Rajyalaxmi Chitrakar fue prendida fuego en su propia casa y al ministro Bishnu Paudel le quitaron la ropa, lo golpearon y lo terminaron lanzando al río Bagmati.Las protestas comenzaron la semana pasada luego de que el Gobierno bloqueara 26 plataformas de redes sociales.
"La candidatura de Natalia pone en valor el rol de una mujer convencida, que apuesta, que arriesga y que abre paso al recambio generacional que Córdoba y la Argentina necesitan", sostuvo Martín Fresneda. Leer más
En medio de la expectativa sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los integrantes de la Mesa de Enlace y el presidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) se reunieron para evaluar y unificar posiciones con respecto al organismo. Acordaron solicitar una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para conocer el procedimiento jurídico en torno al ente. Por otra parte, según pudo saber LA NACION, sería inminente el regreso del director nacional, Ariel Pereda, a sus funciones. Pereda había perdido su función luego de que el INTA pasara, con el decreto 462, después rechazado por el Congreso, de organismo autárquico a desconcentrado."Menos de 235 hectáreas cultivables": la FAO alertó sobre la hambruna en Gaza y pidió priorizar el acceso a los alimentosLa semana pasada, el gobierno nacional notificó a las autoridades del INTA sobre la medida cautelar en contra de la aplicación, además del decreto 462, de la resolución 1240/25 del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, que puso en disponibilidad al personal. Lo hizo a través de una nota interna de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Marta Novoa, al titular del INTA, Nicolás Bronzovich.En un encuentro virtual de los ruralistas que se realizó ayer y que luego sumó la participación de Fernando de Nevares, presidente de CREA, se resolvió solicitar una audiencia a la Secretaría de Agricultura para discutir propuestas de fortalecimiento del organismo. El objetivo que buscan, según mencionó una fuente al tanto de la reunión, es conocer con precisión el encuadre legal en el que queda el INTA después del rechazo por ambas cámaras en el Congreso y la intervención judicial. Los ruralistas intentarán consensuar con las autoridades una hoja de ruta hacia adelante. En el sector circulan versiones encontradas: algunos sostienen que el organismo, que había pasado de ser "autárquico" a "desconcentrado", podría retroceder a "foja cero" en cuanto a su condición institucional. Mientras tanto persisten dudas sobre la continuidad de cargos y funciones dentro del instituto.Por ejemplo, al volver atrás la decisión, el Consejo Directivo que integran, más allá del sector público, entidades del sector agropecuario como CREA, Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, volvería a tener autonomía y potestad sobre las decisiones administrativas y técnicas. Vale aclarar que al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de las facultades de Agronomía y uno de Ciencias Veterinarias; así como tres del Poder Ejecutivo: uno de la Secretaría de Agricultura, el presidente del INTA y el vicepresidente.En medio de los cambios que había comenzado a ejecutar el Gobierno, el presidente [Bronzovich] pasaba a ser la máxima autoridad con rango de Secretario, mientras que su vicepresidenta, María Beatriz Pilu Giraudo, dejó el cargo y se convirtió en la presidenta del Senasa, tras la renuncia de Pablo Cortese. Ahora, el Gobierno tendría que definir su reemplazante.En ese contexto, los ruralistas Nicolás Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (FAA) plantearon en la reunión, según contó la fuente, que la intención de las entidades es "colaborar con lo que se proponga", pero antes consideran imprescindible abrir un canal formal de diálogo con el Gobierno. "Es como largar la carrera y empezar a correr: necesitamos tener esa conversación para saber cómo queda el INTA desde lo jurídico", resumieron.La decisión de iniciar este camino de consultas fue definida en la reunión de la Mesa de Enlace. En tanto, hasta ahora, el oficialismo no convocó a las entidades para tratar el tema, aunque comenzaron a retrotraer decisiones. Vacunos: escasa oferta y precios con alzas en el Mercado Agroganadero de CañuelasTras una consulta de LA NACION, en el INTA aclararon que se están realizando reuniones para retomar el trabajo en conjunto. Señalaron que todo indicaría que se elegirá a su vicepresidente, tras la salida de Giraudo. Por otra parte, mencionaron que la reorganización del INTA continuará su marcha como organismo tecnológico de innovación en el agro que quiere responder a las demandas reales del sector.De acuerdo con los letrados detrás del caso, hoy el INTA tiene su estructura jurídica original, la vigente antes del 8 de julio pasado, que fue cuando se desreguló: es un ente autárquico del Estado Nacional, creado por Ley N° 21.680, con personería jurídica propia, patrimonio propio y autonomía funcional.
Son dos nuevos fragmentos datarían de entre agosto del año pasado y hace dos meses.Hace referencias a la excanciller Diana Mondino y a los ministros Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger, aunque no parecen relacionados con los de las presuntas coimas.También se menciona a Javier Milei.
Habían removido a su director porque la institución se iba a disolver, pero tras el rechazo del decreto 345 el Gobierno nombró a su nueva autoridad, que ya había sido funcionario de Cultura en el macrismo. Leer más
El Grupo Techint organizó en Buenos Aires un seminario internacional titulado "Industrialización, comercio y aranceles", en el que participaron empresarios, economistas y referentes de distintos espacios políticos. El encuentro tuvo como eje central la "amenaza mundial" que representa China y contó con la exposición del exrepresentante Comercial de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, Robert Lighthizer, quien fue entrevistado por Paolo Rocca, presidente del holding.Lighthizer advirtió sobre la necesidad de que Argentina y los países de la región se sumen a la estrategia occidental para limitar el avance del país asiático. De hecho, durante su discurso se dirigió directo a los "libertarios". Dijo que "si existe algo en el polo opuesto es el marxismo" y, en consecuencia, "deben sentarse a reflexionar porque estamos en una competencia con China".El exfuncionario estadounidense habló de una "segunda Guerra Fría" contra el gigante asiático y apoyó firmemente las decisiones del presidente Trump sobre su política arancelaria. "Lo que necesitamos es que Argentina esté de nuestro lado", afirmó. Planteó que el comercio global actual generó en Estados Unidos un déficit anual millonario en bienes y señaló que el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 fue "el mayor error" del sistema multilateral.Aseguró que China aplica "políticas industriales agresivas, manipulación cambiaria y controles ambientales y laborales laxos" que derivan en superávits comerciales permanentes y en la pérdida de empleos industriales en Occidente.Durante el diálogo con Rocca, Lighthizer propuso avanzar hacia una "disociación estratégica" con Pekín, basada en mantener relaciones comerciales solo en condiciones equilibradas, evitar la transferencia de tecnología y reconstruir cadenas de suministro entre países aliados. También alertó que Estados Unidos debe impedir que la tensión con China escale de una "guerra fría" a una "guerra caliente", y que para ello resulta clave la cooperación de socios regionales como la Argentina.Alerta por la inversiónRocca, por su parte, vinculó las definiciones del exfuncionario con la situación local. Consultado sobre el aumento de las importaciones chinas, que crecieron casi 80% interanual, advirtió que "afectan nuestras cadenas de valor" en un contexto de estancamiento del mercado. "El aumento de las importaciones chinas pone en duda el aumento de la inversión", señaló en diálogo con periodistas. En ese marco, llamó a fortalecer la estructura industrial argentina: "La manufactura es un componente fundamental del desarrollo del país y genera trabajo de calidad".Apenas terminó la conversación entre Rocca y Lighthizer, un dirigente industrial se frotó las manos y celebró lo expuesto por el exfuncionario estadounidense, quien sostuvo que una de las mejores maneras de frenar "la amenaza china" es la defensa de la fabricación y manufactura local.En ese sentido, en diálogo con LA NACION, el exministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo que "la apertura de importaciones no mata a las empresas, sino a las ineficientes". Además, elogió la gestión del secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.A su vez, otro de los empresarios que dijo presente en la sala puso el acento en las negociaciones argentinas con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial. "Prefiero un acuerdo bueno que uno rápido", señaló a propósito de la velocidad que pueda adquirir la conversación diplomática. Asimismo, según su visión, al país le convendría esperar que la administración Trump primero cierre acuerdos con otros Estados con economías más grandes para tomar como modelo "los buenos ejemplos".La jornada concentró la mirada en la competitividad de la economía local, el comercio exterior y cuestiones de mediano y largo plazo, y se alejó de la discusión de las tasas y la economía preelectoral.
