Bouchakour.Bouchakour descubrió que Peyo mostraba una sensibilidad fuera de lo común: al estar cerca de personas enfermas, el caballo se detenía espontáneamente frente a ellas, como si pudiera sentir su sufrimiento. Esta notable capacidad llevó a su cuidador a tomar la decisión de dejar su profesión; eso le permitió dedicarse por completo a esta nueva misión junto a su compañero equino gracias a la organización Les Sabots du Coeur. Para poder ingresar al hospital, el animal es sometido a un riguroso proceso de desinfección. Además, fue entrenado para comunicarse mediante señales específicas y, según explicó Bouchakour, él mismo identifica a los pacientes que requieren consuelo al pararse frente a sus habitaciones y levantar una de sus patas.Su presencia significó un gran alivio emocional e incluso físico para muchas de las personas internadas en la institución. En ciertos casos, sus visitas contribuyeron a reducir el uso de medicamentos fuertes. Hasta el momento, acompañó a más de 1000 personas en sus últimos días de vida y, a su vez, les brindó apoyo emocional a sus familias y al personal de salud."Un año con 186 almas fascinantes que hoy descansan en paz tras duras batallas. Queda la dicha de haberlos encontrado en una encrucijada, en algún lugar entre el cielo y la tierra", reflexionó Bouchakour en un posteo de su cuenta de Instagram, en el que se refirió al duro trabajo de acompañar a enfermos terminales. "Así es como yo quería morir. Qué privilegio y qué felicidad haber podido compartir esa última noche juntos, la última noche de una vida hermosa, generosa y bien acompañada, entre la gratitud y la risa. Descansa en paz, queridísima Thérèse", escribió en otro posteo, en el que compartió la historia de una señora en cuidados paliativos que murió junto a Peyo. Fuera del entorno hospitalario, el caballo vive libre, en contacto con la naturaleza, y bajo el cuidado constante de su cuidador. Sus visitas son totalmente voluntarias y se realizan mientras se tiene en cuenta su bienestar.En el ámbito médico, se recomienda utilizar animales de compañía como caballos o perros para terapias de cuidados paliativos, ya que brindan alivio emocional y ayudan a reducir la ansiedad de los enfermos en esos momentos tan difíciles. Además, como ofrecen afecto incondicional, disminuyen la soledad, el miedo y la tristeza. Su presencia genera momentos de calma y conexión emocional, según los expertos. A su vez, se comprobó que hay una disminución del sufrimiento y del uso de medicamentos en los pacientes, gracias a que la presencia de estos compañeros de cuatro patas estimulan la liberación de endorfinas y oxitocina, sustancias que ayudan a reducir la percepción del dolor.
La diputada Margarita García denunció que también hay falta de equipo en hospitales de Oaxaca y Puebla
En diálogo con Infobae Colombia, el gobernador de Arauca habló sobre la inversión económica que se registrará en la región
La hija mayor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima ha sufrido este martes un incidente mientras montaba a caballo
El conflicto con los residentes de hospitales nacionales entró la semana pasada en un impasse con un desenlace imprevisible. Mientras que en el Hospital Garrahan volvieron a sus puestos tras la intimación de sufrir sanciones, el diálogo con las autoridades no se restableció y el malestar continúa. En el Hospital Posadas, los más de 600 residentes sabrán hoy si se mantiene el compromiso de mejorar sus ingresos asumido que había asumido el director ejecutivo antes de renunciar el viernes último. A la par, según expresaron ante la consulta de LA NACION, la Asamblea de Residentes de la ciudad y en la provincia de Buenos Aires impulsan reclamos similares y delegados gremiales del Garrahan convocaron a una movilización este miércoles, a las 16, "en todas las plazas del país". Este fin de semana, tomó estado público una carta de la Conferencia Episcopal Argentina al personal médico y de apoyo del Hospital Garrahan. En el texto enviado el jueves pasado, los obispos acusaron recibo de los mensajes sobre "la dramática situación que atraviesan los médicos" de ese hospital nacional de referencia en pediatría. "En esta respuesta, queremos acercarles nuestra adhesión al pedido que hacen en relación con sus salarios y la situación general de la pediatría en el país", señaló el Episcopado. En la misiva, también repasó, en línea con el contenido de la homilía en la Catedral de Buenos Aires por el 25 de Mayo, "la prioridad" que representan los chicos, los que más sufren y los pobres. "Ustedes atienden cotidianamente la dolorosa combinación de estas realidades y eso los hace particularmente valiosos para quienes nos llamamos cristianos. Estamos seguros de que Dios, que es fiel a su palabra, los ha recompensado innumerables veces por el servicio que prestan en situaciones límites -avanza la carta-. Les compartimos nuestra perplejidad: ¿qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad?"Antes de ponerse a disposición frente a lo que el Episcopado definió como "un pedido tan justo como impostergable", el máximo organismo de la Iglesia católica en el país planteó con firmeza: "¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?"Desde que los residentes del Garrahan levantaron el paro el miércoles pasado y retomaron sus tareas en los distintos servicios a los que están asignados, no se restablecieron los canales de diálogo con las autoridades de Salud, la dirección o el Consejo de Administración, según indicaron a este medio. Son 270 los residentes del programa de formación de posgrado del Ministerio de Salud de la Nación y sus remuneraciones no se habían actualizado desde hacía más de un año, a diferencia de, por ejemplo, los residentes que ahí dependen de la cartera sanitaria porteña. "Por ahora, los residentes nacionales seguimos enviando notas al ministerio porque no se llegó a ningún acuerdo de recomposición salarial. Pero tuvimos que levantar las medidas de fuerza", indicó una médica que está en el tercer año de su residencia en pediatría. Hace una semana, a través de un comunicado por redes sociales, el hospital informó una actualización del ingreso de los residentes de primero a cuarto año y los jefes de residentes. En el primer lugar de esa escala, la remuneración a partir de este mes pasa de $797.000 a $1,3 millones. El ministro Mario Lugones reposteó ese mensaje. El aumento no lo absorbió por completo la cartera sanitaria, sino que aportó un 3,52% de la diferencia en el recibo de sueldo. El resto, se completó con un refuerzo de $300.000 de un bono mensual no remunerativo que recibe todo el personal de planta del Garrahan. Esta medida se sumó a otros problemas internos para generalizar el malestar: esa mejora, coincidían los profesionales en el lugar, debía ser para todo el personal, no solo un sector. Los gremios activaron sus reclamos. En el Hospital Posadas, en tanto, los residentes levantaron el paro previsto para este martes. Sus ingresos, como para el resto de los residentes nacionales, no se actualizaban desde enero del año pasado y, de la recomposición anunciada para el Garrahan, solo iban a recibir el aumento por recibo (de $797.000 a $825.113 de bolsillo para un médico en primer año de formación), sin el bono extra de medio millón asignado a sus colegas del hospital pediátrico.En una reunión con Ángel Elia, director ejecutivo del centro ubicado en Morón, la semana pasada las partes llegaron a un compromiso de palabra a cambio de levantar las medidas de fuerza. Y así quedó al renunciar Elia a su cargo el viernes. En su lugar, el Ministerio de Salud designó al neurólogo Luis Quintas. El acuerdo verbal que los residentes esperan que el nuevo funcionario ponga por escrito esta semana incluye un bono no remunerativo de $300.000 de los fondos de autogestión del Posadas (recupero de la facturación de prestaciones a afiliados a obras sociales, como PAMI) y el restablecimiento del un pago trimestral de unos $250.000 que recibe todo el plantel del hospital. "Lo cobrábamos hasta hace cuatro trimestres. En ese momento, cuando dejamos de cobrar ese monto, que no era tanto, pero era una ayuda, fue un poco la llama que encendió la mecha para nuestros reclamos", repasó una jefa de residentes en diálogo con LA NACION. Según pudo conocer este medio, directores de otras áreas se comprometieron a formalizar el acuerdo pendiente. "Estamos a la espera", dijo la médica del Posadas. "Queremos que haya diálogo", agregó.
