fiscalía

Arranca en Paraguay la huelga de funcionarios de la Fiscalía por los recortes del Gobierno

El Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público de Paraguay ha puesto en marcha este miércoles una huelga para protestar contra los recortes de fondos públicos que, tal y como ha denunciado, afectan a los salarios de los trabajadores.El secretario general del sindicato, Odilón Turo, ha indicado que está previsto que la huelga dure 30 días y ha manifestado que el principal motivo es el recorte por parte del Ministerio de Hacienda de 10.000 millones de guaraníes (aproximadamente 1,2 millones de euros) a la institución en el marco del Presupuesto para 2022."Nosotros estamos luchando por el no recorte del presupuesto del Ministerio Público", ha expresado Turo en declaraciones a la emisora Radio Primero de Marzo. "El 27 (de octubre) comienza la huelga, que seguirá hasta el 27 de noviembre y, si es necesario, vamos a ir más allá", ha insistido.Así, ha matizado que los servicios mínimos estarán garantizados. "Esto es porque hemos llegado a un acuerdo con todos los gremios y la Asociación de Fiscales del Paraguay", ha manifestado antes de indicar, no obstante, que la Fiscalía no contará con recursos suficientes para hacer frente a una investigación de gran envergadura durante la huelga.En este sentido, ha confirmado que existe una deuda de casi 1,2 millones de dólares (1 millón de euros) por el pago del alquiler de las sedes de la Fiscalía y los servicios básicos."Estamos mal, sin recursos. No hay tinta ni hojas. Los funcionarios deben sacar de sus bolsillos. Ya no soporta la deuda", ha aseverado Turo, que ha hecho hincapié en la necesidad de que se cumplan las demandas de los fiscales.

La Fiscalía de Bolivia imputa a exmilitares por participar en la investidura "ilegal" de Áñez

La Fiscalía de Bolivia ha imputado a los exmiembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas del año 2019 por el caso 'golpe de Estado II' basándose en que sin su "participación y cooperación" no se podría haber llevado a cabo la "ilegal concreción de la investidura" de Jeanine Áñez.Así, la Fiscalía ha señalado que los imputados "no permitieron la continuidad legítima" en el titular de la Presidencia del país, que debería haber sido Evo Morales como vencedor de las elecciones de aquel momento, por lo que perpetraron "hechos delictivos en clara usurpación de la soberanía popular", recoge el portal Erbol.Por tanto, el auto del Ministerio Fiscal apunta que los mandos militares violentaron la "legitimidad de las instituciones del Estado y la sucesión constitucional" todo ello "conjuntamente" con Áñez, que precisó de la colaboración militar para concretar "el hecho antijurídico" de su investidura.De este modo, el exjefe de Estado Mayor Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército Partor Mendieta; el excomandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros; y el excomandante de la Armada Palmiro Jarjury, pasan ahora a estar imputados por el caso 'golpe de Estado II', aunque ya están en prisión por el caso 'golpe de Esado I'.Por su parte, el abogado defensor de los militares, Eusebio Vera, ha expuesto que el proceso del que se les acusa se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lugar en el que "en ningún momento se han constituido (los comandantes)", recoge el diario boliviano 'La Razón'.A los acusados se les imputa también haber dado órdenes para retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia para imponérselo a Áñez en noviembre de 2019, algo que Vera también ha descartado.La imputación, sin embargo, apunta que los militares avalaron la "ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta del Estado Plurinacional Bolivia", todo ello "sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa".Finalmente, la Fiscalía define la toma de posesión como una "investidura irregular" de una "supuesta presidenta" y habla de "puesta en escena", y "premeditado plan".Según las conclusiones expuestas en el auto, los exmandos militares tuvieron una "participación dolosa" en "el acto final de investidura presidencial irregular".En noviembre de 2019, Morales tuvo que abandonar el país acosado por la oposición, la OEA y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su victoria en las elecciones del 20 de octubre. Dos días después de su salida de Bolivia, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta.Un año después, con el Movimiento al Socialismo (MAS) nuevamente en el poder tras el triunfo del actual presidente, Luis Arce, en las presidenciales de octubre, Áñez se encuentra encarcelada de manera preventiva por diversos delitos de terrorismo y sedición por el caso Golpe de Estado.

Juicio por la muerte de Emiliano Sala: la fiscalía y la defensa dieron sus alegatos

Mientras que el fiscal Martin Goudie culpa a David Henderson, organizador del vuelo, el abogado Stephen Spence responsabilizó al piloto.

Exclusiva-fiat chrysler, cerca de acuerdo con fiscalía eeuu en caso de fraude de emisiones: fuentes

Por Mike Spector y David Shepardson26 oct (Reuters) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se está acercando a un acuerdo que lo declare culpable de conducta criminal con el propósito de resolver una larga investigación sobre emisiones que rodea a las camionetas Ram y los vehículos deportivos utilitarios Jeep con motores diésel, dijeron personas familiarizadas con el asunto.Abogados de FCA y funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos negocian un acuerdo con la fiscalía que podría revelarse en las próximas semanas y que incluye sanciones económicas por un total de entre 250 y 300 millones de dólares, según las fuentes.Tal resolución sobre FCA, que ahora es parte de Stellantis NV, vendría más de cuatro años después que Volkswagen AG se declaró culpable de cargos criminales para resolver su propio escándalo de emisiones diésel que involucró a casi 600.000 vehículos.La investigación a FCA se centra en alrededor de 100.000 vehículos con motor diésel que supuestamente evadieron los requisitos de emisiones. Las negociaciones sobre la declaración de culpabilidad son fluidas y algunos términos, incluyendo el tamaño de las sanciones económicas, podrían cambiar a medida que las discusiones continúan, de acuerdo a las fuentes.Los funcionarios del Departamento de Justicia están preparando los documentos para sellar el acuerdo de culpabilidad, lo que podría generar cambios y también presentar una oportunidad para que el acuerdo se derrumbe, añadieron las fuentes.La investigación criminal actual apunta a la unidad estadounidense del fabricante de automóviles italo-estadounidense. El lapso afecta a los modelos entre los años 2014 y 2016.Representantes de Stellantis, matriz de FCA, y del Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios. (Reporte de Mike Spector en Nueva York y David Shepardson en Washington; información adicional de Joe White en Detroit. Editado en español por Rodrigo Charme)

La Fiscalía de Bolivia prevé lanzar en noviembre la primera acusación contra Áñez por la masacre de Sacaba

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha avanzado este martes que la intención de las autoridades es presentar el próximo mes de noviembre la primera acusación contra la expresidenta Jeanine Áñez por la masacre de Sacaba, una de los dos episodios de violencia policial más mortíferos durante la crisis de 2019."Esperamos que en el mes de noviembre tengamos ya presentada la acusación del caso de Sacaba", ha dicho el fiscal Lanchipa en declaraciones al diario boliviano 'El Deber', en paralelo al encuentro que el Gobierno ha mantenido este martes con los familiares de las víctimas a su llegada a La Paz tras una semana de caminata.En esa mesa de diálogo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, ha recordado que el Gobierno ya se ha reunido en varias ocasiones con las víctimas con el fin se seguir trabajando en su reparación y lograr justicia."Hemos avanzado en varios puntos con las hermanas y hermanos, que tienen que ver desde temas de ayudas humanitarias, en el caso económico, en el tema alimenticio, en temas laborales, devolución de gastos, tratamiento de salud", ha contado.La Fiscalía boliviana ya solicitó un juicio de responsabilidades contra Áñez por los episodios de represión y violencia policial que marcaron el inicio de su autoproclamado gobierno tras no reconocer la victoria del expresidente Evo Morales en las elecciones de 2019, mientras permanece en prisión a la espera de ser juzgada por delitos de sedición y terrorismo en el caso Golpe de Estado.Durante las semanas que siguieron la renuncia de Morales y a la autoproclamación de Áñez, se produjeron fuertes protestas y movilizaciones en contra, con las masacres, tal y como fueron definidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, como episodios más funestos, en los que murieron fruto de la represión de las autoridades una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.

La Fiscalía citará esta semana al gobernador de Santa Cruz para declarar en el caso 'Golpe de Estado'

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado de que el Ministerio Público prevé citar esta semana al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a su padre, José Luis Camacho, para que declaren en el marco del caso 'Golpe de Estado'."Tenemos información (...) de que la comisión de fiscales que está llevando adelante la investigación en este caso ha señalado que esta semana será la recepción de la declaración del señor Camacho padre y el señor Camacho hijo", ha dicho Lanchipa, ha recogido el diario 'El Deber'.Lanchipa ha trasladado que una comisión de investigadores concretará si la citación será emitida para que los Camacho se presenten en La Paz o en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, después de que la Fiscalía anulara la declaración de el exlíder cívico a principios de este mes y en el marco de la pugna de su padre por no desplazarse a la paz por motivos de salud.En este sentido, el abogado de ambos, Jerjes Justiniano, ha señalado que la convocatoria a José Luis Camacho no puede realizarse sin que la Fiscalía tenga los certificados médicos que justifican que su declaración debe llevarse a cabo en Santa Cruz.Según la acusación del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), el exlíder cívico y uno de los cabecillas de las protestas contra el exmandatario tras las elecciones de 2019 es uno de los responsables del presunto golpe de Estado, por lo que habría cometido los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.El expresidente Evo Morales se proclamó vencedor de las elecciones de 2019, en las que buscaba un cuarto mandato, pero su principal rival, Carlos Mesa, que quedó segundo, denunció un "fraude gigantesco", algo refrendado por la OEA, que detectó "irregularidades" en el proceso electoral.Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces 'número dos' del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.

Memorando con Irán: la fiscalía apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner y solicitó el juicio oral

El fiscal Marcelo Colombo interpuso un recurso de apelación para que la Cámara de Casación revierta el sobreseimiento dictado a la vicepresidenta y al resto de los implicados.

Memorándum con Irán: la fiscalía también apeló el sobreseimiento de Cristina Kirchner y quiere el juicio oral

La presentación fue hecha por el fiscal Marcelo Colombo e incluye al resto de los acusados. Se trata del funcionario que debía llevar adelante la acusación

La Fiscalía de Ecuador investiga el caso de los siete presos ahorcados en la cárcel de Guayaquil

La Fiscalía de Ecuador ha abierto una investigación por la muerte de siete presos ahorcados en la cárcel de Guayaquil el pasado sábado, y que se unen a otros cuatro que fallecieron de la misma manera a mediados de octubre.El objetivo de la investigación es encontrar evidencias que esclarezcan las causas de los decesos y determinar si es verdadera la versión del Servicio de Rehabilitación (SNAI), que aseguró que se trataba de suicidios, recoge el diario local 'El Comercio'.Los cuerpos ahorcados de los siete presos se hallaron en el interior del pabellón 10 de la Penitenciaría del Litoral, en un área de visitas íntimas.Esta misma cárcel protagonizó a finales de septiembre un motín a cuenta del que fallecieron casi 120 personas y otras 80 resultaron heridas. Tras los incidentes, el presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador.Además, la pasada semana el mandatario declaró el estado de excepción en el país con el fin de combatir la reciente ola de violencia, delincuencia e inseguridad derivada del narcotráfico.La Penitenciaría del Litoral será el primer centro penitenciario intervenido por las autoridades dentro del plan de acción para controlar la situación de inseguridad en las prisiones ecuatorianas.

La familia y la fiscalía

La Fiscalía colombiana imputa al gobernador de Arauca cargos por asociación ilegal con el ELN

La Fiscalía de Colombia ha acusado al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, de una presunta asociación ilegal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a quien habría entregado presuntamente contratos estatales.De esta forma, está acusado de concierto para delinquir y de financiación del terrorismo junto al exgobernador del departamento Ricardo Alvarado Bestene, este último detenido el jueves.Según la Fiscalía, el gobernador habría llegado a un acuerdo financiero con la guerrilla cuyo intercambio se producía a través de contratos estatales. La asociación se habría producido con el frente Domingo Laín Sáenz a cambio de protección militar para se seguridad y para los desplazamientos a algunas localidades del territorio.Los guerrilleros involucrados serían, entre otros, Ramiro Torres Rodríguez, alias 'Len' o 'Lenin', el comandante financiero del frente Adelmo Aguirre, alias 'Bateman' o 'Bate' y 'Pablito', integrante del Comando Central del ELN.Además, el exmandatario, que entregó hasta ocho contratos estatales al ELN, habría recibido apoyo ilegal para ser elegido a cambio de dinero. En 2012 se habría reunido en Venezuela con líderes del ELN para abordar los detalles de los contratos adjudicados, mientras que en 2015 volvió al país vecino para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, según ha señalado la Fiscalía.Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron el miércoles a Castillo, cuando salía de un avión en la capital, Bogotá. También está involucrado en un caso de corrupción por la compra de un avión ambulancia en octubre de 2014 por valor de 8.290 millones de pesos colombianos (más de 1.882 millones de euros).

Fiscalía de Francia pide multa para Benzema por extorsión

VERSALLES, Francia (AP) â?? El tribunal francés que atiende el caso de presunta extorsión que involucra al delantero Karim Benzema, del Real Madrid, y otros cuatro acusados dará su veredicto el 24 de noviembre.Benzema, quien niega las acusaciones, no compareció esta semana en las tres jornadas de un juicio en Versalles que culminó el viernes. El atacante de 33 años es acusado de complicidad en un presunto intento de extorsión de 2015 a su compañero en la selección de Francia, Mathieu Valbuena, en relación con un video de contenido sexual que se cree fue robado de su celular.La fiscalía solicitó que Benzema reciba una multa de 75.000 euros (87.000 dólares), la máxima cantidad permitida por el cargo, y se le dé una pena suspendida de 10 meses de prisión en caso de que sea hallado culpable. La ley permite un máximo de cinco años tras las rejas.Los otros cuatro acusados fueron enjuiciados por cargos de intento de extorsión.En sus argumentos de cierre el viernes, la defensa trató de subrayar que la mayoría de los acusados no mostró una intención de extorsionar y amenazar a Valbuena.En la vista del miércoles, Valbuena declaró que Benzema le dijo que "hay un video, muy caliente", cuando se encontraron en la concentración de Francia en Clairefontaine en octubre de 2015. También le comentó que tenía un amigo que podía ayudarlo "a resolver tu problema", sostuvo Valbuena.Valbuena subrayó que Benzema "nunca me habló de dinero", pero que se sobreentendía que habría que pagar por la ayuda de su amigo."Y no estamos hablando de entradas para un partido", agregó. "Estas cosas nunca se hacen gratis".En una llamada posterior grabada por la policía, Benzema habló de la conversación con su amigo Karim Zenati. Ambos se conocían desde la infancia. Zenati estuvo preso por robo y venta de drogas, y cuando fue liberado, Benzema lo contrató como su asistente.En la grabación, que fue escuchada en el juzgado durante la semana, Benzema afirma que le había dicho a Valbuena que "si quieres que el video sea destruido", debería contactar a Zenati, sin hablar con la policía, con abogados ni con nadie."Le di mi palabra de que no hay copias", se escucha decir a Benzema.El técnico Didier Deschamps expulsó de la selección a Benzema cuando fue imputado en el asunto y el ariete no estuvo en el Campeonato Europeo de 2016 ni en la Copa Mundial de 2018, ganada por Francia.Deschamps lo volvió a llamar con miras a la Euro 2020 y ha sido titular en 11 partidos de Les Bleus en 2021.

Fiscalía ecuador abre investigación a presidente lasso por un presunto fraude tributario

QUITO, 21 oct (Reuters) - La oficina del Fiscal General de Ecuador dijo el jueves que abrió una investigación previa en contra del presidente Guillermo Lasso por una presunta defraudación tributaria, luego de que un líder opositor presentó una acusación formal contra el mandatario.El excandidato a la presidencia y líder indígena, Yaku Pérez, pidió a inicios de mes investigar las cuentas financieras y aportes tributarios de Lasso, después de que los llamados Pandora Papers mencionaron a empresas "offshore" de propiedad del mandatario ecuatoriano.En la denuncia ante la Fiscalía, Pérez dijo que la indagación debería analizar las cuentas de Lasso y sus familiares cercanos desde el 2013, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia del país sudamericano.La investigación previa se abrió el 18 de octubre "por presunta defraudación tributaria en contra del Presidente de la República, a partir de la denuncia presentada por Yaku Pérez", dijo la oficina de comunicación de la Fiscalía en un chat oficial, sin entragar mayores detalles.Los Pandora Papers son documentos filtrados que, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan transacciones extraterritoriales que involucran a empresarios y políticos.La Secretaría de Comunicación de la Presidencia no comentó de inmediato sobre la investigación.Lasso ha cuestionado la filtración Pandora Papers al calificarla como "unas cuantas informaciones viejas y descontextualizadas", y sostuvo que en 2017 se deshizo "automáticamente de todas esas empresas" para postularse nuevamente como candidato.Ecuador aprobó en el 2017 una ley que prohíbe a los funcionarios públicos y candidatos de elección popular tener inversiones en paraísos fiscales.La Asamblea Nacional del país también investiga los Pandora Papers. Lasso ha sido convocado por una comisión legislativa, pero se excusó de asistir. (Reporte de Alexandra Valencia Editado por Javier López de Lérida)

La Fiscalía ecuatoriana abre una investigación al presidente Lasso por defraudación fiscal

La Fiscalía de Ecuador ha abierto este jueves una investigación previa al presidente, Guillermo Lasso, por un supuesto delito de contra la Hacienda Pública, después de la polémica surgida por la presencia de él y su familia en los 'Papeles de Pandora'.La investigación, ha contado la Fiscalía, parte de una denuncia presentada el pasado 6 de octubre por quien fuera su rival en las pasadas presidenciales, Yaku Pérez, quien pidió a las autoridades solicitar al Servicio de Rentas Internas todos lo movimientos financieros, pagos y declaraciones de impuestos, de Lasso y sus familiares desde 2013, cuando el ahora presidente fue candidato por primera vez.La relación de Lasso y sus familiares más cercanos, entre ellos su esposa María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago Lasso, con empresas en paraísos fiscales son parte de las revelaciones filtradas al Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés).Según la investigación elaborada por la ICIJ, Lasso habría controlado catorce sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá. El presidente ecuatoriano rechazó el miércoles comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea de Ecuador por este motivo.Lasso, quien ha vuelto a ser citado este jueves por la comisión, ha negado en todo momento que tuviese vínculo alguno con paraísos fiscales cuando se presentó como candidato a las presidenciales de febrero de 2021.

