Un giro en la política migratoria de Texas toma una nueva dimensión.
Greg Abbott compartió en redes sociales algunas cifras que muestran los resultados de la colaboración entre la seguridad local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La publicación del gobernador, acompañada de cifras contundentes, dejó al descubierto una operación que confirma el rol creciente de la Policía estatal en arrestos de migrantes que antes eran exclusivos de las autoridades federales.El respaldo de Abbott a Trump en la política migratoria: así avanza el ICE en TexasEn su publicación, Abbott destacó que los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) colaboraron de manera directa en la captura de más de 3000 inmigrantes indocumentados en lo que va de 2025. Según el gobernador republicano, estos arrestos se realizaron en distintos puntos del Estado de la Estrella Solitaria. Los detenidos luego fueron entregados al ICE para su deportación.La cifra, confirmada en una investigación de Spectrum News basada en registros públicos, corresponde a arrestos realizados entre fines de enero y principios de septiembre. Los datos muestran que los llamados "equipos de choque" creados por orden directa del gobernador representaron un cambio sustancial en la estrategia de seguridad estatal, que ya no se limita a la vigilancia en la frontera con México, sino que se extiende a todo el territorio texano.Operación Lone Star 2.0: Texas incrementa su colaboración con el ICE para combatir la migración ilegalLos documentos obtenidos por la prensa revelaron que, en apenas ocho meses, los equipos del DPS registraron 3131 detenciones de inmigrantes. El 88% de esos casos estuvo relacionado con sospechas de violaciones a leyes federales de inmigración, como la entrada irregular al país norteamericano. Se trata de un escenario inédito en Texas, ya que la aplicación de esas normas es competencia exclusiva del gobierno federal.Sheridan Nolen, vocera del DPS, explicó que la actual "Operación Lone Star 2.0" se desarrolla en todo el estado, con personal desplegado para "combatir e interceptar actividades criminales vinculadas al cruce fronterizo". En sus declaraciones al medio citado, señaló que los oficiales "tienen jurisdicción para proteger y servir cada rincón de Texas", aunque remarcó que las detenciones deben basarse en "causa probable".Los reportes oficiales confirman que los equipos especiales actúan en coordinación con agencias federales, incluso en las grandes ciudades de Texas. Muchas de las detenciones, casi 700, tuvieron lugar en áreas metropolitanas como Houston, Dallas y Austin.Algunos de los casos que exponen el alcance de la colaboración entre Abbott y el ICE en TexasLos informes revisados por el medio citado ofrecen un panorama de cómo se ejecutan las detenciones y a quiénes apuntan. Algunos ejemplos marcan la diversidad de perfiles entre los arrestados:En Austin, un ciudadano hondureño fue detenido tras un control vehicular por registro vencido, luego de que un agente del ICE confirmara que había permanecido en el país norteamericano con una visa vencida. Aunque en 2022 enfrentó una denuncia por violencia doméstica, el caso fue archivado.En Dallas, un hombre fue arrestado en su vivienda después de que la Policía rastreara datos de GPS. No tenía antecedentes penales registrados en bases locales o federales.En Houston, un operativo conjunto permitió incautar marihuana, cocaína y metanfetaminas por un valor de 16.000 dólares. En este procedimiento fueron detenidas dos personas con antecedentes por narcotráfico.Estos ejemplos muestran que, si bien algunos arrestos se relacionaron con actividades delictivas graves, otros involucraron a migrantes sin historial criminal.El medio citado indicó que alrededor de 2,1 millones de personas indocumentadas residen en Texas, lo que convierte al estado en el segundo con más migrantes sin papeles, después de California. De acuerdo con los registros de DPS, hacia mediados de agosto pasado, las autoridades estatales habían identificado a 6500 extranjeros con órdenes de captura por delitos graves, entre ellos homicidio, tráfico de drogas y trata de personas.El director del DPS, Freeman Martin, resumió la misión ante la Comisión de Seguridad Pública: "Ahora mismo, vamos tras los migrantes que representan la mayor amenaza para las comunidades. Y son muchos".
La jueza Victoria Mosmann ordenó publicar en sitios oficiales y en el Centro de Contraventores los datos de la acción que denuncia aprehensiones arbitrarias en Salta. Las autoridades tienen diez días para responder.
Las últimas etapas llegan en el momento de peor relación entre España y el país de Netanyahu
A principios de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) inició una serie de redadas en California que dio pie a la detención de más de ocho mil migrantes. Muchos de estos arrestos ocurrieron en The Home Depot, lugar donde se reúnen los jornaleros migrantes. Home Depot, un espacio para los jornaleros A lo largo de las décadas, la compañía minorista se ha convertido en un punto de encuentro tradicional para jornaleros migrantes, quiénes suelen reunirse en los estacionamientos o frente a las tiendas en busca de empleo. Tras congregarse en estos espacios, la agencia ha coordinado redadas en múltiples locales de The Home Depot en el Estado Dorado, que representan una disputa por la aplicación de las leyes migratorias. "Home Depot, les guste o no, es el epicentro de las redadas", sostuvo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, un grupo que representa a cientos de empleados de Los Ángeles.La última oleada de redadas frente a la compañía minorista comenzó a inicios de agosto, cuando un hombre que conducía un camión de mudanzas Penske en Westlake solicitó jornaleros. Minutos después, agentes de la Patrulla Fronteriza saltaron de la parte trasera del vehículo y comenzaron a perseguir a la gente. En tota, 16 personas fueron arrestadas. "No solo se llevan a jornaleros. También reciben clientes de Home Depot que parecen jornaleros y que hablan español", detalló Alvarado. La exigencia de los migrantes a Home DepotDado el incremento de las detenciones en Home Depot, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés) presionó a la compañía para que establezca una política que niegue la entrada a agentes del ICE a sus estacionamientos, salvo que presenten una orden judicial válida. "Home Depot se beneficia del trabajo y de las comunidades que hoy son atacadas. Deben decidir si será recordada como la que protegió a sus clientes y comunidades, o como la que guardó silencio mientras el miedo se expandía en su nombre", dijo Roman Palomares, presidente nacional de la organización. La compañía le notificó a fines de junio a CNBC que no estaba involucrado en ninguna operación de ICE. Sin embargo, le aconsejó a los empleados que reporten cualquier incidente relacionado con la agencia tan pronto como ocurra, según consignó Fortune. El posible impacto económico de las redadas del ICE en Home DepotEl último informe del Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía reveló que de los más de 10 millones de inmigrantes en California, alrededor de 2.28 millones no cuentan con documentos legales. Dichos trabajadores representan el 8% del total laboral del estado y contribuyen con casi el 5% del producto interno bruto (PIB) estatal, cifra que se eleva al 9% si se consideran los efectos económicos indirectos.Con esta premisa, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (Ndlon, por sus siglas en inglés) sostiene que los jornaleros desempeñan una función comercial y comunitaria esencial en Estados Unidos.
El operativo se llevó a cabo entre el 25 y el 29 de agosto y participaron 23 divisiones de la DEA dentro del país.
La compañía informa de que los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y se está recuperando gradualmente la circulación
El organismo cuestionó que jueces y fiscales avalen pedidos de encarcelamiento sin un análisis riguroso, lo que ha generado detenciones arbitrarias en distintos procesos
En la Cámara del Crimen N°1 de Sáenz Peña, médicos, funcionarios y referentes sociales declararon contra Daniel Melchiori. Lo acusan de hostigamientos, detenciones arbitrarias y de incumplir órdenes judiciales. Leer más
En agosto, las autoridades aseguraron vehículos y celebraron convenios para reparar daños, subrayando fortalecimiento de procesos judiciales y la aplicación efectiva de la ley
El dirigente sindical Hugo "Cachorro" Godoy relató lo sucedido durante una reunión con un funcionario municipal de la capital cordobesa, que derivó en una intervención de la policía provincial. "Todavía no conocemos un argumento por parte de las autoridades", dijo en la 750.
Más de un centenar de historias clínicas aparecen en uno de los legajos incorporados a las más de 1200 fojas del expediente por el estrago en salud pública que provocó la comercialización en el país de ampollas de fentanilo contaminado con bacterias resistentes a múltiples antibióticos. Son 122 nombres de pacientes que fallecieron en 13 hospitales y sanatorios del país, incluido un centro pediátrico. Los documentos describen diagnósticos, antecedentes clínicos, intervenciones y medicamentos suministrados que las autoridades de esas instituciones de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, más de la ciudad de Buenos Aires, entregaron al Juzgado Federal N° 3 de La Plata. Junto con un primer informe sobre el nexo entre la administración del fármaco y la muerte que elevó el Cuerpo Médico Forense, forman parte de las pruebas que llevaron a una decena de detenciones la semana pasada. Hasta ahora, el juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, había revelado que investigaba 96 casos, 87 confirmados y nueve sospechosos.Entre las detenciones figura la de Ariel García Furfaro, dueño mayoritario de HLB Pharma y "propietario y gerente oculto" -según definió la investigación- de Laboratorios Ramallo, que es donde se elaboraron los lotes de fentanilo contaminado entre el 18 y el 19 de diciembre pasado. Su liberación al mercado está documentada a partir de enero. El director técnico de un laboratorio es el responsable de declarar que el medicamento no causará daños porque cumple con los criterios de calidad y seguridad para su uso. De acuerdo con las detenciones libradas, los directores técnicos de Ramallo eran Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio. Por HLB, era José Antonio Maiorano. Las 122 historias clínicas que ya están incorporadas al expediente corresponden a pacientes que recibieron fentanilo de HLB "al menos desde marzo", según se describe, en 13 centros públicos y privados de ciudades de cuatro jurisdicciones. NóminaLa nómina a la que accedió LA NACION incluye los 20 casos con desenlace fatal por los que le imputan al dueño de HLB Pharma haber integrado -con 16 o más personas que trabajaban para ambas sociedades anónimas- una cadena de decisiones sobre "la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración" de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo de HLB derivado para su elaboración a la planta de Ramallo. Esos 20 casos son, también, los primeros que analizó el Cuerpo Médico Forense con la presencia de peritos de parte. En 12, la junta médica concluyó que la infección generada por las bacterias presentes en el fentanilo agravó lo suficiente el cuadro de los pacientes como para provocar la muerte. Las historias clínicas en el expediente hasta el momento corresponden a:1 paciente del Hospital Subzonal Felipe A. Fossati de Balcarce2 pacientes del Sanatorio Dupuytren de la ciudad de Buenos Aires3 pacientes del Hospital Comunitario de Pinamar 4 pacientes de la Clínica Privada Vélez Sarsfield de Córdoba5 pacientes del Instituto Cardiovascular de Rosario5 pacientes del Sanatorio de Niños de Rosario5 pacientes del Sanatorio Laprida de Rosario6 pacientes del Hospital Cullen de Santa Fe7 pacientes del Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento de Santa Fe15 pacientes del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario18 pacientes del Sanatorio Parque de Rosario20 pacientes del Hospital Italiano de La Plata 31 pacientes del Hospital Italiano de Rosario (sedes centro y sur) La semana pasada, cuando se conocieron las conclusiones de la junta médica, un grupo de familias de víctimas continuaban organizando informes de nuevos posibles afectados que les llegan de diferentes puntos del país, aunque aún no estaban presentados en la causa. Los seis peritos del Cuerpo Médico Forense habían analizado una primera serie de historias clínicas con informes del instituto Malbrán sobre el brote de enfermedad invasiva por las bacterias Ralstonia mannitolilytica (inicialmente señalada como Ralstonia pickettii, otra especie) y Klebsiella pneumoniae aisladas tanto en muestras de pacientes como en ampollas de fentanilo. Trabajaron sobre nueve decesos ocurridos en el Hospital Italiano de La Plata, seis en el Hospital Clemente Álvarez de Rosario y uno, por caso, en el Instituto de Traumatología y Ortopedia/Sanatorio Dupuytren, el Hospital Cullen de Santa Fe y el Sanatorio Parque de Rosario. El uso de fentanilo en quirófano o terapia intensiva, de acuerdo con las historias clínicas, fue en los meses de marzo, abril o mayo. Antecedente tempranoEn abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata aún no había enviado la primera comunicación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sobre el brote en sus unidades de terapia intensiva, ese organismo recibió una planilla desde el Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia con 26 casos de meningitis aséptica, no bacteriana, que desaparecía con los días sin secuelas. Ese programa lo integran 18 asociaciones provinciales de anestesiología. Los casos, según pudo conocer LA NACION, incluían cesáreas y otras intervenciones de bajo riesgo. Pero en todos los casos, que anestesiólogos seguían reportando a ese programa desde el sector público y privado de distintas provincias, tenían en común que habían recibido fentanilo y bupivacaína, otro anestésico. Con los días, la investigación dentro del programa determinó, entre otros resultados, que se habían utilizado dosis de fentanilo del mismo laboratorio -HLB Pharma- y el mismo lote: 31.202. Surgió la sospecha de que, en el caso de los medicamentos administrados, podía haber un desvío de calidad. "Una cantidad grande de pacientes estaban teniendo una complicación muy rara en la anestesia raquídea, un procedimiento muy seguro, con fármacos seguros. Esto, sin duda, era excepcional", remarcó Mariana Flichman, responsable del programa.En ese momento, aún no se hablaba de lo que la Anmat alertó a partir del 8 de mayo. El 28 de abril, vía mail, desde ese organismo regulador respondieron que habían tomado conocimiento de la notificación los departamentos de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgos, junto con el de Vigilancia Post-Comercialización y Acciones Reguladoras, en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Finalmente, el Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia notificó más de 45 casos. "En ese primer momento, no sabíamos si la causa de esas meningitis no infecciosas, que se interpretan como químicas, era el fentanilo o la bupivacaína. Al principio, nos confundía. Pero ya, en ese momento, teníamos casos asociados con ese lote [de HLB]. Aunque no estábamos seguros de cuál de los dos fármacos podían estar provocando esos eventos adversos, lo denunciamos a la Anmat para que se investigara", recordó Flichman. En diálogo con LA NACION, la médica especializada en seguridad del paciente, explicó que se trataba en general de mujeres jóvenes y sanas, en muchos casos que ingresaban a cesárea. "El fentanilo se usa como anestésico en esas intervenciones y las pacientes desarrollaban un cuadro durante 48 o 72 horas de cefalea intensa, algunas con fiebre, convulsiones y síndrome meníngeo [irritación e inflamación de las meninges], que se revertía espontáneamente -repasó Flichman-. Cuando esto se empieza a repetir y en distintas provincias, la ventaja de un programa federal de reporte de incidentes es que permite transformar la anécdota de un caso individual en estadística. Facilita agrupar esos casos y hacer un diagnóstico rápido".