El Ministerio de Salud difundió un fuerte comunicado contra el gremio en el marco del conflicto por el Garrahan.El gremio anunció que nacionalizaría la propuesta y lanzó una medida de fuerza desde la medianoche del jueves.
Las periodistas del programa "Soy casta" analizaron el anuncio hecho por Asociación Trabajadores del Estado. Profesionales de la salud denuncian un "fracaso estrepitoso" en la negociación salarial con el Gobierno. Leer más
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo este miércoles que los hospitales son "un gasto público financiado por los impuestos" y que la salud "es provincial". Las declaraciones del funcionario se dan en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y los residentes médicos del Hospital Garrahan -de jurisdicción nacional-, que cobran $800.000. Sturzenegger afirmó que el presidente Javier Milei ordenó desde el inicio de su mandato no realizar nuevas obras nacionales ya que la administración libertaria considera que deben ser provinciales o municipales. "Millones de dólares de programas de alcantarillas. Es una obra pública municipal, no nacional. La hacían nacional porque generaba cierto control político sobre las provincias. Entonces el Presidente dice que toda obra publica provincial la tiene que hacer la provincia", ejemplificó primero Sturzenegger. Fue tras ello que habló de los hospitales, pero sin mencionar la situación con el Hospital Garrahan, cuyos residentes reclaman una mejora salarial que hasta el momento no se oficializó. "¿Cuál sería una obra pública nacional? Los hospitales no, son provinciales. La salud es provincial, así como la educación y la seguridad. Este es un país federal. En Estados Unidos los aeropuertos son municipales", insistió así con otro ejemplo. En diálogo con A24, el ministro agregó: "Un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional".Los residentes del Garrahan continuarán con la huelga por tiempo indefinido. El lunes, en una asamblea virtual de la que participaron residentes que trabajan en hospitales y centros de salud que dependen de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires definieron participar de la marcha frente al Congreso este miércoles. La Asamblea de Residentes del Garrahan ratificó, a la vez, la segunda movilización hoy a la sede de la cartera sanitaria nacional. También paran por 48 horas los becarios del hospital: piden una recomposición del 50% de la beca y el pago de un incentivo por alta complejidad.A pesar de que sigue vigente la conciliación obligatoria, en una asamblea con opiniones divididas de todo el personal del Garrahan, la mayoría de los presentes en el auditorio del segundo piso alzó la mano a favor de "un paro para el jueves, con movilización a Plaza de Mayo" al mediodía.
Un informe oficial del Instituto Malbrán al que accedió Infobae le informó al juez federal Ernesto Kreplak las bacterias detectadas en la drogra de uso clínico del laboratorio HLB Pharma. También identifica las provincias que registraron los brotes y la cantidad de pacientes identificados
Funcionarias realizan recorrido de inspección y buscan la pronta rehabilitación de hospitales afectados por las lluvias
De abril de 2024 al mismo mes de 2025, el personal del Estado se redujo en 29.396 personas. En el caso de los hospitales nacionales, perdieron el 8,7% del total de sus profesionales como consecuencia de la desactualización de los salarios bajo el arco de la motosierra. Mientras la mayoría de los organismos y carteras presentaron sensibles bajas, del otro lado sólo dos dependencias, Presidencia y Ministerio de Justicia, incrementaron su dotación a cargo. La cartera de Capital Humano, que según Javier Milei iba a ser la única que tuviera la "billetera abierta", fue la que más empleados perdió en el último año. Leer más
El director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, envió una misiva al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras conocerse el Decreto 572 de 2025, que buscan "ajustar las disposiciones fiscales a las necesidades actuales del sistema tributario"
El arzobispo de Córdoba aseguró que la Iglesia debe acompañar "sobre todo de un modo particular a los que andan más cascoteados por la vida". Respaldo al reclamo de las personas con discapacidad. Leer más
Autoridades sanitarias del norte del estado advierten sobre riesgos para sectores vulnerables ante el incremento de temperaturas extremas previsto para los próximos días, e instan a la población a tomar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud
El ministerio de Pablo Bustinduy impulsa una normativa para reconocer a nivel estatal la relación entre la persona con discapacidad y su perro de asistencia como "una unidad en todo el territorio nacional"
La Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla en toda la red hospitalaria de la ciudad para activar una respuesta coordinada y contener el colapso
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La crisis financiera de las EPS pone en peligro la continuidad de servicios médicos en varias regiones de Colombia, según gobernadores, que exigen soluciones urgentes al Ministerio de Salud
La balacera contra el frente del hospital municipal de José C. Paz el fin de semana pasado no fue la excepción. Los hechos de violencia en los centros de salud se fueron instalando en el territorio bonaerense con los años y, hoy, la entidad que nuclea a los médicos que ejercen en la provincia de Buenos Aires denuncia que son "una constante" y "aumentan día a día". Tanto escaló que se volvió, con lo económico, en un motivo de renuncia laboral o búsqueda de trabajo en otro país. "La indefensión del personal de la salud es total", afirman en el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Colmed). Así lo hicieron saber en la reunión de hace dos meses con autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. Tras los disparos contra la fachada del Hospital Rubén Caporaletti, en la intendencia a cargo de Mario Ishii (PJ), la entidad expresó por escrito su "repudio enérgico a tales acciones criminales que ponen en riesgo la vida" de pacientes y el personal. Los hechos de violencia, que van desde maltrato verbal e insultos hasta ataques más o menos virulentos, como sucedió hace un mes en el Hospital San Roque, de Gonnet, se repiten. A mediados de marzo pasado, una paciente cansada de esperar por una ecografía en un hospital de La Plata, lanzó un matafuegos contra el vidrio de la puerta de un consultorio. En accesos a hospitales, personal de ambulancias compartió con LA NACION más de una historia de barrios a los que llegan y son agredidos o insultados. En las guardias, la demora en la atención o dar un diagnóstico o comunicar una muerte desatan reacciones. La lista de episodios no termina.También están los asaltos al personal alrededor del lugar de trabajo, como parte de la inseguridad con la que convive el resto de la población. Un médico que iba en moto a tomar la guardia y lo asaltaron en el camino aún no termina de recuperarse de los dos disparos que recibió en el límite entre Morón y La Matanza. Hay hospitales en los que se registran robos oportunistas de fentanilo u otros fármacos -datos que toda autoridad sanitaria es reacia a proporcionar- o familiares de pacientes que venden droga, de acuerdo con los relatos que aceptaron compartir profesionales que trabajan a pesar de ese contexto, sobre todo en el conurbano. "Hace tiempo que estamos con violencia intrahospitalaria en la provincia", sostuvo Julio Dunogent, vicepresidente del colegio médico bonaerense. Son agresiones, insultos, acoso, lesiones, asaltos, robos, dentro y en el entorno del lugar de trabajo, con pacientes y familiares. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, consideró que los hechos de violencia suelen ser "muy infrecuentes" en relación con "la enorme cantidad" de consultas y prácticas en la provincia. "Pero, cada vez que suceden es una atrocidad porque se trata de personal que está haciendo un trabajo muy sensible, con cuidado de los demás. Es un ambiente en el que la violencia no tiene que tener cabida", dijo a LA NACION. Indicó que "son naturalmente las guardias" y las Unidades de Pronta Atención (UPA) donde más se dan porque "ahí suelen estar las situaciones más desesperantes" e insistió en que "muy pocas veces tiene que ver con la atención". En la jurisdicción, mencionó que la demanda en el sector público creció hasta un 64% en algunas áreas, con un 12% más de consultas este año por guardia. "Esto hace que tengamos más tensión -dijo-. Casi el 70% de los [profesionales] que ingresan al sistema de residencias en la provincia son mujeres y las situaciones de violencia hacen que no quieran tomar guardias, lo que genera un círculo vicioso." Dunogent preside uno de los distritos en los que se organiza la institución que otorga la matrícula provincial. Es el que abarca las 17 localidades bonaerenses que van desde Chivilcoy hasta, justamente, José C. Paz. Recibieron 28 denuncias por violencia en estos meses, de las que una decena se judicializaron. "Con la feminización de la medicina, hoy más del 70% de los profesionales son mujeres y, frente a una agresión, tienden a responder distinto que los varones. Si escala, dejan de asistir al trabajo o renuncian. Con el nivel de violencia actual, eso alcanza a todos ahora y estamos viendo muchos hospitales que se están quedando sin médicos, sin especialistas en áreas de formación que llevan años y dinero", agregó. En cuatro meses, firmó más de 400 certificaciones para presentar en la Cancillería de médicos que se van a trabajar a España, Inglaterra, Alemania y países limítrofes. Lo mismo mencionó Jorge Mazzone, presidente del distrito I del Colmed. que incluye a los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Brandsen y Magdalena. Son casi 70.000 los médicos con matrícula de la provincia de Buenos Aires. Un especialista en tocoginecología de 44 años avanza con esos trámites para migrar. Hacía varios años que le daba vuelta a esa idea, y el año pasado llegó la oportunidad en un hospital de Europa. Con reserva de su nombre, contó que necesita tener cuatro trabajos -en dos hospitales, consultorio y una clínica privada- para llegar a un ingreso medio. "Me quiero ir para tener una mejor calidad de vida. Hace 18 años que hago guardia y uno va viendo el cambio del sistema de salud desde lo médico y de la sociedad", expresó a LA NACION. En un relato que coincide bastante con el de otros colegas que en la última semana aceptaron compartir sus testimonios con este medio, se refirió a cómo se fueron nivelando para peor las actitudes, el trato, las reacciones y el nivel de comprensión de las indicaciones durante una consulta. "La gente está muy agresiva y reacciona enseguida. También está cansada porque el sistema, público y privado, está agotado. No encuentra una solución: no hay turnos, no hay médico y, la cuarta vez que le pasa, se enoja con el primero que tiene delante. Todo el sistema de salud está colapsado", señaló el tocoginecólogo. Hace 20 días, como padre, vivió una experiencia similar en la guardia de dos hospitales del noroeste bonaerense. ¿Cuánto pesa la violencia en su decisión de migrar? "Mucho -ponderó-. Tampoco veo que esto vaya a mejorar. El médico está cansado. Las guardias están despobladas y se terminan cubriendo a último minuto si hay quien lo pueda hacer. Falta apoyo al personal. Se desmanteló el sistema, los hospitales se están cayendo a pedazos, la infraestructura es mala, no hay materiales para trabajar y se hace lo que se puede". Con los insultos, los gritos y los daños en las instalaciones hay, además, hasta reacciones inexplicables. Uno de esos episodios en el estacionamiento de un hospital de zona oeste quedó grabado en video. Una mujer que había estado en la guardia terminó dañándole el auto a un anestesiólogo porque decía que había visto un gato encerrado y no era así. El personal pidió que se reforzara la seguridad del acceso. A Carina Havrig, jefa de Guardia de Adultos del Hospital Mercante, de José C. Paz, nunca le pasó que el enojo de un paciente o la familia efectivamente llegara a la agresión o que sufriera algún robo mientras era médica de guardia. Sí que familiares se pusieran violentos e intentaran pegarle cuando salió a comunicarles que un paciente había fallecido. "En nuestro hospital tratamos de que no haya violencia, pero a veces esos episodios suceden", agregó.Los motivos, como en otros nosocomios, suelen ser la espera para los traslados por derivaciones cuando no se hace cierto procedimiento o porque no hay cama disponible. Eso puede demandar, también, más o menos tiempo de acuerdo con la cobertura que tiene un paciente. O cuando, como en esta época de infecciones respiratorias, las guardias se llenan de pacientes y, a la par, las áreas de internación, lo que aumenta las esperas. También, como dio cuenta un estudio reciente, hay un alto porcentaje de consultas por guardia que no son urgentes y se pueden resolver en centros de proximidad o de manera ambulatoria. Como hay centros que cerraron sus guardias u operan con horarios limitados, esa demanda termina volcándose al sistema público o los sistemas de ambulancia. En el Servicio de Neonatología del Mercante, el personal de seguridad está atento al descontrol de algunos padres y familiares que quieren ingresar a ver a las madres y los recién nacidos pasadas las 21. Hay situaciones que se desatan por el aumento del consumo de drogas, que potencia las reacciones, que pueden incluir gritos, insultos y golpes o patadas contra puertas o paredes, cuando personal les indica que no pueden ingresar o se comunica un diagnóstico, de acuerdo con el relato de Julieta Marissi, jefa del servicio. "Llegamos a hacer un listado de acceso para que eso no sucediera. Ahora, está más controlado, con un protocolo de ingreso", amplió. En la provincia, no prosperó un proyecto de ley para que se considere un agravante si una agresión es contra personal de la salud. "Ningún gobierno se ocupó conscientemente de este problema. Hay que asumirlo", agregó el vicepresidente del colegio médico. La comunicación que intentaron con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires fue "sin éxito", definió al consultarle al respecto.Kreplak explicó que, entre las medidas adoptadas, están