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DNU: la oposición aprovechó una visita del presidente del Senado español para reclamar mayores restricciones

"Se ha hecho un uso desigual. Yo no creo que sea un problema, pero debe ser utilizado en su justa medida", señaló Pedro Rollán Ojeda al ser consultado sobre la experiencia de dicho sistema en la nación europea. Allí tienen 30 días para definir en el Parlamento. La Cámara alta aún no sabe si irá al recinto esta semana para cambiar la ley vigente e imponer 90 días de aprobación obligatoria por parte del Congreso

Senado: la oposición firma el dictamen de la reglamentación dura de los DNU y el kirchnerismo sorprende al moderar su postura

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió hoy dictamen para insistir con la sanción original del proyecto de ley que reglamenta el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia y que incluye la cláusula que obliga al Gobierno a conseguir la aprobación de los decretos en ambas cámaras en un plazo perentorio de 90 días.La sorpresa de la reunión fue la postura del kirchnerismo, que de manera inesperada dijo que apoyaría el dictamen, pero que lo haría en disidencia parcial porque la versión aprobada por Diputados tiene mayores posibilidades de ser ratificada por el Congreso ante un eventual veto de Javier Milei.Así lo explicó Florencia López (Unión por la Patria-La Rioja) durante la reunión de comisión. Tras abogar a favor de regular de manera más estricta los DNU para que el Gobierno "deje de gobernar por decreto", la senadora kirchnerista aseguró que"insistir sin escuchar a la Cámara de Diputados no puede llevar a que sea difícil insistir en el Congreso si el Presidente veta la ley".La postura del kirchnerismo provocó el malestar de algunos senadores de la bancada peronista de Unión por la Patria y avivó las sospechas de los otros bloques de la oposición acerca de la existencia de un acuerdo subterráneo entre el Gobierno de Javier Milei y la expresidente presa por delitos de corrupción, Cristina Kirchner. Según pudo saber este diario, la decisión de abrir un proceso de conversaciones con referentes de la Cámara de Diputados antes de llevar el proyecto el recinto surgió de la mesa de conducción de la bancada, que integran José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), todos con linea directa con San José 1111.El 9 de octubre pasado, la Cámara baja aprobó el proyecto, pero con una modificación clave. Al no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos que requiere la Constitución para este tipo de iniciativas, fue eliminado el artículo 3 que había aprobado originariamente el Senado. Esa cláusula era una de las mas duras de la iniciativa ya que establecía que los DNU tendrían vigencia por 90 días. Si en ese plazo el Gobierno no logra conseguir que el decreto sea aprobado en ambas cámaras, el decreto perderá vigencia.La restitución de ese artículo fue reclamado en el inicio del debate de comisión por el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), quien pidió insistir con el texto que aprobó el Senado el 5 de septiembre pasado."Necesitamos insistir con el proyecto que aprobamos en el Senado; los 90 días son necesarios porque sin ese plazo se aprobaron muy pocos DNU", argumentó Vischi, quien aseguró que "la sanción ficta (de los decretos) es una degradación de la responsabilidad que tenemos como legisladores".La postura del radical correntino fue respaldada por la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "El plazo de 90 días es el que han recomendado todos los expertos", sostuvo.A pesar de los insistentes pedidos, el kirchnerismo se mantuvo en su postura y decidió firmar en disidencia parcial el dictamen, para permitir que quede habilitado para su tratamiento a partir de la semana próxima, pero luego de que abrir conversaciones para determinar cuál versión -si la aprobada originalmente por el Senado o la modificada por Diputados-, es la más conveniente.El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.Más allá de la cláusula de los 90 días, el proyecto modifica de manera radical lo establecido en la regulación vigente. Así, establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.Otras tres reformas también parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico. La segunda reforma es la habilitación al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.La tercera prohíbe de manera explícita emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.

Sorpresivo guiño del kirchnerismo al Gobierno: firmó en disidencia el dictamen para reformar la ley de DNU

En el Senado, radicales y peronistas disidentes pidieron ratificar el proyecto original, aunque el Frente de Todos dijo que lo mejor era pensar en el cambio realizado por Diputados. Suspicacias por intentos de negociaciones con la Casa Rosada

Senado: la oposición insistirá con modificar la ley de DNU en medio de una batalla sindical contra Villarruel

Antilibertarios quieren dictaminar esta tarde la versión original del proyecto que aprobó la Cámara alta y modificó Diputados. En tanto, el principal gremio llevó ayer a su líder a un patio interno del Palacio y amenazó con ir al recinto

La 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires se organiza con consignas contra el DNU que afecta tratamientos de género

Las organizaciones convocantes afirmaron que "cercena derechos ya conquistados, como el acceso a la salud de adolescentes trans y la identidad de personas privadas de libertad". A partir de las 16 horas del sábado comenzará y avanzará hacia Plaza Congreso, donde desde las 18 horas se dará inicio a la programación. Leer más

DNU de Milei: el Gobierno dice que por una desregulación el precio de la yerba mate cayó un 44,3%

El precio de la yerba mate cayó un 44,3% en términos reales debido a la desregulación implementada por el Gobierno a fines de 2023. Así lo señaló un informe oficial que destacó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que eliminó varias funciones regulatorias, como la promoción de acuerdos de precios semestrales, los registros de producción y comercialización y la capacidad para limitar la producción por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ente con la participación de yerbateros, la industria y las provincias de Misiones y Corrientes, entre otros actores. En tanto, los productores indicaron que cobran solo $300 el kilo mientras los costos superan los $420. "No va a ser gratis": el frío extremo dio un duro golpe y hay otra alerta para mañana"A raíz de las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero, los precios reales de la yerba mate registraron una baja sostenida de 44,3% en comparación con el nivel general de precios en diciembre de 2023, mientras que el precio nominal se estabilizó desde julio de 2024â?³, destacó un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger. Indicaron que la producción y las exportaciones aumentaron 29% y 16,6% de 2023 a 2024, respectivamente.Vale recordar que el INYM tenía la atribución de establecer, mediante resoluciones, los valores de la materia prima de la yerba, que comprendía tanto la tonelada de hoja verde como la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero. Por eso, en el Ministerio señalaron que en diciembre de 2023 el presidente Milei eliminó, mediante el citado DNU, la facultad del INYM para establecerlos y "esta medida permitió que los productores fijaran libremente el precio de venta del producto". En el informe se destacó que entre 2019 y 2023 se observó un estancamiento en la producción. Sin embargo, luego de la implementación del DNU 70/2023, dijeron, hubo un incremento en la producción. En 2024 la producción de yerba mate canchada alcanzó un nivel récord, estimado en 345.491 toneladas de yerba mate canchada (equivalente a un promedio mensual de 28.790,9 toneladas). Esto representó un incremento del 29% respecto al año anterior. En tanto, agregaron que el precio real alcanzó en julio de 2025 su valor más bajo desde marzo de 2023, lo que hizo al producto relativamente más accesible para el consumidor. Agregaron que las exportaciones también marcaron un récord en 2024, con 42.695,6 toneladas. Esto significó un crecimiento del 16,6% en volumen respecto a 2023.Según la perspectiva de la cartera que conduce Sturzenegger, la desregulación generó un círculo virtuoso. Apuntó que el DNU 70/2023 "permitió transformar al sector yerbatero en un mercado más competitivo y eficiente". "En el pasado, el INYM imponía precios mínimos que encarecían la yerba mate para la industria y, en consecuencia, para el consumidor final. Con la eliminación de estas restricciones, se habilitó un esquema de libre competencia que favoreció un incremento de la producción y las exportaciones, además de presentar una reducción del precio real al público", sintetizaron. Por otra parte, hoy también se conoció el último informe del INYM en el que se destacó que entre enero y septiembre se procesaron 863.566.554 kilogramos de hoja verde, según declaraciones juradas ante el INYM. La comparación histórica refleja que el ingreso de materia prima en ese período se ubicó por encima de los valores de 2023, pero por debajo de 2024, cuando se habían registrado 968 millones de kilos.También observaron que las salidas de yerba mate hacia el mercado interno alcanzaron en septiembre pasado 23.200.203 kilogramos y acumularon 207.103.486 kilos en los primeros nueve meses del año, un 7,06% más respecto del mismo periodo del año anterior. En tanto, en septiembre de 2025 se exportaron 7.252.770 kilogramos de yerba mate y en los primeros nueve meses del año se colocaron en el exterior 41.954.076 kilos, un 26,46% más que en el período enero-septiembre del año pasado, según el INYM.Según señalaron los productores a LA NACION, el mejor precio pagado fue de $300 puesto en secadero, muy lejos de los $423,99 por kilos que es el costo para producir un kilo de yerba mate. A este precio hay que descontar servicio de cosechar, impuestos, entre otros. "La situación es crítica. Los productores de yerba mate no están limpiando los yerbales, porque no alcanza para cubrir los gastos. No llegamos a cubrir los costos de producción", señaló Juan Manuel Jones, un productor de Andresito. "Ni siquiera podemos salir empatados. Producir yerba mate hoy no es negocio", completó. La desregulación del Gobierno, en tanto, fue bien recibida en el sector industrial.

Revés para el Gobierno: suspenden el DNU que le quita a la Justicia el manejo de los bienes decomisados de la corrupción

Un juez dictaminó una medida cautelar contra el DNU impulsado por el ministro de Justicia saliente Mariano Cúneo Libarona porque vulneraría la independencia Judicial.

La seguridad jurídica la dan las leyes, no los DNU

En tiempos recientes se levantaron voces contra el proyecto del Congreso modificando la ley 26.122 regulatoria del trámite de los decretos de necesidad y urgencia, acotando el rechazo de una sola de las cámaras del Congreso para que el mismo sea inválido, guardando coherencia con el sistema de formación y sanción legislativa, mientras que el texto actual al requerir el doble rechazo, les otorga una singular eficacia normativa que la constitución no les concede. Devuelto al Senado desde la Cámara de Diputadostambién establece un plazo de caducidad de noventa días si el mismo no ha recibido tratamiento.Los críticos argumentan razones político-ideológicas al señalar que la misma mayoría que se benefició de la sanción impulsada por la expresidente, son ahora quienes restringen la acción política del actual gobierno. Aunque el oportunismo sea evidente, los argumentos políticos son siempre resbaladizos en cuestiones técnico-jurídicas y esconden verdades a medias.En efecto, muchos de los que criticaron la ley 26.122, después la consideraron un instrumento jurídico válido para ser utilizado por el gobierno actual. Cabe remitirse a todo lo escrito en apoyo del DNU 70/24 y otras normas en consecuencia, aún cuando por esa vía se continuara el camino de la "decretomanía" que nos aqueja groseramente desde la recuperación democrática ocurrida hace cuarenta años.Se dice que limitar los decretos de necesidad y urgencia del actual gobierno generaría factores de inseguridad jurídica para los inversores, pero creemos -se ha sostenido muchas veces- que ha sido justamente el uso y abuso de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo una de las mayores causas de inseguridad jurídica en nuestro país.Es el desapego a las leyes y la recurrente tendencia a lo provisorio la causa endémica de nuestros males. Los índices de riesgo país responden a problemas de confianza en los mercados financieros, pero también a razones más profundas, entre ellas la falta de un marco jurídico estable basado en la división de poderes y el cumplimiento de la Constitución Nacional como proyecto sugestivo de vida en común.En eso se basó el gran despegue a fines del siglo XIX, entre 1860 y 1930; durante este período, tantas veces invocado, coincidió la mayor estabilidad institucional y el mayor acatamiento de la Constitución con el mayor progreso económico del país.Las privatizaciones y la reforma del Estado durante la década de los 90 redujeron la deuda y el déficit público y estabilizaron la moneda con la convertibilidad, pero esto fue a costa de registros negativos en materia de seguridad jurídica como consecuencia de haber sido instrumentados con el uso indiscriminado de la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia.Los debates entre constitucionalistas y administrativistas se profundizaron desde esa época. En los sistemas parlamentarios y semiparlamentarios europeos la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo no es tan firme y marcada como en el modelo presidencialista que tiene fuertes límites para asegurar las libertades individuales. Decía Alberdi: "â?¦dadle todo el poder al presidente pero dádselo a través de una constituciónâ?¦"Y la constitución es muy clara al respecto, cuando en el segundo párrafo del inciso tercero del artículo 99 dice: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Y agrega seguidamente: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgenciaâ?¦"Las excepciones al principio general, claramente prohibitivo de la constitución, han sido tantas que se ha colocado el carro delante de los caballos. Se subvirtió el principio legislativo del estado del derecho conforme al cual corresponde al Congreso dictar las normas generales y abstractas para toda la nación y al Poder Ejecutivo reglamentar su alcance sin alterar su espíritu. La Constitución es muy clara, los DNU no son inconstitucionales sino nulos, de nulidad absoluta e insanable. La Corte Suprema en los casos "Verrochi" (1999) y Consumidores Argentinos (2010) señaló que solamente son válidos en condiciones "excepcionales y justificadas".Si el constituyente hubiera querido hacer otra cosa, podría haber optado por el sistema de la constitución francesa de la V República o de la constitución de Chile de 1980, reformada en 2005, en las cuales hay una amplia zona de reserva para que el presidente gobierne emitiendo decretos-leyes, limitando algunas materias que son exclusivas de la Asamblea o del Congreso, particularmente las cuestiones vinculadas a la sociedad. En nuestro país los decretos-leyes fueron muy utilizados por los gobiernos de facto.Mucho ha tenido que ver con esto nuestra peculiar inclinación hacia la "exceptocracia" o el recurrir a la emergencia invirtiendo la lógica del principio de limitación del poder y del Estado Constitucional de Derecho. Decía Umberto Ecco: "Se ha hablado tanto de crisis que se ha puesto en crisis el propio concepto de crisis", algo aplicable a nosotros parafraseando la emergencia.No debe ser mal visto, por lo tanto, cualquier intento por limitar los excesos de tales prácticas, más allá de los contextos políticos coyunturales, los hemos visto de todos los lados. La respuesta está en buscar consensos para hacer leyes durables. Como ejemplo, durante su primer año de mandato el presidente Mauricio Macri tuvo minoría en ambas cámaras pero logró aprobar más de sesenta leyes negociando con la oposición.El consenso en la democracia no significa unanimidad, sino la búsqueda constante de acuerdos básicos que hagan posible la vida en común, respetando las diferencias y garantizando que las reglas del sistema sean aceptadas por todos. Los ciudadanos merecen y esperan que sus gobernantes acuerden sobre los grandes temas que los preocupan. Cuando se fundaba la república y se juraba nuestra constitución por primera vez en el atrio de una iglesia de Catamarca, un curita criollo exhortaba "Obedeced señores, es preferible mil veces postrarse ante las leyes que postrarse ante los tiranosâ?¦"Profesor titular de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho (UBA); académico de número en Derecho y Cs. Sociales de Buenos Aires y en Ciencias Morales y Políticas