"Es la cuarta vez que tengo que resolver la situación procesal de los imputados; es la cuarta vez que considero que están dadas las condiciones para dictar un auto de procesamiento". Con esa frase, cargada de fastidio, el juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar por el delito de negociaciones incompatibles a un funcionario kirchnerista que en noviembre de 2015 â??tres días después de que Mauricio Macri derrotara al kirchnerismo en el balotajeâ?? decidió extender hasta 2033, y por un precio irrisorio, la concesión de 110 locales comerciales y dos estacionamientos de la estación Once. En total, 21.000 metros cuadrados.¿El beneficiario? Una empresa creada por Néstor Otero, conocido como el "Zar de Retiro", ya que concesiona desde hace décadas esa terminar de ómnibus y uno de los procesados por el pago de coimas en la causa de los Cuadernos.Casanello procesó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública a Esteban Weisbek, exsubgerente de Colaterales de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). Y, como partícipe necesario del mismo delito, procesó a Claudio Glories, presidente de Nueva Estación Once SA, firma creada por Néstor Otero, que hoy encabezan su hijo Luciano Otero y el propio Glories.El juez decidió embargar a cada uno de los procesados por la suma de $178 millones de pesos. Pero consideró que el perjuicio que la extensión de la concesión le causó al Estado fue mucho mayor: "Una pérdida efectiva superior a $2557 millones", señaló Casanello en el expediente, al que accedió LA NACION.Allí, Casanello reseñó que el 25 de noviembre de 2015, tras la victoria de Macri sobre Daniel Scioli, Weisbek firmó con Glories una adenda al contrato de concesión de los locales comerciales de la estación de Once. La extensión fue por ocho años (llevó el contrato original de 20 a 28 años), hasta 2033, pese a que aún faltaban 10 años para que se venciera el plazo fijado inicialmente, en 2025."A días de dejar la función pública, los imputados suscribieron una adenda que produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados", señaló el juez, en alusión a una pauta de aumento anual que se fijó en la adenda, del 2%, a contramano de la inflación creciente en el país.Además, un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) advirtió que la empresa concesionaria "presentó un flujo de fondos desactualizado" para alegar que su rentabilidad había bajado (cuando el canon "irrisorio" le aseguraba ingresos cada día mayores por la inflación), además de cálculos que se sospechan inventados "para presentar números desventajosos".Pese a ello, dijo el juez, Weisbek, "sabiendo que en pocos días dejaría la función pública, aceptó dicha propuesta sin ningún tipo de cuestionamiento, sin requerir documentación contable que respaldara la pretensión de la empresa ni promover una evaluación económica independiente; es decir sin defender los intereses del Estado, sino todo lo contrario".Para expresar el perjuicio causado al Estado, el juez contrastó el 2% de aumento del canon pactado entre Weisbek y Glories con la inflación real registrada por el IPC. "Se verifica una pérdida efectiva superior a $2557 millones" a junio de 2025. Pérdida que, si se calcula con las proyecciones inflacionarias para este año, 2026 y 2027, "se eleva a aproximadamente $3788 millones".Para dejar en claro el perjuicio causado, Casanello insistió: "La idea puede simplificarse tomando como referencia cánones mensuales. En 2005, el 'alquiler' mensual del predio era de $104.500, lo que equivale a $57.367.182 a precios de junio de 2025. Sin embargo, el canon efectivamente percibido en junio de 2025 fue de apenas $197.012, es decir, un exiguo 0,34% del valor ajustado".El fallo no lo dice, pero vale realzarlo: en junio de 2025, la firma de Otero pagó $197.012 de canon por mes, mucho menos â??una fracciónâ?? que el alquiler que debe abonar cualquier comerciante por un solo local en la zona de Once. Pero el Estado recibía $197.012 no por uno, sino por los 110 locales comerciales y dos estacionamientos de Once.Se trata de 82 locales en la planta baja de la estación por la que cada día circulan unos 300.000 pasajeros, 39 locales en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11.000 metros cuadrados. En total, 21.000 metros cuadrados. Esto es, el Estado cobraba poco más de 9 pesos por mes por cada metro cuadrado de esos locales comerciales que luego el concesionario podía alquilar a precios de mercado. "Este análisis permite afirmar, con sustento matemático, que el canon previsto resultó evidentemente irrisorio y desproporcionado del canon base, y que incluso lo era al momento de la adenda, cuando la Argentina ya tenía claros índices de inflación superiores al utilizado en el instrumento firmado por los imputados", sostuvo Casanello.El juez, además, repasó un conjunto de irregularidades que tuvo la adenda en sí. Desde el hecho que Weisbek no estaba facultado para firmarla a que el contrato original de concesión establecía que era "improrrogable".A raíz de estas condiciones irrisorias, el Gobierno, a través de Trenes Argentinos Operaciones, dejó sin efecto el mes pasado la prórroga del contrato de concesión con Nueva Estación Once SA.Según los registros públicos, Néstor Otero fundó la empresa Nueva Estación Once SA y la presidió hasta 2015, cuando renunció a encabezar el directorio de la sociedad, donde fue reemplazado por Claudio Glories y su hijo Luciano Otero.Con 86 años, y conocido como "el Zar de Retiro", Otero es dueño de la empresa TEBA, tiene la concesión de la terminal de ómnibus desde 1993 y fue condenado por dádivas, en 2015, por pagarle un departamento al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien desde su cargo debía controlarlo. Está procesado, además, en la causa de los cuadernos de las coimas, cuyo juicio oral comenzará el 6 de noviembre.A través de distintas empresas, Otero administró en los últimos años las estaciones de Lomas de Zamora, Puente La Noria, Santiago del Estero, Villa Gesell y Mar del Plata, entre otras.¿Por qué el enojo o fastidio del juez? La Cámara Federal ya objetó en tres oportunidades el procesamiento de los implicados en la maniobra que benefició a la firma de Otero. En la última oportunidad, fueron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los que objetaron el encuadre penal y el eventual beneficio logrado por el concesionario. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, que convalidó el procesamiento.
Hoy se verá la cámara oculta que hizo el programa televisivo ADN. Ayer, la querellante declaró durante cuatro horas. Narró las presiones que recibió para contratar militantes radicales que habían trabajado en la campaña. Leer más
La detención de este sujeto ocurrió después de cumplirse cinco años del crimen contra el exjuez y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Se trata de Mariano Federici, quien estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Cambiemos. El exfuncionario aseguró que una vuelta del kirchnerismo al poder implica "una amenaza a la estabilidad jurídica, institucional y macroeconómica" de Argentina.
El abogado, especialista en Derecho Público, atravesaba una enfermedad que lo llevó a presentar su renuncia en abril. Al conocerse la noticia, referentes del oficialismo expresaron sus condolencias en redes sociales. Leer más
El exviceministro de Economía cuestionó que el dólar esté atrasado y explicó porque "es una política diabólica". Leer más
De acuerdo con la Procuraduría, fue en la contratación de servicios de reingeniería y modelamiento de procesos dentro de la institución
Pablo Morillo integra las listas de Javier Milei en la Segunda Sección. Ocupó cargos en el gabinete de Kicillof hasta enero de este año.
Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, es investigado por la FGR y actualmente está prófugo de la justicia
Arturo Ávila aseguró que el caso del exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López no es comparable con el de Genaro García Luna
El extitular de Seguridad en el gobierno de Tabasco, con Adán Augusto López, fue identificado como líder del grupo del crimen organizado conocido como "La barredora"
Tras el estreno de la serie Menem, el exsecretario general de Presidencia del menemismo, Alberto Kohan, cuestionó la miniserie y aseveró que no retrata lo que en realidad sucedió. Además trazó un paralelismo entre el expresidente y Javier Milei y, si bien aclaró que gobernaron en épocas diferentes, afirmó que ambos representaron una "esperanza para el pueblo"."Vi dos o tres capítulos y creo que no voy a ver más porque está basada en fantasías y mentiras. Es irrespetuoso con la figura de un presidente que, más allá de los errores que tuvo como cualquiera, transformó a la Argentina en muchos aspectos. Privatizó los medios, que antes estaban en manos del Estado, e hizo muchas cosas. No me gustó", expresó el exfuncionario en diálogo con Laura Di Marco por LN+. En tanto, remarcó que le gustó las interpretaciones de Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani como el expresidente y Zulema Menem, respectivamente: "Son dos personajes muy bien logrados, pero la historia no me gusta y la rechazo".Kohan contó que se comunicaron con él para firmar los derechos de imagen pero no aceptó la propuesta. "Pregunté qué me iban a firmar a mí y me dijeron que nada. Yo quiero tener la libertad de decir lo que estoy diciendo: no me gusta y en muchos aspectos no tiene nada que ver con la verdad", aseguró.Acto seguido, el exfuncionario comparó al actual presidente con Menem y dijo que hay "bastante" en común. "Está la necesidad de transformar a la Argentina. Yo coincido con él en el trasfondo de casi todas las medidas, a excepción de sus formas. Yo soy de otra época", explicó y continuó: "Son figuras distintas en épocas distintas. Cuando Menem apareció estábamos con un 5000% anual de inflación. Era un desastre universal, así que Menem representaba la esperanza del pueblo. Con Milei lo mismo; la esperanza los une".El exsecretario defendió al exmandatario respecto a cómo se lo mostró en la serie: "Con Menem aparecieron las comunicaciones, el transporte y la energía, y se hicieron puentes y rutas. Evidentemente, hubo errores, pero el balance es lo que importa. La vida no es perfecta. Habrá habido menemistas corruptos, pero no fue el menemismo. No hay que generalizar"."Muchos fueron menemistas por la conveniencia en el momento, pero Menem, en 10 años de gobierno, hizo que el país sea respetado en distintas partes del mundo. No se necesitaban visas para ir a muchos lugares. No hay un gobierno corrupto, hay corruptos en un gobierno", cerró.
La designación del diplomático de carrera como representante ante Pretoria ocurre en un momento de marcado distanciamiento del gobierno de Javier Milei con los BRICS, bloque al que Argentina había sido invitada a sumarse. Leer más
Hace dos décadas, la periodista denunció una red de pederastia con presuntos vínculos políticos y empresariales
Al parecer, diferentes empresas estarían vinculadas a exempleados de la pasada Alcaldía de Medellín, entre los mencionados aparece un centro vacacional, que ya negó cualquier relación con los hechos
El exsecretario aseguró que "falta tiempo para mejorar el sistema acá", pero aun así propuso "replanteárselo". "Lo que más ha dado son tristes espectáculos este año", opinó. Leer más
Autoridades detuvieron en Cali a Carlos Eduardo González Guerrero, acusado de liderar una red internacional de blanqueo de capitales mediante importación de textiles
El exfuncionario deberán responder por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor a terceros y lavado de activos
La Cámara de Casación rechazó un planteo fiscal que buscaba reanimar una denuncia por abuso de autoridad contra Javier Iguacel, el extitular de Vialidad durante el gobierno de Cambiemos, por haber dado de baja una serie de contratos con la firma constructora CPC SA, perteneciente al Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López. La empresa â??que contó con el patrocinio de Carlos Beraldi y Ary Llernavoy, los abogados de Cristina Kirchner en la causa por Vialidadâ?? adujo que el funcionario emitió una serie de actos administrativos con la intención de perjudicar a la empresa, que debió entrar en concurso preventivo. Según la denuncia, Iguacel suspendió pagos, sancionó a la firma con multas y rescindió contratos de forma arbitraria. Como cabeza del órgano vial, el funcionario fue además quien inició formalmente la causa Vialidad en la Justicia, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. En diciembre último, el juez Daniel Rafecas declaró extinguida la acción penal contra Iguacel por haber transcurrido más de dos años â??el máximo de la pena por el delito de abuso de autoridadâ?? y dispuso su sobreseimiento, en línea con lo dicho por el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen. Beraldi apeló la decisión al sostener que Iguacel, con su accionar al frente del órgano vial, podía haber incurrido en delitos más graves, como fraude al Estado o asociación ilícita. La decisión del juez Rafecas, no obstante, fue ratificada por la Sala I de Cámara Federal. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que todo ello eran "meras suposiciones cuyo único fin apuntaría a mantener la vigencia de la acción penal" contra Iguacel. Sin embargo, el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, interpuso un recurso de casación promoviendo la acción penal contra el funcionario, argumentando que, luego de ser titular de Vialidad, Iguacel fue secretario de Energía entre 2018 y 2019 e intendente de Capitán Sarmiento hasta 2023, y que esa continuidad en la función pública interrumpía el curso de la prescripción. El fiscal también dejó abierta la posibilidad de que pudieran haberse cometido otros delitos. La Cámara Federal le dio luz verde al planteo y el caso llegó a Casación, que este martes, por mayoría, lo declaró mal concedido. DisidenciasEl fiscal ante la Casación, Javier De Luca, respaldó a su colega Agüero Iturbe al sostener que la prescripción debía suspenderse porque Iguacel había seguido ocupando cargos públicos. Afirmó que el pronunciamiento del fiscal Taiano en primera instancia de ningún modo limitaba su accionar.El juez Mariano Borinsky, que lideró el voto, sostuvo que la postura del Ministerio Público había quedado definida cuando Taiano no recurrió el fallo que sobreseyó a Iguacel, por lo que ahora Agüero Iturbe no podía pronunciarse en sentido contrario al de su colega de primera instancia.El juez Javier Carbajo se plegó al voto de Borinsky mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia: afirmó que el recurso debía concederse y tratarse la cuestión de fondo.
