federales
12 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos por autoridades federales y estatales en operativo en Chiapas
A las personas se les aseguraron armas largas y cortas, así como vehículos y equipo táctico
Los estados amenazados por Trump con los fondos federales de SNAP si no comparten datos de los beneficiarios
La administración de Donald Trump advirtió que restringirá los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) a los estados que no compartan datos sobre los beneficiarios que reciben la ayuda. Previamente, 23 territorios de Estados Unidos presentaron una demanda por la petición.Qué estados están en riesgo por los fondos de SNAP, según el gobierno de Trump"Sin datos, no hay dinero: así de simple", expresó la secretaria del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, con respecto a los beneficios del programa SNAP a los estados que no otorguen información sobre las personas que los reciben. La funcionaria alegó la necesidad de los datos debido a un presunto "fraude e incesante abuso" de la iniciativa.En una reunión de gabinete el martes 2 de diciembre, citada por Forbes, Rollins advirtió sobre la necesidad de una reforma urgente del programa de cupones de alimentos debido a un "fraude generalizado". La funcionaria indicó de personas fallecidas o que reciben beneficios en hasta seis estados de forma simultánea.La secretaria del USDA remarcó que 29 estados cooperaron en compartir los datos de los beneficiarios para su identificación, pero otros 21 territorios se negaron al pedido del gobierno de Trump.De los estados que compartieron la información requerida por el Departamento, la mayoría consolidan administraciones republicanas, a excepción de Carolina del Norte, mientras que los territorios en riesgo conforman una gran parte de gobiernos demócratas. Entre ellos, se encuentran California, Nueva York, Arizona, Colorado e Illinois.Los datos incluirían los nombres completos y el estatus migratorio de los beneficiarios."Si un estado no comparte datos sobre el uso delictivo de los beneficios SNAP, no recibirá ni un dólar de la financiación administrativa federal", puntualizó Rollins en su perfil de X. Y agregó: "Veamos cuáles defienden la rendición de cuentas y cuáles simplemente protegen sus esquemas de soborno".La fecha límite el pedido de Trump a los estados sobre los beneficiarios de SNAPSegún AP, la administración federal emitió un aviso a los estados a través de una carta para el cumplimiento de la petición sobre los cupones de alimentos y fijaron una fecha límite de respuesta para el 8 de diciembre de 2025."Hemos enviado a los estados demócratas otra solicitud de datos y, si no cumplen, recibirán una advertencia formal de que el USDA retirará sus fondos administrativos", precisó el organismo gubernamental.La reacción de los estados amenazados por Trump por la información sobre SNAPLa agencia citada señaló que 22 estados y el Distrito de Columbia interpusieron demandas sobre el pedido de la administración de Trump con respecto a la solicitud de datos de los beneficiarios del programa nutricional, que se puso sobre la mesa previamente en febrero pasado.Los territorios demandantes alegaron que la verificación de elegibilidad de los beneficiarios de SNAP se realizó de forma oportuna y que los datos son "confidenciales", por lo que no precisarían compartirlos con el gobierno federal.En tanto, un juez federal con sede en San Francisco prohibió a la administración de forma temporal la recopilación de la información.
La preocupación del gobernador Tim Walz por el operativo de agentes federales en esta ciudad de Minnesota
Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se enmarcó en una protesta en St. Paul esta semana. Los agentes federales utilizaron componentes químicos contra los manifestantes y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresó su preocupación sobre el altercado.Qué pasó en el operativo de los agentes del ICE en St. Paul, MinnesotaA última hora de la mañana del martes 25 de noviembre, agentes federales y efectivos de la policía de St. Paul se encontraban en el 600 de Rose Avenue, en el barrio de Payne-Phalen. En medio de un operativo, un migrante de origen hondureño fue detenido, tan solo unos días después de la redada del ICE, que culminó con 14 arrestos en el vecindario de St. Anthony Park.La policía de St. Paul indicó que los agentes acudieron a un aviso de los oficiales federales, sobre un "vehículo chocado" con un funcionario en su interior y en medio de una protesta que se produjo en las inmediaciones. Según detallaron las autoridades locales, los policías se interpusieron entre los manifestantes y los agentes del ICE, en un altercado en el que se utilizaron "irritantes químicos". Un migrante oriundo de Honduras fue detenido en el operativo, según señaló CBS News, y el gobierno de Estados Unidos alegó que habría sido expulsado del territorio norteamericano previamente. El medio citado refirió que, en la operación en la misma ciudad días atrás, también estaban presentes agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). El comunicado de Tim Walz sobre el operativo del ICE en St. Paul, MinnesotaTras el suceso del martes 25 de noviembre en la ciudad de St. Paul, Walz expresó preocupación sobre el origen del altercado. "Estamos monitoreando la situación y trabajando para comprender qué sucedió", escribió en una publicación de X durante la tarde de ese mismo día.Y precisó: "No recibimos ninguna notificación de las autoridades federales sobre esta operación. Si bien siempre estamos dispuestos a trabajar juntos en materia de seguridad pública, claramente ese no era el propósito de esta situación caótica".Qué dijo la policía de St. Paul sobre el operativo federal en la ciudad de MinnesotaEl jefe de policía de St. Paul, Axel Henry, publicó un comunicado en el que indicó que los agentes federales desarrollaban un operativo en el 600 de Rose Avenue de la ciudad, cuando diversos manifestantes invadieron el perímetro. En ese contexto, se habría solicitado la ayuda y cooperación de los efectivos locales.Según el agente, la avenida "quedó comprometida por el tránsito peatonal y vehicular" y definió la situación como un acontecimiento "peligroso".Con el objetivo de reducir la situación, los agentes de policía de St. Paul se posicionaron entre los ciudadanos que se encontraban en la protesta y los oficiales federales. Según Henry, se llevaron a cabo esas acciones para que "los manifestantes pudieran ejercer sus derechos de la Primera Enmienda y los agentes pudieran cumplir con sus objetivos legales".
Sheinbaum descarta "persecución" a agricultores y transportistas por megabloqueo en carreteras federales
La mandataria señaló que hay libertad de expresión y explicó el tema de la ley de aguas, tema que recientemente abordan algunos manifestantes
Fuerzas federales realizan cateos en varios estados y detienen a 15 presuntos delincuentes con armas y drogas
Seis de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por temas de posible delincuencia organizada en un grupo delictivo aún sin identificar
El número de extranjeros presos en cárceles federales es el más bajo de la última década
A pesar del aumento de los llamados delitos transnacionales, especialmente, el contrabando de estupefacientes y el tráfico de personas, el número de extranjeros que termina en cárceles federales argentinas es el más bajo en diez años. De los 12.062 con los que cerró los registros del Servicio Penitenciario Federal en 2025, 1935 â??el 16% del totalâ?? son ciudadanos de otros países; el 70%, de Bolivia, Paraguay y Perú.Así surge de último informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), "Población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF", elaborado por la procuraduría especializada que monitorea las condiciones de alojamiento de personas en conflicto con la ley penal en el ámbito de los establecimientos federales de encierro.Según informó la Procuración General de la Nación en su sitio web www.fiscales.gob.ar, el reporte ofrece información descriptiva cuantitativa y un análisis cualitativo resultante de entrevistas realizadas en el primer semestre del 2025 en el marco de inspecciones realizadas por la Procuvin, y complementa un informe similar elaborado en 2023.De la comparativa de datos interanuales surge una tendencia descendente sostenida a partir de 2017, cuando se produjo el registro porcentual más alto en cuanto a la población extranjera en el ámbito penitenciario federal: más de un cuarto de los presos a cargo del SPF eran extranjeros. La evolución fue la siguiente:2016: 2106 detenidos (23,76%) 2017: 2429 detenidos (25,75%) 2018: 2700 detenidos (25,33%) 2019: 2618 detenidos (23,24%)2020: 1962 detenidos (20,64%)2021: 1818 detenidos (19,14%)2022: 1951 detenidos (20,76%)2023: 1904 detenidos (19,84%) 2024: 1884 detenidos (16,11%) 2025: 1935 detenidos (16,04%)Del registro surgen dos particularidades: aunque en términos porcentuales 2017 fue el año con mayor incidencia de extranjeros en la tasa de detención, el año siguiente fue el que tuvo el número neto más alto de reclusos no argentinos en penales federales.En la misma línea de análisis, si bien 2025 fue el año con el menor porcentaje de extranjeros privados de la libertad en cárceles argentinas, fue 2021 el año en el que menos sumaron.NacionalidadesEl reporte de la Procuvin publicado por www.fiscales.gob.ar señala que siete de cada diez presos extranjeros nacieron en Paraguay, Perú y Bolivia, con similares proporciones entre sí. Así está conformado este ránking.Paraguay (466)Perú (431)Bolivia (423)Colombia (136)Chile (133)Uruguay (77)República Dominicana (69)Venezuela (60)Brasil (42)China (26)México (15)España (6)Había, al 31 de diciembre de 2025, presos de otras 51 nacionalidades, con 116 casos de personas que provienen de naciones en las que el castellano no es la lengua oficial.El 61% de los reclusos extranjeros (1181) estaban alojados en establecimientos del SPF situados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Más de la mitad (56,4%) cumplía sentencia, en tanto que el 43,6% restante está con prisión preventiva. El 51,5% se encuentra a disposición de la Justicia nacional (que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires por delitos como robo, abuso sexual y homicidios, entre otros relacionados con la inseguridad urbana), mientras que el 46,1% está encausado en la Justicia federal, por delitos vinculados con el narcotráfico y lavado de activos, la trata de personas y el contrabando.El 2,4% de los extranjeros alojados en cárceles federales están a disposición de jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que aún no cuenta con servicio penitenciario propio.El 98,2% son personas mayores de 21 años, y el 1,8% restante tiene entre 18 y 21 años. Casi nueve de cada diez (1752 internos) son hombres.Las 172 mujeres detenidas representaban el 8,9% del total de extranjeros recluidos en cárceles del SPF. Es una proporción ligeramente mayor que la de las presas argentinas, que representan el 7,6% del total. Había, además, 11 personas trans no argentinas privadas de su libertad.Diferencias notoriasLos funcionarios de la Procuvin realizaron también un análisis cualitativo de la situación y condiciones de detención de los extranjeros privados de la libertad en la Argentina. Para eso realizaron, en el contexto del último reporte, 39 entrevistas en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) de CABA (Devoto), las Unidades 8 y 22 de Jujuy y la Unidad 10 de Formosa. Le sumaron el compendio de diez entrevistas a mujeres extranjeras recluidas en el CPF III de Salta.Encontraron diferencias, por ejemplo, entre los extranjeros residentes y los no residentes en el momento de su detención. De estos últimos, 10 de 16 no habían recibido ninguna visita en el penal, lo que aparecía vinculado con el alto costo económico y la dificultad logística para concretar los viajes de familiares.Esto tenía impacto directo en el sostenimiento de los lazos familiares en función de la condición de residencia: 14 de los 39 varones entrevistados nunca habían recibido una visita en el penal.Seis de cada 10 entrevistados no habían tenido ninguna comunicación con representantes de los consulados de sus países, a pesar de que el de la asistencia consular es un derecho asegurado. En la misma proporción, casi el 60% de los detenidos proveían el principal o la única fuente de ingreso de sus núcleos familiares.En el caso de las mujeres detenidas en Salta, refirieron que enfrentan situaciones de desarraigo no solo por no poder recibir visitas, sino por no poder mantener el vínculo con sus hijos y con aquellos familiares que debieron pasar a ejercer la tutela.
Elementos estatales y federales neutralizan dos drones en Sinaloa
Luego de identificar dos vehículos que sobrevolaban el cielo de Villa Juárez, las autoridades los neutralizaron con equipo portátil
El equipo de Gavin Newsom bajo la lupa del FBI: uno por uno, quiénes fueron espiados por los federales
El Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) envió cartas a decenas de funcionarios políticos vinculados al equipo de Gavin Newsom en California, avisándoles que se espiaron sus comunicaciones privadas. El caso en Sacramento está relacionado con acusaciones de corrupción, sin involucrar directamente al gobernador demócrata.Los integrantes del equipo de Newsom que fueron espiados por el FBIDe acuerdo con Los Angeles Times, tal como lo requiere la ley, el FBI informó a funcionarios demócratas del Estado Dorado que interceptó sus mensajes y llamadas como parte de una investigación federal por corrupción.Si bien la información a la que pudo acceder el medio indica que hubo decenas de notificados, el caso se centra en tres personalidades importantes de larga trayectoria:Dana Williamson: fue jefa de gabinete de Newsom y la arrestaron la semana pasada bajo cargos federales. Se le acusa de desviar 225 mil dólares de la cuenta de campaña estatal inactiva del aspirante a gobernador para 2026, Xavier Becerra. Además, se le imputa gastar US$1 millón en bolsos de lujo y viajes de alto nivel, declarándolos ilegalmente.Sean McCluskie: el ex subdirector principal de Becerra en la oficina del fiscal general de California y ex jefe de gabinete fue acusado de conspirar con Williamson para facturar a la cuenta de campaña inactiva de Becerra por servicios de consultoría falsos.Greg Campbell: el cabildero recibió la acusación de trabajar junto con Williamson y McCluskie en la facturación de la cuenta de campaña inactiva de Becerra.Todavía no se pudo conocer el nombre de los demás funcionarios que recibieron la notificación del FBI. La entidad federal tiene la obligación de cumplir con estas cartas, que son rutinarias en investigaciones con escuchas telefónicas una vez que termina la vigilancia. Los Angeles Times pudo acceder a una de las misivas -que fue proporcionada por una persona que se mantuvo en el anonimato-. En ella, la agencia federal asegura que las investigaciones y las intervenciones en las comunicaciones transcurrieron entre mayo de 2024 y finales de julio de 2024."Esta carta no significa necesariamente que usted fuera el objetivo de la investigación o que se tomará alguna acción penal contra usted. Más bien, el propósito de esta carta es notificarle que algunas de sus comunicaciones pueden haber sido interceptadas durante el curso de la investigación", dice el documento.Al tiempo, las personas que recibieron la notificación, según otro individuo anónimo que habló con Los Angeles Times, tienen una gran preocupación sobre qué información suya puede llegar a ser publicada a raíz de la escucha de sus comunicaciones privadas por parte del FBI.La reacción de Newsom a la investigación del FBIEn declaraciones a The Sacramento Bee, Gavin Newsom aseguró que la noticia sobre el arresto de Williamson le provocó verdadera "sorpresa y conmoción"."Mi esperanza era, a lo largo del año pasado, que, fuera lo que fuera esto, â??yo no estaba al tanto de los detallesâ??, se resolvería", manifestó el gobernador. Su oficina enfatizó en que el líder demócrata no está relacionado con ninguna de las acusaciones a su ex jefa de gabinete, así como ninguno de los documentos de acusación contra los tres funcionarios lo menciona.Estas investigaciones a Activision coinciden con una presunta participación de Williamson y otros operativos en un caso legal que involucra a una empresa conocida en los documentos judiciales como "Corporación 1".Por otro lado, Los Angeles Times sostiene que la oficina de Newsom intenta vincular el caso federal con su "tensa relación" con la administración Trump. Funcionarios de California niegan haber sido investigados por el FBIAnte el revuelo por las notificaciones del FBI, Los Angeles Times consultó a varias personalidades políticas sobre si habían recibido estas cartas y todas lo negaron. Entre ellas se encuentran Robert Rivas, presidente de la Asamblea; y Monique Limón, presidenta pro tempore del Senado."Esa paranoia siempre ha existido", dijo Rivas al respecto, y agregó: "La forma en que he operado es no romper las reglas, no violar la ley y estarás bien".El asambleísta no pareció sorprendido por la noción de que algunos funcionarios en Sacramento estén preocupados de haber sido espiados en secreto por el ente federal.