El debate por los DNU refleja la degradación de la cultura republicana

Con el fino humor que lo caracterizaba, el recordado Raúl Baglini popularizó un teorema que retrata, con aguda precisión matemática, la conducta pendular de buena parte de la clase política argentina. "El grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder", reza, palabras más o palabras menos, el teorema que hizo célebre al legislador radical por su inalterable vigencia.La validación de esta tesis llega, una vez más, con la discusión en torno del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que resucitó el Congreso tras casi 20 años de statu quo. Un debate bizarro -por no decir cargado de hipocresía- que tiene al kirchnerismo, en su ropaje opositor, agitando las banderas republicanas que denostó cuando era oficialismo, y al gobierno libertario en defensa tenaz de una ley que pergeñó la mismísima "condenada" -como apoda a Cristina Kirchner- para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar a puro decreto.En medio de la grieta, aquellos partidos políticos que en otros tiempos enarbolaban los estandartes de la división de poderes y despotricaban contra el abuso de los DNU por parte los sucesivos gobiernos, en este debate sus voces ya no sonaron tan estentóreas. El grueso del radicalismo y del Pro que empatiza con el presidente Javier Milei salió en su defensa y cuestionó a la oposición por pretender despojar a un gobierno en minoría parlamentaria de una herramienta clave de gestión.Resulta llamativo el argumento de estas fuerzas políticas. Son las mismas que conformaron el gobierno de Cambiemos, que también le tocó gestionar con minoría parlamentaria en ambas cámaras frente a una oposición dominada por el kirchnerismo. Pese a ello, el expresidente Mauricio Macri dictó solo 34 DNU durante sus dos primeros años de gestión; Milei, en el mismo lapso, más que lo duplicó.El problema de fondo, en definitiva, todavía no está saldado: la 'decretocracia' como modus operandi para gestionar¿Por qué la diferencia? Porque durante la primera etapa de la gestión de Cambiemos, sus principales lugartenientes parlamentarios se encargaron de ampliar la base de sustentación legislativa con alianzas con los gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales para aprobar leyes. No le hizo falta recurrir a la política del decreto. Milei, está visto, no siguió sus pasos.El problema de fondo, en definitiva, todavía no está saldado: la "decretocracia" como modus operandi para gestionar. La utilización excepcional de esta herramienta devino, a partir del gobierno de Carlos Menem, en una práctica habitual, lo que motivó que en 1994 los convencionales constituyentes intentaran fijar parámetros que acotaran su uso en la nueva Carta Magna. Sin embargo, el diseño institucional finalmente cristalizado en el artículo 99 inciso 3, por lo contradictorio y ambiguo, lejos de restringir el dictado de DNU, exacerbó la práctica, agravada por la demora del Congreso en sancionar la ley reglamentaria correspondiente.Hasta la reinstauración democrática de 1983 se dictaron solo 15 DNU en toda la historia constitucional argentina. A partir del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) la actividad legislativa presidencial fue creciente -dictó 10 DNU en sus seis años de mandato-, aunque fue durante el gobierno de Menem cuando alcanzó niveles exponenciales.Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, la decretocracia dio otro salto exponencialLas cifras hablan por sí solas. Desde julio 1989 hasta la puesta en marcha de la reforma constitucional, Menem firmó la friolera de 336 DNU. Durante su segundo mandato firmó 115 DNU. La oposición en el Congreso intentó, en vano, imponerle límites con distintos proyectos tendientes a reglamentar el artículo 99, inciso 3. Pero cuando Fernando De la Rúa llegó al poder en 1999, los roles se invirtieron. Contrario a lo que había pregonado durante el menemismo, el gobierno de la Alianza mantuvo la práctica de legislar por decreto -se dictaron 52 DNU en los dos años de gestión- mientras que en el Congreso el bloque oficialista buscaba evitar que el peronismo le impusiera límites. Otra vez, el teorema de Baglini.Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, la decretocracia dio otro salto exponencial. En apenas un año y medio de gestión, Duhalde dictó 152 DNU, amparado en la crisis económica de 2001; paradojas de la política, fue Cristina Kirchner, por entonces diputada y opositora a su gobierno, quien procuró ponerle coto con un dictamen por demás restrictivo. Allí establecía que los DNU debían cumplir con el proceso de formación y sanción de las leyes, por lo que tanto la ratificación como la derogación de un DNU requería la aprobación expresa de ambas cámaras. Además, disponía que si el Congreso no se pronunciaba en un plazo determinado -el dictamen lo fijó en un máximo de 10 días-, el decreto perdía toda vigencia.Apenas cinco años después, Cristina Kirchner, ya en su papel de primera dama y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dará un viraje copernicano en su postura original. Para entonces, el gobierno de su esposo había dictado 195 DNU, una cifra inédita. Merced a la mayoría que el oficialismo ostentaba en ambas cámaras, la senadora logrará lo que los antecesores de Néstor Kirchner no pudieron: una ley que incorpore formalmente al Congreso en el control de los DNU sin que ate de pies y manos al Poder Ejecutivo en el uso de esta herramienta.Así, en 2006 se sanciona la ley 26.122, que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos. El hecho de que la norma no estipule un plazo temporal para que el Congreso se pronuncie sobre un DNU, así como el requisito expreso del rechazo de ambas cámaras para ser derogado constituyen el principal salvoconducto para que el Poder Ejecutivo continúe con la práctica de legislar por decreto sin demasiadas restricciones parlamentarias.La oposición de Pro y de la UCR cuestionan hasta hoy esta norma. El senador radical Rodolfo Terragno rebatió los argumentos de la senadora Kirchner con los argumentos de la diputada Kirchner; esto es, puso en contraste ambos proyectos de ley, el que Cristina Kirchner había presentado en 2001 -que Terragno, con picardía política, hizo suyo- y el que impulsó en 2006. Veinte años después, la ley 26.122 -que el gobierno de Milei hoy defiende- continúa en la picota. Sería simplista, sin embargo, agotar las críticas en el diseño de la norma. ¿No será que la raíz del problema es, en rigor, la mayor tolerancia política hacia liderazgos con rasgos decisionales cada vez más acentuados? Oficialistas y opositores de turno no han tenido prurito alguno en mutar drásticamente sus posiciones según su cercanía o no del poder. Empero, esta mirada de corto plazo de unos y otros evita abordar el problema de fondo: la degradación de la cultura republicana que este debate pone al desnudo.

Martín Menem envió la reforma de los DNU al Senado una semana después de su sanción

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió al Senado el proyecto de reforma de los DNU, que busca limitar la discrecionalidad de los presidentes para legislar sin intervención del Congreso. Lo hizo en la tarde del jueves, una semana después de que la Cámara baja rechazara un artículo clave del proyecto y se demorara su aprobación.La Cámara baja había tratado, el miércoles de la semana pasada, el proyecto que fue aprobado en general por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, cuando se avanzó con la votación en particular, el artículo tercero de la ley no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.La cláusula en cuestión establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso aprobara los DNU y decretos delegados. De no expedirse dentro de ese período, los instrumentos quedarían sin efecto, dice el proyecto que había aprobado el Senado.Por el rechazo de este artículo, la iniciativa debió volver a la Cámara alta, que ahora tendrá que resolver si insiste con la formulación original del texto o acepta los cambios. Cualquiera sea el desenlace, lo cierto es que el resultado de la votación en particular permitió al Gobierno demorar la eventual aprobación del proyecto que limitaría una herramienta ampliamente utilizada por Milei para sortear su debilidad legislativa: desde que comenzó su gestión, la cantidad de DNU emitidos duplicó al número de proyectos de ley enviados.La oposición denunció que la demora de Menem en el giro a la Cámara alta fue parte de una maniobra del oficialismo para ganar tiempo y evitar, así, un nuevo revés legislativo para La Libertad Avanza antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.A nueve días de las elecciones, ya no queda tiempo para que la Cámara alta sesione antes de las elecciones, advierten en el Congreso.Qué dice la reformaLa reforma de los DNU que trató la Cámara baja no solo fijaba un plazo máximo de 90 días corridos para el tratamiento de las iniciativas del Ejecutivo. A diferencia de lo que sucede hoy en día, también establece que, por un lado, de no expedirse, el instrumento quedará sin efecto y que, para rechazarlo, solo se necesita de la resolución de una cámara.Actualmente, se requiere del rechazo de las dos cámaras para voltear un DNU, de modo que el silencio de al menos una de ellas convalida su "sanción ficta". Se trata de una regulación que había impulsado la expresidenta Cristina Kirchner durante su paso por el Congreso.La reforma en su conjunto fue aprobada por una mayoría de 140 diputados. Sin embargo, como informó LA NACION, 14 diputados que se expresaron favorablemente en la votación en general, cambiaron su postura al momento de votar en particular el artículo tercero. Es el caso de Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González (de Pro) y los legisladores de Desarrrollo y Coherencia, Oscar Zago, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Eduardo Falcone. Todos ellos votaron en contra.Otros tres legisladores, alineados con los gobernadores Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Rolando Figueroa, también rechazaron la cláusula.En tanto, a la hora de votar este artículo, también modificaron su postura y se abstuvieron los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Marcela Borrego y Marcela Campagnoli y los radicales Fabio Quetglas y Karina Banfi.

Martín Menem envió al Senado la reforma de los DNU y no creen que se llegue a debatir antes de las elecciones

La oposición presionaba al presidente de la Cámara baja, quien demoró el trámite para evitar una sesión polémica y con posible derrota para el Gobierno en la previa de los comicios del 26 de octubre

Menem duerme la ley de DNU en Diputados y calienta la pulseada con el Senado

A seis días de la votación en Diputados, el proyecto sigue frenado. En la oposición acusan al oficialismo de ganar tiempo para blindar un posible veto de Milei tras el recambio legislativo

¿Se enfría la ofensiva opositora? Se aplazó en el Senado la sesión para limitar los DNU y el Gobierno gana tiempo

Después de mucho tiempo, el Gobierno tendrá una semana de alivio, al menos en el Senado. Tras comprobar que no le darán los tiempos ni los números para poder insistir con el proyecto de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, decidió postergar la sesión que iba a celebrarse esta semana en la Cámara alta.La decisión se tradujo en la suspensión de la reunión de Labor Parlamentaria que se había convocado para este martes a las 18.30 y en la que se iba a definir el temario de una eventual sesión para el próximo jueves. En puerta y a la espera de generarle nuevos dolores de cabeza a la administración de Javier Milei se encontraban dos pedidos de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, y el proyecto que modifica la reglamentación del trámite legislativo de los DNU.Si bien la reunión de jefes de bloque se aplazó para el próximo martes, todo indica que la Casa Rosada podrá disfrutar de una tregua hasta la última semana de octubre o la primera de noviembre. Es que la semana que viene es la previa a las elecciones legislativas de medio término del domingo 26, por lo que es casi imposible que los senadores abandonen el tramo final de las campañas en sus provincias para asistir a la Cámara alta.De hecho, el compromiso de muchos legisladores en actividades proselitistas fue una de las causas que llevó a la oposición a desestimar la posibilidad de sesionar este jueves. A esto se suman algunos problemas de salud que le impedían al bloque de Unión por la Patria tener a su dotación completa para colaborar a conseguir el quorum y a aprobar las iniciativas rechazadas por la Casa Rosada.En este escenario, la oposición no se encontraba en condiciones de reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que se requerían para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de regulación de los DNU, que vuelve a la Cámara alta modificado por Diputados, y de blindaje de la empresa Nucleoeléctrica Argentina contra la privatización que impulsa el Gobierno. Es que ninguna de las dos iniciativas tiene dictamen de comisión.Para subsanar ese problema, el kirchnerismo aceleró la convocatoria a un plenario de comisiones para darle dictamen este miércoles, a las 17, a un proyecto del jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), que impide el traspaso a manos privadas de la participación accionaria del Estado argentino en Nucleoeléctrica.La regulación de los DNUPor otro lado, también se buscaba reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la schiarettista Alejandra Vigo (Provincias Unidas-Córdoba), para darle dictamen al proyecto sobre los DNU y, así, dejarlo también en condiciones de ser discutido en la próxima sesión.En este caso, la disyuntiva es si el Senado acepta el cambio que le introdujo Diputados al proyecto o si insiste en la versión que aprobó en primera instancia. La diferencia no es menor: la Cámara baja fracasó en aprobar el artículo 3 â??faltaron dos votos para alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constituciónâ??, que elimina la sanción ficta de los DNU al establecer un plazo de 90 días para que el Congreso lo apruebe o, en su defecto, el decreto pierde su vigencia.Cuando se trató en el Senado, a mediados de septiembre, la cláusula consiguió una mayoría abrumadora de 56 votos a favor y tan sólo 8 votos en contra, superior a los dos tercios.Pero el panorama parece haber cambiado tras el acercamiento que la Casa Rosada viene protagonizando con gobernadores que supieron ser aliados y a los que había repelido por su política fiscal, el incumplimiento de promesas y su estrategia electoral para los comicios del 26 de octubre. Tras la exigencia de la administración de Donald Trump de asegurarse gobernabilidad, la Casa Rosada decidió virar su discurso y se mostró abierta a recomponer alianzas en el Congreso.En este escenario, ya no estaría el mismo número de senadores dispuestos a sumarse a una regulación tan drástica de los DNU contra la administración Milei.Sin embargo, para insistir en su versión original, sólo se necesitan 37 votos afirmativos en el Senado, una cifra accesible si se toma en cuenta que sólo el kirchnerismo, si está con su dotación completa, aporta 34 voluntades.

La oposición se prepara para ratificar la ley de DNU, pero el oficialismo especula con las fechas para que quede en un limbo

Diputados la aprobó, pero como un artículo salió rechazado el Senado tiene que insistir con el texto original.La oposición junta voluntades para sesionar el jueves.

Regulación de los DNU: la oposición cree tener los votos y analiza apurar la sanción del proyecto para la semana próxima

El Senado se convertirá la semana próxima en escenario de una fuerte pulseada entre la administración de Javier Milei y la oposición más dura, encabezada por el kirchnerismo, en torno al proyecto de ley que regula el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que establece serios límites al uso de estas herramientas por parte del Poder Ejecutivo.La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en la tarde del miércoles, pero con la eliminación del artículo 3 del texto sancionado por el Senado el pasado 5 de septiembre. El dato no es menor. No sólo porque obligará al proyecto a volver en segunda revisión a la Cámara alta, sino que borró la cláusula que establecía un plazo perentorio de 90 días para que un DNU consiguiera la convalidación del Congreso. De no obtenerla, pierde vigencia de manera inmediata."Estamos viendo los números; creo que los podemos llegar a tener", dijo José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, ante la consulta de LA NACION sobre qué ritmo se le intentará dar al trámite de un proyecto que molesta a un Gobierno que ha hecho de los DNU una de sus herramientas preferidas para evadir a un parlamento en el que está en minoría y que se convirtió en un campo de batalla hostil desde que se lanzó la campaña electoral.La confianza de Mayans encuentra sentido en el amplio apoyo que la iniciativa obtuvo cuando se trató por primera en el recinto del Senado. En aquella sesión, el proyecto fue aprobado por 56 votos a favor, sólo ocho en contra y dos abstenciones. Una relación de fuerzas que superó con holgura la mayoría absoluta del cuerpo (37 votos afirmativos sobre un total de 72 legisladores) que exige la Constitución para reglamentar el uso de los DNU. Aquella mayoría rebasó, también, los dos tercios de los presentes, razón por la cual en algunas usinas opositoras se entusiasman con la posibilidad de llevar el proyecto al recinto la semana próxima en un debate sobre tablas, es decir sin necesidad de tener que conseguir dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.Sin embargo, el panorama puede haber cambiado en los últimos días al ritmo de las negociaciones que desde la Casa Rosada se han entablado para recuperar el control del Congreso, o al menos cortar con la rebelión legislativa, con un grupo de gobernadores que, molestos por las actitudes del Gobierno, decidieron pasar a la oposición.El trabajo de seducción del Poder Ejecutivo quedó al descubierto en Diputados, donde el frente de los gobernadores, que había impulsado la aprobación en el Senado de una nueva regulación de los DNU como gesto de fuerza ante el gobierno de Milei, volvió a mostrar dobleces.En particular las miradas apuntarán ahora a los senadores del bloque Pro, que desde hace una semana conduce el misionero Martín Goerling y responde a Mauricio Macri, y los radicales con terminales en los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco).Producto de esta recomposición de relaciones con la Casa Rosada también podrían entrar en duda los votos de las cuatro senadores, dos por cada uno, que responden a los gobernadores de Pro Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).No obstante este cambio de humor, el Gobierno afronta una difícil misión. Con 34 senadores aportados por el kirchnerismo, la mayoría absoluta que se necesita para restituir la exigente cláusula de los 90 días está a tan sólo tres votos. Una cifra que, teniendo en cuenta el nivel de fragmentación que hay en la UCR, Pro y hasta en las fuerzas provinciales, parece estar al alcance la mano.Qué dice el proyecto El proyecto que discute el Congreso por estos días termina con la sanción ficta que contiene la ley reglamentaria vigente, según la cual alcanza con el silencio del Congreso o que una cámara lo apruebe para dejar firme un DNU. Esta idea, prohibida por la Constitución para el trámite de los proyectos de ley y que fue motivo de queja y debate en las últimas dos décadas, fue diseñada de puño y letra por Cristina Kirchner en 2006, cuando era primera dama, para favorecer al gobierno de Néstor Kirchner.El texto en discusión ahora, por el contrario, establece que el rechazo de una cámara alcanza para derogar un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.La iniciativa incluye otras reformas que parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei. Una, impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como los hizo con el DNU 70/23. Si el proyecto se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico.También parece ajustarse a la situación vivida con el DNU 70/23 la cláusula que permite al Congreso a sesionar durante el receso de verano para analizar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero. Por último, se aclara de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo.

Fernando Carabajal explicó en qué consiste la ley para limitar los DNU: "No se pretende prohibirlos"

El diputado de la Unión Cívica Radical aseguró que la reforma tratada en la Cámara de Diputados pretende "asegurar el control legislativo sobre los decretos". Leer más

Reforma de DNU: la trastienda de una votación que le permitió a Milei ganar tiempo hasta las elecciones

La iniciativa preocupaba al Gobierno, pero, gracias a contactos con los gobernadores y con ex aliados, el texto sufrió cambios y tendrá que volver al Senado

Diputados aprobó restringir los DNU, pero volverá al Senado con cambios

La iniciativa, que estaba a punto de convertirse en ley, perdió 13 apoyos en el artículo 3, el que fijaba el plazo de 90 días para el tratamiento.

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, se aprobó de forma general. Sin embargo, el artículo 3 cayó y toda la norma deberá volver a ser tratada en el Senado

Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitar a Milei el uso de los DNU

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Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU pero hubo cambios y ahora deberá volver al Senado

Los libertarios ganaron tiempo y un eventual veto presidencial llegará recién después de las elecciones. El artículo de la polémica fue el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos

El DNU que autoriza el ingreso de tropas de los EE.UU. es nulo

No había ni necesidad ni urgencia de llevar a cabo un plan de ejercicios militares, si el Congreso no lo autorizaba.