El economista Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ, advirtió que el gobierno de Javier Milei enfrenta una encrucijada entre las presiones de la economía, que reclama un tipo de cambio algo más alto, y las de la política, que exige llegar a octubre con una inflación mensual del 1%.El exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof celebró la desaparición de la brecha cambiaria, pero señaló una contradicción: aunque el Banco Central (BCRA) había afirmado que no intervendría dentro de la banda cambiaria, los datos oficiales muestran que el 7 de mayo vendió US$1900 millones en el mercado de futuros, apenas un mes después de aquella promesa."El dólar tiene un techo en el centro de la banda. Hay una política de flotación administrada que no usa la herramienta de venta de reservas para intervenir, pero usa el mercado de futuros y sobre todo la tasa de interés. La manera de convencer al mercado de que no compre dólares es doble, en el mercado presente hay un premio en la tasa de interés, y en el mercado futuro hay un dólar planchado, sobre todo en la posición de diciembre. Con esto, el Gobierno te dice que si compras dólares hoy, perdés", explicó.Esta decisión de mantener estable el tipo de cambio le permitió al Gobierno tener una inflación baja en mayo de 1,5%. Sin embargo, señaló que la contracara de eso es que la tasa de interés está alta en términos reales."¿Por qué hay tanta demanda de créditos si está caro? Muchas hipótesis. La principal es que el consumidor argentino hace una cuenta mental que no es la correcta desde el punto de vista económico, ya que tuvo una tasa de interés negativa durante décadas. Por esta razón empezamos a ver que crece la morosidad. Un crédito a tasa del 34% nominal anual es alta, ya que si anualizamos la inflación de 1,5% mensual da 22%", dijo.Luego realizó una comparación de la demanda actual de dólares de los ahorristas con años anteriores, cuando los argentinos también compraron más de US$1000 millones para atesoramiento en el primer cuatrimestre del año. Ocurrió en 2013 y en 2018, y en ambos casos, al año siguiente, ocurrió una devaluación que corrigió el nivel del tipo de cambio."El Gobierno argumenta que esta vez es distinto porque hay un horizonte con Vaca Muerta, litio, cobre y oro; superávit fiscal, baja inflación, una economía abierta y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que hará crecer a estos sectores y generará un ingreso importante de divisas. Es un argumento atendible", sostuvo el economista en el congreso Somos Pymes, realizado en La Rural.Pero se preguntó: ¿a qué ritmo llegarán esos dólares? Según sus proyecciones, las exportaciones crecerán de US$84.186 millones este año a US$112.194 millones en 2030. Las importaciones, por su parte, subirán de US$63.802 millones a US$77.848 millones.A esas cifras habría que sumar el ingreso de capitales por inversiones y financiamiento externo, pero también restar la demanda de divisas para atesoramiento, viajes, pago de deuda y contratación de servicios del exterior."El actual esquema a este dólar engendra un problema. Me estoy desayunando la cena. Estamos yendo hoy a Miami con la plata que va a traer Galuccio [fundador de la petrolera Vista] dentro de tres años. En la Argentina, la corrección en general es como el juego de la Oca, es volver al casillero inicial", dijo Álvarez Agis.Aunque consideró que una devaluación no tendría un traslado a precios tan alto como en el pasado, sí reconoció que tendría un impacto. "Va a generar ruido y recesión. En Brasil, una devaluación hizo subir la inflación solo un mes, y luego bajó. Pero Brasil tiene una política monetaria consistente desde hace tres décadas. Nosotros, en cambio, todavía debatimos si el programa firmado con el FMI hace tres meses es consistente", apuntó.Según Álvarez Agis, el Gobierno está impulsando el consumo para llegar mejor posicionado a las elecciones. "Es entendible que quieran validarse en la elección de medio término, es importante sobre todo para un outsider y de cara a los inversores internacionales. Pero las últimas dos administraciones que gobernaron el país perdieron la reelección por apurar la economía para ganar la elección de medio término. Esto incluso le pasó a Mauricio Macri", recordó.En esa línea, planteó que La Libertad Avanza está en una encrucijada: "Los economistas le dicen que deje deslizar el dólar un poco más arriba, pero el asesor de campaña insiste en que ganarán si la inflación llega al 1% mensual en octubre".Para cerrar, Álvarez Agis reflexionó: "Hay dos tipos de populismos en el mundo: uno reparte pesos y el otro reparte dólares. Ninguno de los dos está bien. Los dos son eficientes para ganar las elecciones, pero muy ineficientes para desarrollar el país".Y concluyó: "El tipo de cambio se va a corregir poselecciones. La corrección va a depender de cuánto tiremos de la cuerda hasta las elecciones y la capacidad del Gobierno para convencer de que esta vez es distinto".
Cristian Rueda Rodríguez, exdirector del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, fue condenado a más de siete años de prisión por desviar fondos públicos mediante un convenio firmado en 2012 con una fundación fachada
Junto con Coljuegos, la entidad de control adelantan la revisión de sorteos de mayo y junio de 2025, con el fin de garantizar la integridad en el manejo de fondos destinados a la salud pública
Luisa Jaramillo, pareja sentimental de Rubén Darío Callejas, aseguró que el escándalo de la compra del billete de lotería no fue trampa, sino que se trató de un golpe de suerte
Callejas atribuyó la compra del billete a un procedimiento interno regular del Fondo de Empleados y confirmó que auditorías internas y externas avalaron la transparencia del proceso
Pablo "Tato" Giles, exsubsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior en el gobierno de Alberto Fernández, fue identificado como uno de los atacantes del canal Todo Noticias (TN) el 10 de junio pasado, dijeron a LA NACION fuentes policiales ligadas al caso.La identificación de Giles a la que llegaron los especialistas de la Policía de la Ciudad se produjo mediante un informe antroposcométrico, donde se comparen imágenes del ataque con otras fuentes indubitadas.No solo se comparan los rasgos, sino que se hizo un estudio de movimientos, posturas y andar para establecer si se trata de la misma persona. El trabajo lo realizó la División Reconocimiento Antroposcopométrico de La Policía de la Ciudad.Por su parte, fuentes de la justicia porteña que intervienen en el caso señalaron: "La causa está en plena investigación y no podemos avanzar en confirmaciones, que deben ser corroboradas"."Tato" Giles trabajaba a las órdenes del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro y se suma a José Lepere, otro atacante identificado, que fue secretario de Interior e integra la agrupación kirchnerista La Cámpora. Ambos están libres.A estas personas se suma un tercer identificado que está detenido, pues fue arrestado in fraganti cuando se produjo al ataque en el que desconocidos irrumpieron en el canal cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner.Los revoltosos del camporismo, que actuaron encapuchados, rompieron monitores, el ingreso al canal y atacaron y destrozaron autos -que estaban estacionados allí- de los periodistas, vestuaristas, maquilladoras y asistentes.Giles es secretario de organización de La Cámpora, tiene 40 años y es parte del núcleo más duro de apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner en su actual detención.Hay un detenido y el resto de los identificados está en libertad a la espera de que la fiscal Andrea Scanga, titular de la fiscalía número 13, disponga más medidas de prueba o los cite a prestar declaración indagatoria.El detenido es Enrique Alejando Grasso Rivaldi, de 34 años y residente en la localidad bonaerense de Villa Ballester, partido de San Martín. En principio, no tiene antecedentes penales.Así fue el ataque al edificio de TN Grasso Rivaldi fue detenido por el personal de la Comisaría Vecinal 1C y de Despliegue Intervenciones Rápidas luego de que desde el Centro de Monitoreo Urbano se hiciera un trabajo de seguimiento de algunos de los atacantes. Fue detectado por sus características físicas y de vestimenta -pantalón azul y campera oscura con vivos rosas- que quedaron registradas en las cámaras internas del edificio vandalizado.(GIF) Así fue el ataque de militantes K al edificio de TN Horas después de que se confirmara la sentencia a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa vinculada a la corrupción con obras públicas, un grupo de personas llevó adelante un ataque contra la entrada de los estudios del canal TN. El edificio está ubicado en la calle Lima al 1200, en el barrio porteño de Constitución, a escasas cuadras del domicilio de Cristina Kirchner.El grupo de hombres forzó la puerta principal del inmueble, rompió vidrios y lanzó piedras y botellas contra la fachada y el interior. Los manifestantes también causaron daños en al menos seis vehículos que se encontraban en el estacionamiento del canal, entre los cuales estaban los autos de Margarita Stolbizer y del analista político Jorge Giacobbe.Los periodistas que transmitían en vivo al momento de los hechos detallaron que se trataba de manifestantes que se dirigían hacia la residencia de la expresidenta.La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado casi de inmediato, en donde expresó: "Repudiamos enfáticamente el accionar de los manifestantes que ingresaron a las instalaciones del canal TN para provocar destrozos. Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables. Y requerimos reforzar la protección y seguridad de los medios de comunicación y periodistas". También se solidarizaron el vocero presidencial Manuel Adorni y el bloque de diputados de Pro.