Un hombre acusado de prender fuego a una mujer en un tren de Chicago enfrenta cargos federales por terrorismo
Las autoridades detallaron que el sospechoso utilizó combustible para provocar un ataque incendiario dentro del sistema de transporte metropolitano, según documentos judiciales y reportes oficiales
Cómo se mueve el ICE, la CBP y otras agencias federales en las calles de Charlotte: detalles para reconocerlos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció en los últimos días la "Operación Charlotte's Web" en Carolina del Norte, con el foco en los migrantes con estatus irregular en EE.UU. con antecedentes penales. Hasta el momento, más de 250 personas fueron arrestadas en las redadas.Cómo reconocer a los agentes del ICE en CharlotteEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tiene como misión principal la identificación, captura de "extranjeros removibles", y la remoción de extranjeros con estatus irregular en Estados Unidos.Para sus operativos, los agentes federales cuentan con variedad de uniformes para identificarse como:Uso de chalecos: los integrantes de la agencia suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama de la agencia donde trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés).Uniforme militar: el equipo de Respuesta Especial del ICE suele aparecer con uniforme militar y con armamento pesado o equipo balístico.Ropa de civil: los agentes también pueden operar vestidos de civil y sin identificación o con una identificación mínima. Sin embargo, deben identificarse durante los arrestos.Con respecto a este último punto, John Miller, un analista de inteligencia, sostiene que el uso por parte de los agentes de la ropa civil es un "procedimiento estándar" en los operativos de campo.Esto lo corrobora Jeffrey Ian Ross, criminólogo de la Universidad de Baltimore, quien remarca cómo la vestimenta connota anonimato en los operativos. "La vestimenta policial puede resultar muy intimidante. Con la ropa de civil, se acabaron los tiempos en que se podía reconocer a un policía encubierto por el tipo de zapatos que llevaba", dijo en una entrevista con GQ. Cómo se visten los agentes de la CBP y la Guardia Nacional en los operativosLa Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene como misión "proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación". Para cumplirlo, usan chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican "Policía" o "Patrulla Fronteriza".En el caso de la Guardia Nacional en EE.UU., para los despliegues cuentan con ropa militar y armamento pesado como escudos, porras y rifles.Las detenciones en Charlotte tras el inicio de las operaciones El DHS confirmó la detención de 250 personas desde el inicio de los operativos en Charlotte hasta el 18 de noviembre. Durante el primer fin de semana de redadas, arrestaron a 130 migrantes. Del total, 44 de ellos tenían antecedentes penales. "No hay absolutamente ninguna excusa para seguir permitiendo que inmigrantes con estatus irregular con antecedentes penales aterroricen a nuestras comunidades estadounidenses", declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. "Están aquí y nunca debieron haber estado aquí. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Noem, estamos expulsando de nuestras comunidades, de una vez por todas, a los peores delincuentes inmigrantes ilegales", agregó.
¿Se puede obtener el apoyo de Becas de excelencia en el Edomex con otros programas federales?
Los participantes deberán tener un promedio de excelencia
Avanzan en el análisis de investigaciones contra varios jueces federales en el Consejo de la Magistratura
Este miércoles se reunió la Comisión de Acusación. El titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, Alfredo López, fue citado a declarar en el marco de una denuncia por antisemitismo. Propusieron desestimar una denuncia contra Arroyo Salgado y rechazaron otra contra Gustavo Hornos
INE buscará a segundos lugares para cubrir 12 vacantes de magistraturas federales
Las vacantes se crearon a partir de la reciente designación de doce personas juzgadoras para integrar los Plenos Regionales
Gabinete de Seguridad desplegará casi 2 mil unidades federales en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que sellará el estado para evitar que entren o salgan refuerzos del crimen organizado
Autoridades federales implementan medidas preventivas ante pronóstico de lluvias en Veracruz, Puebla e Hidalgo
La interacción de un canal de baja presión y una masa de aire ártica favorecerá un marcado descenso de temperaturas y vientos intensos
Se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia la Tercera Reunión Anual de Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones
En el cónclave presidido por el Dr. Javier M. Leal de Ibarra, los magistrados expresaron su preocupación por los desafíos que enfrenta el nuevo sistema procesal penal federal, lográndose importantes avances y consensos sobre relevantes aspectos
Jueces federales manifestaron su preocupación por el proyecto de Presupuesto previsto para 2026
Magistrados de cámaras penales advirtieron sobre una posible reducción de fondos y señalaron al Consejo de la Magistratura. Alertaron que el recorte podría afectar la operatividad de los tribunales y comprometer la autonomía judicial en el país
Jueces federales alertan que el Presupuesto 2026 pone en riesgo la independencia judicial
El Gobierno logró la aprobación del dictamen del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. Desde el Poder Judicial denuncian que los recortes pueden afectar al funcionamiento del "Estado de Derecho".
Votó el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani: si gana, Trump advirtió que recortará los fondos federales
El legislador de origen ugandés y raíces indias se perfila como favorito para alcanzar las riendas de la ciudad, según encuestas, en una jornada marcada por alta participación y tensiones políticas con la administración federal
Con fondos de contingencia: dos jueces federales bloquean la suspensión del programa SNAP y ordenan mantenerlo
Dos jueces federales fallaron casi simultáneamente el viernes que la administración del presidente Donald Trump debe seguir financiando el SNAP, el programa de ayuda alimentaria más grande del país, utilizando fondos de contingencia durante el cierre del gobierno.Jueces federales le ordenan a la administración Trump mantener el programa SNAPLos jueces en Massachusetts y Rhode Island dieron a la administración la opción de financiar el programa parcial o completamente para noviembre, según consignó AP.Los fallos se produjeron un día antes de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) congelara los pagos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) argumentando que ya no podía seguir financiándolo debido al cierre.El programa, que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses, es una pieza clave de la red de seguridad social del país y cuesta alrededor de US$8000 millones mensuales a nivel nacional.Fiscales estatales o gobernadores demócratas de 25 estados, así como el Distrito de Columbia, desafiaron el plan de pausar el programa, argumentando que la administración tiene la obligación legal de mantenerlo en funcionamiento en sus jurisdicciones.La administración federal dice que no tiene permitido utilizar un fondo de contingencia con alrededor de US$5000 millones para el programa, y revirtió un plan del Departamento de Agricultura de antes del cierre que decía que se utilizaría dinero para mantener funcionando el SNAP. Los funcionarios demócratas dicen que no solo se puede, sino que se debe de usar ese dinero. También dijeron que hay otro fondo por separado con alrededor de US$23.000 millones disponible para la causa.Más de 40 millones de familias dependen del programa SNAPEn un caso presentado por ciudades y organizaciones sin fines de lucro, el juez federal John J. McConnell falló en Providence, Rhode Island, que el programa debe ser financiado utilizando al menos los fondos de contingencia, y pidió una actualización sobre el avance para el lunes.Además de ordenar al gobierno federal que use reservas de emergencia para respaldar los beneficios del SNAP, McConnell dictaminó que todas las exenciones de requisitos laborales anteriores deben respetarse.Durante el cierre, el Departamento de Agricultura ha terminado con las exenciones que eximían de requisitos laborales a adultos mayores, veteranos y otros."La decisión del tribunal protege a millones de familias, personas mayores y veteranos de ser utilizados como palanca en una lucha política y sostiene el principio de que nadie en Estados Unidos debería pasar hambre", dijo Skye Perryman, presidenta y directora general de Democracy Forward, sobre la decisión de McConnell.Hubo elementos similares en el caso de Boston, donde la jueza federal Indira Talwani dictaminó en una opinión escrita que el USDA tiene que pagar por el SNAP, y calificó la suspensión de "ilegal". Ordenó al gobierno federal que informe al tribunal para el lunes si usarán los fondos de contingencia para proporcionar beneficios reducidos del SNAP en noviembre o financiarán completamente el programa "utilizando tanto los fondos de contingencia como fondos adicionales disponibles"."La suspensión de los pagos del SNAP por parte de los demandados se basó en la conclusión errónea de que los Fondos de Contingencia no podían usarse para asegurar la continuación de los pagos de SNAP", escribió la jueza. "Este tribunal ha aclarado ahora que los demandados están obligados a usar esos Fondos de Contingencia según sea necesario para el programa SNAP".Después del fallo, no estaba claro qué tan rápido podrían recargarse las tarjetas de débito que los beneficiarios usan para comprar alimentos. Ese proceso a menudo toma de una a dos semanas.Es probable que los fallos enfrenten apelacionesLos estados, bancos de alimentos y beneficiarios del SNAP se han estado preparando para un cambio abrupto en cómo las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos. Defensores y beneficiarios dicen que detener la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas.La mayoría de los estados han anunciado más financiamiento, o más rápido, para bancos de alimentos o formas novedosas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.En una conferencia de prensa en Washington el viernes, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra al SNAP, dijo que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirán por mucho tiempo el costo del programa de apoyo alimenticio. Hablando en una conferencia de prensa junto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en el Capitolio, la funcionaria culpó a los demócratas por negarse a poner fin a su obstrucción en el Senado y llegar a un acuerdo presupuestal con los republicanos.Para calificar al SNAP en 2025, el ingreso neto de una familia de cuatro después de ciertos gastos no puede exceder la línea de pobreza federal, que es de aproximadamente US$31.000 al año.El año pasado, el programa proporcionó asistencia a 41 millones de personas, casi dos tercios de las cuales eran familias con niños.
Fuerzas federales incineran casi 2 toneladas de droga y más de 300 objetos ilícitos en Sinaloa
Las acciones estuvieron encabezadas por el gobernador Rubén Rocha Moya en el municipio de Culiacán
Avanza el ICE en California: el polémico bloqueo de los federales en un centro de detención en San Diego
La tensión entre la administración Donald Trump y California sumó un nuevo capítulo en la ciudad de San Diego, luego de que cuatro congresistas fueran rechazados cuando intentaron ingresar a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los legisladores denunciaron que les bloquearon el acceso por segunda vez, pese a que la ley les otorga el derecho de realizar inspecciones sin aviso previo. Esto generó suspicacias sobre la falta de transparencia en torno a las condiciones de alojamiento de los migrantes.Quisieron inspeccionar un centro de detención de migrantes en California y los rechazaronEste lunes 27 de octubre, los representantes demócratas Juan Vargas, Mike Levin, Sara Jacobs y Scott Peters acudieron al edificio federal Edward L. Schwartz, ubicado en el 880 de la calle Front, del centro de San Diego. Su objetivo era supervisar las instalaciones del centro de detención de migrantes del ICE que funciona en el sótano.Sin embargo, allí les informaron que debían enviar una solicitud formal a la sede central de la agencia y les impidieron el acceso. "Queremos mostrarte todo. Somos transparentes", les dijo un funcionario del ICE. A lo que Vargas respondió, según consignó NBC: "No es transparente, ese es el punto. No eres transparente si no podemos ir allí".Los congresistas explicaron que habían recibido informes sobre comida en mal estado, falta de privacidad para ir al baño y sobre la presencia de extranjeros alojados allí durante varios días, como consecuencia del hacinamiento en el Centro de Detención de Otay Mesa. Asimismo, los legisladores remarcaron que no necesitan autorización previa para inspeccionar instalaciones federales, de acuerdo a la ley."Como miembros del Congreso, tenemos el derecho y la responsabilidad de ingresar a los sitios de detención para realizar una supervisión sin autorización previa", afirmó Vargas en declaraciones recogidas por Fox 5. "Hoy, nuevamente nos bloquearon la entrada. Si no hay nada malo aquí, ¿por qué no se nos permite entrar? ¿Qué esconde el ICE?", se preguntó.El anterior bloqueo a una inspección en el centro de detención del ICE en san DiegoLejos de ser un episodio aislado, no fue la primera vez que los congresistas intentaron hacer una inspección en ese lugar y no lo consiguieron. Según el medio citado, la delegación había enviado un pedido de visita el 18 de octubre para poder ingresar al centro de detención el día 20 del mismo mes, con 48 horas de anticipación. Sin embargo, en esa fecha, Vargas y Peters también fueron rechazados: el ICE les exigió un aviso con siete días de antelación, un requisito que, según los legisladores, nunca había sido necesario. Tras esa primera negativa, los congresistas enviaron una carta conjunta a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, y al director interino del ICE, Todd Lyons, firmada además por los senadores Alex Padilla y Adam Schiff. En ella, denunciaron "solicitudes ignoradas y obstrucciones" que, a su juicio, violan el derecho de supervisión del Congreso, según consignó KPBS.En el texto, los representantes advirtieron sobre "informes alarmantes de un mayor número de personas detenidas en las instalaciones del sótano del edificio federal durante los controles de inmigración de rutina" y mencionaron condiciones deficientes, sin acceso a abogados, atención médica ni alimentación adecuada.El congresista Vargas denuncia que no los dejaron ingresar a inspeccionar el centro de detenciónLa respuesta del DHS a las denuncias de los congresistas: "Acusaciones falsas"La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, negó las versiones de los congresistas. "Las acusaciones de que el Edificio Federal de San Diego presenta condiciones precarias o hacinamiento son falsas", declaró en un comunicado publicado por Telemundo. En esa misma línea, añadió: "Todos los detenidos tienen acceso ilimitado a comida, agua y refrigerios. La comida no se echa a perder. Garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra custodia es una prioridad absoluta en el ICE".Asimismo, McLaughlin destacó que la agencia "trabajó diligentemente para obtener un mayor espacio de detenciónâ?¦ para albergar a los peores de los peores extranjeros ilegales criminales". Esa declaración generó rechazo entre los legisladores, que sostuvieron que los migrantes detenidos allí "no son criminales". "Literalmente se presentan en el edificio federal, en el juzgado, para seguir el proceso. Sin embargo, aquí están, aterrorizados por esta administración", respondió la representante Jacobs. Grupos de observadores voluntarios en San Diego sostienen que hubo un aumento de las detenciones de migrantes desde el 9 de octubre, cuando el ICE comenzó a retener a unas diez personas por día. "Es muy triste. Es extremadamente triste. Es aterrador. Es desmoralizante", expresó el voluntario Brian Kougl a NBC.En tanto, rechazó las afirmaciones oficiales sobre la buena atención de los detenidos. "Por supuesto que van a decir eso. Si eso es lo que está pasando, ¿por qué no dejan que la gente venga a verlo?", cuestionó. Los miembros del Congreso coincidieron. "No hay razón por la que no puedan tenernos allí a menos que haya algo que no quieran que veamos", enfatizó Levin. Por su parte, Vargas insistió en que mantendrá los pedidos de acceso: "Vamos a seguir presionando en esto porque queremos ver qué está pasando".
Simulaban estar embarazadas para ingresar droga en cárceles federales y provinciales
Las visitas parecían rutinarias: mujeres que llegaban al penal con certificados médicos en mano, sonrisas y gestos afectuosos. Pero detrás de esa apariencia había una maniobra calculada. Fingían estar embarazadas para evitar el escaneo corporal por rayos X y, así, ingresar pequeñas dosis de droga ocultas en su cuerpo. Una vez dentro, entregaban la sustancia a los internos que la fraccionaban y comercializaban en los pabellones. Esa escena, repetida durante años, fue el núcleo de una organización criminal que ahora enfrenta la Justicia.La Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó los procesamientos de nueve personas, seis mujeres y tres varones, por integrar esa estructura ilícita dedicada al ingreso y venta de estupefacientes en cárceles federales y provinciales. También ratificó la prisión preventiva de tres imputados. La resolución fue adoptada por los jueces César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias, quienes consideraron acreditada la figura de comercialización de estupefacientes agravada por haberse cometido en forma organizada entre tres o más personas y dentro de un establecimiento penitenciario.Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su sitio oficial fiscales.gob.ar, la investigación se inició en la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC). A partir de las pruebas recolectadas, se reconstruyó el funcionamiento de una estructura ilícita que operó al menos entre noviembre de 2019 y julio de 2024, con base en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.El objetivo del grupo era ingresar pequeñas cantidades de droga previamente fraccionadas y empaquetadas, para su distribución y venta intramuros. Para eludir los controles de seguridad, las mujeres que colaboraban con la organización se registraban como parejas de internos y presentaban certificados de embarazo falsos. Una vez dentro del penal, transportaban la sustancia oculta en su cuerpo y la entregaban a los reclusos encargados de la comercialización.La pesquisa reveló que la operatoria no se limitaba al CPF I de Ezeiza. También se detectaron maniobras similares en la Unidad Penitenciaria N° 60 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Merlo, y en la Alcaidía N° 10 bis de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con el MPF, el entramado incluía funciones diferenciadas: coordinación desde el interior del penal, recaudación de peculios, fraccionamiento de estupefacientes, falsificación de certificados médicos y provisión del material ilícito desde el exterior.Un aspecto relevante de la investigación fue el mecanismo de pago. Los compradores, también privados de libertad, abonaban la droga mediante la cesión de sus haberes penitenciarios (peculios). Para ello, autorizaban a miembros de la organización a cobrar los cheques emitidos por la administración del penal. Esos fondos eran administrados con un control financiero centralizado en uno de los internos que actuaba como coordinador general. Además, se detectó el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros, incluso familiares, para canalizar el dinero obtenido.En su resolución, la Cámara Federal destacó la existencia de una estructura organizada y jerarquizada, con roles claramente asignados. También señaló que, pese a la complejidad del esquema, no se verificó participación de personal del Servicio Penitenciario Federal en las maniobras investigadas.La causa continúa en etapa de instrucción y se prevé que la fiscalía avance en la recolección de más pruebas para determinar la responsabilidad individual de cada imputado.
El USDA confirmó que no habrá beneficios federales de alimentos SNAP por el shutdown y culpó a los demócratas
Casi 42 millones de estadounidenses podrían quedarse sin asistencia alimentaria a partir del 1 de noviembre, mientras el cierre del gobierno se extiende y aumenta la tensión política en Washington.
Así se mueve el ICE, la CBP y otras agencias federales en las calles de Estados Unidos: cómo reconocerlos
En los últimos meses, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) han realizado diferentes operativos en zonas como Los Ángeles, Chicago o Washington D. C. para endurecer las políticas migratorias en Estados Unidos. En cada uno de estos lugares, se presentan con una estrategia y vestimenta particular. Cómo reconocer a los agentes del ICE La agencia tiene como misión principal la identificación, captura de "extranjeros removibles", y la remoción de extranjeros con estatus irregular en Estados Unidos. Para sus operativos, cuentan con variedad de uniformes para identificarse como:Uso de chalecos: los agentes suelen utilizar chalecos con las siglas de la rama de la agencia donde trabajan, como la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés). Uniforme militar: El equipo de Respuesta Especial de la agencia suele aparecer con uniforme militar y con armamento pesado o equipo balístico. Ropa de civil: los agentes del ICE también pueden operar vestidos de civil y sin identificación o con una identificación mínima. Sin embargo, deben identificarse durante los arrestos, según consignó The New York Times. Con respecto a este último punto, John Miller, un analista de inteligencia, sostiene que el uso por parte de los agentes de la ropa civil es un procedimiento "estándar" en los operativos de campo. "Es un procedimiento estándar para los oficiales y otros agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) usar ropa de civil durante las operaciones de campo si se identifican apropiadamente como oficiales de la ley", apuntó el analista en diálogo con CNN.Cómo se visten los agentes del CBP y la Guardia Nacional en los operativos La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene como misión "proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar las fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación". Para cumplirla, usan chalecos con el nombre de la agencia y parches que indican "Policía" o "Patrulla Fronteriza". En caso de la Guardia Nacional en EE.UU., para los despliegues cuentan con ropa militar y armamento pesado como escudos, porras y rifles.El uso de ropa civil y máscaras en las redadas El uso de ropa civil por parte de los agentes del ICE más el encubrimiento de su rostro ha generado debate en Estados Unidos. De acuerdo con las Normas para las actividades de cumplimiento, no existe una política federal que dicte en qué momentos un agente puede o no cubrirse la cara. Sin embargo, deben identificarse como oficiales autorizados para ejecutar un arresto."En el momento del arresto, el funcionario de inmigración designado deberá, tan pronto como sea práctico y seguro hacerlo, identificarse como un oficial de inmigración autorizado para ejecutar una detención", sostiene el estatuto. La utilización de máscaras ha generado polémica entre los estados. Gavin Newsom, gobernador de California, firmó una normativa donde se presenta como delito el uso de coberturas faciales por parte de los agentes durante el ejercicio de sus funciones. "La seguridad pública depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, pero Trump y Miller han destrozado esa confianza y han extendido el miedo por todo Estados Unidos. California le está poniendo fin y asegurándose de que las escuelas y los hospitales sigan siendo lo que deberían ser: lugares de atención, no de caos", sostuvo el gobernador Newsom en un comunicado.
En un año, fuerzas federales decomisan 98 millones de litros de combustible robado
Se han realizado diversos operativos en 26 entidades contra este delito
Cambian los impuestos federales en EEUU: cuánto deberá pagar según el IRS en 2026
La autoridad fiscal estadounidense anunció ajustes en las tasas y deducciones aplicables al próximo ejercicio, con incrementos vinculados al avance de la inflación
Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche
Marina, Ejército y Guardia Nacional hallaron y destruyeron el capamento clandestino tras análisis de reconocimiento terrestre en Tepuche
Cae "El Cabañas", jefe de plaza de Los Rusos en Acapulco y autor intelectual del ataque a policías federales en Guerrero
Elementos de SSPC, Defensa, Marina, FGR, GN, autoridades de los estados de Guerreo y Morelos, detuvieron a seis integrantes relacionados con el ataque
Archivaron 176 denuncias contra jueces federales: la mayoría no fueron revisadas o pasaron tres años sin actividad
El Consejo de la Magistratura trató en el último Plenario casos que no prosperaron en las comisiones de Disciplina y Acusación. Dos consejeros reconocieron el mal desempeño del organismo a la hora de revisar la conducta de los magistrados
Detienen a ciudadano estadounidense buscado por delitos federales en aeropuerto de Medellín
La cooperación entre autoridades de ambos países permitió identificar a un viajero con antecedentes por "fraude de correo y por cable, y tráfico ilegal de dispositivos y medicamentos no aprobados"
Cuál es la ciudad más segura de Nueva York para migrantes, que no colabora con las agencias federales
Un análisis basado en inteligencia artificial y datos públicos identifica las ciudades más seguras de Nueva York para inmigrantes en 2025.
Energía sin Estado: los riesgos federales y sociales del Decreto 450/25
Con la publicación del Decreto 450/2025, el gobierno nacional inició la transformación más profunda del sistema eléctrico desde los años 90. Bajo las facultades delegadas por la Ley de Bases, el decreto reescribe pilares de las leyes 15.336 y 24.065, redefine el servicio público de electricidad como un mercado libre y reduce drásticamente la presencia estatal en la planificación y regulación del sector.La necesidad de actualizar un régimen distorsionado y dependiente de subsidios es innegable. Pero hacerlo sin debate parlamentario, sin participación de las provincias ni de los usuarios, significa avanzar sobre competencias locales y derechos ciudadanos con un instrumento excepcional que se pretende convertir en regla.El Decreto habilita contratos directos entre privados, la libre elección de proveedor, la autogeneración y la exportación de energía. Detrás de ese lenguaje de 'libertad económica' se oculta una reconfiguración del Estado energético: el Poder Ejecutivo fusiona el ENRE y el Enargas en un solo ente â??pese a que electricidad y gas responden a jurisdicciones distintasâ?? y limita la participación del Consejo Federal de Energía Eléctrica, que garantizaba la voz de las provincias. El resultado previsible: menor control técnico, menor equilibrio institucional y mayor concentración en pocas manos.El servicio eléctrico no es una mercancía. La Constitución Nacional protege a los consumidores frente a abusos de mercado y garantiza su derecho a tarifas razonables, información clara y condiciones de acceso equitativas. El fallo CEPIS de la Corte Suprema reafirmó que los servicios públicos integran el núcleo de los derechos sociales y que toda modificación tarifaria debe respetar criterios de razonabilidad, gradualidad y participación. El decreto, al convertir la electricidad en un bien de libre contratación, rompe ese equilibrio constitucional y traslada la definición del precio de un derecho esencial al interés del mercado.El Congreso y los límites de la emergenciaEl artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar facultades legislativas permanentes. La regulación del sistema energético â??por su naturaleza estructural y federalâ?? exige debate parlamentario y consenso político. Gobernar por decreto en esta materia implica debilitar la República: el Congreso pierde su rol de arquitecto del modelo energético y la emergencia se convierte en una forma de gobierno. Es cierto que en materia energética la emergencia ha sido la regla durante el último cuarto de siglo, pero no puede ser el argumento para una liberalización indiscriminada, de la noche a la mañana, a través de un decreto delegado. El sector requiere un debate amplio, con la participación de universidades, provincias, municipios, organizaciones especializadas y sectores productivos, industriales y sindicales. Más aún cuando se trata de uno de los pilares del desarrollo argentino.Federalismo bajo amenazaUno de los aspectos más preocupantes del Decreto 450/25 es la responsabilidad solidaria que impone a provincias, municipios, distribuidoras y cooperativas por las deudas con Cammesa, incluso alcanzando a los entes de control y funcionarios locales. Se trata de una cláusula coercitiva e inconstitucional, que desconoce la autonomía provincial y busca disciplinar a las jurisdicciones mediante la amenaza económica. La distribución eléctrica es una competencia provincial indelegable: trasladar la deuda al patrimonio de intendentes o funcionarios viola el federalismo y el principio de responsabilidad limitada del Estado local.El Gobierno pretende resolver a las patadas una crisis estructural del sistema tarifario, con distribuidoras quebradas por tarifas congeladas en pesos y generadoras con rentabilidad asegurada en dólares. La solución a la ruptura del equilibrio económico y financiero del sistema requiere mayor profundidad y responsabilidad por parte del Estado, no la imposición unilateral de sanciones.Energía y desarrollo territorialLa electricidad no sólo abastece hogares e industrias: define la posibilidad misma del desarrollo. Sin redes de transporte eléctrico robustas y planificadas, el interior productivo seguirá dependiendo del consumo urbano. El decreto omite cualquier referencia a la expansión de infraestructura â??líneas troncales, estaciones transformadoras, obras que sostienen la producción y el arraigoâ?? y al retraer la inversión estatal, condena a las regiones menos rentables a quedar fuera del mapa energético nacional. La experiencia demuestra que el sector privado no invierte donde no hay rentabilidad inmediata. Y es precisamente en esos territorios donde el Estado debe actuar, no sólo como regulador y garante del desarrollo equitativo, sino también como inversor estratégico. La pretendida desregulación y la fe ciega en el libre mercado sólo traerán más abandono del interior productivo, que seguirá atrapado en la dependencia de la producción primaria sin agregado de valor.Paralelamente, el Gobierno impulsa la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Enarsa y las centrales hidroeléctricas del sur, que deberían haber retornado al dominio estatal tras el vencimiento de sus concesiones. La desregulación normativa y la privatización patrimonial forman parte del mismo proceso: transferir activos estratégicos a operadores privados, reduciendo la soberanía sobre los recursos energéticos y la capacidad de planificación del Estado.Ya se ha demostrado que privatización, desregulación y libre competencia en sectores estratégicos como la energía no abaratan precios, sino que fomentan la concentración y la cartelización. El ejemplo de la telefonía celular e Internet lo demuestra con claridad.Poco después del decreto, la Secretaría de Energía publicó los Lineamientos de Política Energética 2025, que profundizan la desregulación. Reducen el rol de Cammesa, liberalizan los precios mayoristas, focalizan subsidios y habilitan exportaciones privadas. El Estado se retira del control, los precios se dolarizan y la energía se convierte en un bien financiero más.De consolidarse este modelo, el impacto será devastador para los usuarios y las economías regionales: aumentos abruptos de tarifas, pérdida de competitividad industrial y traslado del costo fiscal directamente al consumo. El riesgo más grave es la consolidación de un sistema volátil, concentrado y dependiente del mercado financiero internacional, donde el precio de la energía deje de reflejar la riqueza de nuestros recursos y pase a depender de la especulación.La energía en Argentina no es cara por sus costos de producción, sino por cómo se distribuye el valor agregado dentro del sistema. Los generadores cobran en dólares, los transportistas garantizan rentabilidad, y las distribuidoras provinciales y cooperativas sostienen la red con tarifas congeladas durante dos décadas. Aun con los nuevos esquemas tarifarios, el sistema sigue concentrando renta en los segmentos de mayor poder económico, mientras los usuarios pagan tarifas que garantizan ganancias privadas más que eficiencia o equidad.El fomento de las energías renovables, sin planificación federal, repitió esa lógica: altos retornos dolarizados para unos pocos, financiados por todo el sistema eléctrico común. Corredores patagónicos y norteños con grandes parques eólicos o solares que alimentan los grandes conglomerados urbanos, mientras encarecen el acceso a la energía de las poblaciones locales que conviven con ellos. En muchos casos, pueblos enteros vieron transformada su geografía por la infraestructura de las renovables sin siquiera acceder a la energía necesaria para su propio desarrollo.Modernizar con Estado y con federalismoLa Argentina necesita modernizar su sistema energético, pero no a cualquier precio. Sin Estado, no hay equilibrio; sin federalismo, no hay desarrollo. La libertad económica sin justicia social termina en concentración, y la desregulación sin planificación conduce a desigualdad. El desafío no es elegir entre Estado o mercado, sino construir reglas que garanticen que la energía sirva al arraigo, la producción y la igualdad de oportunidades. Modernizar, sí. Pero con instituciones fuertes, con provincias partícipes, con usuarios protegidos y con un Congreso que vuelva a ser autor del modelo energético argentino.__________________El autor es abogado, integrante del Movimiento Arraigo
Departamento de Seguridad de EEUU acusa que organizaciones criminales en México ofrecen pagos por asesinar a agentes federales
Los ataques estarían enfocados para realizarse en contra de oficiales de ICE y CBP en Chicago
"Fue algo muy feo": el crudo relato de los trabajadores de un autolavado de California tras una redada de agentes federales
En medio de las tensiones políticas entre el gobierno federal y la administración estatal de California, los operativos migratorios continúan en el estado. Uno de los más recientes ocurrió el viernes 10 de octubre en la ciudad de San Gabriel, cuando agentes federales realizaron una redada en un establecimiento de autolavado.Redada en San Gabriel, CaliforniaSegún testimonios de empleados y testigos, el operativo se desarrolló alrededor de las 11.20 hs, cuando un grupo de vehículos sin identificación oficial rodeó el local ubicado sobre el bulevar San Gabriel. De acuerdo con las declaraciones del gerente del lugar a Telemundo, al menos ocho trabajadores fueron detenidos sin que se les diera oportunidad de presentar documentación legal.El hecho fue registrado por varios transeúntes y clientes que se encontraban en el área, quienes publicaron videos en las redes sociales en los cuales se mostraban a los agentes federales ingresar al sitio y escoltar a los empleados hacia camionetas sin distintivos.Los testimonios de los trabajadores de San GabrielEl periodista Carlos Sánchez, de la cadena Telemundo, entrevistó al encargado del negocio y a varios trabajadores que presenciaron el operativo. El gerente, identificado como Nicolás Meza, confirmó que esta fue la segunda ocasión en que el autolavado fue revisado por oficiales federales, aunque señaló que en esta oportunidad hubo detenciones efectivas."Llegaron unos 20 agentes al establecimiento y detuvieron a varios trabajadores, incluido a mi sobrino, y me siento triste", contó Meza. "Habían procesado para arrestar a ocho trabajadores, de los cuales algunos tenían papeles. No sé la razón por la que no los dejaron que los mostraran", detalló.Uno de los empleados describió la escena con precisión: "Vimos que llegaron como 15 autos y cerraron la calle. La gente empezó a correr. Llegaron, los agarraron y se los llevaron así nomás, sin preguntar", aseguró. "No te dejaban sacar nada ni tu cartera. Fue algo muy feo porque fueron demasiado agresivos, no había posibilidad de hablar con ellos para mostrar el ID", contó.De acuerdo con los testimonios, el operativo se prolongó aproximadamente 15 minutos. Durante ese tiempo, los agentes que llevaban chalecos con la identificación de "Police" y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) rodearon las instalaciones, ingresaron al área de trabajo y detuvieron a los empleados. Según se observa en las imágenes compartidas en redes, los ocho detenidos fueron trasladados en camionetas sin logotipos.Meza expresó su preocupación por la manera en que se lleva a cabo este tipo de acciones. "Nunca había visto algo tan devastador no solo para mí, sino para la familia y los compañeros", señaló.El DHS mantiene los operativos migratorios en CaliforniaHasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no confirmó los detalles de la intervención en el autolavado de San Gabriel ni publicó una lista de los detenidos. Sin embargo, el mismo día del operativo difundió un comunicado oficial en el que reafirmaba la continuidad de sus acciones migratorias en EE.UU.En el texto, la agencia federal aseguró que sus agentes "siguen arrestando a los peores inmigrantes ilegales delincuentes", incluso en medio del cierre parcial del gobierno federal. La subsecretaria, Tricia McLaughlin, declaró que los oficiales trabajan sin recibir paga debido al cierre, pero continúan con el cumplimiento de su deber de "mantener seguras las comunidades estadounidenses"."No permitiremos que el cierre gubernamental de los demócratas nos impida arrestar a los peores entre los peores de las comunidades estadounidenses", indicó McLaughlin. "Los agentes del ICE están arriesgando sus vidas", agregó la funcionaria. El comunicado no hizo referencia directa al operativo en el autolavado en San Gabriel.Esta redada ocurrió en medio de un clima político tenso entre el gobierno federal, encabezado por Donald Trump, y California, liderado por el gobernador Gavin Newsom. Las diferencias entre ambas administraciones se manifiestan especialmente en materia migratoria, donde el estado Dorado mantiene políticas más protectoras hacia los migrantes, mientras el gobierno federal impulsa acciones de control más estrictas.
Sigue en aumento la cantidad de presos en las cárceles federales: el 40% no tiene condena
Así lo reveló un informe de la PROCUVIN. Entre los jóvenes de 18 a 21 años el índice de detenidos con prisión preventiva roza el 70%. Además, creció la cantidad de madres y embarazadas privadas de su libertad
La mitad de los cargos de jueces nacionales y federales podría quedar vacante a fin de años
Es la proyección para fin de año que hizo el Consejo de la Magistratura si se van todos los magistrados en condiciones de hacerlo.La crisis que eso podría generar y la falta de respuestas del gobierno nacional que no avanza para cubrir las vacantes.
Fuertes lluvias en el país afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en 5 estados, reporta Claudia Sheinbaum
La mandataria confirmó daños en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz
Cierre del Gobierno en Estados Unidos: la administración de Trump comenzó a despedir a empleados federales
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, dijo que se estaban llevando a cabo reducciones de personal
Camiones y autobuses federales sin placas podrán circular con permiso temporal por 180 días
Los permisionarios podrán utilizar el denominado "balizamiento" como mecanismo complementario de identificación en las carreteras federales
"Zona libre del ICE": qué dice la nueva orden de Brandon Johnson en Chicago que apunta contra los agentes federales
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes federales de inmigración utilizar propiedades municipales para operativos en la ciudad. La medida, bautizada como "Zona libre del ICE", busca frenar las redadas e incidentes que, según el gobierno local, vulneran los derechos de los residentes e incrementan la tensión con las comunidades extranjeras.Chicago declara "Zona libre del ICE" y prohíbe operativos en propiedades municipalesLa orden impide que una serie de sitios de Chicago sirvan como zonas de preparación o procesamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según Fox 32 Chicago, entre los espacios protegidos se encuentran:EscuelasBibliotecasParquesEstacionamientosOtros espacios públicos propiedad de la ciudadTambién invita a negocios y organizaciones privadas a sumarse de manera voluntaria con carteles que indiquen la prohibición de uso para tareas de control.Tal como indicó la administración municipal en un comunicado oficial, cada propiedad de la ciudad deberá exhibir un aviso oficial con la siguiente leyenda: "Esta propiedad es propiedad y/o está controlada por la Ciudad de Chicago. No podrá utilizarse para la aplicación de leyes de inmigración civil, incluso como área de preparación, lugar de procesamiento o base de operaciones".Los departamentos municipales tienen un plazo de cinco días para identificar los espacios que podrían ser usados por agentes federales y colocar las señalizaciones correspondientes. El gobierno local ordenó, además, reportar cualquier intento de uso de propiedades públicas para fines migratorios a la Oficina del Alcalde y al Asesor Jurídico de la Ciudad.Brandon Johnson desafía al gobierno federal con una orden ejecutiva sobre inmigraciónEn su cuenta oficial de X (antes Twitter), el demócrata advirtió: "No toleraremos que los agentes del ICE violen los derechos constitucionales de nuestros residentes ni permitiremos que el gobierno federal ignore nuestra autoridad local. Están deteniendo a funcionarios electos, lanzando gases lacrimógenos contra manifestantes, niños y policías de Chicago, y abusando de los residentes. No toleraremos eso en nuestra ciudad".Johnson aseguró que su administración se mantendrá "firme en la protección de los derechos constitucionales de los residentes y las comunidades inmigrantes, y en la defensa de la democracia".En una conferencia posterior, reforzó su postura: "La orden crea un amplio escudo cívico que limita el alcance de las prácticas policiales perjudiciales. Nadie está por encima de la ley. Si el Congreso no controla a esta administración, Chicago lo hará".Redadas, gases lacrimógenos y detenciones en Illinois: los incidentes que llevaron a la medidaLa medida llega tras una serie de redadas y episodios violentos que involucraron a agentes federales en Chicago. Distintos videos virales mostraron gases lacrimógenos afuera de una escuela pública, un residente sometido por la fuerza y hasta la detención de una concejala en funciones."El ICE ha estado llevando a personas a hospitales y salas de emergencia porque sufren daños mientras intenta detener a personas en la ciudadâ?¦ Ejercen violencia física contra los habitantes de Chicago", afirmó la edil Jessie Fuentes, tal como consignó The Triibe.Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 900 personas fueron arrestadas desde el 8 de septiembre en el marco de la Operación Midway Blitz impulsada por Trump.Cómo aplicará Chicago la restricción al ICE y qué rol tendrá la policía localEl superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, aclaró que los oficiales del Departamento de Policía no arrestarán a agentes federales, aunque reconoció que la ciudad revisará los mecanismos para hacer cumplir la orden. Johnson aclaró que su gobierno "utilizará todas las herramientas disponibles" para garantizar que las agencias municipales cumplan la nueva disposición.Según The Triibe, el demócrata también confirmó que mantuvo contacto con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, para coordinar una respuesta conjunta frente a la escalada de conflictos con los agentes federales desplegados en la ciudad.La reacción de la Casa Blanca a la medida de Johnson: "Traición"El anuncio provocó un fuerte rechazo desde Washington. De acuerdo con New York Post, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó en X: "Esto es repugnante. Está ayudando e incitando a asesinos, violadores, traficantes y pandilleros de inmigrantes ilegales".En un comunicado oficial, el gobierno federal calificó la medida de Johnson como "una repugnante traición a todos los ciudadanos respetuosos de la ley". Según el texto, "proteger a los extranjeros ilegales más depravados y violentos de la justicia no solo es un insulto a todos los habitantes de Chicago, sino que también es una peligrosa intensificación de la lunática agenda de 'santuario' de los demócratas".
Greg Abbott cruza a JB Pritzker tras su queja por el envío "sin aviso" de agentes federales de Texas a Illinois: "Lo autoricé"
El gobernador de Texas, Greg Abbott, enfrentó públicamente a su par de Illinois, JB Pritzker. El demócrata había acusado al gobierno de Donald Trump de enviar sin aviso a 400 miembros de la Guardia Nacional del Estado de la Estrella Solitaria a distintas jurisdicciones estadounidenses, incluidos el Estado de la Pradera y Oregon. La decisión, ordenada por el presidente de EE.UU., intensificó la tensión entre ambos mandatarios y reavivó el debate sobre el uso de tropas estatales en operaciones federales.Abbott vs. JB Pritzker: el despliegue de la Guardia Nacional de Texas desata conflicto entre gobernadoresSegún informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, las órdenes presidenciales entraron en vigor el domingo por la noche, con un plazo inicial de 60 días y posibilidad de extensión "donde sea necesario", como en Chicago y Portland, informó Texas Tribune.El objetivo oficial del despliegue es "garantizar la seguridad de los funcionarios federales", tras semanas de enfrentamientos entre agentes y manifestantes frente a instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).En Illinois, las tensiones aumentaron durante el fin de semana, cuando agentes federales "dispararon tiros defensivos" contra una mujer armada luego de que varios vehículos "acorralaran" a una patrulla. Según Newsweek, la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois informó que Marimar Martínez, de 30 años, resultó herida y fue acusada junto a Anthony Ian Santos Ruiz, de 21 años, por atacar e interferir con agentes federales.Oregon, también gobernado por los demócratas, presentó una demanda contra la medida y obtuvo una orden judicial temporal que bloqueó el envío de tropas a Portland por presunta violación de la Constitución y de la ley federal.JB Pritzker denuncia "la invasión de Trump" y critica el envío de tropas sin coordinación federalTal como recabó Fox News, la reacción del gobernador de Illinois no tardó en llegar. "Ningún funcionario del gobierno federal me llamó directamente para discutirlo o coordinarlo", expresó Pritzker en X. El mandatario calificó la medida como "la invasión de Trump" y sostuvo que "comenzó con agentes federales, pronto incluirá el despliegue de miembros federalizados de la Guardia Nacional de Illinois".En su mensaje, el gobernador pidió a Abbott "retirar de inmediato cualquier apoyo a esta decisión y negarse a coordinarla". Además, agregó que "no hay razón para que un presidente envíe tropas militares a un estado soberano sin su conocimiento, consentimiento ni cooperación".Pritzker denunció además el uso político de las fuerzas armadas: "Los valientes hombres y mujeres que sirven en nuestra guardia nacional no deben ser utilizados como apoyo político. Este es el momento en que todos los estadounidenses deben alzar la voz y ayudar a detener esta locura".La respuesta de Abbott a JB Pritzker y su defensa al envío de tropas de TexasDesde Texas, Abbott respondió a las críticas de su par demócrata. En su publicación en X, el gobernador aseguró: "Autoricé plenamente al Presidente a movilizar a 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas para garantizar la seguridad de los funcionarios federales".Así, agregó: "Se puede garantizar plenamente la protección de los empleados federales o dejar que la Guardia Nacional de Texas se encargue. Ninguna Guardia puede igualar el entrenamiento, la habilidad y la experiencia de la Guardia Nacional de Texas". A su vez, subrayó que el estado "todavía cuenta con miles de miembros de la Guardia Nacional que asisten a la seguridad fronteriza".Choque político entre Texas e Illinois por el despliegue federal y las protestas en Chicago y PortlandEl enfrentamiento entre ambos gobernadores reflejó el creciente choque entre estados republicanos y demócratas sobre las políticas migratorias y el rol de las fuerzas federales. La Casa Blanca, a través de su portavoz Abigail Jackson, afirmó que el presidente Trump "no ignorará la anarquía que asola las ciudades estadounidenses" y justificó el despliegue de los guardias nacionales "en medio de disturbios violentos y anarquía que líderes locales como Pritzker se han negado a sofocar".Tensión creciente y posibles demandas judiciales contra la orden de despliegue militar en Oregon e IllinoisPritzker anticipó que Illinois evaluará medidas judiciales para frenar la decisión, aunque advirtió que las tensiones podrían seguir en incremento mientras las patrullas federales mantengan su presencia en las calles. En Chicago, Portland y otras ciudades, las protestas continuaron y derivaron en nuevas detenciones y enfrentamientos.
Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la acción conjunta que culminó con heridos, detenidos y la recuperación de un vehículo robado
Trump les exige a nueve universidades que se comprometan con su agenda si quieren acceder a fondos federales
WASHINGTON.- En una nueva ofensiva contra las universidades, esta vez basada en incentivos más que en castigos, la Casa Blanca invitó a nueve de las principales instituciones educativas de Estados Unidos que se comprometan con las prioridades políticas del presidente Donald Trump a cambio de un acceso más favorable a fondos federales.Las demandas están delineadas en un documento de nueve páginas, titulado "Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior", que pide a las instituciones, por ejemplo, congelar sus tasas de matrícula durante cinco años, prohibir el uso del sexo y el género como factores en su proceso de admisión y limitar el número de estudiantes internacionales, entre otros requisitos. Los firmantes también deben comprometerse a "transformar o abolir las unidades institucionales que deliberadamente castigan, menosprecian e incluso provocan violencia contra las ideas conservadoras", según el memorando.Firmar el acuerdo les daría a las universidades "múltiples beneficios positivos", incluyendo "subvenciones federales sustanciales y significativas" y "aumentos en los pagos generales donde sea posible", según una carta enviada a las universidades junto con el pacto. La misiva dice que se trata de una labor proactiva mientras el gobierno continúa investigando presuntas violaciones de derechos civiles en los campus de Estados Unidos.El pacto pide también a las universidades que acepten la definición de género que estableció el gobierno y la apliquen en los baños, vestuarios y equipos deportivos femeninos del campus. También solicita que las universidades dejen de tomar en cuenta la raza y una amplia gama de otros datos demográficos de los estudiantes como parte del proceso de admisión, y que exijan a los solicitantes de licenciatura que presenten los exámenes estandarizados de acceso universitario SAT (Scholastic Assessment Test) o ACT (American College Test).El acuerdo propuesto de 10 páginas fue enviado el miércoles a algunas de las universidades públicas y privadas más selectivas del país: Vanderbilt, la Universidad de Pensilvania, Dartmouth College, la Universidad del Sur de California, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus iniciales en inglés), la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona, la Universidad de Brown y la Universidad de Virginia. De momento se desconoce cómo o por qué se eligió a estas instituciones, y si otras universidades podrían recibir propuestas similares.Las nueve universidades podrían convertirse en "firmantes iniciales" y están siendo invitadas a proporcionar comentarios antes de que se establezca la redacción final, según la carta, y deberán tomar una decisión a más tardar el 21 de noviembre.El memorando representa un cambio en la estrategia del gobierno, que ahora ofrece recompensas, en lugar de castigos, como incentivo para adoptar la lista de deseos políticos de Trump. Muchas de las exigencias reflejan aquellas que hizo la Casa Blanca mientras recortaba miles de millones de dólares en fondos federales para Harvard, Columbia y otras instituciones acusadas de tener un sesgo liberal. Un juez federal anuló el mes pasado los recortes a Harvard, asegurando que el gobierno había excedido su autoridad.Muchas de las universidades dijeron que estaban analizando la propuesta y no tenían comentarios al respecto. Un comunicado de la Universidad de Virginia dijo que no había nada que sugiriera por qué fue elegida. El presidente interino de la universidad reunió a un grupo de administradores el jueves para revisar la carta.Los principales funcionarios del sistema de la Universidad de Texas se sintieron "honrados" de que el campus de Austin fuera elegido para formar parte del pacto y sus "posibles ventajas de financiamiento", de acuerdo con un comunicado de Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes. "Hoy damos la bienvenida a la nueva oportunidad que se nos presenta y esperamos trabajar en ello con el gobierno de Trump", indicó Eltife.El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que, si alguna universidad en su estado firma el pacto, perderá acceso a fondos estatales, incluidos los Cal Grants, un programa de ayuda financiera estudiantil de 2800 millones de dólares. En una declaración en mayúsculas, Newsom, de filiación demócrata, dijo que California "no financiará escuelas que traicionen a sus estudiantes, profesores, investigadores y renuncien a la libertad académica".Agencias AP y AFP
Trump sube la apuesta en el cierre del gobierno con amenaza de recortes a empleados federales
El conflicto entre Donald Trump y los republicanos continua aumentando tras los dichos del presidente sobre despidos en esta semana. Por su parte, la oposición busca aprovechar el cierre para recortar la burocracia federal. Leer más
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Dos vehículos fueron asegurados y no se reportaron agentes de seguridad lesionados
Debate en el Senado de EE.UU.: republicanos buscan aprovechar cierre para recortar gastos y reducir empleados federales
La Cámara Baja de Estados Unidos ajustó su estrategia frente a la parálisis administrativa, evaluando cómo implementar recortes en áreas clave. Analizan medidas agresivas que podrían presionar a los demócratas a ceder, aunque también implican riesgos políticos significativos. Leer más
Miles de empleados federales están en riesgo de despido por el cierre del Gobierno en Estados Unidos
Oficinas públicas y servicios esenciales interrumpen actividades y miles de familias quedan a la espera de definiciones tras el debate legislativo
Grok de Musk recibe luz verde para su uso en agencias federales de Estados Unidos
La sociedad con xAI ofrece Grok a clientes federales al precio más bajo y por el plazo más largo que cualquier acuerdo de OneGov hasta la fecha, según Administración de Servicios Generales. Leer más
Dura advertencia desde la Casa Blanca: habrá despidos masivos en las agencias federales si no hay acuerdo por el presupuesto anual de EE.UU.
Si republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo con la aprobación, Trump advirtió que cesanteará los planes que se vayan quedando sin presupuesto.Hay aprobado un "presupuesto temporal" pero para el gobierno republicano resulta insuficiente.
Quién es "El Silencio", jefe de plaza del CJNG detenido por el secuestro de dos agentes federales en Michoacán
Genaro "N" fue localizado en Guanajuato derivado de trabajos de inteligencia e investigación
Harfuch anuncia la detención de Genaro "N", "El Silencio", acusado del secuestro de dos agentes federales
El sujeto, atrapado en Uriangato, es señalado como generador de violencia en Michoacán y Guanajuato; también es acusado de narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado
Autoridades federales declaran muerto a Travis Decker pese a que falta confirmar su identidad por ADN
El Servicio de Alguaciles pidió anular la orden de arresto contra el principal sospechoso del homicidio de las hermanas Decker; el sheriff local asegura que esperará los resultados del análisis de los presuntos restos
Nueva ley de Newsom contra Trump: California prohíbe a agentes federales cubrirse el rostro en operativos de inmigración
California ha marcado un precedente a nivel nacional al convertirse en el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, cubrirse el rostro mientras realizan actividades oficiales. La ley fue promulgada el sábado por el gobernador Gavin Newsom, en un acto que se llevó a cabo en Los Ángeles y que contó con la presencia de legisladores estatales y miembros de la comunidad inmigrante.Gavin Newsom firma una ley que prohíbe a los agentes federales cubrirse el rostroEsta legislación surge como una respuesta directa a las recientes redadas de inmigración que tuvieron lugar en Los Ángeles, donde agentes federales fueron vistos utilizando máscaras durante la realización de arrestos masivos. Estos operativos generaron una ola de protestas que se extendieron por varios días a lo largo del país, lo que llevó al presidente Donald Trump a ordenar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en la zona afectada.La nueva ley establece una prohibición explícita sobre el uso de diversos tipos de coberturas faciales, tales como cubrecuellos, pasamontañas y otras prendas que oculten el rostro, para los agentes locales y federales, incluyendo específicamente a los agentes de inmigración, mientras se encuentran en el desempeño de sus funciones oficiales, según consignó AP. Sin embargo, la legislación contempla ciertas excepciones.Se permite el uso de estas coberturas para agentes que operan encubiertos, así como para aquellos que requieren mascarillas médicas, como los respiradores N95, o equipo táctico específico que justifique la protección facial. Es importante destacar que esta normativa no se aplica a la policía estatal, limitando su alcance a las fuerzas del orden locales y federales.El gobernador demócrata Gavin Newsom defendió la singularidad de California, destacando que el 27% de sus residentes han nacido en el extranjero. "Celebramos esa diversidad. Es lo que hace grande a California. Es lo que hace grande a Estados Unidos. Está bajo ataque", afirmó Newsom durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, enfatizando la importancia de la diversidad cultural en el estado y la nación.The new laws I just enacted are a direct response to @realDonaldTrump's lawless immigration raids and arrests in California.California is fighting to end this chaos by:ð??¥Requiring schools and public hospitals to limit access and implement privacy protocols to protect againstâ?¦ pic.twitter.com/6TxsWVIAUu— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) September 20, 2025El mandatario expresó su firme rechazo a la práctica de que agentes enmascarados, sin la debida identificación ni número de placa, detengan a personas en las calles. "El impacto de estas políticas en toda esta ciudad, nuestro estado y la nación es aterrador", manifestó Newsom, comparando la situación con una "película de ciencia ficción distópica". Describió escenas de "autos sin distintivos, gente con mascarillas, gente que literalmente desaparece", y criticó la ausencia de debido proceso y derechos. "Los inmigrantes tienen derechos, y nosotros tenemos el derecho a alzar la voz y oponernos, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí", sentenció el gobernador, subrayando la defensa de los derechos de los inmigrantes en el estado.El gobierno federal defiende el uso de máscaras en operativos de inmigraciónLa administración Trump, por su parte, ha defendido consistentemente la práctica del uso de máscaras por parte de los agentes federales. Un funcionario de seguridad nacional calificó la legislación californiana de "despreciable" en un comunicado emitido esta semana, argumentando que la prohibición pondría en peligro la seguridad de los agentes.El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, el viernes previo a la firma de la ley, envió cartas a los fiscales generales de California, Illinois y Nueva York. En estas comunicaciones, el DHS reforzó instrucciones previas que exigían a los estados demócratas cumplir con las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para "extranjeros ilegales delincuentes dentro de sus jurisdicciones".El DHS advirtió el sábado que, en caso de incumplimiento por parte de los estados, tomaría "todas las medidas apropiadas para poner fin a su desaconsejable e irresponsable obstrucción". Tras la firma de la ley por parte de Newsom, no hubo una respuesta inmediata a los mensajes en busca de comentarios del DHS y el ICE.La justificación federal para el uso de máscaras se centra en la seguridad de los agentes. Funcionarios de la administración Trump han señalado que los agentes de inmigración han enfrentado un "acoso estridente y creciente" tanto en público como en línea, a medida que cumplen con su trabajo en el marco de la campaña de deportación masiva impulsada por el presidente Trump. En este contexto, ocultar sus identidades se presenta como una medida necesaria para garantizar su seguridad y la de sus familias.La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó esta semana que los agentes federales ya tienen instrucciones claras de identificarse y de usar chalecos con marcadores distintivos del ICE o de Seguridad Nacional durante las operaciones. McLaughlin enfatizó la peligrosidad de la labor de estos agentes: "Los hombres y mujeres de CBP, ICE y todas nuestras agencias federales de aplicación de la ley arriesgan sus vidas todos los días para arrestar a inmigrantes ilegales criminales violentos para proteger y defender las vidas de los ciudadanos estadounidenses".Sin embargo, el gobernador Newsom desestimó las preocupaciones sobre el "doxing", o la publicación de información personal de los agentes en línea, calificándolas de "infundadas y no probadas". "Se afirma que, de alguna manera, hay un aumento exponencial de las agresiones a agentes, pero no proporcionan los datos", declaró Newsom, sugiriendo que las alegaciones carecen de respaldo empírico y son utilizadas como "desinformación y distracción".Otros estados evalúan seguir los pasos de NewsomLa controversia en torno a la aplicación de medidas migratorias de alto perfil ya generaba un intenso debate entre quienes se oponían a las acciones de la administración Trump y quienes las apoyaban.La imagen de agentes enmascarados llevando a cabo estas operaciones ha añadido un nuevo nivel de conflicto a la ya polarizada discusión. Los defensores de la ley californiana argumentaron que esta medida es particularmente necesaria después de que la Corte Suprema dictaminara, este mismo mes, que la administración Trump podía reanudar sus amplias operaciones migratorias en Los Ángeles. Según sus partidarios, la ley busca fortalecer la confianza pública en las fuerzas del orden y, al mismo tiempo, prevenir que individuos se hagan pasar por agentes para cometer delitos.Desde una perspectiva legal, el experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California en Berkeley, defendió la legislación. En un artículo de opinión para el Sacramento Bee, Chemerinsky explicó que los empleados federales están obligados a cumplir con las normas estatales generales, "a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, en el trabajo, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo". Este argumento sugiere que la prohibición de cubrirse el rostro no debería considerarse una interferencia sustancial con las funciones federales.La iniciativa de California no es un caso aislado. Demócratas en el Congreso y legisladores de varios estados, incluyendo Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, también han presentado propuestas similares que buscan prohibir el uso de máscaras por parte de los agentes del orden. Esto indica una tendencia creciente a nivel subnacional para regular la apariencia y las prácticas de las fuerzas de seguridad en el contexto de las operaciones migratorias.Además de la prohibición de las máscaras, el gobernador Newsom firmó el sábado otra legislación significativa. Esta nueva ley impide que los agentes de inmigración ingresen a las escuelas e instalaciones de atención médica sin una orden judicial válida. Asimismo, requiere que las escuelas notifiquen a los padres y maestros cuando los agentes de inmigración estén presentes en el campus.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Revelan red criminal que sobornaba a elementos federales por huachicol en refinería Dos Bocas
El caso destapó una estructura jerárquica que operaba con complicidad institucional y episodios de violencia ligados a la denuncia de corrupción
Megaoperativo durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados: unos 1.100 agentes federales custodiarán el Congreso
Los efectivos se separarán por la zona de la Plaza y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional. Leer más
Denuncian a dos fiscales federales por no investigar episodios de violencia en cárceles nacionales
Se trata de Cecilia Incardona y Sergio Mola, del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora.Los acusan de pedir archivar causas y negarle al Servicio Penitenciario Federal el rol de querellante en hechos delictivos que ocurrieron dentro de varias prisiones, medidas invalidadas por el juez federal Federico Villena.
Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a "Los Chapitos"
El cargamento valuado en más de 426 millones de pesos estaba escondido en un doble fondo de un camión
No es Chicago: Trump revela cuál será la próxima ciudad a la que enviará agentes federales
Tras recibir un freno judicial en California y luego de desplegar las fuerzas federales en Washington, el presidente Donald Trump reveló que enviará agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la ciudad de Memphis, en Tennessee. La decisión echa por tierra, al menos por ahora, su plan de desplegarla en Illinois. "Estoy muy preocupado, hubiera preferido ir a Chicago", manifestó el mandatario estadounidense. Trump reveló que enviará agentes federales a MemphisA contrario de las especulaciones que posicionaban a Chicago como la próxima ciudad en la que la administración federal enviaría sus fuerzas, Donald Trump confirmó este viernes que los oficiales de la Guardia Nacional se desplegarán en Memphis."Soy el primero en decirlo, vamos a Memphis. Hay mucha agitación y el alcalde demócrata (Paul Young) está contento. Y el gobernador (republicano Bill Lee) está contento", apuntó el presidente norteamericano durante una entrevista para Fox & Friends.El mandatario explicó que la propuesta le llegó por un amigo que ejecutivo de ferrocarriles y miembro del directorio del gigante de envíos FedEx con sede en Memphis. "Me dijo 'cuando camino una cuadra hasta mi hotel, no me dejan hacerlo. Me suben a un vehículo blindado con vidrios blindados para llevarme una cuadra'", recordó y calificó a la situación de "terrible"."Estoy muy preocupado. Vamos a solucionarlo, igual que hicimos en Washington. Habría preferido ir a Chicago", manifestó Trump sobre la situación en Memphis. Y añadió: "También traeremos al ejército si lo necesitamos".El mes pasado, el mandatario envió tropas federales de seguridad y de la Guardia Nacional a Washington luego de que se conociera casos de crímenes violentos de alto perfil.De acuerdo a datos del FBI, compartidos por WSMW, Memphis es una de las ciudades con la tasa de delitos violentos más alta de Estados Unidos. En 2024 se registraron 2501 delitos violentos por cada 100 mil residentes. De estas cifras, 297 fueron asesinatos.Trump no quita el foco de Chicago: qué pasará Trump ha amenazado durante semanas con enviar las fuerzas federales a Chicago y fue criticado en diferentes ocasiones por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y por el alcalde local, Brandon Johnson, ambos demócratas.El pasado lunes, el gobierno envío agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para la Operación Midway Blitz, que busca detectar inmigrantes ilegales con antecedentes penales en la ciudad. Este viernes, durante la entrevista, el presidente no descartó enviar tropas a Chicago, incluso señaló que el ejecutivo de los ferrocarriles le pidió que "no perdiera" la ciudad de Illinois. Además, el republicano criticó a Pritzker este viernes, lo calificó de "ruidoso" y aseguró que la delincuencia en Chicago está "fuera de control".Ante los rumores, el gobernador se había manifestado en contra de que la Guardia Nacional llegue a la ciudad. "No vengas a Chicago. No eres bienvenido ni necesario aquí", le advirtió al mandatario durante una conferencia de prensa, según retomó CBS.Además, en una publicación de X, Pritzker recogió un posteo de Trump de Truth Social y lo cuestionó: "El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador".
Autoridades federales identificaron desde 2020 mini-refinería ligada a "La Barredora"
La planta operaba en el sur de Veracruz y abastecía combustible robado a Pemex; en junio de 2025 se aseguraron más de 500 mil litros de hidrocarburo; la operación del grupo criminal estuvo vinculada con exfuncionarios de seguridad de Tabasco
¿Qué pasará con el Seguro Social? El plan para que las agencias federales de EE.UU. solo usen inglés
El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene un plan para que las agencias federales solo usen el inglés, de acuerdo a la orden ejecutiva que emitió en marzo de este año, en la que designó al idioma como el oficial. Al respecto, ha surgido la duda de qué pasará con algunos servicios, como el del Seguro Social.El plan de la Administración Trump para que las agencias solo usen inglésEn de marzo, el presidente emitió la orden ejecutiva 14224, "Designación del inglés como idioma oficial de Estados Unidos", que también revoca un decreto firmado por el expresidente Bill Clinton en el 2000 (13166), el cual requería que las agencias y los receptores de fondos federales mejoraran el acceso a sus servicios para las personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés).En respuesta a la orden del republicano, el 14 de julio de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una guía que asesora a las dependencias sobre cómo implementar las directrices del decreto.El memorándum señala suspender el acceso a "cartas, publicaciones en internet, videos de YouTube y materiales de capacitación" del gobierno en otro idioma y que serán reemplazados por las nuevas guías que, según el DOJ, reflejarán el nuevo decreto "y la Constitución".El documento menciona las medidas que el Departamento adoptaría de inmediato, como:Derogar la guía LEP emitida bajo la orden ejecutiva 13166;Revisar todos los servicios que no están en inglés y que se ofrecen actualmente y publicar planes para eliminar gradualmente las ofertas multilingües innecesarias;Suspender temporalmente la orientación pública sobre LEP hasta que se emitan nuevas directrices sobre la orden ejecutiva 14224; yEmitir nuevas directrices dentro de los 180 días posteriores a la solicitud de recomendaciones y comentarios de otras agencias.También enumera las recomendaciones para otras agencias federales, como:Rescindir la orientación emitida según la EO 13166 si entra en conflicto con la EO 14224;Considerar ofrecer servicios exclusivamente en inglés si ello contribuirá a un mejor servicio al público;Considerar utilizar tecnología para comunicarse con personas LEP para reducir costos y reducir las ineficiencias asociadas con el proceso de traducción;Proporcionar una exención de responsabilidad que indique que el inglés es el idioma oficial en todos los servicios multilingües; yConsiderar redirigir los fondos previamente utilizados para servicios de traducción hacia programas de educación en inglés.¿Qué pasará con el Seguro Social bajo la orden de Trump?Arturo Vargas, asesor sénior de la organización de derechos civiles de NALEO Educational Fund, señaló, en diálogo con CNN, que el cambio pone en peligro al público en general. "Si el gobierno deja de emitir advertencias en otros idiomas cuando haya crisis de salud o desastres naturales, parte del público no sabrá cómo prepararse o protegerse".Por su parte, Laura Vásquez, directora de integración de inmigración de UnidosUS, indicó al medio que cree que la modificación no sería tan desastrosa como parece."El acceso lingüístico sigue siendo un requisito legal. Además, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe que los beneficiarios de fondos federales discriminen por motivos de 'origen nacional'" que, recalca Vásquez, la Corte Suprema ya ha interpretado anteriormente como parte de la discriminación basada en el idioma.Sin embargo, CNN destaca que hasta ahora no está claro cuál será el alcance y cuánto se puede restringir el acceso a material sobre el seguro social u otros beneficios.Un análisis de la orden, elaborado por el National Immigration Forum, indica que sin apoyo lingüístico, quienes no hablan inglés podrían verse prácticamente excluidos de servicios gubernamentales esenciales, como el acceso a la atención médica o la seguridad social, lo que dificultaría su adaptación e integración en Estados Unidos.
Colegios de abogados pidieron a Javier Milei que cubra vacantes en juzgados federales y nacionales
En una carta, lo hicieron el vicepresidente 1º de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Raúl Aguirre Saravia; la presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre; y su par de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta.
Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos
Los efectivos fueron hallados tras una fuerte movilización por aire y tierra
El Ministerio de Seguridad estableció un nuevo protocolo para que las fuerzas federales tomen muestras de ADN
La nueva normativa busca asegurar el "correcto tratamiento" de las muestras de ADN desde su recolección hasta su análisis en laboratorios acreditados. Leer más
El Gobierno aprobó un protocolo para que las fuerzas federales tomen muestras de ADN
Lo hizo a través de la Resolución 1061/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial. Buscan "cumplir con los estándares legales de custodia, integridad y confidencialidad de la evidencia genética".El procedimiento será de aplicación obligatoria.
Cómo y en qué estados se puede recibir la vacuna de COVID-19 tras las nuevas directrices federales
La actualización de los procedimientos para acceder a la inmunización contra el coronavirus en farmacias estadounidenses introduce requisitos adicionales en varias jurisdicciones, incluyendo la necesidad de receta médica en algunos territorios
Jueces federales preocupados por la decisión del Gobierno de controlar los bienes decomisados
Jueces federales de todo el país, presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones, expresaron este viernes su preocupación ante el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que reserva para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en los casos de corrupción, delitos económicos y crimen organizado.Los magistrados dijeron que esta norma, el DNU 575/2025, "lejos de disipar toda duda" en la recuperación, administración y disposición de bienes, "genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias". Los presidentes de las Cámaras Federales salieron a así a expresar su preocupación porque este DNU choca con un reglamento que dictó la Corte Suprema de Justicia, a través del cual se reservó la administración de estos bienes decomisados.Los camaristas dijeron que el decreto "soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" que reglamentó el asunto y además "podría afectar la Ley de Autarquía Judicial" que le reserva a los jueces la administración de sus recursos.Por eso, los jueces dijeron que propician "el dialogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales".Los magistrados también salieron a defender a la Corte Suprema de Justicia frente a las críticas que recibió por los fallos que determinaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el encargado de intervenir como revisor de las causas de la justicia nacional criminal, laboral, comercial y civil.Los camaristas dijeron que, más allá de los disensos ante el fallo Levinas y Levinas II, "reiteramos nuestra tenaz y consolidada posición orientada a preservar la institucionalidad, independencia funcionamiento del Poder Judicial". La decisión de la Corte merece un "debate serio", dijeron, pero señalaron que debe darse "sin que el disenso pueda dar lugar a un espacio de violencia verbal o escrita y, menos aún, que se permita desconocer la autoridad de los fallos que emanan del máximo tribunal"."Las meras descalificaciones, así como las constantes afrentás que ha recibido la Corte Suprema menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho", señalaron los jueces al defender al máximo tribunal de las críticas de los jueces nacionales que ignoran su decisión.Por último, los magistrados demostraron su preocupación por la extraña intimidación que sufrió la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez, a quien le ingresaron a su domicilio sin violencia y le dejaron señales para evidenciar que pudieron vulnerar su casa, como una colilla de cigarrillos y la luz prendida.
Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados
Los magistrados, además, emitieron declaraciones sobre el Fallo Levinas II de la Corte Suprema y la intromisión en la casa de una jueza federal de Rosario
Retiro nacional de más de 14.000 kilogramos de carne en Estados Unidos por sellos federales falsos
La autoridad responsable advierte a consumidores y comercios sobre riesgos asociados a la adquisición y el consumo de alimentos sin los controles sanitarios requeridos, tras detectar la presencia de lotes no verificados en la cadena de distribución nacional
La fuerte reacción de Gavin Newsom al envío de tropas federales a su conferencia de prensa en California
Gavin Newsom anunció la solicitud de la Ley de Libertad de Información tras la presencia de tropas federales en su última conferencia de prensa. El gobernador de California acusó a la administración Trump de "intimidar a sus oponentes políticos".Qué se sabe sobre la solicitud presentada por Newsom El dirigente demócrata confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el sitio web de la gobernación de California. Allí, anunció la solicitud formal de todos los documentos relacionados con la decisión de la administración Trump del envío de los agentes oficiales a su conferencia de prensa. "El gobernador Gavin Newsom presentará una solicitud formal de información sobre la reciente acción y el papel de la administración Trump al dirigir a las fuerzas de orden federales y al personal militar", sostuvo el escrito. En la carta presentada por Newsom, se solicitan todos los registros e información sobre "la relación entre la administración Trump con Fox News" para integrar a un reportero y un equipo de cámaras con el grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés). En qué consiste la Ley de Libertad de Información La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) es un estatuto federal que le permite a todo ciudadano estadounidense solicitar el acceso a los registros de las agencias federales. Las solicitudes pueden enviarse por carta, correo electrónico o fax, que también se considera una forma válida de presentación escrita. El proceso puede implicar tarifas adicionales, en casos como:Búsqueda de registros que exceda las dos horas.Costo por fotocopias que superen las 100 páginas.En caso de que se generen más cargos, el solicitante debe indicar cuánto está dispuesto a pagar. Si no se especifica un monto, algunas agencias pueden aplicar tarifas de hasta 25 dólares.El hecho que provocó la denuncia de Newsom contra Trump La decisión de Gavin Newsom nació poco después de su última conferencia de prensa en el Museo Nacional Japonés en Los Ángeles. Mientras anunciaba un plan de redistribución de distritos en California, decenas de agentes armados se reunieron fuera del recinto con cascos tácticos y rifles.El hecho provocó la indignación del gobernador, quien acusó a la administración Trump de intentar intimidar a sus opositores y encaminar a Estados Unidos hacia el autoritarismo. "El uso que hace Trump de las fuerzas armadas y las fuerzas del orden federales para intentar intimidar a sus oponentes políticos es otro paso peligroso hacia el autoritarismo. Es un intento de aplicar el manual de los déspotas que admira en Rusia y Corea del Norte", sostuvo el gobernador en su cuenta de X. Otra de las personas que mostró su oposición a lo sucedido fue Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, quien consideró la presencia de las tropas como "impresentable"."Esto es completamente inaceptable. Esta Patrulla Fronteriza se ha descontrolado. Esto tiene que parar definitivamente. No había ningún peligro aquí", afirmó la alcaldesa a la prensa, según consignó Los Angeles Times.
Un narcocampamento, equipo antidrones y hasta granadas: lo asegurado por Fuerzas Federales en Sinaloa
Las acciones se efectuaron en distintos municipios del estado
Autoridades federales capturan a cuatro miembros de Los Mayos y a uno de Los Chapitos en Sinaloa
Diversos operativos realizados en la entidad dieron como resultado el aseguramiento de armas y vehículos
Hombre enfrenta cargos federales en D.C. por lanzar un sándwich a oficial de la Patrulla Fronteriza
El acusado habría protagonizado una confrontación nocturna en una céntrica avenida de la capital estadounidense, en un contexto de creciente despliegue de fuerzas federales y debate público sobre el control de la seguridad y la presencia policial en la ciudad
Esto fue cantidad millonaria que ahorró Estados Unidos al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales
La división penal del Departamento de Justicia norteamericano permitirá el ahorro de más de 4 millones de dólares con esta movilización de personas encarceladas
Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo aseguraron fuerzas federales
Un operativo en Palenque permitió que las autoridades también aseguraran un arma de fuego y bultos de sosa cáustica
Oficializaron un aumento salarial para las fuerzas federales: cuál será el monto de los suplementos
La decisión trascendió a partir de una publicación en Boletín Oficial que abarca desde Gendarmería hasta el Servicio Penitenciario
Fuerzas Federales detienen a dos civiles y decomisan arsenal tras ser atacados en Sinaloa
Los agresores portaban armas largas, un tubo lanza-granadas, cartuchos y equipo táctico
El Gobierno acordó con Kicillof el envío de más de 5000 agentes federales para la elección bonaerense
Tras la fuerte polémica por la purga en la policía bonaerense, la Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof llegaron en las últimas horas a un acuerdo para desplegar más de 5000 efectivos de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires durante el desarrollo de las elecciones del 7 de septiembre próximo.Del operativo que se armará el domingo de los comicios y que pactó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con su par bonaerense, Javier Alonso, solo participarán la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía Federal, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales de las dos jurisdicciones. El Ejército, que depende de Luis Petri, titular de Defensa, no estará involucrado. Días atrás, Kicillof designó al jefe de la policía de la provincia, el comisario general Javier Carlos Villar, a cargo del comando electoral. Como encargado de la seguridad de los comicios, vigilará el traslado de boletas, urnas y bolsines. Bullrich y Alonso habían iniciado hace dos meses las conversaciones para firmar el convenio orientado a reforzar la seguridad durante la jornada electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, las negociaciones se aceleraron durante las últimas 48 horas, luego de que el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia intercambiaran acusaciones por el extraño episodio en que quedó envuelto el excomisario Maximiliano Bondarenko, primer candidato a diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección electoral. "Este acuerdo no tiene nada que ver con el affaire Bondarenko, que es un sospechado de sedición", remarcaron cerca de Alonso. Es que la semana pasada el gobierno de Kicillof desplazó a 24 oficiales de la policía bonaerense acusados de intentar conspirar contra la fuerza y de militar en favor del postulante de Milei.El operativoEn la sede gubernamental de La Plata explicaron que el Estado provincial y la Justicia electoral de Buenos Aires consideran conveniente que la Nación coopere con el operativo de seguridad que se desplegará durante los comicios de septiembre, como suele hacerse en las elecciones simultáneas. "Se necesita un trabajo mancomunado. Es lo mejor para la transparencia del proceso. Lo acordamos nosotros", repitieron allegados al funcionario de Kicillof que sucedió a Sergio Berni en la cartera más caliente de la provincia. Las fuerzas federales que enviará la Nación al distrito bonaerense el domingo 7 de septiembre serán coordinadas por el comando electoral que armó Kicillof. Habitualmente, la policía bonaerense se ocupa de custodiar el exterior de los establecimientos de votación o escuelas. Por estas horas, el equipo de Alonso avanza con el diseño de la logística y el reparto de recursos para el operativo. "Queremos que la Prefectura cubra los establecimientos de votación sobre la zona del río Paraná -en partidos como San Fernando, Tigre, Zárate, Campana y San Nicolás- y la Gendarmería, en el conurbano", puntualizó este lunes Carlos Bianco, ministro de Gobierno.Además, Bianco, el alter ego de Kicillof, aseguró que los patrulleros de la Policía Bonaerense custodiarán los camiones que trasladarán las urnas. "Van a contar con la geolocalización que tiene Correo Argentino", explicó. En la administración bonaerense afirman que en una elección nacional suelen destinarse 15.000 efectivos de las fuerzas federales en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. En este caso, por la decisión de Kicillof de desdoblar los comicios, las autoridades y los candidatos se enfrentan a un experimento inédito. Por primera vez, los habitantes de los 135 municipios bonaerenses irán a votar para elegir solamente legisladores locales, concejales y consejeros escolares. El desafío logístico, admiten en la Justicia y en el gobierno de Kicillof, es mayúsculo, sobre todo, por la extensión del territorio y la cantidad de electores: más de 14 millones de personas. "La Nación nos enviará cerca de 6000 efectivos, porque habrá 500 supervisores", ratificaron anoche en el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Cruces por BondarenkoTras la purga judicial, Bullrich defendió a Bondarenko y aseguró que el gobernador había iniciado una "cacería de brujas" para disciplinar a los uniformados. A su vez, impulsó una denuncia por espionaje ilegal y persecución ideológica. Desde la administración de Milei negaron que hayan querido inmiscuirse en la fuerza a través de Bondarenko y sus compañeros para desestabilizar la gestión de Kicillof. La investigación interna que derivó en las cesantías partió de una denuncia anónima que apuntaba contra integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. Son efectivos con puestos de conducción que supuestamente realizaban desde hacía tiempo tareas políticas para Bondarenko. El gobierno de Kicillof aportó chats a la Justicia para intentar probar que había una coordinación entre Bondarenko y los desplazados. Según consignó LA NACION, la Justicia determinó por ahora que la acusación de "complot" de policías bonaerenses se limita al uso indebido de computadoras. Es que el fiscal subrogante Álvaro Garganta impulsó una causa contra los uniformados cesanteados solo por malversación del uso de bienes públicos.Tensión por la campañaPese al entendimiento con Bullrich por el operativo electoral, Alonso volvió a cargar contra Milei por la selección de Bondarenko como postulante. "Esto fue un complot. Y ellos pusieron un candidato que es un comisario retirado que tuvo seis ascensos, uno por año en los primeros ocho años de su carrera, algo que es rarísimo. Ahí no hubo mérito, sino alguien de la política que lo proyectó", aseguró este miércoles Alonso en diálogo con FM Delta. Asimismo, el ministro de Kicillof consideró que las fuerzas federales "no la están apoyando" a Bullrich. Según Alonso, una prueba de ello son las "numerosas bajas" de efectivos, algo que vinculó con la falta de recursos por el ajuste que aplicó Milei para reducir el déficit fiscal. "La Policía Federal no tiene patrulleros, la Gendarmería no tiene helicópteros, la Prefectura no tiene lanchas, la obra social de los gendarmes está destrozada", puntualizó. Y completó: "La verdad que no es responsabilidad de Bullrich, sino de la política económica que están llevando adelante Milei y [Luis] Caputo", concluyó. Días atrás, Miguel Saredi, funcionario de Fernando Espinoza en La Matanza, acusó a Bullrich de haber retirado las fuerzas federales del municipio más poblado del distrito y agitó la campaña bonaerense. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación lo negaron y vincularon las expresiones del delegado de Espinoza, uno de los barones del PJ, con la actividad proselitista. "No se entiende: ¿están haciendo las cosas bien o necesitan que vayamos", ironizan cerca de Bullrich. En el entorno de Alonso también relativizaron las denuncias. Para Saredi, "la única presencia" de los efectivos de Gendarmería o la Policía Federal en el distrito de Espinoza, donde hay zonas calientes, como Puerta de Hierro, uno de los lugares más peligrosos del conurbano, se da cuando "son requeridas por las fiscalías para investigar delitos como el narcotráfico". De hecho, hay delegaciones de la Policía Federal en San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, La Plata o Malvinas Argentinas, entre otras localidades. Saredi afirma que en 2022 había 600 gendarmes en La Matanza y que actualmente quedan menos de 200. Además, dice que la Policía Federal ya no participaba a diario en los operativos del Comando Unificado Conurbano (CUC) y en controles sobre la ruta.
Fuerzas Federales capturan a integrantes de Los Chapitos y Los Mayos tras enfrentamientos en Culiacán
Durante la acción también fueron inhabilitadas tres áreas de concentración de químicos para la elaboración de drogas
Fuerzas federales abaten a dos civiles armados y detienen a uno tras ser atacados en Culiacán
En la zona se mantienen sobrevuelos y patrullajes para detener a los agresores
Contra Trump: Miami brindará clases gratuitas de ciudadanía a migrantes tras los recortes federales
Luego de recortes anunciados por la administración de Donald Trump, el Ayuntamiento de Miami asumirá por sue cuenta el servicio de clases gratuitas de ciudadanía estadounidense destinadas a migrantes. La ciudad de Florida dio los detalles de la iniciativa.Miami continuará con clases gratuitas para la naturalización de migrantesEl alcalde de la ciudad de Miami, Francis X. Suárez, comunicó el lunes 28 de julio que el programa de cursos Fast Track to Citizenship que se desarrolló en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade persistirá a través de una subvención. El apoyo financiero está a cargo de la oficina del comisionado del distrito 4, Ralph Rosado.El ayuntamiento de Miami anunció clases gratuitas para migrantes para obtener la naturalizaciónEl organismo destinará un presupuesto de 10.000 dólares como subsidio de las capacitaciones para adultos migrantes que deseen obtener la naturalización en Estados Unidos. Este programa brinda apoyo desde hace décadas a los extranjeros para prepararse para los exámenes de ciudadanía, así como a realizar el proceso del formulario N-400 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).Esta iniciativa consagra lo que las autoridades de la ciudad de Florida denominaron "un paso hacia el empoderamiento cívico", a través de la subvención del curso de vía rápida para obtener la ciudadanía. "Garantiza que los residentes de Miami sigan teniendo acceso a la preparación para la naturalización, a pesar de los recientes recortes en la financiación de la educación", aseveraron en el anuncio.El presupuesto fue calculado en función de una estimación derivada de estadísticas, que indicaron que alrededor de 150 personas solicitan cada año este curso, que tiene un costo máximo de US$65."Esto va mucho más allá de financiar un programa", expresó Rosado en el comunicado. Y siguió: "Se trata de vivir nuestros valores como estadounidenses, de vivir el valor de la oportunidad y la convicción de que la diversidad de Miami es nuestra fortaleza".Florida es uno de los territorios de Estados Unidos con mayor población de origen migrante y el condado de Miami-Dade es el destino principal de ciudadanos extranjeros, según datos de Migration Policy Institute, con mayor predominancia de venezolanos, cubanos y colombianos.A mediados de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) retiró los fondos federales para el programa educativo de adultos de la región y alegó que no se cumplían los objetivos del curso ni era una prioridad para el organismo.Cómo acceder a los cursos de ciudadanía gratuitos en Miami-DadeRosado destacó que únicamente los residentes de Miami podrán acceder a los cursos bajo esta subvención de US$10.000 y que comenzará a atribuirse en otoño, dado que la financiación actual se espera que cubra los costos hasta ese momento.Según las indicaciones que dieron para acceder a estos cursos, los interesados deben llamar al (305) 558-8000 o inscribirse a través de la página web de adulteducationworks.com.De esta forma, las autoridades pretenden garantizar la continuidad de la iniciativa al menos durante un año. "Esta inversión financiera asegurará que quienes ya están en el camino hacia la ciudadanía no enfrenten ningún obstáculo para lograr ese sueño", expresó Suárez.
Fuerzas federales liberan camino bloqueado por guerra de La Linea y Los Salazar en Moris, Chihuahua
Autoridades restablecieron la circulación en una vía rural tras un despliegue de seguridad, luego de que grupos armados obstaculizaran el paso en la zona serrana de la entidad
Un piloto de Delta Air Lines fue arrestado por agentes federales minutos después de aterrizar en San Francisco
El vuelo, procedente de Minneapolis, había llegado hacía pocos minutos a San Francisco. Los pasajeros describen la situación como "caótica" y ni siquiera el otro piloto sabía qué sucedía. Qué se sabe del caso.
34 fotos del Encuentro de Bandas de Música de las cinco Fuerzas de Seguridad Federales
El evento se realizó este sábado y estuvo dirigido a toda la comunidad. Participaron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal
Roban cerdos de rancho de la Familia Michoacana que fue asegurado por federales en Tejupilco, Edomex
Infobae México pudo confirmar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación por hurto
Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales aseguran bodega de drogas y destruyen plantío de marihuana
Todos los precursores químicos incautados y los terrenos para siembra de la planta en Culiacán fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la FGR en el estado
La Universidad de Columbia pagará más de USD 200 millones al gobierno de EEUU tras investigaciones federales por antisemitismo en el campus
El acuerdo contempla el restablecimiento de fondos federales previamente suspendidos o cancelados por el gobierno a principios de 2025
Crean un registro para proteger a policías que denuncien delitos cometidos dentro de las fuerzas federales
El Gobierno formalizó la creación de un sistema de protección administrativa de oficiales y suboficiales que denuncien hechos delictivos cometidos dentro o por personal de las fuerzas que integran. El objetivo es evitar que por haber dado a conocer casos de corrupción o violencia institucional, o por haberse negado a participar de ellos, reciban represalias.La resolución, publicada en el Boletín Oficial de este martes con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, alcanza a todo el personal de las cinco fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, el Sistema de Protección Administrativa de denunciantes y testigos, que dependerá de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio, "busca evitar sanciones, traslados intempestivos e injustificados y cualquier acto de violencia física o moral contra efectivos de las fuerzas de seguridad que hayan hecho una denuncia, sean testigos de un hecho ilícito o se hayan negado a participar de uno".Se aclaró que "no es protección física, sino un resguardo administrativo a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional para que esos efectivos no sufran una represalia que afecte su carrera o su clima de trabajo, por cumplir con su deber de denunciar".Serán considerados actos de violencia o represalia:Violencia física o verbalAsignación de riesgos innecesarios a la hora de la asignación de tareas o misionesAmbiente de trabajo hostilTareas que correspondan a niveles inferioresNegativa de asignación de tareas o sobrecarga laboral injustificadaAcoso sexual o laboralPostergación injustificada de ascenso o sanciones infundadasTraslados intempestivos e injustificadosConvocatoria injustificada a controles, evaluaciones o juntas médicasEl Ministerio podrá retrotraer medidas disciplinarias aplicadas por las distintas jerarquías de las fuerzas de seguridad o podrá disponer, eventualmente, el traslado del personal que sea objeto de hostigamientos por haber denunciado o por haberse negado a participar de hechos reñidos con la ley.Según explicaron a LA NACION calificadas fuentes de la Jefatura de Gabinete del Ministerio, la finalidad primordial de creación del sistema de protección es promover que los oficiales y suboficiales hagan las denuncias con nombre y apellido, y no de forma anónima."Lo que buscamos es que el efectivo de una fuerza (generalmente, de grados bajos, aunque esto no es excluyente) se atrevan a denunciar con nombre y apellido. Hemos detectado que las denuncias hechas de esa forma derivaron en un éxito del ciento por ciento en las investigaciones. Ese tipo de denunciante da detalles, se le puede hacer preguntas, da buena información, aporta pruebas. Las denuncias anónimas, en cambio, no tuvieron la misma eficacia", explicó el vocero consultado por este diario."La gente que trabaja en las fuerzas de seguridad no le tiene miedo a la integridad física. Sienten que si se los pusiera en un programa de protección de testigos se les terminaría la carrera. Por eso no piden protección física. En cambio, sí le temen a las eventuales represalias administrativas, como ser traslados inesperados e indeseados, sanciones injustificadas, bajas calificaciones que atentan contra las posibilidades de progreso dentro de la fuerza, sobrecarga injustificada de trabajo o que los dejen sin tareas (algo que es humillante para ellos); son todos actos de violencia institucional", detalló el informante.El sistema prevé que en caso de que un efectivo haga una denuncia y pida que se lo incorpore a este sistema, se hará una investigación preliminar sumaria para verificar la verosimilitud de la situación relatada; si está fundada y si tiene fundamentos se lo incluye en el sistema. Debe firmar y se le comunica al jefe de la fuerza. Si se comprueba que la denuncia es falsa, el denunciante es pasible de recibir cualquiera de las sanciones administrativas previstas, e incluso las imputaciones penales consecuentes.Las fuentes ministeriales consultada precisaron que, oportunamente, se tomó como modelo la Oficina del Asesor Especial de los Estados Unidos -The Office of the special counsel (OSC)-, una agencia federal independiente de investigación y procesamiento cuya misión principal es la de "salvaguardar el sistema de méritos, protegiendo a los empleados federales y a los solicitantes de empleo de las prácticas prohibidas de personal, especialmente las represalias por denuncia de irregularidades" y que también funciona como "un canal seguro para que los empleados federales denuncien irregularidades", con un proceso único que tiene la finalidad de "proteger la confidencialidad del denunciante y garantizar que la presunta irregularidad se investigue y, de ser necesario, se corrija".En el caso argentino, el sistema alcanzará solo a los efectivos de las fuerzas federales de seguridad.
Jubilaciones truchas: detectan nuevas maniobras con aportes falsos para personal de fuerzas federales
La Justicia Federal investiga un nuevo esquema de fraude previsional en Chaco que habría permitido a integrantes de fuerzas de seguridad federales acceder a la jubilación anticipada mediante aportes falsos. Leer más
Operativos federales: aseguran piezas artísticas y más de 2 mil dosis de droga en Michoacán
En diversos operativos, la fiscalía de Michoacán aseguró 112 piezas de arte bordado pertenecientes a un colectivo de búsqueda y desmanteló tres puntos de narcomenudeo
Oficializaron las bases del Plan Güemes que busca reforzar la presencia de las fuerzas federales en Salta
Se trata de un paquete de medidas que ya había sido anunciado. El objetivo es fortalecer la frontera entre Argentina y Bolivia para combatir el narcotráfico, trata de personas y contrabando en la región
El kirchnerismo criticó la reorganización de las fuerzas federales y amenaza con llevar el tema al recinto
Los cinco decretos relacionados con la Policía Federal -el más observado-, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario fueron ejecutados con las delegaciones de facultades de la ley Bases, hoy vencidas. Defensa técnica de funcionarios del Ministerio de Seguridad
Los K quieren voltear en el Congreso los decretos que reforman las fuerzas de seguridad federales
Pueden ser rechazados por la mayoría simple de ambas cámaras.Argumentan que las reformas tendrían que haber salido por ley.
El Congreso analizará los decretos de reorganización de las fuerzas de seguridad federales
Lo hará en una reunión informativa la bicameral que fiscaliza estos organismos. También expondrá el policía retirado de Misiones Ramón Amarilla, que estuvo detenido por manifestaciones contra el gobierno local y ganó, semanas atrás, una banca en la Legislatura provincial
Los Ángeles ofrecerá asistencia económica a inmigrantes afectados por las redadas federales del ICE
La alcaldesa Karen Bass lanzó un programa que distribuirá tarjetas prepagas a familias perjudicadas por los operativos. La ayuda será financiada con donaciones privadas y gestionada por organizaciones locales
Les dan acceso a las bases de datos federales a los policías de la Ciudad: podrán chequear en sus celulares
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, firmó dos acuerdos con su par nacional Patricia Bullrich y el jefe del Registro Nacional de las Personas, Pablo Luis Santos.En el caso del Renaper, los policías podrán "validar identidad para cotejar información biométrica, biográfica y la verificación de la vigencia del DNI".En cuando al Sifcop, se les permitirá "acceder a información de antecedentes de personas, vehículos, armas y alertas tempranas".
Operativo de saturación. Más de mil policías federales coparon Fuerte Apache para desarticular bandas criminales
Un especial operativo de búsqueda y captura realizó la Policía Federal Argentina en el barrio Ejército de los Andes, ese grupo de monoblocks que es conocido popularmente como Fuerte Apache. Fueron más de mil agentes federales los que coparon esa zona del partido de Tres de Febrero para atrapar a integrantes de bandas criminales que operan allí. Arrestaron los uniformados de la PFA a 25 sospechosos, señalados en las investigaciones como parte de diferentes eslabones delictivos que se unen como una red focalizada en el robo de vehículos usados por conductores de aplicaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por el intendente Diego Valenzuela, recorrió en Fuerte Apache los lugares donde se desarrollaron los allanamientos y operativos de control a cargo del personal de la PFA. "Acá lo importante es el Gobierno Nacional tiene una decisión inquebrantable: el que las hace, las paga", afirmó la ministra Bullrich durante la presentación del operativo de la PFA. Y agregó: "Las fuerzas federales tienen bajo su responsabilidad la lucha contra el crimen organizado y estas bandas utilizan plataformas que la gente emplea todos los días para trabajar, estudiar o trasladarse, poniendo en riesgo la vida de ciudadanos honestos".Por su parte, el intendente Valenzuela, expresó: "Esto es lo que necesitamos, ir al origen del problema de la inseguridad que es el crimen organizado y la delincuencia".Según se destacó en un comunicado de prensa, Bullrich destacó además la colaboración ciudadana en la denuncia de estos hechos: "Los vecinos que ven que entra un auto robado o que lo están desarmando avisan de inmediato. Queremos agradecerles profundamente por ayudarnos a que el delito no sea la marca del barrio, sino la gente que trabaja y quiere vivir en paz".La ministra subrayó que se trata de "bandas polirubro", vinculadas no solo al robo automotor, sino también al narcotráfico y al uso de armas de fuego. "Por eso estos allanamientos se llevan adelante con máxima profesionalidad, con inteligencia previa, con despliegue de brigadas investigativas y con el acompañamiento permanente del intendente Valenzuela".El operativo incluyó la instalación de un centro de comando y control con monitoreo en tiempo real de los barrios intervenidos, se informó en el consignado comunicado. "Esto permite ingresar con seguridad ante eventuales situaciones de riesgo, porque uno puede encontrarse con personas dispuestas a resistirse de forma violenta. Por eso, esto se hizo con profesionalismo y planificación", concluyó la ministra.Las autoridades explicaron que "el modus operandi de la banda era pedir autos por aplicaciones de viajes para quitarle los vehículos a los choferes. En algunos casos, cuando el sistema lo solicitaba, tenían mulas para usar su cara en la verificación de rostro, luego otros delincuentes eran los encargados de efectuar el hurto. Se secuestraron drogas, armas y una granada".Además del operativo principal desarrollado en Fuerte Apache, se concretaron allanamientos y procedimientos especiales en la villa Carlos Gardel y en los asentamientos conocidos como Esperanza, Evita, Capitán Bermúdez y Derqui.
Trump gana otra batalla judicial: la Corte Suprema da luz verde a sus planes para eliminar miles de empleos federales
WASHINGTON.- Donald Trump ganó otra batalla judicial y sumó un nuevo eslabón a la cadena de noticias positivas en los últimos días para su administración. La Corte Suprema norteamericana despejó este martes el camino para que la Casa Blanca ponga en marcha planes de despidos masivos y reorganizaciones en 19 agencias y departamentos federales mientras continúa el litigio.Los jueces de la Corte levantaron una orden de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente los planes para despedir a miles de trabajadores federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA), porque la administración no había consultado en primer lugar con el Congreso.El máximo tribunal, de mayoría conservadora, permite así a los funcionarios de Trump despedir a reguladores independientes y a miles de trabajadores a prueba, mientras los desafíos legales se desarrollan en los tribunales inferiores. La decisión de produce a pesar de las advertencias de que con los despidos masivos se perderían servicios gubernamentales críticos.Los recortes de empleos federales han sido liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en ingles), que estaba dirigido por el multimillonario Elon Musk hasta su salida del gobierno, en mayo pasado, tras lo cual entabló una durísima pelea con Trump, su otrora máximo aliado.La jueza Ketanji Brown Jackson fue el único voto disidente de la decisión, y acusó a sus pares de la Corte de un "entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia"."En mi opinión, esta decisión no sólo es verdaderamente desafortunada, sino también arrogante y sin sentido", escribió la magistrada al explicar su desacuerdo en un voto particular de 15 páginas.En este caso, otras dos de las jueces más progresistas -Elena Kagan y Sonia Sotomayor- se unieron a los conservadores al permitir que la administración planifique reorganizaciones y reducciones de las plantillas de distintos organismos estatales. Sotomayor explicó que era porque la administración había ordenado a las agencias operar "de acuerdo con la ley aplicable"."Los planes en sí no están ante este Tribunal, en esta etapa, y por lo tanto no tenemos ocasión de considerar si pueden y serán llevados a cabo de conformidad con las limitaciones de la ley", escribió Sotomayor, que añadió que el juez de primera instancia aún es libre de evaluar la legalidad de los planes de la administración Trump.La Corte señaló en su breve orden sin firma que la mayoría de los jueces dijo que "no expresamos opinión alguna sobre la legalidad de ninguno" de los planes de las agencias para reestructurar o reducir las plantillas, y dejó abierta la posibilidad de que la cuestión volviera al máximo tribunal.Durante la segunda administración Trump, que empezó el 20 de enero pasado, decenas de miles de trabajadores federales fueron echados, dejaron sus empleos a través de planes de renuncia diferida o fueron puestos en licencia. No hay una cifra oficial de todos los recortes, pero se estima que unas 75.000 personas se adhirieron a la dimisión diferida y otros miles de trabajadores en período de prueba fueron despedidos.El 11 de febrero pasado, Trump había ordenado a las agencias federales planificar y llevar a cabo despidos masivos y reorganizaciones como parte de su esfuerzo por reducir la fuerza de trabajo federal y eliminar lo que llamó el "despilfarro".El mayor sindicato de trabajadores federales del país, la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés), presentó una demanda contra los planes del gobierno, alegando que era ilegal que el presidente desmantelara unilateralmente agencias federales creadas por el Congreso.En mayo pasado, la jueza federal Susan Illston, de California, había determinado que el gobierno necesitaba la aprobación del Congreso para hacer reducciones significativas a la fuerza laboral federal. De hecho, ordenó a varias agencias federales detener la ejecución de las órdenes sobre la fuerza laboral firmada por el presidente y un memorándum posterior emitido por DOGE y la Oficina de Gestión de Personal.El fiscal general John Sauer, abogado de la administración ante la Corte Suprema, dijo luego a los jueces que Trump no necesita un permiso especial del Congreso para ejercer un poder presidencial básico de supervisión de las agencias federales. La orden del mandatario, señaló, ordena a las agencias cumplir con todas las leyes pertinentes en la "racionalización de sus plantillas".La decisión de la Corte llega luego de que el 27 de junio pasado acordara limitar la facultad de los jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente, lo que abrió la puerta a que el gobierno ponga fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en algunas partes del país, incluso mientras los desafíos legales a la constitucionalidad de esa medida proceden en otras regiones.La decisión fue calificada en ese momento como una "victoria monumental" por Trump, en el marco de sus esfuerzos para restringir la inmigración ilegal, una de sus principales promesas de campaña.
La Corte Suprema le dio luz verde a Donald Trump para eliminar miles de empleos federales en Estados Unidos
El tribunal levantó el bloqueo a los recortes que impulsa el republicano.Fuerte advertencia de la única jueza que votó en disidencia: habló de "acciones legalmente dudosas".
El Gobierno oficializó los cambios en las cuatro fuerzas de seguridad federales
El Gobierno oficializó una reforma integral de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de cuatro decretos que actualizan leyes orgánicas, estructuras y competencias. Los documentos fueron firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Los decretos establecen plazos de noventa días para la presentación de proyectos de reglamentación y adecuación interna de cada fuerza, y confirman que las designaciones actuales de jefes y subdirectores continúan vigentes mientras se completan los procesos de transición. Según indican las normas publicadas en el Boletín Oficial, la actualización de estos regímenes forma parte del plan de reorganización de la seguridad que el Gobierno impulsa para alinear la estructura y competencias de cada fuerza federal con estándares internacionales, reforzar la profesionalización del personal y modernizar el control sobre delitos que afectan las fronteras, los espacios marítimos, la aviación civil y el sistema penitenciario.En el caso de la Gendarmería Nacional, el Decreto 454/2025 aprueba un nuevo Estatuto que reemplaza regulaciones vigentes desde 1971. Entre los puntos principales se establecen nuevos criterios para escalafones, grados jerárquicos y régimen de ascensos y se reorganizan áreas clave para reforzar tareas de control fronterizo y lucha contra delitos federales complejos.Para la Prefectura Naval Argentina, el Decreto 457/2025 modifica la Ley Nº 18.398 para actualizar la dependencia orgánica bajo el Ministerio de Seguridad, ampliar funciones como Autoridad Marítima y darle rango legal al Sistema Guardacostas, una plataforma de vigilancia y control de los espacios marítimos, fluviales y lacustres. La reforma incluye nuevas facultades en materia de seguridad, policía judicial, prevención de contaminación de buques y control de la pesca, a la vez que elimina funciones obsoletas como la tramitación de privilegios postales.La Policía de Seguridad Aeroportuaria, bajo las modificaciones establecidas en el Decreto 456/2025, fortalece sus facultades para actuar frente a delitos complejos, coordinar investigaciones criminales y optimizar la seguridad en aeropuertos y en la aviación civil. Además, se reorganiza su estructura interna con la creación del cargo de Subdirector Nacional, se incorpora un Agrupamiento Técnico-Profesional para tareas especializadas y se actualiza la formación de cadetes junto con el régimen disciplinario.El Servicio Penitenciario Federal tendrá a partir del Decreto 455/2025 un nuevo estatuto que reemplaza la Ley Orgánica sancionada en 1967. La reforma redefine su estructura, jerarquías, escalafones y plan de carrera para modernizar la administración de las cárceles federales. Entre otras medidas implicadas, se crea un esquema de direcciones generales específicas, se prevé un Plan de Infraestructura Penitenciaria y se autoriza la reubicación de establecimientos en zonas urbanas para mejorar las condiciones de detención y la seguridad.