Minuto a minuto en el Congreso: Diputados debate la regulación de los DNU, la expulsión de Espert y la interpelación a Karina Milei

Desde este miércoles al mediodía, la oposición parlamentaria toma la ofensiva con una sesión que reune el conjunto de los escándalos políticos que tiene al Gobierno como protagonista. Leer más

La reforma de la ley de DNU: es ahora

En el medio de semanas informativamente convulsionadas, pasó desapercibida una noticia cardinal: hoy la Cámara de Diputados tiene en agenda tratar la reforma de la Ley 26.122 que ya aprobó el Senado. Si se aprobara, y el presidente Javier Milei no la vetara, la Argentina tendría una nueva ley que garantizaría un control real del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). A diferencia de la ley vigente, aprobada durante el mandato de Néstor Kirchner precisamente para facilitar el gobierno por decreto, el proyecto dictaminado en la Cámara Baja pone un plazo a los DNU: si no son aprobados por las dos cámaras en 90 días, se caen. Si se aprobara este proyecto, entonces, cambiaría drásticamente la manera en la que se gobierna la Argentina.Una reforma de este tipo ha sido ansiada por los partidos que se jactan â??con justicia o sin ellaâ?? de su compromiso republicano. En 2010, de hecho, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto similar con el voto de Patricia Bullrich y Fernando Iglesias. Hoy, sin embargo, estos sectores se oponen a lo que entonces defendían. Su argumento es el siguiente: dado que otros presidentes han gozado de la libertad para gobernar por decreto que les daba la Ley 26.122, se debe garantizar lo mismo para Milei hasta el fin de su mandato. Debemos reformar esa ley â??nos dicenâ?? pero a ciegas, recién para el presidente que asuma en 2027.En otra época, este argumento se contestaba solo: si algo está mal, está mal para todos, y debe remediarse apenas se pueda. La calidad institucional no es una competencia en la que haya que nivelar la cancha a lo largo del tiempo. Compensar al gobierno actual por las ventajas inconstitucionales que tuvieron los anteriores implicaría, por ejemplo, permitirle al Presidente perseguir periodistas o presionar jueces porque sus antecesores también lo hicieron. Se trata de la lógica de "Seño, empezó él" que en la mayoría de los ámbitos aprendemos a abandonar a una edad de un dígito.Sin embargo, dado que el argumento anterior puede parecer algo naïf para esta época desembozada, me permitiré otro argumento algo más contingente. Modificar la Ley 26.122 con efecto inmediato se justifica no solamente porque es correcto en abstracto, sino también porque el gobierno de Milei ha sido el que más ha abusado de los DNU desde que esa ley existe. Los números dan una pista: con la sola excepción del período de pandemia, y a un ritmo de casi uno por semana, Milei es el que proporcionalmente más DNU ha dictado desde que se aprobó la ley en 2006. Desde ya, este número por sí mismo no significa mucho: contar decretos no tiene sentido si no se analiza también su contenido y su contexto. Pues bien: el DNU 70, dictado a días de inaugurar su mandato, es, de lejos, el más extenso de la historia y deroga o modifica más de 80 leyes. Si cupiera alguna duda, ha sido el propio Milei quien ha usado este criterio cuantitativo para ufanarse de que el DNU 70 había sido la "reforma estructural más grande de la historia". No se trata, por supuesto, de un mero conteo aritmético, sino de una diferencia cualitativa. Milei ha reformado por DNU todo lo que ha podido, y -con poquísimas excepciones- todos los proyectos que ha enviado al Congreso versaban sobre temas tributarios, penales o electorales (es decir, precisamente los temas que están excluidos de los DNU). El Congreso, como se ve, ha pasado a ser un obstáculo a evitar.Precisamente por esto, Milei ha reformado por DNU normas de carácter permanente que presidentes anteriores no habían osado modificar más que en algún aspecto puntual. Ha reformado, por ejemplo, artículos troncales del Código Civil y Comercial, debatido por expertos durante años a lo largo del país. Ha modificado la Ley de Nacionalidad, de 1869, para dificultar la adquisición de la ciudadanía argentina. Ha modificado la Ley de Sociedades, el Código Aduanero, el Código Aeronáutico, la Ley de Contrato de Trabajo. También ha excedido lo que puede hacerse por DNU, autorizándose a sí mismo a cosas a las que sólo puede autorizarlo el Congreso: a salir del país, a permitir el ingreso de tropas extranjeras, a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. En todo esto, Milei ha incrementado, y en mucho, la ya creciente tendencia al abuso de la herramienta.De todos modos, no se trata solamente de lo que el gobierno ha hecho sino de cómo lo han justificado. A diferencia de gobiernos anteriores, los DNU ya no son presentados como un último recurso o un mal necesario. En el gobierno de Milei existe una jactancia de actuar por decreto para superar su minoría parlamentaria (como si ésta fuese una desgracia de la naturaleza y no resultado de la decisión del electorado al votar senadores y diputados). Cuando se dictó el DNU 70, el hoy ministro Federico Sturzenegger explicó que habían decidido dictarlo como DNU (y no enviarlo al Congreso) para dar una "imagen de cambio de régimen": en el nuevo "régimen", se ve, no se negocia ni se argumenta, se actúa con la lógica de los hechos consumados. Por la misma época, explicó que lo único que detendría el dictado de DNU sería afectar los temas prohibidos: "¿Se abordan temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos? No. Listo. Cerrado el tema", arengó.Por estos motivos, entonces, el país necesita un nuevo régimen de control de los DNU. No hay motivo para esperar a un próximo gobierno: el abuso de los DNU debe ser detenido hoy, que existen las mayorías e incentivos para hacerlo. En el debate parlamentario de 2010, cuando votó por su control más estricto, Bullrich celebró la aprobación de "una nueva ley de regulación de los DNU que nos limite a todos: a los que gobiernan y a aquellos que gobernemos este país, si el pueblo quiere". Hoy que el pueblo quiso, seguramente honrará la lógica impecable de aquel momento. Salvo, claro, que rece en nombre de las instituciones argentinas la famosa oración de San Agustín: "Señor, hazme casto, pero todavía no".

Con la sombra del caso Espert: la oposición abrió el recinto para limitarle a Milei el uso de los DNU

La oposición abrió el recinto de Diputados decidida a recortarle a Javier Milei una herramienta clave de gobierno: los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Lo hace en medio de un vendaval político dentro del oficialismo, con uno de sus propios diputados, José Luis Espert, bajo sospecha por haber recibido dinero de un empresario acusado de vínculos con el narcotráfico.El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó contener el daño. Desde que se conoció el pedido de sesión, pasó horas al teléfono con gobernadores aliados buscando una salida: que sus legisladores se ausentaran para impedir el quorum. No lo logró.El temario de la sesión es extenso y de alto voltaje político. Desde temprano, los libertarios planean contraatacar con un pedido para remover al salteño Emiliano Estrada (Unión por la Patria), investigado por peculado en la justicia salteña. Es una jugada para equilibrar el caso Espert y, de paso, sembrar el caos en el recinto y apuntar a que la sesión se levante antes de que se debata la reforma del DNU. Pero es una estrategia riesgosa: abriría un precedente que permitiría al Congreso actuar antes que la Justicia. "Vamos a estar votando exclusiones todos los meses", advierten en otros bloques.Unión por la Patria (UP), por su parte, no quiere empujar la expulsión de Espert pese a que Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto en ese sentido. Prefieren que el diputado renuncie. Hay otro texto impulsado por Facundo Manes, pero el radical no avanzó en conseguir firmas para llevarlo al recinto.Hoy Espert es una figura tóxica para todos. En el oficialismo y entre sus aliados nadie quiere defenderlo ni compartir con él la foto del recinto. El Gobierno creyó que su renuncia como candidato bonaerense y como titular de la Comisión de Presupuesto alcanzaría para apagar el escándalo. Pero se equivocó: ayer fue imputado formalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez, a partir de una denuncia de Juan Grabois. Espert no aparecerá hoy en el Congreso.La oposición, en cambio, planea mantener el caso vivo. "Tenés que pedirle la renuncia", le advirtió un referente de Unión por la Patria al presidente de la Cámara.Desde Pro también crece la presión para que Espert se aparte. Le sugieren a Menem que lo convenza de pedir licencia, pero el riojano se mantiene inmóvil. En su entorno admiten que no quiere perder otra banca en un Congreso donde cada voto cuenta y que espera instrucciones directas de la Casa Rosada antes de mover cualquier pieza. Sin embargo, propios y ajenos coinciden en que sostenerlo podría terminar siendo más costoso que dejarlo ir.El temarioEl orden del día incluye varios temas sensibles, pero solo algunos tienen dictamen para votarse. El más relevante es la reforma de la ley que regula los DNU, que elimina la llamada "sanción ficta", es decir, la convalidación automática de los decretos si el Congreso no se pronuncia. El nuevo texto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras los ratifiquen; si no lo hacen, quedarán derogados. Además, bastará con que una sola cámara los rechace para invalidarlos, y no ambas, como exige la norma actual. El proyecto tiene media sanción del Senado y, si Diputados lo aprueba, se convertirá en ley, aunque todo indica que Milei lo vetará.También está previsto votar la designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector "verde", junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso.Finalmente, como anzuelo para mantener a los referentes de los gobernadores hasta el final, la oposición buscará aprobar el nuevo esquema de coparticipación del ICL, que aumentaría los recursos provinciales. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado y se convertirá en ley si Diputados avanza, aunque se descuenta que será vetado por Milei.

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

En la sesión especial en la Cámara un debate con altos momentos de tensión. Varios funcionarios del gobierno nacional están en la mira de la oposición Además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos

Diputados debate la regulación de los DNU, la expulsión de Espert y la interpelación a Karina Milei

A partir de las 12:00, la Cámara de Diputados comenzará a tratar una serie de temas propuestos por la oposición. Leer más

En otra mega sesión en Diputados, la oposición buscará reformar el régimen de DNU para limitar el poder de Milei

Los libertarios corrieron a José Luis Espert de la comisión de Presupuesto en un intento de socavar el escándalo de los aportes irregulares. Sin embargo, el Gobierno se expone a una dura derrota que lo obligará recurrir nuevamente al veto presidencial

Diputados: la Rosada busca bloquear la sesión, pero la oposición confía en poder recortarle a Milei el uso de los DNU

El Gobierno trabaja contra reloj para evitar que haya quórum.En el temario figuran más temas inquietantes para el oficialismo.

Sesión en Diputados: la oposición busca limitarle a Milei el uso de los DNU y crece la presión para apartar a Espert

Mientras crece la presión interna para que José Luis Espert pida licencia como diputado, Martín Menem se mantiene firme y evita avanzar. En el oficialismo reconocen que el presidente de la Cámara no quiere perder otra banca en un Congreso donde cada voto cuenta, y que espera instrucciones directas de la Casa Rosada antes de mover cualquier pieza. Pero la decisión de sostenerlo, advierten propios y ajenos, podría terminar siendo más costosa que dejarlo ir.La propuesta de apartar a Espert circula tanto entre libertarios como entre sus aliados de Pro, que ven en esa salida una forma de contener la crisis política. Pero la decisión, coinciden todos, depende de Javier Milei, decidido a no retroceder un paso más.El economista enfrenta en la Justicia una causa por lavado de dinero y la sospecha de haber recibido fondos de Federico "Fred" Machado, un empresario presuntamente vinculado al narcotráfico, cuya extradición a Estados Unidos fue habilitada hoy por la Corte Suprema.El tema dominará la sesión de este miércoles, convocada para las 12, cuando la oposición no solo apuntará contra Espert -quien evitará pisar el recinto-, sino que también buscará recortar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta clave para un presidente que gobierna en minoría. Además, se prevé que se impulsen las interpelaciones a Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones, y que se trate el reparto a las provincias del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), de alto interés para los gobernadores.Con el escenario político caldeado, el Gobierno intenta bloquear el quorum y, para eso, multiplica llamados a gobernadores aliados. La consigna es clara: evitar que sus legisladores bajen al recinto cuando suene la chicharra.El caso EspertEspert se convirtió en criptonita política para oficialistas y aliados. Nadie quiere defenderlo ni compartir con él la foto en el recinto. En el Gobierno creyeron que su renuncia como candidato bonaerense y como presidente de la Comisión de Presupuesto bastaría para enfriar el escándalo, pero se equivocaron: hoy fue imputado formalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez a partir de una denuncia de Juan Grabois.La oposición planea mantener el tema vivo y llevarlo a cada sesión hasta fin de año. "Tenés que pedirle la renuncia", le advirtió un peso pesado de Unión por la Patria (UP) al presidente de la Cámara.Desde el Pro, en tanto, crece la presión para que Espert se aparte. Le sugieren a Menem que lo convenza de pedir licencia, pero el titular de Diputados espera instrucciones de la Casa Rosada. Hay, además, dos pedidos formales para removerlo y retirarle los fueros: uno presentado por Victoria Tolosa Paz (UP) y otro por Facundo Manes (UCR). Sin embargo, la mayoría de los bloques evita avanzar: "Dejaría un precedente peligroso, después estaríamos votando exclusiones todos los meses", advierten tanto en UP como en LLA.Si la Justicia profundiza la investigación o surgen nuevos detalles sobre su vínculo con Machado, el escenario podría cambiar. En caso de renuncia o destitución, su banca sería ocupada por Hugo Bontempo, un dirigente liberal cercano a Roberto Cachanosky, hoy crítico del Gobierno.Los exlibertarios del bloque Coherencia anticiparon que lo único que aceptarán es el apartamiento de Espert. "Si tiene alguna indisposición para ser diputado, que renuncie", dijo Marcela Pagano a LA NACION, y añadió: "Yo atravesé un embarazo complicado sin pedir licencia. Hay personas enfermas que no lo hicieron. ¿Por qué dársela a él estando sano?". Aseguró que planteará su posición en el recinto. Una sesión cargadaEl orden del día incluye varios temas sensibles, pero solo algunos tienen dictamen para votarse. El más relevante es la reforma de la ley que regula los DNU, que elimina la llamada "sanción ficta", es decir, la convalidación automática de los decretos si el Congreso no se pronuncia. El nuevo texto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras los ratifiquen; si no lo hacen, quedarán derogados. Además, bastará con que una sola cámara los rechace para invalidarlos, y no ambas, como exige la norma actual. El proyecto tiene media sanción del Senado y, si Diputados lo aprueba, se convertirá en ley, aunque todo indica que Milei lo vetará.También está previsto votar la designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector "verde", junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso. Finalmente, como anzuelo para mantener a los referentes de los gobernadores hasta el final, la oposición buscará aprobar el nuevo esquema de coparticipación del ICL, que aumentaría los recursos provinciales. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado y se convertirá en ley si Diputados avanza, aunque se descuenta que será vetado por Milei. Cortocircuitos con ProEl escándalo de Espert profundizó los roces entre LLA y Pro, su principal aliado. Los amarillos critican la falta de reflejos del Gobierno y la ausencia de un comité de crisis para contener los daños. La tensión se acentuó tras la salida de Espert como candidato bonaerense, que obligó al oficialismo a apuntalar la postulación de Diego Santilli, un dirigente de Pro que en 2023 fue rival de Milei en la provincia, nada menos que aliado de Horacio Rodríguez Larreta. El desenlace choca con la estrategia que impulsa Karina Milei, empeñada en mantener la pureza partidaria y evitar aliados al frente de las listas. En esa lógica, la secretaria general de la Presidencia prefirió perder apoyos antes que ceder lugares, incluso en distritos donde una alianza con gobernadores o fuerzas locales hubiese fortalecido el bloque oficialista.La misma lógica se repite en el reemplazo de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto. El Presidente ya anticipó que el cargo será para Alberto "Bertie" Benegas Lynch, un diputado de su círculo más cercano, aunque en el Congreso dudan de su experiencia para conducir una comisión clave en pleno debate por el Presupuesto 2026. En ese ámbito conviven legisladores con fuerte trayectoria técnica, como Germana Figueroa Casas o Luciano Laspina, del Pro, a quienes el oficialismo decidió dejar al margen. Desde el entorno de Menem aseguran que el macrismo mantendrá la secretaría del cuerpo, una suerte de premio consuelo tras un desplante evidente.

Preocupados por la reforma de los DNU, los libertarios se enfocan en boicotear el quórum de la sesión en Diputados

La oposición llevará al recinto el próximo miércoles un temario repleto de proyectos incómodos para el oficialismo, en la recta final de las elecciones. La Libertad Avanza sólo acumuló derrotas en los últimos meses

La oposición busca darle un nuevo revés al gobierno en Diputados: Ley de DNU y citaciones a Karina Milei, Francos y Caputo

Antes de las elecciones, la oposición apunta a marcarle la cancha al gobierno con temas sensibles. Además, pedirán remover a Espert de la Comisión de Presupuesto, remover a Francos de su cargo y pedirle explicaciones al ministro de Economía sobre el acuerdo con EE.UU. Leer más

Mega sesión contra Milei: la oposición buscará cambiar la ley de DNU, remover a Espert de Presupuesto e interpelar a Francos

Está convocada para el miércoles, con un temario de una veintena de proyectos complicados para el Gobierno.