Henry Carlos Coral Martínez, exmiembro de la Secretaría de Hacienda, fue sancionado por la Personería de Medellín por acoso a una abogada contratista durante su trabajo en 2021
Gabriel Prado Ramos fue hallado culpable de peculado doloso agravado por desviar dinero entregado tras el incendio en el centro de rehabilitación "Dios es Amor" en San Juan de Lurigancho
El ente acusador aseguró que cuenta con todas las capacidades institucionales, técnicas y operativas para adelantar la investigación de forma autónoma y rigurosa
En las últimas horas, las autoridades lograron identificar a cuatro de las personas que ingresaron de forma violenta y rompieron parte de las instalaciones del edificio del canal de noticias TN y eltrece tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Uno de ellos es José Lepere, un funcionario del gobierno del expresidente Alberto Fernández.Durante la gestión anterior, Lepere se desempeñó como el número dos del Ministerio del Interior -conducido por Eduardo "Wado" de Pedro-, y también fue presidente del Concejo Deliberante de Tres de Febrero y dirigente de La Cámpora en ese distrito bonaerense.Entre los otros atacantes también se encuentran Ezequiel Pavón, consejero en la universidad de Tres de Febrero, Facundo Lococo (concejal en Tres de Febrero hasta el 2023) y Matías Federici, todos vinculados a la agrupación kirchnerista La Cámpora. Los tres responden al actual concejal de la localidad bonaerense Juan Debandi.Hasta el momento, las fuentes policiales consultadas por LA NACION aclararon que hay un solo detenido en la causa: Enrique Alejando Grasso Rivaldi, de 34 años y residente en la localidad bonaerense de Villa Ballester, quien, en principio, no posee antecedentes penales.Grasso Rivaldi fue detenido por el personal de la Comisaría Vecinal 1C y de Despliegue Intervenciones Rápidas luego de que desde el Centro de Monitoreo Urbano se hiciera un trabajo de seguimiento de algunos de los atacantes. Fue detectado por sus características físicas y de vestimenta -pantalones azul y campera oscuro con vivos rosas- que quedaron registradas en las cámaras internas del edificio vandalizado.Según informó TN, los cuatro supuestos identificados por las cámaras de seguridad evalúan la posibilidad de presentarse por voluntad propia ante la Justicia, mientras que la fiscalía todavía evalúa citarlos a declarar o pedir su detención.Así fue el ataque de militantes K al edificio de TN Los ataques a TNHoras después de que se confirmara la sentencia a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa vinculada a la corrupción con obras públicas, un grupo de personas llevó adelante un ataque contra la entrada de los estudios del canal Todo Noticias (TN). El edificio está ubicado en la calle Lima al 1200, en el barrio porteño de Constitución, a escasas cuadras del domicilio de Cristina Kirchner.El grupo de hombres forzó la puerta principal del inmueble, rompió vidrios y lanzó piedras y botellas contra la fachada y el interior. Los manifestantes también causaron daños en al menos seis vehículos que se encontraban en el estacionamiento del canal, entre los cuales estaban los autos de Margarita Stolbizer y del analista político Jorge Giacobbe.Los periodistas que transmitían en vivo al momento de los hechos detallaron que se trataba de manifestantes que se dirigían hacia la residencia de la dirigente peronista. En este marco, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado casi de inmediato, en donde expresó: "Repudiamos enfáticamente el accionar de los manifestantes que ingresaron a las instalaciones del canal TN para provocar destrozos. Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables. Y requerimos reforzar la protección y seguridad de los medios de comunicación y periodistas". También se solidarizaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el bloque de diputados de Propuesta Republicana (Pro).
La 'influencer' aborda la crianza respetuosa, y aunque no apoya la violencia, considera necesario corregir a los niños en ciertos momentos para fomentar el respeto
Según explicaron desde la Personería, Gustavo Hernando Cortés Valestt emitió una resolución en la que negó la prescripción de unos comparendos, situación en la que habría infringido la ley
La sanción se da luego de que Hugo Díaz Marín asumiera su cargo en 2022 pese a estar inhabilitado por un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría desde 2021
Raúl Arturo Ramírez Ramírez responsabilizó al fiscal general Alejandro Gertz Manero y a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la FEMDH, de lo que le pueda pasar
Juan Pablo Ramírez Álvarez fue sancionado por la Procuraduría tras ser acusado de coaccionar empleados para financiar actividades políticas, generando reacciones contrastantes entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero
Juan Pablo Ramírez, ex secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en la Alcaldía de Medellín, fue señalado por el organismo de control de usar su cargo para presionar aportes a una corporación política
De acuerdo a las investigaciones, Ronald Loza habría recibido sobornos de Frigoinca entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 para encubrir las irregularidades en los productos distribuidos
La historia de los Peluso incluye negocios con el Estado a través de sus empresas de limpieza, investigaciones judiciales por presunta corrupción y un paso por la función pública manchado por las sospechas. Norberto es presidente de Limpiolux. La firma conoce los juzgados de Comodoro Py. Su expresidenta, Cecilia Peluso, espera la realización de un juicio oral por supuesto sobreprecio en un contrato celebrado con la AFIP en tiempos de Ricardo Echegaray. Luis Alberto, apodado "Chiche", fue el titular del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, y desarrolla su actividad comercial con otra compañía de higiene, Linser Sacis. Esta última duplicó las adjudicaciones a su favor en 2024, entre ellas las de la dependencia del exgobernador bonaerense, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.El 6 de febrero pasado fue un día de triunfos para Luis Alberto Peluso. Esa misma jornada, Anses le otorgó cinco contratos cuyos montos ascienden a $17.827 millones por la limpieza de sus sedes regionales en la Ciudad de Buenos Aires, las bonaerenses I a VII, conurbano II a IV, sur I y II y las del litoral. De este modo, comenzó 2025 con la misma tendencia que arrastró durante el año pasado.Después de la debacle del proyecto presidencial sciolista, la empresa de uno de sus exfuncionarios volvió a ganar terreno. En 2024 Linser se quedó con 20 licitaciones. La cifra supera a las 10 que obtuvo en 2023 o a las siete de 2022, según surge del sitio de compras oficial del Gobierno. Tres de los contratos vigentes fueron celebrados con dependencias que responden a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, comandada por Scioli. El exgobernador fue el jefe de "Chiche" cuando ejerció el rol de interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, cargo que dejó antes de tiempo, en 2009, luego de recibir denuncias judiciales que señalaban la presunta omisión de una casa en Miami en su declaración de impuestos y le achacaban la supuesta operación de una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero. Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que esa causa prescribió en 2017.De acuerdo con los datos del sitio Comprar, Linser ganó tres licitaciones lanzadas por la Subsecretaría de Deportes y la Subsecretaría de Turismo en 2024. En dos de ellas, la empresa de Peluso no presentó la oferta más baja pero aún así se quedó con los contratos. Los dictámenes de evaluación determinaron que sus competidoras con precios más competitivos debían ser desestimadas por no cumplir las características técnicas planteadas en el pliego. Esa misma situación se repitió en otros ocho procesos abiertos con otras dependencias del Estado.Fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes dijeron a LA NACION que se adjudicó las licitaciones a Linser porque la Comisión Evaluadora Permanente consideró que había presentado las mejores ofertas, en conformidad con los requisitos técnicos estipulados en el pliego. LA NACION también contactó a la empresa de Peluso, Linser, pero al momento de publicación de este artículo no respondieron.Otra denuncia, formulada en 2016 por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra Scioli, pidió que se investiguen distintas operatorias a través de agencias y bingos y el posible desvío de fondos "para financiar campañas políticas y acrecentar el patrimonio de funcionarios". En aquel documento, caracterizó a Peluso como "hombre de confianza de Scioli, señalado como recaudador de la campaña electoral 2015â?³. Además, dicho escrito indicó que Linser "era la (empresa) que prestaba servicios de limpieza a la gobernación de la provincia".Las fuentes de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes negaron la existencia de vínculo alguno entre Scioli y Peluso. Adelantaron que los contratos con la empresa de limpieza pueden ser modificados, como consecuencia de la motosierra en las oficinas del área que dirige el exgobernador bonaerense.Tres exfuncionarios de la entonces gestión bonaerense comandada por Scioli, y que trabajaron en distintas áreas, recordaban a Peluso. Uno de ellos dijo que "terminó desembocando en Lotería porque era muy cercano" al exgobernador. Otro lo reconoció como "muy amigo" y el tercero lo describió como un "empresario del rubro limpieza". Ninguno habló de "Chiche" como un supuesto recaudador.Otra empresa, ajena al mundo de la limpieza, acerca a los universos de Scioli y Peluso. El padre de la nieta del exgobernador es Eladio González Rodríguez, quien se desempeñó como presidente de Emprendimientos de Luján SA. Esta sociedad se disolvió pero hasta su extinción compartió domicilio con otra de las firmas de "Chiche", la inmobiliaria Samarcom, en Libertador 222 piso 4 departamento B, según registros del Boletín Oficial. El otro Peluso, Norberto, también se dedica al rubro de la limpieza. Y hasta incluso le tocó competir en licitaciones contra la firma de Luis Alberto. Su empresa, Limpiolux, no registró un 2024 tan exitoso como Linser en las compulsas convocadas por la administración pública nacional. Solo ganó una licitación y en 2025 aspira quedarse con el servicio de aseo en el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.Limpiolux, la empresa de Norberto, supo prestar servicios muy cerca del Palacio de Hacienda. Estuvo a cargo de la limpieza de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012, tiempos en los que el jefe del fisco era Ricardo Echegaray. Ese vínculo llegó a la Justicia. El 13 de noviembre de 2017 el exjuez federal Sergio Torres lo procesó junto con Cecilia Peluso, quien era la presidenta de la compañía. Los delitos imputados eran negociaciones incompatibles y defraudación. En otras palabras, se investigaba si hubo sobreprecios.LA NACION contactó a Echegaray, quien declinó realizar declaraciones al respecto. Asimismo, pese a las llamadas y correos dirigidos a Limpiolux, Norberto y Cecilia Peluso no han contestado las consultas de este medio.En la licitación que dio origen a la investigación judicial se habían presentado dos ofertas. Una fue la de Limpiolux, cuyo monto ascendía a $15.196.000, según los registros judiciales. Y la otra fue la de la firma Ricardo Balboa, cuya propuesta era de la mitad de la anterior ($7.456.242). Esta última fue declarada "no elegible" y, en consecuencia, se declaró ganadora a la firma de Peluso.El expediente cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que analizó que, previo a la licitación que dio lugar al contrato entre Limpiolux y AFIP en 2011, el servicio era brindado por 177 operarios con 920 horas hombre/día por un importe total que anualizado ascendía a $8.513.496. Pese a eso, el organismo de control detectó que en la compulsa se requirieron 150 operarios (27 menos) y 740 horas hombre/día (menor carga horaria) pero con un presupuesto oficial 73% mayor al anterior: $14.800.000. En base a esto, el juez consideró que "no se visualizaron parámetros que permitan identificar las razones" para la determinación del valor de la licitación."A raíz del claro direccionamiento ocurrido en la licitación pública n° 99/10 en beneficio de "Limpiolux S.A." -que encuadra en el delito de negociaciones incompatibles, se produjo un perjuicio económico para las arcas de la Administración Pública -configurándose allí la administración fraudulenta en perjuicio del Estado-", firmó Torres, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.Echegaray y Cecilia Peluso se presentaron ante la Justicia por este expediente. Ambos negaron que haya existido un sobreprecio u otro tipo de maniobra de defraudación al Estado. La causa fue elevada a juicio oral en abril de 2019. Seis años después, todavía no comenzó.