La Fiscalía francesa pide 10 meses de cárcel para Benzema por el 'caso Valbuena'

La Fiscalía ha pedido este jueves que el delantero del Real Madrid Karim Benzema sea condenado a 10 meses de cárcel y una multa de 75.000 euros por ayudar en el intento de chantaje de su excompañero en la selección Mathieu Valbuena por un vídeo de contenido sexual, según ha confirmado la fiscalía de Versalles a la DPA.El juicio de Benzema, de 33 años, que no asiste personalmente al tribunal, continúa hasta este viernes. Otras cuatro personas están siendo juzgados por intento de chantaje y un caso de abuso de confianza.Benzema está acusado de ser cómplice en el intento de chantajear a Valbuena, quien fue amenazado en una llamada telefónica en junio de 2015 con la publicación del video.Los argumentos en contra del ariete merengue son una conversación entre Benzema y Valbuena cuando sugirió a su compañero que se comunicara con los chantajistas acusados a través de un intermediario. El dinero no se discutió explícitamente, dijo Valbuena, aunque admitió que eso estaba claro.Benzema ha justificado obligaciones profesionales para explicar su ausencia, ya que jugó con el Real Madrid en la Liga de Campeones contra el Shakhtar Donetsk en Kiev el pasado martes y afronta el 'Clásico' de la Liga española contra el Barcelona el domingo.Debido a la participación en el asunto, Benzema se perdió la Eurocopa de 2016 en Francia, su triunfo en el Mundial de 2018 y solo regresó a la selección nacional este verano.La defensa del jugador ha rechazado las acusaciones y el martes el diario deportivo L'Equipe volvió a citar a sus abogados exigiendo su absolución.

Fiscalía inicia indagación previa a presidente ecuatoriano

QUITO (AP) â?? La Fiscalía General de Ecuador confirmó el jueves que abrió una indagación previa para determinar una presunta defraudación tributaria cometida por el presidente Guillermo Lasso, tras la información revelada por los Papeles de Pandora.Esa entidad confirmó que la averiguación atiende una denuncia presentada por el excandidato presidencial de los indígenas, Yaku Pérez, con quien Lasso disputó voto a voto el paso al balotaje presidencial a inicios de este año.La investigación previa es una fase preliminar de un proceso penal que cumple la Fiscalía como responsable de la acción penal pública y que puede tener como base hechos o denuncias de una infracción penal.A inicios de octubre, un grupo de periodistas de investigación reveló los denominados Papeles de Pandora en los que consta información de que Lasso habría tenido vínculos con inversiones en paraísos fiscales. Poco después el presidente argumentó que antes de ser candidato presidencial deshizo todas las compañías en las que tenía inversiones cumpliendo con las leyes ecuatorianas, que desde 2017 impiden a funcionarios públicos tener intereses en paraísos fiscales. Además pidió a la Contraloría General y a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea analizar sus cuentas y sus declaraciones de impuestos.En los Papeles de Pandora consta también información de políticos, artistas y personajes internacionales con intereses en paraísos fiscales.

Fiscalía cubana advierte a líderes disidentes prohibiendo las protestas de noviembre

Por Nelson AcostaLA HABANA, 21 oct (Reuters) - Fiscales cubanos convocaron el jueves a líderes disidentes en el país que planean una serie de protestas el 15 de noviembre por las libertades a los derechos civiles y les advirtieron que no continúen adelante con sus esfuerzos para marchar incumpliendo con las leyes de la nación.Líderes de las anunciadas manifestaciones, miembros de un grupo de Facebook llamado Archipiélago, han pedido a los cubanos que se reúnan en noviembre por el derecho a la protesta pacífica y una amnistía para los opositores al Gobierno encarcelados. El grupo dice contar con unos 20.000 miembros, muchos de los cuales viven fuera del país.El Gobierno cubano negó la semana pasada el permiso a Archipiélago para efectuar las protestas, alegando que los organizadores tenían "vínculos con algunas organizaciones subversivas" y una "intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba, según una carta de las autoridades a opositores.Yaumara Angulo González, vicefiscal cubana, dijo el jueves a perioditas que las autoridades habían decidido emitir una nueva advertencia luego de que líderes de las protestas renovaran públicamente sus intentos de seguir preparando las marchas, "ignorando" el rechazo previo del Gobierno.Yunior García, líder de Archipiélago, dijo a reporteros al salir de la Fiscalía de La Habana, que seguiría adelante con la convocatoria del 15 de noviembre."Ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte", dijo García, quien llegó vestido con pantalón vaquero negro y mostrando una gorra de béisbol. "Estamos mostrando abiertamente una diferencia de opinión, dijo.Desde la Revolución izquierdista de Fidel Castro de 1959, las protestas disidentes en Cuba siempre han estado prohibidas por el gobierno al argumentar que Estados Unidos las ha respaldado, aunque una nueva Constitución del país, aprobada hace tres años, abrió un nuevo espacio para la manifestación "legítima"."Esta es mi decisión personal, más allá de las amenazas que he recibido hoy en este edificio", dijo. "Si me llevan a juicio, si me encarcelan, renunciaré a cualquier defensa", añadió García al reiterar que la marcha sería "pacífica (...) sin nada que ver con la violencia".Las últimas tensiones entre disidentes y gobierno cubano se producen tres meses después de que las mayores protestas sacudieran el país comunista durante el 11 y 12 de julio. En las protestas ocurrieron arrestos, una muerte y llamados a la intervención de Washington por parte de algunos cubano-estadounidenses.Las autoridades cubanas dijeron que los arrestados tras las protestas eran culpables de delitos como desorden público, resistencia al arresto y vandalismo.La protesta anunciada para el 15 de noviembre coincide con la reapetura al turismo tras dos años en los que la importantísima industria se vio obstaculizada por la pandemia de coronavirus y el reforzamiento del embargo comercial de Estados Unidos.Los manifestantes inicialmente habían planeado protestas en el país para el 20 de noviembre, pero cambiaron la fecha al 15 de noviembre luego de que las autoridades declararon el 20 como un "Día de la Defensa Nacional" durante el cual los ciudadanos realizan prácticas militares para una posible invasión estadounidense.(Reporte de Nelson Acosta y Reuters TV REUTERS DS NAB JIC/)

Fiscalía cubana advierte a dramaturgo que organiza marcha

LA HABANA (AP) â?? El dramaturgo Yunior García, uno de los organizadores de una marcha denegada por las autoridades cubanas, fue advertido por la Fiscalía el jueves sobre las consecuencias penales si persiste en realizar la protesta pública.García y varios integrantes de su plataforma digital Archipiélago solicitaron a las autoridades un permiso para realizar una manifestación pacífica al amparo de los derechos explícitamente enunciados en la nueva constitución. Sin embargo, su demanda fue duramente rechazada por el gobierno que la calificó de "ilícita" forma de destruir al socialismo, el cual está signado como "irrevocable" en la propia carta magna."Esto a mí me da la idea de que es una amenaza que viene desde el poder", dijo García a un pequeño grupo de periodistas a la salida de la Fiscalía Provincial de La Habana, adonde había sido citado por funcionarios para comparecer."No percibo que haya una sola institución del país donde nací que se ponga del lado nuestro, del lado del ciudadano que ni somos mercenarios, ni estamos recibiendo órdenes de ninguna parte, estamos simplemente mostrando abiertamente una diferencia de opinión, de criterio, de perspectivas sobre el país que soñamos y queremos construir", agregó el dramaturgo.En septiembre García y una decena de personas presentaron un pedido de autorización para una manifestación -a la que calificaron de cívica y pacífica- por una céntrica avenida capitalina para el 20 de noviembre en demanda de cambios políticos y la liberación de presos. Otros hicieron lo mismo en ocho ciudades del país.La respuesta del gobierno fue instaurar para ese día una jornada de Defensa Nacional -ejercicios de rescate y salvamento que movilizan a civiles y militares-, por lo que el grupo movió la fecha para el 15 de noviembre.La víspera el gobernador de La Habana informó de un plan popular para conmemorar el 502 aniversario de la capital con movilizaciones callejeras precisamente para el 15 y 16 de noviembre y en el marco de una creciente flexibilización del aislamiento social ocasionado por la pandemia de COVID-19.Ahora además se sumó el apercibimiento de la Fiscalía a García."Teniendo en cuenta la decisión manifiesta de algunos de estos ciudadanos en el deseo de mantener su propósito de efectuar estas marchas y desconocer por tanto la denegación...(la Fiscalía) inició los apercibimientos a varios de estos ciudadanos de las consecuencias jurídico penales", dijo la vicefiscal jefa de la provincia de La Habana, Yaimara Angulo, en una declaración ante periodistas en la que no aceptó preguntas.La marcha propuesta por Archipiélago busca ser una suerte de continuidad de las manifestaciones del 11 y 12 de julio, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de manera desorganizada en diversos puntos del país -en protestas que se veían en la isla desde la década del 90- con demandas tan diversas como que se ponga fin a los apagones, el aumento de los precios y el desabastecimiento hasta cambios políticos.Una persona falleció y un número no determinado fue detenido -el gobierno sólo informó sobre algunos procesados-, precisamente por los que ahora están reclamando García y Archipiélago. Muchas de las manifestaciones terminaron en actos vandálicos con cristales destruidos, patrullas dañas y personas heridas.El gobierno llamó a su vez a sus simpatizantes a tomar las calles y, aunque reconoció muchas de las necesidades y críticas, consideró que la manifestación fue atizada por grupos de interés de Estados Unidos.â??â??â??â??â??â??-Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP

La Fiscalía de Ruanda apela la condena a 25 años de cárcel contra Paul Rusesabagina, el héroe de 'Hotel Ruanda'

La Fiscalía de Ruanda ha presentado una apelación contra la sentencia a 25 años de cárcel por cargos de terrorismo contra Paul Rusesabagina, el héroe cuya historia se narra en la película 'Hotel Ruanda', después de haber reclamado al tribunal que se le impusiera la cadena perpetua."Hemos apelado contra todo el proceso en los tribunales. Los detalles se desvelarán ante la corte", ha dicho el portavoz de la Autoridad Nacional de Fiscalía Pública ruandesa (NPPA), Faustin Nkusi, en declaraciones concedidas al portal ruandés de noticias IGIHE.Rusesagabina fue sentenciado por su papel al frente del Movimiento Ruandés para el Cambio Democrático (MRDC), brazo político del grupo rebelde Frente de Liberación Nacional (FLN). La jueza Beatrice Mukamurenzi resaltó en su veredicto que el acusado jugó un papel en la creación del FLN y entregó financiación al grupo.El acusado defendió durante la apertura del juicio que el tribunal no tiene autoridad para juzgarle debido a que es ciudadano belga, antes de denunciar su secuestro en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para su traslado a Ruanda de cara a ser juzgado por los cargos que se le imputaban.El propio Rusesabagina reconoció a finales de septiembre sus lazos con el FLN, si bien esgrimió que su papel era únicamente de carácter "diplomático". Así, dijo que el MRDC creó el FLN "como un brazo armado, no como un grupo terrorista como afirma el fiscal". "No niego que el FLN cometió crímenes, pero mi papel era la diplomacia", destacó.Rusesabagina es mundialmente conocido después de que su historia quedara recogida en la película 'Hotel Ruanda'. Como gerente en funciones del hotel Mille Collines, en Kigali, consiguió proteger dentro del establecimiento a más de 1.200 tutsis y hutus moderados durante el genocidio de 1994 --en el que fueron masacrados cerca de 800.000 tutsis y hutus moderados-- aprovechando sus contactos.

La Fiscalía de Guatemala acusa de terrorismo a dos militares detenidos por los disturbios en el Congreso

La Fiscalía de Guatemala ha presentado este miércoles cargos de terrorismo contra dos de los veteranos del Ejército detenidos por los disturbios que se registraron este martes a las puertas del Congreso durante las movilizaciones para exigir indemnizaciones por sus servicios durante el conflicto armado interno.Las autoridades han hecho saber a Juan Parachico Sánchez y Ernesto Martínez Agustín que han sido acusados por irrumpir de manera "violenta" en el Congreso, acusándoles de vandalismo y de atacar al personal que se encontraba en el edificio, entre ellos agentes de la Policía, que "intentaban restaurar el orden constitucional", informa el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.El martes un grupo de militares retirados irrumpió en el Congreso para exigir indemnizaciones económicas por sus servicios durante la guerra civil que desde 1960 hasta 1966 sangró al pequeño país centroamericano. Las protestas derivaron poco después en un disturbios que se extendieron por el casco histórico de la capital, Ciudad de Guatemala.Los manifestantes lograron acceder finalmente al Congreso, en el que había un centenar de personas entre diputados, funcionarios, miembro de seguridad, e incluso el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, rompiendo las puertas de acceso, pese a las barricadas levantadas por la Policía, que fue agredida con piedras.Dentro de las instalaciones, los manifestantes han vandalizado oficinas y despachos, además de agredir a algunas de las personas que se encontraban en su interior, así como a periodistas que cubrían los hechos. En las calles, la Policía ha dispersado con gases lacrimógenos a una multitud que ha incendiado varios vehículos estacionados, obligando a los bomberos a actuar.Junto a Parachico Sánchez y Martínez Agustín, ya acusados de terrorismo, también fueron detenidos Teléforo Ramírez López, Mynor de Jesús Barrientos, por su participación en unos disturbios, que se produjeron para exigir las promesas lanzadas en campaña electoral por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien se comprometió a pensiones de 120.000 quetzales (más de 13.000 euros), seguro médico y acceso a tierras.La guerra civil dejó miles de muertos y desaparecidos en Guatemala, donde los escuadrones de la muerte y el Ejército fueron responsables de numerosas masacres sobre poblaciones indígenas. En el marco de la guerra fría, el pequeño país centroamericano sirvió de escenario donde el bloque capitalista y la Unión Soviética dirimieron sus diferencias geoestratégicas.El conflicto interno comenzó a principios de la década de los sesenta con un fallido golpe de Estado contra el general Miguel Ydígoras Fuentes, quien años atrás había intentando sin éxito llevar a cabo el derrocamiento del presidente, en este caso elegido en las elecciones de 1950, Jacobo Arbenz Guzmán, depuesto cuatro años después por Estados Unidos en colaboración con la United Fruit Company.

La Fiscalía checa pedirá de nuevo la retirada de la inmunidad de Babis

La Fiscalía de República Checa ha adelantado que pedirá la retirada de la inmunidad del primer ministro en funciones, Andrej Babis, una vez comience a rodar la nueva legislatura a principios de noviembre, en la que el actual dirigente podría quedarse fuera del poder.Las investigaciones se remontan a hace seis años y ponen en cuestión los fondos europeos recibidos por un proyecto turístico de lujo vinculado a Babis y que teóricamente estaban destinados a pequeñas y medianas empresas. El mandatario alega que los fondos ya han sido devueltos.La decisión final sobre la imputación por parte del Ministerio Público debía haberse conocido este lunes, pero por el momento queda en suspenso dado que, con la elecciones de octubre, se renovó también la inmunidad de Babis. El primer pleno del nuevo Parlamento está previsto para el 8 de noviembre.El partido de Babis (ANO) obtuvo 72 escaños en los últimos comicios, frente a los 108 logrados por una coalición que agrupa a liberales yh conservadores. Las negociaciones para formar Gobierno están a la espera de que se diriman cuestiones básicas de procedimiento.El ingreso hospitalario del presidente, Milos Zeman, a quien corresponde designar un candidato para formar Gobierno, ha agitado el tablero político. La oposición ha iniciado ya en el Senado un procedimiento para inhabilitarle y que asuma su papel el presidente de la Cámara de Diputados en ciernes.

Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para Sandro Rosell por presunto fraude a Hacienda

Incluye un atenuante porque ya devolvió los 230.000 euros que no pagó en 2012BARCELONA, 19 Oct. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía de Barcelona ha pedido condenar al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell a dos años y nueve meses de prisión por un presunto delito contra Hacienda en 2012, con un total de 230.291 euros.En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal sostiene que Rosell "ideó y ejecutó" la defraudación en su declaración de 2012, cuando todavía presidía el club, supuestamente aprovechándose de una empresa de la que era el único titular y que estaba dedicada a la organización de eventos, alquiler y compraventa de inmuebles y a la promoción inmobiliaria.Según el fiscal, esta empresa, TOC SLU, no tenía "estructura empresarial para prestar los servicios que constituían su objeto social" y estaba domiciliada en casa de Rosell.En 2012, esa empresa pagó a cinco trabajadores, cuatro de ellos dedicados trabajos de limpieza y mantenimiento en casa de Rosell y en su segunda residencia, con un solo empleado encargado de las funciones administrativas, mientras que "ni el acusado ni la referida sociedad tributaron por la prestación de servicios que constituyó la base de su actividad".El fiscal cree que Rosell aprovechó su control sobre la empresa para obtener rentas que no declaró en su declaración de IRPF y que eran "rentas derivadas de su personal actividad profesional, limitándose TOC a subarrendar oficinas en el inmueble que tenía arrendado el acusado".Para hacerlo, el fiscal mantiene que TOC SLU emitió y cobró facturación por 352.382 euros a clientes que en realidad eran de Rosell directamente, lo que "ocultaba" la retribución a él."En esa misma línea de ocultar las verdaderas cifras derivadas de su renta, declaró, en el citado ejercicio, una pérdida patrimonial de 21.016,11 euros como consecuencia de una supuesta venta" de inmuebles que había adquirido en 2009, pero según la Fiscalía no fue una compra real sino una opción a compra.El fiscal también detalla que Rosell no declaró las rentas de un inmueble que tenía en Girona, y calcula que en total ha defraudado 230.591 euros que debería haber pagado a Hacienda.Rosell ya devolvió la cuotaEn junio de 2019, Rosell ya ingresó la cuota defraudada además de los intereses por el retraso (otros 57.320 euros), y por eso el fiscal incluye en su escrito de acusación una atenuante de reparación del daño, pero pide al juez que le condene a dos años y nueve meses de cárcel y que además le multe con 300.000 euros y le retire la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas ni de tener beneficios o incentivos fiscales durante tres años.

México: Fiscalía presenta cargos a 10 por desplome del metro

Ciudad de méxico (ap) â?? la fiscalía de la ciudad de méxico anunció el lunes que interpuso cargos penales contra 10 individuos y compañías por defectos de construcción y de diseño que provocaron el desplome de un tramo de la línea 12 del metro en mayo, lo que dejó 26 muertos.Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía capitalina, dijo que los cargos son por homicidio involuntario o por negligencia, lesiones y daño en la propiedad. Lara no mencionó a los acusados, en apego a las normas de presunción de inocencia.Pero medios locales reportaron que incluían a exfuncionarios capitalinos responsables cuando la línea del tren subterráneo fue construida hace más de una década.Lara dijo que no se emitieron órdenes de arresto para los involucrados y que se les notificaría para que se presenten ante un juez en la audiencia inicial del caso, programada para el 25 de octubre.Los fiscales dicen que los estudios de los expertos hallaron que el desplome se debió a defectos en la construcción como soldaduras deficientes y pernos faltantes. Presuntamente también se cometieron errores de diseño.En el caso de las compañías involucradas, los fiscales han dicho que el objetivo de los cargos penales es hacerlas pagar o reparar daños tanto al metro como a las víctimas. Aparentemente los cargos penales contra los individuos podrían resultar en sentencias de cárcel para ellos.El informe de la Fiscalía, presentado la semana pasada, fue similar, aunque un poco más amplio, que las conclusiones anunciadas en septiembre por la firma privada noruega de certificación DNV.