La oposición convocó a una sesión en Diputados para reformar los DNU y remover a Espert de Presupuesto

El gobierno de Milei sufrió un duro revés en el Senado este jueves y ahora enfrenta una nueva embestida con proyectos de alto impacto político. La interpelación a Francos también está en el sumario

Diputados: convocan a sesión para reformar la ley de DNU y desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto

La oposición en la Cámara de Diputados convocó para este miércoles a una última sesión antes de las próximas elecciones legislativas con un temario letal para la Casa Rosada. Incluye, como primer punto, la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y, acto seguido, el pedido para desplazar a José Luis Espert, primer candidato libertario a diputado nacional por Buenos Aires, de la Comisión de Presupuesto. El oficialismo está en alerta máxima ante la convocatoria opositora. La reforma de la ley de DNU ya tiene media sanción del Senado y, de ser convertido en ley por la Cámara baja, ataría de pies y de manos al Gobierno condicionándole el uso de una herramienta clave de gestión. Si a ello se suma la ofensiva por desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado, la sesión podría convertirse en un polvorín. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y funcionarios de primera línea de la Casa Rosada reforzaron en las últimas horas la presión sobre gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista para evitar que la sesión se concrete. Una de las preocupaciones máximas está puesta en la reforma de la ley de DNU, sancionada en 2006 a instancias de la exsenadora Cristina Kirchner. Si bien el presidente Javier Milei tiene la facultad de vetar la reforma -si es sancionada- el oficialismo teme que si la oposición logra consumar este miércoles su golpe, esa derrota tenga efectos políticos corrosivos en momentos de extrema fragilidad del Gobierno. El temario de la sesión convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre incluye, además de la regulación de los DNU y el pedido para desplazar a Espert, otras iniciativas también incómodas para el Gobierno. Entre ellas los dictámenes para interpelar a la hermana del presidente, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mencionados por el extitular de dicha agencia, Diego Spagnuolo, en los audios filtrados. El anzuelo para los gobernadoresA sabiendas de que ninguno de estos proyectos asegurarían el quorum en el recinto, los opositores acordaron incorporar, como último punto del temario, una iniciativa cara para los gobernadores: la que establece un nuevo esquema para el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles (ICL). El proyecto, que también tiene media sanción del Senado, redundaría en más fondos frescos para las provincias si es convertida en ley; de allí a que la oposición lo haya incluido en el temario a manera de anzuelo para los legisladores que responden a los gobernadores. Desde la Casa Rosada desplegaron un fuerte operativo de presión para disuadir a los mandatarios provinciales a que no participen de la ofensiva opositora. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro del Interior Lisandro Catalán son los más activos. A ellos se sumó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger inquieto ante la posibilidad de perder uno de los insumos cruciales para su gestión, el uso de los decretos. En efecto, si esta reforma se aprueba el Poder Ejecutivo se verá más restringido en el uso de esta herramienta ya que se eliminaría la denominada "sanción ficta", esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras."No bajen, si lo hacen no aprueben. Para los mercados sería una muy mala señal", es el mensaje que varios interlocutores recibieron de Martín Menem en las últimas horas para diluir la ofensiva opositora. El presidente de la Cámara baja está intranquilo: cuando hace dos semanas se votó en el recinto el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictaminara sobre la reforma de los DNU, el resultado le fue adverso: 142 votaron a favor y 88 en contra. Hubo 26 ausentes. Este resultado permite una doble lectura: si bien la oposición tendría los votos para sancionar la ley (se necesita una mayoría absoluta de 129 voluntades), el oficialismo logró aglutinar un tercio de los votos de los integrantes del cuerpo para, eventualmente, blindar el veto presidencial. Sin embargo, esto no significa un consuelo para los oficialistas. Temen que en el actual contexto político y económico, signado por una seguidilla de malas noticias para el Gobierno, la aprobación de la reforma de los DNU sea visto como una señal más de debilidad. "Los pocos días que pasaron son mucho más en términos políticos. Todo se complicó mucho más para la Rosada -señala un gobernador a este diario- Y para la próxima sesión falta una vida. Esto es día a día".

Diputados va por la modificación de la ley de DNU

La oposición logró el dictamen de mayoría del proyecto y la semana próxima llegaría al recinto de la Cámara baja para transformarla en ley.

Cambios clave en el Congreso: un solo rechazo podría invalidar un DNU

El Congreso avanza en una reforma que modificaría el tratamiento de los decretos presidenciales, limitando el poder del Ejecutivo. Leer más

Diputados: un sector de la oposición avanzó con el dictamen para limitar el uso de los DNU

Los bloques más duros de la oposición en la Cámara de Diputados dictaminaron esta tarde sobre la reforma del régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo con el propósito de empoderar al Congreso en la regulación de estos instrumentos. Si bien este paso constituyó un revés para el oficialismo, un mosaico de bloques opositores "dialoguistas" prefirió no suscribir la iniciativa a la espera de su debate en el recinto, que por ahora no tiene fecha. El dictamen de mayoría, que obtuvo 35 avales, se firmó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Tiene como base la media sanción del Senado y fue suscripto por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. En solitario, Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentó un dictamen propio, mientras que el oficialismo firmó en rechazo, es decir, a favor de preservar la ley 26.122 actual que impulsó en 2006 la entonces senadora Cristina Kirchner.En medio de la grieta, los bloques de Pro -aliado de los libertarios- como el radicalismo, la Liga del Interior -que nuclea a los radicales afines al oficialismo- y los diputados provinciales de Innovación Federal prefirieron no pronunciarse. Se guardarán hasta la discusión en el recinto; saben que esta norma, de aprobarse, sería una estocada letal para el gobierno de Javier Milei y, por tal motivo, no quieren quemar antes de tiempo una carta que bien les podría servir para condicionar futuras negociaciones con el Gobierno. Uno de los puntos clave de la reforma aprobada por el Senado es el que propone eliminar la llamada "sanción ficta", esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.Así planteada, la iniciativa le arrebataría al gobierno de Milei una de sus herramientas fundamentales de gestión, los DNU. De allí la preocupación de la Casa Rosada y la desesperación de sus principales lugartenientes por disuadir a los gobernadores y legisladores más cercanos a que no acompañen a la oposición más dura en su ofensiva. Si bien no se pudo evitar el dictamen, al menos se logró una tregua y no acelerar los tiempos para su tratamiento en el recinto, que todavía no tiene fecha. El oficialismo, en la voz del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, calificó de "inconstitucional y desestabilizador" el proyecto con media sanción del Senado. "Este dictamen busca hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei. Bienvenido el debate de esta ley, pero lo que pretende hacer la oposición es inconstitucional: controlar desde el Congreso la facultad que tiene el presidente de dictar DNU, convirtiendo en letra muerta el artículo 99 inciso 3", sostuvo. Desde la vereda contraria, tanto Esteban Paulón, como Pablo Juliano, Margarita Stolbizer y Christian Castillo advirtieron sobre los rasgos hiperpresidencialistas de la gestión de Milei. "La ley que está actualmente en vigencia afecta seriamente nuestro principio republicano. Esta reforma es imperiosa y urgente", planteó Stolbizer. El diputado López, por su parte, planteó una alternativa al proyecto venido del Senado: propuso eliminar el plazo de 90 días que se estableció para que el Congreso se pronuncie sobre un decreto; en cambio, se mostró a favor de que el rechazo de una de las cámaras debería dejar sin efecto el DNU. "Es la solución más deseable para una primera etapa de reforma de la ley", sostuvo.

La oposición avanzó dividida con la reforma de los DNU y el Gobierno podría sostener un eventual veto

La UCR y el PRO no firmaron ningún dictamen. La Coalición Cívica presentó un texto propio. Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre podrían lograr la sanción, pero están lejos de los dos tercios

Debate por los DNU en Diputados: en 22 meses Milei firmó más que Cristina Kirchner en ocho años y que Macri en cuatro

Desde diciembre de 2023, el Presidente firmó 83, cuando la ex presidenta dictó 81 en sus dos mandatos.El récord lo tiene Néstor Kirchner con 273, hasta el cambio de ley.Diputados avanza hoy con la reforma a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia.

La oposición busca avanzar en una reforma de la ley de DNU, pero hay diferencias entre los bloques

La oposición en la Cámara de Diputados se apresta a dictaminar hoy en un plenario de comisiones sobre uno de los temas que más preocupa a la Casa Rosada: la reforma del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para alivio del oficialismo, el frente opositor se presentaría dividido y, dato no menor, postergó su tratamiento en el recinto. Uno de los máximos temores del Gobierno era que la oposición convocase para este miércoles a una sesión en la Cámara de Diputados y convirtiese en ley la iniciativa, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien no está despejada la posibilidad de que esto ocurra, al menos no será esta semana y se logra ganar tiempo, celebran los libertarios, cuyos principales lugartenientes se abocaron los últimos días a disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva en el recinto. El proyecto en debate propone modificar la ley 26.122, sancionada en 2006, para eliminar el artilugio de la sanción ficta, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.Con esta nueva redacción, el gobierno de Javier Milei quedaría despojado de una herramienta clave para su gestión. En lo que va de su mandato dictó 74 DNU, más del doble que la cantidad de proyectos de ley que presentó al Congreso. Los bloques opositores más duros -Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre- se anticipan dispuestos a avalar la media sanción del Senado y así lo ratificarían al momento de dictaminar. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica tienen dudas y no descartaban anoche presentar un dictamen en conjunto; por de pronto no van a acompañar el dictamen de mayoría, como tampoco lo harán los diputados provinciales de Innovación Federal. En el Senado, sin embargo, tanto radicales como provinciales acompañaron en su momento la iniciativa, lo que revela cuán cambiantes son las posturas en torno de un tema por demás sensible. En vísperas de la elección legislativa, no son pocos los legisladores de la oposición dialoguista que consideran que intensificar en este momento sus ofensivas contra el Gobierno, arrebatándole una herramienta clave de gestión, podría colocarlos en una "posición golpista" que, a la larga, podía resultarles contraproducente en términos electorales. "De allí la decisión de levantar el pie del acelerador y no convocar a sesión especial, al menos esta semana. Después, veremos", indican. Los tiempos, acotadosEl oficialismo, mientras tanto, festeja esta breve tregua. El factor tiempo es clave. El 30 de noviembre próximo vence el período de sesiones ordinarias del Congreso -con lo cual toda la actividad parlamentaria entra en receso salvo que el presidente convoque a sesiones extraordinarias con temario propio-. Ergo, la oposición tiene por delante solo dos meses para llevar adelante sus ofensivas, elección legislativa de por medio. Los libertarios imaginan que si logran hacer un buen papel en esos comicios, el clima político permitirá diluir las futuras avanzadas opositoras y sobrevivir, sin demasiadas magulladuras, hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre. Los oficialistas hacen cálculos: si la oposición se mantiene dividida en este tema podrán respirar tranquilos. A diferencia de lo que sucedió con las leyes sobre financiamiento universitario, emergencia en salud pediátrica y la de discapacidad, en esta oportunidad los bloques de la UCR e Innovación Federal -que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones- no parecen dispuestos a plegarse a la oposición más dura, encarnada sobre todo en el kirchnerismo. Esta división en el frente opositor ya se visualizó cuando, en la última sesión de la Cámara de Diputados, impulsó el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictamine sobre la reforma de la ley 26.122. El resultado de la votación, si bien le fue adversa, fue festejada por el oficialismo: en efecto, los opositores alcanzaron 142 votos, pero los libertarios lograron reunir 88 voluntades gracias al apoyo de la UCR y los diputados provinciales. Esos 88 votos le asegurarían a los libertarios el tercio que necesita para blindar en la Cámara de Diputados un eventual veto presidencial si la media sanción del Senado es convertida en ley. Así las cosas, si bien los opositores contarían con la mayoría absoluta (más de 129 votos positivos) para aprobar la ley, los números no están asegurados para insistir con la norma si resulta vetada.

El Congreso se sacude: cambios clave en DNU y tensión por interpelaciones a ministros

Esta semana el Congreso de la Nación define cambios en el control de decretos presidenciales y crece la presión para que funcionarios del gobierno de Milei rindan cuentas. Leer más

La Casa Rosada activa negociaciones con gobernadores y aliados para frenar el proyecto que limita los DNU de Milei

El Gobierno reconoce que la iniciativa conseguirá ser sancionada, pero que tendrían los votos para ratificarla cuando sea vetada. El Consejo de Mayo se reúne esta mañana en Balcarce 50 para avanzar con el consenso en las reformas libertarias

La Casa Rosada busca apoyo de los gobernadores para frenar la ofensiva opositora contra los DNU de Milei

CÓRDOBA.- Mientras Diputados se dispone a tratar esta semana en comisión el proyecto de ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), ya se iniciaron gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que algunos gobernadores impulsen a sus legisladores a no aprobarlo. Hasta ahora ese número no está â??por lo que podría demorarse el tratamiento en el recintoâ??, aunque sí tienen los votos necesarios para sostener el seguro veto presidencial.El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece un plazo de 90 días de corrido para que los DNU sean aprobados "con mayoría absoluta" por las dos cámaras del Congreso. Ante el silencio del Congreso o el voto negativo de una de las dos cámaras, el DNU cae de manera automática.En la actualidad, los DNU rigen desde su publicación y si el Congreso no se pronuncia, son convalidados, lo que se conoce como "sanción ficta". También alcanza para ratificarlos que una sola de las cámaras lo apruebe. Así lo establece la Ley 26.122, impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, en beneficio del presidente Néstor Kirchner. Desde que rige esa ley, el Poder Ejecutivo tiene más herramientas y facilidades para legislar que el Congreso.Los números que todas las partes usan como base del cálculo de lo que podría pasar con la iniciativa es el de la votación que se registró en Diputados cuando la oposición pidió tratar el expediente sin dictamen. No logró la mayoría especial necesaria: sobre 231 legisladores (26 ausentes), 142 levantaron la mano a favor y 88 en contra. De repetirse ese esquema el sostenimiento del veto está garantizado, pero además el oficialismo descuenta que podría sumar algunos apoyos más entre los ausentes. En cambio, para conseguir que se rechace directamente el proyecto tienen que dar vuelta votos de un número más amplio de diputados. "En plena campaña, es difícil", plantearon desde una gobernación que varias veces jugó aliada con los libertarios."Hay gobernadores a los que no les gusta nada esa iniciativa, menos los que tienen posibilidades o aspiraciones de llegar a la Casa Rosada", sostienen desde Interior. El tema fue parte de las conversaciones que Catalán tuvo con algunos de los mandatarios con los que se reunió, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Los diputados que responden al salteño rechazaron tratar el proyecto, mientras que los tres del tucumano estuvieron ausentes. Por supuesto, alineados con la Casa Rosada están los socios electorales de La Libertad Avanza (LLA): Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los libertarios también cuentan como propios los votos de los legisladores que responden al misionero Hugo Passalaqua y al sanjuanino Marcelo Orrego. Desde ese sector califican a la iniciativa de "sin sentido" y sostienen que no sólo afecta a la actual gestión sino a los próximos gobiernos. Enfatizan que, en el caso del libertario, es todavía más necesario que el proyecto no avance, porque aun con un triunfo en octubre no va a tener mayoría en el Congreso.Para el oficialismo es clave poder frenar la iniciativa. La ponen en el mismo nivel de importancia que la aprobación del presupuesto 2026. En las conversaciones que vienen teniendo con gobernadores e incluso con diputados, los representantes del oficialismo subrayan que se encuentran con otra disposición al diálogo. "Hemos aprendido", le aseguró un negociador a un mandatario e inmediatamente añadió que "después del 26 de octubre" podrán comprobar que es así. Después de la promesa de auxilio financiero de los Estados Unidos, que descomprimió la crisis cambiaria, la capacidad de gestión política del oficialismo está en el centro del análisis. En el bloque de mandatarios de Provincias Unidas hay posiciones diferentes. Los diputados que responden al correntino Gustavo Valdés y al cordobés Martín Llaryora ya votaron por la afirmativa cuando se intentó aprobar el proyecto, que en el Senado fue impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo. En cambio, los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no apoyaron.

