expediente
Ministro de Transportes anuncia que se desarrollará expediente técnico para saber cuánto costarán las obras del tren Lima-Chosica
La decisión fue respaldada por diversas instituciones técnicas y gremiales, que coincidieron en que la obra debe avanzar sin presiones externas y bajo estándares internacionales de seguridad
Contraloría alerta que GORE Callao sigue sin presentar culminar expediente técnico de obra de más de 13 millones de soles
De acuerdo a la Contraloría, el Gobierno Regional del Callo buscaba, con esta obra, atender a 1.360 alumnos en un plazo de diez años
Una donación de Karina Milei conecta a la escuela de Sebastián Pareja con el expediente de la Mafia de la Aduana
En 2024 se elevó a juicio la causa que investigó una red de contrabando a gran escala. Uno de los imputados, Darío Donolo, recibió rezagos aduaneros en febrero de 2025 y, a través de su fundación, inscribió el dominio de la EFDAP. Leer más
El Gobierno ultima el expediente para pedir a la Justicia la ilegalización de la Fundación Francisco Franco
Ingresaron al expediente más casos de muertes por el fentanilo contaminado
La Justicia analiza más de 100 nombres de pacientes que fallecieron en hospitales públicos y sanatorios privados, incluido un centro pediátrico "al menos desde marzo". Leer más
Fentanilo contaminado: ya suman 122 las muertes asociadas al expediente judicial que derivó en una decena de detenciones
Más de un centenar de historias clínicas aparecen en uno de los legajos incorporados a las más de 1200 fojas del expediente por el estrago en salud pública que provocó la comercialización en el país de ampollas de fentanilo contaminado con bacterias resistentes a múltiples antibióticos. Son 122 nombres de pacientes que fallecieron en 13 hospitales y sanatorios del país, incluido un centro pediátrico. Los documentos describen diagnósticos, antecedentes clínicos, intervenciones y medicamentos suministrados que las autoridades de esas instituciones de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, más de la ciudad de Buenos Aires, entregaron al Juzgado Federal N° 3 de La Plata. Junto con un primer informe sobre el nexo entre la administración del fármaco y la muerte que elevó el Cuerpo Médico Forense, forman parte de las pruebas que llevaron a una decena de detenciones la semana pasada. Hasta ahora, el juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, había revelado que investigaba 96 casos, 87 confirmados y nueve sospechosos.Entre las detenciones figura la de Ariel García Furfaro, dueño mayoritario de HLB Pharma y "propietario y gerente oculto" -según definió la investigación- de Laboratorios Ramallo, que es donde se elaboraron los lotes de fentanilo contaminado entre el 18 y el 19 de diciembre pasado. Su liberación al mercado está documentada a partir de enero. El director técnico de un laboratorio es el responsable de declarar que el medicamento no causará daños porque cumple con los criterios de calidad y seguridad para su uso. De acuerdo con las detenciones libradas, los directores técnicos de Ramallo eran Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio. Por HLB, era José Antonio Maiorano. Las 122 historias clínicas que ya están incorporadas al expediente corresponden a pacientes que recibieron fentanilo de HLB "al menos desde marzo", según se describe, en 13 centros públicos y privados de ciudades de cuatro jurisdicciones. NóminaLa nómina a la que accedió LA NACION incluye los 20 casos con desenlace fatal por los que le imputan al dueño de HLB Pharma haber integrado -con 16 o más personas que trabajaban para ambas sociedades anónimas- una cadena de decisiones sobre "la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración" de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo de HLB derivado para su elaboración a la planta de Ramallo. Esos 20 casos son, también, los primeros que analizó el Cuerpo Médico Forense con la presencia de peritos de parte. En 12, la junta médica concluyó que la infección generada por las bacterias presentes en el fentanilo agravó lo suficiente el cuadro de los pacientes como para provocar la muerte. Las historias clínicas en el expediente hasta el momento corresponden a:1 paciente del Hospital Subzonal Felipe A. Fossati de Balcarce2 pacientes del Sanatorio Dupuytren de la ciudad de Buenos Aires3 pacientes del Hospital Comunitario de Pinamar 4 pacientes de la Clínica Privada Vélez Sarsfield de Córdoba5 pacientes del Instituto Cardiovascular de Rosario5 pacientes del Sanatorio de Niños de Rosario5 pacientes del Sanatorio Laprida de Rosario6 pacientes del Hospital Cullen de Santa Fe7 pacientes del Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Santa Fe15 pacientes del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario18 pacientes del Sanatorio Parque de Rosario20 pacientes del Hospital Italiano de La Plata 31 pacientes del Hospital Italiano de Rosario (sedes centro y sur) La semana pasada, cuando se conocieron las conclusiones de la junta médica, un grupo de familias de víctimas continuaban organizando informes de nuevos posibles afectados que les llegan de diferentes puntos del país, aunque aún no estaban presentados en la causa. Los seis peritos del Cuerpo Médico Forense habían analizado una primera serie de historias clínicas con informes del instituto Malbrán sobre el brote de enfermedad invasiva por las bacterias Ralstonia mannitolilytica (inicialmente señalada como Ralstonia pickettii, otra especie) y Klebsiella pneumoniae aisladas tanto en muestras de pacientes como en ampollas de fentanilo. Trabajaron sobre nueve decesos ocurridos en el Hospital Italiano de La Plata, seis en el Hospital Clemente Álvarez de Rosario y uno, por caso, en el Instituto de Traumatología y Ortopedia/Sanatorio Dupuytren, el Hospital Cullen de Santa Fe y el Sanatorio Parque de Rosario. El uso de fentanilo en quirófano o terapia intensiva, de acuerdo con las historias clínicas, fue en los meses de marzo, abril o mayo. Antecedente tempranoEn abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata aún no había enviado la primera comunicación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sobre el brote en sus unidades de terapia intensiva, ese organismo recibió una planilla desde el Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia con 26 casos de meningitis aséptica, no bacteriana, que desaparecía con los días sin secuelas. Ese programa lo integran 18 asociaciones provinciales de anestesiología. Los casos, según pudo conocer LA NACION, incluían cesáreas y otras intervenciones de bajo riesgo. Pero en todos los casos, que anestesiólogos seguían reportando a ese programa desde el sector público y privado de distintas provincias, tenían en común que habían recibido fentanilo y bupivacaína, otro anestésico. Con los días, la investigación dentro del programa determinó, entre otros resultados, que se habían utilizado dosis de fentanilo del mismo laboratorio -HLB Pharma- y el mismo lote: 31.202. Surgió la sospecha de que, en el caso de los medicamentos administrados, podía haber un desvío de calidad. "Una cantidad grande de pacientes estaban teniendo una complicación muy rara en la anestesia raquídea, un procedimiento muy seguro, con fármacos seguros. Esto, sin duda, era excepcional", remarcó Mariana Flichman, responsable del programa.En ese momento, aún no se hablaba de lo que la Anmat alertó a partir del 8 de mayo. El 28 de abril, vía mail, desde ese organismo regulador respondieron que habían tomado conocimiento de la notificación los departamentos de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgos, junto con el de Vigilancia Post-Comercialización y Acciones Reguladoras, en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Finalmente, el Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia notificó más de 45 casos. "En ese primer momento, no sabíamos si la causa de esas meningitis no infecciosas, que se interpretan como químicas, era el fentanilo o la bupivacaína. Al principio, nos confundía. Pero ya, en ese momento, teníamos casos asociados con ese lote [de HLB]. Aunque no estábamos seguros de cuál de los dos fármacos podían estar provocando esos eventos adversos, lo denunciamos a la Anmat para que se investigara", recordó Flichman. En diálogo con LA NACION, la médica especializada en seguridad del paciente, explicó que se trataba en general de mujeres jóvenes y sanas, en muchos casos que ingresaban a cesárea. "El fentanilo se usa como anestésico en esas intervenciones y las pacientes desarrollaban un cuadro durante 48 o 72 horas de cefalea intensa, algunas con fiebre, convulsiones y síndrome meníngeo [irritación e inflamación de las meninges], que se revertía espontáneamente -repasó Flichman-. Cuando esto se empieza a repetir y en distintas provincias, la ventaja de un programa federal de reporte de incidentes es que permite transformar la anécdota de un caso individual en estadística. Facilita agrupar esos casos y hacer un diagnóstico rápido".