La Fiscalía de Perú pide la prohibición de salida del país para el embajador en Venezuela

La Fiscalía de Perú ha solicitado al Poder Judicial que al embajador peruano en Venezuela, Richard Rojas García, se le prohíba salir del país en relación con la investigación sobre el supuesto blanqueo de capitales.De este modo, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ha emitido este requerimiento con el fin de que Rojas García --recientemente nombrado embajador en Caracas-- no se traslade hacia Venezuela, pudiendo así verse afectada la investigación en curso a la organización denominada Los Dinámicos del Centro, recoge el diario local 'La República'."Rojas García, a pesar de no ser funcionario ni servidor público de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de (departamento de) Junín, habría colaborado o participado en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de diversas personas a fin de que estas fueran beneficiadas con puestos de trabajo", ha señaló el fiscal especializado en blanqueo de capitales Richard Rojas Gómez a mediados de diciembre, cuando incluyó en la investigación al dirigente del partido oficialista, Perú Libre.Por tanto, la Fiscalía sostiene que Rojas García era el encargado de retirar el dinero para entregárselo al líder de la formación, Vladimir Cerrón. En concreto, el pasado mes de julio el nuevo embajador en Venezuela habría intentado retirar más de 376.000 soles --más de 82.000 euros-- a nombre de Cerrón, el bloqueo de las cuentas a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú lo impidió, según un informe de 'El Comercio'."El investigado Richard Rojas García habría participado y/o ejecutado actos de conversión de dinero maculado (de origen ilícito), no solo (...) para beneficio propio sino también para su partido político Perú Libre", ha indicado el fiscal Rojas Gómez.

La Fiscalía mexicana acusará al expresidente Peña Nieto por crimen organizado

La Fiscalía de México tiene previsto acusar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a algunos de sus colaboradores, por delincuencia organizada, dentro del caso que investiga una red de soborno a la constructora brasileña Odebrecht, tras la denuncia presentada por el antiguo director de PEMEX Emilio Lozoya.Además de Peña Nieto, la Fiscalía también acusará, entre otra docena de políticos, al que fuera ministro de Hacienda Luis Videgaray; y al expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya, quien ya había sido denunciado anteriormente por blanqueo de capitales y asociación para delinquir por este caso.Sin embargo, y ante la falta de avances en la investigación, la Fiscalía habría decidido acusar de los delitos más graves a Peña Nieto y su séquito, quienes podrían enfrentarse a penas de hasta 60 años de prisión.Según los últimos informes de la Fiscalía, Peña Nieto habría tenido un papel capital en esta trama junto a Videgaray, a quien las autoridades ya denunciaron por "traición a la patria" por unos supuestos delitos de soborno por valor de 10,5 millones de dólares a cambio de contratos para Odebrecht.Ambos "a través del otrora director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos", con los que se financió, por ejemplo, la campaña de Peña Nieto para las presidenciales de 2012 y los sobornos en el Congreso para que diputados y senadores avalaran una reforma constitucional en materia energética, informa el diario 'Milenio'.Entre los señalados también están el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los antiguos senadores del PAN Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Lavalle, y el exdirector del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores David Penchyna Grub.

La Fiscalía de Río denuncia a dos policías que participaron en la matanza de la favela de Jacarezinho

La Fiscalía de Río de Janeiro ha presentado este viernes una denuncia contra dos agentes de la Policía Civil que participaron en un operativo en la favela de la favela de Jacarezinho el pasado mes de mayo que dejó 28 muertos, entre los cuales también hay un uniformado.Ambos agentes están acusados de la muerte de una de estas personas, Omar Pereira da Silva. Según la Fiscalía, uno de ellos es responsable de su asesinato, mientras que el otro deberá hacer frente a una denuncia de fraude procesal, por manipular el escenario del crimen, después de que la víctima fuera ejecutada.La Fiscalía de Río de Janeiro defiende que Da Silva, desarmado y herido en un pie, fue ejecutado dentro de una casa. Posteriormente los agentes retiraron su cuerpo ya sin vida del lugar antes de que llegara los peritos forenses y le colocaron una granada y una pistola, informa Agencia Brasil.Se trata de la primera denuncia que las autoridades fiscales presentan por el polémico y ampliamente criticado operativo que la Policía Civil de Río de Janeiro llevó a cabo el pasado mes de mayo en esta favela considerada la base del 'Comando Vermelho', el grupo narcotraficante con mayor actividad de la ciudad.El 'Comando Vermelho' está acusado, entre otras cosas, de reclutar a menores de edad para que cometieran robos, secuestros y asesinatos. A pesar de que la Policía defendió que se cumplieron todos los protocolos, el operativo, el más mortífero de la historia en Río de Janeiro, fue ampliamente criticado, incluso por el juez del Tribunal Supremo, Edson Fachin, quien habló de "ejecuciones arbitrarias".Las organizaciones de Derechos Humanos se hicieron eco de las denuncias de algunos testigos que aseguraron que los policías no solo dispararon contra aquellos delincuentes que se habían rendido, sino contra el resto de los habitantes de la favela. Las autoridades también cuestionaron que los agentes transportaran los cadáveres, impidiendo así el peritaje de los funcionarios judiciales.

La Fiscalía ordena incautar la mensajería del exministro de Deportes por la venta de acciones del Colo Colo

La Fiscalía de Chile ha ordenado este viernes incautar los correos electrónicos que intercambió el exiministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, con una empresa búrsatil por la venta de más de 1,3 millones de acciones del equipo de fútbol Colo Colo, una transacción que se habría llevado a cabo con presunta información privilegiada.El exministro del gabinete de Sebastián Piñera está imputado en este caso de corrupción después de que el mismo Ruiz-Tagle se denunciara a sí mismo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que lo multó con más de 200 millones de pesos (unos 210.000 euros) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.La venta tuvo lugar en 2018, después de que Ruiz-Tagle fuera nombrado presidente de Blanco y Negro S.A., sociedad que administra los activos del Colo Colo. Durante su presidencia se vendieron más de 1,3 millones de acciones antes de que el equipo informara de su estado de cuentas, que era negativo. Cuando se dio a conocer esta información, el precio de las acciones se desplomó.La defensa del exministro, que se enfrenta a un caso penal, ha defendido su inocencia asegurando que se trata de una investigación que "ya está agotada", informa la emisora Radio Bío Bío.

La Fiscalía austriaca pide levantar la inmunidad del ex canciller Sebastian Kurz

La Fiscalía de Economía y Corrupción austriaca ha confirmado este viernes que han solicitado levantar la inmunidad del ex canciller Sebastian Kurz por las investigaciones de corrupción a las que se enfrenta, que han generado revuelo en el país y han motivado su dimisión.Tras su dimisión como canciller, Kurz juró este jueves como parlamentario, lo que le otorgó el estatus de inmunidad, por lo que el Parlamento tendrá que discutir y decidir si aceptar la solicitud de los fiscales en las próximas sesiones de la cámara. Se podría decidir en la próxima sesión del 16 de noviembre, segín 'Der Standard'.El Partido Popular Austriaco (OVP) de Kurz, que él mismo dirige, ha apoyado la petición, ya que, han asegurado, servirá para refutar las acusaciones vertidas contra el que fuera canciller.Kurz y otras nueve personas están acusadas de desviar fondos públicos a una empresa de prensa para impulsar sus aspiraciones políticas. En la última semana la Fiscalía ha registrado varias sedes oficiales.El escándalo generado por las revelaciones llevó a Los Verdes, socio minoritario del Gobierno de Kurz, a pedir su dimisión. Finalmente, Kurz dimitió el domingo, dos días antes de la moción de censura.Las acusaciones contra el ex canciller están relacionadas con unas encuestas que supuestamente encargó el Ministerio de Finanzas de Austria en las que Kurz y el Partido Popular Austríaco salían favorecidos y que aparecieron en un grupo de medios del país.Los investigadores creen que la cartera de Finanzas desvió dinero para los sondeos que, a juicio del fiscal, estaban "exclusivamente motivados para el avance político del partido". Su publicación en el grupo mediático estuvo acompañado de una cooperación publicitaria de más de 1,1 millones de euros. El grupo mediático rechaza las acusaciones.Kurz está acusado de incitar al pago de sobornos, mientras que varias personas de su círculo más cercano están acusadas del pago de los mismos, entre los que destacan, entre otros, sus estrategas de medios de comunicación Johannes Frischmann y Gerald Fleischmann.

Fiscalía de Chile ordena incautar la mensajería del exministro de Deportes por venta de acciones del Colo Colo

La Fiscalía de Chile ha ordenado este viernes incautar los correos electrónicos que intercambió el exiministro de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, con una empresa bursátil por la venta de más de 1,3 millones de acciones del equipo de fútbol Colo Colo, una transacción que se habría llevado a cabo con presunta información privilegiada.El exministro del gabinete de Sebastián Piñera está imputado en este caso de corrupción después de que el mismo Ruiz-Tagle se denunciara a sí mismo a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que lo multó con más de 200 millones de pesos (unos 210.000 euros) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.La venta tuvo lugar en 2018, después de que Ruiz-Tagle fuera nombrado presidente de Blanco y Negro S.A., sociedad que administra los activos del Colo Colo. Durante su presidencia se vendieron más de 1,3 millones de acciones antes de que el equipo informara de su estado de cuentas, que era negativo. Cuando se dio a conocer esta información, el precio de las acciones se desplomó.La defensa del exministro, que se enfrenta a un caso penal, ha defendido su inocencia asegurando que se trata de una investigación que "ya está agotada", informa la emisora Radio Bío Bío.

La Fiscalía insiste en que hay indicios claros de la intervención de Cospedal en 'Kitchen'

Anticorrupción sostiene que participó en la captación del chofer de Bárcenas como espíaMADRID, 15 Oct. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía Anticorrupción ha insistido en un nuevo escrito en que la intervención de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, en la 'Operación Kitchen' está "claramente reflejada" en las pruebas que obran en esta pieza separada de 'Tándem'.Así lo ha plasmado en su oposición al recurso presentado por el comisario Andrés Gómez Gordo contra su procesamiento por el dispositivo que se habría desplegado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior con recursos policiales y fondos reservados para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del partido y sus dirigentes y evitar que llegara a la Justicia.En el escrito, que ha avanzado 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas afirman que Gómez Gordo "tuvo un papel activo y, en algunos casos, protagonista" en la 'Kitchen', empezando por la captación del entonces chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos, como espía de la trama.Sobre esto, Gómez Gordo ha alegado que, siguiendo las instrucciones del entonces jefe de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino, se limitó a poner en contacto a Ríos con el comisario José Manuel Villarejo, si bien ha negado en todo momento que Cospedal y López del Hierro intervinieran en dicha gestión.Por contra, Fiscalía considera que "esta intervención queda claramente reflejada" tanto en las agendas personales de Villarejo como en las comunicaciones que mantuvo con López del Hierro por medio de una línea de teléfono que el empresario ha reconocido como propia.En este sentido, el Ministerio Público recalca que también son "plenamente coincidentes" los apuntes manuscritos de Villarejo relativos a la captación de Ríos con otros tres interlocutores telefónicos: Cospedal, Gómez Gordo y Luis de Grande Ortiz.Anticorrupción mantiene de este modo la línea argumental expuesta en su recurso de apelación contra el auto del pasado 29 de julio por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, puso fin a la investigación de 'Kitchen'.Los fiscales acusaron al juez de trazar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política y acotar el espionaje parapolicial a Bárcenas al Ministerio de Interior. Por ello, pidieron reabrir las pesquisas y volver a imputar a Cospedal, apuntando además a una "posible" responsabilidad del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.Pagador y receptor de informaciónEn este último escrito, abogan por mantener la imputación de Gómez Gordo no solo por su "inestimable colaboración" para captar a Ríos, sino porque señalan que le habría pagado al menos en tres ocasiones --por valor de unos 2.000 euros mensuales a cargo de los fondos reservados-- y que habría recibido la información que el chofer conseguía del matrimonio Bárcenas.Afirman asimismo que Gómez Gordo "fue el funcionario policial que grabó en la base de datos policial GATI un 'parte informativo'" para "para dar apariencia de licitud a los seguimientos e interceptación de documentos llevados a cabo en la 'Operación Kitchen'".Por todo ello, Anticorrupción rechaza que, tal y como argumenta el investigado, Gómez Gordo se limitara a cumplir órdenes de sus superiores jerárquicos sin saber que 'Kitchen' era ilegal. "Resulta difícil sostener, como hace el recurrente una vez más, que ignoraba el objeto manifiestamente ilícito de la operación policial", concluyen.

Fiscalía mexicana imputará a responsables por caída de metro

Ciudad de méxico (ap) â?? la fiscalía general de la capital mexicana concluyó el jueves que el desplome de un tramo elevado del metro, en el que 26 personas fallecieron y otras 98 resultaron lesionadas, fue consecuencia de errores en la construcción y anunció que imputará a las personas que tuvieron que ver.A cinco meses de la tragedia, la Fiscalía General presentó en conferencia de prensa los resultados de las investigaciones realizadas sobre el colapso ocurrido la noche del 3 de mayo en la línea 12 del Metro de Ciudad de México.El Ministerio Público determinó que si bien la falla en la estructura "fue súbita", la evaluación determinó que "el diseño presenta deficiencias que ponían en duda la estabilidad a largo plazo". "El colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción", afirmó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, al presentar los resultados del informe.La fiscal general Ernestina Godoy indicó que tras una rigurosa investigación se determinó que la instalación deficiente de los pernos y fallas en las soldadura causaron el colapso del tramo elevado del metro.Godoy anunció que Fiscalía cuenta con elementos para imputar penalmente a las personas morales y físicas que tenían a su cargo asegurar que las estructuras el metro no colapsaran, y agregó que el caso de las personas morales se buscará la reparación de las víctimas. La fiscal indicó que los implicados en el caso serán imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad.El dictamen de la Fiscalía General coincide con el informe que presentaron el mes pasado los expertos y que determinó que unos pernos mal soldados, mal ubicados o completamente ausentes que debían unir unas vigas de acero a una capa de hormigón que sostenía la plataforma de las vías fueron los causantes del colapso de la estructura.El gobierno de Ciudad de México contrató a la empresa de certificación noruega DNV para que determinara las causas del incidente. El informe final llegó a conclusiones similares a las del reporte preliminar de la misma empresa publicado en junio.La instalación descuidada de los pernos creó una situación en la que la estructura elevada "estaba operando como dos vigas paralelas independientes: una viga de concreto y una viga de acero, que experimentaron condiciones de carga para las que no estaban diseñadas", según el informe.La línea 12 del Metro de Ciudad de México se construyó a un costo de 1.300 millones de dólares entre 2010 y 2012, cuando el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, era el alcalde de la capital mexicana. Ebrard es visto como uno de los principales contendientes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.El proyecto estuvo plagado de sobrecostos y supuestas fallas de diseño, así como de corrupción y conflictos de interés.La ciudad tuvo que cerrar dicha línea en 2014, apenas 17 meses después de haber sido inaugurada, para reparar o sustituir las vías.

La Fiscalía pidió 17 años de prisión para Lautaro Teruel por abuso sexual

El juicio oral y público seguido contra Marcos Lautaro Teruel, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán por delitos de abuso sexual llegó a sus instancias finales. Hoy comenzaron los alegatos de las partes y se conoció que la fiscalía solicitó 17 años de prisión para el hijo de uno de los integrantes Los Nocheros y ocho años para sus dos cómplices.El representante del Ministerio Público, Federico Obeid, fue el encargado de abrir esta mañana la audiencia de alegatos en el juicio seguido contra los tres jóvenes acusados por delitos de abuso sexual. Tras la extensa exposición del fiscal, el tribunal pasó a un cuarto intermedio de 45 minutos. El juicio se reanudará con los alegatos de las querellas y, a continuación, será el turno de las defensas.Teruel se encuentra acusado en dos causas diferentes. En el primer expediente está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño. En la causa acumulada, está acusado, junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces de la Sala III, Carolina Sanguedolce (presidenta), María Gabriela González y Pablo Farah (vocales).La defensa de los imputados está en manos de Juan Casabella Dávalos (Teruel), Marcos Gorriti y Elina Linares (Farfán) y Pablo del Pino (Rodríguez). En representación de las víctimas se desempeñan como querellantes la doctora Liza Medrano y los doctores Sebastián y Lucio Flores Giralt.Ayer se cerró el debate con la declaración de Farfán, quien negó los hechos de los que se lo acusa, y la incorporación de la prueba reunida a lo largo del proceso, tras lo que el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30.Una de las denuncias que se ventilan en el juicio fue radicada por la madre de la víctima menor de edad, el 13 de marzo de 2019, y los abusos habrían tenido lugar en la casa de Teruel, cuando la niña tenía entre 10 y 13 años.La segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019, en la que la víctima aseguró que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, también en el inmueble de Teruel, donde ella mantenía relaciones sexuales con Rodríguez cuando el hijo del nochero Mario Teruel ingresó a la habitación, junto a Farfán, y abusaron de ella, cuando tenía 19 años.Durante el transcurso del juicio, Lautaro Teruel reconoció el abuso en contra de la víctima menor de edad y pidió perdón, pero negó el segundo hecho denunciado, y aseguró que mantuvo relaciones con la víctima de manera consentida.Por su parte, su padre, Mario Teruel, que integra el reconocido conjunto folclórico Los Nocheros, declaró que se enteró del abuso por la abuela de la víctima y que, al consultarle a Lautaro, le contó lo que había sucedido e incluso le habló de un abuso a otra menor de edad.