La oposición presiona para sesionar en Diputados y aprobar los cambios en la ley de DNU

El Gobierno adelantó que la vetaría. El temario incluiría la aprobación de los cambios en el reparto del impuesto a los combustibles y la insistencia por la ley de ATN. La Casa Rosada intensifica las negociaciones con gobernadores

La oposición avanza con un proyecto para limitar los DNU y hay alarmas en el Gobierno

Los bloques en Diputados aceleraron el debate de la reforma que busca reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al dictar decretos de necesidad y urgencia. La iniciativa, con media sanción del Senado, permitiría anularlos con el rechazo de una sola de las cámaras y fija plazos más estrictos. Leer más

El Gobierno desestima el impacto de un avance contra Francos pero está en alerta por la ley de DNU y dice que la vetaría

El Gobierno tiene en claro que enfrentará, en las semanas previas a la elección, a una oposición muy envalentonada en el Congreso que quiere ponerle límites institucionales al Poder Ejecutivo. En la agenda parlamentaria se acumulan temas sensibles: desde el proyecto de ley que restringe al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) hasta la posible interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el decreto que puso en suspenso la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad (que fue vetada y refrendada por dos tercios de ambas Cámaras). No todos los temas preocupan de igual modo a la Casa Rosada: con el eventual pedido de interpelación de Francos, cerca de Milei ven una posibilidad de exhibir a la oposición con un ánimo "destituyente" y observan que pueden teatralizar los lemas de la campaña libertaria. "Lo que está haciendo la oposición con Francos es excesivo y eleccionario. Que lo hagan... que suban el clima de golpismo antes de los comicios", chicaneó hoy un importante colaborador de la Casa Rosada. El lunes, mediante el decreto 681/2025, Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación alegando que la norma carece de fuentes de financiamiento. El Poder Ejecutivo se basó en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional que señala que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos" y que "en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".El decreto de Milei agrega que, dado que el Poder Ejecutivo ya remitió el proyecto de ley de Presupuesto 2026 "corresponde que los recursos para cubrir los gastos de la ley de emergencia en discapacidad "sean considerados en dicha discusión parlamentaria". EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHOJunto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.ð???ð??¼ Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.ð???ð??¼ Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.ð???ð??¼ Por no reasignarâ?¦ pic.twitter.com/FoPFUI3Nue— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025En la Casa Rosada defendían hoy la decisión oficial, no solo en el plano político, sino también en términos jurídicos. "El Poder Ejecutivo no suspendió la ley, la ley nació suspendida en virtud de una regla que puso el propio Congreso. Si ejecutábamos, hubiéramos estado incumpliendo el marco jurídico vigente. No importa cómo fue sancionada la ley de discapacidad, si fue por mayoría simple o con una insistencia de dos tercios de las Cámaras después de un veto. Se dio el supuesto por el cual hay una ley sin fuente de financiamiento y, por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, que fija cuál es la consecuencia, quedó suspendida su ejecución hasta que aparezcan las partidas", señaló un importante funcionario a LA NACION. Qué pasóLa oposición en el Congreso, no obstante, alegó que hubo una "violación a la división de poderes" y dio pasos concretos para contraatacar la decisión del Gobierno. El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, con el apoyo de sus pares Miguel Pichetto y Emilio Monzó, presentaron un proyecto de resolución para interpelar a Francos como un paso previo para aplicar, eventualmente, la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución, una figura que implica la remoción del jefe de Gabinete y que hasta ahora, desde la reforma constitucional de 1994, nunca se puso en práctica. También hubo pedidos análogos de los bloques Unión por la Patria en Diputados y en el Senado. Hoy, Francos dijo que "en cuanto le fijen una fecha" se someterá a la interpelación en el Congreso. "Es cierto que es la primera vez que pasa que un jefe de Gabinete, pero está dentro de la Constitución, así que yo no tengo más remedio que concurrir. No le tengo ningún temor a la discusión", dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Rivadavia. En la Casa Rosada conocían que existía un ánimo en la oposición para avanzar por el camino de la moción de censura desde que trascendió mediáticamente, días atrás, que el Poder Ejecutivo no aplicaría la ley de discapacidad. "Hay una parte de la oposición que está subida a una moto. Pero todavía faltan 40 casilleros para llegar al escenario de la remoción de Francos", apuntó un asesor oficial. El jefe de Gabinete, no obstante, hoy alardeó: "No me ata al cargo nada más que servir a mi país y acompañarlo a Milei. La variable de ajuste no soy yo, es el equilibrio fiscal". Para llegar al escenario límite de la remoción del ministro coordinador es necesario que la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialismo, dictamine primero el llamado a interpelación. La oposición debería votar un emplazamiento, obtener dictamen y, una vez concretada la cita de la interpelación, avanzar en la segunda etapa, la de la moción de censura, que requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada Cámara. El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos.Milei promulga la ley, pero no la aplica.Desde @Diputados_UxP y @Senadores_UxP vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete.â¬?ï¸? pic.twitter.com/kkUnrMHN9L— Diputados UP (@Diputados_UxP) September 23, 2025En Balcarce 50 instalaron que, además, si el Congreso remueve a Francos, "Milei podría volver a nombrarlo en el cargo". Ley de DNUDistinta es la preocupación que en el oficialismo genera el avance del proyecto que busca limitar la posibilidad de que el Presidente gobierne con un uso intensivo de los DNU. La iniciativa tiene media sanción del Senado, comenzó a tratarse hoy en comisión y podría dictaminarse en Diputados la semana próxima. Así, quedaría a un paso de ser sancionada en el recinto, incluso antes de las elecciones del 26 de octubre. La iniciativa modifica la ley 26.122, sancionada durante el mandato de Néstor Kirchner y por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, que fija la "sanción ficta": si el Congreso no se pronuncia ante un DNU, el decreto queda automáticamente convalidado. Lo mismo que si una sola de las cámaras lo aprueba.El proyecto que ahora avanza en el Congreso establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen, queda derogado de manera automática. Es decir que Milei perdería una de las herramientas más importantes, a las que echó mano para gobernar con el oficialismo en minoría en ambas Cámaras. En ese caso, el Gobierno entiende que la sanción de esa ley puede asestar un duro golpe a Milei en términos de previsibilidad política e institucional y aportar mayor vulnerabilidad en un momento económico delicado. En ese caso, tanto en Balcarce 50 como en Diputados anticipan que apelarán a un trabajo político con los gobernadores. Tal como publicó LA NACION, en las últimas horas un ministro señaló: "Tenemos que lograr un acuerdo con los gobernadores para frenar este proyecto. Cualquiera que quiera gobernar a la Argentina necesita el DNU como instrumento".Un colaborador del oficialismo anticipó: "Podemos tener dictamen y que sea ley antes de la elección. Y podemos vetarla. El emplazamiento para que esto sea tratado en comisión salió con 144 votos contra 88, no por dos tercios. Creemos que los gobernadores no van a empujar esta agenda".

Diputados acelera la reforma de los DNU y pone en jaque una de las principales herramientas de gobierno de Milei

La oposición en Diputados abrió hoy el debate de un proyecto que busca recortar de manera sustancial la posibilidad de que el Poder Ejecutivo gobierne por decreto. La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, se dictaminará la semana próxima y quedará lista para llegar al recinto de la Cámara baja. Si se sanciona, podría significar un revés sensible para Javier Milei, que en minoría parlamentaria se apoyó en esta herramienta para defender su gestión.El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales -presidida por el libertario Nicolás Mayoraz- y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, fue convocado tras el emplazamiento opositor aprobado en la última sesión, luego de que el oficialismo se negara a habilitar la discusión. Para los libertarios y sus aliados, el avance opositor es algo más que un debate institucional: lo califican como una maniobra "destituyente" que busca restarle margen de acción al Presidente.Mayoraz abrió la discusión recordando que el recinto fijó el 30 de septiembre como fecha límite para dictaminar. Mónica Litza, de Unión por la Patria, defendió la reforma como un paso en la línea de limitar el presidencialismo y recordó que la ley 26.122, impulsada en 2006, creó un sistema de control que terminó convertido en la regla para este gobierno. "A este Gobierno no le gustan los consensos y no se toma el trabajo de armarlos", advirtió.Christian Castillo, del Frente de Izquierda, fue aún más directo: denunció que Milei ejerce "atributos de monarca sin corona" y desconoce al Congreso al aplicar normas por decreto.Desde el Pro aparecieron miradas encontradas. Patricia Vásquez, aliada al oficialismo, acusó a la oposición de hipocresía y recordó que el kirchnerismo se benefició con la ley y que Alberto Fernández dictó 178 DNU sin mayor cuestionamiento. Defendió la excepcionalidad de la herramienta, prevista en la Constitución del 94, y cuestionó a quienes -según dijo- buscan limitar las facultades de un presidente electo.En contraste, Silvia Lospennato se desmarcó con fuerza de sus pares. Reafirmó que la ley 26.122 fue inconstitucional desde su sanción y recordó que el Pro presentó una docena de proyectos para modificarla desde 2008. Citó al exsenador Federico Pinedo para subrayar que "no puede ser más fácil aprobar un decreto que una ley". Denunció la "hipocresía" de quienes hoy "lloran república" tras haber defendido el sistema cuando les resultaba funcional y, en un tiro por elevación hacia su propio bloque, aseguró que sostendrá la coherencia que mantuvo su partido durante las últimas dos décadas.La respuesta vino de Silvana Giudici, otra diputada del Pro pero aliada al Gobierno. Advirtió que no se puede analizar la reforma fuera del contexto político: "No es lo mismo un gobierno con mayoría propia que uno en minoría". Señaló que el Congreso ya rechazó cinco DNU y dos vetos presidenciales, prueba -según dijo- de la buena salud institucional, y sugirió que una modificación de este alcance debería discutirse en otro momento, no en plena campaña electoral.Rodrigo De Loredo, jefe de la UCR, introdujo un planteo más teórico. Citó a John Rawls y defendió la necesidad de reglas universales, aplicables a todos por igual. Consideró "antijurídico" aplicar un estándar de exigencia solo a un gobierno débil en el Congreso, cuando otros con mayor poder actuaron con laxitud. "Es preferible una norma imperfecta aplicada universalmente que una perfecta aplicada de manera discrecional", sostuvo, aunque advirtió que una praxis "arbitraria e inequitativa" puede volverse "desestabilizadora" y, paradójicamente, servirle al propio Gobierno como excusa para eludir sus errores.Francisco Monti, radical de la Liga del Interior y aliado al oficialismo, también se mostró en contra de la reforma. Argumentó que los decretos, aunque no sean leyes, tienen efectos idénticos y no pueden caer por la mera inacción legislativa. Alertó, además, que aprobar el cambio equivaldría a "entregarle el monopolio legislativo al PJ", dado que el Senado está bajo su control desde 1983.El cierre estuvo a cargo de Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria. Denunció la falta de coherencia de los bloques opositores y recordó que en el Senado votaron a favor nueve radicales y cinco legisladores del Pro. Recalcó, además, que nunca hubo un decreto tan abarcativo y polémico como el DNU 70/2023.El proyectoEl proyecto modifica la ley 26.122, que fijó la regla de la "sanción ficta": si el Congreso no se pronuncia, el decreto queda automáticamente convalidado. Para derogarlo se requiere el rechazo de ambas cámaras, lo que en los hechos facilita su vigencia.La nueva redacción invierte el esquema. Se propone la eliminación, la sanción ficta y se establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen, queda derogado de manera automática. También bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto, y el mismo criterio regirá para los decretos dictados en virtud de delegaciones legislativas.El texto introduce más límites: prohíbe los decretos ómnibus, como el DNU 70/23, y obliga a que cada norma se limite a un único tema. Además, habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratarlos, aun sin convocatoria a extraordinarias, y replica la regla de las leyes: el Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia hasta el inicio del siguiente período legislativo, el 1° de marzo.La iniciativa fue aprobada en el Senado por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor. Solo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.

Diputados debatirá un límite al uso de DNU por parte del Gobierno

La oposición impulsa un proyecto que busca restringir el uso de decretos de necesidad y urgencia. El oficialismo teme perder una de sus principales herramientas de gobierno. Leer más

Cartas de lectores: Tapitas, no aflojar, DNU

TapitasJuntemos cientos de miles de tapitas plásticas de gaseosas, aguas, jugos y todas aquellas que tengan el sello de polipropileno. Llevemos las tapitas al Congreso de la Nación, donde se reciclarán y con lo recaudado se hará frente a los sueldos de los diputados que acaban de ratificar el financiamiento del Garrahan y las universidades. Entiendo que los diputados no quieren romper el superávit fiscal, por lo que pondrán sus sueldos a disposición del Garrahan y de las universidades.Mercedes Moreno Klappenbachmechimorenok@gmail.comNo aflojarVolviendo en tren el pasado domingo, un rapero colombiano nos dio una lección de vida con sus estrofas y un mensaje de esperanza a todos los del vagón que disfrutamos de esos minutos en que nos sacudió en el corazón. Dentro de su mensaje componedor nos hizo recordar que "el cambio lo tenemos que hacer cada uno desde adentro del corazón. Conectar el corazón con nuestra alma, y que podemos llegar muy lejos; más consciencia y menos ego".En esta Argentina de hoy, donde tenemos una oportunidad histórica de enderezar los desajustes de tantos años, no dejemos nosotros, los ciudadanos, de seguir luchando -a pesar del sacrificio que estamos haciendo- para buscar salidas a este muy difícil momento de nuestro querido país. No nos podemos dar el lujo de aflojar.Miguel Martin y HerreraDNI 14.525.621DNUCoincido con lo manifestado en su columna por el Dr. Christian Alberto Cao (La reforma de la ley de DNU, aciertos y soluciones) en la necesidad de cambiar la ley 26.122 del 2006 que regula los DNU, pero no con la ocasión de hacerlo. Estos superdecretos constitucionalizados en la reforma de 1994 pugnan con la esencia del republicanismo, pero igualmente repugna la intención de cambiar las reglas de juego en la mitad de un mandato presidencial. Es evidente que esta reforma ahora busca acorralar a un presidente que proclama reencuadrar al país en los principios liberales de nuestra Constitución. Ello minimizando la herramienta con la que cuenta hasta poder ampliar su bloque legislativo proporcionalmente a su amplio triunfo electoral, para equilibrar un Congreso que se conformó antes de su categórico resultado. No es casual que, luego de 20 años de infructuosos proyectos de reformarla o sustituirla, recién ahora se coincida en modificar la ley de CFK. Entonces correspondería dar curso a la iniciativa recién a partir del próximo mandato presidencial, lo que resguardaría todos los intereses.Horacio M. Lynch (lynchhoracio@yahoo.com)Carga impositivaEs increíble y lamentable la carga impositiva que tenemos los ciudadanos con varios productos. En la compra de automóviles nacionales los impuestos llegan al 50% del precio y en los importados supera el 100%. En estos casi dos años de gobierno se nota que a la motosierra del presidente le falta nafta. Nadie pretende que en tan poco tiempo se elimine toda la excesiva carga impositiva que los argentinos tenemos desde hace años, pero el rubro automotor podría haber sido una buen ejemplo para iniciar una nueva etapa. Esperemos que con una mejor elección en octubre el gobierno tenga más respaldo y pueda poner en marcha allí la motosierra.Horacio MieresDNI 8.608.530Sin agraviosSr Presidente, un humilde aporte: evalúe cada medida suya a la luz de la confianza que genera o destruye. Por ahí pasará el éxito en la próxima elección y, consiguientemente, de su gestión.Ni viajes, ni peleas, ni discursos, ni agravios, ni culpar a kukas o no kukas podrán ayudarlo tanto y quizá a tiempo, para sobrevivir a estas semanas como quitar protagonismo a su hermana, acercarse a Macri, López Murphy, los gobernadores, los científicos, maestros, y tantos otrosâ?¦ Pero en serio. Con agravios generalizados está licuando la confianza de todos. Sáquese la venda, no es una pérdida de confianza pasajera.Alfredo de las CarrerasDNI 13.407.514Ascenso socialEn referencia a la carta del Sr. Jorge Augusto Cardoso (18/9/25), recuerdo a mi bisabuelo, el Dr. Antonio Canuto Gandolfo, jefe de Clínica Quirúrgica del servicio de cirugía general del Dr. Ignacio Pirovano en el Hospital de Clínicas José de San Martín, graduado en 1882, figura en el censo de 1869, con 12 años de edad, como uno de los cinco hijos de un zapatero italiano, habitando una vivienda, que sería muy modesta, emplazada en la misma manzana en que se encontraba el Mercado de Abastos de esa época. Su indudable capacidad personal, su propio esfuerzo y el de su familia permitieron su acceso a la universidad y su ascenso social sin subsidios del Estado.Rafael Domingo GandolfoDNI 7.988.546EstacionamientosEstoy asombrada por la cantidad de personas discapacitadas que existen en la ciudad de Buenos Aires. .Si recorremos la capital en un auto buscando donde estacionar y atisbamos un espacio libre muchas veces nos equivocamos, no está libre, existe ahí un letrero que dice "Reservado para vehículo patente... " etc. Me pregunto: así como se han descubierto personas que cobraban pensiones por discapacidad y no la padecían, se me ocurre que quizás pase lo mismo con los lugares reservados para que estacionen sus autos en la puerta de sus viviendas. No vendría mal, ya que se están investigando tantas situaciones sospechosas de falsedad, que se averigüe fehacientemente cuanta realidad hay en esos carteles que restringen, aun más, la posibilidad de estacionar.Emma PuigDNI 3.868.597

La oposición busca aprovechar la debilidad parlamentaria de Milei para lograr una reforma clave de los DNU

La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, limitaría considerablemente el marge de maniobra del Poder Ejecutivo y cambiaría por completo la lógica de los gobiernos en minoría. El peronismo busca aprobarla el 1 de octubre, antes de las elecciones

El Congreso ya tiene fecha de dictamen para la reforma de la Ley de DNU y Milei podría sufrir una nueva derrota

Diego Giuliano, diputado de UxP, quien llevó adelante este proyecto, advirtió que "la Justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU". Leer más

Diputados avanza con la modificación a la ley de DNU que buscar limitar el poder de Milei

La oposición aprobó un emplazamiento para dictaminar el proyecto -que ya tiene media sanción del Senado- la semana que viene.