implementando el triage en las guardias para informar el tiempo de espera y, para el cuidado interno en los hospitales, los "guardianes", personal civil entrenado para ayudar a que, por ejemplo, las personas no deambulen solas por el hospital, además de la presencia policial. Así, según él, "se gana bastante en seguridad". "La violencia y la inseguridad son la preocupación permanente entre el personal de salud, dentro del hospital y durante el camino", dijo Mauricio Eskinazi, pediatra del Hospital Paroissien, en La Matanza. Preside el distrito del colegio médico provincial que también abarca Morón, Merlo, Marcos Paz, Las Heras, Esteban Echeverría y Cañuelas. Señaló que la combinación de ingresos con la carga de destrato, maltrato verbal y lesiones físicas que refieren los profesionales está haciendo que "los médicos no vayan más al hospital o cambien de lugar de trabajo o de provincia". Como sus colegas, mencionó que la inseguridad personal y familiar es motivo de ese desplazamiento, incluida la migración. En su distrito, donde trabajan unos 9000 médicos, lo ve también en el personal de las salas de atención o centros periféricos, que son los de cercanía. "Estamos provocando que cada vez haya menos recurso humano", expresó, y puso como ejemplo cómo en un hospital escuela como el Hospital Sor María Ludovica, de La Plata, quedan sin cubrir y se readjudican vacantes para hacer la residencia en pediatría. "El contexto es violento y agresivo alrededor de la profesión. Los médicos nos transmiten su preocupación y vemos también su miedo y desesperanza", agregó Eskinazi. Para Mazzone, la violencia intrahospitalaria sucede tanto en el sistema de salud público como en el privado de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y San Vicente. Expresó que los médicos "están desertando" en los cargos, en gran medida por el contexto en el que tienen que trabajar. "En las guardias, hay horas de demora de espera y no se está pudiendo satisfacer las necesidades de la población, como es la atención rápida y sin espera. Esto desencadena hechos de violencia contra los que no hay que agredir, que son los médicos y el personal de la salud", manifestó. Estimó el ingreso mensual de esos profesionales en unos $900.000, motivo por el que tienen otros tres o cuatro trabajos. Consideró que no hay demasiada diferencia con el sistema privado y que no se están consiguiendo médicos para cubrir los cargos. La violencia crece día a día y los directores de los hospitales hacen lo que pueden para contenerla. Me encuentro a diario con una gran cantidad de pacientes que esperan ser atendidos y eso también es exasperante para la gente. Pero, hoy, un médico sale de su lugar de trabajo y el agresor lo está esperando en la puerta", añadió en relación con un reclamo de hace años para que haya penas de cumplimiento efectivo para resarcir el daño ocasionado, incluidas acciones comunitarias. "Que eduquen", planteó Mazzone.
Carmen contaba con síntomas similares a la gripe, le dijeron que tenía ansiedad y depresión, pero los doctores han descubierto que padece una enfermedad rara
Los centros asociados están equipados con tecnología de última generación y cuentan con profesionales especializados en el cuidado de personas mayores. Leer más
El Gobierno modificará uno de los requisitos para los profesionales de la salud que trabajen en centros o instituciones que dependan del Ministerio de Salud de la Nación. A partir de su publicación en el Boletín Oficial, que sería este jueves, la matrícula nacional será requisito suficiente para el ejercicio profesional en esos lugares de trabajo, en todo el territorio argentino. El anuncio quedó a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada hace instantes. Lo encuadró en las decisiones oficiales tendientes a desburocratizar el Estado. "La matrícula nacional emitida acorde a la Resolución N° 3320 [de implementación de la credencial profesional digital, única y obligatoria] será requisito suficiente para el ejercicio de la profesión" en el ámbito de "la administración pública nacional (APN), centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas y cualquier otro ámbito de jurisdicción nacional, en cualquier parte del país", ampliaron desde la cartera sanitaria a cargo de Mario Lugones. Eso alcanza a los hospitales universitarios, de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, según precisaron ante la consulta. Son matriculados nacionales los profesionales que, de acuerdo con la ley de ejercicio de la medicina, la odontología y las actividades que le son complementarias, trabajan en centros o instituciones que dependen de la Nación o en la ciudad de Buenos Aires. En el caso del Hospital Posadas, por ejemplo, que depende de la cartera sanitaria nacional y está ubicado en Morón, provincia de Buenos Aires, bastaría así la matrícula gestionada ante el Ministerio de Salud de la Nación, sin necesidad de contar con la que otorga el Colegio de Médicos provincial para ese distrito del conurbano. Si un profesional que trabaja en el Posadas o en otro centro nacional ejerce también en un hospital municipal o provincial, en una clínica o en consultorio, deberá contar como hasta ahora con la matrícula que lo habilita para hacerlo localmente. Tras la Resolución N° 3320 de agosto del año pasado, a los dos meses se dispuso con la Resolución N° 4827 que la credencial digital que acredita la matricula profesional no tiene vencimiento. "La medida busca unificar y simplificar los requisitos de matriculación para los profesionales de la salud que trabajen en cualquier dependencia de la APN, garantizar su calificación y competencia y eliminar posibles ambigüedades o la necesidad de trámites adicionales, como matrículas provinciales que a la vez retienen un porcentaje de los haberes de los profesionales -argumentaron desde la cartera nacional conocido el anuncio-. Hoy, para trabajar, la ley requiere la matrícula nacional y, luego, obtener la matrícula provincial para ejercer en esa jurisdicción".En el sistema vigente, son justamente los colegios provinciales los que otorgan la matrícula profesional. "Un médico de 33 años, en la provincia de Buenos Aires, tiene que abonar el registro [para obtener la matrícula] más un aporte mensual al Colegio de $26.500 y otro de $190.000 a la Caja de Previsión y Seguro Médico. Los residentes pueden hacerlo con la Opción por Escala Reducida de su beca: abonan un 50% del aporte a la Caja. Los $26.500 al Colegio siguen intactos", detallaron desde Salud.En cifras de bolsillo, lo tradujeron para un médico de primer año de la residencia en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, en una reducción de casi un 10% de su ingreso mensual. "Hoy recibe una beca de casi un millón de pesos, de los que tiene que abonar $26.000 al Colegio y, en promedio, unos $70.000 a la Caja. Con la implementación de esta medida, este residente podría cobrar de bolsillo entre un 7% y un 15% más", indicaron. Una vez completada la residencia, ese profesional deberá tramitar la matrícula provincial si necesitara reforzar su ingreso con otros trabajos en centros privados o públicos dependientes de la jurisdicción.