El ex viceministro de Economía de la administración libertaria advirtió sobre una dinámica en el BCRA. Enfatizó en que para un sistema de bandas "lo mejor son las reservas".
Luis Carlos Barreto Gantiva entregará información determinante sobre red de corrupción que involucra a altos funcionarios del Gobierno y congresistas
En víspera de una nueva reunión del Fondo y el Banco Mundial, Edwin Truman, ahora en la Universidad de Harvard, resaltó las consecuencias que tendría seguir el "Project 2025â?³ de un grupo de expertos conservadores cercanos a Donald Trump
Por la convulsión en los mercados, producto de los aranceles de Trump y la contraofensiva China, Claudio Loser advirtió que podría demorarse el acuerdo con el Fondo.
La Procuraduría inició una exhaustiva investigación buscando determinar posibles responsabilidades
Los dirigentes piqueteros de la provincia de Chaco Marcos Antonio Cáceres, Lucas Alexis Torales Cordeiro, Diego Armando Rolón y Juan Carlos Rolón fueron detenidos ayer luego de una serie de allanamientos realizados en una causa por lavado de activos. La Justicia Federal considera que utilizaron en beneficio propio fondos públicos que les llegaban a sus cooperativas y fundaciones mayoritariamente a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular de Chaco (Iafep), que manejaba Carlos Mauricio Andión en el último mandato de Jorge Capitanich. En octubre del año pasado Andión fue detenido, acusado de violación de los deberes de funcionario público y fraude contra la administración pública. A los piqueteros apresados ayer se les secuestraron camionetas, autos, motos y ganado. Capitanich se defiende y sostiene que el gobierno actual de Chaco, a cargo de Leandro Zdero (UCR), busca hacerlo responsable de sus propios problemas y que los dirigentes involucrados mantienen vínculos con la gestión actual.Los allanamientos que derivaron en las detenciones de los dirigentes piqueteros se realizaron entre las 23 del lunes y las 6 del martes. Los solicitó el fiscal federal Patricio Sabadini, en una investigación que tiene delegada y cuya jueza es Zunilda Niremperger. Las denuncias contra Cáceres, y Diego y Juan Rolón llegaron a la fiscalía de Sabadini de forma anónima, en un sobre de papel madera; la que involucra a Torales Cordeiro se inició por información publicada por los medios provinciales Infoqom y Portal Móvil y datos enviados al teléfono personal del fiscal.Marcos Antonio Cáceres fue identificado en la causa como "referente del Movimiento Juan Domingo Perón". Junto a familiares, se lo ubica a cargo de la Cooperativa de Trabajo Central Progreso Limitada, de la Fundación Rosana Solidaria, de la Fundación Peronismo Unido y de la Fundación Juan Domingo Perón. "Las organizaciones antes mencionadas sumaron un total de $220.327.655,94 percibidos del Estado provincial especialmente durante el periodo anual 2022 y 2023, mayoritariamente provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular", se describe en el expediente, al que tuvo acceso LA NACION.La hipótesis del fiscal sobre Cáceres es que utilizó como testaferros a familiares. El detenido adquirió, según la investigación una camioneta Dodge Journey SE 2.4, modelo 2011 (en junio de 2022); una Dodge RAM 1500 5.7 V8, modelo 2013 (la compró en enero de 2023); un Toyota Corolla XEI 1.8 CVT, modelo 2016 (lo adquirió en 2019), y un Volkswagen Up, modelo 2015, que sumó a su flota "recientemente".Otra pata de la maniobra investigada es la de las propiedades. La pesquisa de Sabadini puso el foco sobre tres inmuebles que son propiedad de la Provincia de Chaco y que Cáceres utilizaría como quincho (ofrecido en alquiler para eventos) e incluso tendría en venta.En el expediente, consta que el instituto que manejaba Andión "asignó el 93% del total de los subsidios recibidos por el Sr. Cáceres, es decir la suma de $204.935.272,54â?³. Además, se indica que "en los meses de octubre y noviembre del año 2023, previo a la finalización de la gestión del Sr. Mauro Andión como presidente del instituto, le fue asignada la suma de $52.195.615,26 del monto total antes mencionado".En tanto, Torales Cordeiro, integrante, entre otras asociaciones, de la Fundación Árbol de la Vida, recibió por esa entidad $64.498.138,23 del Estado chaqueño entre 2019 y 2023. La Fundación 11 de Febrero, que en la causa se adjudica a los tíos de Cordeiro, recibió más de $22 millones del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular conducido por Andión.Además de la compra de vehículos como un Ford Focus, en la investigación de Sabadini se sostiene que Torales Cordeiro realizó "una maniobra materializada a través de la acreditación de grandes sumas de dinero en cuenta bancaria" y en la "constitución de un plazo fijo". Así, según la causa, "registró en el periodo 2024 la acreditación de una suma de $32.754.857, de los cuales $16.926.105 se corresponden con la acreditación de un plazo fijo". La pareja de Torales Cordeiro fue allanada en un domicilio de la provincia de Misiones.El también detenido Diego Rolón es identificado en la causa como un referente de las cooperativas "Conformar" y "Jóvenes Sin Trabajo", y de la Fundación "El valor del Esfuerzo". En la investigación, le atribuyen la compra, en 2023, de una camioneta marca Toyota, modelo SW4 4X4, modelo 2018; en 2021, un camión marca Ford del año 1991 y, en 2021, una moto Honda XR 150.Según reza el expediente, Rolón es acusado también de realizar "importantes mejoras en bienes inmuebles que pertenecerían al municipio [de Resistencia] y al Estado provincial, que se traducen en una gran inversión económica y aplicación de dineros ilícitos, siendo actualmente destinadas a uso y beneficio personal del investigado y/o a la obtención de un rédito económico". Se mencionan cuatro inmuebles, entre ellos, un "quincho con piscina" y otro que se ofrece "en venta". En un establecimiento rural del padre de Rolón, se secuestraron 36 bovinos, una escopeta y municiones.A las organizaciones vinculadas a Diego Rolón, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular les otorgó, en 2022 y 2023, $234.689.256,79, "el 81,19% del total de los subsidios recibidos por el Sr. Rolón", según consta en el expediente judicial.El cuarto detenido es Juan Carlos Rolón, identificado en la investigación como "referente del Movimiento La Roca Sólida". Las acusaciones son similares a las que pesan sobre el resto: la adquisición de vehículos (Toyota SW4; Toyota Hilux 4x2; Dodge RAM), la construcción de un galpón en su casa con "fondos del erario público" y su utilización como "salón de fiestas". Según consta en el expediente, el detenido "posee vínculo estrecho con el Sr. Mauro Andión, quien lo atendía de manera particular, y hasta realizaba visitas en el domicilio del nombrado".A través de cinco fundaciones, Juan Carlos Rolón recibió $205.897.770,08 provenientes del Estado provincial, se especifica en la causa. Son "fondos provenientes del Iafep, principalmente", se añade.La defensa de CapitanichEl exgobernador Capitanich, actual candidato a diputado provincial por el peronismo, se defendió de las acusaciones. "Hacernos responsables a 16 meses de haber dejado la gestión, de las mercaderías, las herramientas y el dinero en efectivo que encontraron, es una excusa más del gobierno para desligarse de los problemas con la excusa 'del gobierno anterior'. Según los trascendidos periodísticos, entre los imputados hay sujetos que constituyeron plazos fijos en 2024, año en que no gobernábamos más, y hay fotos de los dirigentes sociales haciendo campaña para Leandro Zdero, son de 2023, de la campaña a intendente de la ciudad de Fontana", dijo Capitanich a LA NACION."En cuanto al programa Ñachec, programa fallido de alimentos para hogares vulnerables, acopiaban mercaderías allí y realizaban actividades semanales. Lo mismo surge de las declaraciones realizadas en el momento de los allanamientos a personas de la organización, donde nombran que Dino Ortiz manejaba sus becas, esta persona es funcionario del gobierno de Zdero. Al final lo del año sin piquetes del actual gobierno era a costa de pactar con esos personajes", acusó el exgobernador.