Otro golpe al Gobierno: la oposición apura el proyecto que limita a Milei la posibilidad de dictar DNU

Tras sufrir una derrota aplastante en el recinto con el rechazo a dos vetos presidenciales, la oposición en la Cámara de Diputados le propinó otro golpe al Gobierno: logró destrabar el tratamiento del proyecto de ley que empodera al Congreso para restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU),una herramienta de gestión indispensable para el presidente Javier Milei.A mano alzada, los diputados emplazaron a las comisiones de Asuntos Constitucionales -que preside el libertario Nicolás Mayoraz- y de Peticiones, Poderes y Reglamento -que encabeza Silvia Lospennato (Pro)- para que el martes 30 de setiembre se emita el dictamen correspondiente. Una vez cumplido este paso, los opositores pretenden llevar este tema cuanto antes al recinto. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, por lo que si la Cámara de Diputados lo aprueba, será ley. El presidente Javier Milei podría vetarlo; de allí la preocupación de la oposición por apurar los tiempos, ya que el 30 de noviembre finalizan las sesiones ordinarias en el Congreso. Después de ese plazo no tendrían posibilidades de insistir en la ley, al menos hasta marzo próximo. El proyecto modifica la ley 26.122 de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. En primer lugar, elimina la convalidación tácita de los DNU a partir del silencio del Congreso (sanción ficta); exige, en cambio, que éstos sean aprobados de manera expresa por ambas cámaras -y con mayoría absoluta- para que mantengan su vigencia.Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática.En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.El proyecto opositor incorpora un tercer punto también relevante: prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de "decretos ómnibus" como el DNU 70/2023 con el que el presidente Milei inauguró su gestión. En el artículo primero del dictamen los senadores dejan en claro que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso.Según fuentes legislativas, la iniciativa fue impulsada por los gobernadores para mostrar poder de fuego ante Javier Milei tras la ruptura de relaciones acelerada en los últimos meses por el traumático cierre de listas y alianzas electorales en varias provincias. El encargado de llevarla a cabo en el Senado fue Carlos Espínola (Las Provincias Unidas-Corrientes).Más emplazamientosPreviamente, los diputados opositores también emplazaron a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud -esta última encabezada por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), para que se dictamine sobre los proyectos para interpelar a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A mano alzada, se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud para que dictaminen el próximo martes 23 de septiembre a las 14. Los proyectos presentados pertenecen a Sabrina Selva (Unión por la Patria), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Alejandro Vilca (Frente de Izquierda). Una vez que obtengan despacho, quedarán en condiciones de ser votados en el recinto."Hay evidencia suficiente para exigir algún tipo de explicación por parte del Poder Ejecutivo, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, ni del presidente, el ministro de Salud, el titular de la cartera, no ha hecho una sola declaración al respecto", aseguró el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria), encargado de pedir el emplazamiento a las comisiones."Estamos frente a una política increíblemente inhumana de un gobierno inhumano y corrupto, donde al mismo tiempo que le ajusta a las personas con discapacidad, arma un esquema de saqueo con las empresas proveedoras. Esto no es austeridad, esto es un sistema de corrupción", aseveró.

La reforma a la ley de DNU: aciertos y soluciones

El 3 de septiembre el Senado de la Nación aprobó el proyecto de modificación de la ley que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia dictados por el presidente de la Nación.Ahora será el turno de la Cámara de Diputados, que podrá, o bien también aprobar ese mismo proyecto de reforma -y convertirlo en ley-, o rechazarlo y la iniciativa no podrá volver a ser tratada durante el año.El trámite legislativo ofrece una tercera alternativa: la oportunidad de hacerle modificaciones o mejoras al proyecto.Es una oportunidad para diseñar una correcta ley que permita su duración en el tiempo y a su vez controle el uso adecuado de esta herramienta excepcional que la Constitución nacional le otorga al Poder Ejecutivo.Recordemos que desde el retorno a la democracia estos decretos fueron utilizados por todos los presidentes, aunque -seamos honestos- con diferente frecuencia y grado de abuso.Para ilustrarlo con un ejemplo, lo que en un primer momento fue un acierto en el manejo del gobierno durante la pandemia por Covid-19, luego se convirtió en dos años de restricciones a las libertades y los derechos de todas las personas. Como corolario, el entonces presidente dictó un DNU para declarar un feriado nacional con motivo del triunfo de la selección argentina en el campeonato mundial de fútbol de 2022. Sobran más palabras.También subrayemos que en 2006 el mismo Senado de la Nación -naturalmente, con otra composición- se preocupó por deformar aquella herramienta para garantizar que gobernar mediante decretos fuera más sencillo -y más rápido- que por medio de la ley del Congreso de la Nación.Esto es así porque para que no tengan vigencia los DNU hoy se requiere que las dos cámaras del Congreso de la Nación expresamente los rechacen. Dicho a la inversa, actualmente alcanza con que una sola cámara legislativa apruebe el decreto para que -contenga lo que contenga- el presidente gobierne por su sola voluntad.En cambio, para aprobar una ley, la Constitución exige que la mayoría tanto de diputados como el Senado la aprueben, requiriendo así el consenso partidario que la democracia saludablemente exige.Como se advierte, hay mucho juego con esta nueva ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia en términos republicanos.Lo primero que se debe decir es que el presidente de la Nación tiene -como regla general- constitucionalmente prohibido emitir disposiciones de carácter legislativo, porque eso es materia del Congreso de la Nación. Defender lo contrario agrede la división de poderes.Existen excepciones extraordinarias, y allí se encuentra el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente de la nación en acuerdo general de ministros.Está permitido en circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Por ejemplo, catástrofes naturales o crisis que amenacen el Estado, ambas de gravedad.Como segundo requisito debe demostrar la verdadera e inevitable necesidad y urgencia para su dictado, que dista mucho de su justificación por motivos de conveniencia o preferencia por parte de quien sea el jefe supremo de la nación, del gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.Aun en esos casos extremos el decreto está vedado si contiene materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos; y finalmente exige el control político por el Congreso de la Nación, que es lo que reglamenta la ley 26.122, que hoy está siendo revisada.En forma paralela, el asunto incluye el control judicial que todos los jueces están llamados a cumplir.Dicho todo esto, el proyecto de reforma a la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia aprobado por el Senado de la Nación cuenta con cuatro artículos de fondo y con un gran acierto, pero también con cuatro problemas solucionables.El principal acierto es la modificación del esquema de vigencia del decreto que fija el artículo 24 de la ley actual, que jamás debió existir. De ser aprobada, el eventual rechazo por una sola cámara legislativa implicará su derogación, lo que terminaría con veintiún años de un modelo abiertamente defectuoso.Veamos los problemas.El primero de ellos es que el proyecto establece que las cámaras "podrán" tratar el decreto durante el receso parlamentario. Además de que constitucionalmente el Congreso ya tiene facultades para convocarse y hacerlo, lo correcto sería ordenar de inmediato el control, es decir, las cámaras "deberán" abocarse al decreto aun no estando en sesiones ordinarias.El segundo de ellos es que la propuesta fija un plazo máximo de duración del DNU de noventa días. Si bien es un plazo extenso, podría suceder que la necesidad y urgencia perdurasen más allá de ese plazo, pero el decreto "implicará su derogación". Si a la vez se mantiene la propuesta legislativa que indica que, de suceder eso, no podrá el presidente volver a dictar otro que verse sobre la misma materia (este es el tercer problema), esto desnaturaliza la solución que debería brindar el presidente ante una eventual urgencia de mayor duración.El último y cuarto problema es que el proyecto de ley impide los denominados "decretos ómnibus" o que versen sobre más de una materia. Esto invade las facultades constitucionales del presidente de la Nación. Además, causa más problemas que soluciones si a su vez el Congreso desaprovecha esta oportunidad para modificar el artículo 23 de la ley hoy vigente que le imposibilita introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma.Bienvenido que el Congreso haya decidido mejorar el diseño de una mala ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia desde 2006.Es una oportunidad para que la modificación se haga de la mejor manera posible. Abogado (Universidad de Buenos Aires) y doctor en Derecho (Universidad de Madrid)

Reclaman el rechazo al DNU que restringe la Ley de Identidad de Género

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica solicitó que en la sesión especial convocada para este miércoles se rechace también el DNU 62.

El peronismo saca pecho después del 7S: los cálculos para el próximo Congreso y la orden de Cristina para limitar los DNU

Referentes de Fuerza Patria creen que podría crecer el bloque de diputados y amortiguar la sangría en el Senado.La oposición irá por la modificación del régimen diseñado por la ex presidenta.

Diputados | La derrota electoral del Gobierno potencia a una oposición que embiste con $LIBRA, interpelaciones y DNU

Si en las últimas semanas la oposición en Diputados se nutrió de los "heridos" que dejaron los libertarios en los cierres de listas, la elección bonaerense terminó de cristalizar la posición de quienes aún dudaban en sumarse a las ofensivas contra el oficialismo. Ahora, los bloques críticos planean aprovechar el envión de la última derrota de Javier Milei para embestir al Gobierno en frentes de alta sensibilidad: la investigación del caso $LIBRA, la interpelación de funcionarios por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis) y la reforma que busca acotar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) como herramienta de gobierno.El presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), fue uno de los primeros en alzar la voz. Exigió que Milei coopere con la pesquisa legislativa y reclamó la presencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la exresponsable de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA, Florencia Zicavo, en la cita prevista para mañana en Diputados. "Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores", recordó el diputado de la Coalición Cívica, en alusión a las palabras del Presidente tras la derrota electoral.Hasta ahora, ningún funcionario confirmó su asistencia. Frente a esa resistencia, la oposición baraja recurrir a la citación compulsiva, un gesto que, además de forzar la presencia de los convocados, enviaría un mensaje al resto del gabinete. La experiencia previa pesa: el único que aceptó ir al Congreso fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; en cambio, Luis "Toto" Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) se excusaron con "problemas de agenda". En esta ocasión, advierten en la oposición, no están dispuestos a ceder: irán a fondo, respaldados por el resultado bonaerense y con la mira puesta en octubre, la próxima parada electoral.ð??³ï¸?A diferencia de las leyes, los resultados electorales no se pueden vetar. Los bonaerenses dejaron ayer un mensaje claro: la sociedad reclama equilibrio de poderes, sin que nadie tenga el control absoluto.ð???ð??¼La falta de diálogo, la corrupción en el entorno presidencial, elâ?¦— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 8, 2025En la agenda inmediata aparece también una sesión -prevista para la semana próxima- donde se incluirían "emplazamientos" a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, para acelerar dictámenes. El punto más delicado para la Casa Rosada es el de los proyectos que promueven la interpelación de ministros por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de Andis, que describe un presunto esquema de coimas. En la lista figuran Francos, la secretaria General, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones. La oposición ya consensuó un texto común para avanzar en esa dirección.En paralelo, se acordó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el mismo escándalo. El proyecto pone la lupa en las contrataciones de la Andis -y de otras áreas del Estado- con la droguería Suizo Argentina, en el registro de proveedores y en la necesidad de esclarecer los dichos del exfuncionario sobre presuntos "retornos".A esa pulseada se suma otra: el Senado giró a Diputados la media sanción de la reforma a la ley que regula la validez y el alcance de los DNU. La iniciativa, aprobada la semana pasada con 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, modifica el régimen vigente: elimina la "sanción ficta" y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida, tras el cual el decreto queda automáticamente derogado. El oficialismo quedó prácticamente solo en su rechazo, acompañado apenas por la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro), mientras que los misioneros optaron por la abstención. Si la Cámara baja ratifica la reforma con la misma contundencia que el Senado, Milei perdería una herramienta clave para gobernar en minoría.Las señales políticas se multiplican. La diputada radical Soledad Carrizo escribió el domingo: "Hoy los bonaerenses dieron un mensaje claro y contundente: la democracia le marcó el camino al Gobierno Nacional. Celebro las palabras del Presidente, ojalá sepa leer los cambios necesarios para rectificar el rumbo". Y marcó su propio límite: "Esa Argentina es sin kirchnerismo ni populismo en ninguna de sus facetas". Carrizo fue clave para blindar, junto al oficialismo, el veto al aumento previsional, tras abstenerse en la primera ronda.Cansado de la PERONIZACIÓN del gobierno nacional. Espero que los errores políticos y económicos NO asfalten el camino al regreso de las ideas del déficit crónico y del PJ en el poder. pic.twitter.com/xvJGjlOLGF— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) September 5, 2025En la misma sintonía, los seis gobernadores de Provincias Unidas -Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy)- difundieron el domingo electoral mensajes coordinados hacia la Casa Rosada. Con matices, coincidieron en remarcar la necesidad de escuchar al interior productivo y robustecer la gestión.El propio Valdés, que consolidó su poder en Corrientes al imponer a su hermano Juan Pablo como gobernador y relegar a los libertarios al cuarto lugar, fue categórico: "Hace falta más humildad y sensatez para escuchar al interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante". El resultado dejó al oficialismo sin cuatro legisladores nacionales como aliados -dos senadores y dos diputados-, un golpe que fortaleció a los provinciales. En conjunto, el frente reúne 13 diputados y ocho senadores, una masa crítica de peso para incidir en la discusión parlamentaria.Con este escenario, el oficialismo afronta un desafío inmediato: la presentación del Presupuesto 2026, cuyo envío al Congreso vence el lunes 15 de septiembre. El debate se anticipa áspero.El kirchnerismo ya explora movimientos internos: Cecilia Moreau, vicejefa de Unión por la Patria, deslizó que analizan remover al libertario José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y a Mayoraz de Asuntos Constitucionales, con el argumento de que el oficialismo "entorpece" la labor parlamentaria. Sería un hecho inédito. Por ahora, la idea es apenas embrionaria: no se socializó fuera del bloque ni hubo tanteos para medir respaldos. "El cuerpo es soberano", advirtió un diputado kirchnerista.En el resto de las bancadas críticas prevalece la cautela. Esperarán a conocer el proyecto oficial para medir la disposición del Gobierno a negociar y, según ese termómetro, definirán los próximos pasos. Pero nadie descarta un golpe de efecto si Milei insiste en dilatar la discusión. Un tercer año consecutivo sin presupuesto reforzaría el margen de maniobra del Ejecutivo, justo en medio de un frente cambiario frágil y con vencimientos de deuda en el horizonte.

Ley de DNU: Diputados, otro partido; con presión por el presupuesto y la puja con los gobernadores

Tras la media sanción del Senado las miradas apuntan a Diputados. Un núcleo duro opositor quiere avanzar, pero se topa con la barrera de Mayoraz en Asuntos Constitucionales. Este partido en la Cámara Baja estará dominado bajo la lógica de presión por el presupuesto 2026 y la puja con los gobernadores. Leer más

Valiosa iniciativa sobre los DNU

La nueva regulación sobre Decretos de Necesidad y Urgencia aprobada en el Senado parece orientada a poner coto a la abusiva delegación de funciones legislativas al Poder Ejecutivo.

El resultado de las elecciones bonaerenses determinará con qué velocidad se debatirá la nueva ley de DNU en Diputados

El proyecto endurece la posibilidad del uso de la herramienta para "esquivar" al Congreso. El oficialismo quiere llegar a diciembre sin cambios, hay tensión en el bloque del PRO y la oposición confía en tener los votos para sancionarla

El Senado dio media sanción al proyecto que limita los DNU presidenciales; doblete de Messi en la victoria ante Venezuela

El Senado rechazó el veto de Milei y dejó firme la ley de emergencia en discapacidad. Fue con 63 votos a favor y 7 en contra, superando con holgura los dos tercios necesarios. El rechazo a la decisión presidencial ya había sido revertido en Diputados. Desde el Gobierno adelantaron que van al ir a la Justicia contra la ley, que declara la emergencia para garantizar los derechos y el acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales.El Senado le dio media sanción al proyecto que limita los DNU presidenciales. Se aprobó con 55 votos a favor, 8 negativos y 2 abstenciones. Propone que si ambas cámaras no los validan con mayoría absoluta en 90 días corridos, caerían. También si una sola los rechazara. La definición queda ahora en Diputados..Donald Trump anunció después de hablar con Zelenski que va a tener una charla con Putin. Después de hablar con su par de Ucrania y varios líderes europeos tras la cumbre en París realizada para garantizarle a Kiev que habrá un alto al fuego en la guerra con Rusia, el mandatario norteamericano anunció que pronto se va a comunicar con Putin. Presidentes de 26 países se comprometieron a darle apoyo militar a Zelensky en caso de una tregua con Rusia.Doblete y asistencia de Messi en la goleada a Venezuela. La Selección ganó 3 a 0, con dos goles de Leo y uno de Lautaro Martínez, el partido correspondiente a la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, en una noche especial en el que el capitán jugó el que podría ser su último partido oficial con la celeste y blanca en Argentina. "Mi sueño era tener el cariño de mi país", dijo Messi después del encuentro. El martes la Selección visita a Ecuador por la última fecha.La Conmebol descalificó a Independiente de la Copa Sudamericana por los incidentes ante la U de Chile. El organismo dio a conocer su decisión después de los descargos que hicieron ambos clubes en Paraguay. El equipo chileno va a jugar los cuartos de final ante Alianza Lima de Perú, pero también va a afrontar varias medidas disciplinarias y económicas. Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

Discapacidad y DNU: cómo votaron los senadores del Chaco en la jornada que complicó a Milei

Con 63 a 7, el Senado rechazó el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad y forzó su promulgación. Los chaqueños María Inés Pilatti Vergara (UxP) y Víctor Zimmermann (UCR) votaron contra el veto; Antonio Rodas se ausentó. Leer más

El Senado le dio media sanción al proyecto que modifica la legislación de los DNU

De aprobarse, cada decreto de necesidad y urgencia debería ser tratado en el Congreso en un plazo máximo de 90 días. Asimismo, quedaría sin efecto de ser rechazado por una sola de las cámaras.

Tras voltearle un veto, el Senado aprobó un proyecto que modifica la ley de DNU y limita el poder de Milei

El proyecto que tuvo media sanción y ahora fue girado a Diputados, recibió 56 votos a favor de Unión por la Patria, la UCR, el PRO y los federales, y 8 en contra de LLA y la cordobesa del PRO bullrichista, Carmen Alvarez Rivero.

Rebelión legislativa: el Senado aprobó una regulación restrictiva de los DNU que complica al Gobierno

En un claro intento de ponerle límites al gobierno de Javier Milei, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el tratamiento legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con una visión restrictiva que obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas adoptadas mediante este tipo de instrumentoLa iniciativa fue aprobada por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor, incluida la bancada del kirchnerismo, que durante los últimos 20 años se negó a modificar la legislación, que establece la vigencia de los decretos hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras del Congreso.Sólo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.Pero, además, la norma que redactó de puño y letra la por entonces senadora y primera dama obliga al rechazo de ambas cámaras para derogar un DNU. De hecho, basta la aprobación de una de ellas para dejar firme un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.Ahora, la situación podría dar un giro de 180 grados. Es que el texto aprobado por la Cámara alta esta tarde marcha en sentido contrario a la reglamentación vigente.Así, el proyecto termina con la sanción ficta al establecer un plazo de 90 días para que ambas cámaras del Congreso ratifiquen los decretos. Si en ese plazo no consigue ese respaldo, queda derogado de manera automática.Como si fuera poco, la iniciativa establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.Según fuentes legislativas, la iniciativa fue impulsada por los gobernadores para mostrar poder de fuego ante Javier Milei tras la ruptura de relaciones acelerada en los últimos meses por el traumático cierre de listas y alianzas electorales en varias provincias. El encargado de llevarla a cabo en el Senado fue Carlos Espínola (Las Provincias Unidas-Corrientes).Otras tres reformas que impulsa el proyecto parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico. La segunda también parece inspirada en el megadecreto emitido por Milei a poco de asumir la presidencia, ya que habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.La tercera, establece de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo, que opera el 1° de marzo de cada año. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.Si bien muchos de los oradores aseguraron que la modificación no apunta a este Gobierno, lo cierto es que durante el debate se escucharon críticas al "abuso" de la administración libertaria en el uso de los decretos de necesidad y urgencia."El Gobierno tomó la excepción como regla y se dedicó a gobernar por decreto y ahora, cuando le va mal porque el Congreso le rechaza sus decretos, quiere ir a la Justicia. Esto es el absurdo del absurdo", sentenció la kirchnerista Florencia López (La Rioja).En la misma sintonía se manifestó Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), quien dijo que "es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla". "Los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a un manual de uso común", sentenció el senador bonaerense.El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) dijo que la intención del proyecto es "terminar con la pésima costumbre de los gobiernos de hacer uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia", pero no se olvidó de recordar el cambio de postura del kirchnerismo, de quienes dijo que fueron "acérrimos defensores" de la ley 26.122. "Enhorabuena, siempre tiene uno tiempo para arrepentirse", se congratuló.La primera voz en contra de la iniciativa fue la de Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), quien ubicó el impulso del proyecto como parte de un "plan de desestabilización al gobierno de Javier Milei". "No se bancan que gobierne con las mismas reglas que gobernaron ellos", disparó la senadora alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en dirección a la bancada peronista. Le salió al cruce el radical Martín Lousteau (Capital): "Lo único que faltaba era escuchar a la senadora defender una ley del kirchnerismo en nombre de la República", sentenció.El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) también cuestionó el apuro por modificar la normativa vigente. "Todos han utilizado decretos de necesidad y urgencia, justo ahora es cuando molestan", afirmó el senador oficialista, antes de desafiar al recinto a que "tengan la valentía de decirlo" si es que la iniciativa "tiene intereses subyacentes"."No les importa el contenido de la ley, les importa romper al Gobierno", denunció Ezequiel Atauche (Jujuy), jefe de la bancada de La Libertad Avanza, quien aseguró que el Gobierno usa los DNU "para escuchar a los argentinos en contra de la casta política, que no representa a los argentinos".Por su parte, la neuquina Lucila Crexell recordó que desde 2015 viene bregando por modificar la ley sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner para terminar con un instrumento que, aseguró, "desnaturaliza los principios rectores de la Constitución y que fue introducido por la ventana durante la reforma constitucional" de 1994.El contenido del proyecto dibuja el peor escenario para este Gobierno, que hoy es minoría en las dos alas del Congreso y que, con suerte y algunas alianzas parlamentarias de por medio, podría llegar a tener mayoría en la Cámara de Diputados a partir de diciembre próximo si es que lo acompaña el resultado en las elecciones de medio término del 26 de octubre.De todas maneras y en caso de que sea aprobado, el proyecto todavía deberá superar el debate en Diputados, que actuará como cámara revisora. Esto le da al Gobierno tiempo para negociar o intentar bloquear su sanción definitiva.

El Senado aprobó un proyecto que pone límites al Presidente en el uso de los DNU

La definición queda en manos de Diputados. Si ambas Cámaras no lo aprueban "con mayoría absoluta" en 90 días corridos, caerían. Igual caso si una rechazara. Además, cada norma deberá referirse a un área en particular, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, gracias a la ley que impulsó en 2006 Cristina Kirchner

Sesión en el Senado, en vivo: qué se sabe de la ley de discapacidad y los DNU hoy

El gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves un nuevo escenario adverso en el Senado, que se dispone a sesionar con un temario a contramano de los deseos de la Casa Rosada y, lo más grave, promete convertirse en caja de resonancia para las críticas de la oposición por las denuncias sobre presuntos actos de corrupción que salpicarían a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei. Dos temas clave en agendaLa sesión incluirá la posibilidad de que el Senado termine por aprobar la insistencia en la ley que declaró la emergencia en la discapacidad, desairando, así, el veto de Javier Milei. El otro tema que se discutirá es un proyecto que busca modificar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio restrictivo al tratamiento parlamentario que el Congreso debe darle a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y de facultades delegadas que emita el Poder Ejecutivo.

El Senado debate el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la regulación de los DNU

La oposición se dispone a rechazar el veto del presidente a la normativa que incrementa la partida presupuestaria y dispone la actualización de aranceles en el área de Discapacidad Asimismo, la Cámara alta considerará un proyecto destinado a restringir las atribuciones del Presidente para evitar la elusión del control legislativo. Leer más

Sesión bisagra en el Senado: la oposición se encamina a sostener la ley de discapacidad y limitar los DNU

La oposición abrió el recinto del Senado con un temario que arrincona al Gobierno: busca sostener la ley de emergencia en discapacidad, vetada por Javier Milei, y acotar el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Todo, a días de las elecciones bonaerenses.En el primer caso, el Senado tiene la última palabra: si reúne los dos tercios para rechazar el veto, la norma quedará vigente y deberá cumplirse. En el segundo, obtendrá la media sanción y la definición final quedará en Diputados.Podría irrumpir, también, un pedido de interpelación a la secretaria General, Karina Milei, por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que describen un presunto esquema de coimas y la señalan como beneficiaria final. Aunque el kirchnerismo no lo planteó en la reunión de presidentes de bloque de ayer, nadie lo descarta. La definición quedará atada al pulso del recinto: sin dictamen, el tratamiento sobre tablas exige dos tercios, un umbral que parte de la oposición evita derribar para no quedar alineada con una jugada que el kirchnerismo empuja en clave electoral.Con Milei en Estados Unidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel en ejercicio de la presidencia, el senador Bartolomé Abdala -presidente provisional- comanda la sesión. El detalle de los proyectosDiputados ya dio el primer paso con la emergencia en discapacidad: 172 votos a favor entre bloques críticos y "heridos" del último cierre de listas. Con ese antecedente y el caso Andis en primer plano, en el Senado la oposición confía en reunir los dos tercios para sostener definitivamente la ley. De ocurrir, sería la primera insistencia que el Congreso le impone a esta administración y un golpe al escudo legislativo de Milei.La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.El Gobierno la vetó por costo fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), como no se aplicará el aumento jubilatorio -Diputados no logró insistir con esa ley-, el impacto de la emergencia en discapacidad, sin cambios en movilidad ni bonos, caería a un rango de 0,26% del PBI en 2025 y 0,46% en 2026.La reforma sobre DNU no tiene costo fiscal, pero sí efectos institucionales. Un arco amplio -UP, parte de la UCR, Pro y bloques provinciales- propone ajustar la ley de trámite legislativo para aplicar un criterio más restrictivo al tratamiento de DNU y de facultades delegadas del Poder Ejecutivo. La ley 26.122, sancionada en 2006, instauró la "sanción ficta": si el Congreso guarda silencio, los decretos siguen vigentes y pueden quedar convalidados si una de las cámaras los aprueba.El nuevo texto invierte esa lógica: exige ratificación explícita de ambas cámaras para que un DNU conserve su vigencia y fija un plazo de 90 días para que el Congreso se expida; si no hay pronunciamiento en ese lapso, el decreto cae. Con dictamen firmado, la iniciativa necesita mayoría simple para obtener media sanción en el Senado. La última palabra la tendrá Diputados.

Senado, en vivo: avanza el debate sobre el veto a la ley de Discapacidad y la regulación de los DNU

La oposición se prepara para rechazar el veto de Javier Milei de la legislación que aumenta el presupuesto en el área y dispone de la actualización de aranceles. Además, la Cámara alta tratará un proyecto para limitar las atribuciones del Presidente para esquivar el control legislativo

Sesión caliente: la oposición del Senado busca voltear el veto en Discapacidad y cambiar la ley de DNU para limitar el poder de Milei

La reunión está convocada para este jueves a partir de las 11.El escándalo de los audios filtrados se colará de lleno en la agenda.Y es más desgaste político para el oficialismo a días de la elección bonaerense.

El Gobierno reactivó normas que Javier Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

El Gobierno de Javier Milei restituyó este miércoles normas que habían sido modificadas y que afectaban a organismos como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y la Marina Mercante. Lo hizo para evitar un vacío legal tras el rechazo en el Congreso de cinco DNU. Leer más

El Gobierno restituyó normas tras la derogación de los DNU en el Congreso: cuáles son

La medida surge tras el rechazo del Congreso a cinco DNU que modificaban organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA, y que imponían restricciones al derecho a huelga.

Audios: un senador anticipó que el miércoles se reunirán para definir una resolución y cargó contra los DNU de Milei

"Es infernal la cantidad de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que utilizó este Gobierno: un abuso". Esas fueron las palabras del senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco para analizar la toma de decisiones del Ejecutivo. En un móvil con LN+, el legislador por Tierra del Fuego mencionó que este miércoles la comisión de libertad de expresión se reunirá para definir una resolución que harán pública en la sesión que el Senado tendrá el jueves, cuyo objetivo central es rechazar definitivamente el veto a la emergencia en discapacidad.El senador nacional Pablo Blanco en dialogo con LN+"No tengo dudas que en la sesión del jueves vamos a rechazar los vetos del Gobierno. Producido el rechazo en el Senado la ley de discapacidad queda firme", vaticinó Blanco. "Las tasas de interés que actualmente está pagando el Gobierno superan ampliamente las previsiones presupuestarias del área de discapacidad", argumentó.Según Blanco, "el Gobierno nos tiene acostumbrado al verso de decir que el Congreso actúa siempre en contra del déficit fiscal". Consultado por los audios del escándalo, el senador dijo: "Es una muestra de la inutilidad que tiene el gobierno de Javier Milei para obrar"."Están desorientados. Siempre responsabilizando a los otros. No son capaces de hacerse cargo de sus obligaciones", subrayó en referencia al Gobierno. En su intercambio con LN+, Blanco también cargó contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. "Ahora se queja del espionaje ruso pero, ¿quién es la responsable de que eso no ocurra?", enfatizó."Si en la sesión del jueves sale todo bien, presentaremos una iniciativa para reglamentar el uso de los DNU", agregó el senador. Finalmente, hizo una aclaración: "Esta medida de la UCR no es contra el Gobierno, es algo por lo que venimos trabajando desde hace años".

Senado: presentaron sugerencias para aliviar el dictamen que modificaría la ley que regula los DNU

El despacho que pretende aprobar la oposición este jueves representa un giro de 180 grados en cuanto a restricciones. La limitación para que el Gobierno actual no abuse de este mecanismo se convertiría en una traba para futuras gestiones

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Los magistrados, además, emitieron declaraciones sobre el Fallo Levinas II de la Corte Suprema y la intromisión en la casa de una jueza federal de Rosario

Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

Todas las normativas fueron desestimadas por ambas cámaras, pese a los intentos del Gobierno por alcanzar las voluntades necesarias

DNU: qué argumentos esgrime la oposición en el Senado para modificar una herramienta clave del Gobierno

Nuevo presidente para el Criptogate, una buena para Macri y gobernadores presionan por los DNU

Esta semana se destrabaría la comisión del Congreso para investigar el escándalo $Libra. Aprobaron los gastos de la gestión del líder del PRO en 2018 y 2019. Mandatarios provinciales podrían quitarle una herramienta clave a Milei.

Golpe al Gobierno: la oposición unió filas en el Senado y apuró un dictamen para limitar el uso de los DNU

