Referentes del sector analizan los efectos de la decisión tomada en 2012 y los factores políticos y económicos que influyeron afectaron el desarrollo de la principal fuente de petróleo y gas de la Argentina. Qué impulsa la inversión y la producción
El diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, y el senador Maximiliano Abad, de la UCR, presentarán sendos proyectos de resolución por el cual se busca ratificar un artículo clave de la ley de expropiación de YPF, votada en 2012. Se trata del artículo 10 que prohíbe la transferencia de las acciones de la empresa petrolera estatal salvo que el Congreso lo autorice con los dos tercios de sus miembros. "Estamos dispuestos a trabajar seriamente en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado, porque para tal fin se requiere dos tercios de Diputados y dos tercios del Senado", explicó Pichetto."Ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable", indicó, por su parte, el senador Abad. El legislador radical remarcó que el Poder Ejecutivo, con esta interpretación normativa en el proceso de apelación, puede consolidar la defensa jurídica del país en los tribunales internacionales. De hecho, la propuesta fue sugerida por el exprocurador del Tesoro del gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías.Si ambas resoluciones fuesen aprobadas en Diputados y en el Senado constituirían una suerte de réplica al fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF promovido por los fondos Burford y Eton Capital. En dicho fallo, la magistrada ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio. "Ese fallo es de imposible cumplimento. Esta resolución es en defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina", enfatizó Pichetto, quien defendió su voto a favor de la expropiación de la empresa petrolera. Lo hizo en medio del fuerte debate que se desató en el recinto en torno a la cuestión. "Hay que analizar las circunstancias del pasado porque la ley de expropiación (de YPF) estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo", justificó.El oficialismo, en cambio, aprovechó la situación para embestir contra el kirchnerismo en el recinto. "Es cierto que la autoría de esta estafa (por la expropiación) fue de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, pero no hubiera sido posible si ellos (por el kirchnerismo) no lo hubieran votado", azuzó el diputado Santiago Pauli.Lo interrumpió el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien en un vehemente discurso recordó que la UCR en 1992 había advertido contra la privatización de la petrolera y llamó a no hacer partidismo con esa situación.Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto procuró ponerle paños fríos al debate. "Seamos responsables. No quieran levantar banderas que no ayudan al debate y la unión que debemos tener los argentinos ante un fallo que no corresponde. Tenemos que demostrar madurez para defender YPF", enfatizó.
La Cámara baja se reúne este miércoles en sesiones especiales para debatir varias iniciativas con impacto fiscal, que son resistidas por la Casa Rosada. La disputa política se concentra en lograr la mayoría necesaria
El economista Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, habló largo y tendido sobre la expropiación de YPF, concretada en 2012, y aseguró que no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una serie de intentos frustrados por alcanzar un acuerdo con la petrolera Repsol. "La estatización era la última opción, no la primera", afirmó durante una entrevista radial.Según explicó durante su paso por Radio Con Vos, el proceso de discusión y las negociaciones se iniciaron en septiembre de 2011, meses antes de que se concretara la estatización. En ese entonces, Agis formaba parte del equipo económico y técnico que asesoraba a Axel Kicillof, quien cumplía funciones como ministro de Economía."No fue que un día se levantó Cristina [Kirchner] y dijo 'me quedo con YPF'. El equipo económico tuvo muchas reuniones con Repsol. Intentamos buscar políticas que cumplieran con lo que Repsol quería y lo que el Estado necesitaba, que era poner en producción Vaca Muerta. Y en un momento, Antonio Brufau -entonces presidente de la petrolera española- confesó que su intención era vender Vaca Muerta y tenía ofertas firmes", contó.Y justificó: "La decisión que se tomaâ?