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Modificaciones a la ley de inteligencia nacional por DNU: ¿por qué ahora y tan mal?
El primer día hábil de 2026 se conoció el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 del presidente Milei, por el que se le introducen modificaciones de importancia a la siempre sensible Ley 25.550 de Inteligencia Nacional. Cabe llamar la atención sobre la más que peligrosa reforma que determina que "el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes" (art. 10 nonies del nuevo texto de la ley).Desde la recuperación de la democracia, una de las conquistas más importantes en materia del derecho a la libertad personal fue que no alcanzara con que el funcionario que efectúa una detención, especialmente cuando ella no responde a una orden judicial, esté dotado de la "autoridad" para practicarla. El principio que, para fortuna de todos los habitantes, terminó imponiéndose es que esa detención debe necesariamente reconocer un "motivo previo". Pero no solo eso: el "motivo previo" tiene además que estar especificado de antemano en la propia ley que otorgue la facultad de aprehensión, de manera que los habitantes quedemos a salvo de la arbitrariedad estatal. Esto, la Corte Suprema lo explicó con claridad hace ya muchos años en el caso "Daray", cuando habló de la necesidad de que una detención "se sustente en una causa razonable". Y en ese contexto, agregó que ello "es lo que permite fundamentar por qué es lícito que un habitante deba tolerar la detención, y al mismo tiempo proscribir que cualquier habitante esté expuesto, en cualquier momento de su vida, sin razón explícita alguna, a la posibilidad de ser detenido por la autoridad". Este fundamental principio está recogido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 7 garantiza que "nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas".¿Qué problemas básicos genera la modificación introducida y transcripta más arriba? Por lo pronto, se sabe que todo lo atinente a la Inteligencia Nacional está cubierto por un manto de reserva, tanto en lo que hace a la actividad de los agentes como a su propia identidad. Se sabe asimismo que el personal afectado a las tareas de inteligencia lleva por definición una clasificación de seguridad, y el acceso a dicha información solo puede ser autorizado en cada caso por el presidente o el funcionario en quien se delegue expresamente esa facultad (art. 16 de la ley 25.550). Y dentro de las modificaciones introducidas por el DNU en examen, se reafirma que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en función de su sensibilidad". (art. 2 bis).Ahora bien, el problema central con las facultades de aprehensión ahora confiadas al personal de Inteligencia, es que dicha aprehensión no sólo será legítima si se efectúa a requerimiento de un juez (lo que claramente no es objetable), o si ella se practica en caso de detectarse un delito cometido en "flagrancia" (donde hasta un particular podría llevarla a cabo), sino que esa facultad también aparece acordada "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia" (art. 10 nonies ya citado, primer párrafo). Y aquí, claramente, lo que falta en el texto de la ley es la descripción del motivo o causa que vuelve legítimo el proceder del "personal de Inteligencia" dotado ni más ni menos que de la facultad de privar a cualquier habitante de su libertad.Con lo cual, el resultante de estas nuevas disposiciones con fuerza de ley no podría en verdad ser más inquietante. Personas que no sabemos quiénes son, y que por definición actúan de manera encubierta, han sido dotadas de la facultad de "aprehender", sin que se especifiquen o delimiten en el propio texto legal los parámetros válidos de su accionar. Lo único que la norma comentada exige es que, luego de esa aprehensión, se "dé aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".Se podrá decir que estas modificaciones no han suprimido la fórmula general del art. 3 de la ley 25.520, según su redacción inicial de 2001. Según se explica allí, el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional debe ajustarse a las previsiones contenidas en los capítulos de la Constitución Nacional relacionados con los derechos y garantías de los habitantes. Pero es claro que estas nuevas modificaciones introducidas por el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 han venido a ampliar la gama de facultades del denominado "personal de Inteligencia", y a este tipo de funcionarios, con todo el secretismo que rodea su accionar, se les ha acordado una facultad expresa de "aprehensión de personas", de la que antes carecían. Ello, sin que esa facultad haya sido rodeada de ningún recaudo normativo que nos permita avizorar qué conducta es aquella de la que debemos abstenernos para impedir ser privados de nuestra libertad.Una nota final nada menor. La "necesidad" y la "urgencia" para legislar a espaldas del Congreso en una materia tan sensible, y hacerlo en el último día del año, es claro que "nos las deben".
Reformulación de la SIDE: el Gobierno envió el DNU al Congreso y la oposición busca los votos para ganar la pulseada
El decreto 941/25 entró formalmente al Senado en medio de fuertes críticas por otorgar facultades para detener ciudadanos sin orden judicial. Con la Bicameral paralizada, los bloques opositores apuestan a una derrota oficialista. Leer más
La Justicia rechazó tratar durante la feria judicial los amparos contra el DNU de Milei que reconfiguró la SIDE
El juez del fuero contencioso administrativo que está en funciones durante la feria de enero, Walter Lara Correa, resolvió rechazar los pedidos para tratar durante el receso judicial los amparos presentados contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que reconfiguró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).Los cinco pedidos fueron atendidos por separado, aunque con el mismo criterio. El juez remarcó el carácter de excepción de la feria judicial â??en donde se atienden cuestiones de urgenciaâ?? y sostuvo que son muchas las causas que impugnan al mismo DNU, algunas individuales y otras colectivas, y que, en consecuencia, surgen varios interrogantes respecto al proceso que deben ser abordados por los jueces naturales de cada una de las causas. Por ejemplo, si algunas causas deben tramitar juntas o no. "Cada magistrado/a natural en el ámbito propio de su conocimiento, es el que deberá evaluar la existencia, o no, de convergencias o divergencias entre las distintas causas iniciadas a efectos de determinar el potencial proceso colectivo", afirmó Lara Correa, por caso, en la respuesta que le dio a la presentación realizada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista. "La habilitación [de feria] no deviene de automática aplicación por el sólo hecho de tratarse de medidas cautelares", agregó el magistrado.Razones similares volcó el juez en su rechazo al solicitud de la Fundación Apolo, la asociación civil que lidera Yamil Santoro que cuestionaba, en particular, el artículo 19 del decreto, uno de los puntos más polémicos de la iniciativa que permite al personal de inteligencia la aprehensión de personas."El análisis es propio del trámite ordinario perteneciente al juez/a natural, como director/a del proceso [...] quien deberá dar trámite", afirmó el juez. En la misma línea había dictaminado antes el fiscal de feria del mismo fuero, Fabián Canda, que también respondió los pedidos por separado. En uno de los pronunciamientos, que fue en respuesta a una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que levantar la feria judicial implicaría resolver cuestiones de fondo que deberían quedar en manos de los jueces naturales. También resaltó que la habilitación durante la feria es una "medida de excepción y por lo tanto debe acordarse con carácter restrictivo". "En ese orden de ideas, las razones de urgencia que autorizan la requerida habilitación son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de verse frustrados determinados derechos", dijo, circunstancias que, consideró, no fueron acreditadas. En contraposición, el CELS sostuvo en su presentación que el asunto en cuestión "no admite demoras". "Se procura concretar respuestas judiciales urgentes frente a un actuar ilegal e inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional, además de incompatible con los compromisos internacionales asumidos", indicaba en el texto. El decreto del Gobierno, firmado el 31 de diciembre último, cuando ya había concluido el período de sesiones extraordinarias, reordena el sistema de inteligencia y ensancha las facultades de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es el que permite a personal de inteligencia la aprehensión de personas en el desarrollo de sus tareas sin una orden judicial. El grupo de abogados con pasado en el radicalismo, entre ellos el exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau, dijo en su presentación que el nuevo esquema "habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz".
El Gobierno envió el DNU que modificó la SIDE al Congreso
El Poder Ejecutivo busca blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia que implementa cambios en la estructura de la Secretaría de Inteligencia
Fiscal rechazó habilitar la feria judicial para tratar el DNU que reestructura la SIDE
Según el dictamen, la cuestión sobre la constitucionalidad deberá ser resuelta por los jueces naturales cuando se reanude la actividad judicial.
Toma sobre el DNU de la SIDE: "Es retrotraernos a las peores épocas del terrorismo de Estado"
"Lo único que está generando es una enorme duda de si no hay detrás de esto una intención autoritaria", aseguró el extitular del organismo. Leer más
La nueva SIDE: 23 organizaciones le reclaman al Congreso que rechace el DNU de Milei por "manifiestamente inconstitucional"
Organizaciones civiles ligadas al derecho, a la lucha por los derechos humanos, al medio ambiente y a la salud, entre otras, firmaron una declaración conjunta para advertir sobre los riesgos del DNU 941/25, que amplió las competencias de la SIDE, y para exigir al Congreso que lo rechace. El comunicado reúne a 23 organizaciones que concluyen que el decreto firmado por Javier Milei el último día del año es "manifiestamente inconstitucional", "rompe consensos básicos", "amplía el margen de discrecionalidad estatal", "debilita los controles" y posibilita prácticas que se creían superadas.Esta manifestación pública se suma a los diferentes amparos presentados en la Justicia para suspender la aplicación del DNU. Este viernes, además, vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como fija la ley de DNU. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y votarlo. Para rechazarlo se requiere mayoría absoluta: 37 senadores o 129 diputados.Sistema de #inteligencia: alcances y riesgos del #DNU ð??¢Sin debate legislativo y durante el receso del Congreso, el Poder Ejecutivo reformó el sistema de inteligencia.Abrimos hilo ð?§µð??? pic.twitter.com/JUSk7SN2ty— ACIJ (@ACIJargentina) January 12, 2026La declaración conjunta advierte que esta norma facilita la "vigilancia masiva", otorga facultades de detención a agentes de inteligencia y reintroduce el concepto del "enemigo interno" al involucrar a los militares en tareas de seguridad interior. El comunicado se enfoca en la vulneración de la privacidad y la autonomía individual. Destaca que el decreto obliga a más de 15 organismos públicos a transferir datos personales a la SIDE "sin establecer procedimientos claros ni mecanismos de control", lo que convierte a esta herramienta -dicen- en un motor de "vigilancia masiva". Considera que esta acumulación de información es especialmente peligrosa dada la falta de políticas adecuadas de seguridad informática del Estado y la posibilidad de que la SIDE comparta dicha información con agencias extranjeras sin necesidad de una autorización judicial previa. "Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan", sentencia. "Nadie controla a los que controlan".Asimismo, la declaración alerta sobre la concentración de poder y la militarización de la inteligencia. "Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte", señala. Explica que se faculta a los agentes de inteligencia a realizar "aprehensiones" de personas sin criterios claros ni garantías judiciales, lo que abre la puerta a "detenciones arbitrarias" e "intimidación". Destaca que el decreto habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia sobre "organizaciones no estatales". Y considera: "Es un retroceso histórico peligroso".Finalmente, las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por la expansión del concepto de contrainteligencia. Según su criterio, esta modificación permite que las agencias de inteligencia intervengan en la vida política, social y económica bajo la excusa de prevenir "interferencias externas". Esto, advierten, anula las prohibiciones vigentes contra el espionaje político. Consideran, además, que la "vaguedad de ciertos términos" pone en "grave riesgo" la libertad de expresión y de asociación. â??ï¸? El regreso del enemigo internoReclamar, protestar y organizarte puede convertirte en objetivo de inteligencia.Se pone en riesgo la libertad de expresión, asociación y protesta.â??ï¸?Este DNU es inconstitucional: el Congreso debe rechazarlo.— CELS (@CELS_Argentina) January 12, 2026Por todo ello, las instituciones demandan que el Congreso de la Nación rechace el decreto. Argumentan, además, que no existen las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución para que se justifique eludir el debate legislativo en una reforma "tan trascendente".Las organizaciones firmantes son: Amnistía Internacional Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (CAJE), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre, Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Fundación para el Desarrollo Humano Integral, Fundación Protestante Hora de Obrar, Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Fundación Cambio Democrático, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Consciente Colectivo, Fundación Huésped, Greenpeace y Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).
El Gobierno arriesga el DNU de la SIDE y la oposición le planta a Milei su primer desafío político del año
El Gobierno busca acelerar la sanción de la reforma laboral y apuesta a aprobarla en febrero. Pero en paralelo se abre un frente que amenaza con convertirse en el primer revés político del año: el decreto con el que Javier Milei reformuló el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE.En la oposición ya existen conversaciones informales para rechazar el DNU 941/25, una norma que habilita, entre otros puntos sensibles, que los agentes de inteligencia puedan aprehender personas en determinados supuestos. El movimiento se cocina en silencio, mientras el oficialismo concentra su energía en aprobar la "modernización laboral".Con el Congreso en receso, los detractores del decreto activaron el frente judicial: al menos cuatro amparos ya fueron presentados para frenar su aplicación por presunta inconstitucionalidad. Pero el verdadero test llegará cuando se reanude la actividad parlamentaria. Allí, la SIDE puede transformarse en el terreno donde la oposición vuelva a medir fuerzas con la Casa Rosada.Este viernes vence el plazo para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remita el decreto al Congreso, tal como fija la ley de DNU. Desde ese momento, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tendrá diez días hábiles para dictaminar. Cumplido ese lapso, cualquiera de las dos cámaras -Senado o Diputados- quedará habilitada para llevar el decreto al recinto y votarlo. Para rechazarlo se requiere mayoría absoluta: 37 senadores o 129 diputados.Solo si ambas cámaras lo desaprueban el DNU cae definitivamente. Si una sola lo rechaza, o si ninguna lo trata, el decreto queda firme como una ley más.Los números son ajustados y dependen del centro político. Radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias concentran la llave para que la oposición pueda reunir las mayorías necesarias.En el Senado, Unión por la Patria suma 28 bancas entre el bloque Justicialista que conduce José Mayans, Convicción Federal y los santiagueños que armaron bloque propio. A ellos se sumarían senadores provinciales y radicales desencantados. "Es posible llegar a 37 por una cuestión de principios, pero no está garantizado", admitió un senador peronista.Desde los espacios provinciales niegan que la SIDE se mezcle con la negociación laboral. "Son dos temas con peso propio", aseguran. Por ahora, el decreto de inteligencia no aparece como moneda de cambio en la discusión por los recortes coparticipables incluidos en el proyecto laboral, uno de los puntos más resistidos por los gobernadores.De hecho, un día después de la publicación del DNU, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal emitieron un comunicado conjunto en el que anticiparon su rechazo sin matices: "No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado".Rechazamos el DNU que modifica la Ley de Inteligencia.No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado. pic.twitter.com/eZUrLMT3hM— Provincias Unidas Diputados (@ProvUnidas_Dip) January 2, 2026En Provincias Unidas confluyen los legisladores que responden a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El espacio reúne seis senadores y 19 diputados, un caudal decisivo para inclinar la balanza.Una de las primeras en expresar su disconformidad con el DNU 941/25 fue la senadora cordobesa, Alejandra Vigo, aliada de Llaryora.Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación.Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU— Alejandra Vigo (@alevigo) January 2, 2026Junto con la Coalición Cívica, Provincias Unidas reclamó formalmente a Victoria Villarruel y Martín Menem que se constituyan las bicamerales de Trámite Legislativo y de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. El oficialismo, por ahora, dilata esa conformación. Con los plazos legales en proceso, la oposición deberá esperar a febrero para llevar el DNU al recinto.Junto a varios diputados nacionales solicitamos, mediante nota, a @MenemMartin y @VickyVillarruel la regularización y designación de los integrantes de las Comisiones Bicamerales Permanentes de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de Trámiteâ?¦ pic.twitter.com/2aOBanQMe5— maxi ferraro ð???ï¸? (@maxiferraro) January 2, 2026Hay un antecedente que alimenta las expectativas opositoras: el primer decreto que el Congreso le rechazó a Milei fue el que giraba $100.000 millones a la SIDE, en pleno auge del discurso del "no hay plata". Aquella vez votaron juntos el PJ, la UCR y Pro.Pero esta vez el macrismo parece jugar en otra vereda. Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, difundió un comunicado en el que elogió la mayoría de los cambios en inteligencia y se limitó a prometer un "análisis responsable" antes de fijar posición.El gesto no fue aislado. El último fin de semana Ritondo se mostró en Pinamar junto a Santiago Caputo, el asesor presidencial que maneja los hilos políticos de la SIDE a través de su titular, Christian Auguarda. Ambos son aliados en la interna libertaria que enfrenta al tándem Karina Milei-Menem con el núcleo duro de Las Fuerzas del Cielo.Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias para alinear gobernadores detrás de la reforma laboral. Y este viernes, en la Casa Rosada, se activará la mesa política del oficialismo por primera vez en el año. Estarán Caputo, Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich; no se descarta la presencia de Karina Milei.La escena condensa el dilema del Gobierno: mientras acelera su reforma estrella, la SIDE amenaza con convertirse en el primer revés legislativo del 2026. Si cae el DNU, el costo político será inmediato. Si sobrevive, Milei habrá probado que también puede blindar su poder en el terreno más sensible del Estado.
La astucia de Trump en Venezuela y alerta para Milei en el Congreso con el DNU de la SIDE
La oposición reactiva en el Congreso la discusión por el decreto que reformula el sistema de inteligencia. La postura de Bullrich y el antecedente de Redrado en 2010. Los objetivos del presidente de EE.UU. detrás de la detención de Nicolás Maduro.
DNU de Inteligencia: Menem y Villarruel demoran la conformación de la Bicameral para tratarlo en el Congreso
El Ejecutivo debe mandar el decreto esta semana para que lo evalúen en el recinto.