Una nueva normativa impulsada por Ron DeSantis encendió el debate sobre las respuestas institucionales ante la crisis por sobredosis en Florida. A partir de mediados de 2025, los hospitales deberán adoptar un protocolo específico para detectar la presencia de fentanilo en ciertos pacientes. La medida, conocida como "Gage's Law", busca salvar vidas frente al avance de este potente opioide sintético. Test de Fentanilo en Florida: cuándo empieza a aplicarse y qué instituciones deben cumplirla La Ley HB 1195 fue firmada por el gobernador Ron DeSantis y entrará en vigencia el 1° de julio de 2025. Se trata de una legislación específica que obliga a los hospitales y a los departamentos de emergencias que operen fuera del campus central â??es decir, en ubicaciones separadas pero dependientes de hospitalesâ?? a modificar sus protocolos ante ciertos casos clínicos.La disposición exige que, si una persona recibe atención de emergencia por una posible sobredosis o intoxicación por drogas, y el personal médico decide realizar una prueba de orina para determinar el origen del problema, esa muestra debe incluir necesariamente un análisis para detectar fentanilo.La norma establece un conjunto de pasos obligatorios que deben seguir las instituciones sanitarias involucradas en emergencias por posibles sobredosis:Si el equipo médico considera necesario hacer una prueba de orina, esta debe incluir un test específico de detección de fentanilo.En caso de que la muestra arroje un resultado positivo, se debe realizar una prueba de confirmación, es decir, un segundo procedimiento analítico con un método distinto que permita verificar la presencia del opioide con mayor precisión y exactitud cuantitativa.Los resultados de ambas pruebas deben conservarse en el expediente clínico del paciente durante el tiempo que estipulen las prácticas actuales del hospital o centro de salud correspondiente.Qué es el fentanilo y por qué preocupa tanto a las autoridades de Florida El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, desarrollado originalmente como medicamento para tratar dolores severos, como los que sufren pacientes con cáncer o que atravesaron cirugías mayores. Su potencia lo convirtió también en una sustancia de alto riesgo cuando se utiliza fuera del marco médico.El fentanilo es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina.En forma recetada, puede administrarse mediante inyecciones, parches transdérmicos o pastillas tipo caramelo.Sin embargo, en su forma ilícita, fue asociado a un número creciente de muertes por sobredosis en Estados Unidos, particularmente porque los traficantes lo mezclan con otras drogas como cocaína, metanfetaminas y heroína para reducir costos y aumentar la potencia.Según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), citada en el análisis de la ley, una dosis letal de fentanilo puede ser tan baja como dos miligramos. Aunque parezca mínima, esa cantidad puede encontrarse concentrada de forma irregular en pastillas falsificadas o mezclas caseras de drogas en polvo. Esta distribución desigual genera "puntos calientes" con acumulaciones de fentanilo puro, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de una muerte súbita.En 2023, Estados Unidos registró más de 107 mil fallecimientos por sobredosis, de los cuales aproximadamente el 70% estuvo vinculado con opioides, incluido el fentanilo. Solo en Florida, entre enero y junio de ese año, 2836 personas murieron por esta causa, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por los legisladores.
SUDÁN DEL SUR.- Médicos sin Fronteras (MSF) denunció este sábado la destrucción de uno de sus hospitales en Sudán del Sur, en un ataque atribuido, según autoridades locales, al Ejército de Sudán del Sur, que dejó un saldo de al menos siete muertos y una veintena de heridos.Según informó la organización humanitaria, el ataque ocurrió anoche y alcanzó de lleno a su centro en Old Fangak, en el estado occidental de Jonglei. Además, MSF aclaró que el bombardeo estuvo específicamente dirigido contra la etnia nuer del vicepresidente Riek Machar, quien está acusado por el Gobierno sursudanés por instigar supuestamente la violencia intercomunitaria.Entre los siete fallecidos hay un bebé de nueve meses y más de 20 personas resultaron heridas, según confirmó el jefe de misión de MSF en el país, Mamman Mustapha. Según se detalló, entre los heridos hay un paciente y dos cuidadores, uno de ellos miembro del personal de MSF. En tanto, los pacientes que no se encontraban en estado crítico lograron escapar del centro.En su comunicado, MSF precisó que la farmacia del hospital "quedó destruida" y que "todos los suministros médicos se han perdido". La ONG lamenta que el Old Fangak era el "único hospital operativo" de la zona y ha exigido que los civiles sean protegidos en todo momento de la crítica situación de seguridad en el país africano."Lo ocurrido compromete gravemente nuestra capacidad de prestar asistencia", avisa Médicos sin Fronteras, antes de indicar que el centro "daba servicio a más de 110.000 personas, que ya tenían un acceso extremadamente limitado a la atención sanitaria antes de este ataque".El comisionado del condado de Fangak, Biel Boutros Biel, ha informado al diario sursudanés Sudan's Post que el bombardeo ocurrió en torno a las 04.00 con dos helicópteros de combate, un dron y otro avión.El bombardeo se produjo un día después de que el portavoz del Ejército, general Lul Ruai Koang, anunciara una operación en la zona al encontrar indicios de la presencia de combatientes del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el brazo armado del movimiento político que lidera Machar, así como de las milicias del Ejército Blanco, supuestamente afines al vicepresidente. El Ejército sursudanés todavía no se ha pronunciado sobre este ataque.Con información de DPA.
