El salteño Gustavo Sáenz también criticó al oficialismo por la falta de obras en las rutas.
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Advierten que sin diálogo la reforma podría derivar en imposición; plantean incluir a todas las fuerzas políticas en su diseño
CÓRDOBA.- El frente de los gobernadores mantiene su decisión de que la Cámara de Diputados apruebe los dos proyectos que impulsó y que tienen media sanción del Senado. Plantean que si son convocados por la Casa Rosada para dialogar, aceptarán, pero no están dispuestos a renunciar a los recursos del fondo de ATN (se conforma con la coparticipación) y a la distribución del impuesto a los combustibles líquidos que va a tres fondos fiduciarios. Sobre ese punto "no hay marcha atrás", insisten. La distribución propuesta alcanza los $2.308 millones entre agosto y diciembre de este año; de los que $1.291 millones van a las provincias. En el caso del fondo de los ATN, que solo repartió el 20% de lo reunido, el costo fiscal que calculan para Nación es de 0,03% del PBI ($253.000 millones) y el de la reasignación del dinero de los fiduciarios, 0,08% ($714.000 millones). Aunque Guillermo Francos, trató de calmar los ánimos y sostuvo que "no todos los gobernadores son iguales", los mandatarios admiten que la figura del jefe de Gabinete está "desgastada". Algo similar, "pero menos", refieren algunos sobre Santiago Caputo, a quien ven "corrido" del núcleo de decisiones libertario.Desde el grupo de lo que era Juntos por el Cambio (JxC), varios dicen que la Nación tiene márgenes para negociar para sostener el veto al paquete previsional (suba de jubilaciones, bono y moratoria) sancionado por el Senado. Pero ninguno se baja del reclamo por "los fondos que les pertenecen a las provincias".Tal como contó este diario hace varias semanas, que los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño firmaran los proyectos fue una "garantía" para que "ninguno sacara los pies del plato". Algunos de ese grupo que no tienen senadores -Marcelo Orrego, Claudio Poggi y Carlos Sadir- sí tienen diputados con lo que podrían aportar votos para sostener el veto. La expectativa está en qué piezas está dispuesta a mover la Rosada.El jujeño Sadir dijo que "no es que todos queremos perjudicar al Gobierno; a lo largo de este tiempo que está gobernando el Presidente Milei, hemos colaborado y mucho para que el gobierno llegue y tenga esta situación de equilibrio y superávit". También recordó que fue con "diálogo" que se superaron las diferencias que hubo con la Ley de Bases. "Si lo que quieren es vernos en el piso y pasarnos por arriba, la situación se hace muy compleja", insiste uno de los gobernadores que más cercano a Nación se mostró en todo este tiempo. Incluso después de que en el acto del 9 de Julio el Presidente los criticara duramente, ese grupo sostuvo que solo avalaría los dos proyectos acordados por todos, no el resto de iniciativas. Horas después el correntino Gustavo Váldes tomó otra opción.En Diputados los dos proyectos de ley van a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, y a la de Finanzas, a cargo de Alberto Benegas Lynch. "Ambos intentarán dormirlos para ganar tiempo", razona un mandatario.El viernes por la tarde ya había malestar extra porque los giraban "a varias comisiones más, sin ningún sentido". Es el presidente del cuerpo, Martín Menem, quien resuelve ese tema. "Ya se le dijo que no haga pases abusivos porque habrá problemas", desliza un legislador provincial.Los gobernadores apuntan que, si quieren, también tienen el número de votos para tratarlos sobre tablas. Todo está atado a la dinámica que tome el conflicto abierto con Nación.Oxígeno financieroEn las reuniones que los gobernadores mantuvieron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman les dijo que si eliminaban los fiduciarios -un objetivo que el propio Milei se propuso desde antes de asumir- también le daban las rutas para que las mantuvieran. Claro que no todas las rutas del país se sostienen con esos fondos; la mayor parte están a cargo de Vialidad, disuelta hace unos días.En el caso de los ATN la iniciativa plantea distribuir de manera automática y diaria el 100% de los recursos que ingresan al fondo siguiendo el esquema de la coparticipación. De esa manera, precisa un informe del Programa de Asistencia Legislativa del Ieral de la Fundación Mediterránea, Nación "ya no podría disponer discrecionalmente de los montos devengados, pero pasará a formar parte del reparto automático propuesto. Mientras que en el diseño original el 100% de los fondos debían ser distribuidos entre las provincias, de aprobarse el gobierno nacional pasaría a recibir un 41,2% de la distribución". Señala que, no obstante, si se evalúa desde los hechos que primaron en los últimos años, la "Nación perderá financiamiento. Por ejemplo, entre 2024 y lo que va de 2025, gracias a la sub ejecución del fondo la Nación se apropió de casi el 90% de los recursos".Por el lado de las provincias, la mayoría ganaría. En función de los recursos recibidos por ATN en los últimos tres semestres (2024 y 2025), "salvo Chubut, todas las jurisdicciones tendrían mejoras respecto a lo recibido desde 2024. Córdoba sería la más beneficiada con ingresos adicionales".