Los próximos pasos del Gobierno para blindar en el Congreso el DNU que reformó la SIDE
La oposición reclama la conformación de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de DNU, para rechazar la medida. También buscan número para sesionar en febrero
"Aclaración técnica" o intimidación: el comunicado de la SIDE contra una nota publicada sobre el DNU de Inteligencia
El organismo cuestionó un artículo de La Nación que repasa punto por punto el decreto que introduce una reforma total del sistema inteligencia. "Contiene falsedades y busca generar confusión", aseguraron. Leer más
El CELS presentó un amparo contra el DNU del Gobierno que reformó la Ley de Inteligencia y pidió suspender artículos clave
El CELS pidió frenar el DNU que amplía facultades de la SIDE y habilita detenciones sin orden judicial, por considerar que viola derechos y la Constitución. Leer más
El CELS presentó el tercer amparo contra el DNU que reconfiguró el accionar de la SIDE
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó este martes una acción de amparo colectivo para que "se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad" del DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas sin una orden judicial.El escrito, que se suma a las presentaciones realizadas el lunes por diputados de la Coalición Cívica y el Socialismo, y este mismo martes, por dirigentes ligados a la UCR, señala tres motivos centrales por los cuales el DNU del presidente Javier Milei es nulo, a la vez que apunta contra dos peligros principales que acarrea su aplicación.Entre las tres razones para reclamar la nulidad, el CELS destaca primero que "no hay ninguna explicación sobre la urgencia ni los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió promover una reforma tan significativa de la Ley de Inteligencia a través de un DNU". Luego, advierte que el Poder Ejecutivo "tiene prohibido legislar en materia penal y, con este DNU, habilita a agentes de inteligencia a detener personas sin orden ni control judicial posterior". En tercer lugar, señala que "los contenidos que regula resultan no solo ilegales por los derechos que afecta, sino además arbitrarios y desproporcionados".A la hora de marcar los ejes problemáticos del DNU, destaca en primer lugar el "desmantelamiento de las prohibiciones históricas a los agentes de inteligencia", a través de dos mecanismos. El primero es la "ampliación de las facultades de intervención bajo los paraguas de 'investigaciones de inteligencia' o bajo la figura de acciones de contrainteligencia".El CELS explica que la ley que modifica el DNU impedía que las agencias de inteligencia influyeran en la situación institucional, política, social y económica del país, en la política exterior, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. "Este DNU â??advierteâ?? excluye de esta prohibición histórica a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance ha sido también redefinido y ampliado en forma arbitraria excediendo lo que históricamente se conocía como esta clase de actividades. Así, con esta reforma, cualquier actividad de inteligencia puede ser calificada como contrainteligencia quedando habilitada la SIDE a intervenir e influir en todos los ámbitos sociales, políticos e individuales que hasta ahora no tenía permitido".El segundo mecanismo cuestionado es el que le da a la SIDE acceso "a toda la información que tiene el Estado sobre las personas, por motivos ajenos a cuestiones de seguridad nacional". En ese punto, indican que el nuevo artículo 10 quinquies propuesto en el DNU habilita a las agencias de inteligencia a requerir datos personales a cualquier organismo del Estado nacional o de las provincias sin control externo y sin necesidad de demostrar la proporcionalidad y compatibilidad de esa intromisión con una finalidad legítima vinculada a la seguridad nacional. También apuntan que el artículo 4.5 habilita a la SIDE a divulgar esa información a otras entidades nacionales o extranjeras sin necesidad de una orden judicial previa.El segundo eje problemático, en el que insistieron todas las presentaciones judiciales y las críticas de constitucionalistas cuando se conoció el DNU 941/2025, tiene que ver con la facultad para detener personas sin orden ni control judicial."La autorización de facultades de carácter punitivo o represivo como estas implica una violación a la prohibición que pesa sobre el Poder Ejecutivo para legislar en materia penal (art. 99, inc. 3, C.N.)", indica la presentación, para enfatizar que el DNU apela a una "definición vaga, amplia e imprecisa", la de "investigación de inteligencia" y de "actividades de interés", para facultar esas detenciones. "Esto hace que se habiliten detenciones sin que exista una hipótesis concreta de delito ni un piso mínimo de sospecha acerca de la participación de la persona a la que los agentes de inteligencia pretenden detener", advierten. "En definitiva, todas estas modificaciones no son meros ajustes de estructuras administrativas, sino que implican intervenciones restrictivas directas o invasiones sobre nuestros ámbitos de autonomía y acción social, decididas por un instrumento de baja calidad democrática", completa el CELS.En la presentación, la entidad pide habilitar la feria judicial y solicita como medida cautelar urgente que se suspenda la aplicación de los artículos 4, 17, 18 y 19 por su afectación directa a derechos constitucionales y humanos.
Dirigentes de origen radical piden a la justicia la suspensión del DNU que reformó la Ley de Inteligencia
El amparo fue presentado por Leopoldo Moreau junto a Federico Storani y Ricardo Alfonsín.Incluye un per saltum para reclamar directamente ante la Corte si fracasa en primera instancia.
El Gobierno espera que la justicia rechace los amparos contra el DNU de la SIDE y anticipa que apelarán
En Casa Rosada aseguran que los opositores no están legitimados a interponer recursos en tribunales "sin probar daño". "No pueden hacerse los representantes del pueblo", ironizan
El Gobierno se prepara para dar la pelea judicial por el DNU de la SIDE
Ante la presentación en la justicia de recursos contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia, y entre otras cosas, permite la "aprehensión" de personas, en el Gobierno se muestran confiados en que estas no prosperarán, pero adelantan que, en caso de que suceda, apelarán la medida.La Casa Rosada se muestra dispuesta a defender el decreto. A la vez, en paralelo al devenir en la justicia, el DNU tiene su propio curso en el Congreso de la Nación,donde deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Inteligencia. No será inmediato. Primero, el Ejecutivo debe enviarlo al Parlamento y, luego, los miembros de la comisión retomar sus actividades. En las últimas horas se presentaron al menos tres recursos de amparo por las modificaciones a la Ley de Inteligencia que se conocieron el último viernes. La última de esas presentaciones fue hecha por un grupo de abogados y dirigentes que son o fueron cercanos al radicalismo y consideraron que: "arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional".La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el papel de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.Entre los puntos principales aparece la faculta para detener personas, que se volvió el eje de la mayor polémica en los últimos días. También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.En las filas del Ejecutivo resaltan la parte del texto en el que se apunta a que las eventuales aprehensiones deben darse "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia", y con la condición de dar "aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes". En la Casa Rosada, una de las fuentes consultadas, consideró que "ninguno de los amparos debiera ser ni considerado por la Justicia, porque nadie tiene legitimación para presentarse". El argumento es que los sectores que se presentaron no sufrieron un "daño" por el que podrían ir ante la justicia. Los funcionarios que analizanel futuro del DNU no dudaron en afirmar que si algunos de los jueces actuantes hiciera lugar a las presentaciones, "se apelará y se seguirá con todo el proceso". En el Gobierno están convencidos de que el DNU, conocido este viernes, primer día hábil del año, logrará sortear la justicia y creen que la clave está en su "letra" reglamentaria respecto de cómo se aplicará el punto de la discordia.El primer recurso de amparo en presentarse fue el de los legisladores de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y Mónica Frade, y del Partido socialista, Esteban Paulón.La presentación incluyó una medida cautelar para "la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional", consignaron los legisladores vía X. La presentación fue sorteada y quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Alián.La otra de las presentaciones estuvo en manos de la Fundación Apolo, del exlegislador Yamil Santoro.En las últimas horas se conoció la presentación que hizo un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido. La presentación, que ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau,Federico Storani,Ricardo Alfonsín,Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santíny Ricardo Terrile. En el escrito solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. "Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional", afirman. En Casa Rosada dan por tierra con esa posibilidad e insisten en que las presentaciones "no prosperarán". Tras su publicación en el Boletín Oficial, la última semana y con fecha del 31 de diciembre, Adorni, tiene diez días hábiles para presentar el DNU ante el Parlamento. Y luego de eso, allí se abre otra ventana del mismo período para sea tratado en la Comisión
Dirigentes ligados al radicalismo presentaron un amparo contra el DNU que reconfiguró la SIDE
Un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo o surgidos de ese partido presentó hoy un recurso de amparo contra el DNU 941/2025 que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus facultades, por ejemplo, para detener a personas. Los peticionantes consideran la norma inconstitucional y se reservan, en el caso de no encontrar eco favorable en su reclamo en primera instancia, el derecho de acudir directamente a la Corte Suprema a través del recurso excepcional del per saltum. La reforma de la ley de inteligencia establece una serie de modificaciones que buscan fortalecer el rol de la SIDE, a cargo de Cristian Aguadra, que responde al asesor Santiago Caputo, y la faculta para detener personas. También dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni. La presentación, que ingresó ayer a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, la firman Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. Solicitan la habilitación de una medida cautelar urgente con el fin de suspender inmediatamente la aplicación del decreto. "Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional", afirman. El Protocolo represivo de Milei y Bullrich, la reforma de la ley organica de la Policia Federal,la pretension de sancionar una nueva ley de inteligencia que entre otras aberraciones habilita a la SIDE transformarse en una policia secreta, convocar a las Fuerzas Armadas aâ?¦— Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) January 4, 2026Este recurso de amparo se suma al presentado ayer por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, así como el legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista. El caso le tocó al juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4, de la jueza Rita Alián.Los dirigentes ligados al radicalismo alegan en el escrito que no existe una "necesidad y urgencia" real u objetiva que impida el trámite legislativo ordinario y que se trata de una materia de "alta sensibilidad constitucional" que, dicen, debe estar sujeta al control parlamentario. Además, señalan que la reiteración de decretos para redefinir el sistema de inteligencia en menos de un año demuestra "un proceso de redefinición institucional inestable e improvisado" y no una emergencia impostergable.Entre gallos y medianoche Milei modifica la ley de inteligencia!Más allá de su contenido -que habrá que analizar con detenimiento-, me causa gran preocupación la modificación de la ley de Inteligencia.¿Por qué digo q me causa preocupación + allá de sus contenidos?1.Porque loâ?¦— Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) January 1, 2026Desde el punto de vista material, objetan que el decreto crea un sistema de inteligencia basado en conceptos vagos como "influencia" o "injerencia", y cuestionan que esto abra la puerta a una "vigilancia estatal" sin control judicial previo. Denuncian que la norma establece el secreto como regla general para todas las actividades del sistema, lo que atenta â??dicenâ?? contra la transparencia institucional y el control ciudadano y parlamentario. "Lesionan de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la libertad de expresión, de asociación, de participación política y de peticionar a las autoridades", señalan. Finalmente, la acción advierte sobre la grave afectación al equilibrio republicano y el riesgo de que se institucionalicen prácticas de espionaje interno y disciplinamiento político. "A través de una arquitectura legal deliberadamente opaca, el decreto impugnado diluye los límites establecidos por la normativa vigente en torno a la prohibición del espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política. Se institucionaliza un régimen de inteligencia que habilita el monitoreo de la ciudadanía no ya en función de hechos ilícitos concretos y verificables, sino sobre la base de criterios amplios e indeterminados de oportunidad política, conveniencia estratégica o prevención difusa, incompatibles con un Estado constitucional de derecho", aseveran. Ante el peligro de que la vigencia del decreto produzca daños de imposible reparación ulterior, los firmantes solicitan una medida cautelar urgente para suspender sus efectos de inmediato. Plantean, además, la reserva de acudir directamente a la Corte Suprema mediante el mecanismo del per saltum, bajo el argumento de "la gravedad institucional" y por tratarse de una reforma de naturaleza "estructural".
Venezuela corre el eje, pero espada de Schiaretti reflota el rechazo al DNU de Inteligencia de Milei
El peronista cordobés se sumó a la ofensiva de Provincias Unidas contra el decreto que modifica la Ley de Inteligencia. La oposición busca avanzar en el Congreso y en la Justicia para frenar el DNU de Milei que tilda de inconstitucional. Leer más
La ONG Integridad Republicana repudió el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional
"El Congreso Nacional debe rechazar este ejercicio abusivo de un instrumento que solo cabe en situaciones de emergencia", advirtió Integridad Republicana. Leer más
Fores y el Club Político Argentino sumaron su rechazo al DNU que reforma la ley de inteligencia
La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas, entidades académicas y civiles y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Club Político Argentino (CPA) y el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores) sumaron este lunes su rechazo.La reforma de la ley de inteligencia se formalizó con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.Ayer, a través de un comunicado, el Club Político Argentino calificó como "preocupante" la decisión del Presidente, dijo que su fundamento legal es "inexistente" y fue dictado "a contrapelo de la Constitución Nacional."La Argentina, que ha sufrido dos atentados perpetrados por el terrorismo internacional, no puede improvisar su política de inteligencia. Por esta razón, nos resulta muy preocupante la decisión del gobierno nacional de modificar â??por decreto, sin la participación del Congreso Nacional ni consulta alguna con las organizaciones de la sociedad civilâ?? la Ley Nacional de Inteligencia 25.520â?³, advirtió la institución encabezada por Ricardo E. Gerardi y que tiene como presidenta honoraria a Graciela Fernández Meijide. "En lo que atañe al fundamento legal, este es inexistente. Este DNU ha sido emitido a contrapelo de la Constitución Nacional", enfatizaron, para recordar que el CPA "ha bregado desde su creación por el respeto a las instituciones de la democracia y ha condenado los intentos de concentración del poder de cualquier gobierno". "Manifestamos nuestro enérgico rechazo a este cuestionado decreto, a la vez que exigimos afrontar los desafíos de la seguridad de los argentinos con estricto respeto a las garantías constitucionales", concluyeron.Por su parte, Fores expresó su "enérgico rechazo" al DNU 941/2025. "Si bien el Poder Ejecutivo tiene facultades para reorganizar funciones de inteligencia y modernizar el sistema, dichas facultades no pueden extenderse a materia penal sin la intervención del Congreso, como exige la Constitución Nacional (art. 99 inc. 3°)", puntualizó la entidad, a través de un comunicado firmado por su presidente, Pablo A. Pirovano, y su secretaria, Maria Julia Fornari.Fores también hizo hincapié en el artículo 19 del decreto, que autoriza al personal de inteligencia a aprehender personas sin orden judicial, con simple aviso a fuerzas policiales o de seguridad. "Esta regulación trasciende la esfera administrativa y se adentra en materia penal, lo cual es inconstitucional al legislar sobre privación de la libertad sin base legal ni control legislativo o judicial", indicaron."Intentar soslayar la indispensable función del Parlamento alegando la "cadencia habitual del trámite legislativo" es un argumento que socava la lógica misma del sistema republicano de gobierno, al reducir al Congreso a un rol meramente formal", indicaron. Además, la entidad marcó que la norma combina "criterios ambiguos y disímiles para habilitar aprehensiones" como "supuestos derivados del interés para la inteligencia nacional, sin estándares claros ni garantías constitucionales". Y advirtió que el DNU califica "todas las actividades de inteligencia como encubiertas, y define tales investigaciones en términos amplios y vagos, lo que agrava el riesgo de arbitrariedad institucional"."En consecuencia, FORES considera que estas disposiciones vulneran el principio de división de poderes, exceden el marco legal y otorgan facultades excesivas y carentes de fundamento legal al personal de inteligencia", destacaron, para exhortar a una inmediata revisión y retractación de las normas cuestionadas" y reclamar que cualquier modificación al régimen de inteligencia debe realizarse en estricto respeto del orden constitucional, de la legalidad y del control democrático, pilares esenciales del Estado de Derecho.Rechazo de constitucionalistas"Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país", cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X cuando se conoció el decreto. "Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad", continuó.Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país. Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad.— Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) January 2, 2026Consultado por LA NACION, el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una "violación flagrante de la división de poderes" en tanto "toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso". Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. "El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional", aseguró.El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. "Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia", expresó a este medio.En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia". Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos."Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: 'en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia'. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial", explicó a LA NACION: "¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso".El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con LA NACION, rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. "Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar", sentenció.El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter "iliberal" de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrática e iliberal del gobierno de @JMilei, sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras cosas sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencioâ?¦— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) January 2, 2026"El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal", escribió en su cuenta de X.Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. "Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie", aseguró a LA NACION.La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para "identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional"- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada."Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría", dijo a este medio: "Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política".El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra coincidió con sus pares y también repudió la autorización para que la SIDE detenga personas en el marco de actividades encubiertas y el avance sobre las atribuciones del Poder Legislativo.El DNU 941/25 constituye una peligrosa e innecesaria regresión institucional. Autoriza a ejercer actividades policiales o de investigación en un art 4 bis que no figura en el boletín oficial, a detener personas en el marco de actividades de inteligencia ( que son encubiertas).— Ricardo Gil Lavedra (@rgillavedra) January 3, 2026"El DNU 941/25 constituye una peligrosa e innecesaria regresión institucional. Cualquier persona está sujeta a operaciones encubiertas de inteligencia y puede ser detenida por quienes realizan esas investigaciones. Esta medida no es propia de una democracia liberal, solo las autocracias otorgan facultades al poder para poner en riesgo la libertad personal de los ciudadanos", denunció el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.El comunicado del CELSAl igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber LA NACION, en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida."El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos", plantea el escrito del CELS.Y agrega: "Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política".En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un "marco normativo" para la vigilancia política de "anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que 'deslegitimen' al gobierno o a sus políticas".El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- "un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno".
DNU de la SIDE: diputados presentaron un amparo contra el decreto
Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron una "acción de amparo" para que la Justicia declare la "inconstitucionalidad" y "nulidad absoluta e insanable" del DNU 941/2025. Leer más
El Congreso pelea por la integración de la estratégica comisión bicameral permanente que analiza los DNU
Son comisiones que trabajan en medio del receso, pero les faltan miembros por el cambio legislativo. Presión de la oposición en medio de objeciones judiciales y plazos legales
Mónica Frade, sobre el DNU que reformó la SIDE: "Presentamos un amparo y una cautelar porque el decreto es inconstitucional"
La diputada llevó el asunto a la Justicia con Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del socialismo. La causa recayó en el juzgado de Rita Alián. Leer más
El Club Político Argentino rechazó las reformas a la Ley Nacional de Inteligencia: "El DNU ha sido emitido a contrapelo de la Constitución"
La asociación rechazó el DNU 941/25 publicado por el Gobierno y reprochó que se realizaron las modificaciones "sin la participación del Congreso Nacional ni consulta alguna con las organizaciones de la sociedad civil". Leer más
La Coalición Cívica y el socialismo presentaron una amparo contra el DNU que reformó la SIDE
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica -Maximiliano Ferraro y Mónica Frade- y Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentaron esta mañana una acción de amparo y una medida cautelar para suspender los efectos del DNU 941/2025, por el que el Gobierno reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la habilitó a detener personas, una facultad exclusiva de las fuerzas de seguridad. Por sorteo, el caso le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo 4, de la jueza Rita Alián.Los legisladores argumentan que la norma es inconstitucional por modificar la Ley de Inteligencia Nacional sin justificar razones de urgencia que habilitaría a utilizar la herramienta del DNU y por legislar en materia penal, una facultad prohibida para el presidente. A través del documento presentado en la Justicia, critican también la centralización del espionaje en el Poder Ejecutivo, alertando sobre la posible persecución política y la militarización de la seguridad interior. Además, cuestionan la capacidad del personal de inteligencia para realizar aprehensiones, lo cual vulneraría el debido proceso y los derechos humanos. La norma fue firmada por Javier Milei y los miembros de su gabinete el último día hábil del año, un día después de que finalizaran las sesiones extraordinarias y de que el Congreso ingresara en receso. La oposición, en abierto rechazo a la medida, reclamó la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero el oficialismo apuesta a dilatar la discusión, al menos hasta febrero próximo.Junto a @MonicaFradeok y @EstebanPaulon presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.Además, solicitamos una medida cautelar para la suspensión de losâ?¦ pic.twitter.com/Z1kuMFtBLD— maxi ferraro ð???ï¸? (@maxiferraro) January 5, 2026Dicha comisión bicameral, si bien es de carácter permanente (es decir, puede funcionar aún en períodos de receso parlamentario) debe aún constituirse con sus nuevos miembros tras la renovación de ambas cámaras. Esa responsabilidad recae en los presidentes de ambas cámaras -Martín Menem por la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel por el Senado-, pero en la bancada libertaria sus voceros ya anticipan que al menos en estos primeros veinte días de enero el Congreso permanecerá cerrado.La medida cautelarEl primer fundamento de la medida cautelar es, justamente, esta contradicción temporal. Los diputados argumentan que el Poder Ejecutivo podría haber incluido estas reformas en el paquete de leyes de las extraordinarias o haberlas prorrogado. "Estamos frente a la construcción política de una necesidad y una urgencia que carecen de todo correlato fáctico. Por ende, este Decreto no sobrevive al más mínimo test de control de constitucionalidad", consideran en el documento. Los demandantes también advierten sobre el contenido del decreto. Destacan, en primer término, que "se politiza la inteligencia". Entre las modificaciones centrales, la administración de Milei apunta a trasladar la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete -a través de la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)-, a cargo de Manuel Adorni. Los cambios -dicen los demandantes- "introducen una absoluta y total centralización bajo una misma estructura, toda dependiente del Poder Ejecutivo conduciendo así a la pérdida de independencia y objetividad que debería tener la inteligencia estratégica". Y señalan que esto podría convertir al organismo de inteligencia "en una herramienta de persecución de periodistas, opositores, académicos y militantes sociales, todo bajo la fachada de "seguridad estratégica".Los legisladores cuestionan la facultad de aprehensión que el DNU otorga al personal de inteligencia, lo que -remarcan- es propio de la policía y las fuerzas de seguridad. Esto, argumentan, viola la prohibición de legislar en materia penal mediante decretos."Cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado", advierten. Consideran que la amplitud de las categorías de inteligencia y contrainteligencia "generan un efecto inhibidor sobre el ejercicio de derechos políticos y de la libertad de expresión, especialmente en contextos de protesta social o disenso político". Finalmente, objetan que el DNU defina que "todas las actividades de inteligencia son encubiertas". Esto, dicen, atenta contra el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.