La digitalización avanza en hospitales privados con más del 80 % que implementa consultas digitales y 29 % que integra datos de dispositivos personales, mejorando la atención a pacientes en España
Los grupos sanguíneos A-, B- y 0- se encuentran en nivel de alerta roja
La Unidad Militar de Emergencias permanece desplegada para asistir a los afectados por el apagón eléctrico. Cientos de personas han dormido en 32 estaciones de tren de toda España
"En casa teníamos un dicho, que el papa Francisco era un 'cura pata de perro' porque, como se dice, pasaba mucho tiempo recorriendo la calle. Por eso lo amamos, porque sirvió a los pobres, a los que menos tienen. Fue un cura callejero", define Julio Néstor Sosa, enfermero de 62 años y vecino de la villa 21-24, donde vive entre las calles Luna y Aldo Cruz, al pie del inicio de este asentamiento del barrio porteño de Barracas, uno de los epicentros de los homenajes finales al Sumo Pontífice en la ciudad de Buenos Aires. "Lo conocí porque se la pasó ayudando a este lugar, llegaba todos los domingos a dar la misa. Yo siempre salía a jugar con mis amigos cuando era chico y él solía cruzar por esta calle, que aún era de tierra, y venirnos a saludar", agrega.A su lado están su esposa, Norma Peloza (54), y su madre Yolanda, quien rompe en llanto. "Por las mañanas temprano yo iba a trabajar y solía encontrarlo en la parada del colectivo. Ambos nos tomábamos el 70. Siempre andaba con su sotana negra, sus zapatitos negros y una carterita", recuerda esta señora de 87 años, exmucama del Hospital Británico y una de las primeras habitantes del asentamiento más grande de la zona sur porteña. Mientras dialogan con LA NACION, delante suyo cientos de fieles -en su mayoría de barrios populares- marchan a la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, la última de las seis postas de la peregrinación porteña que los párrocos villeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vinculados con el Santo Padre hicieron en el marco de las ceremonias de su último adiós.Luego de la misa en la catedral metropolitana, la primera parada fue en Independencia y Salta, donde se montó un altar en homenaje en la Casa Mama Antula, como se conoció a la primera beata argentina, María Antonia de Paz y Figueroa, canonizada por Francisco en 2024. El cordón de feligreses llegó a extenderse hasta cinco cuadras entre pancartas, cánticos y símbolos religiosos con la estampita de Francisco. Desde Mataderos, Norma Lidia (77) se trasladó hasta allí para rezar en compañía de su nieto Franco (22). "La de Francisco es una pérdida enorme para la historia de la humanidad, por la humildad que tenía. Vine con él (por su nieto) porque como dijo el Papa 'mientras los jóvenes caminan rápido, los viejos hacemos el camino'", resume. Constitución, con el sello del "padre Jorge"Antes de convertirse en Papa, Francisco fue Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Ese cargo lo ocupó desde febrero de 1998 hasta marzo de 2013, cuando tomó un vuelo a Roma, como uno más de los tantos candidatos a ocupar la máxima prelatura de la Iglesia; un viaje que no tuvo pasaje de regreso. Durante su época de cardenal porteño construyó una estrecha conexión con el barrio de Constitución, un emblema de los trabajadores y también epicentro del aumento de la marginalidad social en sus alrededores. Son recordadas sus misas abiertas a metros de la estación ferroviaria a comienzos de los 2000, donde exponía las redes de trata de la prostitución, el consumo de drogas y la explotación laboral en la producción textil. "Francisco hacía acá misas contra el trabajo esclavo, contra la trata. Desde acá denunció a los talleres clandestinos que explotan a la gente, a los prostíbulos que también tienen trabajo esclavo y a tantos que a través de la venta de drogas también esclavizan a la gente", responde desde la columna de la Iglesia Caacupé, su párroco Lorenzo "padre Toto" de Vedia, que se define como "compañero de ruta de Francisco" y quien aún mantiene vivo el legado de las ceremonias en Constitución. "Que los descartables sean prioridad""En esta peregrinación hay mucho más de miles de personas, principalmente de los barrios populares, las villas, las comunidades de nuestros barrios y también muchos amigos que se sumaron y gente que adhiere a esta propuesta de Francisco de que los descartables sean la prioridad", completa. En Constitución, muchos recuerdan el 12 de julio de 2010, cuando Bergoglio encabezó una misa por las víctimas de la trata y brindó uno de sus discursos más potentes. "Hoy vinimos acá a pedirle a Dios la compasión de sus hijos y a pedir por nosotros, para que no nos hagamos los distraídos. Somos campeones en mirar para otro lado y dar un rodeo cuando no nos conviene. ¡No te metás! No nos hagamos los distraídos y señalemos dónde están los focos de sometimiento, de esclavitud, de corrupción, dónde están las picadoras de carne, los altares donde se ofrecen esos sacrificios humanos y se les quiebra la voluntad a las personas", expresó el por entonces arzobispo en aquella jornada, cuyas frases fueron rememoradas por los altoparlantes que encabezaron la caravana esta tarde.
El ministro Guillermo Jaramillo hizo un recorrido por el departamento del Meta ante una crisis por fiebre amarilla. En Puerto Gaitán amedrentó a funcionarias del ESE Departamental del Meta
Durante el 2024 se realizaron más de 50 mil operaciones en centros médicos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Leer más
Recibieron un premio internacional y buscan distribuirlo en hospitales rurales.Inventaron un dispositivo portátil que enfría sin corriente eléctrica.
Según datos oficiales de 2024, la cantidad de intervenciones quirúrgicas aumentó un 31 por ciento con respecto al año anterior.También crecen otro tipo de prestaciones y hay más pacientes que se atienden en el sistema público y no tienen otra cobertura.
Los jóvenes de entre 16 y 17 años han ganado el Premio de la Tierra 2025 en la categoría regional de Asia
El sistema, que sigue en fase de validación, promete evitar falsos positivos en más del 90% de los casos analizados
Cinco personas, incluyendo dos menores, permanecen hospitalizadas tras el accidente en el telesilla de la estación invernal de Astún, con dos en la UCI y ocho heridos leves atendidos
FACUA actuará contra los hospitales San Juan de Dios y Cruz Roja por no informar de la intoxicación alimentaria en Córdoba, afectando a 44 personas que consumieron montaditos de pringá
Además, otras dos instituciones estadounidenses, el Johns Hopkins Hospital en Maryland y el Massachusetts General Hospital en Boston, figuran dentro del Top 10 global
Healthday Spanish
Con su credencial, los afiliados a PAMI podrán acceder a atención exclusiva en los centros médicos asociados Leer más
El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, llamó a la calma a los pacientes que se muestran reacios a ser atendidos con el suero fisiológico 0.9% en los hospitales públicos del Estado
Las empresas del régimen contributivo concentran el 49% de la deuda total, equivalente a $9,9 billones, mientras que las empresas del régimen subsidiado representan el 26,5%, con una deuda aproximada de $5,4 billones
Médicos y enfermeros aseguraron que les llegó la notificación a través del CiDi. Una enfermera que está bajo tratamiento oncológico pide que se revea su caso. Leer más
Los profesionales exigen que su titulación académica se homologue como grado universitario de primer ciclo
NAIPYIDO, Myanmar.- Cuerpos ensangrentados yacen en el suelo, sin espacio suficiente, frente a las urgencias de un hospital en la capital birmana, Naipyidó, tras el violento terremoto que sacudió el país el viernes, donde por lo menos 144 personas murieron, según reportó la junta militar que gobierna el país asiático."Es un lugar reservado a las numerosas víctimas", comenta un responsable del hospital, que cuenta con aproximadamente 1000 camas, pidiendo a los periodistas que se aparten. Algunos heridos, cubiertos de sangre y polvo, llegaron en autos, otros en camionetas o en camillas."Están llegando muchos heridos", relata un médico a la AFP, visiblemente agotado. "Nunca vi nada parecido. Estamos intentando manejar la situación".Según el personal del hospital, al menos "unas 20 personas murieron después de llegar al hospital".Por su parte, el jefe del gobierno militar de Myanmar informó que el número de víctimas fatales asciende a 144, mientras que los heridos superan los 730, como consecuencia del devastador sismo. Un análisis predictivo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) basado en la fuerza y profundidad del terremoto en Myanmar estimó que podría haber miles de muertos y graves pérdidas económicas, siendo las regiones de Sagaing y Meiktila las más afectadas. "En general, la población de esta región reside en estructuras vulnerables a las sacudidas