La Fiscalía de Bolivia cierra el caso del presunto fraude electoral en los comicios de 2019

La Fiscalía de Bolivia ha cerrado definitivamente el caso del presunto fraude electoral en los comicios de 2019 en favor del presidente Evo Morales tras la acusación de su rival en la campaña, Carlos Mesa, quien denunció un "fraude gigantesco".De igual modo, el fiscal del departamento de La Paz, William Alave, ha ratificado el sobreseimiento a favor de los cinco exvocales del Tribunal Supremo Electoral por los supuestos delitos electorales que cometieron en aquel año."Dispone la conclusión del proceso con relación a los citados imputados, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto siempre y cuando no hayan sido cesadas, y la cancelación de sus antecedentes penales", ha mencionado la Fiscalía en su resolución.Los cinco exvocales estaban acusados por los delitos de falsificación de documentos, manipulación informática y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros, tal y como ha informado la agencia boliviana ABI.Así, uno de los beneficiados por la resolución, el exvocal Ildefonso Mamani, ha reconocido ante Radio Panamericana que la ratificación del sobreseimiento de la causa demuestra que no existió delito alguno en las elecciones de 2019 y que todo el proceso ha sido una persecución "absolutamente política".La transparencia de los comicios fue ratificada por la Policía de Bolivia y por empresas externas, así como por investigadores y técnicos internacionales, e incluso por la Universidad de Salamanca, en España.Tras las acusaciones de fraude, las partes involucradas en el proceso electoral accedieron a que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoría con la que detectó "irregularidades". Morales dimitió el 10 de noviembre --apenas tres semanas después de la celebración de los comicios-- en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos.En su lugar, la que entonces era la 'número dos' del Senado, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder en el país sudamericano.Bolivia volvió a celebrar elecciones presidenciales el 18 de octubre, fecha pospuesta en varias ocasiones a causa de la pandemia de la COVID-19. En los comicios, Arce, candidato del partido de Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó los comicios en primera vuelta, con más del 55 por ciento de los votos.Por su parte, Áñez se encuentra en prisión preventiva desde el mes de marzo acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, por su rol en el marco de dicha crisis postelectoral.

La Fiscalía chilena imputa al antiguo director de la Policía por malversación y lavado de dinero

La Fiscalía Regional de Magallanes, en el sur de Chile, ha imputado este miércoles al que fuera director de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por delitos de malversación y lavado de dinero.El fiscal Eugenio Campos asegura que Espinosa se hizo con 146 millones de pesos chilenos (unos 154.500 euros) de manera irregular y se sirvió de testaferros para "ocultar o disimular" esas cantidades."Generó millonarias ganancias de al menos 146 millones de pesos, parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación", ha sostenido Campos."Se cometió el ilícito de lavado de activos bajo distintas modalidades, como la utilización de testaferros, para ingresar de manera fraccionada parte del dinero sustraído por concepto de gastos reservados, al sistema económico formal", ha dicho el fiscal, informa la red Bio Bio.La defensa de Espinosa sostiene, por su parte, que los hechos que se le imputan al antiguo director de la PDI ya fueron investigados y sobreseídos al considera que no había motivos para condenarle.Sin embargo, la jueza encargada del caso, Carla Capello, ha rechazado dichas alegaciones, por lo que Fiscalía y defensa discutirán este jueves en una nueva audiencia las posibles medidas cautelares que se impongan al imputado.

La Fiscalía de Ecuador investiga ocho casos relacionados con el paro de 2019 como delitos de lesa humanidad

La Fiscalía de Ecuador investiga ocho casos relacionados con el paro de 2019 como delitos de lesa humanidad, mientras entre los investigados se encuentran el expresidente Lenín Moreno y dos exministros.Según ha informado la Fiscalía General del Estado, hasta 735 noticias de delitos se desprenden de los sucesos que sacudieron el país entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 en el marco del paro nacional reivindicado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) como un levantamiento indígena en respuesta a la eliminación de los subsidios a los combustibles decretada por Moreno.Del total de estos casos, ocho se investigan como casos de fuero de Corte Nacional y apuntan a autoridades como el expresidente Moreno y los exministros de Gobierno María Paula Romo y de Defensa Oswaldo Jarrín.Asimismo, de acuerdo a un informe de la Comisión de la Verdad que promovió la Defensoría del Pueblo los incidentes dejaron 123 violaciones al derecho a la integridad personal, así como 38 violaciones al derechos a la libertad personal, según recoge el periódico ecuatoriano 'El Universo'.El informe indica también que hubo 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 lesiones oculares, seis ejecuciones extrajudiciales y tres casos de violencia sexual.Tras la violencia de las protestas de octubre de hace dos años, Moreno reculó en la decisión de la eliminación de los subsidios a los combustibles. La CONAIE conmemoró el paro el martes con un acto en el que denunció que se está "configurando un escenario similar" en la actualidad debido al reciente incremento de los precios de los combustibles.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre, concluyendo que la respuesta inicial del Estado ante las movilizaciones generó "actos de protesta" que, "en determinados casos, fueron reprimidos mediante el uso excesivo de la fuerza".

La Fiscalía de Argelia pide siete años de cárcel para el hermano de Buteflika por corrupción

La Fiscalía de Argelia ha reclamado una pena de siete años de cárcel contra Said Buteflika, hermano del fallecido presidente argelino Abdelaziz Buteflika, en el marco de un caso por corrupción y abuso de sus funciones.El hermano del exmandatario está siendo sometido a juicio en relación con la supuesta financiación oculta de la campaña de Buteflika a un quinto mandato, que provocó una oleada de movilizaciones populares y finalmente su salida del poder tras perder apoyos en el Ejército y la cúpula política.Said Buteflika, arrestado en mayo de 2019, poco después de la dimisión de su hermano, ya fue condenado en enero de 2020 a 15 años de cárcel en el marco de un caso por "complot contra la autoridad del Estado y del Ejército, si bien fue absuelto en enero de 2021 tras el proceso de apelación.Sin embargo, Buteflika continúa en prisión a la espera de que se resuelva este proceso, en el que la Fiscalía ha pedido además diez años de cárcel para el exministro de Justicia Tayeb Luh, acusado de falsificación de documentos e incitación a la parcialidad, según ha informado la agencia estatal argelina de noticias, APS.Asimismo, la Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para el ex secretario general del Ministerio de Justicia Laayine Zuaui, el antiguo inspector general de este mismo Ministerio Tayeb Belhacemi y el empresario Alí Hadad, ya condenado en varios casos por corrupción desde la salida del poder de Buteflika.

La Fiscalía chilena arranca esta semana las diligencias en la investigación a Piñera por Minera Dominga

La Fiscalía regional de Valparaíso comenzará esta semana con las diligencias relacionadas con la investigación abierta contra el presidente, Sebastián Piñera, por la venta de Minera Dominga, una transacción en la que se investigan posibles delitos de cohecho, soborno y financieros.La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, encargada de dirigir la investigación ha confirmado este lunes que a lo largo de esta semana está previsto que se tome declaraciones a las personas involucradas en la operación, entre ellos el propio mandatario, así como incautar correos electrónicos relacionados con el caso.La publicación de los Papeles de Pandora, fruto de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), ha provocado revuelo en el país por la revelación de que el presidente podría estar implicado en posibles infracciones fiscales.Según la información publicada, Piñera participó en la venta de Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.

En manos de Fiscalía

La Fiscalía de Bolivia admite la denuncia contra el gobernador de Santa Cruz por "ultraje" a la wiphala

La Fiscalía de Bolivia ha admitido la denuncia contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por "racismo y ultraje a símbolos patrios" por la retirada de la bandera indígena wiphala en los actos protocolarios por la efeméride del departamento.La jefa de bancada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Estefanía Morales, ha informado de que la denuncia, planteada por los diputados y senadores de la formación, ha sido admitida, por lo que la Fiscalía "comenzará a investigar lo ocurrido", recoge el medio boliviano 'El Deber'.Morales ha detallado que se indagará en todo lo sucedido en el día de la efeméride de Santa Cruz, cuando se produjo la polémica, ya que después de que el vicepresidente, David Choquehuanca, izó la wiphala, los asambleístas la bajaron.La denuncia puesta señala por ello al gobernador de Santa Cruz, pero también al líder civil Rómulo Calvo y al diputado regional José Carlos Gutiérrez, además de a las legisladoras Keyla García y Lisseth Durán."La Fiscalía tiene que investigar a estas cinco personas", ha añadido Morales en referencia a la admisión de la denuncia, que plantea delitos que tienen una pena de entre uno y siete años de prisión.La tensión en torno a la wiphala ha crecido a raíz de lo ocurrido a finales de la semana pasada en los mencionados actos protocolarios por la efeméride de Santa Cruz, tras lo que el Gobierno de Bolivia y sectores afines al MAS denunciaron la actitud de Camacho ante la enseña. Por su parte, Camacho apuntó que el izado de la bandera no estaba programado y que fue "una imposición".Además, el incidente ha supuesto la celebración de movilizaciones y marchas impulsadas por el MAS para reivindicar este símbolo, reconocido en la Constitución boliviana.

La Fiscalía brasileña abre una causa preliminar contra el ministro de Defensa por amenazas a la democracia

La Fiscalía de Brasil ha ordenado este miércoles la apertura de una investigación preliminar para dilucidar si el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, cometió un delito de amenazas contra la democracia cuando habría asegurado que no se celebrarían las presidenciales de 2022 si no salía adelante la propuesta constitucional del voto impreso para las urnas electrónicas.El pasado mes de junio, el diario 'Estadao' publicó que Braga Netto le hizo saber al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en presencia también de la plano mayor de las Fuerzas Armadas brasileñas, que las elecciones de 2022 no se celebrarían si la enmienda a la Constitución del voto impreso no era aprobada.El fiscal general, Augusto Aras, ha explicado que esta información del diario brasileño ofrece "indicios razonables" de que se ha podido cometer una "infracción político administrativa", por lo que ha decidido iniciar una investigación previa tras aceptar una demanda interpuesta por un grupo de diputados ante el Tribunal Supremo.Por su parte, Braga Netto ha negado siempre que ocurriera tal cosa y ha calificado el asunto de "invención". Según la prensa brasileña, el ministro de Defensa, a través de un interlocutor, dijo a Lira, que "si no hay elecciones verificables, no habrá elecciones"De puertas para adentro, Lira reconoció que aquel episodio era "gravísimo" e hizo saber al presidente, Jair Bolsonaro, quien ha estado esparciendo infundadas teorías sobre fraude electoral si no se aprobaba esa ley de voto impreso, que no contara con él para llevar a cabo ningún acto que contraviniera la Constitución.Esta propuesta de enmienda a la Constitución ha sido defendida con especial ahínco, e incluso con cierta virulencia, por parte del presidente Bolsonaro, quien llegó a decir después de que la Cámara Baja votara en contra de ella que los diputados o bien "no creen en la honestidad de las elecciones", o fueron "chantajeados".En los últimos meses, Bolsonaro ha criticado el modelo del voto electrónico, al que señala como responsable del fraude electoral que, acusa sin pruebas, se podría cometer contra él en las presidenciales previstas para octubre de 2022, en las que según los sondeos, caería derrotado en primera ronda contra una hipotética candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.Ya en mayo, Bolsonaro se mostró tajante al afirmar durante uno de sus directos en redes sociales que "va a ver voto impreso en 2022 y punto final, no se hable más. Si no lo hay, señal de que no habrá elecciones. Creo que el recado ya está dado". Unas declaraciones muy similares, que sumadas a sus ataques al Tribunal Superior Electoral (TSE) le han supuesto ser investigado por el Supremo dentro de un caso sobre difusión de noticias falsas contra las instituciones democráticas.

Fiscalía considera "nulo de pleno derecho" el proceso de repatriación de los menores marroquíes en Ceuta

Dice que se ignoró "total y absolutamente" el procedimiento establecido por la leySeñala a los juzgados de Ceuta como los competentes para conocer el recurso de la ONGMADRID, 28 Sep. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera "nulo de pleno derecho" cómo se llevó a cabo el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo porque no cumplió con requisitos básicos como informar a estos niños y adolescentes de sus derechos.Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito del pasado 17 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, donde informa a favor de admitir el recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio de Interior para deportar a dichos menores."Se considera que las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados, que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, (...) son nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", afirma Campoy.Es más, apunta que se trata de "actuaciones materiales de vía de hecho" porque han obviado el procedimiento establecido, vulnerando con ello las "garantías esenciales" que lo rigen.No se escuchó a los menoresSubraya el fiscal que la forma de actuar de la administración pública en este proceso de repatriación lesionó el derecho fundamental de los menores a la tutela judicial efectiva, recordando en este sentido que la jurisprudencia constitucional exige una "comunicación personal" de los trámites a los afectados."Se han omitido los preceptivos actos de comunicación a los menores interesados, información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso; cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos", expone.Campoy recalca que, en general, "no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española", detallando que no consta un trámite de audiencia con presencia de los menores que tuvieran "juicio suficiente" o de sus representantes legales, ni que se les haya informado de sus derechos, dado la posibilidad de formular alegaciones o de nombrar a un defensor judicial.Tampoco constan, añade, "los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal".El fiscal también echa en falta una "resolución final de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, que debe ser notificada al menor, su representante, tutor y al Ministerio Fiscal, poniendo fin a la vía administrativa".Competencia de los juzgados de ceutaEn consecuencia, el Ministerio Público estima que "procede la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto", aunque al mismo tiempo indica que "la competencia objetiva y territorial para conocer del mismo corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta".Y ello porque el reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social "atribuye a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la competencia para la tramitación de los procedimientos sobre repatriación de menores extranjeros no acompañados".Mientras que los juzgados de lo contencioso-administrativo tienen la competencia objetiva sobre los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en materia de extranjería por la administración periférica del Estado, siendo la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que haya emitido el acto impugnado.

La Fiscalía del TPI pide retomar su investigación sobre Afganistán tras el cambio de régimen

Khan quiere centrarse en abusos de los talibán y Estado Islámico y dejar de lado crímenes atribuibles a fuerzas extranjerasMADRID, 27 Sep. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha solicitado formalmente reanudar su investigación por los posibles abusos cometidos en Afganistán ya que, aunque accedió en 2020 por petición del Gobierno de Ashraf Ghani, ha habido "un cambio significativo de las circunstancias" tras el ascenso de los talibán al poder.La corte autorizó el 5 de marzo de 2020 a la oficina de Fatou Bensouda investigar si se habían cometido crímenes de guerra durante la guerra de Afganistán, un permiso que fue recibido con duras críticas por parte del Gobierno de Estados Unidos, que incluso sancionó a la anterior fiscal del TPI por sentirse señalado en las sospechas.El 26 de marzo de 2020, el Gobierno de Ghani instó al tribunal de La Haya a dejar cualquier pesquisa en manos de las autoridades afganas, lo que llevó a la paralización de las investigaciones y a una fase de colaboración "constructiva" que saltó por los aires el 15 de agosto de este año, cuando los talibán se hicieron con el control de Kabul."Los acontecimientos recientes en Afganistán y el cambio de autoridades nacionales representan un cambio significativo de las circunstancias", ha explicado el actual fiscal jefe del TPI, Karim Khan, que en junio de este año sucedió a Bensouda y tiene ahora en su mano decidir el camino a seguir.Khan ha apuntado en un comunicado que "no hay perspectivas de que haya investigaciones genuinas y efectivas" a nivel nacional, dejando claro que no se trata de que Afganistán no pueda asumir este tipo de casos, sino que no es posible "en estos momentos".Los talibán y estado islámicoEl fiscal sí ha matizado, sin embargo, que centrará sus investigaciones en los crímenes que hayan podido cometer los talibán y la filial de Estado Islámico, lo que implica restar prioridad a "otros aspectos" como podrían ser abusos atribuibles a las fuerzas militares extranjeras, por ejemplo las estadounidenses."La gravedad, magnitud y continuidad de los supuestos crímenes de los talibán y Estado Islámico (...) requiere que mi oficina dedique la atención y los recursos adecuados si queremos construir casos creíbles capaces de quedar probados más allá de toda duda en un tribunal", ha esgrimido Khan.El fiscal incluye entre sus sospechas "ataques indiscriminados sobre civiles, ejecuciones extrajudiciales, persecución de mujeres y niñas, crímenes contra los niños y otros crímenes que afectan a la población civil en su conjunto". En este sentido, ha prometido que trabajará para depurar responsabilidades: "Las víctimas y los supervivientes en Afganistán no se merecen menos".

Fiscalía pide medidas urgentes al Gobierno de Colombia ante el aumento de muertes infantiles por desnutrición

La Procuraduría de Colombia ha emplazado a los Ministerios de Salud y Agricultura del país y al superintendente Nacional de Salud a adoptar medidas urgentes ante el incremento de casos de muertes asociadas a la desnutrición de menores de cinco años.La Procuraduría recuerda que estas muertes son prevenibles y destaca la importancia de "actuar con firmeza para integrar políticas, planes, programas y estrategias nacionales y de desarrollo territorial con equidad y sostenibilidad".Según la Procuraduría, los departamentos que generan más preocupación son Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Vichada, Valle del Cauca, Atlántico y La Guajira, que sigue presentando el mayor número de casos en el país.El último informe sobre esta cuestión del Instituto Nacional de Salud (INS) recoge 133 muertes de niñas y niños en lo que va de año, de las cuales se han confirmado 104, cifra que, a cuatro meses de finalizar el año, ya supera el total de 2020.A juicio del ente de control es preocupante que exista "un aumento progresivo de muertes por y asociadas a la desnutrición en niños y niñas menores de cinco años, de conformidad con los reportes epidemiológicos remitidos a esta Procuraduría Delegada por parte del Instituto Nacional de Salud (INS)".La Procuraduría General de la Nación hará seguimiento permanente con los procuradores judiciales de familia a los indicadores que las entidades territoriales tienen a cargo y que se relacionen con una adecuada nutrición de la niñez, entre ellos, la tasa de mortalidad infantil y porcentajes de nacidos vivos con bajo peso y de retraso en talla en menores de cinco años.Solo entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre han muerto ocho niños y niñas menores de cinco años por causas relacionadas con la desnutrición.

La Fiscalía encarga a la Policía de Investigaciones de Chile la quema de pertenencias de migrantes venezolanos

La Fiscalía de la región de Tarapacá ha encargado este domingo a la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones (PDI) la investigación de la quema de pertenencias de migrantes venezolanos acampados en la localidad de Iquique durante una protesta contra la migración ilegal.Así lo ha instruido la fiscal Jócelyn Pacheco, que también ha dispuesto medidas para la protección de las víctimas, según ha informado la propia Fiscalía de Tarapacá a través de su cuenta en la red social Twitter.Varias decenas de personas salieron el sábado a las calles de la localidad de Iquique para protestar contra la migración ilegal, en medio de la crisis migratoria que sufre Chile, y quemaron las pertenencias de los migrantes venezolanos, entre las que se encontraban carritos de bebé, por ejemplo.El relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes Felipe González, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Amnistía Internacional ya han condenado lo sucedido.

La Fiscalía encarga a la PDI la investigación de la quema de pertenencias de migrantes venezolanos

((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error en el titular. Disculpen las molestias))MADRID, 26 Sep. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía de la región de Tarapacá ha encargado este domingo a la Brigada del Crimen de la Policía de Investigaciones (PDI) la investigación de la quema de pertenencias de migrantes venezolanos acampados en la localidad de Iquique durante una protesta contra la migración ilegal.Así lo ha instruido la fiscal Jócelyn Pacheco, que también ha dispuesto medidas para la protección de las víctimas, según ha informado la propia Fiscalía de Tarapacá a través de su cuenta en la red social Twitter.Varias decenas de personas salieron el sábado a las calles de la localidad de Iquique para protestar contra la migración ilegal, en medio de la crisis migratoria que sufre Chile, y quemaron las pertenencias de los migrantes venezolanos, entre las que se encontraban carritos de bebé, por ejemplo.El relator de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes Felipe González, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Amnistía Internacional ya han condenado lo sucedido.