Caso ANDIS: los abogados que circulan alrededor del expediente judicial
Los Kovalivker designaron a Martín Magram, mientras que aún es un misterio quién representará a Diego Spagnuolo. Francisco Oneto y Santiago Viola están cerca de Javier y Karina Milei, pero en el gobierno dicen que los hermanos no necesitan una defensa. Leer más
Conmebol abrió un expediente disciplinario tras los incidentes en la cancha de Independiente y el club ahora tiene cinco días para hacer su descargo
La Confederación Sudamericana publicó el informe del árbitro y del delegado.Imputa al club argentino de infringir 8 artículos del Código Disciplinario, el Reglamento de Seguridad y el Manual de Clubes.Cuáles son las posibles sanciones.
Los datos del expediente que contradicen la versión de Cristian Graf
Durante una extensa entrevista televisiva, Norberto Cristian Graf, imputado de encubrimiento agravado y "supresión de evidencia", sostuvo que no sabe cómo el cuerpo de su excompañero de la escuela secundaria, Diego Ferández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984 fue enterrado en el fondo de su casa, en Coghlan, sobre la medianera con una propiedad demolida para construir un edificio.En una entrevista con el canal de noticias TN, Graf, de 58 años, afirmó que los restos óeos fueron hallados en el terreno lindero y no en fondo de su casaporque, argumentó, se encontraron bajo la medianera, donde antes había una ligustrina."Cómo pasó no sé", agregó el sospechoso. Y afirmó que él y familia tienen "la conciencia limpia". Graf contestó que no sabe si alguien "le plantó el cuerpo" de Fernández Lima porque fueron compañeros de estudio.Pero las pruebas reunidas en el expediente dicen lo contrario. El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la investigación, sostuvo en un dictamen donde pidió que Graf sea citado a prestar declaración indagatoria que pudo acreditarse que "efectivamente" la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la propiedad que "habitó y habita" Graf. El representante del Ministerio Público explicó que "no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio".En la entrevista, el periodista Sebastián Domenech le preguntó a Graf si descartaba que haya sido su padre, ya fallecido. "Obvio que sí", dijo. "Es mi papá, no puede ser. De la familia nadie. Ni se me ocurriría pensar eso", agregó, a pocos metros de donde fueron hallados los restos óseos del hombre hasta ahora desaparecido. Más tarde diría que "pone las manos en el fuego por sus padres".Ante la pregunta de si cree que le plantaron el cuerpo, Graf fue tajante: "La verdad que sí. De una forma u otra está. Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí y salió a la luz ahora por la obra, si no nunca más te hubieses enterado. Es terrible". Dijo que siente "angustia e impotencia".El 20 de mayo pasado, cuando fueron encontrados los huesos por los albañiles que trabajan en el lote de la avenida Congreso 3748, al lado de la propiedad de la familia Graf, el excompañero de Fernández Lima, al llegar de trabajar, habló con los obreros."Quise ver dónde habían encontrado los huesos y vi policías que no nos dejaron pasar". "No entendía nada. No tenía razón de ser", agregó. Y dijo que con los obreros "tuvimos charlas de nada en especial, ninguna teoría. Escuché que habían dicho que había traído tierra cuando hice esa famosa pileta, pero cómo iba a traer un camión y vos sacas tierra, no entras".Pero los testigos que declararon ante el fiscal López Perrando dijeron otra cosa. Rolando Medina Rodas, uno de los albañiles, bajo juramento de decir la verdad, dijo que se lo notaba preocupado.Cuando el representante del Ministerio Público le preguntó si había tenido contacto con los vecinos de la casa lindera, situada en avenida Congreso 3742, el testigo respondió: "De manera directa no, pero en un momento un hombre se acercó y dijo que teníamos prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Nos llamó la atención porque estaban haciendo una medianera nueva. No tenía mucho sentido que prohíba el trabajo por un árbol que en sí mismo no llamaba la atención ni nada por el estilo, que además estaba en el terreno de la propia obra, particularmente sobre la medianera trazada. En todo momento estuvo presente, cerca de ellos [por los albañiles], controlando lo que hacían cada vez que se acercaban a la medianera. Lo notaba preocupado".El 20 de mayo pasado, el día del hallazgo de las 151 piezas óseas, Graf se acercó a la vereda y, mientras los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad realizaban el levantamiento de evidencias, trazó una serie de hipótesis sobre los huesos encontrados en el fondo de su casa. Situación que terminó siendo contraproducente para él.Fernando Daniel Scarfo, licenciado en Seguridad Higiene que cumple funciones en la obra de la avenida Congreso 3748, declaró como testigo y recordó las palabras de Graf."[Scarfo] cree que dijo 'donde es mi casa pudo haber sido una iglesia'. Dijo que los curas pudieron haber enterrado a los que se iban muriendo. Después dijo que muchos años atrás hubo un establo y, al final, contó que tuvieron que nivelar el terreno del fondo donde está ubicada la pileta y pidió tierra para nivelarla y los huesos pudieron haber estado en el camión", según se desprende del dictamen donde el fiscal López Perrando solicitó que Graf sea indagado por los delitos de "encubrimiento agravado" y "supresión de evidencia".Al fundamentar la imputación, el fiscal López Perrando explicó: "Al momento en el que iniciaron los trabajos de excavación en el domicilio lindero a su casa se mostró preocupado, temeroso de que la verdad saliera a la luz y por ello les espetó a los obreros que tenían prohibido cortar un determinado árbol que se hallaba cercano a la medianera que dividía ambas propiedades e incluso ante la imposibilidad de que puedan cumplir con dicha petición, su actitud al momento en que avanzaba la construcción fue de suma preocupación: observaba, vigilaba, veía que cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que los restos de la víctima fueran hallados".