sísmicas, aunque existen estructuras resistentes", señala el análisis, citado por la agencia Reuters. "Es probable que se produzcan muchas víctimas y grandes daños, y que la catástrofe se extienda", añadió.Entre los afectados, algunos gritan de dolor mientras se retuercen, mientras que otros, en estado de shock, aún parecen aturdidos, con vías intravenosas en los brazos. Sus familiares intentan calmarlos. Los que esperan ser atendidos, visiblemente demacrados, tienen la cabeza entre las manos.Dentro del hospital, el caos es evidente: personas corren en todas direcciones, algunos lloran y otros tiemblan mientras intentan contactar desesperadamente con sus seres queridos para asegurarse de que están vivos."Están llegando cientos de heridos", afirman los miembros del personal de seguridad, quienes también informan que el edificio de urgencias se derrumbó. Fuera, un atasco bloquea la carretera hacia uno de los principales hospitales de Naypyidaw. Una ambulancia, abriéndose paso entre los vehículos, es escoltada por un socorrista que ruega que le dejen pasar para llegar más rápido al hospital.Naipyidó se encuentra a unos 250 kilómetros al sur del epicentro del terremoto, de magnitud 7,7° y a solo 16 kilómetros de Sagaing, ocurrido poco después del mediodía. Minutos después, una réplica de magnitud 6,4 se registró, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).Varios periodistas de la AFP estaban en el Museo Nacional en Naipyidó cuando ocurrió el sismo. Trozos del techo cayeron y las paredes se agrietaron. El temblor también se sintió con fuerza en China y Tailandia, países vecinos de Myanmar.En Bangkok, la capital tailandesa, a unos 1000 kilómetros del epicentro, se vivieron escenas de pánico, con evacuaciones en oficinas y comercios, y la suspensión de algunos servicios de metro. Un edificio en construcción de más de 30 pisos se desplomó con decenas de trabajadores atrapados en su interior. Los equipos de rescate ya iniciaron la búsqueda de los obreros."Cuando llegué para inspeccionar el lugar, escuché a personas pidiendo ayuda", comentó Worapat Sukthai, subdirector de la policía del distrito de Bang Sue. "Calculamos que hay cientos de heridos, pero aún estamos en proceso de determinar el número de víctimas", añadió. El funcionario expresó su temor de que "se hayan perdido muchas vidas. Nunca habíamos experimentado un terremoto con un impacto tan devastador".El terremoto pondrá aún más en aprietos a los militares que gobiernan Myanmar, que libran una guerra civil contra un levantamiento armado. La junta declaró el estado de emergencia en varias regiones, pero no facilitó datos concretos sobre daños o heridos."El Estado investigará rápidamente la situación y llevará a cabo operaciones de rescate, además de proporcionar ayuda humanitaria", afirmó en la aplicación de mensajería Telegram.La Cruz Roja dijo que carreteras, puentes y edificios habían sufrido daños en Myanmar y que hay preocupación por el estado de las grandes presas.Mandalay es la antigua capital real de Myanmar y el centro del corazón budista del país. Mensajes en las redes sociales mostraron edificios derrumbados y escombros esparcidos por sus calles.El medio local Myanmar Now publicó imágenes en las que se veía una torre del reloj derrumbada y parte de la muralla del palacio de Mandalay en ruinas.Un testigo en la ciudad, Htet Naing Oo, dijo a Reuters que una tienda de té se derrumbó con varias personas atrapadas en su interior: "No pudimos entrar. La situación es muy mala".Agencias AFP y Reuters
A través de un comunicado, el Seguro Social de Salud garantizó la seguridad y calidad de sus medicamentos para sus casi 13 millones de afiliados
Las autoridades sanitarias nacionales reclamaron a dos jurisdicciones ponerse al día con los pagos adeudados que les corresponden por el funcionamiento de seis hospitales de gestión compartida con la Nación. Los montos superarían los US$ 300 millones, de acuerdo con la estimación oficial."El Ministerio de Salud intimó formalmente a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz a saldar las millonarias deudas que mantienen desde hace años con los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad)", informó el vocero presidencial Manuel Adorni al comenzar la conferencia de prensa este mediodía en la Casa de Gobierno. "La decisión se tomó a partir de constatar que ambas provincias adeudaban más de US$330 millones", completó.El detalle, que a la par la cartera que dirige Mario Lugones difundió a través de su cuenta de la red X, indica que el gobierno santacruceño tiene transferencias pendientes por "más de US$ 66 millones" al Hospital SAMIC de El Calafate. En 2021, en plena pandemia de Covid, ese centro quedó envuelto en la investigación por el Vacunatorio VIP por el envío de dosis desde el Hospital Posadas hacia el sur, como publicó LA NACION.EL FINANCIAMIENTOS DE LOS HOSPITALES DEBE SER PRIORIDAD PARA LAS PROVINCIAS Decidimos intimar a las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires para que paguen las deudas que tienen con los hospitales SAMIC cuya financiación es compartida entre Nación y las provincias. Estamosâ?¦ https://t.co/c8kx7PHK0m— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) March 27, 2025En tanto, el reclamo formalizado al gobierno de Axel Kicillof a través del área de asuntos legales del Ministerio de Salud nacional da cuenta de que esa jurisdicción adeuda US$263 millones "tras cinco años sin cumplir con sus obligaciones" con cinco hospitales cofinanciados con aportes nacionales y provinciales.Se trata del Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner, de Florencio Varela, con un monto pendiente de aporte para su funcionamiento calculado en US$178.037.000, de acuerdo con el detalle oficializado. Le sigue, en deuda el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas, con US$ 38.781.000 a saldar; el Hospital Dr René Favaloro, de La Matanza, con US$ 21.940.000; el Hospital del Bicentenario, de Esteban Echeverría, con US$ 21.145.000 y, por último, el Hospital Presidente Néstor Kirchner, de La Matanza, con US$ 3.852.000 reclamados.Cofinanciados"Los hospitales SAMIC fueron creados como entes interjurisdiccionales, financiados por la Nación y las provincias. La Nación cumplió con su parte, incluso más allá de sus obligaciones contractuales. Las provincias, no", expresó por escrito Salud. "El caso de Buenos Aires es aún más grave: hace cinco años que no aporta lo que le corresponde, en un incumplimiento sostenido y sistemático que pone en riesgo la atención sanitaria de millones de bonaerenses", añadieron.Recordaron, a la vez, que la atención de la salud "es responsabilidad primaria de cada jurisdicción y, al no pagar, Buenos Aires y Santa Cruz están desfinanciando los hospitales y perjudicando a sus propios ciudadanos".La intimación a las jurisdicciones se formalizó luego de una reunión el viernes pasado en uno de los salones del Ministerio de Salud. Participaron integrantes de los consejos de administración de los hospitales gestionados con convenio SAMIC entre esa cartera y las provincias. En ese encuentro, Lugones les pidió que "reclamen a los gobiernos de las provincias la regularización de sus deudas de financiamiento de las instituciones con el Estado nacional", informaron tras la reunión."Nación aporta entre el 70% y el 80% del financiamiento de los hospitales SAMIC y el porcentaje restante es responsabilidad de las jurisdicciones. Hace cinco años que algunas provincias no realizan los pagos correspondientes, alcanzando una deuda millonaria", expresó el titular de Salud en ese momento.Además de esos seis hospitales, la Nación financia Hospital Garrahan en un 80% con la Ciudad, el Hospital Posadas (Morón), el Hospital Baldomero Sommer (General Rodríguez), el Hospital Nacional y de Comunidad Ramón Carrillo (antes, Colonia Montes De Oca), y el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, en el barrio porteño de Parque Patricios. En el caso del Posadas, Sommer, Carillo y Bonaparte, el financiamiento es solo nacional.Según habían informado a LA NACIÓN en Salud en noviembre pasado, al anticipar que avanzaría en la gestión privada de los hospitales nacionales. En uno de los hospitales cofinanciado con la provincia de Buenos Aires y La Matanza, refirieron entonces que el municipio tenía que aportar el 3%, pero argumentaba hacerlo a través de un descuento de ABL para cortar el césped.En el caso del hospital de El Calafate, según habían advertido al indagar en qué consistía el aporte que depende del municipio, tampoco era en efectivo, sino mediante el cobro del servicio por ambulancia proporcionado al Parque Nacional. "Sabemos lo que la Nación transfiere, pero no hay control [sobre el resto] -dijeron, en ese momento, en Salud-. Por eso, se está designando al presidente y el director general de administración [de los hospitales nacionales]."
Pese a los esfuerzos del Ministerio de Salud y Digemid, aún existen 4 mil unidades con paradero desconocido
Según un reciente estudio hospitalario, este hongo representa una amenaza significativa para los pacientes vulnerables debido a su alta resistencia a los medicamentos antimicóticos
Futbolistas del Barcelona participan en una actividad solidaria, visitando a niños hospitalizados en Barcelona, firmando autógrafos, compartiendo momentos y entregando obsequios durante la época navideña
El aumento de la demanda y el envejecimiento de la población dificultan encontrar nuevos profesionales
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzará a cobrar por los servicios de salud prestados en los hospitales porteños a las personas extranjeras que no cuenten con DNI argentino. Así se decidió en una resolución firmada por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. La medida estableció un sistema de cobro para accerder a los siguientes procedimientos programados: tomografías computadas, resonancias magnéticas, internaciones, cirugías y otras prácticas médicas de carácter no urgente.Excluye las emergencias médicas que continuarán siendo gratuitas. "En ningún caso se podrá negar ni restringir la atención y asistencia sanitaria en situaciones de urgencia o emergencia", agregaron en la resolución. En un anexo precisaron que apunta a "personas extranjeras que se encuentren en el país por un tiempo determinado ya sea por viaje de negocios, vacaciones, estudios, etc y solo poseen documentación personal emitido por el país de origen". También para "aquellos que estén el país con categoría de residente transitorio o residencia precaria y que el día de la fecha no posean documento nacional de identidad emitido por este país".Por otra parte, los residentes extranjeros con permanencia legal en la Argentina seguirán recibiendo atención médica en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, sin costos adicionales. El proceso para extranjeros sin DNI1. Detección del caso: El personal administrativo del hospital identifica si el solicitante es extranjero sin DNI argentino; si solicita turno por la línea 147, debe presentarse en persona; se deriva a la Dirección Médica para evaluación.2. Presentación del caso: la Dirección Médica recibe al solicitante y revisa la orden médica o documentos; se registran sus datos y se le pide firmar un formulario de solicitud de presupuesto; se envía la documentación a la Oficina de Gestión de Presupuesto a Extranjeros.3. Emisión del presupuesto: la Oficina de Gestión de Presupuesto analiza el caso y emite el costo de la atención; se envía el presupuesto a la Dirección General de Coordinación de Redes y Financiamiento en Salud.4. Información y pago: se informa al solicitante sobre el costo y opciones de pago. Si puede pagarlo, se autoriza la atención. Si no puede, debe solicitar cobertura a su consulado. Si el consulado cubre el costo, se confirma la práctica médica; si no, se evalúa el caso.5. Evaluación final y resolución: un Comité de Expertos analiza los casos no cubiertos. Si aprueban, se informa al hospital y se gestiona la facturación. Si rechazan, se comunica la negativa al solicitante.Salta fue pionera en tomar la decisión de cobrar por la atención médica a los extranjeros. Luego, se sumaron Salta Jujuy, Santa Cruz y Mendoza, y el gobierno nacional anunció que se autorizará a las jurisdicciones a aplicar un cobro de un canon para la atención sanitaria de personas que no residan en el país.En la provincia gobernada por Gustavo Sáenz, que funcionó como una prueba piloto, se registró una disminución inmediata de la demanda de pacientes extranjeros y permitió, según dijeron las autoridades locales, descomprimir la atención en los hospitales, especialmente en el norte provincial. Esto incide favorablemente en mayor disponibilidad de camas e insumos médicos para los salteños.
La medida, ya publicada en el Boletín Oficial, no incluye las emergencias y es para quienes no cuenten con DNI argentino
El proyecto de ley del congresista Paul Gutiérrez Ticona busca abordar el problema de las largas esperas para consultas especializadas y garantizar una atención más eficiente para los pacientes peruanos
Jesús Ibáñez, lotero de Almería, regala décimos a los hospitales que le salvaron la vida tras una operación de triple bypass, agradecido por la atención recibida y la salud recuperada
Trabajadores de hospitales de la Ciudad relataron la complicada situación que atravesaron esta semana, con temperaturas elevadas, apagones y falta de elementos fundamentalespara paliar la ola de calor extrema.
Congresistas señalaron que el artículo abre la puerta a la injerencia política en el manejo de los centros de salud en el territorio nacional
Tras la nueva medida del Gobierno porteño se deberá pagar para estacionar en el perímetro de Pueyrredón, Peña, Agüero y Córdoba, que incluye los alrededores del Hospital Alemán y el Sanatorio Anchorena. Leer más
Las EPS argumentan que la crisis financiera es grave y afecta los pagos a hospitales
La deuda de más de 2,3 billones de pesos que las EPS mantienen con clínicas y hospitales en el departamento pone en riesgo la continuidad de los servicios de salud, especialmente aquellos de alta complejidad