La oposición de Burundi rechaza las acusaciones de terrorismo realizadas por la Fiscalía

El partido opositor Movimiento para la Solidaridad y el Desarrollo (MSD) de Burundi ha rechazado las acusaciones de terrorismo realizadas por la Fiscalía del país después de que se les responsabilizase de haber protagonizado una serie de atentados.La Fiscalía ha acusado al líder opositor Alexis Sinduhije como responsable de los últimos atentados con granadas perpetrados en los últimos días en la capital, Gitega, y en la ciudad de Buyumbura, y que se cobraron la vida de cuatro personas y más de un centenar de heridos.El fiscal general burundés, Sylvestre Nyandwi, ha indicado que Sinduhije, presidente del MSD, sería el líder de un grupo de ocho personas que integran "una banda terrorista" y que estaría detrás de los últimos ataques, condenados por el primer ministro, Alain Guillaume Bunyoni.En este contexto, el secretario general de la formación, François Nyamoya, ha negado con rotundidad estas acusaciones a la par que ha criticado a las autoridades del país por perseguirle en base a cuestiones "puramente políticas"."En 2015 me acusaron de ser un líder golpista. Ya me dieron órdenes de arresto y luego, recientemente, fui condenado a cadena perpetua. Creo que esta es una cuestión puramente política", ha defendido Nyamoya, según recoge Radio France Internationale.Del mismo modo, la propia formación política ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que rechaza enérgicamente las "acusaciones infundadas" de lo que consideran "un Gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos"."Ni nuestros líderes, ni nuestros miembros, están vinculados a la orientados hacia la violencia contra nuestro conciudadanos. Nosotros estamos inmersos en una lucha política difícil, pero de ningún modo terrorista", han apuntado, recoge el diario local 'Iwacu'.Por su parte, Sinduhije es considerado por las autoridades burundesas como el verdadero líder del grupo rebelde RED-Tabara, que tiene sus principales bases en República Democrática del Congo (RDC) y que ha perpetrado decenas de ataques durante los últimos meses, incluido uno con proyectiles el sábado contra el aeropuerto de Buyumbura.Estas dos figuras políticas han sido acusadas de terrorismo junto a la activista Marguerite Barankitse, fundadora de la Casa Shalom y premio Fundación Chirac para la prevención de conflictos, tal y como ha recogido el portal de noticias SOS Media Burundi.Todos ellos se encuentran en el exilio, por lo que el fiscal general Nyandwi ha confirmado la emisión de órdenes de arresto internacional y ha reclamado a los países en los que residen estas personas, entre ellos Ruanda, que detengan y extraditen a los sospechosos.Al mismo tiempo, ha alertado de que, en caso de que esto no suceda, "se comprometerá gravemente la paz y la seguridad en la región".El primer ministro de Burundi prometió el martes "llevar ante la justicia" a los responsables de los últimos "actos terroristas". "Estos criminales serán buscados, arrestados y llevados ante la justicia para responder por sus actos innobles", dijo.Los ataques tuvieron lugar poco después de que el presidente burundés, Evariste Ndayishimiye, abandonara el país para acudir a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Fiscalía de Perú ordena la cremación del cuerpo del fundador de Sendero Luminoso, Abigael Guzmán

La Fiscalía de Perú ha notificado este jueves a las autoridades y al Ministerio de Justicia que pueden iniciar los procedimientos pertinentes para proceder a la cremación de los restos del líder y fundador de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.Así, el cuerpo de Guzmán, quien falleció el pasado 11 de septiembre en su celda de la prisión de la Base Naval del Callao, serán incinerados tal y como dispone la ley recientemente aprobada en el Congreso peruano, recoge el diario local 'El Comercio'.La mencionada legislación señala que las autoridades procederán a cremar los restos mortales de un sentenciado por terrorismo a fin de evitar poner en riesgo la seguridad nacional y el orden público.La Fiscalía indicó que esta decisión se sustenta en "la defensa de los intereses públicos y el interés social" y considerando que "sus decisiones tienen impacto en la sociedad".Hace unas semanas, la viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre, quien también permanece en prisión, solicitó que se le entregara el cadáver de su marido para su sepultura, algo que la propia Fiscalía rechazó.El fundador de Sendero Luminoso falleció a los 86 años de edad tras un deterioro de su salud atribuido a su negativa a ingerir alimentos desde el 13 de julio.Guzmán, también conocido como 'camarada Gonzalo' fue el líder de la guerrilla peruana, activa principalmente en las décadas de 1980 y 1990. El 12 de setiembre de 1992 el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) ejecutó la operación 'Victoria', que permitió capturarle en una casa de Lima junto a varios de sus seguidores, incluida Iparraguirre.Tras su detención fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal militar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio civil. Finalmente, en 2006 fue sentenciado a la misma pena por el delito de terrorismo contra el Estado.

La Fiscalía anuncia una investigación contra peritos por "manipular" pruebas en el caso de los normalistas

La Fiscalía General de México ha anunciado la puesta en marcha de una investigación contra los peritos que supuestamente "manipularon" pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, unos días antes de la conmemoración del séptimo aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes."Hay una investigación de la Fiscalía sobre el actuar de la misma Fiscalía y los servicios periciales", ha trasladado el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa del Ministerio Público, Omar Gómez."Próximamente también estaremos judicializando a actores que formaban parte de servicios periciales que también manipularon evidencias", ha agregado, según ha recogido el diario 'El Sol de México'.Gómez ha trasladado que la Fiscalía opina que "un conglomerado de funcionarios públicos actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición de la que gozaban y que en función de eso desviaron toda una investigación".Las autoridades de la Administración de Enrique Peña Nieto concluyeron que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014 y sus restos fueron incinerados en un basurero, una versión conocida en México como la "verdad histórica". La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha negado esta versión y ha iniciado nuevas pesquisas. El fiscal Gómez ha insistido en las "muchas irregularidades" cometidas por la Procuraduría General de México durante el caso."Toda esa manipulación de la evidencia, toda esa recreación de todo ese andamiaje institucional, porque actuaron distintas instancias del gobierno para poder crearlo, ha sido una mentira y esos son los procesos de judicialización que estamos siguiendo", ha incidido.El caso ayotzinapaLos 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.La versión oficial es que fueron sorprendidos por la organización criminal 'Los Rojos', como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas han desmontado esta teoría y han apuntado que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región. Las autoridades no han investigado esta vía.El Gobierno de Enrique Peña Nieto dio por cerrada la investigación pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, ha ordenado reabrirla hasta conocer la verdad de lo ocurrido.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al indulto del rapero Pablo Hasel

Una vez informe el tribunal sentenciador será el Gobierno tenga la última palabra sobre el indultoMADRID, 22 Sep. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha emitido un informe en el que se posiciona en contra de que se le conceda el indulto al rapero Pablo Rivadulla, conocido artísticamente como Pablo Hasel, al entender que no procede porque "está condenado por múltiples hechos delictivos", siendo en alguno de ellos reincidente, como ocurre con el de apología del terrorismo.En un comunicado emitido por el Ministerio Público se indica además que de acuerdo al informe del Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) valorando su conducta, no se hace mención a que sea merecedor del indulto por razones de "justicia, equidad o conveniencia pública". Apuntan que Hasel ha manifestado su disconformidad con participar en los programas individualizados que se desarrollan en el centro penitenciario. "No quiere realizar tratamiento alguno", apuntan.Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, indican que efectivamente el rapero ha rechazado someterse a tratamiento en prisión porque entiende que no tiene nada de lo que arrepentirse. Ve ese rechazo a entrar en programas como una forma de reivindicación más y un acto de defensa de su libertad de expresión.Según apuntan, una vez conocida la postura de Fiscalía, queda por conocer el informe sobre el indulto del tribunal sentenciador de la Audiencia Nacional. Cuando esté, quien tiene la última palabra sobre el indulto será el Ministerio de Justicia.La Audiencia Nacional ordenó en enero de este año su ingreso en prisión para que cumplir una condena de nueve meses de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales. Hasel ingresó en la prisión de Ponent el 16 de febrero de este año.Esta decisión llegaba después de que en noviembre el Tribunal Constitucional (TC) notificara que inadmitía a trámite el recurso que Hasel presentó contra su condena, que previamente fue confirmada por el Supremo en junio.En diciembre, cuando se conoció la inadmisión del TC, la defensa de Hasel ya advertía de que la Audiencia Nacional podía ordenar su ingreso en prisión, porque a esta última condena se sumaba otra anterior a dos años de cárcel que se le impuso en marzo de 2015 por enaltecer a ETA en varios vídeos difundidos por Youtube.Los mensajes en twitter y la canción en youtubeHasel fue condenado a 9 meses y 1 día de prisión por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en septiembre de 2018, así como al pago de una multa de aproximadamente 30.000 euros. Este tribunal redujo no obstante la pena inicial de marzo de 2018 que le impuso la Sala de lo Penal, y que ascendía a dos años y un día de prisión.Según el Supremo, que confirmó la postura de la Audiencia Nacional, el artista difundió en su perfil de Twitter --que entonces contaba con más de 54.000 seguidores, hoy más de 100.000-- más de 60 mensajes entre los años 2014 y 2016 en los que ensalzó la figura de miembros de ETA, como es el caso del exjefe militar de la banda terrorista, el fallecido Joseba Arregi, de quien dijo que murió torturado por la Policía y de los GRAPO como Isabel Aparicio, detenida en octubre de 1979 y "exterminada por comunista", según sus publicaciones.También incluyó 'tuits' en su cuenta que incorporaban vídeos que incitaban a la violencia, con comentarios que se consideran enaltecedores del terrorismo y vejatorios para la Corona y otras Instituciones del Estado como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A eso sumaban que en hasta 1.915 'tuits' aparecían las palabras GRAPO, Monarquía, Borbón, Rey, ETA, terrorismo, bomba, Policía y Guardia Civil.Ante el alegato de que esos mensajes se amparaban en la libertad de expresión y de opinión, el Supremo señaló que ese derecho "cuenta con algunas barreras" y está condicionado "por otros derechos y exigencias constitucionales" como el del respeto al otro y por "la prohibición de conductas de alabanza de actividades terroristas que alimente un clima favorable a su reproducción o se constituya en germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza".

Chano, a Campana: irá hoy a la fiscalía para facilitar el desbloqueo de su teléfono celular

El músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier concurrirá esta mañana a la Fiscalía de Campana para aportar los datos que permitan desbloquear su teléfono celular, secuestrado la noche del 25 de julio pasado, cuando fue baleado por un oficial al que presuntamente quiso atacar con un cuchillo en medio de un cuadro de excitación psiquiátrica en su casa de un barrio privado de Capilla del Señor.El exlíder de Tan Biónica, de 39 años, asistirá a la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, para aportar la clave de su iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido en el contexto de la causa en la que está imputado el oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 27."Se trata de extraer una copia de los datos del teléfono para poder devolverlo. En principio, no se realizará un análisis sobre los días y horas previas al hecho investigado, eso se evaluará luego de ser necesario", explicó una fuente del caso a la agencia de noticias Télam.En tanto, voceros judiciales informaron que también se avanzará en la extracción de los videos de las cámaras de seguridad del domicilio del músico, ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz.Por otra parte, la semana que viene está previsto que se realice una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado psiquiátrico en el que se encontraba Moreno Charpentier la noche del 25 de julio último.Con relación al peritaje realizada sobre las prendas que vestía esa noche el músico, el próximo lunes se tomarán nuevas muestras para ser analizadas con un microscopio por barrio electrónico en la sede que la Procuración bonaerense posee en la ciudad de La Plata."La primera pericia que se realizó sobre la ropa, que fue una observación simple, indicó que no poseía deshilachamiento o halo de ahumamiento. Pero como los resultados no fueron concluyentes, se hará un análisis más detallado", explicó una fuente de la pesquisa al referirse a la prueba de la que podría surgir la distancia y el ángulo desde el cual el policía disparó contra Chano.Los resultados de todas esas pruebas son los que aguarda el fiscal Martín Zocca, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Zárate-Campana, para resolver la situación procesal del policía.Chano Moreno Charpentier se encuentra internado en un centro terapéutico de la localidad de Boulogne, adonde fue trasladado para tratar sus adicciones una vez que fue dado de alta del Sanatorio Otamendi, donde fue asistido durante 18 días tras ser baleado.Por el hecho, el policía Amendolara se encuentra imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.Zocca quiere saber si Amendolara disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla mientras estaba bajo un presunto brote psicótico o si cometió un exceso.

"Chano" se presentó ante la Fiscalía y dijo que no recuerda nada del incidente con su mamá

El músico se presentó ante la UFI de Campana para desbloquear su teléfono celular

La Fiscalía de Uruguay investiga un caso de abusos y tortura contra un preso por parte de varios reos

La Fiscalía de Uruguay ha abierto una investigación sobre un caso de abusos y tortura contra un preso de una cárcel de Montevideo, la capital del país, a manos de un grupo de reos del mismo centro penitenciario.Las autoridades han indicado que el recluso, de 28 años, habría sido secuestrado, torturado y sometido a abusos sexuales por varios compañeros de celda. Varios medios de comunicación han alertado de que el preso habría sido extorsionado, además de ser privado de alimentos.Juan Miguel Petit, comisionado ante el Parlamento para el sistema penitenciario, ha lamentado que el interno presenta un "estado de estrés postraumático similar al de un náufrago". Así, ha solicitado una reunión con el ministro del Interior, Luis Carlos Heber."Los tres poderes del Estado tienen que pensar y trasladar ese pensamiento en acciones. No se puede responsabilizar a esta administración ni a la anterior; es un grave problema estructural que tiene el país. Nosotros lo hemos señalado varias veces en los últimos años", ha expresado Petit, que ha indicado que "al horror humano de lo que hacen a veces las personas hay que responder con diálogo, dignidad y política pública".Por su parte, el Ministerio del Interior ha indicado en un comunicado que en el operativo realizado tras la revelación del caso se hallaron indicios de que había 750 personas que permanecían en el módulo 11 del penal donde ocurrieron los hechos. Además, "se pudo determinar que siete reos sufren un cuadro de pérdida de peso, en la mayoría de los casos asociado al consumo problemático de drogas", tal y como recoge el texto.

"Chano" irá hoy a la fiscalía de Campana para permitir el desbloqueo de su teléfono celular

Moreno Charpentier se encuentra internado en un centro terapéutico de la localidad de Boulogne, adonde fue trasladado para tratar sus adicciones una vez que fue dado de alta del Sanatorio Otamendi donde estuvo internado luego de ser baleado

"Chano" irá hoy a la fiscalía de Campana para permitir el desbloqueo de su teléfono celular

Moreno Charpentier se encuentra internado en un centro terapéutico de la localidad de Boulogne, adonde fue trasladado para tratar sus adicciones una vez que fue dado de alta del Sanatorio Otamendi donde estuvo internado luego de ser baleado

La defensa del finado líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, denuncia su asesinato ante la Fiscalía

La defensa del líder y fundador de la guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, ha denunciado su asesinato ante la Fiscalía y ha solicitado que el cuerpo sea reconocido y entregado a su viuda para llevar a cabo su sepultura "conforme a sus creencias" y no la incineración fijada ya por las autoridades.El abogado Sebastián Chávez ha solicitado a la fiscal general, Zoraida Ávalos, que acuda al penal de mujeres de Chorrillos para que la esposa del finado, Elena Iparraguirre, quien ya solicitó sin éxito hace una semana recibir el cadáver, ratifique esta denuncia para comenzar cuanto antes las investigaciones.Guzmán, también conocido como 'camarada Gonzalo', murió el pasado 11 de septiembre en la cárcel militar de Callao en la que se encontraba cumpliendo cadena perpetua por delitos de terrorismo. Desde entonces, el destino del cuerpo sin vida ha sido motivo de controversia en Perú.El presidente de Perú, Pedro Castillo, promulgó el viernes una ley del Congreso para incinerar los restos de aquellos condenados por terrorismo, aunque está a la espera de que la Fiscalía fije el lugar en el que se ha de hacer.Varios partido del arco parlamentario del Congreso de Perú elaboraron este proyecto legislativo argumentando que hacerlo de manera convencional podría suponer un peligro para el orden público y contravenir las leyes antiterroristas ante la posibilidad de que se formaran peregrinaciones periódicas para visitar su lápida.La postura dentro del oficialismo tampoco es unánime, pues si algunos como la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, creen que su incineración aportará "tranquilidad" a la ciudadanía y las víctimas, desde la bancada de Perú Libre en el Congreso aducen fallos de forma en la ley para oponerse a ella.La formación de Gobierno votó en contra de la propuesta legislativa presentada por la oposición pues consideran que es "una iniciativa que tiene nombre propio y que, de aprobarse, su aplicación de manera retroactiva sería inviable"."En el debate del Congreso quedó bien claro un asunto, quien más necesita el cuco del terrorismo y quien más necesita a Abimael Guzmán vivo, aunque esté muerto, vigente, es la derecha y el fujimorismo sobre todo", manifestó este fin de semana el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, cuenta el diario 'La República'.