DNU de la SIDE: la oposición espera los plazos y hace números para voltearlo en el Congreso
Deben esperar 10 días hábiles para que el Ejecutivo lo notifique al Congreso y otros 10 días para darle tiempo a la Bicameral a tratarlo. Los bloques de Unión por la Patria, Unidos, la Izquierda y otros diputados ya adelantaron su voto en contra.
Las dos batallas que se avecinan en el Congreso por el DNU de espionaje
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La oposición intentará desactivar el DNU de la SIDE
El peronismo, la izquierda y Unidos piden la conformación de las bicamerales de tratamiento de DNU y la de seguimiento de organismos de inteligencia. Por otra parte, quieren sesionar para rechazar el decreto. Sin embargo, todo podría suceder recién en febrero.
DNU 941: el Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones hechas por agentes de inteligencia
El primer escándalo del año para la gestión libertaria se desató tras la publicación por decreto y sin trámite legislativo de una reforma en el sistema de inteligencia, que cosechó una catarata de críticas de parte de la oposición, que no solo cuestiona la modalidad de aplicación sino también el texto, con voces que denuncian que esto devendrá en persecución política a los detractores del Gobierno.Uno de los puntos que más rechazo genera por estas horas es la parte del articulado que autoriza a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de personas. Entonces, en medio de la polémica, en el Gobierno aseguraron a LA NACION que la SIDE -comandada por Santiago Caputo a través de Cristian Auguarda- está terminando de confeccionar un protocolo que regule esta cuestión en particular.El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia", con la condición de dar "aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".Desde la oposición rápidamente denunciaron un "Estado policial" que tendrá como fin la persecución, mientras que distintos partidos políticos, organismos de derechos humanos y constitucionalistas evalúan hacer presentaciones judiciales contra la normativa.Fuentes de la Casa Rosada que trabajan en la aplicación de esta reforma dicen que se va a delimitar la posibilidad de que los agentes hagan aprehensiones en tres situaciones: en flagrancia; en caso de una operación conjunta con la Justicia en la que el Poder Judicial pida la aprehensión de un supuesto delincuente que puede ocasionar un riesgo; o en el marco de una operación de inteligencia, con posibilidad de aprehender a un civil que no esté sospechado "con el único objetivo de proteger al personal o la operación". Ante la consulta de LA NACION sobre cómo se evitarán los posibles excesos, cuando todavía quedan una serie de puntos grises sobre la nueva normativa, desde el Ejecutivo aseguraron que el texto del protocolo precisará que todas las actividades de inteligencia deberán estar "expresamente aprobadas" por la SIDE y que parte de esa aprobación deberá incluir qué tipo de acción se llevará a cabo y qué personal va a estar afectado, para que solo esos agentes puedan aprehender en esa situación puntual, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza desde la publicación del DNU a la División de Asuntos Internos.Otro aspecto que encendió las alertas sobre el texto del DNU es que ante la "fuga de información clasificada" se habilite la ejecución de tareas de inteligencia sobre el periodismo. Al respecto, en Casa Rosada alegaron que el texto busca "evitar cualquier sospecha de ese tipo" y que el artículo 4 en su inciso 3 prohíbe "producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".El organismo de Adorni Por otro lado, fuentes al tanto de la reforma dijeron que la parte que ahora quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que comanda Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, no estará dentro del sistema nacional de inteligencia y será un organismo civil. Según el texto del decreto, actuará como autoridad nacional en materia de ciberseguridad.Como justificativo para redireccionar esta área a Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei, fuentes de la Casa Rosada dijeron que pretendieron "aumentar la transparencia", ya que los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional ahora serán controlados por la Jefatura de Gabinete, que es además la que comanda la actividad diaria de los ministerios, y no por la SIDE. Por su parte, la oposición del kirchnerismo, la izquierda y el interbloque Unidos -que nuclea a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal- ya evalúa cómo avanzar a nivel legislativo contra el decreto. Distintos sectores políticos y sindicales coincidieron con que este texto es ilegal. La CGT expresó su rechazo. "Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder", advirtió la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner. El diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo, dijo que este texto implica "chau transparencia y control" de los fondos reservados. A las críticas se sumaron el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Myriam Bregman (izquierda), Jorge Taiana (kirchnerismo), entre otros dirigentes.Ante el revuelo, el Gobierno publicó un comunicado en el que justificó los cambios y dijo que están "alineados con los más altos estándares democráticos".pic.twitter.com/9m2IbcQP5Z— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) January 2, 2026
Reforma en Inteligencia: la oposición rechaza el DNU y pide activar las bicamerales de control
El decreto que reorganiza la SIDE encendió críticas en todo el arco opositor y reabrió el debate sobre el control parlamentario del sistema de inteligencia. El Gobierno defendió la reforma como parte del "proceso histórico" que impulsa Milei. Leer más
Diputados de Unión por la Patria pidieron rechazar el DNU que amplía las facultades de la SIDE
Presentaron un proyecto de resolución en la Cámara baja para anular el DNU 941/2025, al considerar que habilita detenciones sin orden judicial y vulnera la división de poderes. También reclamaron la conformación urgente de las comisiones bicamerales de control. Leer más
Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE
El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial una reforma de la ley de inteligencia por decreto y sin trámite legislativo. Los cambios generaron polémica inmediata con la oposición, que se quejó tanto por los alcances del texto -que se filtró ayer-, como por la forma en que se instrumentó. Por lo tanto, los detractores de la administración libertaria ya adelantaron que intentarán dar de baja la medida en el Congreso. De momento, el kirchnerismo, el interbloque Unidos y la izquierda ya se expresaron como fervientes detractores de la decisión. En las últimas horas, los opositores redoblaron la presión para que Martín Menem y Victoria Villarruel avancen con las designaciones de los integrantes de comisión bicameral de Inteligencia y de Trámite Legislativo a fin de considerar la validez del DNU y sus reformas en la estructura de la SIDE.Las claves del decretoMás poder para CaputoSegún el Decreto 941/2025 firmado por el presidente Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional.Este punto le otorga más poder al estratega Santiago Caputo, quien controla esta sensible dependencia del Estado a través de Cristian Auguadra.La oposición -tanto del kirchnerismo, como los bloques provinciales- consideró que esta modificación traerá como consecuencia un "Estado policial" que perseguirá a opositores. Según la Casa Rosada, la intención de la medida es que la Argentina tenga un sistema de inteligencia nacional "moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos", como así también impulsar un proceso de "racionalización y achicamiento" de la estructura, para concentrar las capacidades del sistema de inteligencia en su función esencial. El rol de AdorniSe crea una nueva oficina en el marco de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.Adorni es un ladero clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De esta forma, por primera vez desde que arrancó la gestión libertaria, la hermana presidencial pondrá un pie en el mundo de la inteligencia, que siempre comandó el asesor Caputo. Los agentes podrán "aprehender" El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas "en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia", con la condición de dar "aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".El comunicado que emitió el Gobierno este viernes para justificar los cambios no mencionó nada sobre este punto, pero aseguró que la reforma está "alineada con los más altos estándares democráticos".Por el contrario, los dirigentes de la oposición cuestionaron este apartado, que es uno de los que más polémica desató. "[Este punto] contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta", dijeron desde el interbloque Unidos (conformado por Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal). Por su parte, la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, planteó: "Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder".Se sumó a los cuestionamientos la diputada nacional de la izquierda Myriam Bregman, quien enfatizó: "No es urgente ni legítimo habilitar que un agente de la SIDE pueda detener a una persona. Eso es totalmente ilegal. No se puede disponer por decreto sobre la libertad y la vida de los habitantes". El papel de las Fuerzas ArmadasSe disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y se transfieren tanto los bienes como los compromisos, derechos y obligaciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este punto también generó controversia. El diputado nacional y exministro de Defensa Jorge Taiana, del kirchnerismo, aseguró que de esta manera las Fuerzas Armadas autonomizan la inteligencia, en detrimento del control civil que hacía el Ministerio de Defensa.Según el Gobierno, antes había una "superposición innecesaria de funciones" con los organismos de inteligencia del Estado Mayor Conjunto, por lo que ahora se consolidará un "esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de inteligencia de defensa"."Carácter encubierto"Cambian denominaciones del rubro. El artículo uno establece que todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten "carácter encubierto" en virtud de su "sensibilidad" y con el fin de minimizar el riesgo. El diputado nacional Esteban Paulón, de Provincias Unidas, dijo que la declaración como "encubiertas" de todas las actividades de inteligencia derivará en "chau transparencia" y "chau control" de los fondos reservados. "Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos", aseguró. Formalizan la contrainteligenciaEl decreto formaliza la contrainteligencia como un término legal."[El decreto] extiende la lógica de la contrainteligencia a todo el sector público nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles", arremetieron desde Provincias Unidas."Un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica... Peligroso", exclamó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien dijo que este apartado le permitirá al Gobierno "influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia".En la vereda opuesta, desde la SIDE afirmaron: "La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa [en el texto del decreto] como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos".La nueva estructuraSe modifican nombres de órganos de la SIDE: la Agencia de Seguridad Nacional pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia; la Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en la Agencia Federal de Ciberinteligencia, y la División de Asuntos Internos será la Inspectoría General de Inteligencia."El decreto avanza peligrosamente hacia una lógica de espionaje político, militarización de funciones civiles y restricción de derechos al renombrar la Agencia Federal de Inteligencia como Agencia Nacional de Contrainteligencia y clasificar como 'encubiertas' sus operaciones", sostuvo el senador kirchnerista Jorge "Coqui" Capitanich.De acuerdo al Gobierno, que se reorganice la Agencia de Seguridad Nacional como Agencia Nacional de Contrainteligencia permite eliminar "superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que solo contribuyeron al desorden y la falta de control". CambiosSe crean la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, integradas por órganos y organismos públicos, con la finalidad de compartir información entre la secretaría de inteligencia y otras áreas; por ejemplo, de las fuerzas policiales, de seguridad federales o armadas.Según el Gobierno, este sistema eliminará la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantizará la transparencia interna y fortalecerá los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional.
Gil Domínguez sobre el DNU que reformula la SIDE: "Es el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo"
"Estos procesos dejan graves heridas al sistema democrático que tardan mucho en sanar. Después es demasiado tarde para lágrimas o lamentos", afirmó. Leer más
Taiana sobre el DNU de la SIDE: "La consecuencia será un Estado policial que perseguirá y controlará a opositores"
El diputado nacional y exministro de Defensa se refirió a las modificaciones establecidas por el decreto del presidente Javier Milei. Leer más
El Gobierno busca reformar la SIDE por DNU; rige el nuevo esquema de cotización del dólar
La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la SIDE por DNU. Referentes del kirchnerismo, Provincias Unidas y de la Coalición Cívica anticiparon que resistirán el intento del Presidente de reestructurar la SIDE por un decreto que se formalizaría en los próximos días. Según el texto en el que trabajan en la Casa Rosada, se redefinirá la estructura y el alcance de la Secretaría de Inteligencia de Estado, pero el Ejecutivo intenta hacerlo sin debate parlamentario.Desde hoy comienza el nuevo esquema cambiario. El Banco Central modifica la forma de actualizar las bandas del tipo de cambio y pone en marcha un programa de compras de divisas. El piso y techo de las bandas dentro de las que flota el dólar oficial comienza a actualizarse automáticamente en función de la inflación pasada para ganar flexibilidad.Se oficializó el aumento para ministros y altos funcionarios. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial se confirmó el ajuste, el primero en dos años de gestión. Los salarios tendrán un aumento de entre el 60 y el 100%, no son retroactivos y se congelarán en caso de déficit fiscal. No están alcanzados por el aumento los sueldos de Milei y Villarruel, que seguirán congelados.Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales. En la encuesta realizada por el diario británico The Telegraph, que elegía a los líderes del mundo de 2025, el mandatario argentino quedó segundo entre los elegidos por los lectores. La italiana Giorgia Meloni figura primera, y tercero, Donald Trump.Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York. El político de 34 años se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Mamdani juró el cargo con su mano sobre un Corán. "Fui elegido como un socialista democrático y gobernaré como un socialista democrático. Seremos un ejemplo para el mundo", dijo el nuevo jefe de gobierno.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
El Gobierno modificó por DNU la estructura de la SIDE y promulgó las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal
El gobierno nacional modificó este viernes, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, la ley de inteligencia, mediante la cual se reestructuró la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y ahora tendrá la capacidad de aprehender personas. La medida había sido anticipada por el Poder Ejecutivo y la oposición cuestionó el intento y alertó sobre "espionaje político".La habilitación para que el organismo pueda aprehender personas es el punto más cuestionado por la oposición y la calificación como "encubiertas" de todas sus actividades. Al respecto, el Gobierno expresó en el documento: "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional".Además el Gobierno detalló que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personales, operaciones e información y los habilitó a "repeler o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo"."En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes", explicó en el artículo cuestionado por la oposición.Noticia en desarrollo.
Javier Milei reformula por DNU la Ley de Inteligencia y Santiago Caputo podrá ordenar la detención de personas
Se filtró el DNU 941/25 que se publicaría este viernes en el Boletín Oficial. Allí se crea una nueva oficina dentro de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, con fuerte influencia de Karina Milei. Alerta de la oposición por las tareas "encubiertas". Leer más
El Gobierno cambia por DNU la ley de inteligencia: amplía la posibilidad de aprehender personas y crea un nuevo organismo
El Gobierno publicará mañana un decreto de Javier Milei que cambia la ley de inteligencia. Con el nuevo texto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -comandada por el asesor presidencial Santiago Caputo a través de Cristian Auguadra- queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional y se reconoce la posibilidad a los agentes de inteligencia de aprehender personas en situaciones puntuales.Pero también se crea una nueva oficina en el marco de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, ladero clave de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así lo informaron fuentes del Gobierno a LA NACION.El texto del decreto cambia además denominaciones del rubro y modifica los nombres de órganos que están en la órbita de la SIDE. DefinicionesEn la primera parte de la norma, el Gobierno define conceptos vinculados al área. En el artículo uno, establece: "Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional".En el dos, dice: "Se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la inteligencia nacional". Asimismo, ahonda sobre la contrainteligencia y la formaliza como un término legal. "Las actividades de ejecución de contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general. Tales actividades pueden verificarse en abordajes multidimensionales del accionar de los actores estatales y no estatales. La contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como medidas de seguridad de contrainteligencia". Cambios en organismos desconcentradosEn el decreto, el Gobierno establece también cambios en las denominaciones y funciones de organismos desconcentrados dependientes de la SIDE: La Agencia de Seguridad Nacional ahora pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. "Para evitar superposición con el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal resulta necesario reorientar las actividades de la agencia en materia de contrainteligencia, para identificar y analizar con enfoque preventivo amenazas a la seguridad estratégica nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia", dice la norma. Este órgano será responsable de la producción de inteligencia nacional a través de la obtención, reunión y análisis de la información, con un enfoque preventivo. La Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a ser la Agencia Federal de Ciberinteligencia y se encargará de producir inteligencia en el dominio del ciberespacio y el espacio radioeléctrico. La División de Asuntos Internos será ahora la Inspectoría General de Inteligencia, "a efectos de que refleje las funciones de realizar auditoría, investigaciones internas, inspecciones y revisiones dirigidas a controlar y evaluar el desempeño, la economía de recursos, la eficacia y la integración funcional de los organismos y el personal del Sistema de Inteligencia Nacional". Bajo la órbita de AdorniLa SIDE, con sus organismos desconcentrados, junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas conformarán el total del Sistema de Inteligencia Nacional. Sin embargo, la SIDE será el órgano superior. Pero el texto de la norma también crea, para atender las demandas de ciberinteligencia, el Centro Nacional de Ciberseguridad, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Adorni, que reporta a Karina Milei, quien todavía no tenía formalmente un pie puesto en este ámbito. ¿El objetivo del área? Según el texto, planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional. En resumen: será la autoridad nacional en materia de ciberseguridad y autoridad de aplicación de la normativa en la materia. A este nuevo organismo, que dependerá finalmente de Adorni, por decreto se le transfieren los bienes muebles, los activos y el patrimonio, los compromisos, derechos y obligaciones asignados a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad de la SIDE.El nuevo decreto, por otro lado, crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional, integradas por órganos y organismos públicos, con la finalidad de compartir información entre la SIDE y otras áreas de inteligencia; por ejemplo, de las fuerzas policiales, de seguridad federales o armadas. En tanto, disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa.DetencionesEn un apartado que ya generó críticas de la oposición, el decreto dispone la posibilidad de que agentes de inteligencia hagan detenciones de personas. El decreto detalla en primer término que la SIDE podrá requerir "asistencia o apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, de seguridad federales y policiales". Sin embargo, el artículo 19 establece: "Los órganos del sistema de inteligencia nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial".Pero no es solo eso. "En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes", dice un pasaje del articulado. Los fundamentosMientras tanto, la norma alega que se hicieron estas modificaciones por decreto, sin pasar por el Congreso, porque "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso, que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría el cumplimiento efectivo de los objetivos de la medida"."La Comisión Bicameral tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar directamente al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento", sostiene el Gobierno. Ante las críticas que comenzaron a surgir de dirigentes de la oposición -el diputado nacional Esteban Paulon habló, por ejemplo, de un "duro golpe a la democracia" con este nuevo decreto- en el Gobierno dijeron que esta reforma "de segunda generación" de la inteligencia nacional "moderniza, ordena y legitima el sistema", con "el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo"CINCO IDEAS ACERCA DEL DNU 941/25, UN DURO GOLPE PARA NUESTRA DEMOCRACIA ð??¨En medio del receso parlamentario el Gobierno de @JMilei acaba de modificar 40 artículos de la ley de Inteligencia Nacional (25529).Qué implica? Abro ð?§µð???— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 1, 2026
El Gobierno reformulará por DNU la Ley de Inteligencia y ampliará las facultades de la SIDE
El decreto le da más poder a la Secretaría de Inteligencia que pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional.Podrán detener personas con orden judicial o en delitos en flagrancia.