Se trata de Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, quien también apuntó contra Trump. Según él, Milei intenta ocultar el escándalo $Libra y la crisis económica atacando a CFK, por lo que advirtió sobre "la ola política" que puede "ahogar" su presidencia. Leer más
Roberto Gilbert fue el titular de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y una persona clave en el armado del decreto 823 del 2021 por el que Alberto Fernández impuso la obligatoriedad para los ministerios y agencias de contratar sus seguros con la empresa pública Nación Seguros. La maniobra dio origen a la causa judicial en la que está imputado el expresidente por fraude al Estado. En una entrevista con LA NACION, antes de declarar en sede judicial, Gilbert señala a María Cantero, secretaria de Fernández durante la Presidencia y esposa del broker Héctor Martínez Sosa, como la persona que "direccionó el negocio". La investigación judicial sobre el decreto 823/21 reveló conversaciones comprometedoras en el celular del entonces presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano. En estos chats que son parte de la causa judicial se oye cómo distintos funcionarios gestionaron la inclusión de un artículo clave para favorecer a intermediarios en la contratación de seguros. Uno de los protagonistas es Gilbert, quien mantuvo contacto directo con Pagliano y participó activamente en la elaboración del decreto. Desde julio de 2021, cinco meses antes de su publicación, Gilbert gestionó su avance y reportó directamente a la Jefatura de Gabinete, en ese momento a cargo de Juan Manzur. En octubre de 2021, el decreto quedó frenado en esa jefatura y el Ministerio de Economía. En los audios, Pagliano menciona su preocupación por las demoras y su confianza en que Alberto Fernández lo destrabaría. Finalmente, el 12 de noviembre, el borrador fue enviado a la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por Vilma Ibarra.El punto de mayor conflicto fue el artículo 3, que permitía la intervención de productores asesores de seguros. En los chats, Pagliano insistió en su importancia y trató de convencer a Ibarra de su inclusión. Sin embargo, la funcionaria decidió eliminarlo para evitar legalizar esa figura. El decreto fue publicado el 2 de diciembre sin ese artículo, lo que generó un intercambio final entre Pagliano y Gilbert. Este último celebró su participación y le sugirió a Pagliano que reglamente el decreto para mantener el control.-Gilbert ¿desde cuando trabaja en la Administración Pública?-Desde la creación de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en 1996.-¿Cómo es su intervención en la causa de los seguros?-Primero, hay que entender qué hace la Oficina Nacional de Contrataciones. Es la oficina que emite la normativa del procedimiento de compras públicas. Lo que hacemos es establecer cómo deben realizarse las compras.-¿Quién le pidió que intervenga en el diseño del decreto 832, que firmó el expresidente Fernández?-El proyecto surge como una idea dentro de Nación Seguros, impulsada por el gerente general y presidente, Alberto Pagliano.-¿Cuál es su relación con Pagliano?-Lo conocí en 1999 cuando fui a trabajar a Provincia ART como subgerente general de Administración. Él era el gerente general en ese momento.-¿Y cuál era la relación de él con Fernández?-Eran amigos.-¿Y usted, qué relación con el Presidente?-Yo lo conocí cuando él era vicepresidente del Grupo Bapro y yo estaba a cargo de Provincia ART. Mi esposa trabajaba en el Grupo Bapro y era sobrina de Rodolfo Frigeri, que presidía el grupo. Eso me facilitó el contacto con Fernández.-¿Y qué le pidieron en 2021?-Fui parte de una decisión política que buscaba estatizar los servicios, como ocurrió con otras empresas públicas. Intervine porque estaba a mi cargo el tema de compras públicas, al igual que la Ley de Compre Argentina o cualquier normativa que quiera regular las compras del Estado. Mi función era dictaminar sobre el decreto para asegurar que no contradijera normativas vigentes.-La Justicia investiga todas las contrataciones de 2019 a 2023, y este decreto de 2021 permitió que los brokers y aseguradores de Nación Seguros tuvieran una contratación dirigida con comisiones millonarias y pymes armadas para una presuntaâ?¦-Sí, eso es así.-Usted estaba desde antes en ese cargo, ¿qué pasó cuando asumió Alberto Fernández?-Llegaron Santiago Cafiero y Pablo Delgado, que me nombró a cargo de la ONC, y me pidieron que me quedara en mi puesto.-¿Quién era Pablo Delgado?-Era el secretario de Administración y el segundo de Cafiero.-¿Cuándo surge la propuesta de Pagliano?-En una reunión con Delgado en 2021. La idea de Pagliano era que el Estado contratara a sus propias empresas para ciertos servicios, como se hizo con YPF, Aerolíneas Argentinas o Banco Nación. Se buscaba evitar a intermediarios privados en temas que podía hacer el propio Estado.-¿Qué le piden hacer en la Oficina Nacional de Contrataciones?-Dictaminar sobre el decreto presidencial y verificar que no contradijera ninguna norma vigente.-¿Cómo fue el proceso de revisión?-Se corrigieron algunas cosas en el dictamen final.-¿Qué proponía el dictamen?-Inicialmente solo cambios de forma. No opinamos sobre el artículo relacionado con los productores de seguros porque hay una ley específica que regula eso.-¿Qué pasó con el artículo 3 del decreto?-Pagliano estaba preocupado porque lo eliminaron, pero en realidad hacerlo más transparente fue una decisión correcta. Ese artículo establecía que los organismos públicos debían informar a Nación Seguros si utilizaban un productor de seguros.-¿Quién lo eliminó?-Vilma Ibarra.-¿Por qué?-Para evitar que pareciera una imposición de Nación Seguros.-¿Usted sabe que una de las hipótesis de la investigación judicial para el enriquecimiento de los intermediarios y sus pymes fue la inclusión de brokers en el sistema de contratación de seguros?-Sí, está claro.-¿Qué diferencia hay entre productores de seguros y brokers?-Los productores trabajan con compañías aseguradoras específicas, mientras que los brokers manejan múltiples aseguradoras y operan como intermediarios en el mercado.-¿Por qué el Estado necesitaba un broker según su intervención como funcionario?-El sistema de seguros en general utiliza brokers porque manejar todos los clientes de forma directa es complicado.-Pero eso permitió que se pagaran comisiones millonarias a los brokers con la posible corrupción añadida.-Sí, también es cierto eso, pero yo no me beneficié.-Se habla de 3500 millones de pesos en comisiones en total; de los cuales casi la mitad están vinculadas a la empresa Bachelier y a Héctor Martínez Sosa.-Sí, puede ser.-El Estado se contrata a sí mismo y, aun así, paga comisiones a intermediarios, lo que genera sospechas de desvío de fondos.-Era lo que se pedía como con otras empresas del Estado.-La sospecha es el cobro de comisiones, que puede incluirlo a ustedâ?¦-Pero le insisto en que yo no me beneficié. Si la figura del bróker hubiera estado presente y también la del productor de seguros, como siempre estuvo.-Pero se pagaron comisiones. Ese es el gran punto. Después se verá su responsabilidad más allá de lo técnico.-Eso lo determinará la justicia, ¿no?Pero no podemos ser ingenuos con las millonarias comisiones que se generaron.-Me gustaría explicarlo bien porque necesito dejarlo claro. El mundo del seguro funciona con reaseguradores y con productores de seguros. Así funciona.-¿Y quién le paga al productor de seguros?-Lo paga la compañía de seguros. La Caja, por ejemplo, le paga comisiones a su broker. Siempre va a ser un broker porque ellos se organizan bajo esa figura, que además tiene una estructura jurídica como sociedad o empresa.-Lo que se está investigando es por qué ese bróker en particular estaba en todas las operaciones.-Exactamente. En la póliza de seguros ya estaba contemplada la comisión que se iba a pagar.-Pero si el Estado contrata al Estado, ¿por qué hay una comisión?-Esa comisión ya está incluida en la póliza. Lo que veo desde afuera es que el decreto está perfectamente armado. Podés ver cada una de las partes y te puedo decir todos los autores que participaron en su redacción porque hubo varios dictámenes, no solo el de la oficina. Hubo varios informes técnicos. El decreto sale bien. Pero luego, ciertas personas dentro de la administración empezaron a decir: "Vos contratás con este, vos con este, vos con este".-¿Se dirigía a qué broker se debía elegir?-Sí, desde arriba se daba la orden de con quién debían contratar. O sea que el decreto no se hizo con ese fin, pero alguien aprovechó la situación. Exactamente.-¿Hubo direccionamiento y abuso de autoridad?-Alguien se aprovechó de la situación. El decreto en sí mismo está bien pensado, tiene su lógica. Pero a partir de su implementación, alguien comenzó a decir: "Quiero que contraten a este, a este y a este".-¿Quién fue?-María. María Cantero, la esposa de Martínez Sosa.-En los chats de la causa aparece mencionadaâ?¦-Sí, y María hacía lo mismo cuando estaba con el jefe de Gabinete, con Héctor. Entraba a verlo y cuando salía la persona anterior, le decía: "Tomá esta tarjeta y contratá a este si querés volver a verme".-¿A quién le daba la tarjeta?-Al marido (Héctor Martínez Sosa).-¿Y Alberto Fernández estaba al tanto?-No lo sé.-Lo que dice tiene valor judicial, porque además está corroborado con las transcripciones de las conversaciones.-Exactamente. Se crearon empresas alrededor de estas contrataciones dirigidas, las cuales encajaban dentro del decreto y generaron un sistema que ahora está bajo investigación.-¿Qué pasó después del decreto presidencial?-Antes, las compañías de seguros se contrataban mediante licitación o compulsa de precios. Con el decreto, se dirigió la contratación para que toda la Administración Pública estuviera obligada a contratar con Nación Seguros. La misma lógica que se aplicó con Aerolíneas Argentinas, donde los funcionarios debían viajar por esa empresa estatal.-¿Y en este caso?-En este caso, Martínez Sosa tenía Nación Seguros y otros productores también trabajaban con Nación Seguros.-¿Por la incorporación del broker dentro de este esquema?-No, ya existía antes. Los brokers han existido desde siempre en el mercado asegurador.-Pero el que se quedó con casi todos los negocios fue Héctor Martínez Sosa.-Sí, porque alguien obligaba a contratar con ese broker en particular.-Sin el decreto, ¿hubieran hecho lo mismo?-Sí, con la diferencia de que antes había licitación. Antes del decreto se presentaban varias compañías a la licitación. Si ganaba Nación Seguros, el productor vinculado a ellos obtenía el negocio. Pero antes había más opciones y competencia.-Y con el decreto se direccionó todo a Nación Seguros.-Te decían directamente qué productor debías elegir. Antes existía la posibilidad de elegir otras empresas aseguradoras, había más opciones. Te llamaban y te decían: "No, ese no. Poné a este".-¿Y qué hizo usted en la Oficina Nacional de Contrataciones?-Nosotros analizamos que el decreto no violara ninguna norma vigente.-¿Hubo algún ajuste en el dictamen?-Sí, hubo ajustes que están documentados en el expediente.-¿Pensó en convertirte en imputado colaborador?-Yo no soy colaborador de nadie, pero puedo contar todo lo que sé, aunque no todo puedo probarlo.La causaGilbert se presentó la semana pasada junto a su abogado, Roberto Herrera, para ponerse a disposición de la Justicia. Según pudo saber LA NACION por fuentes de la investigación, el extitular de Oficina Nacional de Contrataciones "está en la mira de los investigadores aunque aún no fue citado a declarar porque el expediente está en plena conformación con la asignación de responsabilidades en las maniobras delictivas". La causa qué pasó del juez Julián Ercolini al juzgado de Sebastián Casanello, evalúa una nueva ronda de indagatorias antes de terminar la instrucción que llevan adelante los fiscales Eduardo Taiano y Carlos Rívolo.La investigación tomó mayor relevancia cuando se reveló que, durante la gestión de Alberto Fernández, Nación Seguros pagó más de $3500 millones en comisiones a intermediarios. La empresa Bachelier, vinculada al broker Martínez Sosa, lideró el ranking con 1.665 millones por un contrato con Gendarmería. La Cámara de Casación rechazó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Alberto Fernández contra su citación a indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales. Casanello ahora debe resolver la situación procesal de los 39 imputados. Durante la investigación, se filtraron chats privados que sugieren presuntos hechos de violencia de género del expresidente contra la exprimera dama Fabiola Yañez, lo que derivó en una nueva causa judicial en su contra. El expediente se inició en febrero de 2024 tras denuncias de la abogada Silvina Martínez y los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López de la Coalición Cívica que indica indica que el Decreto 823/2021, dictado por Fernández, impuso la obligación a los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación, sin posibilidad de que se contraten otros servicios mediante licitación pública. Se señala que la Anses firmó contratos con Nación Seguros SA por 20.000 millones de pesos, y que intermediarios cobraron comisiones de hasta un 17%, el triple del valor habitual. La aseguradora del Banco Nación "subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión 3 veces mayor a la del mercado: 17%".Y menciona algunos de los brokers presuntamente beneficiados: Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, en Villa La Angostura; Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART; y el mencionado Martínez Sosa. Tanto esta denuncia como la de Silvina Martínez señalan, además, que el presidente de Nación Seguros SA era Pagliano, a quien le atribuyen ser amigo del expresidente. El decreto de Fernández fue derogado en agosto de 2024 por el gobierno de Javier Milei. El fiscal Ramiro González, que subrogó a Carlos Rívolo, amplió la investigación a toda la gestión de Fernández (2019-2023) y ordenó medidas como la revisión de contratos y la obtención de registros telefónicos de los involucrados. También se inhibieron los bienes del ex presidente y otros imputados, aunque la medida fue revocada por la Cámara Federal.Nuevas pruebas incluyen una pericia sobre el teléfono de María Cantero, que reveló diálogos con Fernández en los que mencionan maniobras para favorecer a Martínez Sosa en la asignación de contratos. En un mensaje, Cantero le alertó que estaban reemplazando a su esposo en un contrato con Cancillería, a lo que Fernández respondió: "ya me ocupo". Con la causa en manos de Casanello, se espera una definición sobre las responsabilidades de los imputados y nuevas citaciones a indagatoria que comenzarán en los próximos días.