La Fiscalía del Supremo notificó al rey emérito que abría diligencias hasta en tres ocasiones en 2020

En esas comunicaciones el Ministerio Público ofreció al abogado de Juan Carlos I personarseMADRID, 20 Sep. 2021 (Europa Press) -La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó al rey emérito Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relativas a su fortuna. Según adelanta El País, esos tres avisos llegaron a la defensa del que fuera monarca hasta 2014 y en ellas se le invitaba a personarse.Dado que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020 cuando el emérito presentó una regularización fiscal, una declaración voluntaria, ante la autoridad tributaria en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.Ya entonces, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa del Rey emérito Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. El dinero, según los investigadores, podría tener su origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.Tras esa primera regularización, se produjo una segunda (conocida en febrero de 2021) por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, y por medio de la que Juan Carlos I abonó más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según adelantaron los diarios 'El País' y 'El Español'.Esa segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria era relativa al pago de ocho millones de euros por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, con los que se abonaron gastos del rey emérito, especialmente viajes en aviones privados, según ambos diarios.Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El rey aparecería como beneficiario de esta fundación. Casa Real explicó que Juan Carlos I desconocía esta información y añadido que, si efectivamente era así, renunciaba a ella.La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".Dado que aún no se ha presentado querella contra el emérito, quien permanece en Emiratos Árabes Unidos desde hace más de un año, el foco se debe poner en la última parte del artículo del Código Penal dado que señala expresamente las "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias. Ese es el aspecto que deberá valorar la Fiscalía para dar por buena o no la regularización a efectos de anular el presunto delito fiscal.Los movimientos de haciendaYa en mayo de este año la Agencia Tributaria (AEAT) notificó a Juan Carlos I la apertura de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado y que han permitido aflorar casi 5 millones de euros, la mayor parte presuntamente relacionados con vuelos privados que le sufragó una fundación de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.Por otro lado, este mes de septiembre, el presidente de los Técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, pidió a la Fiscalía del Tribunal Supremo que aclarara si notificó al Rey emérito Don Juan Carlos la apertura de diligencias de investigación contra él antes de que llevase a cabo las regularizaciones de sus fondos en el extranjero.Hasta el momento, desde la Fiscalía evitan aclarar su efectivamente esas notificaciones se realizaron formalmente antes de que el emérito regularizara con Hacienda. Si la notificación fue formal, los téccnicos sostiene que la regularización no es válida y Don Juan Carlos tendrá que hacer frente a las posibles responsabilidades administrativas y penales que se deriven de la causa.Precisamente, en este mes de septiembre se conoció, según adelantó El Mundo que la Fiscalía del TS cree que el Rey Don Juan Carlos cobró "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales" para amasar su fortuna, según quedaría reflejado en una comisión rogatoria librada a las autoridades suizas para obtener información sobre la Fundación Zagatka.La Comisión Rogatoria apunta a la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

La Fiscalía abre diligencias por la manifestación neonazi en Chueca contra el colectivo LGTBI

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado de oficio unas diligencias de investigación penal por la manifestación neonazi celebrada el pasado sábado en el barrio de Chueca contra el colectivo LGTBI, han informado fuentes fiscales.La incoación de oficio de las diligencias de investigación se ha hecho en coordinación con el Fiscal de Sala Delegado de Odio y Discriminación.En la marcha, autorizada por la Delegación de Gobierno en Madrid, un grupo de manifestantes profirió consignas tales como "fuera sidosos de Madrid" o "fuera maricas de nuestros barrios". En el transcurso de la manifestación, la Policía Municipal pudo colaborar en algunos incidentes y detuvo a una persona.El Ministerio Público ya ha oficiado sendos informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno para que recaben información sobre si lo acontecido durante la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro para protestar contra 'agendas 2030/2050' es constitutivos de un delito de odio.La Delegación de Gobierno de Madrid autorizó la manifestación bajo el lema 'Di no a la agenda 2030/2050' y a instancias de una petición realizada por un particular en representación de la asociación de vecinos San Blas-Canillejas.La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha pedido este lunes perdón al colectivo LGTBI por los insultos y amenazas que le profirieron algunos de los asistentes de la manifestación nazi del sábado por las calles de Chueca --un barrio de Madrid ligado al movimiento LGTBI--, contra los que actuará la Delegación una vez reciba los informes policiales sobre la misma.Tras la marcha, González está a la espera del informe policial, recabando toda la información, con la que acudirán a la Fiscalía para ver si aprecia delito de odio. Además, la Delegación iniciará las sanciones administrativas que correspondan ante "el engaño" de esa asociación.

La Fiscalía de Perú pide 35 años de prisión para un exgobernador acusado de recibir dinero de Odebrecht

La Fiscalía de Perú ha solicitado 35 años de prisión para el exgobernador de la provincia de Callao Félix Moreno, acusado de varios delitos relacionados con la constructora Odebrecht.El Ministerio Público peruano ha acusado a Moreno de blanqueo de capitales, colusión agravada y de liderar una organización criminal dentro del gobierno local, por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht para la concesión del proyecto para la construcción de la vía Costa Verde.La Fiscalía peruana da así por concluida la investigación preliminar del caso y, junto a Moreno, ha presentado cargos contra 16 exfuncionarios. La fiscal a cargo del caso, Geovanna Mori, ha indicado en declaraciones a la emisora RPP que para los otros acusados la Fiscalía ha solicitado condenas que oscilan entre los 22 y los 35 años de prisión.Entre ellos figuran un ciudadano israelí, Gil Shavit, además de exejecutivos de la constructora y otras personas que recibieron dinero para financiar la campaña de Moreno.

La Fiscalía de Venezuela tilda de "panfleto" el informe de la ONU y dice que lo "financia" el Grupo de Lima

Saab anuncia la creación de Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos HumanosGuaidó subraya que el informe "reitera" la "urgencia de tener justicia en Venezuela", necesaria para la "paz"MADRID, 17 Sep. 2021 (Europa Press) -El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha tildado de "panfleto" el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que acusa a la Justicia venezolana de "perpetuar" violaciones de los Derechos Humanos contra opositores al Gobierno, y ha dicho que este está "financiado" por el Grupo de Lima --una alianza regional crítica con el Ejecutivo de Nicolás Maduro--.Saab ha mostrado en una rueda de prensa, trasmitida por Venezolana de Televisión, su rechazo "contundente" al informe, que apunta también a que el sistema judicial venezolano es "carente de independencia"."Rechazamos el reciente informe de esta misión entre comillas. Hicieron un panfleto atacando el sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y fiscales que arriesgamos, en medio de una circunstancia de asedio a nuestro país, no solo la integridad física sino también exponemos de forma clara cómo deben hacerse las cosas no solo en temas de Derechos Humanos sino en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada", ha apostillado Saab.Asimismo, ha aseverado que el "supuesto informe" ha sido realizado por una comisión "'ad hoc' financiada por el Grupo de Lima", el cual, supuestamente, ha destinado cinco millones de dólares al pago de tres de los investigadores de la misión, según recoge el medio venezolano Efecto Cocuyo."Siempre que el país avanza hacia el diálogo --en referencia al diálogo entre oposición y Gobierno que se lleva a cabo en México-- y la resolución de diferencias a través del voto, aparecen estos grupos para intentar mancillar a nuestros funcionarios", ha denunciado en referencia a la alianza, que, a su juicio, "sigue ofendiendo la institucionalidad democrática".En este sentido, ha defendido el trabajo de Venezuela para "imponer acciones judiciales oportunas" ante violaciones de Derechos Humanos, y ha manifestado su "duda" sobre que "en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo","En Venezuela tenemos a más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de Derechos Humanos", ha asegurado, para defender así la actuación de la Fiscalía ante aquellos que han "atentado contra el presidente (Nicolás Maduro) y representantes del Estado"."¿Frente a los intentos de magnicidio qué quería esta misión 'ad hoc', que no se detuviera a los responsables?, ¿frente a la incursión mercenaria marítima, donde 15 implicados, entre ellos dos extranjeros, confesaron los delitos que pretendían cometer de magnicidio y asalto a las instituciones producto de un contrato, qué quería esa misión, que no se actuara?", ha cuestionado, para decir que se "debe actuar frente a ello al igual que se actúa contra aquellos que atentan contra los Derechos Humanos supuestamente amparados por una credencial".Unidad de investigación de ddhhEn el marco de su defensa a la Justicia venezolana, Saab ha anunciado la creación "inmediata" de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de Derechos Humanos, cuyo objetivo será la "agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones".Esta unidad, ha apuntado, apoyará a los fiscales de dichas causas a que, desde el punto de vista técnico criminalístico, evalúen según las circunstancias de cada caso la línea de investigación aplicada, a fin de "practicar lo necesario" para el esclarecimiento de los hechos, ha incidido.Esta, estará conformada por cuatro fiscales nacionales especializados en materia de protección de Derechos Humanos y cuatro fiscales auxiliares, investigadores, expertos criminalísticos, técnicos profesionales, médicos forenses y médicos patólogos, ha detallado."Esta es una nueva medida que toma la Fiscalía con la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección e investigación en casos de Derechos Humanos, y es una nueva muestra del compromiso en la defensa de estos derechos", ha aplaudido.Por otro lado, el fiscal se referido a un conjunto de leyes que discute la Asamblea Nacional que incluyen una reforma del Código Orgánico Procesal Penal; una reforma del Código Orgánico Penitenciario; una reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales; una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar y una reforma parcial del Decreto de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.Así, ha saludado la reciente aprobación de un paquete de siete leyes vinculadas a los Derechos Humanos, el cual ha considerado una "demostración del aporte del Estado venezolano en pro de la legalidad".Un segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela detalla cómo las "deficiencias" del sistema de justicia "han ido de la mano" de "un patrón de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes del Derecho Internacional", todo ello en un contexto avalado por el Estado para "silenciar, desalentar y sofocar" a la oposición desde 2014."Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores", ha explicado la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.El informe, que se ha realizado sobre la base de 177 entrevistas y una encuesta a exjueces, fiscales o abogados, abre la posibilidad de que funcionarios públicos, "incluso algunos de alto nivel", hayan podido cometer este tipo de violaciones. Además, según la misión, el Estado venezolano no estaría investigando los casos de violaciones de Derechos Humanos en los casos que involucran a opositores, sean estos "reales o percibidos por el Gobierno como tales".Tras la publicación del informe, el Centro de Comunicación Nacional, que actúa como oficina de prensa del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha señalado que el trabajo es un "nuevo golpe" a la "dictadura" de Nicolás Maduro.Posteriormente, Guaidó ha escrito, en un mensaje en su perfil de Twitter, que el informe "reitera la necesidad urgente de tener justicia en Venezuela para detener los atropellos que allí se describen y que no se repitan"."Hoy no tenemos justicia, recuperarla es tener paz y certezas en el presente y futuro", ha clamado el líder opositor.

La Fiscalía y la defensa del acusado de tráfico de aves se oponen a su extradición a Perú y defienden que no hay delito

La Fiscalía y la defensa de Alberto Sierra Olivan, un ciudadano español requerido por las autoridades de Perú por su participación en el tráfico de aves prohibidas hacia España, se han opuesto este jueves a su extradición defendiendo que el acusado no ha incurrido en ningún delito.Así se ha expresado el Ministerio Fiscal --que se ha ratificado en su oposición a la extradición-- explicando que los diferentes tipos de tucanes importados no están protegidos en el Código Penal español, que tan solo contempla a la fauna nacional.Según la Fiscalía, Sierra tampoco habría cometido un delito de contrabando, puesto que el total de todos los animales no supera los 50.000 euros que trazan la frontera entre el delito aduanero y la mera infracción administrativa.De esta forma, el fiscal ha defendido que se trata de una "manifiesta y clara infracción administrativa de orden aduanero que no corresponde enjuiciar" a la Audiencia Nacional. "Por tanto, y sin entrar en mayores argumentos", el Ministerio Público ha rechazado su entrega, que tampoco "ha lugar por razones de proporcionalidad".Por su parte, la defensa de Sierra se ha adherido a los argumentos de la Fiscalía y ha asegurado que no concurre el principio de doble incriminación. "Entendemos que es una sanción administrativa y solicitamos un auto en que no ha lugar a la extradición", ha añadido.Sorprendido con variedades del tucán como el cabezón o el rabirojoEl acusado, que ha rechazado hacer uso de su turno de palabra, fue sorprendido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima el 25 de junio de 2016 en posesión de un total de 34 aves silvestres sin contar con la autorización para ello, y entre los que se contaban algunas variedades del tucán como el andino, el cabezón o el rabirojo.El ciudadano español fue detenido en septiembre de 2019 en Logroño por agentes de la Guardia Civil en cumplimiento de una orden internacional de detención que se basaba, precisamente, en la adquisición, transporte y entrega de esas mismas aves con la finalidad de su exportación a España.Esto dio lugar a la apertura de la Operación Suzaku, culminada en noviembre de 2017, con la detención de una treintena de personas integrantes de una organización criminal dedicada a la introducción ilegal en España de aves y huevos, adquiridos en diversos países de África y Sudamérica.La desarticulación de esta organización, que utilizaba mulas para el transporte de las aves o sus huevos por vía aérea, se saldó con la detención de 29 personas en distintos puntos del territorio nacional, así como en otros países, a las que habría que sumar otras 2 personas que han sido investigadas no detenidas en España.

La Fiscalía de Perú rechaza la petición de entregar el cuerpo de Abimael Guzmán a sus familiares

La Fiscalía de Perú ha denegado la petición presentada por Elena Iparraguirre para que se le entregara el cuerpo de su marido, el histórico líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido el pasado 10 de septiembre.Según ha precisado el Ministerio Público a través de su cuenta en la red social Twitter, el fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho ha tomado la decisión después de ponderar "el orden público e interés social". La muerte del líder guerrillero ha desatado el debate en Perú sobre el destino de sus restos mortales, con una gran parte del espectro político demandando que sean incinerados.No obstante, la Fiscalía ya ha adelantado que el cuerpo permanecerá bajo su custodia hasta que "termine la investigación fiscal".El pasado sábado Guzmán falleció a los 86 años de edad tras un deterioro de su salud atribuido a su negativa a ingerir alimentos desde el 13 de julio.Guzmán, también conocido como 'camarada Gonzalo' fue el líder de la guerrilla Sendero Luminoso, activa en Perú principalmente en las décadas de 1980 y 1990. El 12 de setiembre de 1992 el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) ejecutó la operación Victoria que permitió capturar en una casa de Lima a Guzmán y varios de sus seguidores, incluida su esposa.Tras su detención fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal militar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio civil. Finalmente, en 2006 fue sentenciado a la misma pena por el delito de terrorismo contra el Estado.

La Fiscalía investiga a Guaidó por "usurpación de funciones" y "hurto de activos" en Monómeros

Guaidó defiende la intervención colombiana en la compañía y responde a la Fiscalía que los activos de Venezuela seguirán "protegidos"MADRID, 15 Sep. 2021 (Europa Press) -El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este martes de que se ha abierto una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por presunta "usurpación de funciones" y "hurto de activos", entre otros delitos, en relación con la empresa Monómeros, filial en Colombia de la entidad estatal Petróleos de Venezuela S.A.."La Fiscalía abre investigación contra el sujeto Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir", ha apuntado en concreto Saab en su perfil de Twitter, en referencia al denominado 'Caso Monómeros'.El anuncio de la Fiscalía se ha producido después de que Guaidó defendiese este martes la intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.Este ente anunció el pasado 6 de septiembre que sometió a control a la empresa. "Esta es una atribución de carácter administrativo que se limita, entre otras, a la facultad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas, que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de la misma sociedad, respectivamente", indicó.Ante ello, la filial de Petróleos de Venezuela decidió apelar la orden de control y avanzó que presentaría recursos para demandar la revocación de lo ejecutado, informa el medio venezolano 'El Nacional'.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su intención de recuperar el control de la Monómeros, mientras el Gobierno ha acusado al presidente de Colombia, Iván Duque, de intentar "robar activos" venezolanos."Fíjense lo que acaba de pasar con Monómeros, se lo robó (Iván) Duque, y su cómplice Juan Guaidó hace silencio respecto a eso", ha criticado este martes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha arremetido contra Guaidó diciendo que ha "pasado a la historia" como "el mayor rufián y delincuente de la época". "Confabularse con potencias extranjeras y sus cipayos para despojar al pueblo de Venezuela de su patrimonio legítimo y causarle sufrimiento y dolor no quedará impune", ha advertido en un mensaje publicado en su perfil de Twitter antes del anuncio de Saab.Por su parte, el líder opositor ha respondido a la decisión del fiscal general también a través de la misma red social, ahondando en que los activos de Venezuela seguirán "protegidos" para que la "dictadura no siga saqueándolos"."Los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en República Dominicana", ha escrito Guaidó, para añadir "¿este personaje (el fiscal) se enteró hoy y fabricó la décima acusación falsa en mi contra?".

La Fiscalía coincide con Monedero y pide al juez que solo analice los correos vinculados con Neurona

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha adherido al recurso de reforma presentado por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por el que pedía al juez del 'caso Neurona' que delimitara el análisis de los correos electrónicos y se centrara únicamente en los mensajes intercambiados con la consultora mexicana, que justificarían los 26.200 euros que cobró.Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la fiscal Lorena Álvarez ha remitido al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid un breve escrito por el que se adhiere al recurso de reforma de Monedero y se opone al auto del magistrado Juan José Escalonilla por el que se ordenaba a la Policía Científica redactar informe sobre los correos del exdirigente 'morado'.Las mismas fuentes han precisado que Monedero reclamaba al juez que la investigación se delimitara sobre cuatro correos específicos que recogen conversaciones con la consultora Neurona sobre los trabajos realizados y en los que además se adjunta un factura.Se trata del segundo recurso que presenta la defensa del cofundador de Podemos sobre los correos, dado que anteriormente se opuso a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) redactara el informe y pidió que estuviera a cargo de la Policía Científica, algo a lo que finalmente accedió el juez.La facturaMonedero figura como investigado en el 'caso Neurona' por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia" por la que el 25 de enero de 2019 recibió un ingreso bancario de 26.200,31 euros de Neurona Consulting.Tanto el juez como la UDEF creen que se trata de una factura falsa que encubriría una comisión que Monedero habría recibido por su supuesta intermediación para que Podemos contratara a la filial española de Neurona Consulting --Neurona Comunidad-- para las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019.En su declaración del 15 de marzo, Monedero negó que fuera que la factura en cuestión fuera falsa y atribuyó los errores que contenía a que no es un experto en hacer facturas. Ese mismo día aportó unos 'emails' con Andrea Edlin López --socia mexicana de Neurona--, con los viajes realizados y las horas de trabajo imputables a cada uno, y un documento adjunto llamado 'factura'. También dio un historial de los billetes emitidos a su nombre por Iberia en 2018 donde figuran vuelos a México, Colombia y Argentina.El juez Escalonilla pidió a la UDEF que comprobara las fechas de los correos electrónicos, al tiempo que solicitó a Iberia que entregara los billetes de avión que constan en el historial de vuelos, mientras que al propio Monedero le reclamó el contenido de los 'links' de los actos en los que participó durante sus viajes de trabajo para Neurona.

La Fiscalía abre una investigación contra Guaidó por "usurpación de funciones" en la empresa Monómeros

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha informado este martes de que se ha abierto una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por presunta "usurpación de funciones", entre otros delitos, de la empresa Monómeros, filial en Colombia de la entidad estatal Petróleos de Venezuela S.A.."La Fiscalía abre investigación contra el sujeto Juan Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir", ha apuntado en concreto Saab en su perfil de Twitter, en referencia al denominado 'Caso Monómeros'.La Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció el pasado 6 de septiembre que sometió a control a la empresa. "Esta es una atribución de carácter administrativo que se limita, entre otras, a la facultad de promover la presentación de planes y programas de mejoramiento para subsanar situaciones críticas, que deben preparar y aprobar los órganos de administración y dirección de la misma sociedad, respectivamente", indicó el ente.Ante ello, la filial de Petróleos de Venezuela decidió apelar la orden de control y avanzó que presentaría recursos para demandar la revocación de lo ejecutado, informa el medio venezolano 'El Nacional'.Por su parte, Guaidó defendió la intervención de la compañía por parte del ente colombiano, tras lo que se han anunciado la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía venezolana.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha expresado su intención de recuperar el control de la Monómeros, mientras el Gobierno ha acusado al presidente de Colombia, Iván Duque, de intentar "robar activos" venezolanos."Fíjense lo que acaba de pasar con Monómeros, se lo robó (Iván) Duque, se lo robó y su cómplice Juan Guaidó hace silencio respecto a eso", ha criticado, precisamente, este martes el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión.