El Gobierno modificará con un DNU la ley de inteligencia: la SIDE tendrá más poder y capacidad para aprehender personas
El decreto afecta a varios organismos clave, crea otros y unifica tareas. También habilita a los servicios secretos a brindar su propia seguridad y aprehender delincuentes por pedido judicial o ante flagrancias
Declaran inconstitucional el DNU de Javier Milei que decidió que el Poder Ejecutivo administre los bienes decomisados de la corrupción
La Cámara Federal en lo Penal Económico declaró nulo, de nulidad absoluta, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que se reservaba para el Poder Ejecutivo la administración de los bienes decomisados en la causas judiciales de corrupción.Así, el tribunal respaldó a la Corte Suprema de Justicia, que había dictado una norma en la que se reservaba la facultad de registrar y administrar los bienes decomisados en las causas federales.Esta pelea se dio en coincidencia con las decisiones de los tribunales orales que condenaron a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez por la causa Vialidad y la Ruta del dinero K, de rematar sus bienes por una suma de más de 640 millones de dólares. La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, anuló el DNU 575/2025 dictado por el Ministerio de Justicia, que buscaba cambiar el sistema de administración de los bienes y dinero secuestrados en causas penales federales y cuya aplicación fue suspendida por un juez en lo contencioso administrativo. La Cámara sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias y no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre el tema."El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo", enfatizó el tribunal citando el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. "Ninguna de las circunstancias que se invocaron por los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N°575/2025 resultaban de surgimiento repentino y/o sorpresivo". Tampoco, se agregó, se demostró "una situación de crisis o de gravedad que sólo podría conjurarse mediante un cambio inmediato en la normativa vigente". El tribunal cuestionó la "razones tan genéricas" invocadas en la supuesta urgencia y añadió: "La Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio" de un decreto. La Cámara también señaló que la Corte Suprema ya había dictado el 15 de julio de 2025 la Acordada 22/2025, que regulaba precisamente la administración de estos bienes, lo que -para la Cámara- desvirtúa la idea de un vacío legal que justificara un DNU urgente. Tampoco podía justificarse en la necesidad de contar con recursos para la implementación del Código Procesal Penal Federal, ya que su aplicación ya rige en varias provincias y hay un cronograma previsto para las jurisdicciones que faltan. Ni ampararse en las obligaciones asumidas, como Estado, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).En octubre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) y dispuso la suspensión cautelar del DNU 575/2025, que fue dictado en agosto y aprobó el "Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio". Además, creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, como órgano de supervisión, evaluación y toma de decisiones al respecto.El fallo de la Cámara en lo Penal Económico, que dictó la nulidad del DNU el jueves pasado, se registró en una causa en donde se decide el destino del dinero secuestrado en un caso por lavado de dinero contra Guillermo Greppi, el financista relacionado con el exsubsecretario general de la Presidencia kirchnerista Carlos Liuzzi, uno de los hombres de confianza de Carlos Zannini -secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y luego Procurador del Tesoro-.El nombre de Greppi salió a la luz en 2014, cuando, en medio de un allanamiento ordenado por el entonces juez Norberto Oyarbide, quien insólitamente frenó el procedimiento judicial tras recibió una llamada de Liuzzi.Dos años después, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart ordeno allanamientos en la financista de la mutual Propyme y secuestró millones de dólares y pesos en efectivo que estaban escondidos en un baño y un placard. Lo cierto es cierto es que, en esa causa, se discute ahora el destino del dinero secuestrado.El juez de primera instancia aplicó el DNU 575/2025 para ordenar que las sumas de dinero secuestradas en 2016 en la casa de Greppi (procesado por lavado de activos) fueran puestas a disposición del Ministerio de Justicia de la Nación. Eso implicaba que los bienes fueran a manos del Estado Nacional. Pero ante un recurso de la defensa, el juez analizó entonces el decreto y declaró su inconstitucionalidad. El Estado Nacional y la Fiscalía apelaron. Pero la Cámara en lo Penal Económico ratificó la inconstitucionalidad del DNU. En un fallo de casi 30 páginas, los camaristas Hornos y Robiglio reafirmaron el deber de los jueces examinar la validez de los DNU. Y aunque el juez de primera instancia también había dicho que el DNU era inconstitucional por legislar en materia penal (prohibido por la Constitución), la Cámara consideró que no era necesario profundizar en ese punto, ya que la falta de "necesidad y urgencia" era suficiente para anularlo. Fue una respuesta a los abogados del propio Estado Nacional que buscaban que se declarar la nulidad de la resolución que había declarado la inconstitucionalidad del DNU.El fallo destacó que en "la propia Constitución Nacional se establece la pena con que se conmina a los decretos de necesidad y urgencia que fuesen dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en casos que no son los previstos excepcionalmente por su art. 99, inc. 3.""El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 575/2025 fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del año en curso (confr. art. 63 de la Constitución Nacional), y ni por los fundamentos de aquella disposición, ni por los recursos de apelación presentados por los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Estado Nacional, se hizo referencia a la existencia de impedimentos de índole material y/o jurídico que, en aquel momento, imposibilitaran que los integrantes del Poder Legislativo se reunieran a sesionar", advirtió el tribunal.Además, el fallo afirmó que "si lo pretendido era 'implementar en forma inmediata un régimen [nuevo] de administración de bienes provenientes del delitoâ?¦', aquella inmediatez difícilmente podría haberse logrado mediante la presentación -por parte del Poder Ejecutivo Nacional- de un proyecto de ley y el sometimiento de aquella iniciativa al trámite ordinario establecido por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".
El fallo completo con el que la Justicia suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei
Las 14 páginas del fallo que se conoció en las primeras horas de la tarde de este miércoles y que aceptó el pedido de la CGT. Se trata del primer freno que imponen los tribunales a los alcances del decreto de necesidad y urgencia 70/2023
El Gobierno amplió por DNU el presupuesto de la SIDE en más de $26.000 millones: aseguran que la mayor parte es para sueldos
El Ejecutivo justificó la medida por la falta de una Ley de Presupuesto aprobada para este año. Fuentes oficiales minimizaron las críticas sobre gastos millonarios en "utensilios de cocina y cubiertas", explicando que responden a "nomencladores administrativos genéricos". Leer más
Es oficial: punto por punto, qué dice el DNU de Javier Milei que redistribuye funciones entre ministerios
El Gobierno del presidente Javier Milei oficializó una nueva modificación en la Ley de Ministerios con la publicación de un DNU. La medida altera el organigrama estatal y reasigna las funciones de áreas estratégicas entre distintos ministerios, lo que revierte parte de los cambios dispuestos la semana anterior. La reorganización administrativa se formalizó el miércoles por la noche con la firma del Decreto 825/2025.Cuáles son los principales cambios del nuevo decretoEl Decreto de Necesidad y Urgencia 825/2025, publicado en el Boletín Oficial, redefine el mapa de competencias del Gabinete nacional. La principal novedad es el fortalecimiento del Ministerio del Interior, que ahora conduce Diego Santilli.Punto por punto, las modificaciones son las siguientes:Ministerio del Interior: la cartera que comanda el flamante funcionario Diego Santilli recupera el control del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el área de Deportes. Ambos organismos habían sido transferidos la semana pasada a otras jurisdicciones. El Renaper pasa a Interior desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Suma la responsabilidad sobre el Archivo General de la Nación, la declaración del estado de sitio, las relaciones con las provincias, la legislación electoral y las políticas para zonas de frontera.Jefatura de Gabinete: las secretarías de Turismo y Ambiente, encabezadas por Daniel Scioli, quedan bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni. Este movimiento confirma un traspaso que ya se anticipaba y ubica a Scioli en una nueva estructura de mando.Ministerio de Seguridad: la cartera que dirige Patricia Bullrich mantiene bajo su control la Dirección de Migraciones. Esta es la única área que no regresa a Interior tras los cambios de la semana previa. Fuentes de la Casa Rosada explicaron que la decisión busca agilizar trámites y se alinea con el objetivo de crear una Policía de la Frontera.La marcha atrás tras la designación de SantilliLa nueva estructura revierte gran parte de las modificaciones establecidas por el Decreto 793/2025. Dicha norma se publicó el martes 11 de este mes, horas antes de la jura de Diego Santilli como ministro del Interior. En ese momento, el Poder Ejecutivo traspasó áreas clave como Turismo, Ambiente, Deportes, Renaper y Migraciones desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad.La medida generó lecturas diversas dentro del oficialismo. Algunas fuentes cercanas al Ejecutivo calificaron el traspaso inicial como un "error" administrativo. Otras voces más críticas lo interpretaron como una acción para delimitar las atribuciones del nuevo ministro. El malestar en el entorno del exdiputado del Pro era evidente antes de su asunción.El diputado Cristian Ritondo, socio político de Santilli, expresó sus reparos el mismo día de la jura del ministro. "Hay cosas que me generan dudas, como por ejemplo el Renaper, que ha sido y es parte del uso civil, ¿por qué va al Ministerio de Seguridad?", manifestó el legislador. Este nuevo decreto subsana esas inquietudes y devuelve poder a la cartera política.El futuro de Deportes y la situación de Daniel ScioliEl área de Deportes, ahora en la esfera de Interior, tiene un rol estratégico definido. Se transforma en una subsecretaría y un instrumento de negociación política para Santilli con los gobernadores. Al frente de la misma continúa Diógenes de Urquiza, quien ocupa el cargo desde 2024. La determinación del Gobierno es mantener a de Urquiza en su puesto hasta febrero.En cuanto a Daniel Scioli, su cargo como secretario de Turismo y Ambiente estaba en duda tras la salida de su anterior jefe político en el Gabinete, Guillermo Francos. Su pase a la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni se interpreta como un movimiento para proteger su gestión. Fuentes del Gobierno señalan que la reubicación evita que quede bajo la nueva conducción de Santilli, quien podría haber impulsado cambios en el área.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente firmó el DNU para que el Renaper y Deportes queden bajo la órbita de Santilli en Interior
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.Seguí todas las novedades sobre las medidas del gobierno de Javier Milei en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
Milei firmó el DNU que traspasa las competencias entre ministerios y reordenar el Gobierno
El área de Deportes y el RENAPER volverán a quedar bajo la órbita del Ministerio del Interior que lidera Diego Santilli
DNU: la oposición aprovechó una visita del presidente del Senado español para reclamar mayores restricciones
"Se ha hecho un uso desigual. Yo no creo que sea un problema, pero debe ser utilizado en su justa medida", señaló Pedro Rollán Ojeda al ser consultado sobre la experiencia de dicho sistema en la nación europea. Allí tienen 30 días para definir en el Parlamento. La Cámara alta aún no sabe si irá al recinto esta semana para cambiar la ley vigente e imponer 90 días de aprobación obligatoria por parte del Congreso
Senado: la oposición firma el dictamen de la reglamentación dura de los DNU y el kirchnerismo sorprende al moderar su postura
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió hoy dictamen para insistir con la sanción original del proyecto de ley que reglamenta el trámite parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia y que incluye la cláusula que obliga al Gobierno a conseguir la aprobación de los decretos en ambas cámaras en un plazo perentorio de 90 días.La sorpresa de la reunión fue la postura del kirchnerismo, que de manera inesperada dijo que apoyaría el dictamen, pero que lo haría en disidencia parcial porque la versión aprobada por Diputados tiene mayores posibilidades de ser ratificada por el Congreso ante un eventual veto de Javier Milei.Así lo explicó Florencia López (Unión por la Patria-La Rioja) durante la reunión de comisión. Tras abogar a favor de regular de manera más estricta los DNU para que el Gobierno "deje de gobernar por decreto", la senadora kirchnerista aseguró que"insistir sin escuchar a la Cámara de Diputados no puede llevar a que sea difícil insistir en el Congreso si el Presidente veta la ley".La postura del kirchnerismo provocó el malestar de algunos senadores de la bancada peronista de Unión por la Patria y avivó las sospechas de los otros bloques de la oposición acerca de la existencia de un acuerdo subterráneo entre el Gobierno de Javier Milei y la expresidente presa por delitos de corrupción, Cristina Kirchner. Según pudo saber este diario, la decisión de abrir un proceso de conversaciones con referentes de la Cámara de Diputados antes de llevar el proyecto el recinto surgió de la mesa de conducción de la bancada, que integran José Mayans (Formosa), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), todos con linea directa con San José 1111.El 9 de octubre pasado, la Cámara baja aprobó el proyecto, pero con una modificación clave. Al no alcanzar la mayoría absoluta de 129 votos que requiere la Constitución para este tipo de iniciativas, fue eliminado el artículo 3 que había aprobado originariamente el Senado. Esa cláusula era una de las mas duras de la iniciativa ya que establecía que los DNU tendrían vigencia por 90 días. Si en ese plazo el Gobierno no logra conseguir que el decreto sea aprobado en ambas cámaras, el decreto perderá vigencia.La restitución de ese artículo fue reclamado en el inicio del debate de comisión por el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), quien pidió insistir con el texto que aprobó el Senado el 5 de septiembre pasado."Necesitamos insistir con el proyecto que aprobamos en el Senado; los 90 días son necesarios porque sin ese plazo se aprobaron muy pocos DNU", argumentó Vischi, quien aseguró que "la sanción ficta (de los decretos) es una degradación de la responsabilidad que tenemos como legisladores".La postura del radical correntino fue respaldada por la peronista cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "El plazo de 90 días es el que han recomendado todos los expertos", sostuvo.A pesar de los insistentes pedidos, el kirchnerismo se mantuvo en su postura y decidió firmar en disidencia parcial el dictamen, para permitir que quede habilitado para su tratamiento a partir de la semana próxima, pero luego de que abrir conversaciones para determinar cuál versión -si la aprobada originalmente por el Senado o la modificada por Diputados-, es la más conveniente.El proyecto modifica la ley 26.122, de trámite legislativo, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner. Aquella norma estableció un mecanismo controvertido, que la Constitución prohíbe para el tratamiento de las leyes, conocido como sanción ficta. Por este procedimiento, el silencio del Congreso se convierte en una aprobación tácita de los decretos.Más allá de la cláusula de los 90 días, el proyecto modifica de manera radical lo establecido en la regulación vigente. Así, establece que el rechazo de una cámara también alcanza para dejar sin efecto un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.Otras tres reformas también parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei.Una, es la que le impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como el DNU 70/23, que el Gobierno emitió en diciembre de 2023. Si esta iniciativa se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico. La segunda reforma es la habilitación al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero.La tercera prohíbe de manera explícita emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo. Es la misma regla que rige para los proyectos de ley.
Sorpresivo guiño del kirchnerismo al Gobierno: firmó en disidencia el dictamen para reformar la ley de DNU
En el Senado, radicales y peronistas disidentes pidieron ratificar el proyecto original, aunque el Frente de Todos dijo que lo mejor era pensar en el cambio realizado por Diputados. Suspicacias por intentos de negociaciones con la Casa Rosada
Senado: la oposición insistirá con modificar la ley de DNU en medio de una batalla sindical contra Villarruel
Antilibertarios quieren dictaminar esta tarde la versión original del proyecto que aprobó la Cámara alta y modificó Diputados. En tanto, el principal gremio llevó ayer a su líder a un patio interno del Palacio y amenazó con ir al recinto
La 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires se organiza con consignas contra el DNU que afecta tratamientos de género
Las organizaciones convocantes afirmaron que "cercena derechos ya conquistados, como el acceso a la salud de adolescentes trans y la identidad de personas privadas de libertad". A partir de las 16 horas del sábado comenzará y avanzará hacia Plaza Congreso, donde desde las 18 horas se dará inicio a la programación. Leer más
DNU de Milei: el Gobierno dice que por una desregulación el precio de la yerba mate cayó un 44,3%
El precio de la yerba mate cayó un 44,3% en términos reales debido a la desregulación implementada por el Gobierno a fines de 2023. Así lo señaló un informe oficial que destacó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que eliminó varias funciones regulatorias, como la promoción de acuerdos de precios semestrales, los registros de producción y comercialización y la capacidad para limitar la producción por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), ente con la participación de yerbateros, la industria y las provincias de Misiones y Corrientes, entre otros actores. En tanto, los productores indicaron que cobran solo $300 el kilo mientras los costos superan los $420. "No va a ser gratis": el frío extremo dio un duro golpe y hay otra alerta para mañana"A raíz de las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero, los precios reales de la yerba mate registraron una baja sostenida de 44,3% en comparación con el nivel general de precios en diciembre de 2023, mientras que el precio nominal se estabilizó desde julio de 2024â?³, destacó un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger. Indicaron que la producción y las exportaciones aumentaron 29% y 16,6% de 2023 a 2024, respectivamente.Vale recordar que el INYM tenía la atribución de establecer, mediante resoluciones, los valores de la materia prima de la yerba, que comprendía tanto la tonelada de hoja verde como la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero. Por eso, en el Ministerio señalaron que en diciembre de 2023 el presidente Milei eliminó, mediante el citado DNU, la facultad del INYM para establecerlos y "esta medida permitió que los productores fijaran libremente el precio de venta del producto". En el informe se destacó que entre 2019 y 2023 se observó un estancamiento en la producción. Sin embargo, luego de la implementación del DNU 70/2023, dijeron, hubo un incremento en la producción. En 2024 la producción de yerba mate canchada alcanzó un nivel récord, estimado en 345.491 toneladas de yerba mate canchada (equivalente a un promedio mensual de 28.790,9 toneladas). Esto representó un incremento del 29% respecto al año anterior. En tanto, agregaron que el precio real alcanzó en julio de 2025 su valor más bajo desde marzo de 2023, lo que hizo al producto relativamente más accesible para el consumidor. Agregaron que las exportaciones también marcaron un récord en 2024, con 42.695,6 toneladas. Esto significó un crecimiento del 16,6% en volumen respecto a 2023.Según la perspectiva de la cartera que conduce Sturzenegger, la desregulación generó un círculo virtuoso. Apuntó que el DNU 70/2023 "permitió transformar al sector yerbatero en un mercado más competitivo y eficiente". "En el pasado, el INYM imponía precios mínimos que encarecían la yerba mate para la industria y, en consecuencia, para el consumidor final. Con la eliminación de estas restricciones, se habilitó un esquema de libre competencia que favoreció un incremento de la producción y las exportaciones, además de presentar una reducción del precio real al público", sintetizaron. Por otra parte, hoy también se conoció el último informe del INYM en el que se destacó que entre enero y septiembre se procesaron 863.566.554 kilogramos de hoja verde, según declaraciones juradas ante el INYM. La comparación histórica refleja que el ingreso de materia prima en ese período se ubicó por encima de los valores de 2023, pero por debajo de 2024, cuando se habían registrado 968 millones de kilos.También observaron que las salidas de yerba mate hacia el mercado interno alcanzaron en septiembre pasado 23.200.203 kilogramos y acumularon 207.103.486 kilos en los primeros nueve meses del año, un 7,06% más respecto del mismo periodo del año anterior. En tanto, en septiembre de 2025 se exportaron 7.252.770 kilogramos de yerba mate y en los primeros nueve meses del año se colocaron en el exterior 41.954.076 kilos, un 26,46% más que en el período enero-septiembre del año pasado, según el INYM.Según señalaron los productores a LA NACION, el mejor precio pagado fue de $300 puesto en secadero, muy lejos de los $423,99 por kilos que es el costo para producir un kilo de yerba mate. A este precio hay que descontar servicio de cosechar, impuestos, entre otros. "La situación es crítica. Los productores de yerba mate no están limpiando los yerbales, porque no alcanza para cubrir los gastos. No llegamos a cubrir los costos de producción", señaló Juan Manuel Jones, un productor de Andresito. "Ni siquiera podemos salir empatados. Producir yerba mate hoy no es negocio", completó. La desregulación del Gobierno, en tanto, fue bien recibida en el sector industrial.
Revés para el Gobierno: suspenden el DNU que le quita a la Justicia el manejo de los bienes decomisados de la corrupción
Un juez dictaminó una medida cautelar contra el DNU impulsado por el ministro de Justicia saliente Mariano Cúneo Libarona porque vulneraría la independencia Judicial.