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El conflicto entre Nación y Tierra del Fuego estaba latente desde la asunción de Javier Milei y se desató con el anuncio de la baja de aranceles para la importación de celulares, aire acondicionados y televisores. La isla, además de tener un régimen de promoción cuenta con un fondo fiduciario que acumula unos $180.000 millones. Hace un mes, en su presentación en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno busca eliminarlo y sostuvo que su manejo es "poco transparente y opaco". La administración está a cargo de tres funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.Los fideicomisos estuvieron en la mira de Milei, quien los tildó de "caja de la política". Por decreto, ya se eliminaron 24, por ejemplo el de Desarrollo de Capital Emprendedor, el de Refinanciación Hipotecaria, el de Emergencias, el Progresar o el de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El fueguino resiste.El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) fue creado en el 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández para complementar el régimen de promoción de 1972 y está constituido por aportes privados. Las ensambladoras radicadas en la isla, excepto las textiles, destinan 15% de los beneficios que les genera el no pago de IVA. El tres por ciento del FAMP se destina a gastos administrativos.El régimen fiscal y aduanero especial de Tierra del Fuego tiene vigencia hasta finales de 2038 (fue extendido en 2023); el año pasado, algunos beneficios fueron acotados, como las exenciones impositivas y aduaneras a la mitad de las empresas del sector textil adheridas.Noelia Ruiz, exdiputada bonaerense del PRO y cercana a Santiago Caputo, es quien preside el comité ejecutivo que administra ese fondo fiduciario que logró, hasta ahora, sobrevivir a los recortes que viene haciendo el gobierno nacional. Apenas asumió Milei, durante el debate de la Ley Bases, diferentes voces se levantaron preguntando por qué la Casa Rosada mantiene beneficios para la isla que tienen un costo fiscal de alrededor de 1000 millones de dólares.En diciembre pasado, el directorio aprobó el proyecto de un puerto multimodal en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia, ambos impulsados por la empresa Mirgor, de los Caputo. También se discutió una iniciativa para Newsan y otro solicitado por la administración provincial de Gustavo Melella. En total hay unas 40 iniciativas presentadas; la mitad, con la aprobación necesaria, pero la mayoría de esas, sin la asignación de fondos. Por caso, la provincia impulsó la interconexión de los gasoductos San Martín y Fueguino por $1260 millones y la ampliación de la matriz energética por $1450 millones, y la intendencia de Río Grande, la ejecución de infraestructura de un parque industrial por $5000 millones.Por decreto, en febrero, el Gobierno actualizó la distribución del fondo fiduciario. El 60% debe destinarse al financiamiento de proyectos productivos, de ciencia, tecnología y economía del conocimiento, y el 40% restante, a inversiones en obras de infraestructura de la provincia y sus municipios. Quedó establecido que "en ningún caso y por ningún motivo se podrán asignar fondos para financiar gastos corrientes de la Administración Provincial ni de ninguna otra dependencia del Sector Público Nacional, Provincial y/o Municipal". También se fijó que las empresas adheridas puedan usar "hasta un 40% del monto correspondiente al aporte mensual obligatorio a proyectos de inversión productivos propios que se enmarquen en los objetivos de ampliación de la matriz productiva y mejora de la competitividad". Antes debe aprobarlos el comité ejecutivo.
Reconocen que podrían llegar a un punto intermedio, por la pérdida de rentabilidad de las empresas frente a costos en alza. Admiten que una suba razonable sería un número similar a la inflación de marzo o la devaluación de abril, de no más del 3% y solo en ciertos productos.
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