El Ayuntamiento de Alicante abre un expediente a un trabajador de una playa por prohibir el paso a "rojos" y "etarras"
La acción responde al rechazo unánime de expresiones de carácter discriminatorio en espacios públicos
Caso Cebra: Obregón se abstuvo a declarar y su defensa busca tiempo para acceder al expediente
El empresario chaqueño, investigado por contrabando y presunto lavado de activos, designó al penalista Pablo Vianello como su abogado. La familia pidió que evite pronunciamientos públicos mientras se define la estrategia legal. Leer más
Del verbo al expediente judicial
"Verba volant, scripta manent", decían los romanos para recordarnos que las palabras vuelan, pero lo escrito permanece. En tiempos de inteligencia artificial generativa (IAG), quizá debamos actualizar el adagio: lo que se escribe en el ChatGPT puede terminar en un expediente judicial. No se trata de una teoría conspirativa: lo refirió Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa creadora del glamoroso chatbot. La afirmación surgió en un podcast estadounidense de tono relajado -This Past Weekend, conducido por Theo Von- en el que Altman, entre bromas y confesiones, deslizó una verdad que pocos sabían o querían escuchar: las conversaciones que los usuarios mantienen con el ChatGPT no gozan de confidencialidad legal.A diferencia de lo que ocurre con un médico, un psicólogo o incluso un sacerdote en el confesionario, las charlas con el modelo de inteligencia artificial podrían ser utilizadas como evidencia en un proceso judicial. Ya existen casos, en tribunales de Estados Unidos y de la Unión Europea, donde los chats con IAG son ofrecidos como prueba de cargo en expedientes judiciales.Altman lo calificó de "muy problemático" y advirtió que el sistema carece de un marco robusto de protección legal. Porque, a diferencia del secreto profesional que ampara al terapeuta, al médico o al abogado, lo que se escribe en el ChatGPT queda almacenado en sus servidores y puede ser requerido por un magistrado en el marco de una investigación judicial. La revelación no generó un escándalo internacional pero advirtió sobre un hecho con impacto en el universo jurídico, ya que hasta las secuelas de una ruptura amorosa pueden ser reveladas, por ejemplo, en el marco de un juicio de divorcio.¿Y qué implica esto para el ciudadano de a pie? Pues que todo lo que consulta, redacta o confiesa en el chat puede almacenarse y, eventualmente, ser requerido por un juez, un fiscal o hasta un tercero en juicio. Es decir, el chat que hoy colabora con el lector para escribir un telegrama de renuncia, mañana podría ser parte del expediente de una demanda laboral. Y lo más preocupante: los usuarios no lo saben o no se detienen a pensarlo. Lo dijo Altman: "No hemos diseñado aún un marco sólido de protección para estas interacciones", reconociendo que la IAG opera como una suerte de diario digital sin candado, al que cualquiera puede asomarse si la ley así lo permite. En términos jurídicos: lo que el usuario dice en el chat no está amparado por secreto profesional ni por principio de confidencialidad, ni mucho menos por algún tipo de privilegio que impida su divulgación. Vivimos una suerte de "estado de naturaleza digital", como diría Hobbes, donde cada uno navega por su cuenta y riesgo, entregando datos personales a sistemas entrenados para aprender de cada interacción. Es cierto que OpenAI ha implementado funciones como el "modo incógnito" y que asegura borrar datos luego de cierto tiempo. Pero si mañana un juez pide esos registros, ¿podría la empresa negarse a entregarlos? La respuesta es definitivamente negativa.Ahora tenemos que preocuparnos también por lo que le contamos a un asistente virtual. La tecnología no descansa y el derecho llega tarde. En la Argentina no contamos aún con una legislación especial sobre inteligencia artificial ni con reglas específicas que protejan las interacciones entre humanos y máquinas. En la región, la situación es similar, aunque Brasil avanza con cierto ritmo bajo el paraguas de su Ley General de Protección de Datos (LGPD). Por su parte, la Unión Europea sigue marcando el rumbo con la flamante Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), que busca poner límites al uso de sus distintos sistemas en función de los riesgos que conlleva su utilización. Mientras tanto, el sentido común y la virtud de la prudencia deberían llevarnos a pensar dos veces antes de escribirle al ChatGPT algo que no le contaríamos a un juez o a nuestro peor enemigo. Porque lo que hoy parece una conversación inocente, mañana podría utilizarse como prueba de cargo directa o como una presunción grave, precisa y concordante que permita acreditar la existencia de un hecho.La línea entre lo privado y lo público se ha vuelto tan delgada como un código binario. Y mientras seguimos hablando con la IA generativa, como si fuera un oráculo moderno, olvidamos que detrás hay servidores, empresas y, eventualmente, abogados. Como refirió William Shakespeare en su inolvidable Hamlet: "Give me that man that is not passion's slave and I will wear him in my heart's core" (Dame a ese hombre que no sea esclavo de sus pasiones y lo llevaré en lo más profundo de mi corazón): quizá sea tiempo de no ser esclavos del entusiasmo tecnológico y volver a poner la templanza, la razón y la regulación en el centro del escenario. Porque confiar ciegamente en una máquina sin saber quién lee del otro lado no es solo ingenuo: puede ser peligroso.Abogado y consultor en Derecho Digital, Privacidad y Datos Personales; director del programa "Derecho al olvido y cleaning digital" de la UBA; profesor de la Facultad de Derecho UBA y Austral
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Contar con la documentación adecuada puede acelera los procesos legales.¿Qué papeles debes tener a mano y cómo organizarlos?
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El Ejecutivo comunitario cree que las noras en las que se apoyó para endurecer las condiciones de la operación no se ajustan a la legislación europea
La pericia caligráfica del testamento ológrafo de Beatriz Sarlo ya tiene resultado y fue sumada al expediente
Esta medida fue solicitada a la Justicia por Alberto Sato, exmarido de la escritora, tras la aparición del reclamo de la herencia por parte del encargado del edificio donde vivió la ensayista. Leer más
La causa de la sucesión de Sarlo sigue sin juez y el expediente volvió a la Cámara de Apelaciones
El "culebrón" del legado de Beatriz Sarlo tiene nuevas entregas. Hoy, cuando parecía que la sucesión de la escritora -en la que concurren el marido arquitecto residente en Chile, Alberto Sato; el encargado del edificio de Caballito, Melanio Alberto Meza López, y el gobierno porteño- se encaminaba a una nueva etapa del proceso, la excusación del juez Fernando Cesari, del Juzgado Civil n° 60, y el rechazo de la jueza Cecilia Kandus, del Juzgado Civil n° 24, hizo que el expediente retrocediera algunos casilleros. La situación es la misma que hace una semana y otra vez la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil debe expedirse al respecto.El primer juez de la causa fue Carlos Goggi, del Juzgado Civil n° 91, a quien la Cámara de Apelaciones apartó porque entendió que había adelantado el fallo, al excluir como legatario a Sato, el marido de quien la escritora nunca se divorció, por considerar que estaban separados de hecho, por décadas. En un nuevo sorteo, la causa recayó en el juzgado de Cesari, que hoy se excusó de intervenir por razones de conocimiento con el letrado de Sato, el doctor Agustín Mariano Lipovsek Albores, y de su madre, la pediatra Estela Albores, que atendía a los hijos del juez. El juez alegó "cuestiones de decoro y delicadeza"."Gomina para la peluca": la vicepresidenta que desafía a los MileiLa causa, entonces, fue sorteada nuevamente y recayó en el Juzgado Civil n° 24, a cargo de Cecilia Kandus, designada por el Senado en 2018. Pero la jueza también rechazó el expediente al señalar que la excusación tiene que fundarse en la relación con las partes litigantes (Sato o Meza López) y no con "los profesionales que los representan o patrocinan", señala la jueza en un farragoso escrito. "La vinculación que señala el magistrado [Cesari] con el letrado [Lipovsek Albores] y su madre de ningún modo habilitan a la excusación pretendida por motivos graves de decoro y delicadeza", concluye. Ante este "conflicto de competencia negativa" (es decir que ningún juez acepta la causa), la Cámara de Apelaciones debe decidir si le toca a Cesari o a Kandus hacerse cargo del expediente. Sin embargo, si el tribunal confirma a Cesari, los abogados del encargado lo recusarán, porque él mismo sostuvo que tenía afinidad con una de las partes. Lo más probable es que Kandus sea confirmada como la jueza del caso Sarlo.El presunto testamento ológrafo de Sarlo, que ya fue digitalizado, se preserva en una caja fuerte del tribunal y hasta que no se designe juez, el peritaje caligráfico queda en suspenso. Es probable que si el juez determina que el testamento es válido (luego del informe pericial) el letrado de Sato argumente que Sarlo no estaba lúcida al momento de escribirlo, como ya sostuvieron ante medios de prensa algunos amigos de la escritora.Mientras tanto, LA NACION pudo saber que Nini, la gata de Sarlo y Rafael Filippelli, vive con la gata de Meza López, que se llama Itys, en el departamento de la autora de Escenas de la vida posmoderna. Esto se explica porque la pareja de Meza López, que está embarazada de ocho meses, por recomendación médica debe mantenerse alejada de estos animales que transmiten la toxoplasmosis.