La seguridad jurídica la dan las leyes, no los DNU
En tiempos recientes se levantaron voces contra el proyecto del Congreso modificando la ley 26.122 regulatoria del trámite de los decretos de necesidad y urgencia, acotando el rechazo de una sola de las cámaras del Congreso para que el mismo sea inválido, guardando coherencia con el sistema de formación y sanción legislativa, mientras que el texto actual al requerir el doble rechazo, les otorga una singular eficacia normativa que la constitución no les concede. Devuelto al Senado desde la Cámara de Diputadostambién establece un plazo de caducidad de noventa días si el mismo no ha recibido tratamiento.Los críticos argumentan razones político-ideológicas al señalar que la misma mayoría que se benefició de la sanción impulsada por la expresidente, son ahora quienes restringen la acción política del actual gobierno. Aunque el oportunismo sea evidente, los argumentos políticos son siempre resbaladizos en cuestiones técnico-jurídicas y esconden verdades a medias.En efecto, muchos de los que criticaron la ley 26.122, después la consideraron un instrumento jurídico válido para ser utilizado por el gobierno actual. Cabe remitirse a todo lo escrito en apoyo del DNU 70/24 y otras normas en consecuencia, aún cuando por esa vía se continuara el camino de la "decretomanía" que nos aqueja groseramente desde la recuperación democrática ocurrida hace cuarenta años.Se dice que limitar los decretos de necesidad y urgencia del actual gobierno generaría factores de inseguridad jurídica para los inversores, pero creemos -se ha sostenido muchas veces- que ha sido justamente el uso y abuso de las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo una de las mayores causas de inseguridad jurídica en nuestro país.Es el desapego a las leyes y la recurrente tendencia a lo provisorio la causa endémica de nuestros males. Los índices de riesgo país responden a problemas de confianza en los mercados financieros, pero también a razones más profundas, entre ellas la falta de un marco jurídico estable basado en la división de poderes y el cumplimiento de la Constitución Nacional como proyecto sugestivo de vida en común.En eso se basó el gran despegue a fines del siglo XIX, entre 1860 y 1930; durante este período, tantas veces invocado, coincidió la mayor estabilidad institucional y el mayor acatamiento de la Constitución con el mayor progreso económico del país.Las privatizaciones y la reforma del Estado durante la década de los 90 redujeron la deuda y el déficit público y estabilizaron la moneda con la convertibilidad, pero esto fue a costa de registros negativos en materia de seguridad jurídica como consecuencia de haber sido instrumentados con el uso indiscriminado de la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia.Los debates entre constitucionalistas y administrativistas se profundizaron desde esa época. En los sistemas parlamentarios y semiparlamentarios europeos la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo no es tan firme y marcada como en el modelo presidencialista que tiene fuertes límites para asegurar las libertades individuales. Decía Alberdi: "â?¦dadle todo el poder al presidente pero dádselo a través de una constituciónâ?¦"Y la constitución es muy clara al respecto, cuando en el segundo párrafo del inciso tercero del artículo 99 dice: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Y agrega seguidamente: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgenciaâ?¦"Las excepciones al principio general, claramente prohibitivo de la constitución, han sido tantas que se ha colocado el carro delante de los caballos. Se subvirtió el principio legislativo del estado del derecho conforme al cual corresponde al Congreso dictar las normas generales y abstractas para toda la nación y al Poder Ejecutivo reglamentar su alcance sin alterar su espíritu. La Constitución es muy clara, los DNU no son inconstitucionales sino nulos, de nulidad absoluta e insanable. La Corte Suprema en los casos "Verrochi" (1999) y Consumidores Argentinos (2010) señaló que solamente son válidos en condiciones "excepcionales y justificadas".Si el constituyente hubiera querido hacer otra cosa, podría haber optado por el sistema de la constitución francesa de la V República o de la constitución de Chile de 1980, reformada en 2005, en las cuales hay una amplia zona de reserva para que el presidente gobierne emitiendo decretos-leyes, limitando algunas materias que son exclusivas de la Asamblea o del Congreso, particularmente las cuestiones vinculadas a la sociedad. En nuestro país los decretos-leyes fueron muy utilizados por los gobiernos de facto.Mucho ha tenido que ver con esto nuestra peculiar inclinación hacia la "exceptocracia" o el recurrir a la emergencia invirtiendo la lógica del principio de limitación del poder y del Estado Constitucional de Derecho. Decía Umberto Ecco: "Se ha hablado tanto de crisis que se ha puesto en crisis el propio concepto de crisis", algo aplicable a nosotros parafraseando la emergencia.No debe ser mal visto, por lo tanto, cualquier intento por limitar los excesos de tales prácticas, más allá de los contextos políticos coyunturales, los hemos visto de todos los lados. La respuesta está en buscar consensos para hacer leyes durables. Como ejemplo, durante su primer año de mandato el presidente Mauricio Macri tuvo minoría en ambas cámaras pero logró aprobar más de sesenta leyes negociando con la oposición.El consenso en la democracia no significa unanimidad, sino la búsqueda constante de acuerdos básicos que hagan posible la vida en común, respetando las diferencias y garantizando que las reglas del sistema sean aceptadas por todos. Los ciudadanos merecen y esperan que sus gobernantes acuerden sobre los grandes temas que los preocupan. Cuando se fundaba la república y se juraba nuestra constitución por primera vez en el atrio de una iglesia de Catamarca, un curita criollo exhortaba "Obedeced señores, es preferible mil veces postrarse ante las leyes que postrarse ante los tiranosâ?¦"Profesor titular de Derecho Constitucional. Facultad de Derecho (UBA); académico de número en Derecho y Cs. Sociales de Buenos Aires y en Ciencias Morales y Políticas
El debate por los DNU refleja la degradación de la cultura republicana
Con el fino humor que lo caracterizaba, el recordado Raúl Baglini popularizó un teorema que retrata, con aguda precisión matemática, la conducta pendular de buena parte de la clase política argentina. "El grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es directamente proporcional a sus posibilidades de acceder al poder", reza, palabras más o palabras menos, el teorema que hizo célebre al legislador radical por su inalterable vigencia.La validación de esta tesis llega, una vez más, con la discusión en torno del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que resucitó el Congreso tras casi 20 años de statu quo. Un debate bizarro -por no decir cargado de hipocresía- que tiene al kirchnerismo, en su ropaje opositor, agitando las banderas republicanas que denostó cuando era oficialismo, y al gobierno libertario en defensa tenaz de una ley que pergeñó la mismísima "condenada" -como apoda a Cristina Kirchner- para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar a puro decreto.En medio de la grieta, aquellos partidos políticos que en otros tiempos enarbolaban los estandartes de la división de poderes y despotricaban contra el abuso de los DNU por parte los sucesivos gobiernos, en este debate sus voces ya no sonaron tan estentóreas. El grueso del radicalismo y del Pro que empatiza con el presidente Javier Milei salió en su defensa y cuestionó a la oposición por pretender despojar a un gobierno en minoría parlamentaria de una herramienta clave de gestión.Resulta llamativo el argumento de estas fuerzas políticas. Son las mismas que conformaron el gobierno de Cambiemos, que también le tocó gestionar con minoría parlamentaria en ambas cámaras frente a una oposición dominada por el kirchnerismo. Pese a ello, el expresidente Mauricio Macri dictó solo 34 DNU durante sus dos primeros años de gestión; Milei, en el mismo lapso, más que lo duplicó.El problema de fondo, en definitiva, todavía no está saldado: la 'decretocracia' como modus operandi para gestionar¿Por qué la diferencia? Porque durante la primera etapa de la gestión de Cambiemos, sus principales lugartenientes parlamentarios se encargaron de ampliar la base de sustentación legislativa con alianzas con los gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales para aprobar leyes. No le hizo falta recurrir a la política del decreto. Milei, está visto, no siguió sus pasos.El problema de fondo, en definitiva, todavía no está saldado: la "decretocracia" como modus operandi para gestionar. La utilización excepcional de esta herramienta devino, a partir del gobierno de Carlos Menem, en una práctica habitual, lo que motivó que en 1994 los convencionales constituyentes intentaran fijar parámetros que acotaran su uso en la nueva Carta Magna. Sin embargo, el diseño institucional finalmente cristalizado en el artículo 99 inciso 3, por lo contradictorio y ambiguo, lejos de restringir el dictado de DNU, exacerbó la práctica, agravada por la demora del Congreso en sancionar la ley reglamentaria correspondiente.Hasta la reinstauración democrática de 1983 se dictaron solo 15 DNU en toda la historia constitucional argentina. A partir del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) la actividad legislativa presidencial fue creciente -dictó 10 DNU en sus seis años de mandato-, aunque fue durante el gobierno de Menem cuando alcanzó niveles exponenciales.Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, la decretocracia dio otro salto exponencialLas cifras hablan por sí solas. Desde julio 1989 hasta la puesta en marcha de la reforma constitucional, Menem firmó la friolera de 336 DNU. Durante su segundo mandato firmó 115 DNU. La oposición en el Congreso intentó, en vano, imponerle límites con distintos proyectos tendientes a reglamentar el artículo 99, inciso 3. Pero cuando Fernando De la Rúa llegó al poder en 1999, los roles se invirtieron. Contrario a lo que había pregonado durante el menemismo, el gobierno de la Alianza mantuvo la práctica de legislar por decreto -se dictaron 52 DNU en los dos años de gestión- mientras que en el Congreso el bloque oficialista buscaba evitar que el peronismo le impusiera límites. Otra vez, el teorema de Baglini.Durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, la decretocracia dio otro salto exponencial. En apenas un año y medio de gestión, Duhalde dictó 152 DNU, amparado en la crisis económica de 2001; paradojas de la política, fue Cristina Kirchner, por entonces diputada y opositora a su gobierno, quien procuró ponerle coto con un dictamen por demás restrictivo. Allí establecía que los DNU debían cumplir con el proceso de formación y sanción de las leyes, por lo que tanto la ratificación como la derogación de un DNU requería la aprobación expresa de ambas cámaras. Además, disponía que si el Congreso no se pronunciaba en un plazo determinado -el dictamen lo fijó en un máximo de 10 días-, el decreto perdía toda vigencia.Apenas cinco años después, Cristina Kirchner, ya en su papel de primera dama y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dará un viraje copernicano en su postura original. Para entonces, el gobierno de su esposo había dictado 195 DNU, una cifra inédita. Merced a la mayoría que el oficialismo ostentaba en ambas cámaras, la senadora logrará lo que los antecesores de Néstor Kirchner no pudieron: una ley que incorpore formalmente al Congreso en el control de los DNU sin que ate de pies y manos al Poder Ejecutivo en el uso de esta herramienta.Así, en 2006 se sanciona la ley 26.122, que reglamenta el tratamiento legislativo de los decretos. El hecho de que la norma no estipule un plazo temporal para que el Congreso se pronuncie sobre un DNU, así como el requisito expreso del rechazo de ambas cámaras para ser derogado constituyen el principal salvoconducto para que el Poder Ejecutivo continúe con la práctica de legislar por decreto sin demasiadas restricciones parlamentarias.La oposición de Pro y de la UCR cuestionan hasta hoy esta norma. El senador radical Rodolfo Terragno rebatió los argumentos de la senadora Kirchner con los argumentos de la diputada Kirchner; esto es, puso en contraste ambos proyectos de ley, el que Cristina Kirchner había presentado en 2001 -que Terragno, con picardía política, hizo suyo- y el que impulsó en 2006. Veinte años después, la ley 26.122 -que el gobierno de Milei hoy defiende- continúa en la picota. Sería simplista, sin embargo, agotar las críticas en el diseño de la norma. ¿No será que la raíz del problema es, en rigor, la mayor tolerancia política hacia liderazgos con rasgos decisionales cada vez más acentuados? Oficialistas y opositores de turno no han tenido prurito alguno en mutar drásticamente sus posiciones según su cercanía o no del poder. Empero, esta mirada de corto plazo de unos y otros evita abordar el problema de fondo: la degradación de la cultura republicana que este debate pone al desnudo.
Martín Menem envió la reforma de los DNU al Senado una semana después de su sanción
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió al Senado el proyecto de reforma de los DNU, que busca limitar la discrecionalidad de los presidentes para legislar sin intervención del Congreso. Lo hizo en la tarde del jueves, una semana después de que la Cámara baja rechazara un artículo clave del proyecto y se demorara su aprobación.La Cámara baja había tratado, el miércoles de la semana pasada, el proyecto que fue aprobado en general por 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones. Sin embargo, cuando se avanzó con la votación en particular, el artículo tercero de la ley no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación.La cláusula en cuestión establecía un plazo de 90 días corridos para que el Congreso aprobara los DNU y decretos delegados. De no expedirse dentro de ese período, los instrumentos quedarían sin efecto, dice el proyecto que había aprobado el Senado.Por el rechazo de este artículo, la iniciativa debió volver a la Cámara alta, que ahora tendrá que resolver si insiste con la formulación original del texto o acepta los cambios. Cualquiera sea el desenlace, lo cierto es que el resultado de la votación en particular permitió al Gobierno demorar la eventual aprobación del proyecto que limitaría una herramienta ampliamente utilizada por Milei para sortear su debilidad legislativa: desde que comenzó su gestión, la cantidad de DNU emitidos duplicó al número de proyectos de ley enviados.La oposición denunció que la demora de Menem en el giro a la Cámara alta fue parte de una maniobra del oficialismo para ganar tiempo y evitar, así, un nuevo revés legislativo para La Libertad Avanza antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.A nueve días de las elecciones, ya no queda tiempo para que la Cámara alta sesione antes de las elecciones, advierten en el Congreso.Qué dice la reformaLa reforma de los DNU que trató la Cámara baja no solo fijaba un plazo máximo de 90 días corridos para el tratamiento de las iniciativas del Ejecutivo. A diferencia de lo que sucede hoy en día, también establece que, por un lado, de no expedirse, el instrumento quedará sin efecto y que, para rechazarlo, solo se necesita de la resolución de una cámara.Actualmente, se requiere del rechazo de las dos cámaras para voltear un DNU, de modo que el silencio de al menos una de ellas convalida su "sanción ficta". Se trata de una regulación que había impulsado la expresidenta Cristina Kirchner durante su paso por el Congreso.La reforma en su conjunto fue aprobada por una mayoría de 140 diputados. Sin embargo, como informó LA NACION, 14 diputados que se expresaron favorablemente en la votación en general, cambiaron su postura al momento de votar en particular el artículo tercero. Es el caso de Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González (de Pro) y los legisladores de Desarrrollo y Coherencia, Oscar Zago, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Eduardo Falcone. Todos ellos votaron en contra.Otros tres legisladores, alineados con los gobernadores Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres y Rolando Figueroa, también rechazaron la cláusula.En tanto, a la hora de votar este artículo, también modificaron su postura y se abstuvieron los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Marcela Borrego y Marcela Campagnoli y los radicales Fabio Quetglas y Karina Banfi.
Martín Menem envió al Senado la reforma de los DNU y no creen que se llegue a debatir antes de las elecciones
La oposición presionaba al presidente de la Cámara baja, quien demoró el trámite para evitar una sesión polémica y con posible derrota para el Gobierno en la previa de los comicios del 26 de octubre
Menem duerme la ley de DNU en Diputados y calienta la pulseada con el Senado
A seis días de la votación en Diputados, el proyecto sigue frenado. En la oposición acusan al oficialismo de ganar tiempo para blindar un posible veto de Milei tras el recambio legislativo
¿Se enfría la ofensiva opositora? Se aplazó en el Senado la sesión para limitar los DNU y el Gobierno gana tiempo
Después de mucho tiempo, el Gobierno tendrá una semana de alivio, al menos en el Senado. Tras comprobar que no le darán los tiempos ni los números para poder insistir con el proyecto de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, decidió postergar la sesión que iba a celebrarse esta semana en la Cámara alta.La decisión se tradujo en la suspensión de la reunión de Labor Parlamentaria que se había convocado para este martes a las 18.30 y en la que se iba a definir el temario de una eventual sesión para el próximo jueves. En puerta y a la espera de generarle nuevos dolores de cabeza a la administración de Javier Milei se encontraban dos pedidos de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, y el proyecto que modifica la reglamentación del trámite legislativo de los DNU.Si bien la reunión de jefes de bloque se aplazó para el próximo martes, todo indica que la Casa Rosada podrá disfrutar de una tregua hasta la última semana de octubre o la primera de noviembre. Es que la semana que viene es la previa a las elecciones legislativas de medio término del domingo 26, por lo que es casi imposible que los senadores abandonen el tramo final de las campañas en sus provincias para asistir a la Cámara alta.De hecho, el compromiso de muchos legisladores en actividades proselitistas fue una de las causas que llevó a la oposición a desestimar la posibilidad de sesionar este jueves. A esto se suman algunos problemas de salud que le impedían al bloque de Unión por la Patria tener a su dotación completa para colaborar a conseguir el quorum y a aprobar las iniciativas rechazadas por la Casa Rosada.En este escenario, la oposición no se encontraba en condiciones de reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que se requerían para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de regulación de los DNU, que vuelve a la Cámara alta modificado por Diputados, y de blindaje de la empresa Nucleoeléctrica Argentina contra la privatización que impulsa el Gobierno. Es que ninguna de las dos iniciativas tiene dictamen de comisión.Para subsanar ese problema, el kirchnerismo aceleró la convocatoria a un plenario de comisiones para darle dictamen este miércoles, a las 17, a un proyecto del jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), que impide el traspaso a manos privadas de la participación accionaria del Estado argentino en Nucleoeléctrica.La regulación de los DNUPor otro lado, también se buscaba reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la schiarettista Alejandra Vigo (Provincias Unidas-Córdoba), para darle dictamen al proyecto sobre los DNU y, así, dejarlo también en condiciones de ser discutido en la próxima sesión.En este caso, la disyuntiva es si el Senado acepta el cambio que le introdujo Diputados al proyecto o si insiste en la versión que aprobó en primera instancia. La diferencia no es menor: la Cámara baja fracasó en aprobar el artículo 3 â??faltaron dos votos para alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constituciónâ??, que elimina la sanción ficta de los DNU al establecer un plazo de 90 días para que el Congreso lo apruebe o, en su defecto, el decreto pierde su vigencia.Cuando se trató en el Senado, a mediados de septiembre, la cláusula consiguió una mayoría abrumadora de 56 votos a favor y tan sólo 8 votos en contra, superior a los dos tercios.Pero el panorama parece haber cambiado tras el acercamiento que la Casa Rosada viene protagonizando con gobernadores que supieron ser aliados y a los que había repelido por su política fiscal, el incumplimiento de promesas y su estrategia electoral para los comicios del 26 de octubre. Tras la exigencia de la administración de Donald Trump de asegurarse gobernabilidad, la Casa Rosada decidió virar su discurso y se mostró abierta a recomponer alianzas en el Congreso.En este escenario, ya no estaría el mismo número de senadores dispuestos a sumarse a una regulación tan drástica de los DNU contra la administración Milei.Sin embargo, para insistir en su versión original, sólo se necesitan 37 votos afirmativos en el Senado, una cifra accesible si se toma en cuenta que sólo el kirchnerismo, si está con su dotación completa, aporta 34 voluntades.
La oposición se prepara para ratificar la ley de DNU, pero el oficialismo especula con las fechas para que quede en un limbo
Diputados la aprobó, pero como un artículo salió rechazado el Senado tiene que insistir con el texto original.La oposición junta voluntades para sesionar el jueves.