En el mayor de los sigilos, los bloques de la oposición del Senado suscribieron en la noche del jueves último un dictamen letal para los planes del Gobierno en los últimos dos años de su mandato. Se trata de un proyecto que empodera al Congreso para restringir al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta de gestión indispensable para el presidente Javier Milei. Mientras el oficialismo sufría esa noche una seguidilla de aplastantes derrotas en el recinto, entre las bancas de la oposición comenzó a circular el dictamen que, según anticipan sus autores, llevarán al recinto en la próxima sesión para que la Cámara de Diputados, en un tiempo perentorio, haga luego lo propio. El objetivo es anticipar la sanción al recambio legislativo del 10 de diciembre próximo, cuando se espera que los libertarios engrosen su representación en ambas cámaras, lo que dificultaría los planes opositores de ponerle límites al Gobierno. El dictamen en cuestión, que comenzó a esbozarse el martes pasado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, modifica dos aspectos claves de la ley 26.122 que regula el tratamiento legislativo de los DNU. En primer lugar, elimina el artilugio de la convalidación tácita de los DNU a partir del silencio del Congreso (sanción ficta); exige, en cambio, que éstos sean aprobados de manera expresa por ambas cámaras -y con mayoría absoluta- para que mantengan su vigencia. Para este trámite se fija un plazo: 90 días corridos desde la publicación del decreto. Si éste no fuese aprobado dentro de ese lapso, el decreto perdería vigencia de manera automática. En segundo lugar, el dictamen establece que si alguna de las dos cámaras del Congreso rechaza un DNU, éste queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. De todas maneras, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.El proyecto opositor incorpora un tercer punto también relevante: prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de "decretos ómnibus" como el DNU 70/2023 con el que el presidente Milei inauguró su gestión. En el artículo primero del dictamen los senadores dejan en claro que los decretos deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso. El dictamen en cuestión impone cambios copernicanos a la ley que, en su momento, promovió la exsenadora Cristina Kirchner en 2006 y que, por su laxitud, permitió a los sucesivos gobiernos dictar DNU y decretos delegados sin que el Congreso significara mayor obstáculo. En efecto, la norma actual exige el rechazo de ambas cámaras para que un decreto pierda su vigencia. En cambio, de aprobarse el dictamen opositor, el rechazo de una sola cámara bastará para voltearlo. La misma suerte correrá si en un plazo de 90 días corridos el Congreso no se pronuncia. Cambio de climaLo llamativo del dictamen no es solo su contenido restrictivo sino, sobre todo, quiénes lo auspiciaron, en su mayoría exaliados del oficialismo. Habla de un cambio rotundo del clima político en el Congreso, el cual tuvo como punto de inflexión el cierre de las candidaturas oficialistas con vistas a las elecciones de octubre próximo. Una instancia que dejó un tendal de heridos que, despechados, se pasaron raudos a las filas opositoras. El oficialismo acusó el golpe con la ristra de derrotas que sufrió la semana pasada tanto en Diputados como en el Senado. Encabeza el listado de firmas la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), esposa del exgobernador y primer candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti. La acompañan varios senadores que, hasta hace poco tiempo, acompañaron al Gobierno, entre ellos Juan Carlos Romero (Salta) y Eduardo Vischi (Corrientes), este último jefe del bloque radical. Completan las firmas los también radicales Flavio Fama y Pablo Blanco, como así también Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Mónica Silva (Juntos somos Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck. El kirchnerismo prefirió ocupar un segundo plano -tal vez para no desairar a su jefa política, autora de la ley-, pero no se privó de estampar también su rúbrica a un proyecto que, de aprobarse, le infligiría un fuerte golpe político al gobierno libertario. Lo firmaron José Neder, Mariano Recalde, María Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán. "El kirchnerismo aprobó esta ley para hacer uso y abuso de los DNU. Es una norma que empodera al Poder Ejecutivo. Este dictamen, en cambio, va al otro extremo, fortalece al Congreso -indicó el senador Romero a LA NACION-. Para encontrar un punto de equilibrio yo, si bien suscribí el dictamen, voy a sugerir que los decretos tengan el mismo tratamiento que una ley". El radical Blanco, por su lado, alertó sobre "el abuso que hace el Gobierno" de los DNU. Los datos oficiales revelan que, en lo que va de su mandato, el Poder Ejecutivo dictó 71, sin contar los decretos delegados; una cifra superior al promedio de gobiernos anteriores (sin contar los años de pandemia), aunque el oficialismo esgrime un argumento no menor para justificarlos: el de Milei es un gobierno en minoría en ambas cámaras y, después de todo, se trata de una facultad consagrada en la Constitución Nacional que todos los presidentes, sin excepción, utilizaron aun contando con mayorías parlamentarias.Los opositores retrucan que el de Milei devino en un gobierno decidido a gestionar a puro DNU y vetos presidenciales con tal de ningunear al Congreso. Una modalidad que, aseveran, se profundizará durante la segunda parte de su gestión si, como auguran los pronósticos electorales, los libertarios incrementan su representación en ambas cámaras. No alcanzarán la mayoría, pero aspiran a consolidar al menos un tercio de voluntades en la Cámara de Diputados, suficiente para blindar los futuros vetos presidenciales.Hasta el 10 de diciembre, sin embargo, el oficialismo deberá soportar los embates de una oposición decidida a unir filas frente a un Gobierno que, advierte, se perfila cada vez más autocrático por su renuencia al diálogo. En el Senado se descuenta que el dictamen para restringir el uso de los DNU se aprobará con amplia mayoría; en la Cámara de Diputados, si bien el año pasado se frustró el tratamiento de una iniciativa similar, la fragilidad que exhibe hoy el oficialismo le abre a la oposición una nueva oportunidad. Allí también, como en el Senado, hay varios "heridos" que, antes de dejar su banca, quieren cobrarse viejas cuentas. Frente a una ofensiva que se anticipa inexorable, el oficialismo tendrá el veto como única arma para defender -paradojas de la política- la ley de DNU que legó Cristina Kirchner. Habrá que ver si, en esta carrera contra reloj antes del recambio legislativo, la oposición finalmente logra consumar su golpe.

Revés para el Gobierno en el Senado: avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave

Jugada de la oposición en la comisión de Asuntos Constitucionales de cara al recambio legislativo del 10 de diciembre. Pretenden que en un plazo de 30, 60 o 90 días, Diputados y el Senado estén obligados a aprobarlos. Si no, los mismos caerían. Si una rechazara, también quedarían desactivados

Con un DNU, el Gobierno dio otro paso hacia la privatización de AySA

El Gobierno habilitó al Estado a "enajenar total o parcialmente su participación accionaria" en la empresa. Leer más

Unión por la Patria busca mayoría para anular los DNU que reformaron las fuerzas de seguridad

El bloque opositor argumenta que las reformas de la policía, Gendarmería, Servicio Penitenciario, PSA y Prefectura son ilegales. Desde el oficialismo aseguran que el Gobierno estaba habilitado a tomar esa decisión en el marco de la Ley Bases. Leer más

La Cámara del Trabajo confirmó la suspensión del DNU de Milei que limitó el derecho a huelga

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones del Trabajo dictó una "sentencia definitiva" y suspendió la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que limitó el derecho de huelga y amplió las actividades consideradas esenciales. La Sala IV, con los votos de Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, confirmó el fallo de primera instancia de la jueza del trabajo Moira Fullana, que había hecho lugar a una media cautelar planteada por la CGT. No votó el juez Manuel Diez Selva por estar en uso de licencia. El decreto inaplicable es el DNU 340/2025, que limita el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, que aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. "Frente al uso -por parte del Poder Ejecutivo de la Nación- de los llamados "decretos de necesidad y urgencia" y los problemas constitucionales que ello acarreaba, en la última reforma constitucional de 1994 se decidió legislar sobre dicha herramienta, limitando su utilización conforme las pautas que habían surgido, incluso, de la jurisprudencia. En este sentido, se dispuso en el inc. 3 tercer párrafo del art. 99 de la Constitución Nacional que "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes (â?¦) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia...", argumentó Pinto Varela en su voto. Y agregó: "Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación". Guisado, en su argumentación, compartió los argumentos de Pinto Varela. La jueza Fullana había suspendido hace dos semanas de manera provisional los efectos de los artículos 2 y 3 del DNU 340/25, que fue dictado el 21 de mayo de 2025. "Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", dice el artículo 3 del decreto de Milei, que precisa: "En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".Estas modificaciones estaban previstas en el capítulo 4 del DNU 70/23 que fue suspendido en la Justicia con un fallo de segunda instancia y que está pendiente a una definición de la Corte Suprema.La CGT había solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical. ArgumentosLa jueza Fullana analizó la "verosimilitud del derecho" y la "verosimilitud de la legitimidad" del decreto y expresó que no había circunstancias excepcionales que justifiquen el dictado de un DNU.La jueza hizo hincapié en que la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo solo cuando "circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes". Pero en este caso, la jueza señaló que, a la fecha de su dictado, el Congreso de la Nación Argentina se encontraba con sesiones ordinarias.La jueza citó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dijo que para dictar un DNU "es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes". La Sala IV de la Cámara de Apelaciones dejó firme la sentencia de primer instancia. LA CGT TENÍA RAZÓN pic.twitter.com/LjPLonHR6n— Jorge Sola (@JorgePinoSola) July 14, 2025La jueza dijo que no se dan estas circunstancias y que el argumento del Estado acerca de que la única modificación del DNU 340/25 era incorporar la Marina Mercante al listado de servicios esenciales ya modificado por el DNU 70/231516, es insuficiente.El decreto ahora frenado limitaba el derecho a huelga y amplíaba las actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.Según el decreto, se consideran a partir de ahora servicios esenciales:El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.La aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios.Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior.El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.La producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.Se suman a los que ya estaban incluidos, con un mayor alcance, por el nuevo decreto:Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos.Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.El control de tráfico aéreo.La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable y energía eléctrica.

La Coalición Cívica quiere declarar inválido el DNU del INTA: afirma que contradice a la Ley Bases

Diputados del espacio fundado por Carrió calificaron la reforma como una virtual "intervención". La Ley Bases excluía al INTA del plan de ajuste en organismos estatales a través de facultades delegadas.

Nación presiona a Ciudad para acelerar traspaso penitenciario por DNU ante fin de facultades delegadas

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich empuja la firma del convenio para traspasar competencias y detenidos. Aspiran a que se concrete antes del 8 de julio. Desde CABA señalan que aún hay diferencias que postergan la rúbrica.

Día 564: El kuzushi y el fin de los DNU de Milei

La oposición necesita aplicar el principio fundamental del judo: romper el equilibrio del oponente antes de aplicar una técnica. Si quiere frenar la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, debe lograr la modificación de la ley que regula los decretos. Leer más

Una jueza declaró inconstitucional un DNU de Milei que limitaba el derecho a huelga, tras un pedido de la CGT

La central sindical presentó un amparo contra el decreto 340/25 que declaraba servicio esencial la navegación y limitaba las protestas.La jueza consideró que no había "urgencia" para que el Poder Ejecutivo tome atribuciones del Congreso.

Diputados: buscan modificar la ley que regula los DNU

La convocatoria incluye el emplazamiento para tratar el financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan, frenados por el oficialismo.

Una protesta contra el DNU que le quitó derechos a los migrantes

Es contra el decreto con el que el presidente Milei les restringió el acceso a la educación pública superior y a la atención médica, entre otros derechos afectados.

El Senado dió el visto bueno al DNU que baja impuestos a la minería

La justificación es que por la baja en el precio del litio y por la inflación, la tasa tributaria por exploración minera subió demasiado y la provincia perdió competitividad. Solo el senador por Cachi hizo notar que mientras se baja la carga impositiva a quienes más tienen, se siguen subiendo precios que afectan a quienes menos tienen, como el del boleto del colectivo.

Milei le da más poder a Bullrich para reorganizar la Policía Federal: preparan un DNU y hay polémica

Milei firmaría el decreto al regreso de su gira internacional.Quieren hacerlo antes de que venzan las facultades delegadas que le otorgó el Congreso al Presidente.

Una jueza suspendió la aplicación del DNU de Milei que limitó el derecho a huelga

La Justicia del Trabajo suspendió la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que limitó el derecho de huelga y amplió las actividades consideradas esenciales. El fallo es de la jueza del trabajo Moira Fullana, que hizo lugar a una media cautelar planteada por la CGT la semana pasada. En paralelo, la jueza dio curso al amparo con el que la CGT busca que se declare inconstitucional -de forma definitiva- el DNU de Milei; es decir, abrió el expediente en el que resolverá si declara o no la inconstitucionalidad. Pero mientras eso se debata, el decreto no podrá ser aplicado por el Gobierno.El decreto inaplicable es el DNU 340/2025, que limita el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, que aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. La jueza suspendió de manera provisional los efectos de los artículos 2 y 3 del DNU 340/25, que fue dictado el 21 de mayo de 2025. "Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", dice el artículo 3 del decreto de Milei, que precisa: "En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".Estas modificaciones estaban previstas en el capítulo 4 del DNU 70/23 que fue suspendido en la Justicia con un fallo de segunda instancia y que está pendiente a una definición de la Corte Suprema.La CGT había solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical. Además, pidió una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de los artículos hasta la sentencia definitiva.ArgumentosLa jueza analizó la "verosimilitud del derecho" y la "verosimilitud de la legitimidad" del decreto y expresó que no había circunstancias excepcionales que justifiquen el dictado de un DNU.La jueza hizo hincapié en que la Constitución Nacional permite al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo solo cuando "circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes". Pero en este caso, la jueza señaló que, a la fecha de su dictado, el Congreso de la Nación Argentina se encontraba con sesiones ordinarias.La jueza citó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dijo que para dictar un DNU "es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario o 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes". La jueza dijo que no se dan estas circunstancias y que el argumento del Estado acerca de que la única modificación del DNU 340/25 era incorporar la Marina Mercante al listado de servicios esenciales ya modificado por el DNU 70/231516, es insuficiente.El fallo no es una declaración definitiva de inconstitucionalidad, sino una medida cautelar. El decreto ahora suspendido limitaba el derecho a huelga y amplíaba las actividades consideradas esenciales. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto.Según el decreto, se consideran a partir de ahora servicios esenciales:El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.La aeronáutica comercial y el control de tráfico portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios.Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior.El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.La producción, transporte y distribución de gas y otros combustibles.Se suman a los que ya estaban incluidos, con un mayor alcance, por el nuevo decreto:Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos.Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales.El control de tráfico aéreo.La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable y energía eléctrica.

Una jueza laboral hizo lugar al pedido de la CGT y le puso un freno al DNU que limitaba el derecho a huelga

Así lo resolvió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana.

La Justicia declaró inconstitucional el DNU de Milei que prohibía tratamientos de adecuación de género a menores de edad

Una sala de la Cámara Federal de Paraná ordenó a una obra social cubrir una cirugía para un adolescente trans. Los jueces cuestionaron el decreto presidencial y advirtieron que no hubo fundamentos suficientes para cambiar la ley vigente. La Corte Suprema será la próxima instancia. Leer más

Prepagas: más allá de la inconstitucionalidad del DNU 70-2023, "no es que se aplica para todo el mundo"

Según indicó la abogada, Fiorella Bianchi, "es importante porque sienta un precedente para todos los demás amparos de salud que se han presentado en todo este tiempo". Leer más

Los gremios del transporte activan protestas y advierten por paro tras el DNU de Javier Milei

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte definió medidas de acción. Es en respuesta al DNU que desregula el sector y que limita el derecho a huelga.

Los gremios del transporte activan protestas en rechazo al DNU que limita el derecho a huelga

La Confederación de Trabajadores del Transporte (Catt), que reúne a más de 20 gremios del sector, se movilizará la semana próxima hacia la sede del Ministerio de Desregulación del Estado para protestar contra Federico Sturzenegger, a quien identifican como el ideólogo del decreto presidencial 340/2025 que limita el derecho a huelga y amplía las actividades consideradas esenciales. Así lo anunció hoy el portuario Juan Carlos Schmid, referente de la Catt, durante un acto con militantes que se desarrolló en el salón Felipe Vallese de la CGT. La medida de los transportistas se suma a la ofensiva legal que impulsó la CGT para intentar que la justicia laboral frene el decreto mediante una acción de amparo. Ayer, el equipo de agobados de la central obrera presentó un pedido en Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, a cargo de Moira Fullana. "Estamos en estado de alerta y movilización, pero le pedimos a este plenario que nos faculte para que en el mes de junio llevemos adelante una protesta frente al Ministerio de Sturzenegger para expresarle todo nuestro rechazo a sus medidas", manifestó Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT, aunque evitó ponerle una fecha exacta. Además, el extitular de la CGT y actual titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento esgrimió un duro diagnóstico del rumbo de la Casa Rosada y catalogó al funcionario como "el Frankenstein de este gobierno para destruir el trabajo argentino".En ese sentido, Schmid marcó que el del presidente Javier Milei y su gabinete "es un proyecto de muerte" y afirmó que "tiene la crueldad como credo". En un salón colmado, que contó con la participación entre los asistentes del ferroviario Omar Maturano, de La Fraternidad, Schmid se mostró en el escenario escoltado por los secretarios generales Mariano Moreno, de Patrones de Cabotaje y Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, cuyo sector fue alcanzado por el decreto que limita el derecho a huelga en los niveles de guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.Por otro lado, el titular de la CATT dijo que "es encrucijada histórica para las organizaciones sindicales" y puso en duda los logros económicos del Ejecutivo. "Se ha dicho que es el mejor gobierno de la historia y que ha aplicado el ajuste más grande de la humanidad, pero cómo se explica entonces que volvamos al Fondo Monetario Internacional, volvamos a endeudarnos, a los blanqueos, volvamos a tener el monitoreo de las cuentas públicas de la salud, de la educación y de todo tipo de industria de nuevo en manos de los extranjeros", se preguntó. A su vez, analizó los recientes testeos electorales de La Libertad Avanza (LLA), que tuvo el último triunfo en la Ciudad de Buenos Aires. "Es un gobierno electo por una minoría de la ciudadanía que es el único que tiene iniciativa, es el único actor político que tiene iniciativa, y esa iniciativa la utiliza para atacar sistemáticamente. Las elecciones de hace 15 días atrás le han dado, y lo están utilizando, para poder avanzar, en este caso, sobre el área de la Marina Mercante. Y lo que están haciendo también, compañeros y compañeras, con la desregulación de todo el territorio nacional".Uno de los discursos más duros fue el de Omar Maturano, líder de La Fraternidad, quien estuvo presente en la primera fila de las gradas del salón Vallese. "Mi industria está para la mierda. El maltrato que sufrimos no solamente del presidente, sino de sus funcionarios y colaboradores. Nos tratan cruelmente si opinamos diferente. Ahora, el Ejecutivo y los legisladores de cualquier clase política, qué carajo estaban haciendo estos cuando nos padres peleaban por la democracia, porque hoy disfrutan de sus beneficios verdugueándonos". En paralelo, Raúl Durdos, titular de SOMU, relató que la tensión laboral en su sector va en aumento y arengó a profundizar las protestas contra el gobierno. "Estamos llevando adelante un paro total de actividades del sector fluvial, desafiando el decreto del gobierno. Nosotros los trabajadores no tenemos que tener miedo. Tres gremios marítimos están de paro con la pesca. Compañeros, no es momento para tibios. Hay que estar detrás de CATT y ojalá la CGT copie lo mismo que va a haber esta confederación", desafió.

La CGT presentó una acción de amparo contra el DNU que limita el derecho a huelga

Los abogados de la central gremial se presentaron ante la justicia laboral para rechazar el decreto 340/2025. Leer más