¦ yo entiendo que ahora parece que había un gobierno chavista, estatista o comunista, que quería quedarse con una empresa privada. Pero de hecho, desde la visión del equipo económico que me tocó integrar, era: 'che, la estatización es la última opción, no la primera. Veamos si podemos mejorar esto y encontrar una solución mediante mecanismos de mercado, en algún acuerdo con la empresa y el sector en su conjunto'. La verdad que no se pudo y tuvimos que avanzar de esta manera".Durante la conversación radial, Álvarez Agis presentó reparos respecto de la situación societaria en la que se encontraba la compañía previo a la expropiación: "YPF era una compañía que tendría que haber invertido más que distribuir dividendos. Eso fue lo que para mí estuvo mal pensado. Fue un error estresar el balance para distribuir dividendos destinados a que un accionista pudiera terminar siendo propietario de las acciones, con una compañía que claramente tenía un desafío de inversión muy grande, incluso antes de Vaca Muerta"."Si la elección del grupo inversor [Petersen] estuvo amañada, no lo sé, no me consta. No me interesa opinar sobre eso. Mi fuerte es la economía. Desde el punto de vista económico, ¿tiene sentido someter a YPF a una distribución de dividendos tan grandes como las que tuvo para que un accionista se quede con el 25% de la compañía, sea nacional, amigo del presidente o extranjero? No", reforzó el exfuncionario.También advirtió: "Nadie nunca tampoco me dijo a mí ni al equipo económico 'che, cuidado con Petersen. Che, ahí hagamos un tratamiento judicial'. De hecho, la decisión de estatización era por todos conocida que terminaba haciendo que Petersen tuviera que entregar las acciones que tenía en garantía".Además, añadió que los Eskenazi vendieron de forma irregular los derechos a litigar a los fondos que ahora demandan. Y que la suma de US$ 16 mil millones no está bien calculada. "Son 125 millones de dólares lo que correspondería" en caso de que tocara, explicó. "Porque la cuenta se debe hacer al tipo de cambio oficial en el momento en el que se realiza la expropiación", indicó.Hechas esas dos salvedades, el exviceministro de Economía defendió la decisión tomada por la entonces gestión de Cristina Kirchner, que fue avalada además por el Congreso. "Cuando uno toma una decisión de este tipo, a los funcionarios que participamos nos interesaba no violar la ley, por una cuestión moral y personal", insistió."Entre los requisitos para realizar la expropiación, la ley dice que es necesario indemnizar al dueño de la compañía. Durante el gobierno de [Carlos] Menem, se escribió un estatuto que señalaba que si en algún momento el Estado quisiera recuperar más del 49% del paquete accionario de YPF, quedaba obligado a hacerle una oferta de compra al resto de los accionistas a un valor cuatro veces mayor mayor a la tasación del mercado", explicó."Abogados del Estado, estudios jurídicos privados de la Argentina y del exterior dictaminaron entonces que ese estatuto se daba a patadas con la Constitución Nacional. Y esa es la razón por la cual el Estado, al expropiar YPF, entiende que no tiene que hacer una oferta al otro 49% de los accionistas privados. No es que no se hizo para ahorrar plata, por hacernos los vivos, los machos, los genios", puntualizó.Y cerró: "Lo que uno hace es pedir documentos legales a los propios abogados del Gobierno, que te dicen 'ustedes tienen que hacer esto o no tienen que hacer esto'. La decisión de no hacer una oferta del 49% no es que charlamos con Axel [Kicillof] un día y dijimos 'vamos para adelante, viva la Argentina'. No. Estuvo avalada por la jurisprudencia de la Argentina, por los mejores estudios de abogados y la propia fuerza del Estado".El fallo de la jueza Preska y la jugada de BurfordEn otro tramo de la entrevista, Álvarez Agis cuestionó con dureza el fallo del tribunal de Nueva York que ordenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF. "Lo que veo es parecido a lo que fue el caso de los fondos buitre, incluso con una gravedad mayor. Es una injerencia de tribunales extranjeros en cuestiones domésticas", dijo. Y alertó: "Creo que si un juez en Nueva York va a resolver controversias entre la Constitución Nacional y el estatuto de una compañía, el mundo se puede ir a lugares muy extraños".Asimismo recordó que el grupo Petersen no litigó contra el Estado argentino tras la expropiación, sino que se desprendió de sus derechos de cobro luego de que los dos "vehículos" por los que alquiló YPF quebraran: "Burford pagó 17 millones de euros por el derecho a litigar. Según la ley española, primero debían ofrecerle esa posibilidad al Estado argentino. Decidieron entonces generar una sociedad para no vulnerar la ley".Por último, el exviceministro instó a dejar de lado la disputa partidaria para analizar el caso con una mirada estratégica: "Yo entiendo que muchos utilizan esto políticamente, pero acá se juega el interés del país. Nos deberíamos sacar un poco las cuestiones partidarias y entender que las leyes nacionales tienen que estar por encima de los estatutos de una empresa". Y sentenció: "Tuvimos que tomar una decisión que no nos gustó. ¿Cuál? Estatizar YPF. ¿Por qué? Porque creíamos que era el mal menor para un bien mayor".
Rodeada de casi todos los gobernadores, su gabinete y con la plana mayor de La Cámpora en la primera fila, Cristina Kirchner anunció el 16 de abril de 2012 la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que por entonces estaba en manos de la española Repsol. La por entonces presidenta, hoy con prisión domiciliaria acusada por corrupción en la obra pública, envió ese día un proyecto de ley al Congreso en el que se declaraba de "interés público y nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos". La iniciativa tuvo amplio respaldo en ambas cámaras y se avanzó de esta manera en la expropiación, que derivó en un juicio contra la Argentina que tramita en los tribunales de Nueva York. Por la decisión de Cristina Kirchner, se abrió un conflicto con Espña, que denunció que se había "roto la seguridad jurídica" y califició de "arbitraria" y "hostil" la expropiación. La Unión Europea y Estados Unidos también criticaron el avance del entonces gobierno argentino. El día que Cristina Kirchner anunció la expropiación de YPFLa votación en el CongresoLa votación de la expropiación de YPF , que fue lo que originó el proceso judicial en Nueva York, se realizó en 2012. La ley fue sancionada en Diputados, con el apoyo mayoritario del kirchnerismo y sus aliados.El proyecto para expropiar el 51% del patrimonio de YPF que envió la entonces presidente Cristina Kirchner fue aprobado en una sesión maratónica el 3 de mayo de ese año por 208 votos afirmativos contra 32 negativos. Pro, Coalición Cívica y Unión Celeste y Blanca fueron algunos de los que rechazaron el proyecto kirchnerista.Entre los legisladores que votaron afirmativamente hubo muchas voces que hoy critican al kirchnerismo. Entre ellos, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Gerardo Milman, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile o Julio Martínez, entre otros. Claro que también se destacan referentes que hoy están cerca de la ex presidenta Cristina Kichner, como Diana Conti (falleció), Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Fernando Solanas (falleció), Héctor Recalde, Rosana Bertone, y hasta Omar Perotti.Entre los que votaron negativamente, en cambio, están Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Laura Alonso, entre otros. Los ausentes más notables en esa votación: Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani.Un mes antes en el Senado, la iniciativa obtuvo 63 votos afirmativos y 3 negativos. Los que rechazaron la iniciativa fueron Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. Se ausentaron Carlos Saúl Menem y Roberto Basualdo, mientras que se abstuvieron Norma Morandini, Blanca Monllau, María Eugenia Estenssoro y Oscar Castillo.
La periodista se refirió al impacto del fallo de la jueza Loretta Preska por el juicio de YPF y comentó: "A quienes siguen el tema YPF no les sorprendió la dureza del fallo". Leer más
"Nada mina más, porque se está hablando mucho de la soberanía, que la desconfianza que generan los incumplimientos del propio Estado", planteó el periodista especializado en economía. Leer más
El exdiputado le respondió al actual titular de la Cámara Alta recordándole la decisión de su tío, el expresidente Carlos Menem, de vender la "acción de oro" de la empresa que permitió su privatización.
Hoy la jueza Loretta Preska ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del juicio en EEUU
La Justicia de los Estados Unidos le ordenó al país entregar el 51% de las acciones de la petrolera.Es para pagar una indemnización equivalente a US$ 16.000 millones.El país perdería toda su posición en la petrolera.
Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
Para Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, pese a críticas, con la medida no se vulnera el derecho a la propiedad
Gobierno amplía plazo de alegaciones a expropiación de terrenos del hotel Algarrobico en Carboneras, tras solicitud de Azata del Sol de 60 días hábiles para estudiar el expediente
Jay Newman, ex gestor de cartera del fondo de cobertura Elliott Management, escribió una columna para el Financial Times donde ofrece una perspectiva crítica sobre el fallo en primera instancia en el caso Petersen vs. Argentina, que impone a la Argentina una condena de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. Para Newman, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU debería anular la decisión ya que la disputa pertenece a la jurisdicción argentina."En un extraño giro del destino, tres jueces estadounidenses tienen el destino de una nación en sus manos. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos decidirá pronto si una sentencia de US$16.000 millones de dólares contra la República Argentina debe mantenerse", señala el también novelista estadounidense en el extenso artículo que publicó en el diario británico. Advierte que, de ratificarse el veredicto, frustraría los planes de la administración Milei de reestructurar un "sistema político" que tiene reservas negativas por US$6000 millones y negocia por estos días un rescate por US$20.000 millones con el FMI.Aun cuando Newman duda de que la sentencia se confirme -alega que el Segundo Circuito tiene motivos suficientes para dejar sin efecto el falló del tribunal inferior-, no deja pasar que "el caso nunca perteneció a un tribunal de Nueva York en primer lugar", como sostiene nuestro país en su apelación al fallo."Los procedimientos legales deberían haber permanecido en la Argentina, ya que la disputa es puramente local y abarca un microcosmos de la sociedad y la política argentinas. Afecta prácticamente todas las facetas de la vida cívica argentina, desde su desarrollo histórico, las facultades gubernamentales, el régimen jurídico, el derecho sustantivo, la política energética y el interés público", argumenta en uno de los párrafos de la columna.No es el único reparo que tiene. El ex gestor de fondos cuestiona también el cálculo de los daños establecido en el fallo original. Señala que la indemnización se basó en el valor del peso argentino en 2012 en lugar de su cotización al momento del veredicto, lo que, según él, infló la cifra de manera significativa. "Debido a la depreciación del peso frente al dólar durante los 12 años transcurridos desde 2012, la indemnización debería acercarse a los US$100 millones", denuncia el exejecutivo de Elliott Management. Señala entonces que una corrección en este cálculo podría reducir considerablemente la indemnización impuesta al país.Newman cierra el artículo del Financial Times con una reflexión: "La credibilidad de los tribunales y del sistema legal estadounidense está en juego. Imaginemos el justificable inconveniente que se gestaría si los tribunales argentinos oportunistamente iniciaran demandas contra Estados Unidos basándose en hechos que tuvieron lugar aquí, regidos por la legislación estadounidense ... El destino del proyecto de revitalización económica de una nación penden de un hilo".Sobre el caso Petersen vs. ArgentinaEl caso Petersen vs. Argentina es una disputa legal derivada de la expropiación de YPF en 2012. En ese año, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el 51% de las acciones de la petrolera, que en su mayoría pertenecían a la española Repsol. Sin embargo, la expropiación no se realizó siguiendo los términos establecidos en el estatuto de la compañía, que exigía que cualquier comprador que adquiriera el control de la empresa hiciera una oferta pública por el resto de las acciones.Los demandantes, los fondos Petersen Energía y Eton Park (que habían adquirido acciones de YPF), argumentaron que la Argentina debía haberles ofrecido comprar sus acciones bajo las mismas condiciones. Como esto no ocurrió, demandaron al país en tribunales de Nueva York, alegando un incumplimiento contractual.En 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de la Argentina y estableció una indemnización de aproximadamente US$16.000 millones. La Argentina apeló el fallo, al argumentar que la expropiación fue una decisión soberana y que el caso debería haber sido tratado en tribunales argentinos, no en Estados Unidos.
La dependencia educativa federal informó sobre dos fechas más en lo que resta del mes en que las actividades académicas serán suspendidas
La Municipalidad de La Matanza informó la semana pasada que el gobierno de la provincia de Buenos Aires realizó el depósito judicial para concretar la expropiación del Centro de Medicina Física y Rehabilitación (Cemefir), una institución de rehabilitación física para personas discapacitadas que estaba al borde del remate por el peso de una hipoteca y por la demora en el proceso de expropiación, que había comenzado con una ley votada en la Legislatura provincial a fines de 2021. El edificio, ubicado en la calle Perú de la localidad de San Justo, pasará a manos municipales. En una resolución de ayer, la jueza a cargo del juicio de la hipoteca resolvió suspender cualquier posibilidad de ejecutar el desalojo del lugar hasta que finalice el juicio de expropiación y puso como fecha estimativa el 23 de diciembre de 2026.En su "sentencia definitiva" publicada el martes, la jueza Laura Mato, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº1 de La Matanza, que entiende en el proceso por la hipoteca que pesa sobre la Asociación Cooperadora del Cemefir, resolvió "mantener la suspensión" de "la ejecución de acciones y/o trámites y/o diligencias que tengan por objeto ordenar o ejecutar el desalojo del Cemefir", que ya había dictado el 5 de julio de 2019. Lo estableció "hasta que recaiga sentencia definitiva" en la causa por la expropiación del lugar, que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de La Matanza, y fijó "estimativamente, el día 23 de diciembre de 2026â?³.Mato consideró que podrían "generarse daños de carácter irreparable por el no funcionamiento del centro de medicina y rehabilitación para el colectivo de pacientes (niños y adultos con diferentes grados de discapacidad tanto física como mental)".En una audiencia convocada por la jueza, que se realizó el jueves pasado, la Fiscalía de Estado bonaerense informó sobre el estado del expediente de expropiación, y la Municipalidad de La Matanza indicó que "se hizo efectivo el depósito del monto de la valuación fiscal del inmueble". La tasación de la expropiación del edificio, según el Consejo de Expropiación provincial, era de $210.950.000."Tras muchas versiones inexactas sobre problemas en el juicio de expropiación que llevaba adelante la Provincia de Buenos Aires, y con muchos años de intensas gestiones del jefe comunal Fernando Espinoza, apoyadas por la vicegobernadora Verónica Magario, el gobierno de Axel Kicillof giró los fondos necesarios para que el Cemefir siga brindando en sus instalaciones la prestación de salud de altísima calidad que lo identifica", señaló la Municipalidad de La Matanza en un comunicado. "La Provincia de Buenos Aires realizó el depósito judicial de los fondos necesarios para finalizar el trámite para que las instalaciones pasen a la comuna", se resaltó.Temor y demorasLos pacientes del Cemefir habían realizado abrazos simbólicos en el centro de rehabilitación, ante la amenaza de un remate por la falta de pago de la hipoteca y la tardanza del gobierno bonaerense para depositar el monto para la expropiación del edificio. Los plazos máximos que establecía la ley de expropiación para concretar el pase a manos municipales del edificio vencían el 25 de enero de este año. Ante la urgencia, el 12 de diciembre de 2024 la jueza Mato pidió información a la Provincia y al municipio sobre la expropiación, lo que derivó en la audiencia del 20 de febrero pasado, en la que la intendencia comunicó que se había concretado el depósito.La ley para que el Cemefir pasara a manos municipales se aprobó el 28 de diciembre de 2021, en una sesión en la que la prórroga de las reelecciones de los intendentes se había llevado toda la atención. El 30 de junio de 2022, en el expediente por la expropiación, la Dirección de Áreas Institucionales y de Seguridad del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense informó que "el presupuesto general vigente no prevé créditos específicos para atender el presente requerimiento [por el dinero para la expropiación]".Ante un conflicto entre los tres poderesEn diciembre de 2023, el juez Federico Gallo Quintian pidió la apertura de una cuenta en el Banco Provincia para el juicio de expropiación, lo que se concretó en enero de 2024. En paralelo, se desarrolla desde 2011 el juicio por la hipoteca tomada por la cooperadora del Cemefir. Esa deuda asciende a US$1.370.926, según los demandantes del pago.El 10 de febrero, el secretario de Salud de La Matanza, Alejandro Collia, hizo una presentación en el expediente de la expropiación para señalar que "se encuentran gestionando la solicitud de los fondos" para el "pago indemnizatorio". El depósito se concretó más de tres años después de la sanción de la ley de expropiación en la Legislatura. La norma la habían impulsado legisladores peronistas de La Matanza, como las exsenadoras Ana De Valle y María Reigada, y el actual diputado Ricardo Rolleri.
La ONG Republican Action for Argentina (RAFA) se presentó la semana pasada en el juzgado de Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para pedir que se revoque el fallo en contra de la Argentina por US$16.100 millones en el juicio por la expropiación de YPF, y logró que la jueza emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. Las partes deberían dar su opinión este martes."Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta mañana para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos", dijo a LA NACION Fernando Irazú, representante de la ONG. Según el abogado, la sentencia es "un fraude procesal que consuma un fraude internacional en un esquema criminal por el cual se llevan el fruto de una corrupción gubernamental que ha afectado a YPF y a todos los argentinos". Irazú se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuesta compra fraudulenta, en 2008, del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia con el matrimonio Kirchner. De acuerdo con el letrado, no solo están afectados los intereses de los argentinos, sino también de los norteamericanos, porque el fallo es un "policy making" terrible que abre el sistema judicial estadounidense para que corruptos vayan a solicitar el fruto de la corrupción". Sin embargo, conocida la presentación, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior, dijo que el tema Eskenazi ya fue parte central de este juicio y no formó parte del fallo final por falta de pruebas, porque la misma jueza consideró que no había argumentos para anular el caso.En el mismo sentido, el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht, dijo que el planteo de la ONG es un "remedio heroico que tiene la misma chance de progresar que mandando al arquero a cabecear en el último minuto del partido y ese arquero es el Chapulín". En su cuenta de X, agregó: "Ya en United States v. Beggerly, 524 U.S. 38 (1998), la SCOTUS consideró que el alivio bajo la regla 60(b)(6) está disponible solo en casos extraordinarios y que las partes deben demostrar que no pudieron haber descubierto la evidencia de corrupción con anterioridad mediante una diligencia razonable ¿Cuál sería el hecho de corrupción que le fue omitido al tribunal si dicen que se basó en una denuncia que tiene más de 15 años? Y vamos a suponer que con posterioridad a la sentencia se hubiera confirmado un hecho de corrupción en el país demandado. ¿En serio piensan que el tribunal americano está obligado a tomar nota? ¡Qué poco serio todo!", cerró.Línea de tiempoEl 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una filial constituida en España de propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%. El 7 de mayo de ese año entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol "sujetas a expropiación" y bajo "ocupación temporal" por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo con el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC, fondo que presenta los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó la petrolera.Apenas un mes después, el 8 de abril, Petersen presentó una demanda contra el país e YPF por "incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio". Y agregó: "Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones".En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.En septiembre, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que la Cámara de Apelaciones designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso.
La Superintendencia de Salud justificó en 2024 su intervención por deficiencias en atención médica, desabastecimiento de insumos y errores contables
El Ejecutivo ha instado a la Junta de Andalucía a expropiar la parte sobre la que tiene potestad para poder iniciar el proceso
El Gobierno impulsa el Plan Catatumbo como una estrategia para transformar la región y fortalecer la producción agrícola legal, por lo que afirmó que los terrenos adquiridos serán destinados a proyectos de desarrollo sostenible
Según Lafaurie, en este contexto de caos y desplazamiento masivo, el Gobierno debería enfocar sus esfuerzos en garantizar la seguridad y restablecer el orden antes que en implementar medidas de expropiación que podrían agravar la incertidumbre
El director de la entidad, Felipe Harman, sostuvo que no está en los planes del Gobierno Petro quitarles tierras a los colombianos para atender la delicada situación de orden público en el Catatumbo
La exministra señaló que esa no es la forma ideal de poner en marcha una reforma agraría en Colombia
Aunque el Gobierno defiende la medida, otros sectores advierten sobre el riesgo de la medida, porque puede afectar a los legítimos propietarios
La congresista alertó sobre posibles implicaciones legales de los decretos emitidos por la administración Petro bajo la declaratoria de conmoción interior, mientras que su colega del oficialismo respaldó la medida, considerándola una respuesta necesaria para la situación en el Catatumbo
La congresista afirmó que lo anunciado por el Estado viola la propiedad privada de los colombianos
Los artículos publicados por la actual administración están enfocados al financiamiento, créditos, alivio de pasivos y la suspensión de cobros judiciales
El Gobierno designó a Santiago Castro Videla al frente del cuerpo de abogados del Estado. Además de estar especializado en derecho administrativo y estar diplomado en derecho constitucional y procesal, es socio del constitucionalista Alberto B. Bianchi, presentado como testigo por Burford Capital en el juicio contra Argentina. Leer más