Venezuela: Fiscalía abre proceso contra opositor Juan Guaidó

CARACAS (AP) â?? El Ministerio Público de Venezuela anunció el martes la apertura de una nueva investigación en contra del dirigente opositor Juan Guaidó por una serie de presuntos delitos relacionados con la empresa estatal Monómeros Colombo Venezolanos S.A., con sede en Colombia y que está bajo control de la oposición tras las sanciones impuestas por Estados Unidos.Mediante su cuenta de Twitter, el fiscal general venezolano Tarek William Saab anunció la designación de dos fiscales especiales encargados de investigar a Guaidó por los presuntos delitos de "usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir".El proceso en contra de Guaidó se produce en momentos en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición sostienen un diálogo para dejar atrás la crisis en el país. La suspensión de las sanciones económicas y el descongelamiento de los activos de Venezuela en el extranjero son algunos de los principales temas de discusión de los diálogos que se realizan en México. Sin embargo, el mandatario estadounidense Joe Biden tiene la última palabra a la hora de revertir esas medidas.En los diálogos, que se retomaron del 3 al 6 de septiembre, el gobierno de Noruega funge como facilitador con el respaldo de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, entre otros países.La nueva investigación se suma a casi tres decenas de causas en contra de Guaidó, por delitos que van desde la usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales e instigación pública a la desobediencia de las leyes, hasta conspiración con gobiernos extranjeros y terrorismo.También a través de Twitter, Guaidó catalogó de "falsa" la acusación a acusación y afirmó que "los activos venezolanos desde 2019 están y seguirán protegidos para que la dictadura no siga saqueándolos, como pasó recientemente con la venta irregular de la refinería venezolana en Dominicana".En agosto pasado, el gobierno de Maduro anunció que la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A transfirió su participación de 49% de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV S.A. (REFIDOMSA) a cambio de la recepción de deuda externa emitida por esta nación sudamericana y la petrolera venezolana.El precio de compra acordado fue de unos 74 millones de euros o unos 88,1 millones de dólares, unos 47,6 millones de dólares menos en comparación all precio de venta que PDV CARIBE, S.A., una filial de PDVSA, pagó a República Dominicana hace 10 años, confirmó el gobierno de Santo Domingo.El anunció de Saab se produjo una semana después que la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomó el control de Monómeros â??una filial de Pequiven, la corporación del Estado venezolano a cargo de producir y comercializar productos petroquímicos.La Superintendencia, una entidad estatal que vigila a las sociedades mercantiles, "sometió a control" a Monómeros con el propósito de "ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo". Monómeros es uno de los activos del Estado Venezolano congelados en el extranjero.Washington congeló todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder. Argumenta que fue electo en 2018 en unos comicios fraudulentos.Colombia es uno de los países que reconoce a Guaidó como presidente interino después de proclamarse como tal mientras fue líder de la Asamblea Nacional argumentando que el mandatario socialista fue reelecto en comicios fraudulentos.El gobierno de Maduro rompió relaciones con Colombia en 2019 al señalar que Bogotá impulsa planes para forzar su derrocamiento.

La Fiscalía de Bolivia presenta el último trámite administrativo para la petición de extradición de Murillo

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha informado este martes de que ha sido presentado el último trámite administrativo para solicitar la extradición a Estados Unidos del que fuera 'número dos' de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, detenido en aquel país por un delito corrupción y blanqueo de dinero.Lanchipa ha contado que la Fiscalía ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz más de 2.000 folios con toda la información necesaria traducida al inglés para que la autoridad judicial pueda solicitar a Estados Unidos la extradición del antiguo ministro de Gobierno.De acuerdo con Lanchipa, la Fiscalía ya ha cumplido con el último trámite administrativo para la Justicia boliviana inicie el trámite de traer de nuevo al país al que fuera mano derecha de Áñez, quien también se haya en prisión a la espera de juicio por una serie de causas abiertas, entre ellas su papel en la crisis política de 2019."Ahora corresponde a la autoridad jurisdiccional emprender ya el procedimiento correspondiente a través del Ministerio de Exteriores; la autoridad judicial es la que ahora tiene en sus manos toda la documentación traducida para ser enviada a Estados Unidos", ha explicado Lanchipa.Murillo permanece detenido en Estados Unidos desde finales del pasado mes de mayo por su participación en una red de sobornos y lavado de dinero, que le puede suponer una pena de 20 años de prisión si es hallado culpable.El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que dos ciudadanos estadounidenses pagaron 602.000 dólares (unos 170.000 euros) en sobornos "en beneficio de Murillo" para que la empresa de uno de ellos "obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa" para un contrato de 5,6 millones de dólares (4,6 millones de euros), que suministró gas lacrimógeno y otros equipos no letales.Esa demanda de material antidisturbios se enmarca dentro de las protestas que surgieron después de que el expresidente Evo Morales se viera forzado a renunciar a su victoria de las elecciones de octubre de 2019, acosado por la oposición y las Fuerzas Armadas, quienes le acusaron de un supuesto fraude electoral.Durante las siguientes semanas se produjeron fuertes protestas y movilizaciones contra la destitución de Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, con las masacres de Sacaba y Senkata como los episodios más funestos de aquellos meses convulsos, en los que murieron fruto de la represión del Ejército y la Policía una veintena de personas y cerca de 200 resultaron heridas.

Caso Nisman: la fiscalía empieza a analizar la pericia sobre los equipos de Diego Lagomarsino

Con el OK de la Corte, Eduardo Taiano recibió el trabajo sobre los teléfonos y computadoras del principal acusado. En octubre terminará la primera ronda de citas a espías.

La Fiscalía de El Salvador suma el delito de incumplimiento de deberes a los cargos contra Muyshondt

La Fiscalía de El Salvador ha acusado al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt de un presunto delito de incumplimiento de deberes, que se suma a otros tres cargos dictados en su contra en los últimos cuatro meses.Según el Ministerio Público, el exalcalde tenía conocimiento del impago de retenciones salariales de los empleados y "omitió y retardó las acciones pertinentes para resolver el inconveniente", según ha recogido el diario salvadoreño 'El Mundo'.Muyshondt, actualmente en prisión, también está acusado de evasión fiscal, fraude electoral y asociación ilícita. En cambio, la Justicia sobreseyó otro caso abierto en su contra por apropiación indebida de percepciones tributarias en perjuicio de la Hacienda salvadoreña.Tras conocer la nueva acusación, el exalcalde de la capital de El Salvador ha reclamado el "cese" de la "persecución y el hostigamiento" en su contra, antes de señalar que su detención es "ilegal" porque ya ha pagado la fianza y la orden de arresto domiciliario aún no se ha hecho efectiva.De forma paralela, ha informado el diario 'El Salvador', Muyshondt ha afirmado estar "muy mal de salud" y ha comunicado que se encuentra ingresado en la clínica de la cárcel La Esperanza. "Tengo un problema neurológico bastante complicado", ha agregado, subrayando la pérdida de peso sufrida desde que entró en prisión provisional en junio.La audiencia está programada para este miércoles. A juicio de Muyshondt, se trata de una estrategia para "retrasar" su arresto domiciliario.

El ministro de Justicia de Perú pide a la Fiscalía que se disponga la cremación de Abimael Guzmán

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, ha enviado un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el que ha pedido que se disponga la cremación de los restos del líder histórico de la guerrilla maoísta peruana Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.Torres ha señalado que la Ley General de Salud establece que los cadáveres de personas que después de haber sido identificadas, no han sido reclamadas por un familiar directo dentro del plazo de 36 horas tras su entrada a la morgue, "quedan bajo custodia de la Fiscalía".Así, es esta la que puede decidir si "donar" los restos con "fines de investigación o "solicitar a un cementerio público la cremación del cadáver", ha precisado, informa la emisora RPP.Al respecto, el ministro ha avisado también de que la adopción de otras opciones de sepultura del líder de Sendero Luminoso podría "conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad de la sociedad", ya que, como ha señalado, para el "sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente son un símbolo de su insania y buscaran enaltecerlo y homenajearlo".Torres ha indicado que "es importante ponderar la adopción de medidas que (...) protejan derechos fundamentales de las personas y los principios establecidos en el ordenamiento constitucional". El Gobierno ha manifestado así su preocupación por la posibilidad de que en caso de sepultarle se genere un lugar de culto para sus seguidores.A la opción de incinerarlo se ha sumando también el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que capturó a Guzmán hace casi 30 años. En concreto, ha solicitado que los restos sean cremados y las cenizas lanzadas al mar.Los portavoces de nueve bancadas del Congreso peruano también han demandado en un comunicado este lunes que "el cuerpo del genocida Abimael Guzmán sea incinerado" para evitar "actos de reivindicación", informa 'El Comercio'.La Fiscalía recibió una solicitud de entrega del cuerpo del líder histórico de Sendero Luminoso por parte de Iris Yolanda Quiñonez, identificada como la camarada 'Bertha', quien expresó tener un poder escritor de la viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre, quien se encuentra en prisión. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callo se encuentra a cargo de la evaluación de esta solicitud.

La RAE pide a la Fiscalía de Nicaragua que retire la orden de detención contra el premio Cervantes Sergio Ramírez

La Real Academia Española (RAE) ha protestado de forma "enérgica" este sábado ante la orden de detención cursada por la Fiscalía de Nicaragua contra el escritor y exvicepresidente nicaragüense de 79 años Sergio Ramírez, que en 2017 se alzó con el premio Cervantes, y exige el "levantamiento inmediato" de las medidas adoptadas contra él.Ramírez, que también cuenta con la nacionalidad española, fue un revolucionario sandinista y vicepresidente de su país entre 1985 y 1990, y la RAE lo califica como "uno de los más lúcidos pensadores y literatos del universo hispanohablante" y también como un "valiente luchador por las libertades en su país".La Fiscalía de Nicaragua pidió este pasado miércoles la detención de Ramírez por "conspirar" e "incitar al odio", en un movimiento que el exvicepresidente ha atribuido a movimientos políticos por parte de la "dictadura" de Daniel Ortega. "Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", informó la Fiscalía en un comunicado en referencia al exmandatario, quien se encuentra fuera del país.En ese sentido, la RAE ha considerado en un comunicado que la orden de detención cursada contra Ramírez se enmarca en un "grave intento" de cercenar las "libertades de pensamiento y expresión" en Nicaragua."Las palabras tienen que ser usadas en libertad por todos; evitar la manifestación libre de toda clase de opiniones, muy especialmente de contenido político, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario del poder porque conduce a la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo de los imperantes", agrega el texto de la RAE.La institución ha señalado que el comunicado está abierto a adhesiones por parte de otras instituciones culturales y ha indicado que, hasta el momento, se han sumado otras 12 academias de la lengua, en concreto, las de Ecuador, México, El Salvador, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico y la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

La Fiscalía peruana denuncia constitucionalmente al expresidente Kuczynski por su indulto a Fujimori

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, ha presentado este viernes en el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el indulto humanitario que concedió en 2017 al también antiguo jefe del Estado Alberto Fujimori, en prisión por delitos de lesa humanidad, para evitar que saliera adelante a una moción de censura contra él por corrupción.En el documento presentado por Ávalos señala que Kuczynski habría cometido un delito de tráfico de influencias agravado, en calidad de instigador, y cohecho activo, en condición de autor, cuando concedió el 24 de diciembre de 2017 un indulto humanitario a Fujimori, como parte de un acuerdo bajo mesa con el menor de los hijos del presidente, Kenji Fujimori, quien paralizó la moción de censura.Menos de un año después, la Justicia peruana anuló el indulto a Fujimori y ordenó que ingresara nuevamente en la cárcel para cumplir los 25 años de prisión a los que fue sentenciado por delitos contra los Derechos Humanos, en relación a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.Además, de Kuczynski, Ávalos también ha presentado una denuncia contra Kenji Fujimori por tráfico de influencias y corrupción, así como contra los por entonces ministros de Justicia, Enrique Mendoza, y de Salud, Fernando D' Alessio, por los delitos de cohecho pasivo, en calidad de cómplices, informa la cadena RPP.Ávalos también ha propuesto devolver el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Lima para que investigue la posible participación del expresidente Fujimori, así como de los miembros de la junta médica y del resto de funcionarios de la penitenciaria en la que se encuentra recluido.Kuczynski, quien actualmente cumple una condena de 30 años bajo arresto domiciliario por delitos de corrupción, alegó razones humanitarias para aprobar el indulto a Fujimori debido al cáncer que éste padecía.Sin embargo, gracias a una serie de audios grabados por el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani, las autoridades confirmaron que se trató de una estrategia política para garantizarse el apoyo del partido de Fujimori en la moción de censura que se celebró contra él por su implicación en la trama de corrupción internacional de la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía de Nicaragua pide la detención del escritor Sergio Ramírez por "conspirar" e "incitar al odio"

MANAGUA.- La Fiscalía de Nicaragua pidió detener al escritor Sergio Ramírez, exvicepresidente del país y fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega, por actos que "incitan al odio" y por "conspirar" contra la soberanía, en el contexto de la ola de persecución a opositores."Se presentó acusación en contra de Sergio Ramírez Mercado por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", informó la Fiscalía en un comunicado, entidad que además lo acusa de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado bienes y activos.Las impactantes fotos del ataque del 11 de Septiembre encontradas en un viejo CD adquirido en una subastaLa Fiscalía precisó que las acciones imputadas al novelista, que se encuentra fuera del país, "encuadran en el tipo penal de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso con el delito de lavado de dinero, bienes y activos" tipificados en el Código Penal.La acusación, petición de captura y allanamiento de morada fueron presentadas el martes contra Ramírez, quien según la Fiscalía recibió dinero a través de la Fundación Luisa Mercado, una entidad promotora de cultura, con el objetivo "desestabilizar" el país.Ramírez, de 78 años, fue miembro de la Junta de Gobierno que asumió el país tras el triunfo de la revolución sandinista de 1979, y fue vicepresidente de Ortega en su primer mandato (1985-1990). En 1995, renunció por discrepancias al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda).Los cargos contra el novelista son los mismos que la Fiscalía le atribuye a 34 opositores y críticos del gobierno, detenidos entre junio y agosto, entre ellos siete aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre, bajo leyes aprobadas por el gobierno en diciembre pasado."La situación dentro de Nicaragua es cada vez más difícil", dijo Ramírez durante una entrevista con LA NACION en julio pasado, en alusión a la persecución a los opositores.Ganador en 2017 del Premio Cervantes, Ramírez permanece fuera de Nicaragua después de que en junio fuera entrevistado como testigo por la Fiscalía sobre sus vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía la popular opositora Cristiana Chamorro.A casi dos meses de celebrarse las elecciones presidenciales, la Justicia nicaragüense ha remitido a juicio a más de 20 detenidos, entre los que destacan cinco de siete aspirantes a la presidencia. Cristiana Chamorro, quien se perfilaba como una importante rival de Ortega en las elecciones de noviembre, es una de ellas.Agencia AFP

Fiscalía apunta a "una posible responsabilidad" de Rajoy en el presunto espionaje a Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a "una posible responsabilidad" del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la 'Operación Kitchen', reprochando que el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas "se quiere delimitar artificialmente en el ámbito del Ministerio de Interior", según señala en el recurso formulado contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de 'Tándem'.Los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano hablan de esa delimitación artificial porque, a su juicio, aunque las pesquisas reflejan con "contundencia y solidez" que la 'Operación Kitchen' se habría desarrollado por parte de la cúpula policial con "protección" del Ministerio de Interior, "esto no implica que las posibles responsabilidades fuera de ese ámbito, en concreto, del presidente del Gobierno y de los dirigentes del PP no constituyan el objeto del procedimiento".Esta hipótesis, indican los fiscales en su escrito --al que ha tenido acceso Europa Press--, no está "vacía de soporte indiciario". En este sentido, subrayan que en el curso de las actuaciones han aparecido "elementos que confluirían en una posible responsabilidad del presidente del Gobierno" de entonces, Mariano Rajoy.Entre estos "elementos" mencionan los números de teléfono aportados por el comisario José Manuel Villarejo, desde los que dice que se mensajeaba con Rajoy sobre la 'Kitchen', y las grabaciones de conversaciones en las que se alude a 'El Asturiano' como la persona a la que se reportaba sobre este supuesto operativo ilegal.Por ello, el Ministerio Público cree que resulta "imprescindible" dilucidar "si los funcionarios policiales y los máximos responsables del Ministerio de Interior actuaban en concierto con dirigentes del partido político gubernamental"."No se puede concluir que se hayan perfilado todos los elementos del complejo hecho punible, ni tampoco que se haya determinado la participación en el mismo de todos los partícipes, en unos casos, ante los evidentes indicios de la participación de personas hasta la fecha no investigadas; en otros casos, ante la necesidad de concretar el alcance de la participación en los hechos de personas que ya ostentan la condición procesal de investigadas", sostienen De Rivas y Serrano.

La Fiscalía italiana llama como testigo a Giuseppe Conte en el juicio contra Salvini por caso del Open Arms

La Fiscalía italiana ha solicitado este martes la comparecencia la próxima semana como testigo, entre otros, del exprimer ministro Giuseppe Conte para declarar en el juicio contra el antiguo ministro de Interior Matteo Salvini por bloquear el paso del Open Armas en agosto de 2019.Además de Conte, los fiscales han requerido también la presencia del actual ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, y de la de Interior, Luciana Lamorgese. El juicio está programado para el 15 de septiembre en Palermo, ha informado la agencia italiana Adnkronos.Los fiscales han acusado a Salvini de un delito de abuso de poder y de privación de libertad al impedir que el barco de rescate español Open Arms atracase en el puerto de Palermo en agosto de 2019. A bordo del buque viajaban 150 migrantes, entre ellos algunos menores de edad, que habían sido rescatados en el Mediterráneo.Conte y Di Maio, así como los antiguos ministros de Infraestructuras, Danilo Toninelli; y de Interior, Elisabetta Trenta, serán escuchados "sobre las decisiones que tomó el Gobierno, según sus respectivas competencias, en relación a los hechos relativos a las operaciones de rescate del buque Open Arms", y sus interlocuciones con el Ministerio de Interior, por entonces dirigido por Salvini.Salvini, líder de la formación de ultraderecha Liga Norte, ha negado las acusaciones y ha asegurado que siempre actuó en interés del país. En caso de ser hallado culpable de los delito de abuso de poder, privación de libertad, podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 15 años.