La sucesión de Sarlo tiene nuevo juez y el expediente ya no es de acceso público
El juez Fernando Jorge Cesari, del Juzgado Civil n° 60, reemplaza al magistrado Carlos Goggi en la causa de la sucesión de Beatriz Sarlo, en la que intervienen el marido de la autora de Instantáneas, el arquitecto Alberto Sato (que reside en Santiago de Chile), el encargado Melanio Alberto Meza López, que reclama el departamento de la calle Hidalgo, en Caballito, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "Está muy solo": la francesa Laurence Debray prepara "Reconciliación", las memorias del rey Juan CarlosCesari es recordado porque, durante el Mundial de Fútbol de Brasil, en 2014, en una decisión que acaso Sarlo hubiera censurado, adelantó el horario de un juicio para que todos pudieran irse a ver un partido de la selección nacional.En tiempo récord, la semana pasada la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dispuso el sorteo de un nuevo juez. El expediente 2537 ya fue remitido al Juzgado Civil n° 60 y se restringió la consulta pública.Ahora, el juez, tras informar a las partes que ha sido designado como tal, debe esperar el informe del peritaje caligráfico del supuesto testamento ológrafo de Sarlo en el que "dejaba a cargo" su departamento y la gata Nini a Meza López. También se espera que dé intervención a la Procuración General del gobierno porteño, a cargo del doctor Martín Ocampo. Generalmente, la Procuración tiene sesenta días para contestar la demanda, pero es probable que en un caso como este, de repercusión mediática, el juez le brinde menos tiempo.En su resolución, la Cámara de Apelaciones dispuso que Sato tiene que demostrar que él y Sarlo no estaban separados de hecho, pese a ambos tuvieron otras parejas desde su separación en la década de 1970. Tras el informe de la perito calígrafa Liliana Ibáñez, la causa podría tener nuevas bifurcaciones. El peritaje podría resultar favorable a Meza López y, en ese caso, Sato y el gobierno porteño lo podrían impugnar; o bien podría resultar desfavorable al encargado, y entonces serían los abogados del estudio Ciminelli y Asociados los que impugnen el informe.
Una mujer con cáncer es condenada por no pagar el impuesto del automóvil mientras recibía un agresivo tratamiento: le rebajan la multa, pero el caso queda en su expediente
El caso hace que las instituciones se planteen una reforma legislativa
La causa del Correo Argentino: Ariel Lijo no avanzó con un expediente sensible para Mauricio Macri
Entre las muchas causas que Ariel Lijo mantiene con poca actividad en su Juzgado Federal N° 4 se encuentra uno de los expedientes más delicados para el expresidente Mauricio Macri y parte de su entorno. Se trata de la causa conocida como Correo Argentino que desde 2017 investiga sin avances tangibles las presuntas irregularidades en el arreglo que alcanzó la firma de servicios postales -manejada por la familia del expresidente- con el Estado en 2016, durante la gestión del gobierno de la coalición Cambiemos.El acuerdo evitaba al Grupo Socma pagar la actualización de la deuda que acarreaba desde 1997, cuando se hizo cargo de la empresa a cambio del pago de un canon semestral de $51.600.000. A criterio de una fiscal del fuero comercial el acuerdo resultaba tan perjudicial para el Estado como favorable para la empresa controlada por los Macri. El caso en la Justicia nació un año después del acuerdo que, atrapado en los cuestionamientos, finalmente quedaría trunco. Desde entonces, varios fiscales estuvieron a cargo de la investigación. Inicialmente, estuvo en manos de Juan Pedro Zoni, que fue desplazado en 2018; luego, se hizo cargo Gerardo Pollicita, que luego renunciaría a la subrogancia de la fiscalía donde tramita el expediente; finalmente, la investigación recaería sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien la conduce actualmente. En la causa fueron investigados el radical Oscar Aguad, exministro de Comunicaciones de Cambiemos; el extitular de Asuntos Jurídicos de esa dependencia, Juan Manuel Mocoroa, y los directivos de Correo Argentina S.A, Jaime Cibils Robirosab y Jaime Kleidermacher, su representante legal, Por pedido del fiscal Pollicita, todos ellos fueron imputados e indagados, pero ninguno procesado. "No hay novedades", dijo una fuente judicial al tanto de las actuaciones. ControversiaCuando arreciaban las críticas a la candidatura de Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema - muchas de ellas por congelar expedientes sensibles- la ONG Será Justicia, ligada al macrismo, deslizó en su impugnación que el juez federal utilizó la causa del Correo como moneda de cambio en el Consejo de la Magistratura para proteger a su hermano Alfredo "Freddy" Lijo, cuando allí tramitaba una denuncia en su contra por un crecimiento patrimonial desmedido. Fue uno de los ejemplos que esa y otras entidades jurídicas volcaron en sus impugnaciones para intentar graficar cómo Lijo usufructuaba a favor suyo el manejo de los tiempos de muchas de las causas radicadas en su juzgado. El caso del Correo volvió a quedar bajo la lupa luego de que la Corte Suprema rechazara ayer una queja de los directivos del grupo SOCMA para recusar a dos jueces de la Sala II de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Roberto Boico, que revisan las decisiones de los juzgados. Boico, antes de ser camarista, fue abogado de Cristina Kirchner en la causa por el memorándum con Irán. En concreto, el caso investiga un arreglo espurio entre el Gobierno de Cambiemos con la empresa de correo en 2016. El Grupo Macri obtuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, pero según se supo luego, el pago del canon se interrumpió al comienzo de ese contrato, en el segundo semestre de la gestión. Para 2001, la deuda del Correo Argentino S.A. con el Estado ascendía a $296 millones de pesos. La oferta que fue fuertemente cuestionada fue implicaba el pago del "100% del capital verificado" de ese monto en 15 cuotas anuales y consecutivas, a pagar desde fines de 2017 hasta 2033. Con los intereses, el monto ascendía a un total de $555 millones.La fiscal del fuero comercial, consideró en su dictamen de 2016 que