"Nadie nos va a devolver a nuestros familiares, pero sentimos que al fin se empezó hacer justicia por ellos", sintetiza Vanessa, hija de un hombre que murió tras casi dos meses internado en el Hospital Italiano de Rosario y cuyo nombre pidió no revelar. Ella descubrió que el fallecimiento podía estar relacionado con el fentanilo contaminado cuando el caso comenzó a difundirse por los medios de comunicación. Así recibieron algunas familias de las presuntas víctimas del fentanilo la noticia de las diez detenciones ocurridas ayer en la causa que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La lista incluye desde el empresario Ariel García Furfaro, sus dos hermanos y su madre, hasta socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fármaco investigado por haber desatado un brote infeccioso de consecuencias mortales. "Lo primero que hicimos ayer es hablar con Carla y pensar en nuestros papás, que lo estamos logrando por ellos y por todas las familias que encontramos, a las cuales nos abrazamos a la distancia", agregó en diálogo con LA NACION. Carla creó la cuenta @casofentanilorosario para nuclear a las víctimas en Santa Fe y difundir la guía que crearon para quienes sospechan que un ser querido pudo haber recibido fentanilo contaminado. "Sentí un abrazo comunitario entre todos los familiares que estamos en este dolor tan injusto y sentí el orgullo de mi viejo por lo que estábamos logrando, no solo contactar con 17 familias de Rosario que no sabían nada, sino hacernos escuchar en este pedido de justicia", dijo a este medio. "Estamos movilizados, muy movilizados. Ayer nos tomaron por sorpresa las detenciones. Fue muy fuerte, muchas emociones mezcladas. La incertidumbre de no saber si era real la noticia y, a la vez, la emoción de sentir que históricamente teníamos una Justicia respondiéndonos a las víctimas", sumó. Además, García Furfaro fue imputado con la acusación que el grupo de familias representado por la abogada Adriana Franchese -tía de Renato Nicolini, uno de los fallecidos incorporados al expediente judicial- pidió al presentarse como querellante. La fiscal federal Laura Roteta le imputó el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que castiga a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso "resultare la muerte de alguna persona" cuya pena mínima es de 10 años de cárcel y la máxima, de 25 años de prisión. "Lo recibimos de buena manera como una situación lógica, aunque sabemos que la cadena de culpabilidades no termina con la detención de la familia García Furfaro", opinó Daniel Oviedo, cuyo hijo de 44 años falleció en el Hospital Italiano de La Plata tras haber estado internado en terapia intensiva por una crisis tras una convulsión. Oviedo extendió la responsabilidad hacia el gobierno nacional. "Entendemos que en lo penal hay distintos tipos de delitos y acciones de distinto calibre. Pero creemos que la cadena de responsabilidades aún está en las sombras, en referencia al Poder Ejecutivo Nacional y los ministros Federico Sturzenegger [Desregulación y Transformación del Estado] y Mario Lugones [Salud], que son el brazo ejecutor de esta línea de política de estado criminal impulsada por Javier Milei. Nuestra familia tiene esta posición, no puedo hablar por los demás. Cada uno entró con una patología distinta y con el mismo desenlace", detalló.En esa misma línea opinó Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, de 32 años, quien fue derivado al Hospital Italiano de La Plata cuando su cuadro de pancreatitis se agravó. Allí fue operado y recibió fentanilo del lote contaminado N°31.202. "Esto fue una cadena de negligencias, de decisiones que fueron tropiezos tras tropiezos y generaron un hecho totalmente prevenible. Y hoy estamos hablando de más de 100 personas que fallecieron", dijo en una entrevista en LN+. "Es un gran paso que se dio solicitar las indagatorias de los responsables del laboratorio, pero acá hay responsables administrativos, organismos de control", remarcó y recordó que debieron allanar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para conseguir documentación necesaria. Este organismo había efectuado reiteradas observaciones a la cadena de producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, pero no avanzó en sanciones o correcciones que podrían haber evitado que el fentanilo contaminado se comercializara. En ese sentido, el juez Kreplak dispuso que la Anmat ya no sea más querellante en la causa, mientras la fiscal Roteta y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), impulsaron una investigación para determinar la responsabilidad del organismo ante los persistentes incumplimientos en sus deberes de control. Además, el Gobierno separó del cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, que dirigía el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y tenía a su cargo de manera directa el control de los laboratorios. "Estas últimas semanas [el caso] tomó la repercusión que las familias buscábamos y la celeridad y respeto por las víctimas que ya no están. Mi hermano sufrió un infierno, fue horrible verlo en esa situación. Y no hay que olvidarlo", dijo Ayala. La eventual demora de la investigación fue uno de los puntos que las familias remarcaban y temían ante la amenaza del Gobierno, que finalmente no se concretó, de recusar al juez Kreplak. "A nosotros no nos llamó nadie, ningún representante o funcionario público se sentó a hablar con las familias para darnos seguimiento o contención. Hay más de 100 personas fallecidas, hay familias destruidas y hay decenas de decisiones negligentes que llevaron adelante esta tragedia", cerró.
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció que bajarán el límite de edad para quienes quieran trabajar en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El comunicado oficial de Kristi Noem La secretaria comunicó la noticia en una entrevista con Fox & Friends. Allí, confirmó que de ahora en más los solicitantes podrán anotarse a partir de los 18 años. "No tenemos límites de edad para continuar, puedes tener 18 años, ingresar al ICE y unirte a nosotros y ser parte de esto. Te capacitaremos y te prepararemos para que estés listo para salir a las calles y ayudar a proteger a las familias", sostuvo Noem. Con esta normativa, se modifica el estatuto que establece que los solicitantes del ICE debían tener al menos 21 años y no más de 37 o 40, dependiendo del puesto al que estén aplicando.El nuevo reclutamiento del ICEEl pasado 29 de julio, el DHS lanzó una campaña para reclutar nuevos agentes, abogados e investigadores de deportación con el objetivo de "expulsar a los peores criminales de nuestro país"."Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, nuestro país necesita hombres y mujeres dedicados para expulsar a los peores criminales", expresó Noem.El objetivo de la agencia es reclutar 10 mil agentes nuevos. Para ello, lanzaron diferentes carteles patrióticos con el rostro de Kristi Noem y el presidente Donald Trump y la frase "defender la patria". Los incentivos para trabajar en el ICE El DHS, en conjunto con el ICE, ofreció un paquete de incentivos para los usuarios que apliquen para trabajar en la agencia. Entre ellos se encuentran:Un bono de US$50 mil.Opciones de pago y amnistía de préstamos estudiantiles.Pago por disponibilidad para las fuerzas del orden (LEAP) del 25% para agentes especiales de HSI.Horas extra administrativamente incontrolables (AUI) para oficiales de deportación de operaciones de deportación y control (ERO).Beneficios en jubilación.De aceptar estos beneficios, los usuarios deberán pasar por exámenes médicos, exámenes de drogas y completar una prueba de aptitud física. Las razones detrás de la nueva campaña del ICELa búsqueda de nuevos agentes transcurrió un mes después que el Congreso aprobara el paquete fiscal "One big beautiful bill act" impulsado por Donald Trump. En el mismo, se asignaron 170 mil millones de dólares a iniciativas de inmigración y fronteras, lo que representa un gran respaldo para el ICE. "Esta legislación asegura permanentemente nuestras fronteras al realizar la mayor inversión en seguridad fronteriza de la historia y faculta a ICE para deportar a los millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron bajo el mandato de Joe Biden", aseveró el documento del paquete fiscal. Este apoyo económico implica alcanzar el millón de deportaciones anuales. Por tanto, la agencia debe contratar al menos 10 mil nuevos agentes de Inmigración y Control de Aduanas."Miren, esto no es fácil. ¿Diez mil agentes de ICE? Nunca antes había sucedido. Pero les diré esto: ya era hora... con más dinero, podemos hacer más", declaró Tom Homan, el reconocido "zar de la frontera", a Político.
Las autoridades compartieron cifras actualizadas así como el impacto de sus operaciones contra el crimen organizado
Una joven denunció una agresión sexual ocurrida el martes en Ferrol, donde ya hay un detenido, mientras las fuerzas de seguridad mantienen abiertas diferentes líneas de investigación y anticipan posibles arrestos vinculados al entorno de la víctima
Nueva York es una de las ciudades santuario más apuntadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En específico, la agencia migratoria emitió en apenas seis meses más de 6000 solicitudes de arresto en la Gran Manzana, lo que represente un incremento de más del 400% en comparación con los niveles registrados durante la administración Joe Biden. El ICE intensifica las solicitudes de detención en Nueva YorkDe acuerdo a un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desde el 20 de enero de 2025, día en que Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial, el ICE presentó 6025 solicitudes de arresto para traspaso de custodia (también conocidas como detainers) en la ciudad de Nueva York. Esta cifra supera ampliamente las 9472 emitidas durante los cuatro años del mandato de Biden.Se trata de peticiones formales que el ICE le hace a una cárcel local o estatal para que retenga a una persona bajo custodia por hasta 48 horas adicionales después de que esa persona debería ser liberada, con el fin de que la agencia federal pueda asumir la custodia y proceder con su deportación si corresponde.La subsecretaria Tricia McLaughlin declaró que "en solo seis meses, el ICE alcanzó un nivel de actividad sin precedentes en Nueva York". En tanto, atribuyó este salto a un cambio de prioridades bajo la administración Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem.Nueva York: la ciudad santuario que ignora las órdenes del ICEA pesar del aumento en detainers, la ciudad de Nueva York dio cumplimiento a muy pocas solicitudes, según confirmó el DHS. Es que la legislación local impide a las agencias colaborar con operativos migratorios.Por su parte, McLaughlin acusó al alcalde Eric Adams de "proteger a extranjeros ilegales con antecedentes", lo que, según su visión, pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Desde el ICE, aseguran que los detenidos tenían condenas por delitos graves, como: HomicidioViolaciónNarcotráficoCríticas del DHS a las políticas santuario de Nueva YorkEl DHS vincula estas cifras a lo que considera "consecuencias mortales" de las políticas santuario. En un hecho reciente, dos inmigrantes irregulares, previamente liberados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), dispararon a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) fuera de servicio, según datos del DHS."Solo esta semana, dos extranjeros ilegales que ingresaron a EE.UU. y fueron liberados bajo el mandato de Biden, dispararon y casi mataron a un valiente agente de la CBP fuera de servicio. Ambos delincuentes extranjeros ilegales habían sido arrestados previamente por crímenes violentos y liberados por el NYPD", detalló la agencia.Datos de deportaciones y perfiles de los detenidos por el ICEEl DHS no reveló el total de deportaciones concretadas desde el comienzo de la administración Trump, pero argumentó que la mayoría de los detainers involucraban a personas con antecedentes. La retórica oficial consiste en que las detenciones y remociones están enfocadas a "lo peor de lo peor". Sin embargo, hay datos que contradicen esa información.De acuerdo a la información del Deportation Data Project, analizada y difundida por Chicago Tribune, la situación es distinta en las ciudades santuario, como Chicago. Allí, aunque se duplicaron los arrestos de personas con antecedentes por delitos graves, también se multiplicaron por nueve las detenciones de inmigrantes sin condenas previas.Aumentan las agresiones contra agentes de ICESegún el DHS, las agresiones contra el personal del ICE aumentaron un 830% desde el regreso de Trump a la presidencia. Las autoridades vinculan este repunte a la "retórica anti-ICE" y al clima de tensión generado por las decisiones locales.El ICE denunció que sus agentes enfrentan un entorno hostil en ciudades santuario como Nueva York, lo que complica las tareas operativas. Esta situación, según afirman, debilita el cumplimiento de las leyes migratorias. Sin embargo, también aclaran que el DHS "no se dejará disuadir por ataques partidistas ni por la presión de activistas".