Regulación de los DNU: la oposición cree tener los votos y analiza apurar la sanción del proyecto para la semana próxima
El Senado se convertirá la semana próxima en escenario de una fuerte pulseada entre la administración de Javier Milei y la oposición más dura, encabezada por el kirchnerismo, en torno al proyecto de ley que regula el trámite legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que establece serios límites al uso de estas herramientas por parte del Poder Ejecutivo.La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en la tarde del miércoles, pero con la eliminación del artículo 3 del texto sancionado por el Senado el pasado 5 de septiembre. El dato no es menor. No sólo porque obligará al proyecto a volver en segunda revisión a la Cámara alta, sino que borró la cláusula que establecía un plazo perentorio de 90 días para que un DNU consiguiera la convalidación del Congreso. De no obtenerla, pierde vigencia de manera inmediata."Estamos viendo los números; creo que los podemos llegar a tener", dijo José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista de la Cámara alta, ante la consulta de LA NACION sobre qué ritmo se le intentará dar al trámite de un proyecto que molesta a un Gobierno que ha hecho de los DNU una de sus herramientas preferidas para evadir a un parlamento en el que está en minoría y que se convirtió en un campo de batalla hostil desde que se lanzó la campaña electoral.La confianza de Mayans encuentra sentido en el amplio apoyo que la iniciativa obtuvo cuando se trató por primera en el recinto del Senado. En aquella sesión, el proyecto fue aprobado por 56 votos a favor, sólo ocho en contra y dos abstenciones. Una relación de fuerzas que superó con holgura la mayoría absoluta del cuerpo (37 votos afirmativos sobre un total de 72 legisladores) que exige la Constitución para reglamentar el uso de los DNU. Aquella mayoría rebasó, también, los dos tercios de los presentes, razón por la cual en algunas usinas opositoras se entusiasman con la posibilidad de llevar el proyecto al recinto la semana próxima en un debate sobre tablas, es decir sin necesidad de tener que conseguir dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.Sin embargo, el panorama puede haber cambiado en los últimos días al ritmo de las negociaciones que desde la Casa Rosada se han entablado para recuperar el control del Congreso, o al menos cortar con la rebelión legislativa, con un grupo de gobernadores que, molestos por las actitudes del Gobierno, decidieron pasar a la oposición.El trabajo de seducción del Poder Ejecutivo quedó al descubierto en Diputados, donde el frente de los gobernadores, que había impulsado la aprobación en el Senado de una nueva regulación de los DNU como gesto de fuerza ante el gobierno de Milei, volvió a mostrar dobleces.En particular las miradas apuntarán ahora a los senadores del bloque Pro, que desde hace una semana conduce el misionero Martín Goerling y responde a Mauricio Macri, y los radicales con terminales en los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco).Producto de esta recomposición de relaciones con la Casa Rosada también podrían entrar en duda los votos de las cuatro senadores, dos por cada uno, que responden a los gobernadores de Pro Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).No obstante este cambio de humor, el Gobierno afronta una difícil misión. Con 34 senadores aportados por el kirchnerismo, la mayoría absoluta que se necesita para restituir la exigente cláusula de los 90 días está a tan sólo tres votos. Una cifra que, teniendo en cuenta el nivel de fragmentación que hay en la UCR, Pro y hasta en las fuerzas provinciales, parece estar al alcance la mano.Qué dice el proyecto El proyecto que discute el Congreso por estos días termina con la sanción ficta que contiene la ley reglamentaria vigente, según la cual alcanza con el silencio del Congreso o que una cámara lo apruebe para dejar firme un DNU. Esta idea, prohibida por la Constitución para el trámite de los proyectos de ley y que fue motivo de queja y debate en las últimas dos décadas, fue diseñada de puño y letra por Cristina Kirchner en 2006, cuando era primera dama, para favorecer al gobierno de Néstor Kirchner.El texto en discusión ahora, por el contrario, establece que el rechazo de una cámara alcanza para derogar un DNU. La misma medida se aplica para los decretos emitidos en uso de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo.La iniciativa incluye otras reformas que parecen inspiradas de manera particular en la administración libertaria de Milei. Una, impide al Poder Ejecutivo emitir decretos ómnibus, como los hizo con el DNU 70/23. Si el proyecto se convierte en ley, cada DNU deberá versar sobre un tema específico.También parece ajustarse a la situación vivida con el DNU 70/23 la cláusula que permite al Congreso a sesionar durante el receso de verano para analizar un DNU, aun cuando el Poder Ejecutivo no haya habilitado sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero. Por último, se aclara de manera explícita que el Poder Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia a uno rechazado por el Congreso hasta el inicio del siguiente período legislativo.
Fernando Carabajal explicó en qué consiste la ley para limitar los DNU: "No se pretende prohibirlos"
El diputado de la Unión Cívica Radical aseguró que la reforma tratada en la Cámara de Diputados pretende "asegurar el control legislativo sobre los decretos". Leer más
Reforma de DNU: la trastienda de una votación que le permitió a Milei ganar tiempo hasta las elecciones
La iniciativa preocupaba al Gobierno, pero, gracias a contactos con los gobernadores y con ex aliados, el texto sufrió cambios y tendrá que volver al Senado
Diputados aprobó restringir los DNU, pero volverá al Senado con cambios
La iniciativa, que estaba a punto de convertirse en ley, perdió 13 apoyos en el artículo 3, el que fijaba el plazo de 90 días para el tratamiento.
Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU
Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, se aprobó de forma general. Sin embargo, el artículo 3 cayó y toda la norma deberá volver a ser tratada en el Senado
Uno por uno. Cómo votaron en general los diputados la ley que busca limitar a Milei el uso de los DNU
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Diputados aprobó un proyecto que restringe el uso de los DNU pero hubo cambios y ahora deberá volver al Senado
Los libertarios ganaron tiempo y un eventual veto presidencial llegará recién después de las elecciones. El artículo de la polémica fue el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos
El DNU que autoriza el ingreso de tropas de los EE.UU. es nulo
No había ni necesidad ni urgencia de llevar a cabo un plan de ejercicios militares, si el Congreso no lo autorizaba.
Minuto a minuto en el Congreso: Diputados debate la regulación de los DNU, la expulsión de Espert y la interpelación a Karina Milei
Desde este miércoles al mediodía, la oposición parlamentaria toma la ofensiva con una sesión que reune el conjunto de los escándalos políticos que tiene al Gobierno como protagonista. Leer más
La reforma de la ley de DNU: es ahora
En el medio de semanas informativamente convulsionadas, pasó desapercibida una noticia cardinal: hoy la Cámara de Diputados tiene en agenda tratar la reforma de la Ley 26.122 que ya aprobó el Senado. Si se aprobara, y el presidente Javier Milei no la vetara, la Argentina tendría una nueva ley que garantizaría un control real del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU). A diferencia de la ley vigente, aprobada durante el mandato de Néstor Kirchner precisamente para facilitar el gobierno por decreto, el proyecto dictaminado en la Cámara Baja pone un plazo a los DNU: si no son aprobados por las dos cámaras en 90 días, se caen. Si se aprobara este proyecto, entonces, cambiaría drásticamente la manera en la que se gobierna la Argentina.Una reforma de este tipo ha sido ansiada por los partidos que se jactan â??con justicia o sin ellaâ?? de su compromiso republicano. En 2010, de hecho, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto similar con el voto de Patricia Bullrich y Fernando Iglesias. Hoy, sin embargo, estos sectores se oponen a lo que entonces defendían. Su argumento es el siguiente: dado que otros presidentes han gozado de la libertad para gobernar por decreto que les daba la Ley 26.122, se debe garantizar lo mismo para Milei hasta el fin de su mandato. Debemos reformar esa ley â??nos dicenâ?? pero a ciegas, recién para el presidente que asuma en 2027.En otra época, este argumento se contestaba solo: si algo está mal, está mal para todos, y debe remediarse apenas se pueda. La calidad institucional no es una competencia en la que haya que nivelar la cancha a lo largo del tiempo. Compensar al gobierno actual por las ventajas inconstitucionales que tuvieron los anteriores implicaría, por ejemplo, permitirle al Presidente perseguir periodistas o presionar jueces porque sus antecesores también lo hicieron. Se trata de la lógica de "Seño, empezó él" que en la mayoría de los ámbitos aprendemos a abandonar a una edad de un dígito.Sin embargo, dado que el argumento anterior puede parecer algo naïf para esta época desembozada, me permitiré otro argumento algo más contingente. Modificar la Ley 26.122 con efecto inmediato se justifica no solamente porque es correcto en abstracto, sino también porque el gobierno de Milei ha sido el que más ha abusado de los DNU desde que esa ley existe. Los números dan una pista: con la sola excepción del período de pandemia, y a un ritmo de casi uno por semana, Milei es el que proporcionalmente más DNU ha dictado desde que se aprobó la ley en 2006. Desde ya, este número por sí mismo no significa mucho: contar decretos no tiene sentido si no se analiza también su contenido y su contexto. Pues bien: el DNU 70, dictado a días de inaugurar su mandato, es, de lejos, el más extenso de la historia y deroga o modifica más de 80 leyes. Si cupiera alguna duda, ha sido el propio Milei quien ha usado este criterio cuantitativo para ufanarse de que el DNU 70 había sido la "reforma estructural más grande de la historia". No se trata, por supuesto, de un mero conteo aritmético, sino de una diferencia cualitativa. Milei ha reformado por DNU todo lo que ha podido, y -con poquísimas excepciones- todos los proyectos que ha enviado al Congreso versaban sobre temas tributarios, penales o electorales (es decir, precisamente los temas que están excluidos de los DNU). El Congreso, como se ve, ha pasado a ser un obstáculo a evitar.Precisamente por esto, Milei ha reformado por DNU normas de carácter permanente que presidentes anteriores no habían osado modificar más que en algún aspecto puntual. Ha reformado, por ejemplo, artículos troncales del Código Civil y Comercial, debatido por expertos durante años a lo largo del país. Ha modificado la Ley de Nacionalidad, de 1869, para dificultar la adquisición de la ciudadanía argentina. Ha modificado la Ley de Sociedades, el Código Aduanero, el Código Aeronáutico, la Ley de Contrato de Trabajo. También ha excedido lo que puede hacerse por DNU, autorizándose a sí mismo a cosas a las que sólo puede autorizarlo el Congreso: a salir del país, a permitir el ingreso de tropas extranjeras, a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. En todo esto, Milei ha incrementado, y en mucho, la ya creciente tendencia al abuso de la herramienta.De todos modos, no se trata solamente de lo que el gobierno ha hecho sino de cómo lo han justificado. A diferencia de gobiernos anteriores, los DNU ya no son presentados como un último recurso o un mal necesario. En el gobierno de Milei existe una jactancia de actuar por decreto para superar su minoría parlamentaria (como si ésta fuese una desgracia de la naturaleza y no resultado de la decisión del electorado al votar senadores y diputados). Cuando se dictó el DNU 70, el hoy ministro Federico Sturzenegger explicó que habían decidido dictarlo como DNU (y no enviarlo al Congreso) para dar una "imagen de cambio de régimen": en el nuevo "régimen", se ve, no se negocia ni se argumenta, se actúa con la lógica de los hechos consumados. Por la misma época, explicó que lo único que detendría el dictado de DNU sería afectar los temas prohibidos: "¿Se abordan temas tributarios, penales, electorales o de partidos políticos? No. Listo. Cerrado el tema", arengó.Por estos motivos, entonces, el país necesita un nuevo régimen de control de los DNU. No hay motivo para esperar a un próximo gobierno: el abuso de los DNU debe ser detenido hoy, que existen las mayorías e incentivos para hacerlo. En el debate parlamentario de 2010, cuando votó por su control más estricto, Bullrich celebró la aprobación de "una nueva ley de regulación de los DNU que nos limite a todos: a los que gobiernan y a aquellos que gobernemos este país, si el pueblo quiere". Hoy que el pueblo quiso, seguramente honrará la lógica impecable de aquel momento. Salvo, claro, que rece en nombre de las instituciones argentinas la famosa oración de San Agustín: "Señor, hazme casto, pero todavía no".
Con la sombra del caso Espert: la oposición abrió el recinto para limitarle a Milei el uso de los DNU
La oposición abrió el recinto de Diputados decidida a recortarle a Javier Milei una herramienta clave de gobierno: los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Lo hace en medio de un vendaval político dentro del oficialismo, con uno de sus propios diputados, José Luis Espert, bajo sospecha por haber recibido dinero de un empresario acusado de vínculos con el narcotráfico.El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó contener el daño. Desde que se conoció el pedido de sesión, pasó horas al teléfono con gobernadores aliados buscando una salida: que sus legisladores se ausentaran para impedir el quorum. No lo logró.El temario de la sesión es extenso y de alto voltaje político. Desde temprano, los libertarios planean contraatacar con un pedido para remover al salteño Emiliano Estrada (Unión por la Patria), investigado por peculado en la justicia salteña. Es una jugada para equilibrar el caso Espert y, de paso, sembrar el caos en el recinto y apuntar a que la sesión se levante antes de que se debata la reforma del DNU. Pero es una estrategia riesgosa: abriría un precedente que permitiría al Congreso actuar antes que la Justicia. "Vamos a estar votando exclusiones todos los meses", advierten en otros bloques.Unión por la Patria (UP), por su parte, no quiere empujar la expulsión de Espert pese a que Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto en ese sentido. Prefieren que el diputado renuncie. Hay otro texto impulsado por Facundo Manes, pero el radical no avanzó en conseguir firmas para llevarlo al recinto.Hoy Espert es una figura tóxica para todos. En el oficialismo y entre sus aliados nadie quiere defenderlo ni compartir con él la foto del recinto. El Gobierno creyó que su renuncia como candidato bonaerense y como titular de la Comisión de Presupuesto alcanzaría para apagar el escándalo. Pero se equivocó: ayer fue imputado formalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez, a partir de una denuncia de Juan Grabois. Espert no aparecerá hoy en el Congreso.La oposición, en cambio, planea mantener el caso vivo. "Tenés que pedirle la renuncia", le advirtió un referente de Unión por la Patria al presidente de la Cámara.Desde Pro también crece la presión para que Espert se aparte. Le sugieren a Menem que lo convenza de pedir licencia, pero el riojano se mantiene inmóvil. En su entorno admiten que no quiere perder otra banca en un Congreso donde cada voto cuenta y que espera instrucciones directas de la Casa Rosada antes de mover cualquier pieza. Sin embargo, propios y ajenos coinciden en que sostenerlo podría terminar siendo más costoso que dejarlo ir.El temarioEl orden del día incluye varios temas sensibles, pero solo algunos tienen dictamen para votarse. El más relevante es la reforma de la ley que regula los DNU, que elimina la llamada "sanción ficta", es decir, la convalidación automática de los decretos si el Congreso no se pronuncia. El nuevo texto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras los ratifiquen; si no lo hacen, quedarán derogados. Además, bastará con que una sola cámara los rechace para invalidarlos, y no ambas, como exige la norma actual. El proyecto tiene media sanción del Senado y, si Diputados lo aprueba, se convertirá en ley, aunque todo indica que Milei lo vetará.También está previsto votar la designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector "verde", junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso.Finalmente, como anzuelo para mantener a los referentes de los gobernadores hasta el final, la oposición buscará aprobar el nuevo esquema de coparticipación del ICL, que aumentaría los recursos provinciales. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado y se convertirá en ley si Diputados avanza, aunque se descuenta que será vetado por Milei.
Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU
En la sesión especial en la Cámara un debate con altos momentos de tensión. Varios funcionarios del gobierno nacional están en la mira de la oposición Además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos
Diputados debate la regulación de los DNU, la expulsión de Espert y la interpelación a Karina Milei
A partir de las 12:00, la Cámara de Diputados comenzará a tratar una serie de temas propuestos por la oposición. Leer más
En otra mega sesión en Diputados, la oposición buscará reformar el régimen de DNU para limitar el poder de Milei
Los libertarios corrieron a José Luis Espert de la comisión de Presupuesto en un intento de socavar el escándalo de los aportes irregulares. Sin embargo, el Gobierno se expone a una dura derrota que lo obligará recurrir nuevamente al veto presidencial
Diputados: la Rosada busca bloquear la sesión, pero la oposición confía en poder recortarle a Milei el uso de los DNU
El Gobierno trabaja contra reloj para evitar que haya quórum.En el temario figuran más temas inquietantes para el oficialismo.
Sesión en Diputados: la oposición busca limitarle a Milei el uso de los DNU y crece la presión para apartar a Espert
Mientras crece la presión interna para que José Luis Espert pida licencia como diputado, Martín Menem se mantiene firme y evita avanzar. En el oficialismo reconocen que el presidente de la Cámara no quiere perder otra banca en un Congreso donde cada voto cuenta, y que espera instrucciones directas de la Casa Rosada antes de mover cualquier pieza. Pero la decisión de sostenerlo, advierten propios y ajenos, podría terminar siendo más costosa que dejarlo ir.La propuesta de apartar a Espert circula tanto entre libertarios como entre sus aliados de Pro, que ven en esa salida una forma de contener la crisis política. Pero la decisión, coinciden todos, depende de Javier Milei, decidido a no retroceder un paso más.El economista enfrenta en la Justicia una causa por lavado de dinero y la sospecha de haber recibido fondos de Federico "Fred" Machado, un empresario presuntamente vinculado al narcotráfico, cuya extradición a Estados Unidos fue habilitada hoy por la Corte Suprema.El tema dominará la sesión de este miércoles, convocada para las 12, cuando la oposición no solo apuntará contra Espert -quien evitará pisar el recinto-, sino que también buscará recortar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta clave para un presidente que gobierna en minoría. Además, se prevé que se impulsen las interpelaciones a Guillermo Francos, Karina Milei y Mario Lugones, y que se trate el reparto a las provincias del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), de alto interés para los gobernadores.Con el escenario político caldeado, el Gobierno intenta bloquear el quorum y, para eso, multiplica llamados a gobernadores aliados. La consigna es clara: evitar que sus legisladores bajen al recinto cuando suene la chicharra.El caso EspertEspert se convirtió en criptonita política para oficialistas y aliados. Nadie quiere defenderlo ni compartir con él la foto en el recinto. En el Gobierno creyeron que su renuncia como candidato bonaerense y como presidente de la Comisión de Presupuesto bastaría para enfriar el escándalo, pero se equivocaron: hoy fue imputado formalmente por el fiscal federal Fernando Domínguez a partir de una denuncia de Juan Grabois.La oposición planea mantener el tema vivo y llevarlo a cada sesión hasta fin de año. "Tenés que pedirle la renuncia", le advirtió un peso pesado de Unión por la Patria (UP) al presidente de la Cámara.Desde el Pro, en tanto, crece la presión para que Espert se aparte. Le sugieren a Menem que lo convenza de pedir licencia, pero el titular de Diputados espera instrucciones de la Casa Rosada. Hay, además, dos pedidos formales para removerlo y retirarle los fueros: uno presentado por Victoria Tolosa Paz (UP) y otro por Facundo Manes (UCR). Sin embargo, la mayoría de los bloques evita avanzar: "Dejaría un precedente peligroso, después estaríamos votando exclusiones todos los meses", advierten tanto en UP como en LLA.Si la Justicia profundiza la investigación o surgen nuevos detalles sobre su vínculo con Machado, el escenario podría cambiar. En caso de renuncia o destitución, su banca sería ocupada por Hugo Bontempo, un dirigente liberal cercano a Roberto Cachanosky, hoy crítico del Gobierno.Los exlibertarios del bloque Coherencia anticiparon que lo único que aceptarán es el apartamiento de Espert. "Si tiene alguna indisposición para ser diputado, que renuncie", dijo Marcela Pagano a LA NACION, y añadió: "Yo atravesé un embarazo complicado sin pedir licencia. Hay personas enfermas que no lo hicieron. ¿Por qué dársela a él estando sano?". Aseguró que planteará su posición en el recinto. Una sesión cargadaEl orden del día incluye varios temas sensibles, pero solo algunos tienen dictamen para votarse. El más relevante es la reforma de la ley que regula los DNU, que elimina la llamada "sanción ficta", es decir, la convalidación automática de los decretos si el Congreso no se pronuncia. El nuevo texto fija un plazo de 90 días para que ambas cámaras los ratifiquen; si no lo hacen, quedarán derogados. Además, bastará con que una sola cámara los rechace para invalidarlos, y no ambas, como exige la norma actual. El proyecto tiene media sanción del Senado y, si Diputados lo aprueba, se convertirá en ley, aunque todo indica que Milei lo vetará.También está previsto votar la designación de la Defensora de los Derechos del Niño, María Paz Bertero, identificada con el sector "verde", junto a Eduardo Robledo y Héctor Vito como adjuntos. El oficialismo cuestiona el proceso que llevó adelante la radical Natalia Sarapura y evalúa impugnarlo. De avanzar, podría erosionar más los vínculos con aliados circunstanciales. María Sotolano, aliada de Jorge Macri, votó a favor esta terna.Otra discusión latente es la posibilidad de interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, que mencionan presuntas coimas en el organismo. También al jefe de Gabinete por no reasignar las partidas correspondientes a la emergencia en Discapacidad, que el Presidente dejó en suspenso. Finalmente, como anzuelo para mantener a los referentes de los gobernadores hasta el final, la oposición buscará aprobar el nuevo esquema de coparticipación del ICL, que aumentaría los recursos provinciales. El proyecto ya cuenta con media sanción del senado y se convertirá en ley si Diputados avanza, aunque se descuenta que será vetado por Milei. Cortocircuitos con ProEl escándalo de Espert profundizó los roces entre LLA y Pro, su principal aliado. Los amarillos critican la falta de reflejos del Gobierno y la ausencia de un comité de crisis para contener los daños. La tensión se acentuó tras la salida de Espert como candidato bonaerense, que obligó al oficialismo a apuntalar la postulación de Diego Santilli, un dirigente de Pro que en 2023 fue rival de Milei en la provincia, nada menos que aliado de Horacio Rodríguez Larreta. El desenlace choca con la estrategia que impulsa Karina Milei, empeñada en mantener la pureza partidaria y evitar aliados al frente de las listas. En esa lógica, la secretaria general de la Presidencia prefirió perder apoyos antes que ceder lugares, incluso en distritos donde una alianza con gobernadores o fuerzas locales hubiese fortalecido el bloque oficialista.La misma lógica se repite en el reemplazo de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto. El Presidente ya anticipó que el cargo será para Alberto "Bertie" Benegas Lynch, un diputado de su círculo más cercano, aunque en el Congreso dudan de su experiencia para conducir una comisión clave en pleno debate por el Presupuesto 2026. En ese ámbito conviven legisladores con fuerte trayectoria técnica, como Germana Figueroa Casas o Luciano Laspina, del Pro, a quienes el oficialismo decidió dejar al margen. Desde el entorno de Menem aseguran que el macrismo mantendrá la secretaría del cuerpo, una suerte de premio consuelo tras un desplante evidente.