la oferta aceptada era "abusiva" e implicaba un grave "perjuicio fiscal" contra el patrimonio del Estado. Calculó que la quita en la fórmula propuesta era del 98,82% y que el Estado dejaba de percibir cerca de 70 mil millones de pesos. Tras el dictamen, el entonces presidente Macri sostuvo en una conferencia de prensa que todo volvía "a foja cero". "No pensamos en un mecanismo para controversias judiciales como ésta, como la del Correo con el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre", afirmó. Luego se inició la causa en el juzgado de Lijo para investigar las responsabilidades del acuerdo alcanzado en 2016. Durante los gobiernos kirchneristas previos al de Cambiemos, y el que vendría luego, se rechazaron otras ofertas para cancelar la deuda. La última de ellas fue objetada en 2021 por Carlos Zannini, en ese entonces procurador del Tesoro. Seguía siendo enorme la distancia en los cálculos de cada una de la partes, tal como consignó LA NACION: si para el Grupo Socma apenas superaría los $ 1000 millones, para la Procuración podría rondar los $ 4300 millones,
A siete décadas del bombardeo a la Plaza de Mayo: 28 imágenes del expediente judicial
El PSOE Aragón suspende de militancia y abre expediente a Alfonso Gómez y Alfonso Martínez por los audios de la UCO
El PSOE Aragón actúa tras la revelación de audios de la UCO, suspendiendo a Alfonso Gómez y Alfonso Martínez y abriendo expedientes informativos por su relación en el caso de corrupción
El Gobierno insiste, tras el registro a la casa de Ábalos, en que actuó con "contundencia" con expediente de expulsión
El PSOE confirma la apertura de un expediente de expulsión a José Luis Ábalos tras el registro de la Guardia Civil en su domicilio por posibles delitos de corrupción en contratos públicos
Elon Musk borró el tuit en el que acusaba a Trump de estar en el expediente Epstein
El multimillonario empresario Elon Musk borró una explosiva acusación publicada en redes sociales en la que vinculaba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y quien se suicidó en prisión en 2019. El dueño de Tesla y la red social X, que abandonó la semana pasada su puesto de consejero de la Casa Blanca, protagonizó el jueves una encendida disputa pública con el presidente estadounidense en la que aseguró que el nombre de Trump aparecía en el expediente Epstein. Por su parte, la administración republicana afirmó que examina decenas de miles de documentos, videos y material que, según su movimiento Make America Great Again (en español Hacer a América grande de nuevo), desenmascarará la complicidad de figuras públicas en los crímenes de Epstein."Hora de lanzar la verdadera gran bomba: [Trump] está en el expediente Epstein", escribió Musk en su red social X, en el punto más álgido de la disputa entre ambos. "Esta es la verdadera razón por la cual no se han hecho públicos", agregó. Sin embargo, Musk no reveló los documentos de los que hablaba y no brindó evidencia de su acusación.Inicialmente, redobló la apuesta con un segundo mensaje: "Conserven este posteo para el futuro. La verdad saldrá a la luz". Pero en algún momento antes de este sábado por la mañana, el multimillonario borró los tuits, que ya no están disponibles en la red. No brindó explicaciones de por qué dio marcha atrás. Epstein, financista estadounidense, fue denunciado por operar una red de tráfico sexual de menores durante al menos dos décadas. Las acusaciones incluyen abuso sexual, explotación de niñasâ??algunas de tan solo 14 añosâ?? y el uso de su red de contactos influyentes para protegerse. Fue arrestado en 2019 y se suicidó en prisión. En febrero pasado, el Departamento de Justicia liderado por Pam Bondi publicó el primer paquete de archivos "desclasificados" relacionados a las causas de Epstein, en los que solo se mencionaba a Trump en los registros del avión privado del exfinancista.En las cerca de 200 páginas de documentos que se publicaron no surge ninguna revelación significativa. Entre los nombres conocidos que aparecen en la libreta de contactos de Epstein figuran Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, el cantante Michael Jackson y el actor Alec Baldwin.También se menciona a Ethel Kennedy (madre de Robert F. Kennedy Jr.), al exgobernador neoyorquino Andrew Cuomo, a la supermodelo Naomi Campbell, a la cantante Courtney Love, a Bob Weinstein (hermano del exproductor acusado de abusos Harvey Weinstein), al fallecido senador Ted Kennedy y el actor Ralph Fiennes.Musk contra TrumpLas desavenencias entre el presidente de la primera potencia mundial y el hombre más rico del planeta cautivan al mundo, pero podrían tener graves consecuencias políticas y económicas para Estados Unidos. En pleno cruce, Trump no aceptó la mano que le tendió el jefe de Tesla y SpaceX, quien buscaba una conversación telefónica. De esta manera, terminó de forma abrupta el "bromance" que redefinió al Partido Republicano el año pasado.El magnate sudafricano, dueño de Tesla, X y SpaceX, pasó de ayudar a los republicanos a hacerse con el control total de Washington -gastó casi 300 millones de dólares, el mayor donante de campaña conocido el año pasado- a atacar a los líderes de más alto rango del partido y desafiar a las bases a que lo enfrenten.Según publicó The New York Times, los asesores políticos de Trump se están preparando para una posible guerra prolongada contra Musk, en la que "los aliados de ambos en la tecnología y la política se vean obligados a elegir un bando", de acuerdo a una persona cercana al presidente.
Elon Musk borró el polémico tuit en el que acusó a Donald Trump de estar en el expediente de Jeffrey Epstein
Se trata de aquel referido a la "lista de Jeffrey Epstein", el financista acusado de organiza una red de tráfico sexual. La administración se encuentra analizando material relacionado.
Caso Loan: el expediente en números, a días de cumplirse un año de investigación
En 11 meses de instrucción, la causa sumó 92 cuerpos en papel y 281 en formato digital.También se secuestraron 400 elementos de prueba.Todo el material fue trasladado desde el Juzgado Federal de Goya a la capital de Corrientes, donde se juzgará a 17 acusados.