El gobierno estatal anunció la puesta en marcha de una instalación en la región de los Everglades destinada a facilitar la salida de migrantes indocumentados, en el marco de una estrategia coordinada con agencias federales para ampliar la capacidad de retención y agilizar los procedimientos de expulsión
El recrudecimiento de las políticas migratorias bajo el gobierno de Donald Trump impacta de lleno en Chicago. En los primeros meses de su segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) duplicó los arrestos de personas con antecedentes por delitos graves y multiplicó por nueve las detenciones de inmigrantes sin condenas previas.Detenciones masivas del ICE en Chicago sin antecedentes penalesSegún datos oficiales analizados por el Chicago Tribune, las cifras más altas se registraron el 4 de junio, cuando se procesaron 88 arrestos en un solo día. Según el informe, tres cuartas partes de esas personas no tenían antecedentes penales registrados. De esas 88 detenciones, solamente 11 tenían condenas:Dos eran por delitos violentos o sexuales.Tres por delitos de drogas o contra la propiedad. Tres por conducir en estado de ebriedad o infracciones de tránsito.Dos por ingresar o reingresar ilegalmente a Estados Unidos.Uno por haber violado la libertad condicional tras un delito no especificado.Ese día, el ICE envió mensajes de texto en los que solicitaba a los inmigrantes que se presentaran en una oficina del centro para controles rutinarios. Según activistas, unos 20 de ellos nunca salieron del edificio. Por eso, más de dos docenas de concejales y organizadores comunitarios se reunieron a protestar afuera antes de enfrentarse con los agentes migratorios, quienes sacaron a las personas del edificio y las subieron a camionetas blancas sin identificación. Un concejal denunció que los agentes empujaron a manifestantes y usaron bastones "como la Gestapo".El ICE actúa en ciudades santuario como ChicagoEl ICE enfocó sus acciones en dos centros de procesamiento: Broadview y la ciudad de Chicago. Los datos no indican las metrópolis exactas donde ocurrieron los arrestos, pero permiten estimar su magnitud en el área metropolitana.La información fue obtenida mediante una demanda de la Universidad de California en Los Ángeles. La facultad de Derecho accedió a los datos sin procesar bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) y los compartió con el Deportation Data Project.El ICE había rechazado entregar esos mismos datos en pedidos anteriores de medios de comunicación. Además, la agencia tampoco emitió comentarios cuando fue consultada sobre los hallazgos del informe.Aumentan las deportaciones bajo TrumpDe las 88 personas arrestadas el 4 de junio, 25 fueron deportadas o salieron de EE.UU. voluntariamente. Entre ellas: 15 no tenían antecedentes penales.6 enfrentaban cargos pendientes.Además, cuatro personas deportadas habían sido condenadas. Los delitos incluyeron:Disparo de arma de fuego.Robo en tiendas.Conducción bajo los efectos del alcohol.Reingreso tras deportación previa.El informe muestra que la mitad de los deportados bajo Trump tenía condenas. En tanto que el 33% no tenía registros delictivos. En contraste, el ICE triplicó la cantidad de arrestos respecto al final del mandato de Joe Biden.Perfil de los inmigrantes deportados por el ICE en ChicagoLos mexicanos encabezaron la lista de deportados en el área de Chicago. Hubo 302 casos frente a 136 de venezolanos:Entre los condenados por delitos graves, la mayoría también eran de origen mexicano.Entre quienes no tenían antecedentes, la mayor parte eran venezolanos.El caso más llamativo fue el de un niño nacido en 2021, que fue deportado junto a su madre y tres menores más. El ICE ordenó su salida de Estados Unidos en marzo y los detuvo en Illinois el 11 de junio. Cinco días más tarde, todos fueron enviados a Venezuela.En cambio, el más longevo entre los deportados sin antecedentes era un hombre nacido en 1957. Había recibido una orden de salida en 2009 y fue detenido 16 años después. Trasladado por varias cárceles, finalmente fue expulsado desde Texas.El ICE prioriza el aumento de arrestos sin distinción de antecedentesLos datos muestran un patrón de acción más amplio que en administraciones anteriores. Bajo Trump, el ICE también arrestó a muchas más personas por delitos menores como infracciones de tránsito o conducir ebrio.Según la información analizada por Chicago Tribune, el ICE, en la administración actual, detuvo a casi el doble de personas condenadas por delitos graves que bajo Biden. Sin embargo, el salto más grande se vio en los arrestos sin antecedentes: nueve veces más.Chicago se consolidó como uno de los focos prioritarios del ICE. Tom Homan, el "zar fronterizo" de Trump, calificó a la ciudad como "el epicentro" de la aplicación de la ley migratoria.
Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria denunció un incremento de episodios represivos en comparación con el año anterior.
Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, las autoridades migratorias han intensificado la captura de personas que residen en el país sin autorización. Esta ofensiva, impulsada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), busca detener alrededor de 3000 personas por día, lo que constituiría una operación de escala sin precedentes en la historia migratoria reciente de Estados Unidos.Detenciones sin evaluación judicial: una nueva etapa en política migratoriaPara cumplir con los objetivos, el ICE implementó un nuevo plan para establecer que los migrantes que cruzaron la frontera de forma irregular no tengan derecho a audiencias de fianza. Esto significa que no podrán solicitar ser liberados mientras enfrentan procesos judiciales, que en muchos casos pueden extenderse por años.En el pasado, los jueces de inmigración podían evaluar cada caso y autorizar la libertad bajo fianza. Con esta actualización de política, ese paso se elimina.De acuerdo con un informe de The Washington Post, Todd M. Lyons, actual director interino del ICE, comunicó este cambio el 8 de julio a los funcionarios de su agencia. En el memorando, detalló que la institución revisó su autoridad legal para detener migrantes y determinó que, a partir de ese momento, los agentes debían mantener bajo custodia a todos los individuos que ingresaron sin permiso, sin opción a revisión judicial de su detención.Esta nueva política no solo se aplica a quienes cruzaron recientemente la frontera, sino que también abarca a personas que llevan años en el país norteamericano. Según expertos legales, esto representa una expansión considerable del criterio que históricamente se usaba para recién llegados.Expansión de la capacidad de detenciónLa disposición se fundamenta en una cláusula de la ley migratoria que estipula que los inmigrantes sin autorización "serán detenidos" tras su arresto. Esta sección había sido aplicada mayormente a quienes ingresaban recientemente a EE.UU. La administración actual, sin embargo, optó por aplicarla de forma más amplia y estricta.A partir de esta reinterpretación, la libertad condicional solo podrá concederse en situaciones excepcionales y dependerá directamente del criterio de un funcionario migratorio, sin participación de un juez. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respalda esta posición y afirma que es una aplicación literal del marco legal existente."El gobierno de Biden liberó peligrosamente a millones de inmigrantes ilegales sin antecedentes penales en el país, y utilizó numerosas lagunas legales para hacerlo. El presidente Trump y la secretaria Noem están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a EE.UU. seguro", dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, en una entrevista con The Associated Press (AP).Para sostener esta estrategia, el Congreso aprobó recientemente un paquete presupuestario que destina US$45.000 millones a la infraestructura de detención migratoria durante los próximos cuatro años. Esto permitirá al ICE duplicar su capacidad, con el objetivo de poder mantener hasta 100 mil personas detenidas diariamente.Efectos legales y reacciones frente al endurecimiento de las políticas migratoriasDistintas organizaciones de derechos de los migrantes han comenzado a interponer recursos legales contra esta política. El Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, por ejemplo, ya presentó una demanda contra una medida similar en el estado de Washington a principios de este año. También la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) ha denunciado que se están negando audiencias de fianza en más de doce tribunales del país, esto incluye estados como Nueva York, Ohio, Virginia y Oregón."Esta es su manera de implementar a nivel nacional un método para detener a aún más personas, sin una verificación real de sus circunstancias individuales", dijo Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la AILA, al The Washington Post.Este cambio en la política migratoria llega en un contexto en el que el ICE ha superado su capacidad presupuestada de unas 41.000 personas retenidas en los centros de detención. Según los últimos datos disponibles, actualizados al 29 de junio de 2025, la agencia mantiene bajo custodia a 57.861 inmigrantes en sus instalaciones. De ese total, más del 70% no tiene antecedentes penales, y muchos de los que sí los poseen fueron condenados por infracciones menores como faltas de tránsito. Texas se mantiene como el estado con la mayor cantidad de detenidos bajo esta normativa.
Vente Venezuela denunció la desaparición forzada de al menos siete jefes de comando, entre ellos Manuel Ferreira, arrestados sin orden judicial ni paradero conocido. Voluntad Popular alertó sobre el traslado irregular del dirigente Carlos Azuaje a la prisión Yare III
Una coalición de inmigrantes, junto con organizaciones legales y de derechos civiles, ha interpuesto una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por la implementación de políticas que permiten arrestos dentro o en las inmediaciones de tribunales.Audiencias migratorias se convierten en escenario de detencionesSegún la demanda, presentada en el Tribunal del Distrito de Columbia, en los últimos meses, agentes del ICE han detenido a personas inmediatamente después de que sus casos fueran cerrados o desestimados en audiencia, a pesar de que muchas se presentaban para solicitar asilo u otras formas de alivio legal.Los arrestos, en muchos casos, ocurren cuando el juez aprueba una solicitud del gobierno para cerrar el caso, lo que abre la puerta para que los agentes procedan con detenciones inmediatas.Los demandantes incluyen a personas que han vivido durante años en Estados Unidos y que fueron separadas de sus familias tras ser arrestadas, así como solicitantes de protección internacional que huyen de persecuciones políticas o por razones de identidad sexual o de género."Nuestros tribunales de inmigración deberían ser lugares donde las personas puedan buscar justicia y protección, no ser emboscadas y arrestadas simplemente por presentarse", declaró Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, una de las organizaciones que lleva la demanda, en un comunicado oficial.Cambios recientes en políticas migratorias intensifican los arrestos del ICEDesde enero de 2025, el gobierno ha emitido nuevas directrices que eliminan restricciones anteriores para llevar a cabo arrestos civiles de inmigración en tribunales. Esta práctica, anteriormente limitada por políticas que reconocían el riesgo de inhibir la asistencia a audiencias, ha sido reactivada con amplitud.Además de autorizar detenciones dentro de los juzgados, también se permite detener a familiares, acompañantes o testigos de los inmigrantes, según retoma la demanda. La directriz del ICE emitida en mayo consolida esta política y remueve incluso las limitaciones impuestas por regulaciones locales.De acuerdo con los demandantes, a la par, el DOJ ha instruido a jueces y fiscales a desestimar procedimientos migratorios completos, sin respetar los pasos legales previamente establecidos. Esta acción tiene como objetivo facilitar la remoción expedita de aquellos que se encuentran de manera ilegal, aunque estos no hayan agotado su proceso legal."La administración Trump ha creado un peligroso clima de miedo que socava tanto el debido proceso como la integridad del sistema legal", dijo Yang. "Nos vemos obligados a impugnar estas prácticas inconstitucionales y defender el derecho a ser escuchados, de forma justa y segura, en un tribunal de justicia", agregó.Organizaciones jurídicas denuncian uso indebido del sistema judicialLa demanda ha sido presentada por varias organizaciones que ofrecen asistencia legal a inmigrantes, entre ellas el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés), American Gateways, Democracy Forward, RAICES, Immigrant Advocates Response Collaborative y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco. Estas entidades argumentan que el sistema judicial ha sido transformado en un mecanismo de vigilancia y persecución, más que en un foro para el análisis justo de los casos."Esto no es justicia. Es un intento deliberado de intimidar y desaparecer a personas antes de que puedan ser escuchadas", denunció Priyanka Gandhi-Abriano, directora ejecutiva interina de Immigrant ARC. "Defendemos la integridad del sistema legal, protegemos el derecho de todas las personas al debido proceso y exigimos responsabilidades al gobierno de Trump por sus prácticas profundamente perjudiciales dirigidas a las comunidades más vulnerables", agregó. Las prácticas denunciadas incluyen la falta de avisos adecuados, la eliminación de periodos para responder a mociones, y la negación de oportunidades para apelar decisiones judiciales. Las organizaciones demandantes también reportan que las nuevas políticas han afectado su capacidad de brindar asesoría legal, ya que se han visto obligadas a rediseñar sus servicios para proteger a las personas que ahora enfrentan un riesgo mayor al presentarse ante un tribunal.Base legal de la demanda y exigencias ante la corteLos demandantes fundan su caso en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y la Quinta Enmienda de la Constitución. Consideran que las acciones de ICE, DHS y EOIR han sido contrarias a la ley, aplicadas de forma arbitraria, y violatorias del derecho al debido proceso de los inmigrantes afectados."Estamos presenciando una toma autoritaria del sistema judicial de inmigración de EE. UU. por parte de la administración Trump", aseguró Keren Zwick, directora de litigios del NIJC. "Las personas que asisten a sus audiencias para solicitar permiso para permanecer en este país y cumplir con la ley estadounidense están siendo detenidas y arrancadas abruptamente de sus familias, hogares y medios de vida", cuestionó.Por su parte, Faisal Al-Juburi, director de asuntos externos de RAICES, dijo que la coordinación entre agencias gubernamentales, la cual considera atroz, no solo inflige un daño irreparable a niños y adultos por igual, sino que también sienta un precedente aterrador en el que se abandona la ley y el orden para fomentar el pánico y el miedo generalizado. "Esto pone en riesgo a toda la ciudadanía estadounidense, independientemente de su estatus migratorio", aseguró.La acción colectiva solicita que se anulen las políticas que permiten arrestos en tribunales, así como las que autorizan la remoción expedita de personas con varios años de residencia. También se pide que se prohíba continuar procedimientos de remoción rápida cuando un proceso formal ya está en curso.El caso presentado en Washington D. C. busca revertir medidas recientes que han cambiado el funcionamiento del sistema de inmigración, lo que convirtió a las cortes en puntos de captura en lugar de espacios para el resguardo de derechos.