Preocupados por la reforma de los DNU, los libertarios se enfocan en boicotear el quórum de la sesión en Diputados
La oposición llevará al recinto el próximo miércoles un temario repleto de proyectos incómodos para el oficialismo, en la recta final de las elecciones. La Libertad Avanza sólo acumuló derrotas en los últimos meses
La oposición busca darle un nuevo revés al gobierno en Diputados: Ley de DNU y citaciones a Karina Milei, Francos y Caputo
Antes de las elecciones, la oposición apunta a marcarle la cancha al gobierno con temas sensibles. Además, pedirán remover a Espert de la Comisión de Presupuesto, remover a Francos de su cargo y pedirle explicaciones al ministro de Economía sobre el acuerdo con EE.UU. Leer más
Mega sesión contra Milei: la oposición buscará cambiar la ley de DNU, remover a Espert de Presupuesto e interpelar a Francos
Está convocada para el miércoles, con un temario de una veintena de proyectos complicados para el Gobierno.
La oposición convocó a una sesión en Diputados para reformar los DNU y remover a Espert de Presupuesto
El gobierno de Milei sufrió un duro revés en el Senado este jueves y ahora enfrenta una nueva embestida con proyectos de alto impacto político. La interpelación a Francos también está en el sumario
Diputados: convocan a sesión para reformar la ley de DNU y desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto
La oposición en la Cámara de Diputados convocó para este miércoles a una última sesión antes de las próximas elecciones legislativas con un temario letal para la Casa Rosada. Incluye, como primer punto, la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y, acto seguido, el pedido para desplazar a José Luis Espert, primer candidato libertario a diputado nacional por Buenos Aires, de la Comisión de Presupuesto. El oficialismo está en alerta máxima ante la convocatoria opositora. La reforma de la ley de DNU ya tiene media sanción del Senado y, de ser convertido en ley por la Cámara baja, ataría de pies y de manos al Gobierno condicionándole el uso de una herramienta clave de gestión. Si a ello se suma la ofensiva por desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado, la sesión podría convertirse en un polvorín. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y funcionarios de primera línea de la Casa Rosada reforzaron en las últimas horas la presión sobre gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista para evitar que la sesión se concrete. Una de las preocupaciones máximas está puesta en la reforma de la ley de DNU, sancionada en 2006 a instancias de la exsenadora Cristina Kirchner. Si bien el presidente Javier Milei tiene la facultad de vetar la reforma -si es sancionada- el oficialismo teme que si la oposición logra consumar este miércoles su golpe, esa derrota tenga efectos políticos corrosivos en momentos de extrema fragilidad del Gobierno. El temario de la sesión convocada por Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre incluye, además de la regulación de los DNU y el pedido para desplazar a Espert, otras iniciativas también incómodas para el Gobierno. Entre ellas los dictámenes para interpelar a la hermana del presidente, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los presuntos pagos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mencionados por el extitular de dicha agencia, Diego Spagnuolo, en los audios filtrados. El anzuelo para los gobernadoresA sabiendas de que ninguno de estos proyectos asegurarían el quorum en el recinto, los opositores acordaron incorporar, como último punto del temario, una iniciativa cara para los gobernadores: la que establece un nuevo esquema para el reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles (ICL). El proyecto, que también tiene media sanción del Senado, redundaría en más fondos frescos para las provincias si es convertida en ley; de allí a que la oposición lo haya incluido en el temario a manera de anzuelo para los legisladores que responden a los gobernadores. Desde la Casa Rosada desplegaron un fuerte operativo de presión para disuadir a los mandatarios provinciales a que no participen de la ofensiva opositora. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro del Interior Lisandro Catalán son los más activos. A ellos se sumó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger inquieto ante la posibilidad de perder uno de los insumos cruciales para su gestión, el uso de los decretos. En efecto, si esta reforma se aprueba el Poder Ejecutivo se verá más restringido en el uso de esta herramienta ya que se eliminaría la denominada "sanción ficta", esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras."No bajen, si lo hacen no aprueben. Para los mercados sería una muy mala señal", es el mensaje que varios interlocutores recibieron de Martín Menem en las últimas horas para diluir la ofensiva opositora. El presidente de la Cámara baja está intranquilo: cuando hace dos semanas se votó en el recinto el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictaminara sobre la reforma de los DNU, el resultado le fue adverso: 142 votaron a favor y 88 en contra. Hubo 26 ausentes. Este resultado permite una doble lectura: si bien la oposición tendría los votos para sancionar la ley (se necesita una mayoría absoluta de 129 voluntades), el oficialismo logró aglutinar un tercio de los votos de los integrantes del cuerpo para, eventualmente, blindar el veto presidencial. Sin embargo, esto no significa un consuelo para los oficialistas. Temen que en el actual contexto político y económico, signado por una seguidilla de malas noticias para el Gobierno, la aprobación de la reforma de los DNU sea visto como una señal más de debilidad. "Los pocos días que pasaron son mucho más en términos políticos. Todo se complicó mucho más para la Rosada -señala un gobernador a este diario- Y para la próxima sesión falta una vida. Esto es día a día".
Diputados va por la modificación de la ley de DNU
La oposición logró el dictamen de mayoría del proyecto y la semana próxima llegaría al recinto de la Cámara baja para transformarla en ley.
Cambios clave en el Congreso: un solo rechazo podría invalidar un DNU
El Congreso avanza en una reforma que modificaría el tratamiento de los decretos presidenciales, limitando el poder del Ejecutivo. Leer más
Diputados: un sector de la oposición avanzó con el dictamen para limitar el uso de los DNU
Los bloques más duros de la oposición en la Cámara de Diputados dictaminaron esta tarde sobre la reforma del régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo con el propósito de empoderar al Congreso en la regulación de estos instrumentos. Si bien este paso constituyó un revés para el oficialismo, un mosaico de bloques opositores "dialoguistas" prefirió no suscribir la iniciativa a la espera de su debate en el recinto, que por ahora no tiene fecha. El dictamen de mayoría, que obtuvo 35 avales, se firmó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Tiene como base la media sanción del Senado y fue suscripto por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. En solitario, Juan Manuel López (Coalición Cívica) presentó un dictamen propio, mientras que el oficialismo firmó en rechazo, es decir, a favor de preservar la ley 26.122 actual que impulsó en 2006 la entonces senadora Cristina Kirchner.En medio de la grieta, los bloques de Pro -aliado de los libertarios- como el radicalismo, la Liga del Interior -que nuclea a los radicales afines al oficialismo- y los diputados provinciales de Innovación Federal prefirieron no pronunciarse. Se guardarán hasta la discusión en el recinto; saben que esta norma, de aprobarse, sería una estocada letal para el gobierno de Javier Milei y, por tal motivo, no quieren quemar antes de tiempo una carta que bien les podría servir para condicionar futuras negociaciones con el Gobierno. Uno de los puntos clave de la reforma aprobada por el Senado es el que propone eliminar la llamada "sanción ficta", esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.Así planteada, la iniciativa le arrebataría al gobierno de Milei una de sus herramientas fundamentales de gestión, los DNU. De allí la preocupación de la Casa Rosada y la desesperación de sus principales lugartenientes por disuadir a los gobernadores y legisladores más cercanos a que no acompañen a la oposición más dura en su ofensiva. Si bien no se pudo evitar el dictamen, al menos se logró una tregua y no acelerar los tiempos para su tratamiento en el recinto, que todavía no tiene fecha. El oficialismo, en la voz del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, calificó de "inconstitucional y desestabilizador" el proyecto con media sanción del Senado. "Este dictamen busca hacerle un daño institucional al gobierno de Javier Milei. Bienvenido el debate de esta ley, pero lo que pretende hacer la oposición es inconstitucional: controlar desde el Congreso la facultad que tiene el presidente de dictar DNU, convirtiendo en letra muerta el artículo 99 inciso 3", sostuvo. Desde la vereda contraria, tanto Esteban Paulón, como Pablo Juliano, Margarita Stolbizer y Christian Castillo advirtieron sobre los rasgos hiperpresidencialistas de la gestión de Milei. "La ley que está actualmente en vigencia afecta seriamente nuestro principio republicano. Esta reforma es imperiosa y urgente", planteó Stolbizer. El diputado López, por su parte, planteó una alternativa al proyecto venido del Senado: propuso eliminar el plazo de 90 días que se estableció para que el Congreso se pronuncie sobre un decreto; en cambio, se mostró a favor de que el rechazo de una de las cámaras debería dejar sin efecto el DNU. "Es la solución más deseable para una primera etapa de reforma de la ley", sostuvo.
La oposición avanzó dividida con la reforma de los DNU y el Gobierno podría sostener un eventual veto
La UCR y el PRO no firmaron ningún dictamen. La Coalición Cívica presentó un texto propio. Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre podrían lograr la sanción, pero están lejos de los dos tercios
Debate por los DNU en Diputados: en 22 meses Milei firmó más que Cristina Kirchner en ocho años y que Macri en cuatro
Desde diciembre de 2023, el Presidente firmó 83, cuando la ex presidenta dictó 81 en sus dos mandatos.El récord lo tiene Néstor Kirchner con 273, hasta el cambio de ley.Diputados avanza hoy con la reforma a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia.
La oposición busca avanzar en una reforma de la ley de DNU, pero hay diferencias entre los bloques
La oposición en la Cámara de Diputados se apresta a dictaminar hoy en un plenario de comisiones sobre uno de los temas que más preocupa a la Casa Rosada: la reforma del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para alivio del oficialismo, el frente opositor se presentaría dividido y, dato no menor, postergó su tratamiento en el recinto. Uno de los máximos temores del Gobierno era que la oposición convocase para este miércoles a una sesión en la Cámara de Diputados y convirtiese en ley la iniciativa, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien no está despejada la posibilidad de que esto ocurra, al menos no será esta semana y se logra ganar tiempo, celebran los libertarios, cuyos principales lugartenientes se abocaron los últimos días a disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva en el recinto. El proyecto en debate propone modificar la ley 26.122, sancionada en 2006, para eliminar el artilugio de la sanción ficta, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.Con esta nueva redacción, el gobierno de Javier Milei quedaría despojado de una herramienta clave para su gestión. En lo que va de su mandato dictó 74 DNU, más del doble que la cantidad de proyectos de ley que presentó al Congreso. Los bloques opositores más duros -Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre- se anticipan dispuestos a avalar la media sanción del Senado y así lo ratificarían al momento de dictaminar. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica tienen dudas y no descartaban anoche presentar un dictamen en conjunto; por de pronto no van a acompañar el dictamen de mayoría, como tampoco lo harán los diputados provinciales de Innovación Federal. En el Senado, sin embargo, tanto radicales como provinciales acompañaron en su momento la iniciativa, lo que revela cuán cambiantes son las posturas en torno de un tema por demás sensible. En vísperas de la elección legislativa, no son pocos los legisladores de la oposición dialoguista que consideran que intensificar en este momento sus ofensivas contra el Gobierno, arrebatándole una herramienta clave de gestión, podría colocarlos en una "posición golpista" que, a la larga, podía resultarles contraproducente en términos electorales. "De allí la decisión de levantar el pie del acelerador y no convocar a sesión especial, al menos esta semana. Después, veremos", indican. Los tiempos, acotadosEl oficialismo, mientras tanto, festeja esta breve tregua. El factor tiempo es clave. El 30 de noviembre próximo vence el período de sesiones ordinarias del Congreso -con lo cual toda la actividad parlamentaria entra en receso salvo que el presidente convoque a sesiones extraordinarias con temario propio-. Ergo, la oposición tiene por delante solo dos meses para llevar adelante sus ofensivas, elección legislativa de por medio. Los libertarios imaginan que si logran hacer un buen papel en esos comicios, el clima político permitirá diluir las futuras avanzadas opositoras y sobrevivir, sin demasiadas magulladuras, hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre. Los oficialistas hacen cálculos: si la oposición se mantiene dividida en este tema podrán respirar tranquilos. A diferencia de lo que sucedió con las leyes sobre financiamiento universitario, emergencia en salud pediátrica y la de discapacidad, en esta oportunidad los bloques de la UCR e Innovación Federal -que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones- no parecen dispuestos a plegarse a la oposición más dura, encarnada sobre todo en el kirchnerismo. Esta división en el frente opositor ya se visualizó cuando, en la última sesión de la Cámara de Diputados, impulsó el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictamine sobre la reforma de la ley 26.122. El resultado de la votación, si bien le fue adversa, fue festejada por el oficialismo: en efecto, los opositores alcanzaron 142 votos, pero los libertarios lograron reunir 88 voluntades gracias al apoyo de la UCR y los diputados provinciales. Esos 88 votos le asegurarían a los libertarios el tercio que necesita para blindar en la Cámara de Diputados un eventual veto presidencial si la media sanción del Senado es convertida en ley. Así las cosas, si bien los opositores contarían con la mayoría absoluta (más de 129 votos positivos) para aprobar la ley, los números no están asegurados para insistir con la norma si resulta vetada.
El Congreso se sacude: cambios clave en DNU y tensión por interpelaciones a ministros
Esta semana el Congreso de la Nación define cambios en el control de decretos presidenciales y crece la presión para que funcionarios del gobierno de Milei rindan cuentas. Leer más
La Casa Rosada activa negociaciones con gobernadores y aliados para frenar el proyecto que limita los DNU de Milei
El Gobierno reconoce que la iniciativa conseguirá ser sancionada, pero que tendrían los votos para ratificarla cuando sea vetada. El Consejo de Mayo se reúne esta mañana en Balcarce 50 para avanzar con el consenso en las reformas libertarias
La Casa Rosada busca apoyo de los gobernadores para frenar la ofensiva opositora contra los DNU de Milei
CÓRDOBA.- Mientras Diputados se dispone a tratar esta semana en comisión el proyecto de ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), ya se iniciaron gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que algunos gobernadores impulsen a sus legisladores a no aprobarlo. Hasta ahora ese número no está â??por lo que podría demorarse el tratamiento en el recintoâ??, aunque sí tienen los votos necesarios para sostener el seguro veto presidencial.El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece un plazo de 90 días de corrido para que los DNU sean aprobados "con mayoría absoluta" por las dos cámaras del Congreso. Ante el silencio del Congreso o el voto negativo de una de las dos cámaras, el DNU cae de manera automática.En la actualidad, los DNU rigen desde su publicación y si el Congreso no se pronuncia, son convalidados, lo que se conoce como "sanción ficta". También alcanza para ratificarlos que una sola de las cámaras lo apruebe. Así lo establece la Ley 26.122, impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, en beneficio del presidente Néstor Kirchner. Desde que rige esa ley, el Poder Ejecutivo tiene más herramientas y facilidades para legislar que el Congreso.Los números que todas las partes usan como base del cálculo de lo que podría pasar con la iniciativa es el de la votación que se registró en Diputados cuando la oposición pidió tratar el expediente sin dictamen. No logró la mayoría especial necesaria: sobre 231 legisladores (26 ausentes), 142 levantaron la mano a favor y 88 en contra. De repetirse ese esquema el sostenimiento del veto está garantizado, pero además el oficialismo descuenta que podría sumar algunos apoyos más entre los ausentes. En cambio, para conseguir que se rechace directamente el proyecto tienen que dar vuelta votos de un número más amplio de diputados. "En plena campaña, es difícil", plantearon desde una gobernación que varias veces jugó aliada con los libertarios."Hay gobernadores a los que no les gusta nada esa iniciativa, menos los que tienen posibilidades o aspiraciones de llegar a la Casa Rosada", sostienen desde Interior. El tema fue parte de las conversaciones que Catalán tuvo con algunos de los mandatarios con los que se reunió, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Los diputados que responden al salteño rechazaron tratar el proyecto, mientras que los tres del tucumano estuvieron ausentes. Por supuesto, alineados con la Casa Rosada están los socios electorales de La Libertad Avanza (LLA): Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los libertarios también cuentan como propios los votos de los legisladores que responden al misionero Hugo Passalaqua y al sanjuanino Marcelo Orrego. Desde ese sector califican a la iniciativa de "sin sentido" y sostienen que no sólo afecta a la actual gestión sino a los próximos gobiernos. Enfatizan que, en el caso del libertario, es todavía más necesario que el proyecto no avance, porque aun con un triunfo en octubre no va a tener mayoría en el Congreso.Para el oficialismo es clave poder frenar la iniciativa. La ponen en el mismo nivel de importancia que la aprobación del presupuesto 2026. En las conversaciones que vienen teniendo con gobernadores e incluso con diputados, los representantes del oficialismo subrayan que se encuentran con otra disposición al diálogo. "Hemos aprendido", le aseguró un negociador a un mandatario e inmediatamente añadió que "después del 26 de octubre" podrán comprobar que es así. Después de la promesa de auxilio financiero de los Estados Unidos, que descomprimió la crisis cambiaria, la capacidad de gestión política del oficialismo está en el centro del análisis. En el bloque de mandatarios de Provincias Unidas hay posiciones diferentes. Los diputados que responden al correntino Gustavo Valdés y al cordobés Martín Llaryora ya votaron por la afirmativa cuando se intentó aprobar el proyecto, que en el Senado fue impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo. En cambio, los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no apoyaron.