El dirigente del PRO es investigado por su participación en una asociación ilícita durante su gestión como intendente de La Plata, finalizada en 2023, por la construcción de barrios privados en zonas no autorizadas.
MONTEVIDEO.- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, presentó este viernes a quienes serán designados como embajadores para este período en el inicio de la nueva administración del presidente Yamandú Orsi. En total, son 12 hombres y cuatro mujeres, de los cuales 11 son diplomáticos de carrera y seis son políticos.Diego Cánepa, abogado y quien fuera prosecretario de la presidencia de José Mujica, será embajador en la Argentina, y Lilián Alfaro será la consul general en el país."Ninguno de los diplomáticos recibe instrucciones porque recién ahora estamos dando a conocer los nombres, me reuniré uno por uno. En el caso de la Argentina, también hemos sido claros, trataremos de tener las mejores relaciones con el actual gobierno argentino [de Javier Milei] y estoy seguro que lo lograremos. Necesitamos un nivel de flujo de diálogo interesante", indicó Lubetkin.Desde un primer momento, el candidato de Orsi para ocupar la legación en Buenos Aires fue Cánepa, de 52 años y quien ejerció como prosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Mujica (entre 2010 y 2015) y se mantiene cercano al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo. De acuerdo a lo que dijeron diversas fuentes, Cánepa ha señalado que tiene un "buen vínculo" con el canciller argentino, Gerardo Werthein.La sede en Buenos Aires tiene especial relevancia por la importancia que implica a nivel diplomático y porque se estima que en la Argentina viven unos 90.000 uruguayos.Alfaro, además de exconsul en Buenos Aires, es la delegada del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Buenos Aires. Se había ganado la confianza de Tabaré Vázquez y también ocupó el cargo en Buenos Aires durante su segunda presidencia, entre 2015 y 2020.En cuanto a los organismos de la ONU, Laura Dupouy fue designada como embajadora en Nueva York. Para la ONU en Ginebra será Alejandra de Bellis y para la ONU Comercio, Gabriel Belloni.Para la Organización de los Estados Americanos (OEA) el designado es Edison Lanza, que en el pasado se desempeñó como relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rodolfo Nin Novoa, que fue vicepresidente durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue designado embajador en Brasil, y a Ecuador irá Fernando Sandín. En Cuba, el embajador será Juan Canessa, del Partido Comunista.En Estados Unidos el embajador será Daniel Castillos, mientras que a China irá Aníbal Cabral. El consejero diplomático Diego Peluffo fue designado como embajador en Malasia, a Emiratos Árabes Unidos irá César Rodríguez y a Suiza será enviada Gabriela Civila.En el caso del Vaticano será enviado Juan Raúl Ferreira, mientras que a Suecia irá Carlos Gitto. Gimena Fernández será designada como enviada para Aladi-Mercosur.Controversia por VenezuelaLubetkin, que causó controversia en las últimas semanas debido a sus dichos sobre Venezuela, volvió a tratar el tema durante la conferencia de prensa y afirmó que las relaciones tanto con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro como con la oposición de ese país están "al más alto nivel".El canciller sostuvo que la situación con Venezuela es "bastante original", ya que si bien ambas embajadas uruguayas están "prácticamente cerradas", no se han roto las relaciones diplomáticas."Es un tema que tenemos en carpeta. ¿Dónde estamos en este momento? La posición general, se sabe cuál es la nuestra y hemos sido consecuentes desde el primer momento. Nos preocupa y nos llega una presión muy fuerte por los 8000, 10.000 uruguayos que están en Venezuela, y los 32.000 venezolanos que están aquí. Tenemos que tener algún mecanismo de protección de alguna manera", afirmó."Si la pregunta es si nosotros tenemos relación con la oposición venezolana y con quién está ahora en la gestión del gobierno, no es un reconocimiento, es un dato de la realidad, sí las tenemos. Tanto con la oposición como con el gobierno", opinó Lubetkin, que comparecerá ante el Parlamento el próximo 3 de abril.Diario El País/GDA
Aparece en una lista compartida por AMLO en octubre de 2023
Para el exembajador en China Diego Guelar, el presidente comete "un gravísimo error" al no querellar a quienes supuestamente lo involucraron en la estafa. "No entiendo por qué no lo hace", sostuvo.
Jorge Ovalle reconoció haber autorizado el ingreso de Valencia Mosquera en dos ocasiones, pero negó conocer sus antecedentes criminales ligados con el 'zar del contrabando'
Hace nueve años, la víctima fue sentenciada a cuatro años de prisión por su implicación en la manipulación de una carta fianza de cumplimiento de obra por un monto superior al medio millón de soles, ocurrido durante su tiempo como funcionario
La carta que se filtró el 10 de febrero de 2025 habría puesto en alerta a la familia del actual alcalde de Barranquilla y se habrían puesto en contacto con el exfuncionario
SANTA FE.- Mientras el directorio de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL) aguarda la apertura del concurso de acreedores, que solicitó a comienzos de este mes en la justicia santafecina, en un claro intento por evitar su quiebra, se abrió la polémica sobre las responsabilidades que generaron este presente.Todo surgió después que Pedro Morini, secretario de Lechería de la provincia durante la gobernación del socialista Miguel Lifhschitz (2015-2019) y actual asesor de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafe), expuso, en declaraciones periodísticas en LA NACION días atrás, distintas consideraciones sobre el tema. "Me parece que esta situación que está viviendo SanCor es una situación terminal. No va a tener una vuelta atrás porque tal cual está, no creo que tenga chances de reestructurarse. No se sabe si no está hipotecada o prendada. Quien la compre o se asocie tendrá que hacer una inversión muy grande", aseguró."Papel clave": con más soja importada, la industria marcó un récordTratando de sintetizar su análisis, Morini explicó: "Hace 15 años que es así. Varios tendrán que preguntarse por qué se llegó a esta instancia. Hubo muchos errores propios, un gremio (Atilra) que quería quedarse con la empresa, asociados que dejaron de aportar su leche porque no cobraban, y el deterioro que se vio en góndolas. No sé si se tiene conciencia que el principal capital de una empresa no es la fábrica sino la confianza que el mercado le tiene. Un ejemplo lo señalan los propios tamberos que dejaron de aportar su leche a la cooperativa. Fue porque SanCor no pagó o pagó mal".Y la réplica gremial no se hizo esperar. Horas atrás, Atilra sostuvo en un comunicado: "Supina ignorancia la del asesor. No solo porque desde Atilra jamás hemos tenido la intención de quedarnos con ninguna empresa del sector, sino que tal posibilidad está absolutamente vedada desde el punto de vista legal tornándose consecuentemente imposible que alguien pueda pensar racionalmente en ello"."Inevitablemente": el precio que cobran los tamberos sube por debajo de la inflación y anticipan qué pasará con el negocio"Dicho esto, reiteramos que ni los trabajadores de SanCor, ni Atilra gestionan a las empresas, esta es una tarea de dirección reservada a las autoridades de las mismas. Las y los trabajadores son solo responsables de la calidad de los productos que elaboran y víctimas de las gestiones de quienes han venido dirigiendo a la cooperativa", añadió.Atilra insistió en justificar sus reclamos, que incluyeron un cese de actividades que el año pasado se extendió por alrededor de 10 meses, y que la empresa señala como un hecho casi decisivo que derivó en el pedido del concurso. El gremio de los empleados lácteos aclaró: "Los afiliados hace años que no perciben la totalidad de sus haberes. Se les vinieron practicando también por años descuentos en concepto de aportes a la seguridad social, jubilación, obra social, mutual, sindicato, etc. pero esos importes no fueron aportados a dichos organismos. A pesar de ello, durante muchísimo tiempo, en un esfuerzo sin precedente, (los trabajadores) siguieron prestando sus servicios hasta que un día abrieron la heladera y contemplaron que no tenían que darles de comer a sus familias".Para el gremio que conduce Héctor "Etín" Ponce "se torna improcedente introducir como uno de los motivos del quebranto de la cooperativa la retención de tareas que los trabajadores realizaron luego de siete años de no percibir la totalidad de sus salarios". Explicó: "Además de ser una medida totalmente legal, tal determinación no influyó en nada en la problemática de la empresa". "Hace tiempo que venimos asistiendo a mentiras como la expresada por Pedro Morini que lo único que generan es un mal diagnóstico y sabido es que en SanCor los malos diagnósticos generaron pésimas decisiones estando los resultados a la vista. Puede ocurrir que se quiera dañar a la organización gremial que cobija los intereses de las y los trabajadores lácteos, para nosotros eso es lo de menos. Para nosotros lo más importante es SanCor y lo que esta empresa madre de cooperativas representa", remarcó.DiligenciasEn tanto, en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que por sorteo tendrá a su cargo la apertura del concurso preventivo presentado el 3 de este mes por la empresa láctea con sede en Sunchales, su titular, Guillermo Vales, ordenó las primeras medidas.Dispuso que se suspendan todos los cortes de servicio que puedan estar en curso, incluso que se restituyan los que se hayan interrumpido. Este es el caso de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Balnearia Ltda, en la planta que SanCor opera en esa localidad del este cordobés.Otro recaudo administrativo fue advertir que la Aduana no puede suspender a SanCor del registro de importadores y exportadores, para no interferir en los negocios en curso que tiene la firma, lo cual -se interpreta- permitiría mejorar el ingreso de fondos para posteriores pagos pendientes.Por otra parte, se admitió que la compilación de la información contable llevará varias semanas luego de lo cual habrá un período de clasificación y evaluación de la misma para finalmente resolver la apertura del concurso y la designación de un síndico que se avocará al análisis de la documentación.