Se aseguraron seis inmuebles, mientras que los detenidos fueron vinculados al MP para determinar su situación jurídica
ROSARIO.- Un sicario mató a un chico de 13 años e hirió a otro de 8 el domingo a la madrugada, cuando los niños estaban dentro de una casa y jugaban con sus celulares, mientras los mayores dormían. Hasta ahora lo único que se pudo determinar en la investigación es que el asesino fue trasladado en un auto hasta el barrio Tío Rolo, donde se produjo el ataque, cuyas causas aún se desconocen, porque, según la familia, no habían recibido amenazas previas. Desde el hospital Provincial, donde está internado el niño de ocho años, Thiago González, informaron que el chico, que sufrió dos heridas de bala, evoluciona de manera favorable y es probable que este martes sea dado de alta.Unas horas después de este terrible ataque contra los dos menores, se produjo un hecho extraño arriba de un colectivo de la línea 110, también en la zona sur de Rosario. Un hombre subió al ómnibus, sacó un arma y comenzó a disparar y desatar el pánico entre los pasajeros, uno de los cuales sufrió heridas en un ojo por el estallido de los vidrios. No murió nadie de casualidad. Este episodio ocurrió el domingo a las 19 en un colectivo de línea a la altura del bulevar Seguí al 3300. En un primer momento, la información que surgió es que el ataque había sido hecho desde fuera del vehículo, pero cuando realizaron los peritajes -según señalaron en el Ministerio de Seguridad de la Nación- llegaron a la conclusión de que se había producido en el interior.Estos dos hechos extraños ocurrieron el mismo día en que fueron detenidos dos integrantes de la banda Los Menores, que está acusada de ser el brazo operativo del doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Ricardo "Rana" Attardo, jefe y lugarteniente de la barra de Rosario Central, que ocurrió el 9 de noviembre pasado. El jefe de Los Menores, Matías Gazzani, que se encontraba prófugo desde marzo del año pasado, fue detenido en diciembre del año pasado en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Su socio en la organización criminal se llama Lisandro Contreras."Mirko Yedro" tiene 18 años y la policía lo venía siguiendo desde hacía al menos dos años. Su pareja es la hija de Juan José Raffo, el exsubcomisario que fue detenido en marzo pasado en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, después de estar tres años prófugo. A pesar de su corta edad, Yedro pasó a tener relevancia en esta banda criminal que ganó territorio durante los últimos meses y que nació en el barrio 7 de Septiembre, en el noroeste de Rosario.La detención de "Mirko Yedro" se dio a partir de la investigación de la Central de Inteligencia que forma parte de El Bloque y la Unidad de Capturas de Alto Perfil, recientemente puestos en funciones por el gobernador Maximiliano Pullaro.Esta nueva unidad opera bajo el Bloque Interagencial de Capturas, un espacio que articula el trabajo del Servicio Penitenciario, la Policía de Santa Fe, organismos de inteligencia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA).En el Gobierno provincial generó preocupación el ataque a los dos chicos en Tío Rolo. Se evalúa cuál podría ser el móvil de los disparos que hizo un sicario que terminó con la vida del chico de 13 años.El homicidio ocurrió alrededor de la 1.30 de este domingo en una casa de Camino de los Quinteros al 2800, una calle que se abre hacia el oeste a la altura de Ovidio Lagos al 6700, a metros del polideportivo del colegio San José. De acuerdo con un parte policial sobre el caso, un familiar de los niños fue quien dio cuenta de lo sucedido con un llamado al 911. Al llegar a la escena, los policías se encontraron con vainas esparcidas en un patio interno y ningún testigo directo sobre la mecánica de la agresión.Los menores baleados fueron trasladados por sus parientes en un auto particular hasta el Hospital Clemente Álvarez. Juan Cruz Osuna, de 13 años, llegó con heridas de arma de fuego en el hombro izquierdo, en el costado derecho de la espalda, en el glúteo y muslo derechos y murió a poco de llegar por la gravedad de las heridas.T. J. O., de 8 años, que sobrevivió, tiene dos heridas de arma de fuego: una en la pierna y otra en la región posterior del maxilar inferior. El niño fue trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Las autoridades de ese centro asistencial aseguraron que el menor llegó consciente y estable. Y ayer por la tarde fue derivado al Hospital Provincial, donde durante las últimas horas había mejorado.La investigaciónLa investigación quedó en manos de la fiscal de Violencias Altamente Lesivas, Marisol Fabbro. De acuerdo con fuentes de la investigación, en medio de la conmoción por el suceso, la familia de los chicos no pudo aportar precisiones sobre el motivo del ataque: dijeron desconocer de dónde venía y por qué pasó.Los padres de las víctimas dijeron que al momento del atentado estaban durmiendo en sus respectivas viviendas mientras Juan Cruz y Thiago jugaban en una habitación que da al frente de la casa baleada. Indicaron que el patio estaba a oscuras y el interior iluminado, de manera que de adentro hacia afuera no se veía, pero sí a la inversa.Se cree, por eso, que la imagen de los dos chicos era visible desde afuera. Estaban junto a una ventana que no está protegida por persianas. No está claro si eran ellos el objeto directo del ataque o si la intención era la de una balacera para amedrentar, pero lo cierto es que los disparos impactaron directamente en partes vitales. La policía secuestró en el lugar 7 vainas servidas que serán peritadas.Los familiares dijeron que se sobresaltaron con las detonaciones, pero detallaron que no presenciaron el momento de los disparos porque todos dormían. Un adolescente de 16 años, que es hermano del chico muerto, se encontraba en su habitación, de modo que tampoco presenció cómo ocurrió el ataque.Los padres de los niños atacados son hermanos y ambos manifestaron que trabajan como changarines, indicaron fuentes de la pesquisa. La fiscal dispuso el secuestro de teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días, así como la apertura de una caja fuerte en la cual se incautó una suma de $1.580.000. También ordenó que se verifique la documentación de un vehículo marca Audi usado en el traslado de las víctimas al hospital.
Mientras el Gobierno prepara cambios en la estructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Tecnología Industrial (INTI), un grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones de este último organismo público en el partido bonaerense de San Martín y protagonizó un momento tenso con la policía que trató de correrlos, para evitar que cortaran la General Paz. Uno de los que encabezó la protesta fue Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien tuvo un intercambio violento con un efectivo policial, forcejeó y lo acusó de realizar detenciones ilegales."No estamos cortando, no es un delito caminar por la calle", dice en un video que compartió en la red social X y en el que se puede ver cómo empuja a los policías que tratan de desestimar la medida de fuerza. En otro tramo de la filmación apunta contra otro de los efectivos y lo insulta: "Te hacías el gil, te cansaste de forrear, te hacés el guapo. Los vamos a derrotar, vamos a pelear hasta que se rindan. Se van a ir por la puerta de atrás". El grupo de personas que se encontraba junto a él en el lugar desde las 10 también intercambia golpes y empujones con las fuerzas, mientras que los efectivos despliegan los escudos y tratan de alejarlos de la calzada. "La Policía nos reprime en el INTI y efectúa 4 detenciones ilegales. En minutos vamos a dar a conocer los nombres. ¡Desde ATE exigimos su inmediata liberación!", escribió en la red social minutos después.GRAVÍSIMO!!La Policía nos reprime en el INTI y efectúa 4 detenciones ilegales. En minutos vamos a dar a conocer los nombres. Desde ATE exigimos su inmediata liberación!SEPAN QUE VAMOS A SEGUIR EN LA CALLE Y NO VAMOS A CAMINAR NUNCA POR LA VEREDA!! pic.twitter.com/Qpgpaa4YpL— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 7, 2025Pocas horas antes, el dirigente gremial publicó otro video en el que se mostraba en medio de la protesta en las inmediaciones del INTI. "El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla. Que sepan que vamos a guerrear hasta derrotarlos. Van a caer rendidos. Se van a ir por la puerta de atrás. ¡¡Vamos a salvar el Estado!! No estamos dispuestos a entregar nuestra soberanía!!", escribió.El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla. Que sepan que vamos a guerrear hasta derrotarlos. Van a caer rendidos. Se van a ir por la puerta de atrás. Vamos a salvar el Estado!!No estamos dispuestos a entregar nuestra soberanía!! pic.twitter.com/IjSxsA4NLa— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 7, 2025Durante la mañana había ratificado su presencia en la manifestación y explicado los motivos que llevaron a la asistencia del gremio de trabajadores: "ATE rechaza las modificaciones en las estructuras del INTI e INTA. Son un tiro de gracia a la industria y a la producción del país"."Si permitimos que la intención del Gobierno de quitarle la autarquía a ambos organismos prospere, todo el ecosistema productivo e industrial perderá a un aliado fundamental para el fortalecimiento y la expansión. El INTI tiene 70 años de historia, de trayectoria para el desarrollo industrial y la soberanía económica de nuestro país. Si se avanza en la centralización de este organismo, se pone en riesgo su carácter autárquico y federal", dijo.Y añadió: "Con esta medida, a un organismo que hasta aquí se autofinancia, le harán perder toda capacidad para gestionar recursos y firmar convenios estratégicos. Además, se desarticularán líneas de trabajo que están consolidadas en todo el país. Están siendo amenazados numerosos puestos de empleo. El INTI es de todos y tenemos que defenderlo, porque en su defensa estaremos defendiendo la ciencia, el conocimiento y el trabajo, pero también la producción y la soberanía".AHORA!!ATE RECHAZA LAS MODIFICACIONES EN LAS ESTRUCTURAS DEL INTI E INTA!!SON UN TIRO DE GRACIA A LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCIÓN DEL PAÍS!!Si permitimos que la intención del Gobierno de quitarle la autarquía a ambos organismos prospere, todo el ecosistema productivo eâ?¦ pic.twitter.com/wjIMr7NzTU— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 7, 2025Los cambios en el INTAEn los últimos días se dio a conocer una nueva versión del texto de decreto que preparan las autoridades y que transformará al ente de un organismo autárquico a uno "desconcentrado" y bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. La iniciativa fue impulsada, entre otras áreas, por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger.La nueva estructura prevé también que la dirección quede en manos de un presidente con rango de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo, y asistido por un Consejo Técnico ad honorem compuesto por representantes del sector agropecuario.En tanto, el INTA mantendrá sus funciones clave en investigación, asistencia técnica y cooperación institucional, pero con flexibilidad para definir su red operativa (centros, estaciones, laboratorios) según sus necesidades.
La ciudad de Nueva York enfrenta un aumento en los arrestos migratorios, pese a sus leyes santuario que respaldan a los extranjeros. En específico, las cifras oficiales muestran una suba del 11% en los arrestos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. En este contexto, se potencia el temor entre los residentes y crecen los cuestionamientos ante la cooperación entre autoridades locales y federales.Aumentan las detenciones de migrantes en Nueva YorkMás de 1900 personas fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York desde el 20 de enero, según información obtenida por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones y analizada por Bloomberg.Aunque el incremento es menor al de otras ciudades santuario, como Los Ángeles (69%), Chicago (57%) o Miami (151%), en la Gran Manzana genera especial preocupación. Este se debe a las sospechas de que autoridades municipales aumentarán la cooperación con los agentes del ICE y pasarán por encima las protecciones para migrantes.Organizaciones como la Coalición para las Personas sin Hogar alertan sobre operativos en refugios y tribunales. En ese sentido, Dave Giffen, su director ejecutivo, afirmó que muchos extranjeros ya no se sienten seguros: "La gente no sabe si hay furgones del ICE que circulan por la ciudad".En este contexto, hoteles, restaurantes y bares de Nueva York, que suelen depender de mano de obra indocumentada, organizaron capacitaciones para sus empleados para enseñarles sobre cuándo es necesario llamar a un abogado y cómo actuar frente a la presencia de los agentes del ICE.Redadas en edificios federales de Nueva YorkEl juzgado federal de Manhattan concentra gran parte de los arrestos. Allí, de acuerdo al mencionado medio, hay tantos detenidos en una sola planta del edificio judicial que los demócratas del Congreso de Estados Unidos lo describen como un centro de detención no declarado."Es un edificio federal con una oficina del ICE en su interior", afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, quien negó que el edificio funcione como un sitio para mantener migrantes bajo custodia.Desde 1989, Nueva York mantiene políticas que impiden compartir información con el ICE, salvo en los casos en los que una persona detenida sin papeles haya cometido un delito grave. La normativa se amplió en 2014 bajo el mandato de Bill de Blasio.Sin embargo, los edificios federales, como el juzgado de Manhattan, no están alcanzados por estas leyes. Por eso, el ICE puede operar libremente en tribunales y centros nacionales.Las acusaciones contra el alcalde Eric Adams por presunta colaboración con el ICEEric Adams es el foco de las críticas por supuesta colaboración con la administración federal. Si bien el alcalde se mostró firme en su defensa a los migrantes de Nueva York tras la victoria electoral de Trump, con el tiempo comenzó a acercarse al mandatario estadounidense.Incluso se lo acusó de hacer un trato con Trump para que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) convenciera a un juez federal de desestimar un caso penal por corrupción en su contra, a cambio de seguir las indicaciones del republicano en materia migratoria.Por su parte, Adams negó un acuerdo para evitar cargos por corrupción a cambio de esa medida. Asimismo, un portavoz aseguró a Bloomberg que la cooperación con el ICE en la Gran Manzana se limita a casos de pandillas transnacionales y no incluye deportaciones civiles.
El dirigente social y político Juan Grabois dejó este viernes una dura chicana contra diputado libertario José Luis Espert en relación con las detenciones de militantes kirchneristas tras los desmanes en el exterior de la casa del legislador. "Muy cocorito con el pico, muy malhabladito, pero después llorás a mami estado que cuatro pibas te intimidan, reptiliano repugnante y cagón", escribió en X. El tuit de Grabois fue en respuesta a una crítica de Espert contra el gobierno de Alberto Fernández por "chorear con los alimentos".Cuatro militantes opositoras fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en la acción que incluyó dejarle al legislador cercano al presidente Javier Milei un pasacalles y excremento de caballo. Desde entonces, se encendieron las alarmas en el kirchnerismo y se desataron varios cruces, incluso dentro de la Cámara de Diputados. Sisi, muy cocorito con el pico, muy malhabladito, pero después llorás a mami estado que cuatro pibas te intimidan, reptiliano repugnante y cagón. Pedile a tus amigos narcos que, así cómo te financiaron la campaña, te financien un taller de lectura a ver si te enterás que laâ?¦— Juan Grabois (@JuanGrabois) July 4, 2025Fue allí que la sesión de ayer, con una agenda incómoda para el Gobierno, se suspendió luego de que dos diputadas de Unión por la Patria increparan a Espert y lo acusaran de "cagón" por llevar la cuestión al terreno legal, donde la jueza Sandra Arroyo Salgado decidió la detención de las militantes y la realización de varios allanamientos.Ahora, los cruces con relación a este accionar continúan de la mano de Grabois. Todo comenzó por la mañana, cuando Espert criticó a la gestión anterior por su manejo de los comedores. Sus palabras surgieron tras el nuevo relevamiento de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que advirtió "fallas críticas en el sistema de registro de comedores" creado en la administración de Fernández.Crítico informe de la SIGEN sobre la situación de comedores y merenderos durante la gestión anterior. pic.twitter.com/uJMBrHgGmV— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) July 3, 2025Las principales observaciones detallaron que el 87% de los registros estaban duplicados, el 34% presentaba campos incompletos o con valores en cero, y "numerosos errores en las direcciones". "Choreaban con los alimentos, hasta con la merienda de los chicos. Que manga de delincuentes que son. El kirchnerismo es basura", escribió Espert en X. Hoy por la tarde, Grabois le dejó una respuesta. "Sisi, muy cocorito con el pico, muy malhabladito, pero después llorás a mami estado que cuatro pibas te intimidan, reptiliano repugnante y cagón", arremetió.Cerca del mediodía, el kirchnerismo decidió presentar una denuncia contra Arroyo Salgado. Lo harán Mariano Recalde y Vanesa Siley, espadas de la expresidenta Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura. La denuncia se presentará bajo este órgano que oficia sobre temas vinculados a los jueces. La acusación será por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". Además, a través de la red social, explicó en medio de chicanas el sentido del informe. El dirigente social forma parte de la causa de alimentos. Fue quien presentó la medida cautelar para obligar el reparto de comida a los comedores comunitarios."Pedile a tus amigos narcos que, así cómo te financiaron la campaña, te financien un taller de lectura a ver si te enterás que la auditoría abarca todo el primer semestre libertonto (2024) responsabilizando directamente a Pettovello -¡el curro que armó con la OEI y el bobo de CONIN!- porque además de blablabla bliblibli y perder juicios a rolete, como bien dice la SIGEN, no hizo ninguna acción tendiente a regularizar el RENACOM", apuntó.
La causa por los desmanes en el exterior de la casa del diputado nacional José Luis Espert sumó un capítulo más este viernes, con la tensión encendida entre el kirchnerismo y los libertarios tras la detención de militantes opositoras por presuntamente estar involucradas en la acción que incluyó dejarle al legislador cercano al presidente Javier Milei un pasacalles y excremento de caballo. Cerca del mediodía, el kirchnerismo decidió presentar una denuncia contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien entiende en el expediente y dispuso que las militantes queden detenidas e incomunicadas.Mariano Recalde y Vanesa Siley, espadas de la expresidenta Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura, presentarán la denuncia ante este órgano que oficia sobre los temas vinculados a los jueces, en base a lo que adelantaron fuentes del espacio. La acusación contra Arroyo Salgado será por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". Tanto Recalde como Siley apuntan a la magistrada por detener arbitrariamente a "militantes peronistas, en su mayoría mujeres, mantenerlas incomunicadas y en una cárcel de máxima seguridad por un hecho que como máximo podría representar una contravención municipal".Con esto se refieren a la situación de la funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, Alexia Abaigar; a la jefa de la bancada del kirchnerismo en Quilmes y mano derecha de Mayra Mendoza, Eva Mieri; a las militantes Aldana Muzzio y Candelaria Montes; y también a Iván Díaz Bianchi. "Están sufriendo un acto de persecución por realizar acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie", sostuvieron desde el kirchnerismo. El grupo está privado de su libertad por supuestamente participar en esta arremetida contra el diputado nacional en el marco de una serie de acciones para pedir por la libertad de Cristina Kirchner, y a su vez reclamar contra la Casa Rosada y el Poder Judicial. Los integrantes de las bancadas en Diputados y Senadores de Unión por la Patria (UP) ya habían realizado una conferencia de prensa esta semana en la que, junto con familiares y abogados de las mujeres presas, reclamaron su pronta liberación y mencionaron un encono particular del Gobierno y la Justicia contra ellas.Incluso, Cristina Kirchner habló el jueves a través de redes sociales para referirse a la visita que le hizo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a su departamento de Constitución, donde está con prisión domiciliaria como parte de la condena contra ella en la causa Vialidad, y retomó el tema. Además de hablar del gobierno de Javier Milei como un "terrorismo de Estado de baja intensidad", la exmandataria -que se considera "proscripta"- indicó: "Ayer mismo [por el miércoles] pudimos ver cómo [la ministra de Seguridad, Patricia] Bullrich hizo detener a varias compañeras. Todas ellas mujeres, jóvenes y militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen 'cárcel o bala', igual que lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo".Bien cercano al Presidente, Espert es incluso el candidato elegido por Milei para comandar la lista del oficialismo en las elecciones bonaerenses de octubre, en las que La Libertad Avanza (LLA) pretende derrotar al kirchnerismo en su bastión principal.
Luego de las protestas masivas que se realizaron en California, en contra de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.(ICE, por sus siglas en inglés), los migrantes han optado por cambiar la táctica de manifestación por el miedo a nuevos arrestos.La comunidad se une y genera una nueva táctica para protestar contra ICEEn esta nueva táctica las redes sociales han sido una clave, ya que ha permitido a los migrantes compartir información sobre arrestos, reuniones, y apoyo a personas que han sido detenidas, como Ambrocio "Enrique" Lozano, cuyo caso se hizo viral y generó la movilización de la comunidad de Culver City.El hombre, originario de México, que ha vivido 20 años en Los Ángeles, era un conocido vendedor de helados y una fotografía de su carrito se convirtió en un estandarte. De acuerdo con NBC News, organizaciones locales comenzaron a compartir la imagen, lo que generó la visibilidad del caso. La detención de Lozano ganó tal relevancia que su campaña de financiación colectiva ya supera los 72.000 dólares. El medio citado señala que la respuesta "pone de relieve una nueva estrategia". En lugar de centrarse en marchas masivas, los residentes se concentran en sus barrios y en acciones locales como asesoramiento y patrullaje comunitario.Durante una reunión por el caso del vendedor de helados, los líderes comunitarios asesoraron a los residentes sobre sus derechos legales durante los encuentros con los agentes del ICE, lo que incluye solicitar números de placa, órdenes judiciales y si son libres de irse, indican en KTLA5.En el mismo evento, la supervisora â??â??del condado de Los Ángeles, Holly J. Mitchell, instó a la comunidad a prepararse: "Todos deben pensar bien qué habrían hecho si hubieran estado al lado de Enrique. ¡Tengan un plan!".Los migrantes se organizan para patrullar y detectar agentes del ICENBC News destaca que se ha formado una coalición informal de docenas de organizaciones, quienes han optado por dar a conocer las detenciones a través de las redes sociales, con transmisiones de los arrestos en tiempo real. Además, informan sobre avistamientos del ICE, organizan protestas espontáneas, y ayudan a las familias migrantes.Liz Ramírez, fundadora de Siempre Unidos LA, que fue la primera en republicar la imagen del carrito de helados de Lozano, explicó al medio: "Todos tenemos una visión del mensaje que queremos transmitir y a quién", dijo sobre los activistas. "En Siempre Unidos, nuestro principal objetivo es movilizar a la gente desde la comodidad de su hogar".Ron Gochez, miembro de la Unión del Barrio, otra de las organizaciones que difunde en plataformas digitales, comentó que decenas de voluntarios patrullan las calles a diario y revisan los cientos de videos que se envían cada semana. "Estamos aquí y estamos aquí para quedarnos", precisó en un mitin que se realizó en el centro de Los Ángeles.Centro CSO, una organización con sede en el vecindario de Boyle Heights, también comparte videos enviados por residentes que presencian arrestos por inmigración y organiza protestas sobre casos específicos.El organizador Gabriel Quiroz Jr. señaló que el grupo depende de que los miembros de la comunidad envíen mensajes con información que puede usarse para alertar a los residentes vulnerables. "La gente confía en nosotros, y con razón, porque estamos ahí haciendo el trabajo".Además de informar acerca de los lugares en los que se han realizado detenciones, o en dónde los agentes de inmigración han sido vistos, la organización Siempre Unidos LA también ofrece despensas para apoyar a los migrantes que no salen de sus hogares por miedo a ser detenidos por el ICE. Asimismo, proporciona en su cuenta de Instagram un directorio de las redes locales de respuesta rápida para reportar la actividad de los oficiales de inmigración. Algunas de las organizaciones que apoyan a los migrantes, son:Red de Derechos de los Inmigrantes de Boyle HeightsOrganización Revolucionaria en el ValleDefensa del Condado de VenturaRed de respuesta rápida para inmigrantes 805Coalición del Inland para la Justicia de los InmigrantesRed de Defensa Comunitaria de Long BeachRed de Respuesta Rápida del Condado de OrangeRespuesta Rápida del Centro Legal de Defensores de InmigrantesLínea Directa de Recursos Legales (condados de Los Ángeles, San Bernardino, Orange, Riverside, San Diego e Imperial)
El Ministerio de Seguridad, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, le cumplió el deseo al diputado libertario de encarcelar a sus opositores, a lo que sumaron una serie de entraderas violentas con la Federal en casas de familiares de los militantes. Este miércoles se sumaron cuatro detenidos, que se suman a Alexia Abaigar. La avanzada recuerda los peores tiempos del terror. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", dijeron sus compañeros en una conferencia de prensa en Diputados.