La oposición presiona para sesionar en Diputados y aprobar los cambios en la ley de DNU
El Gobierno adelantó que la vetaría. El temario incluiría la aprobación de los cambios en el reparto del impuesto a los combustibles y la insistencia por la ley de ATN. La Casa Rosada intensifica las negociaciones con gobernadores
La oposición avanza con un proyecto para limitar los DNU y hay alarmas en el Gobierno
Los bloques en Diputados aceleraron el debate de la reforma que busca reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al dictar decretos de necesidad y urgencia. La iniciativa, con media sanción del Senado, permitiría anularlos con el rechazo de una sola de las cámaras y fija plazos más estrictos. Leer más
El Gobierno desestima el impacto de un avance contra Francos pero está en alerta por la ley de DNU y dice que la vetaría
El Gobierno tiene en claro que enfrentará, en las semanas previas a la elección, a una oposición muy envalentonada en el Congreso que quiere ponerle límites institucionales al Poder Ejecutivo. En la agenda parlamentaria se acumulan temas sensibles: desde el proyecto de ley que restringe al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) hasta la posible interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el decreto que puso en suspenso la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad (que fue vetada y refrendada por dos tercios de ambas Cámaras). No todos los temas preocupan de igual modo a la Casa Rosada: con el eventual pedido de interpelación de Francos, cerca de Milei ven una posibilidad de exhibir a la oposición con un ánimo "destituyente" y observan que pueden teatralizar los lemas de la campaña libertaria. "Lo que está haciendo la oposición con Francos es excesivo y eleccionario. Que lo hagan... que suban el clima de golpismo antes de los comicios", chicaneó hoy un importante colaborador de la Casa Rosada. El lunes, mediante el decreto 681/2025, Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación alegando que la norma carece de fuentes de financiamiento. El Poder Ejecutivo se basó en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional que señala que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos" y que "en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".El decreto de Milei agrega que, dado que el Poder Ejecutivo ya remitió el proyecto de ley de Presupuesto 2026 "corresponde que los recursos para cubrir los gastos de la ley de emergencia en discapacidad "sean considerados en dicha discusión parlamentaria". EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHOJunto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.ð???ð??¼ Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.ð???ð??¼ Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.ð???ð??¼ Por no reasignarâ?¦ pic.twitter.com/FoPFUI3Nue— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025En la Casa Rosada defendían hoy la decisión oficial, no solo en el plano político, sino también en términos jurídicos. "El Poder Ejecutivo no suspendió la ley, la ley nació suspendida en virtud de una regla que puso el propio Congreso. Si ejecutábamos, hubiéramos estado incumpliendo el marco jurídico vigente. No importa cómo fue sancionada la ley de discapacidad, si fue por mayoría simple o con una insistencia de dos tercios de las Cámaras después de un veto. Se dio el supuesto por el cual hay una ley sin fuente de financiamiento y, por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, que fija cuál es la consecuencia, quedó suspendida su ejecución hasta que aparezcan las partidas", señaló un importante funcionario a LA NACION. Qué pasóLa oposición en el Congreso, no obstante, alegó que hubo una "violación a la división de poderes" y dio pasos concretos para contraatacar la decisión del Gobierno. El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, con el apoyo de sus pares Miguel Pichetto y Emilio Monzó, presentaron un proyecto de resolución para interpelar a Francos como un paso previo para aplicar, eventualmente, la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución, una figura que implica la remoción del jefe de Gabinete y que hasta ahora, desde la reforma constitucional de 1994, nunca se puso en práctica. También hubo pedidos análogos de los bloques Unión por la Patria en Diputados y en el Senado. Hoy, Francos dijo que "en cuanto le fijen una fecha" se someterá a la interpelación en el Congreso. "Es cierto que es la primera vez que pasa que un jefe de Gabinete, pero está dentro de la Constitución, así que yo no tengo más remedio que concurrir. No le tengo ningún temor a la discusión", dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Rivadavia. En la Casa Rosada conocían que existía un ánimo en la oposición para avanzar por el camino de la moción de censura desde que trascendió mediáticamente, días atrás, que el Poder Ejecutivo no aplicaría la ley de discapacidad. "Hay una parte de la oposición que está subida a una moto. Pero todavía faltan 40 casilleros para llegar al escenario de la remoción de Francos", apuntó un asesor oficial. El jefe de Gabinete, no obstante, hoy alardeó: "No me ata al cargo nada más que servir a mi país y acompañarlo a Milei. La variable de ajuste no soy yo, es el equilibrio fiscal". Para llegar al escenario límite de la remoción del ministro coordinador es necesario que la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialismo, dictamine primero el llamado a interpelación. La oposición debería votar un emplazamiento, obtener dictamen y, una vez concretada la cita de la interpelación, avanzar en la segunda etapa, la de la moción de censura, que requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada Cámara. El Congreso aprobó la ley de Emergencia en Discapacidad. Milei la vetó. El Congreso insistió, con 2/3 de los votos.Milei promulga la ley, pero no la aplica.Desde @Diputados_UxP y @Senadores_UxP vamos a avanzar en la solicitud de moción de censura al Jefe de Gabinete.â¬?ï¸? pic.twitter.com/kkUnrMHN9L— Diputados UP (@Diputados_UxP) September 23, 2025En Balcarce 50 instalaron que, además, si el Congreso remueve a Francos, "Milei podría volver a nombrarlo en el cargo". Ley de DNUDistinta es la preocupación que en el oficialismo genera el avance del proyecto que busca limitar la posibilidad de que el Presidente gobierne con un uso intensivo de los DNU. La iniciativa tiene media sanción del Senado, comenzó a tratarse hoy en comisión y podría dictaminarse en Diputados la semana próxima. Así, quedaría a un paso de ser sancionada en el recinto, incluso antes de las elecciones del 26 de octubre. La iniciativa modifica la ley 26.122, sancionada durante el mandato de Néstor Kirchner y por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, que fija la "sanción ficta": si el Congreso no se pronuncia ante un DNU, el decreto queda automáticamente convalidado. Lo mismo que si una sola de las cámaras lo aprueba.El proyecto que ahora avanza en el Congreso establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen, queda derogado de manera automática. Es decir que Milei perdería una de las herramientas más importantes, a las que echó mano para gobernar con el oficialismo en minoría en ambas Cámaras. En ese caso, el Gobierno entiende que la sanción de esa ley puede asestar un duro golpe a Milei en términos de previsibilidad política e institucional y aportar mayor vulnerabilidad en un momento económico delicado. En ese caso, tanto en Balcarce 50 como en Diputados anticipan que apelarán a un trabajo político con los gobernadores. Tal como publicó LA NACION, en las últimas horas un ministro señaló: "Tenemos que lograr un acuerdo con los gobernadores para frenar este proyecto. Cualquiera que quiera gobernar a la Argentina necesita el DNU como instrumento".Un colaborador del oficialismo anticipó: "Podemos tener dictamen y que sea ley antes de la elección. Y podemos vetarla. El emplazamiento para que esto sea tratado en comisión salió con 144 votos contra 88, no por dos tercios. Creemos que los gobernadores no van a empujar esta agenda".
Diputados acelera la reforma de los DNU y pone en jaque una de las principales herramientas de gobierno de Milei
La oposición en Diputados abrió hoy el debate de un proyecto que busca recortar de manera sustancial la posibilidad de que el Poder Ejecutivo gobierne por decreto. La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, se dictaminará la semana próxima y quedará lista para llegar al recinto de la Cámara baja. Si se sanciona, podría significar un revés sensible para Javier Milei, que en minoría parlamentaria se apoyó en esta herramienta para defender su gestión.El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales -presidida por el libertario Nicolás Mayoraz- y de Peticiones, Poderes y Reglamento, a cargo de la macrista Silvia Lospennato, fue convocado tras el emplazamiento opositor aprobado en la última sesión, luego de que el oficialismo se negara a habilitar la discusión. Para los libertarios y sus aliados, el avance opositor es algo más que un debate institucional: lo califican como una maniobra "destituyente" que busca restarle margen de acción al Presidente.Mayoraz abrió la discusión recordando que el recinto fijó el 30 de septiembre como fecha límite para dictaminar. Mónica Litza, de Unión por la Patria, defendió la reforma como un paso en la línea de limitar el presidencialismo y recordó que la ley 26.122, impulsada en 2006, creó un sistema de control que terminó convertido en la regla para este gobierno. "A este Gobierno no le gustan los consensos y no se toma el trabajo de armarlos", advirtió.Christian Castillo, del Frente de Izquierda, fue aún más directo: denunció que Milei ejerce "atributos de monarca sin corona" y desconoce al Congreso al aplicar normas por decreto.Desde el Pro aparecieron miradas encontradas. Patricia Vásquez, aliada al oficialismo, acusó a la oposición de hipocresía y recordó que el kirchnerismo se benefició con la ley y que Alberto Fernández dictó 178 DNU sin mayor cuestionamiento. Defendió la excepcionalidad de la herramienta, prevista en la Constitución del 94, y cuestionó a quienes -según dijo- buscan limitar las facultades de un presidente electo.En contraste, Silvia Lospennato se desmarcó con fuerza de sus pares. Reafirmó que la ley 26.122 fue inconstitucional desde su sanción y recordó que el Pro presentó una docena de proyectos para modificarla desde 2008. Citó al exsenador Federico Pinedo para subrayar que "no puede ser más fácil aprobar un decreto que una ley". Denunció la "hipocresía" de quienes hoy "lloran república" tras haber defendido el sistema cuando les resultaba funcional y, en un tiro por elevación hacia su propio bloque, aseguró que sostendrá la coherencia que mantuvo su partido durante las últimas dos décadas.La respuesta vino de Silvana Giudici, otra diputada del Pro pero aliada al Gobierno. Advirtió que no se puede analizar la reforma fuera del contexto político: "No es lo mismo un gobierno con mayoría propia que uno en minoría". Señaló que el Congreso ya rechazó cinco DNU y dos vetos presidenciales, prueba -según dijo- de la buena salud institucional, y sugirió que una modificación de este alcance debería discutirse en otro momento, no en plena campaña electoral.Rodrigo De Loredo, jefe de la UCR, introdujo un planteo más teórico. Citó a John Rawls y defendió la necesidad de reglas universales, aplicables a todos por igual. Consideró "antijurídico" aplicar un estándar de exigencia solo a un gobierno débil en el Congreso, cuando otros con mayor poder actuaron con laxitud. "Es preferible una norma imperfecta aplicada universalmente que una perfecta aplicada de manera discrecional", sostuvo, aunque advirtió que una praxis "arbitraria e inequitativa" puede volverse "desestabilizadora" y, paradójicamente, servirle al propio Gobierno como excusa para eludir sus errores.Francisco Monti, radical de la Liga del Interior y aliado al oficialismo, también se mostró en contra de la reforma. Argumentó que los decretos, aunque no sean leyes, tienen efectos idénticos y no pueden caer por la mera inacción legislativa. Alertó, además, que aprobar el cambio equivaldría a "entregarle el monopolio legislativo al PJ", dado que el Senado está bajo su control desde 1983.El cierre estuvo a cargo de Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria. Denunció la falta de coherencia de los bloques opositores y recordó que en el Senado votaron a favor nueve radicales y cinco legisladores del Pro. Recalcó, además, que nunca hubo un decreto tan abarcativo y polémico como el DNU 70/2023.El proyectoEl proyecto modifica la ley 26.122, que fijó la regla de la "sanción ficta": si el Congreso no se pronuncia, el decreto queda automáticamente convalidado. Para derogarlo se requiere el rechazo de ambas cámaras, lo que en los hechos facilita su vigencia.La nueva redacción invierte el esquema. Se propone la eliminación, la sanción ficta y se establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen, queda derogado de manera automática. También bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto, y el mismo criterio regirá para los decretos dictados en virtud de delegaciones legislativas.El texto introduce más límites: prohíbe los decretos ómnibus, como el DNU 70/23, y obliga a que cada norma se limite a un único tema. Además, habilita al Congreso a sesionar durante el receso de verano para tratarlos, aun sin convocatoria a extraordinarias, y replica la regla de las leyes: el Ejecutivo no podrá emitir un decreto de similares características sobre la misma materia hasta el inicio del siguiente período legislativo, el 1° de marzo.La iniciativa fue aprobada en el Senado por 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, gracias al apoyo de casi todo el arco opositor. Solo el oficialismo y la bulrrichista Carmen Álvarez Rivero (Pro) votaron en contra. Los provinciales de Misiones se abstuvieron.
Diputados debatirá un límite al uso de DNU por parte del Gobierno
La oposición impulsa un proyecto que busca restringir el uso de decretos de necesidad y urgencia. El oficialismo teme perder una de sus principales herramientas de gobierno. Leer más
Cartas de lectores: Tapitas, no aflojar, DNU
TapitasJuntemos cientos de miles de tapitas plásticas de gaseosas, aguas, jugos y todas aquellas que tengan el sello de polipropileno. Llevemos las tapitas al Congreso de la Nación, donde se reciclarán y con lo recaudado se hará frente a los sueldos de los diputados que acaban de ratificar el financiamiento del Garrahan y las universidades. Entiendo que los diputados no quieren romper el superávit fiscal, por lo que pondrán sus sueldos a disposición del Garrahan y de las universidades.Mercedes Moreno Klappenbachmechimorenok@gmail.comNo aflojarVolviendo en tren el pasado domingo, un rapero colombiano nos dio una lección de vida con sus estrofas y un mensaje de esperanza a todos los del vagón que disfrutamos de esos minutos en que nos sacudió en el corazón. Dentro de su mensaje componedor nos hizo recordar que "el cambio lo tenemos que hacer cada uno desde adentro del corazón. Conectar el corazón con nuestra alma, y que podemos llegar muy lejos; más consciencia y menos ego".En esta Argentina de hoy, donde tenemos una oportunidad histórica de enderezar los desajustes de tantos años, no dejemos nosotros, los ciudadanos, de seguir luchando -a pesar del sacrificio que estamos haciendo- para buscar salidas a este muy difícil momento de nuestro querido país. No nos podemos dar el lujo de aflojar.Miguel Martin y HerreraDNI 14.525.621DNUCoincido con lo manifestado en su columna por el Dr. Christian Alberto Cao (La reforma de la ley de DNU, aciertos y soluciones) en la necesidad de cambiar la ley 26.122 del 2006 que regula los DNU, pero no con la ocasión de hacerlo. Estos superdecretos constitucionalizados en la reforma de 1994 pugnan con la esencia del republicanismo, pero igualmente repugna la intención de cambiar las reglas de juego en la mitad de un mandato presidencial. Es evidente que esta reforma ahora busca acorralar a un presidente que proclama reencuadrar al país en los principios liberales de nuestra Constitución. Ello minimizando la herramienta con la que cuenta hasta poder ampliar su bloque legislativo proporcionalmente a su amplio triunfo electoral, para equilibrar un Congreso que se conformó antes de su categórico resultado. No es casual que, luego de 20 años de infructuosos proyectos de reformarla o sustituirla, recién ahora se coincida en modificar la ley de CFK. Entonces correspondería dar curso a la iniciativa recién a partir del próximo mandato presidencial, lo que resguardaría todos los intereses.Horacio M. Lynch (lynchhoracio@yahoo.com)Carga impositivaEs increíble y lamentable la carga impositiva que tenemos los ciudadanos con varios productos. En la compra de automóviles nacionales los impuestos llegan al 50% del precio y en los importados supera el 100%. En estos casi dos años de gobierno se nota que a la motosierra del presidente le falta nafta. Nadie pretende que en tan poco tiempo se elimine toda la excesiva carga impositiva que los argentinos tenemos desde hace años, pero el rubro automotor podría haber sido una buen ejemplo para iniciar una nueva etapa. Esperemos que con una mejor elección en octubre el gobierno tenga más respaldo y pueda poner en marcha allí la motosierra.Horacio MieresDNI 8.608.530Sin agraviosSr Presidente, un humilde aporte: evalúe cada medida suya a la luz de la confianza que genera o destruye. Por ahí pasará el éxito en la próxima elección y, consiguientemente, de su gestión.Ni viajes, ni peleas, ni discursos, ni agravios, ni culpar a kukas o no kukas podrán ayudarlo tanto y quizá a tiempo, para sobrevivir a estas semanas como quitar protagonismo a su hermana, acercarse a Macri, López Murphy, los gobernadores, los científicos, maestros, y tantos otrosâ?¦ Pero en serio. Con agravios generalizados está licuando la confianza de todos. Sáquese la venda, no es una pérdida de confianza pasajera.Alfredo de las CarrerasDNI 13.407.514Ascenso socialEn referencia a la carta del Sr. Jorge Augusto Cardoso (18/9/25), recuerdo a mi bisabuelo, el Dr. Antonio Canuto Gandolfo, jefe de Clínica Quirúrgica del servicio de cirugía general del Dr. Ignacio Pirovano en el Hospital de Clínicas José de San Martín, graduado en 1882, figura en el censo de 1869, con 12 años de edad, como uno de los cinco hijos de un zapatero italiano, habitando una vivienda, que sería muy modesta, emplazada en la misma manzana en que se encontraba el Mercado de Abastos de esa época. Su indudable capacidad personal, su propio esfuerzo y el de su familia permitieron su acceso a la universidad y su ascenso social sin subsidios del Estado.Rafael Domingo GandolfoDNI 7.988.546EstacionamientosEstoy asombrada por la cantidad de personas discapacitadas que existen en la ciudad de Buenos Aires. .Si recorremos la capital en un auto buscando donde estacionar y atisbamos un espacio libre muchas veces nos equivocamos, no está libre, existe ahí un letrero que dice "Reservado para vehículo patente... " etc. Me pregunto: así como se han descubierto personas que cobraban pensiones por discapacidad y no la padecían, se me ocurre que quizás pase lo mismo con los lugares reservados para que estacionen sus autos en la puerta de sus viviendas. No vendría mal, ya que se están investigando tantas situaciones sospechosas de falsedad, que se averigüe fehacientemente cuanta realidad hay en esos carteles que restringen, aun más, la posibilidad de estacionar.Emma PuigDNI 3.868.597
La oposición busca aprovechar la debilidad parlamentaria de Milei para lograr una reforma clave de los DNU
La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, limitaría considerablemente el marge de maniobra del Poder Ejecutivo y cambiaría por completo la lógica de los gobiernos en minoría. El peronismo busca aprobarla el 1 de octubre, antes de las elecciones
El Congreso ya tiene fecha de dictamen para la reforma de la Ley de DNU y Milei podría sufrir una nueva derrota
Diego Giuliano, diputado de UxP, quien llevó adelante este proyecto, advirtió que "la Justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU". Leer más
Diputados avanza con la modificación a la ley de DNU que buscar limitar el poder de Milei
La oposición aprobó un emplazamiento para dictaminar el proyecto -que ya tiene media sanción del Senado- la semana que viene.