En medio de los altos costos que atraviesa la producción de arándanos y otras frutas, el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, criticó en duros términos la importación de arándanos del exterior. El exfuncionario compartió en la red social X una imagen de una bandeja de arándanos que había comprado en una reconocida cadena de supermercados. Eran de Chile. En tanto, según referentes del sector, la importación de esta fruta desde el vecino país no compite con la producción argentina, sino que la complementa para poder abastecer el mercado en períodos en los que Argentina no produce.Anuncio: Bioceres Crop Solutions reportó una caída del 24% en sus ingresos, sale de la producción y venta de semillas y se enfocará en desarrollar genes"De los creadores de naranjas de Egipto, fideos de Albania y choclo en lata de Chinaâ?¦ Llegó el arándano de Chile. ¡Avísenle al gobierno nacional y provincial que Concordia es la capital del arándano!", escribió el exfuncionario. La publicación se da en medio de la apertura de mercados que propone el gobierno de Javier Milei, y los debates sobre el impacto de la importación en la producción nacional.Michel fue un hombre de confianza de Sergio Massa dentro del gobierno de Alberto Fernández. Asumió como director general de Aduanas en junio de 2022, cuando Massa llegó al Ministerio de Economía, y trabajó en sintonía con él en medidas para la fiscalización del comercio exterior, combatir la evasión y mejorar la recaudación. Además, el funcionario, de origen entrerriano, tuvo un rol clave en la implementación del dólar soja y otras regulaciones cambiarias impulsadas por Massa con el fin de incrementar el ingreso de divisas al país.Fuera de temporadaAnte una consulta de LA NACION, Jorge Pazos, presidente del Comité Argentino de Arándanos, aclaró que la importación de esta fruta desde Chile no compite con la producción argentina. "Una vez finalizada la temporada de arándanos de Argentina, que va de agosto a diciembre, es viable, inclusive parte de diciembre, importar arándanos a Chile para darle continuidad al abastecimiento de fruta. Chile comienza en noviembre y termina en marzo. Eso aún creyendo que atenta contra el sector productivo no es así", dijo.Según mencionó ahora se está en fecha del ingreso de la fruta del país vecino. "Nosotros hacemos de agosto a diciembre y ellos de noviembre a marzo o abril como mucho. Esto lo que genera es que la gente tome el hábito del consumo del arándano, sin interesar, en ese caso, la procedencia", subrayó.En ese sentido, resaltó que si se ocupara la misma ventana de producción local, sería un problema. "Si fuera el caso de que tuviéramos apertura con Perú, probablemente sí lo sea [un problema] en algún momento, porque Perú tiene una política comercial muy agresiva. No está habilitado para la Argentina por temas sanitarios, pero sí sería un problema porque ocuparía la misma época de producción que tiene la Argentina, ya que el arándano va más allá de la exportación y la pérdida de volumen para los mercados externos. El mercado interno ha sido en buena parte la composición económica del centro productivo. El mercado interno es el primer mercado después de la exportación", agregó.
SANTA FE.- En el sector ven cada vez más incierto el futuro de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL). Tras la solicitud judicial de la apertura de su concurso de acreedores, desde la producción alertan que a la firma, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, la acecha el fantasma de una quiebra. La semana pasada se presentó, vale recordar, en concurso de acreedores.Así, se considera que para reducir su millonario pasivo de US$250 millones tendrá que desprenderse de activos (tiene seis plantas operativas), debe seguir reduciendo su plantilla de personal (desvinculó a 500 personas), y -lo necesario e impostergable-, tratar de encontrar algún socio operativo hasta que llegue la verdadera solución: esto es, inversionistas que decidan hacerse cargo de esta realidad que parece envuelta en una extensa nebulosa."Estado militar-kafkiano": el Gobierno terminó con una fuerte exigencia a las frutas y hortalizas y Federico Sturzenegger contó detalles"Me parece que esta situación que está viviendo SanCor es una situación terminal. No va a tener una vuelta atrás", comenzó diciendo en diálogo con LA NACION, Pedro Morini, asesor de la Mesa Provincial de Lechería de Santa Fe (Meprolsafe) quien también se desempeñó como secretario de Lechería de la provincia durante la gobernación del socialista Miguel Lifhschitz (2015-2019)."Desde todo punto de vista, (para una empresa) ir a concurso es terminal. Es el principio de una quiebra. Pero en SanCor esto no nos sorprendió. Hace 15 años que es así. Varios tendrán que preguntarse por qué se llegó a esta instancia. Hubo muchos errores propios, un gremio (Atilra) que quería quedarse con la empresa, asociados que dejaron de aportar su leche porque no cobraban, y el deterioro que se vio en góndolas. No sé si se tiene conciencia que el principal capital de una empresa no es la fábrica sino la confianza que el mercado le tiene. Un ejemplo lo señalan los propios tamberos que dejaron de aportar su leche a la cooperativa. Fue porque SanCor no pagó o pagó mal", explicó Morini.Empresa modelo: una familia que empezó de abajo gestiona más de 10.000 hectáreas y acaba de poner un prometedor negocioAnte una consulta, el especialista reconoció que esta vez no se vislumbra la posibilidad de un salvataje estatal. "Es mucho el pasivo. Creo que ahora vendrá un desmembramiento, con la venta de algunas plantas. Deben recordar lo que ocurrió con la planta que SanCor tenía en Centeno. La compró La Tarantela (2017) y un año después estaba produciendo quesos y hoy tiene cada vez más demanda. En San Guillermo, también quesera y otros productos frescos, dicen que hay un grupo inversor que viene conversando porque tiene interés en hacerse cargo de la misma. Y lo propio podría ocurrir con otras plantas de Córdoba o Santa Fe", dijo."Pero la SanCor con 1300 trabajadores para procesar 250.000 litros de leche, es totalmente inviable. Se llegó hasta acá porque cuando debía cesantear empleados no pudo, cuando debía acotar gastos operativo no pudo o no quiso, y así muchas otras cosas que debieron hacerse y no se hicieron. Insisto: esto no es de hoy. Cuando era secretario de Lechería, SanCor ya estaba en una situación límite. Es decir, cuando la empresa pierde confianza entre sus propios socios y tiene una cantidad de empleados altamente superior a la producción es imposible llevarla adelante. Cualquier empresa con 1000 litros tiene un empleado. Imagínese que esta tenía o tiene 1300 empleados para 250.000 litros diarios. A todas luces era una situación insostenible", subrayó.En este contexto se preguntó: "¿SanCor va a desaparecer o tiene chances de reestructurarse y convertirse en una empresa mucho más pequeña? No creo que tenga chances de reestructurarse. No se sabe si no está hipotecada o prendada. Quien la compre o se asocie tendrá que hacer una inversión muy grande. No nos olvidemos la gran deuda y que hasta hoy el Estado la viene soportando. Se necesitan capitales. Debe haber interés en el exterior porque SanCor es una marca reconocida mundialmente".En tanto, en los Tribunales de Rafaela, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, que entenderá en la resolución del pedido de SanCor, solicitando la apertura de su concurso de acreedores, ya ordenó las primeras medidas administrativas, aunque se presume que la instancia, dada la complejidad de la misma empresa, demandará por lo menos tres meses.
Ya se conoce la nómina de los nuevos participantes del programa de cocina, que se presenta por el Canal RCN, y llaman la atención varios de los concursantes
Fue asignado en el cargo por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús. Hasta el año pasado, se había desempeñado en el área social del Ministerio de Capital Humano.
Se trata de Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, quién opinó acerca del rumbo de la relación del Gobierno argentino con el organismo internacional de crédito.
Virginia Martínez, cuyo DNI fue usado para intentar extraer casi un millón de pesos, se presentó a retirar el documento con la hija del dirigente peronista. Además, su entorno asegura que nunca trabajó en la Legislatura, a pesar de que hay un contrato a su nombre. Nadie investiga esa derivación. Leer más
CÓRDOBA.- Hasta hace medio año, el histórico dirigente peronista Guillermo Kraisman era funcionario municipal de la ciudad de Córdoba. Lo echaron por haber robado jamón crudo, bondiola, atún y un frasco de cerezas de un supermercado. Hace una semana intentó, con una mujer, retirar dinero de un banco con una tarjeta ajena y ahora se conoció que el plástico es de una empleada de la Legislatura Unicameral. Los investigadores buscarán determinar si es un caso similar al de Julio "Chocolate" Rigau, de Buenos Aires.En la causa judicial se determinó que el documento es de Virginia Martínez, que hace un mes fue designada como empleada de la Legislatura de Córdoba. Un día antes de intentar sacar el dinero, Kraisman y Luciana Castro -la mujer de 46 años que fue detenida con él- abrieron la cuenta para depositarle el dinero. La apertura de la cuenta fue sin que Martínez estuviera presente.Kraisman fue despedido como director general de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos después de su detención en septiembre. En ese momento quedó imputado por robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas. La seguridad del supermercado detectó que llevaba productos sin pagar después de que pasó la línea de cajas. Él se resistió, gritó y agredió a los policías tirándoles el frasco de cerezas.Fue trasladado a una sede policial junto con lo incautado y quedó a disposición de la Justicia, bajo investigación de la fiscalía de José Mana. El jueves pasado, Kraisman quiso retirar un millón de pesos de una cuenta en una sucursal del Banco Córdoba.Ambos fueron detenidos y la causa está en manos del fiscal de turno, Andrés Godoy. Están acusados de tentativa de estafa. La mujer que estaba con el dirigente, Castro, fue hasta ese día coordinadora del polideportivo de Ituzaingó Anexo. La entidad era provincial y pasó a manos de la municipalidad.En 1994, Kraisman fue convencional constituyente de la ciudad de Córdoba, una convención de la que también participó, entre otros dirigentes reconocidos, el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda. Kraisman fue asesor de la Legislatura, funcionario municipal de Germán Kammerath e integrante del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep). También fue concejal de la ciudad de Córdoba por el peronismo entre 2003 y 2006. Fue expulsado por el cuerpo después de ser condenado por agresión física y corrupción. Además, estaba imputado en otra causa judicial por tener conexiones eléctricas ilegales. Después fue secretario de la misma institución y, entre fines de 2023 y septiembre de 2024, director de Promoción de Clubes Sociales y Deportivos.El fiscal Godoy investiga qué hay detrás del intento de retiro del dinero. Busca determinar si es la punta que lleva a una trama más compleja, como la del multimillonario desfalco de fondos públicos a través de las tarjetas de débito de empleados "fantasma" o "ñoquis" de la Legislatura bonaerense.