Los datos reflejan la aceleración de procesos de radicalización y la incidencia creciente entre jóvenes, un fenómeno que preocupa en cuanto a la prevención y anticipación de nuevos atentados
La reciente norma que permite el internamiento directo de adolescentes en penales comunes ya muestra sus efectos: en apenas un mes, el número de menores recluidos en el penal de El Milagro pasó de dos a ocho. Entre los delitos que los involucran figuran el robo, la extorsión, la microcomercialización de drogas e incluso el sicariato
Javier Ramírez, un ciudadano estadounidense de 32 años, fue enviado a un centro de detención federal tras ser arrestado tras una redada migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Montebello, su suburbio de Los Ángeles, California. A pesar de que aseguró que tenía identificación y pasaporte, los agentes se lo llevaron con esposas. Minutos antes, los oficiales habían puesto contra las rejas a Jason Gavidia, que les gritó desesperado: "¡Yo nací aquí!". Sorpresiva y sin explicaciones: así fue la redada en Los Ángeles donde arrestaron a un ciudadano de EE.UU.El operativo del ICE ocurrió el jueves 12 de junio por la tarde, cuando una camioneta blanca sin identificaciones ingresó al estacionamiento de un taller mecánico de Montebello, en Los Ángeles. El operativo migratorio en Montebello, donde detuvieron a ciudadanos de EE.UU.Según consignó The New York Times, agentes armados y con el rostro cubierto descendieron del vehículo y acorralaron a Gavidia contra una reja. "¿En qué hospital naciste?", le preguntaron. El joven, de 29 años, respondió a los gritos que era ciudadano: "¡Nací aquí! ¡Soy estadounidense, hermano!". El joven logró mostrar sus identificaciones y fue liberado. Un video captado por testigos de la redada lo muestran contra las rejas, mientras otras personas a su alrededor les gritan a los policías que esa detención es injustificada.Mientras tanto, Javier Ramírez, su compañero de trabajo y amigo, fue obligado a tirarse al piso en el estacionamiento. A pesar de que también les explicó a los agentes que era ciudadano estadounidense, lo esposaron y lo metieron en una camioneta. De allí lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, donde continúa bajo custodia. Tomás De Jesus, abogado de Ramírez, denunció que la operación realizada por agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza violó los derechos constitucionales de su defendido. Según afirmó el letrado, los oficiales "no mostraron ninguna orden judicial" ni dieron "ninguna razón de por qué estaban allí"."Me pareció que simplemente pensaban: `Te ves moreno, te ves lo suficientemente mexicano como para que quizá seas indocumentado", se quejó. Esa misma consideración tuvo Gavidia: "Los latinos en general estamos siendo atacados". Indignación y preocupación: la reacción de los latinos tras la redada del ICE en MontebelloMontebello es una ciudad de mayoría latina. De acuerdo a The New York Times, el 80% de sus 63.000 habitantes son hispanos. La intervención de los agentes migratorios, que fue filmada y se viralizó, provocó indignación entre los vecinos. Muchos se acercaron al taller mecánico durante la redada y comenzaron a grabar. El propio Gavidia documentó parte del operativo, luego de ser liberado. En uno de los videos se escucha: "Esa es la nueva pandilla de Los Ángelesâ?¦ Esto no es justo en absoluto. Aquí todos somos estadounidenses".Redada en Montebello: agentes del ICE detuvieron a un ciudadano de EE.UU.Junto con el enojo, la situación generó preocupación entre los latinos, ya que temen que el criterio de los agentes migratorios para hacer las redadas esté relacionado con cuestiones raciales. También existe el temor de que se cuestionen las ciudadanías estadounidenses de las personas con rasgos hispanos.En ese sentido, el alcalde de Montebello, Salvador Melendez, se quejó: "Vinieron aquí en busca de un aspecto concreto, que es el aspecto de nuestra comunidad latina. Van a detener a cualquiera que parezca latino, nos sentimos extremadamente frustrados y enfadados como comunidad".
El fiscal José Bringas ordenó la captura de dos personas más vinculadas a una mutual policial que habrían defraudado al seguro de salud provincial con consultas médicas falsas. Leer más
Los imputados fueron arrestados por la Policía de la Ciudad cuando realizaban un pasamanos de droga.El secretario de Seguridad porteño le pidió a la Justicia que "no salgan más".
Entre enero y abril, se reportaron poco más de 108 mil detenciones, frente a más de 465 mil en el mismo periodo del año anterior
Utilizaba fajos falsos de billetes, joyas y hasta billetes de lotería "ganadores" para convencer a sus víctimas. El vehículo en el que se movilizaba el sospechoso fue grabado también en robos de autopartes. La Policía no descarta que se trate de una banda organizada
El general Scott Sherman indicó que las personas detenidas son entregadas de inmediato a las autoridades correspondendientes
Los enfrentamientos que sacuden las calles de Los Ángeles reactivaron la voz política de Kamala Harris. En un mensaje difundido por X, la exvicepresidenta reapareció y criticó con dureza el despliegue de la Guardia Nacional y las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California, a las que vinculó con un plan deliberado de la administración de Donald Trump. "Este despliegue es una peligrosa escalada destinada a provocar el caos", afirmó.Kamala Harris condena la política migratoria de Donald Trump y respalda las protestas en CaliforniaLa excandidata presidencial demócrata señaló que los operativos migratorios federales se inscriben en una estrategia calculada para infundir miedo y dividir a la sociedad. "Además de las recientes redadas de ICE en el sur de California y en todo EE.UU., forma parte de la cruel y calculada agenda de la administración Trump para sembrar el pánico y la división", expresó Harris.En su comunicado, la exfiscal general de California sostuvo que "las acciones de esta administración no se centran en la seguridad pública, sino en avivar el miedo; el miedo de una comunidad que exige dignidad y el debido proceso".Harris también defendió a los manifestantes que salieron a las calles en rechazo a los operativos federales, y destacó su carácter predominantemente pacífico. "La protesta es una herramienta poderosa, esencial en la lucha por la justicia", afirmó. Según indicó, "como han señalado el Departamento de Policía de Los Ángeles, el alcalde y el gobernador, las manifestaciones en defensa de nuestros vecinos inmigrantes han sido mayoritariamente pacíficas"."Los Ángeles es mi hogar. Y como tantos estadounidenses, estoy consternada por lo que estamos presenciando en las calles de nuestra ciudad", escribió la demócrata, que suena como posible candidata a suceder a Gavin Newsom como gobernadora, informó CNN. "Sigo apoyando a los millones de estadounidenses que se alzan para proteger nuestros derechos y libertades más fundamentales", agregó.La Guardia Nacional desembarca en Los Ángeles (Reuters)El despliegue militar ordenado por Trump en Los Ángeles, CaliforniaLas protestas en California coincidieron con la decisión de Donald Trump de enviar 2000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles. Según consignó The Hill, el presidente explicó que los efectivos fueron desplegados para contener lo que calificó como "turbas insurrectas".Del total de tropas, 300 ya se encontraban en la ciudad al momento del anuncio. El movimiento generó una ola de críticas entre líderes demócratas, incluyendo a los 23 gobernadores del partido, quienes rechazaron la federalización de unidades de la Guardia Nacional sin consentimiento del gobernador Newsom.Redadas del ICE, violencia y tensión en Paramount, CaliforniaUno de los puntos más críticos de la operación del ICE ocurrió en el estacionamiento de un Home Depot en Paramount. Según testigos, agentes encubiertos descendieron de una camioneta blanca sin identificación y comenzaron a detener a personas sin realizar preguntas ni advertencias. "Simplemente agarraban a la gente. No hacen preguntas. No sabían si alguno de nosotros estaba en algún proceso migratorio", relató a The Washington Post una testigo guatemalteca llamada Xóchitl. Al menos 44 personas fueron arrestadas por violaciones migratorias en el condado de Los Ángeles, y una más por obstrucción a la justicia.Tensión e incidentes en protestas en Los Ángeles (Reuters)Durante el fin de semana, la intervención derivó en una protesta frente al local, que comenzó de forma pacífica pero escaló rápidamente. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma para dispersar a la multitud. Un grupo de manifestantes rodeó un autobús del US Marshals para impedir su avance. Sobre Alondra Boulevard se observaron signos de disturbios, carritos volcados, banderas estadounidenses quemadas y objetos arrojados contra los agentes.
El presidente Donald Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional en California, principalmente en la ciudad de Los Angeles, con la intención de apaciguar la escalada de protestas que involucraba a grupos de manifestantes que denunciaban redadas de inmigración. Sin embargo, la presencia de los efectivos generó una escalada en el conflicto y este domingo se presentaron enfrentamientos.El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que planea demandar a la administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles.Newsom también respondió a las amenazas de arresto por parte de funcionarios de la administración Trump y se mantuvo desafiante mientras supervisa los enfrentamientos entre agentes del orden y manifestantes en respuesta a las redadas de inmigración en California.Noticia en desarrollo.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 44 personas en algunas zonas de Los Angeles. Esto dio pie a una serie de enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes en el centro de la ciudad.Al menos 44 personas fueron detenidas bajo el operativo denominado "Intervenciones Dirigidas".El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial para desplegar a 2000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Angeles.La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) exigió a las autoridades locales que cumplan su promesa de mantener a L.A. como una "ciudad santuario".11.05 LA | 15.05 ARG | La alcaldesa Karen Bass rechazó la medida de Donald Trump en Los AngelesLuego del anuncio del presidente de EE.UU., la alcaldesa de la ciudad consideró el accionar como "innecesario". Durante una charla con LA Times, reveló que las manifestaciones del pasado 7 de junio fueron de carácter "menor" y que el ambiente de Los Angeles era "pacífico" hasta ese momento.10.45 LA | 14.45 ARG | La Guardia Nacional llegó a Los AngelesMiembros de la Guardia Nacional en California llegaron a la ciudad cerca de las 8 hs (hora local). Según consignó NBC News, el cuerpo policial pertenecía al Equipo de Combate de la 79.ª Brigada de Infantería y se encargará de supervisar edificios y otras instalaciones federales.
Mientras que muchas comunidades en Estados Unidos se oponen abiertamente a los operativos de detención de inmigrantes, hay otras donde estos procedimientos federales generaron un impacto favorable en sus finanzas. Tal es el caso de Winnfield, un pequeño pueblo ubicado en la región norte de Louisiana, cuya economía resurgió a partir de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).El acuerdo con ICE que cambió el rumbo económico de WinnfieldWinnfield, históricamente conocida por su actividad maderera, enfrentó una profunda crisis económica a medida que la industria se automatizó y la infraestructura de transporte cambió. La construcción de una autopista interestatal desvió el tráfico comercial y turístico de la zona, lo que derivó en una fuerte reducción demográfica y el cierre de múltiples negocios del centro.Sin embargo, en los últimos años, el ICE apareció como una oportunidad de revitalizar el recurso local. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, hace seis años, la agencia federal firmó un contrato con las autoridades del condado de Winn para utilizar su prisión como centro de detención migratoria. La instalación, que ahora cuenta con una capacidad de aproximadamente 1600 camas, se convirtió en el mayor centro de detención del estado de Louisiana y uno de los más grandes a nivel nacional.Este cambio significó una inyección directa de recursos federales. Se crearon nuevos empleos, se mejoraron instalaciones y aumentaron los servicios en el área. Oficiales y unidades especializadas del sheriff, sistemas de videovigilancia y hasta programas de capacitación han sido posibles gracias a los ingresos generados por el contrato de detención.El rol de los contratos federales en la economía localEn zonas rurales como Winnfield, donde una cuarta parte de la población vive bajo la línea de pobreza, según el medio estadounidense, la llegada de estos fondos transformó el panorama financiero. El contrato le garantizó el pago por un porcentaje mínimo de camas ocupadas, lo que aseguró ingresos estables, incluso si la ocupación disminuye temporalmente.El sheriff del condado, Josh McAllister, detalló a The Washington Post cómo estos fondos permitieron la expansión de su personal, la adquisición de equipo especializado y el lanzamiento de nuevos servicios comunitarios, como unidades caninas y asistencia para adultos mayores. Incluso mencionó planes para incorporar programas de jardinería para los detenidos, así como mejoras en el control animal.El fenómeno que ocurre en Winnfield no es aislado, en el llamado "corredor de detención" del sur de EE.UU., hay numerosos pueblos pequeños que albergan sitios similares. La región concentra algunos de los mayores centros de detención del país norteamericano, especialmente en Texas, Georgia, Mississippi y Louisiana.Según datos de TRAC Immigration, Louisiana ocupa el segundo lugar en número de personas bajo custodia del ICE, solo detrás de Texas. El Centro Correccional de Winn promedia más de 1500 detenidos por día. Este nivel de actividad convierte a la prisión en un eje económico fundamental para la zona.El dilema entre beneficios económicos y derechos humanosPara muchos en Winnfield, los beneficios tangibles de la presencia del ICE se reflejan en calles más iluminadas, mejores escuelas y mayor empleo. Pero el debate ético sobre el papel de los centros de detención en comunidades empobrecidas sigue abierto.Grupos pro-inmigrantes como Detention Watch Network advierten que este modelo económico, basado en la retención de personas por su estatus migratorio, distorsiona los objetivos de justicia y compasión que deberían guiar la política migratoria del país norteamericano. Sostienen que los incentivos financieros están configurados para aumentar las detenciones y reducir costos por persona, una fórmula que ha llevado al crecimiento sostenido del sistema en las últimas décadas.Mientras las conocidas "ciudades santuario" en otras partes de EE.UU. se enfrentan con el gobierno federal por políticas de deportación, pueblos como Winnfield hallaron una forma de mantenerse a flote en un contexto económico adverso.
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió las atribuciones otorgadas a los militares para realizar detenciones en flagrancia en la frontera norte y advirtió que se trata de una medida que regía en la presidencia de Cristina Kirchner. "El operativo Escudo Norte, lanzado en 2011, contemplaba la aprehensión de incursores ilegales por parte de las Fuerzas Armadas", reveló el funcionario, al exponer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, en un encuentro que se extendió durante cuatro horas y media. Hubo fuertes cruces con legisladores de la oposición, en particular el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez."Nosotros en un año pusimos las cosas en su lugar. Respaldamos a las Fuerzas Armadas, porque creemos en ellas y no las perseguimos. Son Fuerzas Armadas democráticas y de la Constitución", reivindicó Petri, ante los planteos de legisladores que expresaron sus dudas y preocupaciones por las reglas de empeñamiento otorgadas a las Fuerzas Armadas en forma reservada para actuar en la frontera norte. También se objetó la situación de la obra social de los militares, que arrastra una deuda superior a los $120.000 milllones, la pendiente equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el incierto panorama de la Fábrica de Aviones (Fadea) y el cierre de Coviara, una dependencia del Ministerio de Defensa creada en 1966 para promover la construcción de viviendas para el personal de la Armada.Petri recordó que cuando asumió, en diciembre de 2023, encontró "un grupo de trabajo en el ministerio que se arrogaba facultades parajudiciales, con el fin de investigar y carpetear a miembros de las Fuerzas Armadas". Y recriminó a Martínez las políticas de defensa de los gobiernos kirchneristas. "Tenían facultades civiles de precintar oficinas. No eran fiscales, eran civiles nombrados por el poder político de turno y no reportaban a las autoridades oficiales. Después les negaban el ascenso a miembros de las fuerzas por portación de apellido.Cuestionó, incluso, que al finalizar el gobierno de Alberto Fernández hacía tres meses que no había raciones en los cuarteles. "Mucho Plan Platita y tenían que dividir las guardias. Las persiguieron [a las Fuerzas Armadas]. Todos saben que las persiguieron. Tengo que refrescar la memoria", lanzó el ministro. Y, en medio de la queja de diputados opositores, amplió: ientras los soldados no comían, en 2022 el Ministerio de Defensa compró 248 litros de Johnnie Walker y 743 kilos de jamón rosado. Vergüenza les tiene que dar".Petri intentó explicar las razones del abultado déficit del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que tiene 2700 empleados y que al asumir el gobierno de Javier Milei tenía las cuentas en orden. "Cada mes se van $9000 millones en medicamentos de alto costo y el 80% son de origen importado", precisó, al ratificar la continuidad del actual presidente de la obra social, su comprovinciano Roberto Fiochi,. cuestionado por sectores castrenses. El ministro reveló que el viernes último presentó al Directorio del organismo un plan de reingeniería y que, a raíz del conflicto, la obra social gasta $110 millones en amparos judiciales. En la reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Defensa, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), el ministro reivindicó el reciente anuncio de reformulación del servicio militar voluntario, que garantizará la obligatoriedad de completar los estudios secundarios, con certificación de oficios. Le salió al cruce el peronista Martínez: "En los temas de mediano y largo plazo no se puede asumir la realidad como si todo empezara cuando uno llega a un lugar. Hasta los aspectos positivos tienen antecedentes de gestiones anteriores. En el servicio militar voluntario ya había en 2015 capacitación en oficios y certificación de competencias. La pólvora está inventada. Bienvenido si tiene un nuevo impulso, pero aflójenle al humo".Atribuciones para detenerRespecto de las atribuciones de los militares para realizar detenciones en flagrancia en lafrontera norte, el jefe del bloque kirchnerista señaló al ministro: "Tiene derecho a impulsar que las reglas de empeñamiento sean secretas. Lo que queremos es conocerlas".Al respecto, Martínez dijo que el decreto que creó el Operativo Escudo Norte en 2011 fue un expediente iniciado por el Ministerio de Seguridad y se refería exclusivamente a la seguridad interior. "La atribución de aprehensión se limitaba al dispositivo de seguridad, no de defensa. Nunca hubo un acto administrativo en nuestras gestiones que le dieran la atribución de aprehensión a las Fuerzas Armadas. Macaneaste, dijiste algo equivocado", expresó, molesto con el ministro.A su turno, López Murphy planteó su preocupación por el déficit de la obra social de los militares y por la decisión de aprobar las reglas de empeñamiento por una resolución ministerial y no mediante un decreto o una ley. También advirtió sobre el incumplimiento de la equiparación salarial de los militares con las fuerzas de seguridad. Una promesa incumplida que también fue expresada por el bloque de Unión por la Patria."En diciembre 2019 la brecha con las fuerzas de seguridad era del 17 por ciento. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, la diferencia era del 25% y hoy es del 19 por ciento. Ustedes no equipararon nada", respondió el ministro, al anunciar que cuando el presidente Javier Milei concluya su gestión, dicha equiparación se hará efectiva.El ministro defendió la compra de los aviones caza supersónicos F-16 y recriminó que durante el kirchnerismo se incorporaron en el presupuesto partidas para la adquisición de los aviones chinos JF-17. "Es la compra más importante de los últimos 40 años. En el período anterior, el Congreso les aprobó a los ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana la compra de aviones chinos por 644 millones de dólares", apuntó.Martínez replicó y dijo que el Congreso nunca aprobó esas compras, sino que dio autorización para un endeudamiento. "Usted no sabe lo que vota. Les duele haber aprobado en el presupuesto compras que después no se verificaron en la realidad", insistió el ministro.En el mismo sentido, el ministro cuestionó el ambicioso programa de la construcción de aviones IA-100 anunciados en la gestión de Alberto Fernández. "Puro relato. Lo único que encontré de ese anuncio fue una maqueta", asestó Petri.El ministro, en tanto, anunció su decisión de cerrar Coviara y generar planes de viviendas para las Fuerzas Armadas para incrementar la posibilidad de acceso a viviendas en forma real. Dijo que la empresa estatal "perdió $400 millones en 2023 y no se construyeron viviendas para la Armada en los últimos 20 años". Reveló que tiene una deuda de $250 millones, mantiene una estructura burocrática desmesurada El Ministerio de Defensa no está para construir viviendas".Agustina Propato (Unión por la Patria) agradeció la presencia del ministro de Defensa, pero señaló que más que preguntas tenía preocupaciones. Advirtió sobre la falta de políticas de bienestar social en las Fuerzas Armada y los niveles salariales "con sueldos de hambre", además de lamentar la ausencia del presidente de Iosfa en la reunión. La legisladora planteo dudas sobre la posible existencia de un plan para privatizar la obra social, que tiene 600.000 afiliados, y cuestionó "el alineamiento internacional en materia de defensa" y el sugestivo interés de los Estados Unidos en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.
"Perseguir a quienes informan sobre el precio del dólar no va a resolver la devaluación del bolívar", comunicó el partido político Voluntad Popular
La administración Trump redobla la presión para acelerar las deportaciones de personas indocumentadas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sufrido una nueva reestructuración de su liderazgo luego de que se conociera un aumento significativo en las cuotas de detenciones diarias esperadas. Cambio de mandos en el ICE y mayor presiónEl ICE informó que Robert Hammer, jefe interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), fue reasignado apenas cuatro meses después de asumir el cargo. Paralelamente, Kenneth Genalo, jefe interino de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), se retirará, aunque continuará colaborando como empleado especial del gobierno.Estos cambios se producen tras la declaración de Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, en Fox News, donde anunció que la administración busca que ICE realice "un mínimo de 3.000 arrestos por día", un incremento sustancial respecto a las cuotas iniciales de entre 1.200 y 1.500 arrestos diarios fijadas a principios del mandato de Trump. Esta nueva meta fue comunicada a los líderes de ICE por Miller y Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en una reunión tensa la semana pasada, según anticipó Axios.Los números son ambiciosos. ICE ya ha tenido dificultades para cumplir con las cuotas anteriores. En abril, el DHS informó que el servicio había realizado más de 66.000 arrestos en los primeros 100 días de Trump, lo que equivale a un promedio de 660 arrestos por día, según The Washington Post. Tom Homan, el zar de la frontera, reconoció que "no estaba satisfecho con los números", pero aseguró que se habían "aumentado mucho los equipos" y que esperaban "un rápido aumento en el número de arrestos".Cómo se reorganiza el ICEPara ocupar los puestos vacantes, Derek Gordon, quien recientemente se desempeñó como agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Washington, reemplazará a Hammer. Marcos Charles asumirá el rol de Genalo, supervisando las operaciones de ejecución y remoción. ICE también anunció que Mellissa Harper será la subdirectora interina de Charles para las operaciones de ejecución y remoción. Este último funcionario ha estado supervisando las operaciones de ejecución y remoción en las 25 oficinas de campo de ICE en todo el país. En una presentación judicial reciente en el caso de las deportaciones a Sudán del Sur, Charles declaró que comenzó su carrera como agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Hebbronville, Texas, antes de que se creara el DHS después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Se unió a ICE en 2008 y ha dirigido oficinas de campo en Boston; St. Paul, Minnesota; y Dallas, según The Washington Post.La administración Trump ha buscado acelerar las deportaciones, incluso invocando una ley de tiempos de guerra raramente utilizada para deportar a presuntos miembros de pandillas sin una audiencia. Se conoce como la Ley de Enemigos Extranjeros.Este no es el primer cambio de personal en ICE bajo la administración Trump. En febrero, el director interino de ICE fue reasignado apenas un mes después de asumir el cargo, junto con otros dos altos funcionarios de ICE. Caleb Vitello, un veterano funcionario de ICE, fue reemplazado por Todd Lyons tras quejas de funcionarios de la Casa Blanca por el bajo número de arrestos de inmigrantes.¿Podrá ICE cumplir con la cuota de detenciones diarias?El aumento en las cuotas de detenciones plantea desafíos logísticos significativos. Associated Press señala que existe un número limitado de agentes de ejecución y remoción, y que este número se ha mantenido estancado durante años. Además, ICE tiene un número limitado de camas de detención para albergar a las personas una vez arrestadas y un número limitado de aviones para trasladarlas fuera del país.A pesar de estos desafíos, la administración está impulsando un importante aumento de fondos como parte de un paquete en el Congreso que podría potenciar la aplicación de la ley de inmigración. El plan tiene como objetivo financiar la expulsión de 1 millón de inmigrantes al año y albergar a 100.000 personas en centros de detención. El plan también exige 10.000 agentes e investigadores más de ICE, según Associated Press.