El caso Loan irá a juicio: elevan el expediente contra los siete detenidos por su desaparición
La jueza de la localidad de Goya cerró parcialmente la instrucción y confirmó la acusación por sustracción y ocultamiento del niño. Los otros 10 imputados seguirán por una causa paralela. Leer más
La exconcejal socialista Leire Díez se da de baja del PSOE y Ferraz suspende el expediente informativo
Leire Díez solicita su baja del PSOE tras comparecer ante el instructor del expediente informativo, mientras el partido suspende cualquier medida orgánica contra ella
España se salva del expediente de Bruselas por déficit de 2024, pero ve un desvío del gasto este año
El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, pide al Gobierno acelerar la ejecución de los Fondos Next Generation para cumplir con los compromisos que condicionan cada pago de ayudas directas y préstamos
Gamarra dice que PSOE ha pactado "la omertá" con Leire Díez: cierre del expediente a cambio de "toda la documentación"
La exconcejal socialista Leire Díaz convoca mañana una comparecencia tras comparecer en Ferraz por el expediente
Competencia abre expediente al grupo hospitalario HM por no notificar una concentración
La CNMC inicia un expediente a HM por no notificar la compra del Hospital General de la Santísima Trinidad, incumpliendo la Ley de Defensa de la Competencia en operaciones de concentración
Leire Díez espera con "tranquilidad" el expediente del PSOE: "He desmentido que trabajara para Ferraz y lo sigo desmintiendo"
El partido socialista la investigará por los audios en los que ofrece acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora contra un jefe de la OCU y un fiscal
Leire Díez asegura que no trabaja para Ferraz y espera con "tranquilidad" el expediente del PSOE
Ángel Víctor Torres se remite al expediente abierto por el PSOE a Leire Díez para conocer la verdad
El PSOE analiza el caso de Leire Díez pero no se plantea abrirle un expediente por ahora
El PSOE revisa la situación de Leire Díez tras la difusión de audios comprometedores, aunque asegura que no tiene planes de abrir un expediente disciplinario en este momento
El PSOE abrirá expediente a Leire Díez por los audios en los que pide información contra un jefe de la UCO
El PSOE abrirá expediente informativo a Leire Díez tras los audios que le atribuyen un presunto plan contra la UCO: "No implica ninguna medida cautelar"
"Queremos dejar claro que en el PSOE todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos", han señalado desde Ferraz acerca de la supuesta 'fontanera' del partido
Inspección abre expediente a empresa de seguridad por destinar al Betis vigilantes de baja
El TAD archiva el expediente abierto a Tebas por denuncia del Real Madrid
PSOE, ERC y EH-Bildu reclaman a Rollán conocer el expediente completo sobre el espionaje
El PSOE reclama a Rollán conocer el expediente completo sobre el espionaje informático
El PSOE dice que abre expediente a Matos para "saber la verdad", pero denuncia una "cacería al socialista"
El PSOE abre expediente al diputado Gustavo Matos por su reunión con un presunto narco
El PSOE abre un expediente informativo a Matos por su encuentro con el empresario investigado por tráfico de drogas
El PSOE abre expediente al diputado Gustavo Matos, por su relación con un presunto narco
Ceuta tramita por más de 37 millones de euros el primer expediente modificación créditos
El PSPV pide a Les Corts un expediente disciplinario al asesor de Presidencia que expulsó a entidades LGTBi+ del pleno
El Gobierno catalán abre expediente para revisar su actuación con la menor violada
Filtración de documentos a sicario de 'Los Pulpos': piden investigar cómo accedió al expediente de detención y orden de captura
El pedido fue dirigido al Ministerio Público y al Poder Judicial para identificar a los implicados en la filtración de información. En respuesta, la Oficina Descentralizada de la ANC en La Libertad indicó que se llevará a cabo una verificación para determinar si algún miembro del juzgado encargado del caso está involucrado en el incidente
Competencia da traslado al Banco Sabadell del expediente sobre la opa del BBVA
La CNMC notifica al Banco Sabadell sobre la evaluación de la opa del BBVA, permitiendo que la entidad presente alegaciones en un proceso que podría influir en la competencia bancaria
Sicario de 'Los Pulpos' tenía su expediente de detención y todos los detalles del operativo: fuga habría salido del Ministerio Público
Antes de que la Policía llegara, Ricardo "El Rojo" Flores López ya tenía el requerimiento judicial con los detalles de su captura. Una muestra más del poder que las organizaciones criminales ejercen sobre las instituciones en Trujillo
Abren expediente de sanción a espectador por agredir al árbitro en un partido de Tercera
Aplazado al martes el inicio del juicio al expresidente de Formentera al faltar un expediente
Expediente sancionador contra un grupo de personas que realizó anoche una barbacoa en el Parque Nacional del Teide
Grifols defiende a sus consejeros ante el expediente sancionador de la CNMV
Grifols solicita revisar el expediente sancionador de la CNMV en respuesta a acusaciones de Gotham City Research, defendiendo la actuación de sus consejeros y destacando discrepancias con el informe regulador
El olor a porro lo delató, pero su expediente lo salvó: así esquivó la cárcel un estudiante en Francia
Un control policial rutinario acabó con el joven ante el juez por posesión de estupefacientes
El CGPJ abre un expediente al juez del caso Errejón tras recibir más de 900 quejas
El Consejo General del Poder Judicial abre una investigación formal tras 900 quejas sobre la actuación del juez Adolfo Carretero en el caso de la acusación de agresión sexual contra Íñigo Errejón
El Comité de Disciplina abre expediente al Getafe por los insultos racistas a Balde
El Getafe enfrenta un expediente disciplinario tras los insultos racistas hacia Alejandro Balde durante el partido de LaLiga, según el acta arbitral y el protocolo activado por el árbitro
El exdirector de Dopaje, al banquillo acusado de falsear un expediente de control a una atleta
Andalucía abre expediente a una guardería de Jódar (Jaén) tras las denuncias de maltrato
La Corte Suprema dio el primer paso en la causa Vialidad que condenó a Cristina Kirchner: envió el expediente a la Procuración
El Procurador Interino, Eduardo Casal, deberá pronunciarse sobre el pedido del fiscal, Mario Villar, que planteó ampliar a 12 años la condena contra la ex jefa de Estado
Cómo funcionaba el esquema de Belliboni para desviar fondos estatales, según el expediente elevado a juicio
El juez Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita por el caso que involucra a Eduardo Belliboni y a otros 17 dirigentes sociales acusados de extorsión, coacción, administración fraudulenta y lavado de dinero en el manejo de fondos del Programa Potenciar Trabajo. Según la investigación, los acusados habrían creado un sistema extorsivo contra beneficiarios de planes sociales mediante amenazas de retirarles ayuda alimentaria o darlos de baja del programa si no participaban en movilizaciones, marchas y otras actividades políticas. Los principales puntos del expediente destacan lo siguiente: Se estableció una estructura organizada que dividió el país en 11 zonas y 66 regiones, con un sistema de contabilidad paralelo y centralizado que permitía la administración irregular de fondos. Se aplicaba un mecanismo de extorsión en el que se exigía a los beneficiarios una "cápita" (porción del dinero recibido), prohibida por la ley, y se los obligaba a realizar actividades políticas bajo pena de perder su asistencia social. Se detectó un desvío de fondos públicos con facturas truchas por 49.417.301 pesos entre junio de 2020 y diciembre de 2023. Empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Coxtex SA, Graphics SA y Ricoprint SRL fueron usadas como usinas de facturas falsas para simular gastos y desviar fondos. Exbeneficiarios y referentes del movimiento denunciaron el esquema ante la Justicia y revelaron el mecanismo de presión y sanciones aplicado para obligar la participación en actividades políticas. También se analiza la responsabilidad de Emilio Pérsico (Movimiento