Fiscalía de Guatemala indaga presuntos sobornos a presidente

Ciudad de guatemala (ap) â?? la fiscalía general de guatemala inició una investigación sobre presuntos sobornos que habría recibido el presidente alejandro giammattei de empresarios rusos.El portavoz de la Fiscalía, Juan Luis Pantaleón, dijo el viernes que se determinó abrir la indagatoria después de reportes de algunos medios de comunicación en torno a los supuestos sobornos.El exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, destituido hace algunas semanas por la propia Fiscalía General, ha dicho que él mismo investigaba esos señalamientos y que esa habría sido una de las razones por las que fue retirado de su cargo hace unas semanas."Hay una investigación respecto al tema sobre información vertida en entrevistas y publicaciones de medios de comunicación", dijo Pantaleón, quien añadió que se refiere a reportes de que una persona ligada a un empresario ruso habría entregado dinero a Giammattei dentro de una alfombra.La AP solicitó una postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y se limitaron a decir que no se pronunciarían sobre el tema.Pantaleón dijo que el caso lo llevará la Fiscalía contra la Impunidad, la cual encabezó Sandoval hasta el 23 de julio. Su salida provocó críticas de organizaciones y gobiernos internacionales e incluso llevó a las autoridades de Estados Unidos a reducir su coperación con el país centroamericano.El 2 de septiembre, Sandoval señaló que la fiscal general Consuelo Porras intervino en su oficina cuando tuvo conocimiento de la investigación contra el presidente. El exfiscal refirió que parte de la indagatoria tenía que ver con un testimonio que señalaba al mandatario de recibir fondos de empresarios con interés en controlar operaciones portuarias.El anuncio de la investigación contra Giammattei ocurre horas después de que un juzgado guatemalteco giró una orden de captura contra el exfiscal Sandoval, por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

fiscalía guatemala inicia investigación sobre supuestos sobornos a presidente giammattei

(Consolida despachos, agrega citas, nueva información, contexto)Por Sofia MenchuCiudad de guatemala, 3 sep (reuters) - la justicia de guatemala ha iniciado una investigación sobre acusaciones de que empresarios rusos pagaron un soborno al presidente alejandro giammattei para obtener acceso a uno de los principales puertos del país, dijo el viernes la oficina de la fiscal general.Juan Luis Pantaleón, portavoz del Ministerio Público (MP), dijo que la fiscalía especial anticorrupción, FECI, abrió la investigación, subrayando que Giammattei no estaba actualmente bajo investigación porque no se había iniciado un proceso para retirarle la inmunidad, conocido como antejuicio.Patricia Letona, portavoz de Giammattei, dijo que la oficina del presidente no tenía comentarios sobre el tema por el momento.Las acusaciones fueron planteadas inicialmente en público por Juan Francisco Sandoval, quien fuera jefe de la FECI hasta que fue destituido por la fiscal general de Guatemala, María Porras, a finales de julio.Según Sandoval, cuatro empresarios rusos con intereses mineros en Guatemala enviaron el soborno en abril a la casa del mandatario envuelto en una alfombra. Con ello, esperaban obtener espacio para establecer un muelle en el puerto caribeño de Santo Tomás de Castilla.La empresa minera con sede en Guatemala vinculada a los hombres de negocios negó que se hubiera pagado ningún soborno.Sandoval, quien salió de Guatemala casi inmediatamente después de su destitución, dijo que fue despedido después de que la fiscal general le impidiera intentar investigar los casos de corrupción con posibles vínculos con Giammattei. El presidente ha negado estar implicado en corrupción.Pantaleón dijo también que la fiscalía general había emitido el viernes una orden de captura contra Sandoval por incumplimiento de funciones y obstaculización de la justicia.El caso de soborno vinculado a Giammattei es el último de una serie de acusaciones de corrupción que envuelven a los últimos presidentes del país centroamericano.El predecesor de Giammattei, Jimmy Morales, se enfrentó a un posible juicio, luego de que un organismo anticorrupción respaldado por la ONU, conocido como CICIG, lo acusara de corrupción, pero salió airoso cuando el Congreso guatemalteco votó no destituirlo en 2017.Dos años antes, el anterior presidente, Otto Pérez, se vio obligado a dimitir y fue encarcelado en medio de un escándalo por un multimillonario caso de corrupción dirigido por la CICIG.Pérez sigue en prisión.En 2018, Morales permitió que el mandato de la CICIG expirara y expulsó al grupo de Guatemala. (Reporte de Sofía Menchú, escrito por Lizbeth Díaz; editado por Ana Isabel Martínez y Adriana Barrera)

Fiscalía guatemala inicia investigación soborno ciudadanos rusos a presidente giammattei

Ciudad de guatemala, 3 sep (reuters) - la fiscalía de guatemala inició una investigación sobre un sonado caso de soborno de ciudadanos rusos al presidente de la nación, alejandro giammattei, dijo el viernes el vocero del ministerio público. (reporte de sofía menchú, escrito por lizbeth díaz; editado por ana isabel martínez)

Fiscalía guatemala emite orden captura contra exfiscal anticorrupción sandoval: vocero

Ciudad de guatemala, 3 sep (reuters) - la fiscalía general de guatemala emitió el viernes una orden de captura contra el exfiscal anticorrupción juan sandoval, quien huyó del país en julio, dijo a reuters el vocero del ministerio público, juan pantaleón. (reporte de sofía menchú; escrito por raúl cortés fernández, editado por lizbeth díaz)

La Fiscalía del Tribunal Supremo de España halló indicios de que el rey Juan Carlos I cometió al menos cuatro delitos por cobrar comisiones

En un escrito remitido a las autoridades suizas indica que puede haber incurrido en "blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias"

La Fiscalía pidió tres años y nueve meses de prisión para Romina Picolotti y que devuelva 7 millones de pesos por usar fondos públicos para gastos personales

Lo hizo Diego Luciani en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 6

Tribunal rechaza imputación a excomandante ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales: fiscalía

BOGOTÁ, 31 ago (Reuters) - Un tribunal de Colombia rechazó una imputación de cargos que pretendía hacer la Fiscalía General a un comandante en retiro del Ejército por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales, debido a que el caso ya está en otra jurisdicción, informó el martes el organismo acusador.La acusación que pretendía hacer la Fiscalía contra el general retirado Mario Montoya se relaciona con supuestas ejecuciones a manos del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.La Fiscalía anunció a comienzos de agosto haber evidenciado que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y que Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputaría cargos por homicidio agravado.Montoya se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal que surgió de un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC firmado en 2016.Para el Tribunal Superior de Bogotá, la intención de la Fiscalía de imputar cargos a Montoya es "improcedente" porque no coincide con decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional."El magistrado que ejerció las funciones de control de garantías (...) estimó que si bien la Fiscalía General de la Nación puede y debe realizar la investigación sobre hechos como los actuales, la formulación de imputación es privativa de la JEP", dijo la Fiscalía en un comunicado.Caso corresponde a la jepSegún el tribunal, las sentencias previas y un acto legislativo establecieron que los hechos cometidos con anterioridad al 1 de diciembre 2016 corresponden a la jurisdicción especial y, por lo tanto, la es JEP la encargada de investigar y juzgar a Montoya.El oficial en retiro, quien está en libertad y fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008, negó en el pasado los delitos por los que es acusado.La JEP reveló recientemente que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe. Pero grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición.La JEP es parte del acuerdo de paz firmado con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260.000 muertos y que permitió la desmovilización de unos 13.000 miembros del grupo rebelde.Aunque en la justicia ordinaria Montoya podría ser condenado hasta a 50 años de prisión, bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios. (Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra. Editado por Rodrigo Charme y Javier Leira)

Vacunatorio VIP: tras el fallo de la Cámara Federal, la jueza reactivó la causa, ordenó diligencias y delegó la investigación en la Fiscalía

La decisión fue tomada por la jueza María Eugenia Capuchetti, luego de la sentencia que le ordenó reabrir la pesquisa para determinar si hubo delito en la vacunación de personas cercanas al poder

Matar por placer: la fiscalía pidió 45 años de reclusión para el tirador del doble crimen del Congreso

Un fiscal solicitó hoy 45 años de reclusión para Juan José Navarro Cádiz, el sindicado autor de los disparos del doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurrido en mayo de 2019 en la Plaza del Congreso y prisión perpetua para el otro imputado, su primo Juan Jesús Fernández.Según informó la agencia de noticias Télam, los pedidos fueron formulados esta mañana por el fiscal Ariel Yapur, en la última parte de su alegato que había iniciado el miércoles de la semana pasada, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 9.Noticia en desarrollo

Fiscalía de nicaragua acusa de conspiración a ocho líderes opositores

26 ago (Reuters) - La fiscalía de Nicaragua acusó el jueves de conspiración a ocho líderes opositores, entre ellos tres aspirantes a participar en los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca reelegirse por tercera ocasión consecutiva.En los últimos tres meses las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 antagonistas del mandatario, lo cual que ha sido catalogado por organizaciones de derechos humanos, autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea como una persecución en contra de las voces críticas del Gobierno."Son presuntos autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", dijo la fiscalía en un comunicado.Entre los acusados se encuentran los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes se encuentran actualmente presos en una cárcel de Managua.No fue posible obtener inmediatamente comentarios de la fiscalía sobre los casos, ni de los representantes legales de los acusados.Esta semana, la fiscalía nicaragüense acusó también a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a sus hermanos Carlos y Pedro Joaquín de lavado de dinero.Ortega, un exguerrillero izquierdista de 75 años, gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer mandato durante la década de 1980. (Reporte de Ismael López; editado por Noé Torres)

México: Fiscalía indaga a opositor por sobornos millonarios

Ciudad de méxico (ap) â?? la fiscalía mexicana indicó el miércoles que investiga al excandidato presidencial opositor ricardo anaya -quien huyó del país esta semana por lo que considera es una persecución política- por presuntamente haber recibido sobornos por más de medio millón de dólares.Según indicó la fiscalía en un comunicado, directivos de la constructora brasileña Odebrecht entregaron a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, 10 millones de dólares para garantizar "controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana".Lozoya, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentó el año pasado una denuncia en la que dijo haber entregado el equivalente a más de medio millón de dólares a Anaya "para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil".El comunicado de la fiscalía agregó que, según esa denuncia, el soborno fue presuntamente entregado en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014.Anaya ha negado estas acusaciones y las considera una venganza política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien disputó y ante quien perdió la presidencia en las elecciones de 2018.El político del Partido de Acción Nacional divulgó varios videos en los últimos días en los que dijo haber recibido un citatorio para acudir el jueves a una prisión de la capital mexicana y en los que adelantaba que no lo haría porque el objetivo de las autoridades era encarcelarle para evitar que participe en las próximas elecciones presidenciales de 2024."En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa", dijo el opositor al anunciar que se mantendrá fuera de México. No precisó donde se encuentra en la actualidad.Emilio Lozoya fue colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y se encuentra en libertad condicional porque llegó a un acuerdo para colaborar con la justicia, un pacto que parte de la sociedad mexicana teme que finalmente acabe por eludir la justicia. De sus declaraciones y denuncias han surgido diversas investigaciones contra funcionarios y legisladores de la administración de Peña Nieto.El presidente López Obrador ha negado que Anaya sea objeto de una persecución política y tachó sus denuncias de una "maniobra politiquera". Esta semana lo exhortó a que enfrente su investigación en México. "El que nada debe, nada teme. Él debe presentar pruebas y hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila", dijo.

Fiscalía México indaga a opositor por sobornos de 500.000$

Ciudad de méxico (ap) â?? la fiscalía mexicana indicó el miércoles que investiga al excandidato presidencial opositor ricardo anaya -quien huyó del país esta semana por lo que considera es una persecución política- por presuntamente haber recibido sobornos por más de medio millón de dólares.Según indicó la fiscalía en un comunicado, directivos de la constructora brasileña Odebrecht entregaron a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, 10 millones de dólares para garantizar "controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana".Lozoya, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentó el año pasado una denuncia en la que dijo haber entregado el equivalente a más de medio millón de dólares a Anaya "para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil".El comunicado de la fiscalía agregó que, según esa denuncia, el soborno fue presuntamente entregado en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014.Anaya ha negado estas acusaciones y las considera una venganza política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien disputó y ante quien perdió la presidencia en las elecciones de 2018.El político del Partido de Acción Nacional divulgó varios videos en los últimos días en los que dijo haber recibido un citatorio para acudir el jueves a una prisión de la capital mexicana y en los que adelantaba que no lo haría porque el objetivo de las autoridades era encarcelarle para evitar que participe en las próximas elecciones presidenciales de 2024."En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa", dijo el opositor al anunciar que se mantendrá fuera de México. No precisó donde se encuentra en la actualidad.Emilio Lozoya fue colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y se encuentra en libertad condicional porque llegó a un acuerdo para colaborar con la justicia, un pacto que parte de la sociedad mexicana teme que finalmente acabe por eludir la justicia. De sus declaraciones y denuncias han surgido diversas investigaciones contra funcionarios y legisladores de la administración de Peña Nieto.El presidente López Obrador ha negado que Anaya sea objeto de una persecución política y tachó sus denuncias de una "maniobra politiquera". Esta semana lo exhortó a que enfrente su investigación en México. "El que nada debe, nada teme. Él debe presentar pruebas y hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila", dijo.

Fiscalía de nicaragua acusa a periodista crítico en el exilio de lavado de dinero

24 ago (Reuters) - La fiscalía de Nicaragua acusó el martes de lavado de dinero al prominente periodista Carlos Chamorro, un duro crítico del Gobierno, quien se encuentra exiliado en Costa Rica desde junio, debido a la persecución política que se vive en el país contra las voces de oposición.Chamorro huyó a la nación vecina luego de que la policía apresara a dos de sus hermanos, el político de derecha Pedro Joaquín y la también periodista Cristiana, quien saltó a la escena política aspirando a contender en los comicios de noviembre, en los que el mandatario Daniel Ortega busca reelegirse por tercera ocasión consecutiva.Los hermanos son hijos de del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidenta Violeta Barrios.La fiscalía también acusó a Pedro Joaquín por gestión abusiva y apropiación y retención indebida, y amplió acusaciones por lavado de dinero en contra de Cristiana y siete trabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a temas de acceso a la información pública y transparencia.En diciembre de 2018, el gobierno de Ortega confiscó las instalaciones de Confidencial, el medio digital dirigido por Carlos Chamorro, y ocupó los equipos con los que producía dos programas de televisión. En esos mismos días también fueron requisadas las instalaciones del Canal 100% Noticias.Hace unas semanas, agentes policiales allanaron las instalaciones del opositor diario La Prensa y detuvo a su gerente, una medida que ha sido catalogada por organismos de derechos humanos como un golpe a la libertad de expresión.Las autoridades han apresado en los últimos meses a 34 opositores, incluyendo seis aspirantes a suceder a Ortega, un exguerrillero izquierdista de 75 años que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer mandato en la década de 1980. (Reporte de Ismael López; editado por Noé Torres)

La fiscalía pidió que se le revoque la domiciliaria al abogado Sanz Navamuel

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N°2 solicitó la revocación del arresto domiciliario concedido al letrado y que se ordene su inmediata detención.

Amparos: la Fiscalía General de Córdoba pidió que se suspenda la aplicación del aborto legal

CÓRDOBA.- "Atento encontrarse en juego el derecho a la vida, el que como ya se dijo es el primer derecho que tienen las personas, y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista". El texto es parte del dictamen del fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, quien había sido recusado, pero se expidió igual. No es vinculante hasta que resuelva el Tribunal Superior de Justicia.Se trata de la respuesta a las presentaciones efectuadas por el exlegislador e integrante de la asociación civil Portal de Belén, Aurelio García Elorrio, de larga trayectoria como opositor al aborto. Las realizó en abril y mayo de este año. En ambas pidió que "se declare inconstitucional el plan o programa puesto en marcha por el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos de acuerdo a la Ley Nacional N° 27.610â?³.Esto da mucho miedo": así luchan los chicos contra el Covid prolongado En esos expedientes también reclamó que se declare "inconstitucional" respecto de las "facultades propias no delegadas de la provincia de Córdoba relacionadas con el poder de policía de salud, al programa puesto en marcha por el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos" conforme a la norma nacional.La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 (Prensa Senado/)García Elorrio pidió la declaración de inconstitucionalidad del programa provincial porque "planea entregar el misoprostol a niñas menores de 18 años en espacios distintos a centros de salud de alta complejidad, y ello no es posible porque el misoprostol es un fármaco que causa mucho daño en las mujeres, más aún en las niñas, a pesar de las contraindicaciones que constan en el prospecto y sin consentimiento de los padres".Fundamenta su legitimación "activa" para iniciar acciones administrativas y judiciales en protección de la infancia a partir de la sanción de la Ley 26.061, de protección integral de los derechos infantiles y adolescentes.Agrega que tiene legitimación para solicitar la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución provincial, aclarando que en el caso se está ante dos colectivos: "Uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la provincia de Córdoba, físicamente invisibilizados, sin que su propio padre, tíos, hermanos, padrinos o abuelos o el propio Ministerio Público Tutelar, puedan abogar por ellos; el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol sin cumplimentar cuestiones básicas de salud".Delgado firmó con su adjunto Pablo Bustos Fierro porqué él está recusado por distintas organizaciones proaborto, ya que antes de asumir el cargo planteó su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Las presentaciones de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio de Interés Público no fueron todavía resueltas.El dictamen salió el 3 de este mes y recién trascendió ahora. Piden al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que haga lugar a cautelares para frenar la aplicación de la IVE presentadas por García Elorrio.En Córdoba, ya en 2019, después de siete años de frenos, la Justicia habilitó la aplicación del protocolo para abortos no punibles. El Tribunal Superior provincial rechazó por inadmisible el recurso extraordinario planteado por el Portal de Belén.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que se debe investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que hay evidencia para investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad y que los mismos deben ser investigados por La Haya debido a la "inacción" del sistema judicial venezolano.Este jueves, la Corte Penal Internacional desclasificó el informe de la Fiscalía, con fecha del 15 de junio de 2021, en el que se señala que: "La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional". Además, se indica: "Habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción"."Política de sanción": el Gobierno criticó la propuesta de la UIA de no pagar el sueldo a los no vacunadosAl respecto se argumenta: "Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos".30-11-2020 Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, y Fatou Bensouda, fiscal jefe del TPI POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL VENEZUELA MINISTERIO PÚBLICO DE VENEZUELALa Fiscalía también indica que "ha realizado una evaluación de la autenticidad de los procedimientos nacionales potencialmente relevantes. Esto ha llevado a la conclusión de que las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal".Guerra narco: murieron 3 personas, entre ellas una joven de 18 que nada tenía que ver con el enfrentamiento, durante un intenso tiroteo en Florencio VarelaLa fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, entregó el informe el 15 de junio, un día antes de la asunción de su sucesor en el cargo, Karim Khan. En la conclusión de la investigación, que comenzó en 2018, se concluye que existe evidencia suficiente para investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad.