federales

Las fuerzas federales podrán iniciar investigaciones patrimoniales sobre el crimen organizado

El Gobierno instruyó a sus fuerzas federales de seguridad a avanzar en investigaciones patrimoniales y financieras "simultáneas y paralelas" mientras realizan participan como auxiliares en causas judiciales, aun cuando aquellas no sean el objeto procesal principal de la pesquisa. Se busca seguir "la ruta del dinero" del crimen organizado, el lavado y la evasión tributaria, informaron fuentes oficiales.Según consta en una resolución publicada en el Boletín Oficial de hoy, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se instruye "a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal para que propongan a la autoridad judicial interviniente la realización de una exhaustiva investigación patrimonial y financiera simultánea y paralela a las medidas de prueba tendientes a determinar el objeto procesal principal con respecto a todas las personas involucradas en los hechos vinculados a la criminalidad organizada, principalmente corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando, terrorismo y su financiamiento".El Ministerio sostiene que la resolución firmada por Bullrich busca atacar de forma integral los flujos financieros ilícitos y los bienes de origen delictivo que dan sustento a las actividades de las organizaciones criminales complejas. â??"Actualmente, la lucha contra la delincuencia debe enfocarse en la criminalidad organizada y el delito complejo, caracterizados por el ocultamiento del origen ilícito de los bienes delictivos y su integración en la economía formal", se afirma en el texto de la resolución 2025-777-APN-MSG.Al respecto, se explica que "dichas fuerzas policiales y de seguridad federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional producen inteligencia financiera y criminal, y son un componente importante en las investigaciones financieras [...] Poseen recursos específicos de inteligencia financiera, reciben capacitación periódica en la materia y pueden brindar asistencia en la creación de perfiles patrimoniales".JustificaciónSegún se precisó, con la resolución se procura cumplir con los compromisos internacionales a suscriptos por la Argentina en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la corrupción, a tiempo que es respuesta a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), en especial, en lo referente a la identificación de un "componente financiero en un caso de delito precedente"."Es importante mencionar que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su Informe de Evaluación Mutua (IEM), refiere que, en la Argentina, las fuerzas de seguridad no son Autoridades de Orden Público autónomas, sino fuerzas auxiliares, en vista de que no cuentan con facultades discrecionales para iniciar investigaciones de forma independiente. Sin embargo, constituyen una fuente clave para identificar posibles casos de lavado de activos, en tanto informan a los jueces intervinientes sobre toda actividad sospechosa detectada en el marco de sus controles preventivos. Asimismo, comportan un recurso esencial para jueces y fiscales en sus investigaciones, por cuanto pueden llevar a cabo medidas de investigación específicas en el ámbito de sus competencias", se destacó en la resolución 025-777-APN-MSG."Además, en el IEM, específicamente en el Resultado Inmediato (RI) número 7, se menciona que la Argentina debe fortalecer la comprensión y el uso de investigaciones financieras paralelas, más allá del rastreo de activos, entre todas las Autoridades de Orden Público mediante la concientización sobre el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), y el fomento de la cooperación entre las unidades relevantes con el objetivo de sistematizar su participación desde el inicio de la investigación, cada vez que se identifique un componente financiero en un caso de delito precedente".La resolución subraya la importancia de la cooperación entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para combatir el delito complejo y desarticular las estructuras económicas que lo sostienen. En ese sentido, destaca que las fuerzas federales, sin ser "autoridades de orden público autónomas", desempeñan un papel clave en la identificación de posibles casos de lavado de activos y en la asistencia a jueces y fiscales en sus investigaciones. â??En los fundamentos de la medida se destaca que el Ministerio Público Fiscal de la Nación "dictó la Resolución PGN N°58/24, impulsando investigaciones patrimoniales con el fin de identificar y recuperar bienes de origen delictivo" y que "en ese marco, se instruyó a los fiscales para que, en las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica adopten en forma simultánea las medidas destinadas a lograr el esclarecimiento del hecho ilícito y la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas".

Secuestro exprés en carretera de Puebla: fuerzas federales rescatan a cinco víctimas, no hay detenidos

Los afectados estaban retenidos en una camioneta abandonada en Santiago Alseseca; fueron rescatados por un mensaje de WhatsApp

Tras las violentas protestas en Los Ángeles, Donald Trump ordenó cortar los fondos federales a cualquier ONG implicada en disturbios

El presidente de Estados Unidos instruyó a su administración "a no pagar nada a estos grupos radicalizados"

El Gobierno cedió 160 viviendas del Plan Procrear a miembros de las Fuerzas Federales

El Ministerio de Economía y el de Seguridad, bajo convenio, asignaron las casas para beneficiar a efectivos de seguridad en Avellaneda. Patricia Bullrich confirmó que sucederá en más puntos del país

Camioneros temen despidos ante nuevas reglas federales que exigen dominio del inglés en Estados Unidos

La implementación de criterios lingüísticos más estrictos por parte de las autoridades del transporte ha generado incertidumbre entre miles de conductores comerciales

96% de las violencias sexuales dentro de las fuerzas armadas y federales son cometidas por jerárquicos

El Gobierno lanzó el "FBI argentino": cómo es el nuevo DFI que investiga redes sociales y delitos federales

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó el Departamento Federal de Investigaciones, cuerpo de élite dependiente de la Policía Federal. En la mesa de "Comunistas" lanzaron críticas por su estética yanqui y advirtieron sobre el impacto en las libertades individuales que podría tener su capacidad de realizar investigaciones sin orden judicial y su atribución para efectuar controles preventivos. Leer más

Las fuerzas de seguridad refuerzan la vigilancia en edificios federales por los ataques a medios y periodistas

El Gobierno intensificó la vigilancia sobre jueces y edificios clave. Fopea repudió la violencia contra periodistas y alertó por el clima de intolerancia. Leer más

Refuerzan la seguridad de edificios federales y crece la preocupación por los ataques a medios y periodistas

El Gobierno aumentó en los últimos días la seguridad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como del edificio de Comodoro Py, el Palacio de Tribunales, la Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación, como medidas de prevención frente a eventuaes ataques e intimidaciones. En ese sentido, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) denunció un clima de intolerancia frente a recientes agresiones y amenazas contra medios y periodistas.Las medidas de prevención fueron confirmadas a LA NACION por fuentes del Poder Ejecutivo, que detallaron que, además del refuerzo de la vigilancia sobre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes la semana pasada confirmaron la condena de seis años de prisión a Cristina Kirchner, al quedar firme la sentencia del caso Vialidad. En los últimos días hubo pintadas en las inmediaciones de la casa del juez Rosatti y mensajes intimidatorios en redes sociales sobre la vivienda de Lorenzetti. También se reforzaron las medidas de seguridad para custoiar a los titulares del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que intervienen en el caso y sufrieron amenazas. Pocas horas antes de la marcha que el kirchnerismo realizará este miércoles, con apoyos de distintos sectores, también se reforzó la seguridad en puntos clave, como los tribunales de Retiro, donde tiene sede el TOF 2; los juzgados cercanos al Palacio de Tribunales, donde tiene su asiento la Corte, así como el Congreso y Plaza de Mayo. El resto del control de la calle estará en manos de la Policía de la Ciudad, que también se encarga de la investigación de los hechos que se fueron registrando en las últimas horas y que tienen que ver con pintadas contra determinados medios y la difusión de panfletos con insultos, amenazas, y acusaciones en contra de distintas personalidades.Entre los incidentes de mayor resonancia se encuentran los destrozos al edificio de TN, en Constitución, la misma noche de la confirmación de la condena, y pintadas en las fachadas de las radios Neura y Rivadavia, entre otros.La mayoría de esos casos fueron denunciados y judicializados y en el gobierno nacional siguen de cerca la situación. Incluso, desde sectores del oficialismo recomiendan denunciar los ataques e intimidaciones ante la Justicia, para que se puedan llevar adelante las investigaciones y e puedan disponer medidas de protección, en caso de que correspondan.Preocupación de FopeaTras sucesivos casos de intimidaciones y agresiones, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio por "los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación" y advirtió sobre "la instalación de un clima de intolerancia en el país, que afecta el trabajo periodístico y que limita la libertad de expresión". Para la organización, que vela por la vigencia de la libertad de prensa, esta situación, si bien no es nueva, se "vio intensificada a partir de la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner".En el comunicado, la entidad señaló que "tras los violentos ataques a las instalaciones de la señal de noticias TN y El Trece el martes pasado, se produjo una seguidilla de hechos intimidatorios". Y denunció que, el mismo miércoles, el periodista Alan Ferraro (TN) fue agredido por manifestantes durante la cobertura de una marcha en contra del máximo tribunal. El viernes siguiente, la sede del canal de streaming Olga TV fue escrachada por militantes. También la fachada del edificio de Radio Rivadavia fue vandalizada con pintadas el sábado pasado. Ese mismo día, describió Fopea, aparecieron leyendas amenazantes contra el colega Gustavo Noriega frente a su vivienda. Y, este lunes, el estudio de Neura amaneció con pintadas en contra de Alejandro Fantino.Frente a estos casos, Fopea advirtió que "estos episodios representan una clara limitación a la libertad de expresión, porque apuntan a evitar que la prensa cumpla con su deber de contar lo que está pasando". La entidad agregó que "este tipo de amenazas no solo pueden poner en riesgo bienes materiales de los medios, sino incluso la vida misma de colegas". Y, con preocupación, señaló que "en tiempos de convulsión social y política como el que atraviesa el país el periodismo debe reforzar la rigurosidad en su ejercicio informativo".En ese sentido, reclamó que "urge que cada actor político extreme la tolerancia y el respeto hacia el trabajo de la prensa".

Tormenta Tropical 'Dalila': Diputado del PAN propone destinar fondos federales y estatales a damnificados

El legislador destacó la importancia de reforzar a Protección Civil para atender fenómenos naturales como huracanes o tormentas

Estos son todos los cargos federales que enfrenta el sospechoso del asesinato de una congresista de EEUU

La mañana del lunes fueron anunciados durante una conferencia de prensa los delitos de los que se acusa a Vance Boelter

Harfuch presenta nuevo despliegue de seguridad en Sinaloa; soldados y fuerzas federales resguardan la entidad

El titular de la SSPC informó que esta nueva llegada de elementos del Ejército Mexicano y la propia SSPC federal es "por el compromiso permanente" para combatir la violencia en la entidad

La Cámara de Casación pone en marcha el Código Acusatorio en los tribunales federales

En una reunión con todos sus integrantes, del tribunal dictó la acordada 4/2025 en la que puso en funcionamiento a las oficinas judiciales de los fueros federal y penal económico. Una vez que la Corte Suprema habilite los cargos podrán designarse los nuevos directores

Blindar las rejas: la ofensiva del Estado contra el poder criminal en las cárceles federales

El respaldo actuarial y el endurecimiento de controles y visitas penitenciarias. El Plan Bandera, la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario y la Unidad Antimafia

Bullrich destacó el operativo de las fuerzas federales para liberar los accesos a CABA: "Frente al caos, respondemos con orden"

La ministra de Seguridad se refirió a las movilizaciones que llevaron a cabo organizaciones kirchneristas y que complicaron el tránsito durante la tarde

Migrantes peruanos fueron secuestrados en México: autoridades federales y locales detienen a tres presuntos responsables

Interceptados tras su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un grupo de peruanos fue trasladado contra su voluntad a Chalco, donde permanecieron secuestrados por una célula delictiva especializada en extorsión a extranjeros

Despidos masivos en Texas: los empleos que terminan el 30 de junio por el freno de fondos federales

Cientos de trabajadores de distintas empresas en Texas afrontan el riesgo de quedarse sin empleo a mediados de 2025, en medio de despidos masivos que provienen principalmente de recortes de subvenciones estatales. ¿A qué rubros afecta esta tendencia?Los trabajadores que perderán su empleo en junio de 2025Child Care Associates, que posee programas de educación infantil en el norte del Estado de la Estrella Solitaria, anunció el despido de 327 cuidadores para el último día del mes. Esto es debido a la reducción de las subvenciones estatales, dijeron los representantes en diálogo con My San Antonio.Los recortes provienen tanto de organismos estatales como federales y Texas es uno de los territorios que mayor impacto recibe en este contexto actual. La asociación de cuidado infantil recibe financiación principalmente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), por parte de la Oficina de Head Start de la Administración de Niños y Familias. La entidad advirtió el 30 de mayo pasado que el proceso de renovación de la subvención finaliza el 30 de junio.Sin embargo, la compañía aseguró que espera que esto no sea un adiós definitivo y que pretende volver a contratar al mismo personal cuando cuente con los fondos federales que necesita para sostener la plantilla completa.En el escenario contrario, los miembros de la asociación temen que este presupuesto no llegue y deban extender la suspensión de los servicios de Head Start. Casi 900 niños y niñas en 15 áreas del norte del Estado de la Estrella Solitaria reciben estos programas. Mientras, 177 docentes, 64 especialistas, 38 gerentes, 29 del personal de apoyo y 19 líderes pueden perder su trabajo muy pronto.Otros empleos afectados por los despidos masivos en TexasLos recortes también alcanzaron al Centro para Refugiados de Inmigración para la Educación y los Servicios Legales (Raíces), ubicado en la ciudad de San Antonio. La entidad debe despedir a 200 trabajadores tras la retirada o reducción de los fondos federales destinados a su desempeño.El informe que compartió el medio mencionado señaló que miles de personas pueden perder su empleo a mitad de 2025, principalmente en la frontera entre Texas y México y hasta el centro de Dallas-Fort Worth.A su vez, la administración de Sodexo planea disminuir la extensión de su plantilla y despedir a 165 personas para el 1º de julio próximo. Esta decisión se enmarca en el cierre de la sede ubicada en Irving, en Fuller Drive 4645.Otros 300 trabajadores se quedarán sin empleo el 6 de julio próximo. La noticia se conoció a través de FedEx, que planea recortes en más de la mitad de su personal para esa fecha. Según consignó el medio mencionado, con base en declaraciones de un portavoz de la empresa de mensajería, un miembro del centro de logística y distribución debe trasladarse de ubicación y, en consecuencia, iniciar un nuevo contrato con otro proveedor externo.La incertidumbre laboral es una de las preocupaciones primordiales de los texanos, dado que en los últimos meses se produjeron recortes significativos en los presupuestos tanto a nivel federal como estatal.

Golpe al Narco: fuerzas federales decomisan más de mil 200 mdp al crimen organizado en tres estados

Operativos coordinados en Chiapas, Baja California y Michoacán permitieron el decomiso de droga, vehículos y equipo químico

Huachicol: Pemex y autoridades federales aseguran más de 50 mil litros de combustible robado durante operativos

Durante cuatro días, se localizaron casi 100 tomas ilegales y múltiples centros de almacenamiento clandestino

Ron DeSantis revela un objetivo de los federales en Florida: el empleo de inmigrantes indocumentados

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que los esfuerzos de control migratorio que realizan agencias federales y locales en el estado no solo están en contra de los inmigrantes indocumentados. Hay empleadores que también están en la mira de la administración federal.Qué dice DeSantis sobre los empleadores que contratan a personas indocumentadasA través de su cuenta oficial en la red social X, DeSantis respondió a una usuaria que cuestionó las acciones estatales contra los empleadores que dan trabajo a inmigrantes no autorizados. "Los federales están persiguiendo a los subcontratistas responsables de contratar a los trabajadores inmigrantes ilegales", explicó el gobernador.En otro mensaje, aseguró que las fuerzas del orden estatales tienen un gran impacto en las iniciativas de control migratorio. "¡Gran redada en Tallahassee!", celebró.La redada en una obra de construcción en TallahasseeLas declaraciones del gobernador ocurrieron después de que más de 100 inmigrantes indocumentados fueran arrestados durante una operación en un sitio de construcción en Tallahassee. El operativo fue liderado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), y contó con la colaboración de múltiples agencias, que incluyeron el FBI, el Servicio de Sheriffs de EE.UU., la DEA, la Patrulla de Carreteras de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley estatal.Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los detenidos eran originarios de países como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Honduras y Venezuela. Algunos tenían antecedentes penales o habían sido deportados previamente. Uno de los arrestados fue acusado de agredir a agentes del orden y otro de amenazar con un arma durante el operativo.Un funcionario de ICE explicó que estas acciones buscan desmantelar redes de empleo ilegal, responsabilizar a quienes dan trabajo sin cumplir con las leyes migratorias y proteger los empleos de ciudadanos y residentes con estatus legal.Qué dice la ley sobre contratar inmigrantes en FloridaEn Florida, la contratación de personas sin autorización de empleo está regulada bajo el Estatuto 448.09, el cual establece que cualquier persona que, a sabiendas, emplee o recomiende para empleo a un extranjero sin autorización, incurre en una violación.Las sanciones por esta práctica están estructuradas de la siguiente forma:Primera infracción: multa civil de hasta US$500, sin implicación penal.Segunda infracción: delito menor de segundo grado, que puede implicar hasta 60 días de cárcel y una nueva multa de hasta US$500.Infracciones subsiguientes: cada nuevo caso se trata como un delito separado por cada trabajador sin autorización, con consecuencias penales.Adicionalmente, desde 2023, los empleadores públicos y contratistas del gobierno deben utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus legal de sus trabajadores. Si se detecta que violaron la ley, el contrato puede ser cancelado sin que se considere un incumplimiento contractual, y la empresa podría quedar inhabilitada para recibir contratos públicos durante al menos un año.En el caso de empleadores privados, la falta de verificación puede derivar en la suspensión o revocación de licencias comerciales si hay múltiples violaciones documentadas en un plazo de 36 meses.Florida tiene una de las mayores poblaciones de inmigrantes en EE.UU. Un análisis de la Kaiser Family Foundation reveló que cerca del 12% de la fuerza laboral del estado corresponde a personas no ciudadanas, y que su participación es particularmente significativa en sectores como la construcción (34%), la agricultura y pesca (47%) y el transporte (17%).Sin embargo, muchos trabajadores sin papeles son contratados sin registro formal y reciben pagos en efectivo, lo que dificulta rastrear el volumen exacto de empleo no autorizado. Las autoridades han señalado que hasta hace pocos años, pocas empresas eran sancionadas por estas prácticas, pero eso ha comenzado a cambiar con la intensificación de operativos y nuevas legislaciones estatales.

El terrorista que atacó a la comunidad judía en Colorado enfrentará cargos federales por crimen de odio

El fiscal federal interino, J. Bishop Grewell, confirmó que las imputaciones contra el agresor podrían derivar en una condena a cadena perpetua, además de enfrentar múltiples acusaciones estatales por intento de asesinato

Autoridades federales arrestaron a exdirector de clínicas de adicciones por conspiración contra periodistas

El empresario, que construyó una reputación como referente en el tratamiento de sustancias en el noreste de EEUU, enfrenta cargos por represalias tras la publicación de una investigación que cuestionaba su conducta mientras dirigía la organización

FGR blinda vehículos, edificios y equipos federales para evitar su uso electoral

La Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales blindó distintos bienes federales para evitar que sean usados en la jornada electoral

Las falencias del edificio de Comodoro Py: en los tribunales federales se quedaron sin teléfono

Los teléfonos fijos de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 dejaron hoy de funcionar, revelaron funcionarios judiciales que trabajan en el edificio. Las razones, señalaron las fuentes consultadas por LA NACION, no son de orden técnico, sino que "el problema fue con el prestador del servicio", dijo un responsable del edificio.Si bien algunas fuentes dijeron que el corte de las líneas telefónicas se debió a la falta de pago del servicio, otros mencionaron que no se abonó a la empresa que mantiene la central telefónica.Pero otra fuente explicó que "no hubo falta de pago", sino "una decisión unilateral del prestatario del servicio", la firma Comsale SRL. Esto ocurre en "medio de un reclamo que está haciendo el Consejo de la Magistratura por una recomposición de la tarifa"."Se trata de un reclamo por una recomposición de tarifa y eso se está tramitando en el expediente en la licitación", señaló un funcionario judicial.El corte del servicio, en el que esta tarde se empezó a trabajar para restablecerlo, se dio en medio de un serie de problemas que afectan al edificio; goteras, filtraciones, ascensores con poco mantenimiento o el mantenimiento vencido, y la necesidad de cambiar el tendido eléctrico por otro que soporte una demanda mayor. La puja por los fondosEl problema se dio en medio de una puja con el Gobierno por mayores fondos para la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal en Comodoro Py, que requiere una seria de adecuaciones edilicias, tecnológicas y de personal.El proveedor que brinda el servicio es la firma Comsale SRL, dijeron fuentes de Comodoro Py 2002, especializado en centrales telefónicas y telefonía IP.Ocurre que se venció el plazo de servicio de la firma y se está decidiendo internamente, hasta que se renueva si se extiende y el prestador se vuelve a postular, explicaron en los tribunales y hablaron de que es lo que pasa habitualmente en los contratos de "tracto sucesivo".Indicaron que mientras se dan estas conversaciones se debe mantener la misma tarifa, pero el prestador presiona para que se actualice. En medio, el edificio quedó sin servicio telefónico.La administración del edificio de Comodoro PY 2002 depende de la Cámara Federal de Casación Penal. Y el presupuesto del Poder Judicial lo administra el Consejo de la Magistratura.

Jueces federales respaldan reformas que prohíben corridas de toros con violencia en la Ciudad de México

Con todo y las protestas por parte del gremio taurino, la autoridades no cedieron a las peticiones de corridas tradicionales

Petri expuso en los Tribunales federales sobre la Operación Roca

El ministro de Defensa, Luis Petri, expuso en la sede de la Justicia Federal de Salta sobre la intervención militar en lugares inhóspitos de la frontera. Participaron fiscales, funcionarios de la provincia y miembros de fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.

Fuerzas federales aseguran 9 vehículos, 7 de ellos blindados, y un rifle automático en operativos en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron nueve vehículos, siete de ellos con blindaje artesanal y adaptaciones para montar armas. También se incautó un fusil automático, equipo para dron y púas ponchallantas

La Justicia avaló el protocolo de Bullrich para presos de alto riesgo en cárceles federales

La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, rechazó la queja de la defensa de Guillermo "Yiyi" Boscán Bracho, un narco venezolano con circular roja de Interpol, y confirmó la vigencia de la Resolución 35/2024 que impone severas restricciones a detenidos de alta peligrosidad

Estados Unidos suspende nuevas subvenciones federales a Harvard en medio de una creciente disputa

El gobierno acusa a la universidad de violar leyes federales, promover racismo y permitir antisemitismo, y amenaza además su exención fiscal y la admisión de estudiantes internacionales

Rebelión en Texas: el condado que demanda a Donald Trump por los recortes a agencias federales

El condado de Harris, en Texas, presentó una demanda contra la administración Donald Trump. En específico, acusó a la Casa Blanca de comprometer servicios esenciales tras una serie de despidos masivos y cierres de oficinas clave en la región. La medida se formalizó el martes pasado, en medio de la creciente tensión que generó una orden ejecutiva firmada por el presidente republicano, que recorta recursos a varias agencias federales en todo Estados Unidos.Texas: denuncian recortes justo antes de la llegada de la temporada de huracanes El ajuste afecta a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y a la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), entre otras dependencias. En este contexto, funcionarios del condado de Harris advirtieron que la reestructuración debilita la capacidad de respuesta en zonas vulnerables, especialmente cuando Texas se prepara para una nueva temporada de huracanes.Según señala el comunicado oficial de la oficina de Harris, el fiscal del condado, Christian D. Menefee, afirmó: "La administración Trump no puede anular al Congreso solo para ganar puntos políticos. Estos fondos son la base de nuestra respuesta local de salud pública, especialmente durante brotes de enfermedades. No se puede infringir la ley solo porque no se esté de acuerdo con cómo el Congreso decidió gastar el dinero". Además, detalló que la demanda acusa al presidente de violar la Constitución y de utilizar la excusa de reducir gastos para desmantelar servicios esenciales.Por su parte, la jueza del condado, Lina Hidalgo, señaló en conferencia de prensa que el recorte de personal en la FEMA se produce en el peor momento posible, según señala el medio Chron."Estamos perdiendo personas que forman parte de esa infraestructura, ese nivel básico de comunicación y conocimiento institucional que necesitamos para operar en tiempos de emergencia o recuperación", dijo Hidalgo, que advirtió: "Menos recursos significa menos capacidad de respuesta cuando las comunidades más lo necesitan".Entre los servicios en riesgo figuran:Centros de atención de FEMA en zonas costeras.Oficinas de la EPA que monitorean contaminantes en la industria petroquímica.Sucursales de la Seguridad Social con alta demanda en Houston y sus alrededores.Apoyo sindical y demandas en otras ciudades de Estados Unidos contra TrumpLa Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, uno de los sindicatos más grandes del país, impulsó la demanda junto al condado texano. A la iniciativa se sumaron organizaciones sin fines de lucro y autoridades locales de San Francisco, Chicago, Baltimore y de condados como Santa Clara y King, en California y Washington, respectivamente. El condado de Harris, con 4,8 millones de habitantes, se convirtió en el primero de Texas en litigar contra el mandatario republicano desde su retorno a la Casa Blanca.Trump defiende los recortes y suma respaldo en el CongresoPor su parte, Trump defendió los despidos al señalar que el Gobierno federal "pierde demasiado dinero en gastos innecesarios y fraudes". Según Reuters, la administración enfrenta una deuda de US$36.000 millones y un déficit anual de US$1800 millones.Líderes republicanos, como el senador Lindsey Graham, respaldaron la medida. En cambio, legisladores demócratas denunciaron los despidos masivos y anunciaron acciones legales. La Casa Blanca informó que 75.000 trabajadores aceptaron retiros voluntarios y anticipó que los recortes continuarán.

La Casa Blanca rescinde orden de congelar los desembolsos de ayudas y préstamos federales

La Casa Blanca revoca la orden de Donald Trump que congelaba ayudas y préstamos federales, afectando programas clave y generando caos en su implementación tras la intervención de un juez federal

Presentan cargos federales contra migrante chileno indocumentado acusado de robar el bolso de Kristi Noem

Mario Bustamante Leiva utilizó la tarjeta de crédito de la secretaria de Seguridad Nacional para comprar alcohol y comida en un bar tras el robo

El Partido Liberal del primer ministro Mark Carney ganó las elecciones federales de Canadá

En medio de las tensiones por la guerra comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Partido Liberal canadiense del primer ministro Mark Carney -reemplazante de Justin Trudeau- se impuso este lunes en las elecciones federales.Los liberales parecían encaminarse a una derrota aplastante hasta que Trump comenzó a atacar la economía de Canadá y amenazar su soberanía, insinuando que debería convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Las actitudes del republicano enfurecieron a los canadienses y avivaron un incremento del nacionalismo que ayudó al partido del primer ministro a cambiar la narrativa electoral y ganar un cuarto mandato consecutivo.Después del cierre de las urnas se pronosticaba que los liberales ganaran más escaños que el Partido Conservador en el Parlamento de 343 bancas, aunque por el momento se desconoce si obtendrán una mayoría absoluta -al menos 172-, o si necesitarían depender de uno o más partidos menores para formar un gobierno y poder aprobar proyectos de ley.Por su parte, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, esperaba continuar en la misma línea que el gobierno del ex primer ministro Justin Trudeau, cuya popularidad disminuyó hacia el final de su década en el poder a medida que los precios de los alimentos y la vivienda aumentaban. Lo cierto es que mientras Poilievre y su esposa depositaban su voto en su distrito de Ottawa, el conservador se dirigió a los electores y comentó: "Salgan a votar, por un cambio". Sin embargo, llevó durante semanas una campaña similar a Trump, lo que podría haberle costado caro. De otro modo, Carney expresó antes de sufragar: "Los estadounidenses quieren doblegarnos para poder poseernos. No son sólo palabras, eso es lo que está en riesgo".Con el triunfo de Carney, los liberales superaron un gran obstáculo al ganar un cuarto mandato consecutivo, pero les espera una tarea intimidante. Si no logran una mayoría en el Parlamento, podrían necesitar depender del partido que ocupó el tercer sitio, el Bloc Québécois -separatista de la provincia de Quebec que busca la independización-, para permanecer en el poder y aprobar proyectos de ley. Dentro de sus políticas, Carney prometió que cada dólar que el gobierno recaude de los aranceles de represalia a productos estadounidenses se destinará a los trabajadores canadienses que se vean afectados negativamente por la guerra comercial. También aseguró que planea mantener la atención médica dental, ofrecer un recorte de impuestos a la clase media, volver a hacer que la inmigración esté a niveles sostenibles y aumentar la financiación a la emisora pública de Canadá, la Canadian Broadcasting Corporation.La crisis de Canadá y el enfrentamiento con TrumpEl presidente estadounidense se metió de lleno en las elecciones federales. Además de anunciar aranceles contra Canadá y manifestar sus intenciones de que se convierta en su Estado 51, Trump realizó comentarios que no cayeron bien en los canadienses y que condicionaron su sufragio.Mientras los canadienses lidiaban con las secuelas de un ataque mortal en una feria callejera de Vancouver el fin de semana, Trump los provocó en su jornada electoral, insinuando en redes sociales que el nombre de él estaba en la papeleta y repitiendo que Canadá debería convertirse en el estado 51 del país.Incluso, la beligerancia de Trump enfureció a los canadienses, quienes en muchos casos cancelaron sus vacaciones en Estados Unidos, se niegan a comprar productos estadounidenses. Además, 7,3 millones de personas emitieron su voto antes de la jornada electoral, lo que implicó una cifra sin precedentes. Con información de AP.

Fuerzas federales reportan que "El Cuate" fue abatido en Sinaloa; era prófugo del "Culiacanazo" de 2019

La Sedena consideraba a Juan José Castro Figueroa como un "objetivo de alta peligrosidad" desde aquel episodio escandaloso sobre la fuga en el penal de Aguaruto

El FBI advierte sobre estafadores que se hacen pasar por agentes federales para cometer fraudes

El organismo de investigación reportó que miles de ciudadanos han sido afectados en distintas regiones por personas que utilizan identidades falsas para ejecutar esquemas de engaño

Luigi Mangione se declara no culpable de los cargos federales por el asesinato del CEO de UnitedHealthCare

El acusado enfrenta procesos judiciales simultáneos en tres jurisdicciones tras la muerte del alto ejecutivo, ocurrida durante una conferencia pública en Manhattan

Reportan uso de fusiles norteamericanos en bloqueos y ataques armados de Michoacán contra fuerzas federales

Apuntalan estrategia de seguridad en Michoacán tras recientes agresiones del crimen organizado

Polémica bajo fondo ante la deuda que le reclama el PJ a Milei por los presos federales

Espadas llaryoristas demandan la cancelación y ajuste de las deudas que mantiene el poder central. Opositores con terminales en Bullrich afirman que "se está al día con el pago". "El año pasado, la Nación estuvo pagando todo lo que no le reclamaron al kirchnerismo", retrucó un halcón cambiemista que tiene diálogo con la ministra. Leer más

Autoridades federales abaten a 5 presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Además se logró la detención de dos personas más en operativos de prevención

Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, enfrenta cargos federales y posible pena de muerte

Un jurado en Nueva York presentó una acusación formal que incluye cargos relacionados con acecho, uso de tecnología para seguir a la víctima y homicidio con arma de fuego, lo que podría derivar en la aplicación de la pena capital

Aprobaron la propuesta para desplegar fuerzas federales en los lugares con mayor cantidad de homicidios

El Gobierno nacional aprobó el plan para desplegar efectivos de las fuerzas federales de seguridad en las zonas donde se registraron los mayores índices de homicidios en el país. La resolución 448 del Ministerio de Seguridad Nacional apuntó a focalizar la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país. Se trata de sectores que concentran el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios dolosos.El denominado Plan Territorial de Reducción de Homicidios y Violencia Relacionada o Plan 90/10 formó parte del esquema estratégico de seguridad lanzado por la ministra Patricia Bullrich en diciembre de 2024, que permitió alcanzar una tasa de homicidios de 3,8 cada 100.000 habitantes, la más baja en 25 años.La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial y fue elaborada a partir del análisis del mapa de los asesinatos en la Argentina que reveló que los homicidios están frecuentemente asociados a otras formas de violencia, como la intrafamiliar y la juvenil. "Estas violencias, a su vez, retroalimentan un ciclo que aumenta la probabilidad de incidentes letales, por lo que es fundamental abordar estas dinámicas para tener un impacto sostenible en la reducción de homicidios", se consignó en la resolución.Entre los objetivos del plan figuran la reducción de los factores de riesgo, desarrollar políticas de prevención y fortalecer los vínculos de confianza entre las comunidades y las fuerzas de seguridad federales.Otra de las metas del mencionado plan apunta a que ninguno de los sectores donde se registraron las mayores cantidades de homicidios queden desatendidos. Este objetivo se fundó en el análisis que indicó que, si bien en Argentina se registró una tasa de homicidios menor que otros países de la región, existen focos críticos con altos niveles de violencia. Se trata de zonas en las que existe la narcocriminalidad, la marginalidad social y la pérdida de control estatal. Allí se concentra la mayoría de los homicidios del país.En la resolución publicada en el Boletín Oficial, se detallaron las estrategias que se aplicarán para el desarrollo del plan: intervenciones focalizadas, coordinación entre fuerzas federales, gobiernos locales, justicia y sociedad; inteligencia criminal y análisis de la información y la utilización de datos, tecnologías y patrones delictivos. Además, se concretará el despliegue territorial combinado con investigación judicial y abordajes preventivos.Con respecto a los objetivos del plan, los responsables de los operativos apuntarán a disminuir la circulación de armas de fuego, desarticular redes delictivas y estructuras criminales que promueven la violencia, al fortalecimiento de las fuerzas policiales y de seguridad federales, y del sistema de justicia, para aumentar el esclarecimiento y la sanción de los homicidios.Al principio el despliegue de las fuerzas federales se concretará en Rosario, Santa Fe, San Miguel de Tucumán, Esteban Echeverría, General Pueyrredón, Godoy Cruz, Las Heras, y la ciudad de Córdoba, aunque los lugares a los que se asignaran los efectivos no es definitiva y puede ampliarse.El plan que se aplicó el año pasado en Rosario consistió en localizar cuáles eran las zonas con mayor cantidad de homicidios. Así, se determinó que la mayoría de los asesinatos se registraban en el diez por ciento del territorio. Entonces, se destinaron los recursos a esos barrios que, hasta el despliegue de las fuerzas federales, estaban dominados por la narcocriminalidad. De esta forma, descendieron notablemente los homicidios en dicha ciudad.El cambio de foco en el despliegue de fuerzas federales y una mayor coordinación entre esas unidades y las policías provinciales, provocó una disminución de 11,5% los asesinatos en todo el país.Así se pasó de los 2048 crímenes verificados en 2023 a 1810 casos notificados en 2024. Esta reducción representó que, por primera vez en 25 años, se perforó el índice de 4 en la tasa anual de homicidios dolosos y se estableció como marca histórica a 3,8 asesinatos cada 100.000 habitantes.

El Gobierno de EEUU congeló más de USD 2.200 millones en subvenciones federales para Harvard

Esta decisión responde a la negativa de la institución de implementar una serie de reformas las cuales incluyen cambios en las políticas de admisión, contratación y financiamiento de grupos estudiantiles

Harvard rechaza exigencias del gobierno de EEUU pese al riesgo de perder fondos federales

La prestigiosa universidad se negó a implementar cambios estructurales en su gobernanza, admisiones y políticas de contratación

Eliminan un sistema de subsidios que cobraba seis de cada diez presos en cárceles federales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó una resolución para fijar un límite a la cantidad de reclusos bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibirán un pago por realizar tareas de mantenimiento en los complejos carcelarios. Hasta ahora, seis de cada diez presos obtenían esa bonificación sin completar los trabajos que supuestamente tenían asignados. Para las autoridades se trataba de un encubierto sistema de subsidios para los presos, que representaba un gasto del Estado para sostener un beneficio para personas detenidas por diferentes delitos, incluso graves. Ese límite de reclusos en capacidad de cobrar por trabajos de ocho horas diarias en tareas de mantenimiento penitenciario fue fijado por las autoridades nacionales en el 5 por ciento de la población carcelaria."Se terminaron los privilegios, ocio 0 en las cárceles. El kirchnerismo le pagaba a todos los presos solo por estar presos. Nosotros cortamos los privilegios: el que hace una actividad productiva, cobra por lo que hace. Y fajineros, solo los que realmente cumplen tareas de fajina. El que está tirado sin hacer nada, ni un mango, va a tener que cuidar su celda, limpiarla, mantener las instalaciones y cumplir normas", expresó Bullrich en su cuenta en la red X.Según se informó oficialmente, el monto que se pagaba a los presos que no trabajaban representaba $ 535.600.000 por mes. Los reclusos que recibían ese beneficio económico eran denominados como "fajineros". Con la resolución dictada por el Ministerio de Seguridad Nacional se eliminó esa figura para los presos que, en la práctica no realizaban ninguna tarea productiva.Con la medida se dieron de baja las remuneraciones que percibían 750 "fajineros" y antes se había comenzado a exigir a los internos que cumplan, sin cobrar, con la obligación de mantener limpios sus lugares de alojamiento, en el programa denominado Manos a la Obra.Debido a que todas las medidas representan una modificación en la ley 24.660, específicamente en el artículo 111, que establece las normas para el cumplimiento de las condenas de los presos a nivel nacional, tuvieron el aval de la Justicia.Con la puesta en marcha de las modificaciones se generaron talleres productivos donde solamente tendrán las posibilidad de cobrar los presos que realicen una tarea y por las horas efectivamente trabajadas. Mientras que instalarán biométricos de control con el objetivo de evitar irregularidades.Hasta el momento, según se indicó oficialmente, con los nuevos controles se logró reducir 21% la cantidad de horas que se liquidaron.Además, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un tope estricto a la cantidad de internos que pueden cobrar por la realización de las tareas de mantenimiento. "No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada. Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días. Distinguir entre quienes cumplen y quienes no es el primer paso para recuperar una sociedad ordenada y segura", afirmó Bullrich.Otro de los objetivos de la medida dispuesta en la resolución 429/2025, apuntó a modificar una práctica que consistía en pagar sumas de dinero a los presos sin pedirles nada a cambio y sin que reparen el daño social que causaron con su delito, situación que impedía su reinserción social.

La Universidad de Northwestern recibe 100 órdenes de suspensión para proyectos federales

Investigaciones clave en medicina, robótica y defensa quedan en pausa tras la suspensión de fondos federales a universidades de élite

El Gobierno ordenó que los presos sin ocupación realicen tareas generales en las cárceles federales

La medida recaerá sobre los reclusos que no lleven a cabo actividades con fines de reinserción social. Asimismo, deberán cumplir con las tareas de mantenimiento

Patricia Bullrich rechaza revelar información sobre la Inteligencia Criminal de las fuerzas federales

Si bien el secreto que protege a los departamentos de investigación están amparados por la ley, un fallo judicial podría obligar a la ministra de Seguridad a presentar información sensible. Leer más

Trump, sin freno: cómo es el polémico proyecto de ley que busca darle "poder sin límites" ante los jueces federales

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso que podría alterar el equilibrio de poderes: dio media sanción a la ley HR 1526, una polémica propuesta que apunta a restringir drásticamente la capacidad de los tribunales federales para frenar acciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, las órdenes ejecutivas de Donald Trump. La medida, impulsada por legisladores republicanos, encendió alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, que ven en esta regla un peligroso avance hacia un presidencialismo sin contrapesos. Un nuevo límite al poder judicial: la ley hecha a medida de TrumpLa HR 1526, denominada oficialmente "No Rogue Rulings Act of 2025" o NORRA, propone modificar el Título 28 del Código de Estados Unidos con el objetivo explícito de restringir la capacidad de los tribunales federales para emitir órdenes de amparo, conocidas como "injunctions". Estas medidas judiciales fueron fundamentales para suspender de manera inmediata políticas federales en situaciones donde se alegaban violaciones a los derechos constitucionales.La clave del proyecto es que impide que los jueces federales puedan extender sus fallos más allá de las partes directamente involucradas en una causa. Esto implica el fin de las "injunctions" de alcance nacional, un recurso frecuente para congelar decretos del Ejecutivo con efectos masivos mientras los tribunales revisan su constitucionalidad.Qué cambiaría con la sanción de la ley HR 1526En el nuevo texto aprobado por la Cámara baja, la ley establece una serie de disposiciones que alteran el funcionamiento judicial en lo que respecta a medidas cautelares.Restricción generalizada a las órdenes judiciales: ningún tribunal de distrito podrá emitir órdenes de amparo que beneficien a personas ajenas al caso, salvo excepciones muy limitadas.Excepción con múltiples Estados demandantes: si dos o más Estados de diferentes jurisdicciones presentan una demanda conjunta contra una acción del Poder Ejecutivo, el caso se derivará a un panel especial de tres jueces.Selección aleatoria de jueces: en estos casos excepcionales, los jueces serán escogidos al azar y no por el presidente del tribunal, lo que modifica la práctica habitual establecida en la sección 2284 del mismo código.Criterios adicionales para emitir amparos: el panel judicial deberá considerar factores como el interés de la Justicia, el riesgo de daño irreparable a terceros y la necesidad de preservar la separación de poderes.Vía de apelación ampliada: las partes podrán apelar estos fallos ante el tribunal de apelaciones correspondiente o directamente ante la Corte Suprema, según prefieran.En resumen, el proyecto limita severamente el alcance de los amparos judiciales y centraliza la posibilidad de frenar decisiones del Ejecutivo en instancias más restringidas y menos accesibles.Lo que está en juego: derechos civiles y el poder presidencial de TrumpPara sus impulsores, la HR 1526 busca evitar que "jueces rebeldes" bloqueen iniciativas federales legítimas. Sin embargo, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el verdadero impacto será debilitar la capacidad del poder judicial de proteger a millones de personas de políticas inconstitucionales, dado que la ley "limita la capacidad de los tribunales para frenar los abusos de poder".Mike Zamore, director nacional de política y asuntos gubernamentales de la ACLU, declaró: "La mayoría de la Cámara votó a favor de otro paso hacia un poder presidencial sin límites". Además, consideró que, si se pretende que los mandatarios respeten la ley, los tribunales deben poder detenerlos cuando se extralimitan. "El Senado debe rechazar esta ley", enfatizó.Desde la perspectiva de esta organización, la ley atenta contra décadas de jurisprudencia que permitieron detener medidas ejecutivas lesivas mientras se desarrollan los procesos judiciales correspondientes. Estas órdenes judiciales no fueron exclusivas de una administración: tanto durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden como en los años de Donald Trump, los tribunales federales utilizaron las "injunctions" nacionales para frenar, por ejemplo, vetos migratorios o mandatos sanitarios.Un futuro incierto en el Senado: ¿se convertirá en ley?Aunque la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ya dio luz verde al proyecto, su destino final dependerá del Senado. En esa cámara, los demócratas y algunos republicanos moderados podrían oponerse a una ley que, a juicio de sus críticos, desarma a los jueces frente al avance del Poder Ejecutivo.La votación definitiva aún no tiene fecha, pero desde la ACLU y otras organizaciones se lanzó una fuerte campaña para impedir su aprobación. Lo que está en juego, según Zamore, "no es un debate partidario, sino una cuestión de equilibrio institucional y de protección de derechos fundamentales".

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó una ley que restringe el alcance nacional de las medidas cautelares emitidas por los jueces federales

La propuesta fue adoptada por 219 votos a favor y 213 en contra y será enviada ahora al Senado, donde enfrenta escasas posibilidades de prosperar

Fuerzas federales detienen a hombre con fentanilo al interior de un autobús en Sonora

El presunto responsable fue detenido cuando se realizaban tareas de vigilancia en kilómetro 33 del tramo Hermosillo - Santa Ana

Marcha el Congreso. Blindan la zona con 1500 efectivos federales y porteños para evitar incidentes en la manifestación

Como en la última gran concentración, la Nación y la Ciudad apuestan a la estrategia de "blindar" materialmente el perímetro del Congreso para evitar enfrentamientos entre policías y manifestantes.Según pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes de gobierno, habrá 1500 efectivos federales y porteños para tareas de seguridad y contención a uno y otro lado del vallado con el que se busca impedir que los manifestantes lleguen hasta el Palacio Legislativo nacional.Además, 600 agentes de tránsito de la Ciudad estarán abocados al ordenamiento de la circulación vehicular en esa zona de la Capital, que, esperablemente, presentará serias complicaciones.Todos los efectivos estarán subordinados a las decisiones que se tomen en el Comando Unificado, que estará en el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Funcionarán en simultáneo tres mesas de análisis y decisión: la operativa, la de inteligencia y la judicial.La premisa es que quienes cometan desmanes o disturbios sean identificados y, luego, puestos a disposición de la Justicia federal, acusados de intimidación pública y sedición.En cuanto al despliegue, fuentes del gobierno porteño informaron que los 800 efectivos de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, a los que se suma personal del Servicio Penitenciario Federal con carros de traslado de detenidos) estarán apostados del lado del vallado orientado hacia el edificio legislativo.Había, también, brigadas desplegadas en las cabeceras de las líneas ferroviarias en Retiro y Constitución, encargadas de aportar a la mesa de inteligencia el dato de la llegada de contingentes de manifestantes de camino al Congreso.La Policía de la Ciudad aportará 700 efectivos para garantizar la seguridad en las calles, donde desde temprano comenzaron a desplegarse carros hidrantes y de traslado de personal. Se prevé que desde el mediodía se realizarán cortes de tránsito en todo la zona del Congreso conforme vaya avanzando la movilización. Esa será la tarea de los 600 agentes de Tránsito que deberán reconducir el tráfico para evitar embotellamientos en las adyacencias del edificio legislativo nacional y, también, incidentes entre automovilistas y manifestantes.Por prevención, se retiraron 160 contenedores de residuos de los alrededores del Congreso de la Nación y de la Avenida de Mayo, informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad en un comunicado.

La Justicia rechazó un amparo y podrán intervenir las fuerzas federales en la marcha de este miércoles

El fallo había sido apelado por el GCBA. Y Patricia Bullrich había denunciado el juez Roberto Gallardo. Leer más

Rechazan un recurso para impedir el despliegue de fuerzas federales en el Congreso

La Cámara de Apelaciones porteña habilitó a las fuerzas federales a desplegarse e intervenir en la marcha de los jubilados, la CGT y otras organizaciones sociales, prevista para este miércoles 9 de abril en las inmediaciones del Congreso. De esa manera, la Justicia revirtió un fallo de primera instancia de Roberto Gallardo, que había hecho lugar a un amparo presentado por los organizadores de la movilización. Gallardo había impedido al Ministerio de Seguridad usar a Gendarmería, Prefectura y Policía Federal para contener la protesta. Y había limitado la potestad del operativo porteño.Pero luego de una apelación de Jorge Macri y de una denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Cámara en lo Contencioso Administrativo revirtió la resolución de Gallardo. El Congreso ya está vallado de manera preventiva. En ese marco, la vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, hizo una publicación en X dando a conocer esta decisión de la justicia porteña y celebró que la Cámara de Apelaciones le haya dado la razón a la gestión de la cual forma parte. ð??£ RECHAZO JUDICIAL in limine y RESPALDO AL GOBIERNO DE LA CUUDAD EN MANEJO DE PROTESTASLa Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) de la Ciudad de Buenos Aires resolvió rechazar in limine un amparo presentado porâ?¦— Laura Alonso ð??¦ð??· (@lauritalonso) April 9, 2025El fallo fue firmado por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik, quienes resolvieron que la justicia porteña carece de competencia para intervenir en controversias vinculadas a la legalidad del accionar de fuerzas federales o a la interpretación de normas de alcance nacional.Los sindicatos y organizaciones había solicitado a la justicia que garantizara que la seguridad de la marcha en defensa de los derechos de los jubilados, convocada para este 9 de abril, fuera coordinada exclusivamente por la policía de la Ciudad, sin intervención de fuerzas federales. Su planteo se basaba en una medida cautelar dictada por Gallardo, quien había ordenado al Ejecutivo local asumir en exclusividad la coordinación del operativo y al Estado Nacional abstenerse de actuar fuera de sus competencias vinculadas a la custodia de "objetivos federales".Previamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había denunciado a Gallardo por hacer lugar al amparo. La acusación fue por mal desempeño y se tramitó ante el Consejo de la Magistratura. Además la funcionaria del gabinete nacional ratificó que las fuerzas federales participarían del operativo del miércoles. También aseguró que no permitirán que se limite el accionar legal del Estado Nacional en la vía pública.Cada miércoles, para aplicar el conocido "protocolo antipiquetes", Bullrich despliega una enorme cantidad de efectivos. En una de esas protestas, el fotógrafo Pablo Grillo fue gravemente herido por un gendarme con un impacto de gas lacrimógeno. De hecho, Grillo sigue internado. En la última manifestación, un periodista fue herido y tuvo que ser asistido por el SAME.Por otra parte, en el fallo recientemente conocido, los camaristas evitaron pronunciarse sobre la validez de las medidas impulsadas por Gallardo y se limitaron a remarcar que su tribunal no tiene autoridad para definir el alcance de una ley nacional ni para evaluar la actuación de fuerzas federales. También dejaron abierta la posibilidad de que los actores reformulen su planteo ante la justicia federal, en caso de considerar que sus derechos pudieran verse afectados.

La Justicia rechazó un amparo y permitirá la intervención de las fuerzas federales en la marcha de este miércoles

La decisión de la Cámara de Apelaciones se da tras el fallo del juez Roberto Gallardo, que ordenaba a la Policía de la Ciudad custodiar la manifestación de los jubilados

La Justicia desactivó la polémica movida de Roberto Gallardo y permite que las fuerzas federales actúen en protestas frente al Congreso

La Cámara de Apelaciones revocó el amparo al que le había dado lugar el juez porteño, denunciado por el Ministerio de Seguridad por mal desempeño.

El Ministerio de Seguridad denunció al juez que inhabilitó la intervención de las fuerzas federales en la marcha de jubilados

La cartera dirigida por Patricia Bullrich apuntó que el fallo del magistrado Roberto Andrés Gallardo responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas.

Patricia Bullrich denunció al juez Gallardo y dijo que las fuerzas federales actuarán en la marcha del miércoles

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que depende de Patricia Bullrich, denunció hoy al juez Roberto Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y anunció que, pese a lo ordenado por el magistrado, va a actuar en la movilización anunciada para el miércoles próximo porque ese es su "deber".El ministerio de Bullrich acusó a Gallardo de mal desempeño, por haber ordenado que las fuerzas federales se abstengan de intervenir en operativos sobre esa manifestación, citada frente al Congreso.El texto completo de la renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte SupremaAyer, Gallardo ordenó que la Policía porteña custodie la marcha de jubilados y corrió a las fuerzas de Bullrich. El magistrado aceptó un pedido de gremios para limitar el área de acción de los efectivos federales y justificó el fallo en que existe un "riesgo cierto" de lesiones si ellos intervienen.La orden obedece a que las fuerzas federales que conduce la ministra actuaron -según los gremios que promovieron la acción judicial- "de forma ilegal, frente al ejercicio del derecho constitucional de protesta". Puntualizaron que en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el fotógrafo Pablo Grillo y fueron detenidas 114 personas, se produjeron hechos de represión en exceso de las previsiones legales.Según la denuncia del Ministerio de Seguridad, Gallardo no tenía jurisdicción para intervenir y era incompetente porque estaban en juego cuestiones federales. Sin embargo, resolvió "en tiempo récord", según la presentación. "Para que intervenga el juez Gallardo, los accionistas presentaron el amparo el día viernes 4 de abril a la tarde, ya pasado el horario judicial y el juez resolvió el día domingo 6â?³, relató."Este modo de actuar, interviniendo forzando la jurisdicción y la competencia, es lo que en la doctrina se conoce como "forum shopping", y habilita la presente denuncia ante la verosímil comisión de la causal de Mal Desempeño prevista en la Constitución de la Ciudad", afirmó Fernando Soto, el funcionario de Bullrich que firmó la denuncia.En cuanto a la decisión de que las fuerzas federales intervengan en la marcha del miércoles, el ministerio afirmó: "Es nuestra responsabilidad actuar en la Capital Federal, sede del Gobierno Nacional. La responsabilidad que alega el juez se refiere a las acciones de seguridad ciudadana, no así a la protección constitucional deber de las Fuerzas Federales". Y dijo: "No intervenir implicaría declinar las Misiones y Funciones de Seguridad del Estado Nacional asignadas por el Presidente de la Nación".

Fuerzas federales detienen a cinco hombres tras operativo en motel al norte de Culiacán, Sinaloa; de esto se les acusa

Los trabajos de seguridad se dieron después de recibir el reporte ciudadano de que los cinco detenidos se encontraban armados en el lugar

La Nación le debe a Córdoba $275 millones por presos federales alojados en cárceles provinciales

El Juzgado Federal 1 ordenó el pago. Por día y por interno son $2.000, menos de lo que cuesta un kilo de pan. Debe ejecutarlo el Ministerio de Seguridad de la Nación. También intimó a la Provincia para que mejore las situación en Bouwer. Leer más

Motín en la cárcel de Devoto por el cierre de los centros estudiantiles en los penales federales

Sucedió el martes por la noche en los pabellones 1 y 5. Los presos incendiaron colchones, sábanas y colgaron banderas. Tienen previsto realizar otro reclamo este miércoles. Leer más

Los federales le hicieron un tacle

Agentes Federales intentan detener a un contratista de atención médica en una escuela primaria de Washington DC

Un supuesto operativo federal frente al estacionamiento de la primaria HD Cooke preocupó a padres y estudiantes cercanos a la comunidad migrante

La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un habeas corpus contra la resolución que prohíbe los centros de estudiantes en las cárceles federales

Continúan las repercusiones luego de que la ministra Patricia Bullrich decidiera prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Ahora, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un hábeas corpus contra aquella resolución bajo el argumento de que "agrava las condiciones de detención" de las personas privadas de su libertad en cárceles federales. Además, pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la medida del Gobierno. La resolución 372/2025, firmada por la ministra de Seguridad y publicada en el Boletín Oficial este martes, argumenta que los estudiantes ocupan la jornada en tareas relacionadas con el centro estudiantil y que permanecen allí incluso fuera del horario en el que deben cursar las materias. Esto, según se afirma en la resolución ministerial, les "impide hacer actividades destinadas a la reinserción social, como trabajar o realizar tareas de mantenimiento de los espacios propios y comunes obligatorios para todos los internos".El martes, la comisión de universitarios de Ezeiza, que integra el programa UBA XXII, publicó un comunicado para expresar su repudio a la medida. Y este miércoles, la PPN informó en su página web y también a través de la red social X que, en respuesta a la resolución del Gobierno, decidió presentar un habeas corpus.â??ï¸? La PPN presentó un hábeas corpus con relación a la Resolución 372/2025 del @MinSeguridad_Ar , que prohíbe los centros de estudiantes y restringe el acceso a la educación en cárceles federales. pic.twitter.com/KAD94ZSNS4— Procuración Penitenciaria de la Nación (@PPNArg) March 25, 2025 "La PPN presentó un hábeas corpus con relación a la resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad que prohíbe los centros de estudiantes y restringe el acceso a la educación en cárceles federales"."La norma publicada prohíbe centros de estudiantes en el SPF, Servicio Penitenciario Federal, e impide permanecer en espacios educativos fuera del horario de clases. La medida afecta a personas privadas de la libertad universitarias en 28 unidades penitenciarias federales", se agrega en el comunicado.Además, se afirma en el comunicado que la resolución empeora las condiciones de detención y limita el derecho a la educación, de acuerdo con la Constitución Nacional y otras leyes. "La Procuración Penitenciaria denunció que la resolución agrava ilegítimamente las condiciones de detención de estudiantes universitarios privados de la libertad, violando leyes (24.521,26.206,26.877) y DDHH (CN arts.14, 75.22), restringiendo su derecho a la educación".Por último se le pide a la Justicia federal que intervenga para dejar sin efecto la medida dictada por el ministerio de seguridad: "La PPN pide a la Justicia Federal de CABA declarar inconstitucional la resolución y garantizar el derecho a la educación y organización estudiantil. Prohibir estos espacios no solo limita el estudio, sino también la reinserción. La educación en contextos de encierro es un derecho, no un privilegio".

Propietario de empresa de transporte fue condenado a casi cuatro años de prisión por fraude a reguladores federales

El hombre falsificó información para ocultar conexiones entre compañías. La maniobra facilitó el funcionamiento de camiones con problemas de seguridad en las carreteras

Patricia Bullrich prohibió los centros de estudiantes dentro de las cárceles federales

La medida fue oficializada a través de la Resolución 372/2025. Cuáles son las razones de que expuso la ministra de Seguridad. Leer más

El Ministerio de Seguridad inhabilitó los centros de estudiantes que funcionaban dentro de las cárceles federales

Así lo dispuso la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich, argumentando que los excesos de permanencia afectaba la readaptación

Megaoperativo de seguridad por la marcha: 1500 efectivos de las fuerzas federales, cortes de calles y férreos controles en los accesos a CABA

El gobierno nacional implementó una serie de medidas con las que busca evitar violentos incidentes como los que se registraron en la movilización del miércoles pasado

Ataques contra fuerzas federales en Michoacán y Jalisco dejaron cinco muertos y dos heridos

Se registraron agresiones en seis municipios del estado de Michoacán: Yurécuaro, Tanhuato, Tangamandapio, Chilchota, Chavinda y La Piedad

Corrupción narco en Rosario: la Cámara de Casación define el futuro de dos jueces federales

El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, imputado por vínculos con un contador del clan narco de los Alvarado, pidió dejar de ser investigado por el nuevo sistema penal acusatorio y pasar al viejo que es por escrito y más lento. El caso salpica a su colega Gastón Salmain. Los fiscales se oponen y temen que se retrase la investigación. Casación decide en marzo.

Dos jueces federales ordenaron la reincorporación de miles de trabajadores despedidos por la Administración Trump

Los magistrados William Alsup y James Bredar determinaron que el gobierno no siguió los procedimientos legales establecidos para la rescisión de los empleados y ordenaron el regreso temporal de los afectados a sus puestos

Mientras Grillo lucha por su vida, Bullrich felicitó a las fuerzas federales por proteger "la democracia y a los ciudadanos"

La ministra de Seguridad destacó que la Policía, Gendarmería y Prefectura que reprimieron el miércoles a los jubilados "soportan insultos, agravios, agresiones y, sin embargo, siguen adelante". Su hipótesis de lo que le pasó al reportero gráfico. Leer más

Victoria Villarruel otra vez se desmarcó del Gobierno: "Me solidarizo con todos los heridos, con los que manifiestan y los de las fuerzas federales"

La vice lo dijo luego de que el Gobierno sostuviera que los manifestantes buscaban llevara adelante "un golpe de Estado".

Barra Mexicana de Abogados pide a las autoridades federales atraer el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán

Ven similitud con asesinato de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas

Un perro entrenado por agentes federales detecta una red de tráfico de cocaína en camiones en la frontera

Una revisión de seguridad en un punto de acceso a EEUU permitió la localización de paquetes ocultos en la estructura de varias unidades de transporte

Fuerzas federales catean propiedades de "Los González Vieyra", familia de alcaldes en municipios de Puebla

La FGR informó que se aseguraron arma y otros objetos ilícitos dentro de un rancho que era propiedad del edil Uruviel González Vieyra

Jorge Macri le exigió a Bullrich un "plan con un calendario" para el traslado de presos a cárceles federales

"Las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles", insistió el jefe de Gobierno porteño

María Corina Machado pidió a las agencias federales de EEUU "exponer los crímenes" de la dictadura de Maduro

"Un grupo de criminales ha secuestrado nuestro país y se aferra al poder por miedo a la justicia y sus consecuencias", afirmó la líder opositora venezolana

La desaparición de Lian: los fiscales federales especialistas en redes de trata se sumaron a la investigación

La investigación por la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años cuyo rastro se perdió hace una semana en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, tuvo un giro ayer al notificarse que en paralelo a la búsqueda del menor se abrirá un expediente por posible trata de personas."El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso que la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se desempeñen en forma conjunta con la fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona, en la investigación de la hipótesis de trata de personas frente a la desaparición del niño Lian Gael Flores Soraide en la localidad de Ballesteros Sud", se informó oficialmente en el sitio de noticias web del Ministerio Público Fiscal.La presencia de los fiscales especializados en la lucha contra las redes de trata de personas no implica un cambio en este caso de jurisdicción de la causa, que se tramita en la Justicia cordobesa. Los fiscales federales trabajarán en forma paralela, mientras el expediente central seguirá en manos de la Justicia provincial."El procurador hizo saber a la representante del Ministerio Público Fiscal que se encuentra habilitada a coordinar la actividad probatoria de las actuaciones bajo su dirección con la desarrollada por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, en el marco de la referida causa, compartiendo con los debidos recaudos la prueba colectada y actuando coordinadamente a fin de mancomunar esfuerzos y evitar superposiciones", se señaló en el comunicado del MPF.Se dejó en claro así que la presencia de los fiscales federales  utilizará como hipótesis de trabajo la posibilidad de que el menor hubiese sido captado por una red de trata.Más allá de esa decisión judicial, trascendió también que tanto el gobierno nacional como la administración cordobesa ofrecen sendas recompensas de $10.000.000 a las personas que aporten un dato que permita llegar al menor.El gobierno de Córdoba y el Ministerio de Seguridad de la Nación dispusieron que se entregue una recompensa total de $20.000.000 para quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Lian.Anteayer, el gobernador Martín Llaryora firmó un decreto provincial que otorga $10.000.000, mientras que el gobierno nacional sumará una suma igual en el marco de la búsqueda, según se anunció.Las autoridades indicaron que quienes tengan información verídica pueden comunicarse de forma anónima y gratuita al 134, línea habilitada para recibir datos sobre el caso del niño, que fue visto por última vez el sábado a las 15 fuera de la precaria casa que comparte con sus padres y cinco hermanos en Ballesteros Sud, departamento Unión, a 170 kilómetros de la capital cordobesa.Asimismo, el decreto firmado por el mandatario provincial sostiene que el pago de la recompensa se llevará a cabo "previa acreditación de la veracidad y utilidad de los datos aportados".En este sentido, el anuncio advirtió que quienes proporcionen información falsa o intenten desviar la investigación podrían enfrentar graves sanciones legales.En el caso intervienen dos fiscales de Bell Ville, Isabel Reyna y Nicolás Gambini. Desde el día de la desaparición se llevaron a cabo distintos operativos, tanto por aire y por tierra, incluso en el río Tercero, pero hasta el momento no hubo avances significativos.Por su parte, el Ministerio Público Fiscal informó que se secuestraron 30 teléfonos celulares y seis vehículos, además de haberse realizado una serie de allanamientos en viviendas de la zona.En tanto, desde la cartera de Seguridad Nacional activaron el día siguiente de la desaparición la Alerta Sofía, con las características generales del menor: Lian Gael mide 90 centímetros de altura, tiene tez trigueña, cabello y ojos oscuros.Identificaron a la curanderaA una semana de la desaparición del pequeño, siguieron los trabajos de rastrillajes en la zona de Ballesteros Sud, con la idea de continuar con el uso de drones y personal a la vera del río Tercero.La causa permanece bajo secreto de sumario, pero se pudo saber que se investigan todas las hipótesis posibles. En este sentido, la fiscal adjunta Bettina Croppi dio una conferencia de prensa en los últimos días frente a la casa del niño y dijo que por ahora "no hay indicios de un delito federal".Aunque esa situación puede cambiar en las próximas horas. No solo por la presencia en la causa de los fiscales federales especialistas en casos de trata de persona, sino por el allanamiento que se hizo en las últimas horas en Jujuy. Allí se investiga a una mujer de 74 años, que fue identificada por la familia del menor desaparecido como una curandera que había pasado por Ballesteros Sud en los días previos a que se perdiese el rastro de Lian.  Los investigadores intentan determinar el rol de esta mujer en el caso y analizarán los elementos secuestrados ayer en su casa.

Caso Lian: Integran un equipo conjunto de investigación con fiscales provinciales y federales

Hoy firmó la resolución el procurador General Eduardo Casal. El ECI estará compuesto por los magistrados que ya venían trabajando, Isabel Reyna y Nicolás Gambini, los titulares de la Procuraduría de Trata y la fiscal federal de Bell Ville, Virginia Carmona. Leer más

El Gobierno apunta a Kicillof por la muerte de Kim y solo analizará desplegar fuerzas federales si la Provincia lo pide

En el Ejecutivo esperan que el gobernador bonaerense solicite formalmente el envío de gendarmes. En la cartera provincial rechazan esa hipótesis.Milei llevará el tema de la inseguridad al Congreso el sábado y Sergio Massa empuja una reforma del ministerio de seguridad provincial.

Elon Musk le dará una "segunda oportunidad" a los trabajadores federales para defender sus trabajos o ser despedidos

La decisión llegó luego de que funcionarios de la administración Trump llamaran a no responder un mail en el que se pedía que describan "logros" de sus puestos. Advirtió que si no responden se darán por despedidos.

Elon Musk pasa la motosierra a los empleados federales: deben reportar sus tareas semanales o serán despedidos

La medida comenzaría a implementarse luego de que Donald Trump le solicitara a Musk que "fuera más agresivo" para recortar el gasto público en el país. Leer más

"No respondan": agencias federales de EEUU desafían a Elon Musk y piden a sus empleados que ignoren su mail

El multimillonario que ahora es pare del gabinete de Donald Trump le pidió a más de 2 millones de empleados que detallen "cinco logros" que hayan concretado la semana pasada. Las autoridades de esas áreas instaron a ignorar el requerimiento.

Investigan a UnitedHealth por inflar diagnósticos médicos para aumentar pagos de fondos públicos federales

La noticia provocó una caída del 9% en las acciones de las compañía, marcando su peor desempeño semanal desde 2020

Elon Musk comunicó que los empleados federales deberán rendir cuentas de su trabajo o renunciar

El magnate tecnológico tomó esa medida luego de que Donald Trump le pidiera que fuera "más agresivo" en la reducción del gasto gubernamental

En medio de la polémica por la fuga de presos, un juez reclama el traslado de condenados a cárceles federales

La polémica que sostienen funcionarios porteños y nacionales por la responsabilidad del alojamiento y la custodia de los presos en comisaría y alcaidías de la ciudad sumó un nuevo eje, ya que un juez porteño avaló el habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría del Pueblo y dictaminó que los detenidos con condena deben ser transferidos de esos calabozos a dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Según fuentes del gobierno porteño, de los 2440 presos alojados en la actualidad en las distintas comisarías y alcaldías de la Policía de la Ciudad, 387 internos tienen actualmente condena.En la resolución adoptada por el magistrado Norberto Luis Circo, a cargo del juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas N° 23 de la ciudad de Buenos Aires, figura que están alojados en comisaría y alcaidías porteñas 411 detenidos que ya tienen dictado de condena, y se agregó que "específicamente a la fecha 181 personas de esas 411 tienen sentencia firme, dos de ellos a perpetua". Y se agregó que "de esos 411 condenados/as solo 57 están a disposición de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco a cargo de la Justicia Federal y dos, alojados a pedido de la provincia de Buenos Aires, encontrándose el resto a disposición de la Justicia nacional, evidenciando la falta de cupos adecuados en el sistema penitenciario". En definitiva, la medida alcanzaría a 347 detenidos.Esa cifra de presos tiene diferencias con relación a los 387 que eran el número de condenados que para las autoridades porteñas aún estaban bajo vigilancia de la Policía de la Ciudad un día antes de conocerse el fallo. Esa discrepancia de datos tiene que ver con el flujo semanal de presos que reciben penas, especialmente por las condenas por flagrancia que llegan, en promedio, apenas un mes después del inicio de la causa. También los datos se actualizan por el traslado de comisarías a presidios federales mediante un sistema de cupos. Por ahí pasa también la disputa central entre las autoridades de la ciudad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, que tienen bajo su órbita al SPF.Actualmente, en el SPF reciben por semana 60 presos derivados de las dependencias porteñas. Aunque el acuerdo inicial, fijado en la resolución de otro habeas corpus, era que 120 presos serían trasladados a las cárceles federales, se llegó a que, en la práctica sean 90 presos, en una proporción de 70 hombres y 20 mujeres, los que se derivaban semanalmente a las cárceles federales.Según fuentes del gobierno porteño, hace una semana, la cantidad de presos derivados desde las comisarías porteñas a unidades del SPF pasó de 90 a 60 por semana. Funcionarios nacionales afirmaron al respecto que esos 90 lugares están divididos no solo entre varones y mujeres, sino también por diferentes delitos, ya que los pabellones son distintos y que eso genera a veces que no se complete el cupo. La disputa empezó en tiempo de pandemia, por una resolución que prohibía el ingreso de nuevos detenidos a las cárceles federales con la excusa de evitar potenciales contagios del Covid-19. Pasada la emergencia sanitaria, la situación, lejos de normalizarse, empeoró y se abarrotaron los calabozos porteños por falta de cupo en las cárceles federales.Con el regreso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se iniciaron conversaciones para definir la situación de esos presos, que si bien cometen delitos en territorio porteño quedan bajo jurisdicción de magistrados nacionales, ya que no fue transferido a la órbita de la ciudad el tratamiento de delitos comunes, como robos, hurtos o asesinatos. Y la tensión aumentó con las fugas de detenidos alojados en comisarías y alcaidías.En el pedido de habeas corpus colectivo para el traslado de condenados a cárceles federales se dejó constancia que "durante el año 2024, se registraron al menos ocho fugas, con un total de 51 personas fugadas, y en lo que va del 2025 se registraron 3 hechos, involucrando 13 personas fugadas".Avances y retrocesosEl martes pasado, tras una nueva evasión de presos de una comisaría de la Policía de la Ciudad, la ministra Bullrich y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ya habían acordado el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal, "lo más rápido posible", de los detenidos con condena. Fuentes de ambos lados de esa mesa de negociación no tenían en claro ayer si esta nueva resolución judicial acelerará el proceso que había sido acordado al más alto nivel político o, por el contrario, significará un detonante de nuevas tensiones.La forma en que se resolverá la transferencia de una parte del SPF a la ciudad, tal como ocurrió años atrás con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, formaba de esos acuerdos.El habeas corpus menciona la necesidad de un traspaso "inmediato" de lugar de detención, pero en la resolución que avala la propuesta de la Defensoría del Pueblo aparece también una clave en este tema: el traslado debe tener acuerdo por parte del juzgado donde se tramita la causa.Esa situación implica que no puede usarse cualquier plaza disponible en dependencias del SPF, como por ejemplo la nueva cárcel en Coronda, Santa Fe, ya que si bien los presos podrían bajo sistemas remotos de comunicación estar a disposición del juzgado que lleva su expediente, esos magistrados deberían autorizar traslados a otras provincias que implica en la práctica restricciones a las visitas familiares. Por eso los movimientos se limitan al penal de Villa Devoto y las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz.Dentro de ese último complejo penitenciario federal se avanza ahora en la construcción de una prisión exclusiva para presos porteños. Esa obra, que es desarrollada por el gobierno de la ciudad, sería la solución definitiva para la controversia sobre presos en calabozos de comisarías, ya que tendrá capacidad para albergar a 2200 reclusos. Está prevista su inauguración para fin de este año o comienzos de 2026. Hasta entonces, la polémica continuará.En ese aspecto, la resolución del juez Circo en favor del habeas corpus para el traslado de presos a cárceles federales se destaca: "Respecto de las 411 personas condenadas que se encuentran en la actualidad alojadas en las alcaidías y comisarías de la CABA, considero que ello rompe con el régimen progresivo y la finalidad resocializadora de la pena, previstos por la ley de ejecución penal 24.660. La finalidad de la ley es el tránsito de la privación total a la restricción de la libertad que comprende cuatro etapas sucesivas, observación, tratamiento, prueba y libertad condicional -artículo 12 ley 24.660-, esa debe ser la razón para imprimir a las disposiciones de la ley 24.660, en orden a respetar la característica inherente de progresividad del régimen penitenciario, lo que no se cumple respecto de las personas condenadas por la Justicia nacional, pues, como ha quedado demostrado, 411 personas se encuentran actualmente detenidas en el ámbito equivocado".Apunta el magistrado a la falta de posibilidades de resocialización que tienen los presos en comisarías. Por ejemplo, no pueden iniciar estudios ni formarse en algún oficio. El juez agregó que "es obvia y conocida su sobrepoblación (de los calabozos de comisarías), lo que a mi entender agrava la calidad de detención de cada uno de los internos allí alojados".De todas maneras, en comisarías y alcaidías porteñas la ventaja para el detenido pasa por las facilidades de vinculación con familiares y allegados, ya que en las prisiones federales el momento de visita es más restringido que en los calabozos porteños. Una nueva directiva habría prohibido esos movimientos durante los fines de semana y los feriados, pero se mantiene abierta la opción de visita de lunes a viernes, de 9 a 17.Por lo pronto, el gobierno porteño calcula que cada preso demanda un gasto diario a las arcas públicas de $ 83.576 por día, alrededor de $200.000.000 cada 24 horas.

La Justicia ordenó el traslado inmediato de presos condenados en la Ciudad a cárceles federales

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 se expidió este viernes sobre un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y ordenó el traslado inmediato de las personas condenadas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas a establecimientos penitenciarios federales. El juez Norberto Luis Circo argumentó que las condiciones de detención en estos lugares son "inadecuadas y violan derechos constitucionales". La medida se da tras las recientes fugas de presos en territorio porteño. "El exceso de detenidos condenados alojados en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad lo único que hace es deteriorar el sistema de detención. Es evidente que los condenados por la Justicia Nacional debieran ingresar directamente en la órbita del Servicio Penitenciario Federal no, así como en la actualidad, que permanecen en detención en lugares de la Ciudad, que deberían ser de uso exclusivo de esta Ciudad y de tránsito", apuntó el magistrado. Según se expresa en el fallo al que accedió LA NACION, hasta el 18 de febrero se encontraban alojadas 2455 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, "que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas". La definición de la Justicia se da luego que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaran esta semana el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), "lo más rápido posible", de los detenidos con condena. Luego que las recientes fugas, desatara un tenso ida y vuelta entre Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, a quien la funcionaria del Gobierno le endilgó los recientes episodios. "Todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad", lanzó la funcionaria en diálogo con LN+.Noticia en desarrollo

La Justicia ordenó que las personas condenadas que se encuentran en comisarías y alcaldías de la Ciudad sean trasladas a cárceles federales

Fue tras un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23.Son 411 los detenidos con condenas firmes y en primera instancia.

Redada de ICE y HSI en una panadería de Texas dejó cargos federales contra los dueños por albergar inmigrantes

Los propietarios de Amy's Bakery enfrentan acusaciones por haber facilitado refugio a trabajadores sin documentos

Trump firmó una orden para eliminar ayudas económicas a inmigrantes: adiós a las prestaciones federales

El presidente Donald Trump firmó este miércoles una serie de órdenes ejecutivas que intensifican las restricciones para los inmigrantes en Estados Unidos. Estas acciones tienen como objetivo principal eliminar el acceso a ayudas económicas federales para personas indocumentadas y reforzar los mecanismos de verificación para evitar que quienes se encuentran ilegalmente en ese país reciban beneficios públicos.Restricción de prestaciones federales a inmigrantes indocumentadosSegún el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca, la orden ejecutiva tiene como objetivo evitar que los fondos federales sirvan como incentivo para la inmigración irregular. "Con esta medida, el presidente Trump garantiza que los recursos de los contribuyentes se utilicen para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses, no de los inmigrantes ilegales", señaló el documento.La orden también prohíbe que las prestaciones federales destinadas a estados y ciudades se utilicen para financiar "políticas santuario". Esto incluye leyes que protegen a inmigrantes indocumentados de la deportación y limitan la colaboración de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).Ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago podrían verse afectadas por esta medida, que busca restringir su presupuesto en caso de que continúen proporcionando refugio a inmigrantes en situación irregular."Mi administración defenderá el Estado de derecho, defenderá contra el desperdicio de recursos de los contribuyentes ganados con esfuerzo y protegerá los beneficios para los ciudadanos estadounidenses necesitados, incluidos los individuos con discapacidades y los veteranos.", afirmó Trump en la orden ejecutiva.Donald Trump ordena una revisión de programas federalesLa disposición ordena a todas las agencias gubernamentales identificar programas que actualmente otorgan beneficios económicos o de asistencia a inmigrantes indocumentados. Una vez localizados, serán revisados para determinar las acciones necesarias para eliminar o restringir su acceso a personas sin estatus legal en ese país.La orden ejecutiva establece mejoras en la verificación de elegibilidad para evitar que los inmigrantes irregulares reciban asistencia. El objetivo es reforzar los criterios de elegibilidad y evitar fraudes en el sistema de ayuda social.De acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), citado por el comunicado de la Casa Blanca, proveer ayuda social a un millón de inmigrantes indocumentados podría costar a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente 3000 millones de dólares al año.Por su parte, la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR, por sus siglas en inglés) calculó que el gasto anual relacionado con la inmigración irregular asciende a US$182 millones, distribuidos entre US$66,5 millones en gastos federales y US$115,6 millones en costos estatales y locales.Desde 2021, se han destinado más de US$1000 millones a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para proporcionar ayuda a inmigrantes indocumentados. Según la Casa Blanca, la nueva política busca frenar este tipo de asignaciones presupuestarias.Supervisión de la implementación de las nuevas medidas de TrumpPara garantizar el cumplimiento de la medida, la orden ejecutiva instruye al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), dirigido por Elon Musk, a coordinarse con otras agencias para identificar y restringir otras fuentes de financiamiento que puedan beneficiar a inmigrantes indocumentados.Los jefes de agencias federales, en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), deberán revisar las regulaciones vigentes y proponer modificaciones para alinear las políticas con la nueva directriz migratoria de la administración Trump, según se lee en el comunicado.La orden también revoca regulaciones establecidas durante administraciones anteriores que facilitaban el acceso de inmigrantes irregulares a ciertos beneficios. El mensaje de la Casa Blanca menciona que las políticas de la administración Biden permitieron el acceso a servicios públicos y asistencia financiada por los contribuyentes a personas en situación irregular, lo que generó un aumento significativo en los costos.

Jorge Macri y Patricia Bullrich acordaron el traslado de presos a cárceles federales

El acuerdo se dio luego de que haya tres fugas en el año. Esto llevó a una comunicación en búsqueda de soluciones.

Tras otra fuga, Nación y Ciudad acordaron trasladar a cárceles federales a 400 presos con condena

Lo consensuaron en una conversación telefónica la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno, Jorge Macri.Ocurrió luego de que seis detenidos se escaparan de una comisaría de Balvanera.El número representa el 20 por ciento de la población carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Tabasco se refuerza con 200 elementos federales tras renuncia del secretario de Seguridad

Víctor Hugo Chávez salió de la SSP para regresar a sus actividades en la Sedena

ICE planea usar prisiones federales como centros de detención para los migrantes arrestados

De acuerdo con un documento interno obtenido por diversos medios, los agentes federales usarán cárceles como la polémica Dublín en California, señalada por sus escándalos de abuso sexual

Solo 75.000 empleados federales aceptaron el plan de renuncia de Trump

Este total, confirmado por una fuente familiarizada con las cifras, representa aproximadamente el 3% de los 2,4 millones de empleados civiles del gobierno federal. Leer más

Así será golpeada la policía de Los Ángeles por el recorte de fondos federales a las ciudades santuario

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) enfrenta un complejo escenario tras un reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). La administración federal confirmó que las denominadas "ciudades santuario" perderán acceso a importantes subsidios y programas de apoyo financiero. La medida podría afectar directamente la operación de varias iniciativas de seguridad en la ciudad.Qué dice el memorando el DOJ que pone en jaque a la policía de Los ÁngelesLa decisión fue comunicada en un memorando oficial del pasado 5 de febrero, firmado por la fiscal general de EE.UU. Pamela Bondi. Entre otras cosas, el documento ordena al departamento que limite el apoyo financiero a las "jurisdicciones santuario" que "se nieguen a cumplir" o "interfieran ilegalmente con las operaciones de aplicación de la ley federal".Según datos presupuestarios, Los Ángeles podría dejar de recibir más de 20 millones de dólares por esta decisión del gobierno de Donald Trump. Algunos de los fondos en riesgo incluyen:US$6,6 millones para programas de seguridad nacional.US$2,3 millones en asistencia judicial.US$9,5 millones destinados a la contratación y pago de 20 oficiales entre 2024 y 2027.US$1,9 millones para pruebas de ADN.US$1,1 millones para el grupo de trabajo sobre delitos contra niños en internet.US$500 mil de la Oficina sobre Violencia contra la Mujer del Departamento de Justicia.Tal como informó NBC Los Ángeles, aún no está claro si estos fondos fueron entregados previamente o si se verán interrumpidos antes de su asignación definitiva. Según reveló un funcionario de policía a ese medio, la ciudad aprobó recientemente recibir esas subvenciones y es posible que algunos de los fondos ya se hayan depositado.Sin embargo, el impacto podría extenderse más allá de los subsidios directos. Diversas agencias federales proporcionan recursos adicionales a la policía local, como financiamiento de salarios, pago de horas extra y acceso a tecnologías avanzadas. En tanto, la exclusión de estos programas podría debilitar la capacidad operativa del LAPD.Qué dijeron las autoridades locales de Los Ángeles frente al recorte de financiamiento federalTras conocerse la medida, el gobierno municipal defendió su posición. "La ciudad de Los Ángeles cumple con la ley federal", afirmó Zach Seidl, el portavoz de la alcaldesa Karen Bass. El vocero también aseguró que las autoridades locales resistirán frente a cualquier intento de restringir fondos esenciales para la seguridad pública.El Concejo Municipal de Los Ángeles formalizó a finales del año pasado su política de ciudad santuario, lo que impide a empleados y agencias locales colaborar con las autoridades migratorias federales. Sin embargo, la mayoría de estas disposiciones ya estaban en vigor desde la aprobación de la ley estatal SB-54 en 2017.Los Ángeles se convirtió en "ciudad santuario": qué implica para los migrantesLa conversión de Los Ángeles en una "ciudad santuario" se formalizó con una ordenanza aprobada de forma unánime por el ayuntamiento en noviembre de 2024. Esta medida refuerza una política de larga data en la que el LAPD no indaga sobre el estatus migratorio de las personas ni colabora activamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en sus operativos.Sin embargo, años antes, el exalcalde Eric Garcetti había emitido una directiva en 2019 para proteger a los inmigrantes, recordó Los Angeles Times. En 2017, el exgobernador Jerry Brown firmó una legislación estatal que prohibió a las fuerzas policiales preguntar sobre el estatus migratorio de los residentes.En tanto, la ordenanza municipal aprobada en noviembre pasado elevó estas medidas a un nuevo nivel al impedir expresamente el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de leyes migratorias. También evitó que se compartiera información sobre inmigrantes con las autoridades federales.

Un juez bloqueó temporalmente el plan de renuncias de la Administración Trump para empleados federales

El fallo del magistrado George A. O'Toole Jr frenó la estrategia de la Casa Blanca para reducir el aparato estatal y deja en el aire el futuro de millones de empleados públicos

Anunciarán un aumento en el haber mensual de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad

Las fuerzas de seguridad federales son un componente natural del sistema de prevención del delito, que en estos días vuelve a estar exigido por la ola de violencia criminal que golpea a varios distritos del conurbano bonaerense. El planeamiento oficial tiene dispuesto la rotación de efectivos en municipios del Gran Buenos Aires, algo que los intendentes entienden como vital colaboración para la protección de los vecinos. Eso significa más trabajo y más riesgo, claro, para los uniformados que se moverán por zonas calientes. Y el Ministerio de Seguridad Nacional trabajó no solo en el despliegue, sino también en adecuar la compensación económica necesaria para las actividades que se plantean a los efectivos. Así el ministerio a cargo de Patricia Bullrich otorgará a los uniformados un 5 por ciento de aumento en el haber mensual a partir de marzo, según indicaron fuentes que conocen la resolución que será publicada en el Boletín Oficial.La medida alcanzará al personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal. "Para promover el bienestar del personal que se desempeña dentro de las Fuerzas, su profesionalización y el desarrollo de su carrera, se decidió implementar un incremento en los haberes básicos equivalente al 5% por encima de la pauta salarial a partir del próximo mes", aseguraron en la cartera de Seguridad.También se hizo foco especial en la situación del Servicio Penitenciario Federal, que desde el comienzo de la gestión de Javier Milei pasó a depender dela Ministerio de Seguridad Nacional. Bullrich plantea que el SPF es hoy en la práctica la quinta fuerza de seguridad federal. En consecuencia, se prevé reorganizar la escala salarial para equiparar los salarios con los de las otras fuerzas. "A fines de gestionar el proceso de modernización y reordenamiento de las estructuras salariales del personal y producto de haber encontrado grandes diferencias y distorsiones arbitrarias en los haberes del Servicio Penitenciario Federal, se entendió necesario equiparar los haberes conformados de su personal con los del resto de las fuerzas federales. En el marco de la correcta administración de los recursos públicos, dicha equiparación se realizará en dos etapas: una en el mes de marzo y otra en el mes de junio", explicaron aquellos que están al tanto de la medida.La situación salarial en las fuerzas de seguridad federales había causado alguna inquietud en los últimos días, cuando se anticipó una posible protesta en pedido de aumentos salariales de la que tomarían parte familiares de efectivos en actividad y retirados, en un movimiento que en 2012 había escalado en forma imprevisible. En la resolución que se hará oficial a partir de la publicación en el Boletín Oficial se establecerá también la escala que corresponderá a cada suplemento que cobran los uniformados federales, que son diferentes para cada fuerza, como "funciones de prevención barrial". "recargo de servicios" o "zona", entre otros.

La motosierra de Elon Musk: 40.000 empleados federales aceptaron el plan de renuncia voluntaria

El jefe de Departamento de Eficiencia Gubernamental busca formas de reducir rápidamente el tamaño del gobierno en los primeros días del segundo mandato de Trump. Leer más

Patricia Bullrich y Guillermo Montenegro anunciaron la llegada de fuerzas federales a Mar del Plata

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunciaron este jueves la llegada de las fuerzas federales a Mar del Plata. La medida forma parte del plan 90-10 articulado por la cartera nacional, que sostiene que el 90% de los delitos se cometen en el 10% de territorio, y busca realizar operativos en las zonas con mayores delitos del conurbano bonaerense.En la ciudad balnearia desembarcarán la Policía Federal, la Gendarmería y Prefectura. En el resto del territorio se harán operativos sorpresa. La decisión va de la mano de acciones que ya se tomaron en otros territorios debido al aumento de la inseguridad. Recientemente, las fuerzas federales realizaron un operativo en Moreno luego de la muerte de un repartidor, identificado como Lucas Aguilar, por defender a un vendedor ambulante de un delincuente.En Mar del Plata sufrieron el reciente asesinato de Cristian Velázquez, un kiosquero al que delincuentes le dispararon luego de que intentara defenderse con gas pimienta. Velázquez ya había sufrido un hecho similar en abril, cuando en una situación de robo gatillaron y el proyectil quedó incrustado en un paquete de chicles. Su muerte y las fuertes protestas de los vecinos derivaron en cambios en la cúpula policial que estaba hace un poco más de siete meses a cargo de la Jefatura Departamental de Mar del Plata.El comisario inspector Luis Senra fue desplazado y reemplazado por Edgardo Vulcano. El asesinato de Velázquez pareció despertar a la ciudad balnearia sobre la creciente inseguridad y la suba de los homicidios: en este año ya ocurrieron siete, la mayoría vinculados con enfrentamientos personales o algún nexo con el narcomenudeo.Ahora, la ciudad balnearia se suma al plan 90-10 impulsado por Bullrich. "Este plan tiene una tarea de planificación e identificación de bandas que están operando en Mar del Plata, como se ve en este centro de monitoreo. Tiene una parte de inteligencia e investigación que ya se está haciendo y donde tenemos mucho detectado", comentó la ministra en conferencia de prensa.Sostuvo que se trata de un plan de "focalización sobre los homicidios" no solo porque es "el momento más brutal", sino también porque donde hay homicidios "puede haber balaceras, tiroteos y es una manera de bajar el conjunto de la violencia". "Para nosotros es tener un intendente que comprenda la importancia [del plan] y trabaje codo a codo con nosotros", sumó.Allí, mencionó la reciente incorporación de pistolas especiales de parte de Montenegro, las cuales consideró "muy efectivas y para ciudades que tienen masividad de gente". La Patrulla Municipal de la ciudad comenzó a usar armas no letales este año.Montenegro mencionó que "la persona que cometió el homicidio del kiosquero ya había estado en libertad". "Si esta persona fue condenada a seis años en 2020 por un hecho que ocurrió en el 2019, por lo menos hasta junio de 2026 tendría que estar privado de su libertad", reclamó. En los últimos meses, el intendente endureció su discurso en redes sociales contra las personas que viven en la calle, los "trapitos" o "limpiavidrios", actividad que se encuentra prohibida por ordenanza municipal.Varias publicaciones develan un duro perfil, donde Montenegro pone el foco en que las fuerzas de seguridad locales retiren a aquellas personas que duermen en la vía pública o ejercen dichos trabajos informales. Su discurso en las redes le provocó críticas principalmente de referentes de la izquierda y el kirchnerismo y varios polémicos cruces.