Evita). La investigación apunta a que el esquema no solo utilizó la ayuda social como un instrumento de control político, sino que también permitió el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Las penas para los acusados podrían ir de 5 a 16 años de prisión. En el expediente se menciona que el acceso y la permanencia en el Programa Potenciar Trabajo estaban condicionados por métodos intimidatorios establecidos por las máximas autoridades del Polo Obrero. Se identificaron tres mecanismos de control: exigir la participación en actividades políticas para ingresar al plan, reducir las horas computadas o degradar de categoría en caso de baja participación y, como sanción máxima, gestionar la baja total del programa. Estas medidas eran definidas, siempre según el expediente, por la cúpula de la organización, integrada por Belliboni, Jeremías Cantero, Elizabeth Palma y Gianna Puppo, y luego transmitidas a niveles intermedios y locales, que aseguraban su cumplimiento.Los testimonios de las víctimas fueron claves. Un asistente al comedor "La Carbonilla" relató que tuvo que asistir a marchas por un año antes de que le informaran que podía recibir una tarjeta del Banco Nación para cobrar el plan. Otro testimonio, vinculado al comedor "Rivadavia 1", detalló que existía un sistema de "lista de espera" basado en la asistencia a marchas, donde aquellos que participaban con mayor frecuencia tenían mayores posibilidades de ser incluidos en el programa. Otro testigo, del comedor "Mariano Ferreyra" (villa 1-11-14), confirmó que la única condición para recibir asistencia alimentaria era participar en las marchas. El control sobre el Programa Potenciar Trabajo incluía la gestión del alta y la baja de beneficiarios, la asignación del monto a cobrar según las horas trabajadas y la posibilidad de ascender o descender de categoría dentro del sistema. Estas decisiones eran reservadas exclusivamente a los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, que solicitaban ascensos en la categoría de beneficiarios dentro del programa y administraban la carga horaria de cada persona, indicaron los investigadores. La responsabilidad de registrar estos datos en el sistema informático recaía en Palma, quien tenía acceso directo a la carga y modificación de la información de los beneficiarios.La investigación concluyó que estas prácticas constituían un mecanismo de coerción a gran escala, utilizado para consolidar el poder de la organización y mantener el flujo de fondos provenientes del Estado.El expediente judicial detalla cómo se detectaron irregularidades en la justificación de gastos mediante facturas presuntamente falsas. Durante un allanamiento en Monteagudo 730 se encontraron cuatro facturas de la empresa Rumbos, todas fechadas el 5 de julio de 2023, por montos de entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos, supuestamente por la compra de papel resma A4 y transporte de mercaderías. Junto a estas facturas, se halló un cartel con la anotación "Guardar por las dudas", lo que generó sospechas sobre su autenticidad. También se encontraron documentos bancarios de El Resplandor, que recibió fondos públicos en una cuenta del Banco Ciudad. En los resúmenes de cuenta se observaron anotaciones manuscritas donde se modificaban los conceptos de gastos, pasando de "maquinarias" a "gastos administrativos" o de "papel" a "maquinarias". Esta práctica sugería que los acusados intercambiaban facturas para justificar gastos sin relación con los programas a los que estaban destinados los fondos.En el domicilio fiscal de las cooperativas El Trabajo Primero Ltda. y Por un Trabajo Genuino Ltda. se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor con el título "Pagos del convenio productivo sin factura macheada". Esta planilla registraba cheques sin respaldo de facturas, que luego fueron vinculados por las autoridades a documentos emitidos por Rumbos, justificando falsamente la entrega de productos al Programa Potenciar Trabajo.Un ejemplo de esta operatoria se evidenció en el expediente administrativo EX-2021-34221179, donde la factura número 00001-00000042, emitida el 10 de febrero de 2022 por un "Kit de Seguridad de Ropa de Trabajo", habría sido abonada con un cheque de la cooperativa. Este mecanismo reflejaba un esquema de manipulación de documentación contable para encubrir el desvío de fondos públicos, indican los investigadores.El dictamen del fiscal, también muestra que la mayoría de los cheques fueron librados al portador y cobrados por diversas empresas que aún están bajo investigación, en lugar de ser recibidos por la empresa Rumbos, que figuraba formalmente como beneficiaria. Las pruebas indican que Rumbos no tenía actividad comercial real y era utilizada como pantalla para simular gastos dentro del Plan Potenciar Trabajo. En total, se identificaron facturas falsas por más de 31 millones de pesos para justificar compras de materiales, indumentaria y maquinaria.Además de Rumbos, se detectó que otras empresas participaron en el mismo esquema fraudulento. Entre ellas, Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL, Miniso Trade SA y Carlos Osvaldo Monfrini emitieron facturas falsas por un total de 17.942.274,85 pesos. Coxtex SA fue identificada por la AFIP como una empresa sin capacidad operativa, financiera o económica, incluida en la base de datos de compañías de facturación apócrifa desde diciembre de 2020. A pesar de haber emitido facturas por más de 470 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2022, la empresa no tenía sede, bienes registrables ni movimientos bancarios legítimos. Sus socios, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, habrían sido utilizados para constituir la empresa y realizar trámites financieros a cambio de dinero. Un allanamiento en el domicilio de Vega reveló que desconocía las operaciones de la empresa y que su teléfono contenía conversaciones con otras personas involucradas en la maniobra, lo que sugiere que actuaba bajo sus directivas.La Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor presentaron facturas de Coxtex SA por más de 50.000 dólares, justificando compras de elementos informáticos pese a que la empresa era una "usina de facturas truchas". La investigación judicial indica que El Resplandor también utilizó facturación apócrifa para justificar compras ficticias. En la rendición de cuentas del primer convenio, declaró haber comprado a Coxtex SA seis notebooks y cinco licencias de software por un total de 1.815.000 pesos, equivalentes a 18.333 dólares al cambio oficial de la época. Sin embargo, el análisis de los cheques utilizados como medio de pago reveló que ninguno de ellos fue cobrado por Coxtex SA, sino que terminaron en manos de otras empresas bajo investigación, incluyendo Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Makosen SRL, esta última prestadora de servicios de publicidad digital al Polo Obrero y al Partido Obrero.El expediente confirma que los acusados presentaron dos facturas falsas de Coxtex SA para simular gastos por 5.459.418 pesos. Otro caso involucra a Ricoprint SRL, que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero por montos de 2.769.378,29 y 2.769.178,29 pesos. Una de estas facturas fue abonada con cheques, entre ellos uno de 269.378,29 pesos librado por la Asociación Civil Polo Obrero a nombre de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y cobrado por Roberto Albornoz. El expediente también menciona a Carlos Osvaldo Monfrini, registrado en la AFIP como productor de espectáculos y proveedor de equipos de telefonía, quien emitió cuatro facturas a la Asociación Civil Polo Obrero por un total de 2.946.913,12 pesos. Según la documentación, parte de este monto se abonó mediante una transferencia bancaria de 1.220.450,40 pesos y con dos cheques adicionales. Aunque estos cheques fueron dirigidos a Monfrini, él los endosó a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. Así hizo que el dinero retornara a la organización. La investigación judicial demuestra que la empresa Miniso Trade SA emitió una factura a la Asociación Civil Polo Obrero por 3.060.003 pesos, el 13 de junio de 2022, justificando la compra de siete notebooks Lenovo IdeaPad y cinco licencias de software Pro Tools Perpetual, exactamente los mismos productos facturados previamente por Coxtex SA. Sin embargo, se descubrió que la factura llevaba el número 1, a pesar de que la empresa había sido constituida en 2017, lo que sugiere que no tenía actividad comercial previa. Un allanamiento en su domicilio fiscal comprobó que la empresa no operaba en esa dirección desde 2020, y que el departamento había sido alquilado por un ciudadano chino que actuó como apoderado de la firma.En total, las empresas involucradas en la emisión de facturas falsas permitieron a los acusados simular gastos inexistentes por un monto de 49.417.301 pesos. Delegados localesLa investigación reveló que los delegados locales jugaban un papel clave en la captación de personas en situación de vulnerabilidad para integrarlas al esquema, exigiéndoles el cumplimiento de condiciones ilícitas para acceder a los beneficios sociales. Según la causa judicial, el fraude se sostenía mediante la permanencia de beneficiarios dentro del Polo Obrero, lo que permitía a la organización justificar la necesidad de más fondos ante el Estado. Al mismo tiempo, se imponían sanciones a quienes no cumplían con las exigencias.Más allá del fraude financiero, la investigación señala que el objetivo final de la maniobra era obtener un lucro indebido y aumentar el poder político de los acusados. La organización se financió tanto con el dinero desviado del Estado como con las contribuciones forzadas de los beneficiarios. Parte de estos fondos se destinaban a cubrir gastos personales de los dirigentes, quienes cobraban sueldos, bonos y aguinaldos con dinero obtenido ilegalmente. Se encontraron registros contables paralelos en la sede de Monteagudo 730, donde se detallaban gastos personales de Belliboni, como pagos de combustible, tarjetas de crédito y viáticos.Las intervenciones telefónicas también sugieren que Belliboni disponía de un vehículo del Polo Obrero para su uso personal. En una conversación del 12 de abril de 2024, uno de sus colaboradores mencionó la necesidad de "pensar" el tema del auto de la organización. De acuerdo al expediente, "las pruebas reunidas demuestran que los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor no solo instauraron un sistema de extorsión para controlar a los beneficiarios de planes sociales, sino que también administraron fraudulentamente los fondos públicos con el objetivo de obtener beneficios personales y financiar su estructura política".La investigación judicial señala que los acusados no solo utilizaron fondos públicos para beneficio personal, sino que también instauraron un esquema de "salarios" financiado con dinero proveniente de extorsiones a beneficiarios de planes sociales y de recursos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un mensaje encontrado en el celular de Gianna Puppo, fechado el 26 de diciembre de 2023, detalla una "liquidación de sueldos" en la que varios imputados cobraban dinero del programa Potenciar Trabajo bajo la modalidad "Nexo doble", así como de otros programas como "Veredas Limpias" y una caja de recaudación propia de la organización.Además, la investigación comprobó que parte de los fondos desviados fueron utilizados para propaganda política en favor del Polo Obrero y el Partido Obrero. Se identificó la contratación de la empresa de comunicación Makosen SRL, cuyo socio, Adrián Compagni, emitió facturas por montos significativos a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. El análisis contable de Makosen SRL confirmó que la empresa fue contratada para campañas electorales del Partido Obrero en 2021. Además, se identificaron nueve transferencias bancarias realizadas por la Asociación Civil Polo Obrero entre 2021 y 2023 a favor de Makosen, por un total de 6.310.000 pesos. En paralelo, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda. también realizó una transferencia de 875.206,50 pesos desde su cuenta en el Banco Ciudad, donde recibía los subsidios del Programa Potenciar Trabajo. La conexión de Makosen con el Partido Obrero quedó reflejada en su propio sitio web, donde el partido figura como un cliente frecuente.Ediciones e Impresiones Rumbos SRL figuró entre las empresas que más gastaron en publicidad electoral en Google: destinaron 765.000 pesos para promocionar la figura de Gabriel Solano, precandidato presidencial del Partido Obrero. La causa también alude a la administración de los alimentos que el Polo Obrero recibía por parte de entidades estatales. Dice el expediente: "Los acusados no solo contaban con los medios para intimidar a las víctimas mediante el acceso condicionado a la comida y a los planes sociales, sino que también aplicaban exigencias extorsivas sin justificación legal".
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La Junta de Andalucía actuará contra el club en Torremolinos por infracción a los derechos LGTBI tras la polémica fiesta que excluyó a personas con lenguaje homófobo y mensajes discriminatorios
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Ignacio Garriga defiende su derecho a expresar opiniones sobre la islamización en Cataluña tras expediente sancionador de la Generalitat por posible discriminación, reafirmando que no será silenciado
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El político y profesor ha declarado este martes en la investigación que se le ha abierto por realizar dos viajes a Colombia y Venezuela en 2024 y 2025. Ambos se produjeron fuera de su periodo lectivo, ya que solo tiene dedicación parcial de enero a mayo. Se muestra "estupefacto" por los argumentos del expediente
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El entonces líder del cartel de Medellín en la época de Pablo Escobar Gaviria habría desafiado el estado de sitio decretado en 1986, que impuso penas entre 10 y 20 años para todo aquel que portara armamento no autorizado
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El Enacom elabora un dictamen que pueda demostrar que la adquisición que hizo el multimedio está fuera de la ley. Pretenden no dejar cabos sueltos que se puedan judicializar. El cambio de autoridades en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a cargo de la pelea y la llegada de un hombre que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la postura del Gobierno contra la compra de Telefónica de manera pública. Leer más
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El Ministerio de Consumo abre expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos
Varias organizaciones han denunciado han denunciado infracciones como el pago de comisiones por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino
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Tras el apagón en el AMBA, el Gobierno inició un expediente contra Edesur y advirtió por posibles sanciones
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Giro en la causa Seguros: Casanello fue sorteado para reemplazar a Ercolini en el juzgado donde tramita el expediente
La causa Seguros, en donde Alberto Fernández ya está en condiciones de ser procesado por presuntamente haber favorecido a sus allegadas en el reparto de contratos, dejará de estar bajo la órbita del juez Julián Ercolini -a quien el expresidente intentó recusar sin éxito en más de una oportunidad- y pasará a estar en manos del juez Sebastián Casanello, tras un cambio en la subrogancia del juzgado 11, donde tramita el expediente.Es una de las primeras buenas noticias que recibe el expresidente en esta causa, habida cuenta de que varias veces planteó que Ercolini tenía una "enemistad manifiesta" con él. En este caso Fernández fue indagado en noviembre, cuando abrió una la ronda de 39 indagatorias que terminó este lunes al mediodía. Sin embargo, la subrogancia de Ercolini vence recién el próximo miércoles, con lo cual podría procesarlo antes de abandonar el expediente.Del sorteo, realizado por la Cámara de Apelaciones esta mañana, además de Casanello, participó el propio Ercolini y el juez Sebastián Ramos. El resto de los magistrados federales de Comodoro Py se excusaron o no pudieron meterse en el bolillero.Casanello tiene tres días hábiles para aceptar la subrogancia del juzgado número 11.Noticia en desarrollo