Lo anunció el Departamento de Estado mediante un comunicado oficial.La administración de Donald Trump puntuó con la peor calificación al país gobernado por Nicolás Maduro.Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó otra medida para frenar el otorgamiento de visas a estudiantes extranjeros.
El extenso mensaje considera a la conducta chavista como "un patrón de represión que puede ser calificado como terrorismo de Estado, por su carácter sistemático, intimidatorio y arbitrario". Leer más
El gobernador Ron DeSantis firmó el 19 de mayo una controvertida norma que modifica de forma significativa las competencias de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés). La nueva ley, SB 1388, introduce límites al accionar de esta agencia estatal sobre embarcaciones y redefine cuándo sus oficiales pueden detener o abordar un bote. Ley SB 1388 en Florida: cambios en la autoridad de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida SilvestreLa SB 1388 restringe de manera drástica la posibilidad de que los oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre realicen detenciones o abordajes sin justificación clara. Hasta ahora, esta fuerza tenía un margen amplio para inspeccionar embarcaciones bajo criterios discrecionales relacionados con la seguridad o el cumplimiento de normas sanitarias en el agua.La ley ahora establece:Ningún oficial podrá abordar una embarcación o detenerla con fines de inspección si no cuenta con una causa probable o conocimiento concreto de que se cometió, o en ese momento está en curso, una infracción.Si el propietario o el operador de la embarcación no está a bordo, el oficial no podrá realizar abordajes para inspección de seguridad o saneamiento.Se prohíbe detener un bote únicamente para revisar si cumple con los requisitos de equipo de seguridad o sanitarios. Estas infracciones pasaron a considerarse como "ofensas secundarias", lo que significa que solo pueden ser citadas si existe otro motivo legal previo para la detención.Qué es la calcomanía "Florida Freedom Boater", un nuevo requisito en FloridaUna de las innovaciones más notorias que introdujo la ley SB 1388 es la creación del programa "Florida Freedom Boater", una iniciativa que busca agilizar las inspecciones y reducir fricciones entre los oficiales y los dueños de embarcaciones.La medida fue detallada en la sección 327.70 del proyecto de ley:El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados, junto a la FWC, desarrollará una calcomanía oficial que certificará que un bote cumple con los requisitos de seguridad exigidos por la legislación estatal.Esta insignia podrá ser emitida en el momento del registro o renovación, siempre y cuando la embarcación supere una inspección de seguridad realizada por un oficial.La calcomanía deberá colocarse a menos de 15 centímetros del número de registro del bote, en la parte delantera izquierda. En embarcaciones sin motor y sin registro obligatorio, deberá ubicarse por encima de la línea de flotación en la sección frontal izquierda.Tendrá una validez mínima de un año y máxima de cinco años, según lo determine la Comisión por reglamentación.Si una embarcación lleva esta calcomanía visible, los oficiales no podrán detenerla únicamente para una inspección de equipo de seguridad, salvo que haya una sospecha razonable de violación.Cuándo entra en vigor esta nueva ley en FloridaLa ley SB 1388 fue aprobada por el Legislativo estatal en mayo de 2025 y recibió la firma del gobernador Ron DeSantis el 19 de mayo. Un día después, se convirtió formalmente en el Capítulo 2025-35 del Código de Florida, con vigencia efectiva a partir del 1° de julio de 2025. La iniciativa fue impulsada por el Comité de Asignaciones de Agricultura, Medio Ambiente y Gobierno General, con el senador Jay Trumbull como principal patrocinador.Según reportó el portal oficial de la Legislatura de Florida, la ley forma parte de un paquete más amplio de medidas orientadas a consolidar lo que la administración de DeSantis denomina "libertades individuales" frente al accionar de organismos estatales.
La Cámara Nacional confirmó la condena a 16 años del ex comisario Víctor Hugo Almirón y del ejecutivo Antonio Grueso, por los secuestros y torturas a 16 trabajadores de la empresa que pertenecía a Marcos Levin. Este empresario también fue condenado en primera instancia pero como falleció en 2024, Casación declaró extinguida la acusación en su contra.
Argentina y Francia intensifican esfuerzos en tribunales internacionales para liberar a sus ciudadanos detenidos arbitrariamente en Venezuela e Irán, apelando a la justicia global ante la falta de acción diplomática
El próximo 25 de mayo se celebran comicios en Venezuela bajo un clima de tensión, detenciones de extranjeros y un escenario opositor dividido. Leer más
Se trata del mayor número de detenciones en un solo mes en casi 24 años, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses también reportaron un incremento en las confiscaciones de drogas, destacando el esfuerzo por frenar el tráfico ilícito en la región fronteriza con México
Aunque llamativo, el arresto en el aeropuerto de Los Ángeles del argentino que vivió legalmente en Estados Unidos durante 18 años ilustra de manera clara las políticas implementadas por Donald Trump, quien durante su campaña presidencial prometió endurecer las leyes migratorias y erradicar lo que consideraba abusos en el sistema de inmigración del país.La detención se enmarca dentro de las recientes advertencias emitidas por su administración a los titulares de la green card, a quienes el gobierno dejó claro que este estatus no garantiza una permanencia indefinida y que cualquier acción percibida como una amenaza para la seguridad nacional podría tener consecuencias graves. Según trascendió, los supuestos antecedentes legales del argentino Agustín Gentile (31) podrían haber sido un factor determinante en la confiscación de su tarjeta de residencia y su posterior arresto.Este es el primer caso conocido públicamente de un inmigrante argentino arrestado durante el segundo mandato de Trump, pero no se trata de una práctica nueva. De hecho, durante la administración de Joe Biden, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestó a 322 inmigrantes argentinos. No obstante, su enfoque fue menos severo, ya que sus directrices permitían una evaluación más flexible de cada caso, considerando factores como la gravedad del delito, el tiempo de residencia y el impacto en la familia, explicó a LA NACION Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas asociada del Programa de Políticas de Inmigración de Estados Unidos del Migration Policy Institute."Se instruyó a los agentes a considerar la 'totalidad de las circunstancias' de cada caso y los factores atenuantes", indicó la experta. Por el contrario, cuando Trump asumió la presidencia, derogó esas directrices, lo que resultó en un enfoque mucho más estricto y menos flexible hacia la inmigración. "Aunque las prioridades siguen siendo las amenazas a la seguridad nacional, tanto en sus declaraciones como en sus acciones, la administración ha dejado claro que cualquier persona considerada 'removible' corre el riesgo de ser deportada", precisó Putzel-Kavanaugh. Aunque el ICE aún no ha publicado las cifras desglosadas por nacionalidad correspondientes al actual mandato de Trump, los datos generales de sus primeros 100 días en el poder ofrecen una muestra del endurecimiento de su política migratoria. En ese período, el gobierno detuvo a 158.000 personas en situación migratoria irregular. La administración sostiene que ICE ha concentrado sus esfuerzos en detener a "lo peor de lo peor", aunque la realidad muestra un panorama más matizado: entre los detenidos hay también personas con infracciones menores, como multas de tránsito o incidentes viales.En paralelo, el gobierno ya ha deportado a unas 142.000 personas y ha manifestado su intención de superar el número de remociones alcanzado durante el mandato de Biden, que, contrariamente a la percepción general, fue mayor que el de Trump en su primera presidencia: más de 1,5 millones de inmigrantes fueron deportados entre 2021 y 2024. "Esto es solo el comienzo", advirtió Trump, dejando en claro que su política migratoria continuará con mano dura.En este contexto, los datos sobre los arrestos de ciudadanos argentinos durante el período previo ayudan a dimensionar el alcance de estas medidas. Entre 2021 y 2024, bajo la presidencia de Biden, del total de 322 arrestos, el 29% (93 casos) ocurrieron en Miami, la ciudad estadounidense con la mayor comunidad argentina. Le siguen Newark, con 30 arrestos; Chicago, con 23; Los Ángeles, con 19; Houston, con 14; y Nueva York y Boston, con 12 arrestos cada una. El resto se distribuye en otras "áreas de responsabilidad" que ICE define según sus divisiones regionales.En cuanto al historial judicial, de los 322 arrestos de ciudadanos argentinos entre 2021 y 2024, 101 corresponden a personas que ya habían sido condenadas penalmente en Estados Unidos al momento de su arresto, mientras que 66 enfrentaban cargos penales aún pendientes. Los 155 restantes no tenían condenas ni acusaciones penales vigentes, pero habían incurrido en violaciones a las leyes migratorias, como exceder el tiempo de estadía permitido por su visa o incumplir las condiciones del Programa de Exención de Visa.En lo que respecta a las detenciones, el número total de argentinos detenidos en Estados Unidos entre 2021 y enero de 2025 asciende a 644. No obstante, las cifras aún no han sido actualizadas desde el regreso de Trump a la presidencia.Es importante señalar que el arresto y la detención por parte del ICE son acciones distintas, aunque vinculadas. La diferencia radica en que los arrestos solo incluyen a las personas detenidas directamente por ICE, mientras que las detenciones abarcan a todas las personas que pasan a custodia de ICE, incluidas las transferidas desde otras agencias como la Patrulla Fronteriza (CBP) o cárceles locales. Las detenciones también incluyen a quienes se entregan voluntariamente o son derivados por tribunales, lo que hace que su número sea generalmente mayor que el de los arrestos.Del total de detenciones de argentinos registradas en ese período, 126 ocurrieron en Phoenix, Arizona, una ciudad que alberga una de las principales oficinas de la ERO y que se ha consolidado como un centro clave para los operativos migratorios. Además, su cercanía a importantes centros de detención, como los de Eloy y Florence, refuerza su papel estratégico. Le siguen Miami, con 107 detenciones, y San Antonio, con 85.Otras medidas migratorias relevantes incluyen las remociones. Entre 2021 y enero de 2025, un total de 312 ciudadanos argentinos fueron deportados de Estados Unidos. Este término se refiere al proceso formal mediante el cual un extranjero es expulsado del país tras la emisión de una orden de remoción por parte de un tribunal de inmigración u otra autoridad competente. Las remociones comprenden tanto las salidas voluntarias acordadas con las autoridades como las expulsiones forzadas.Paralelamente, 59 argentinos se encuentran actualmente bajo el programa de Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés). Se trata de iniciativas diseñadas para permitir que personas involucradas en procesos migratorios permanezcan en la comunidad mientras cumplen con las condiciones impuestas por el ICE. Estas alternativas buscan reducir la dependencia de los centros de detención, garantizando al mismo tiempo que los individuos se presenten ante las autoridades migratorias y acaten las órdenes de remoción cuando corresponda.La creciente saturación del sistema también ha incentivado el uso de estas medidas. A comienzos de 2025, ICE contaba con financiamiento para apenas 41.500 camas en centros de detención, una cifra insuficiente frente a la cantidad de personas sujetas a procesos de deportación. Como consecuencia, muchas de ellas â??incluso aquellas con antecedentes penalesâ?? permanecen en libertad supervisada mientras se define su situación migratoria.LA NACION intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la Cancillería argentina y con varios consulados argentinos en Estados Unidos para consultar si estaban al tanto de la situación de los ciudadanos arrestados, detenidos o deportados por las autoridades migratorias estadounidenses, pero al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
La jefa de Estado reveló que el autor intelectual del secuestro y asesinato de los 13 trabajadores fue detenido el 2023 y liberado por el Ministerio Público
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, emitirá un comunicado para esclarecer la jornada violenta
Se realizaron seis allanamientos y pedidos de detención de integrantes del grupo de violentos que comanda el jefe de hecho de la Uocra.Hay filmaciones de galpones del gremio que muestran la salida de los que concretaron la emboscada en el Hospital
En los últimos meses, algunos viajeros extranjeros tuvieron dificultades al intentar ingresar a Estados Unidos con fines turísticos. Algunos de ellos sufrieron deportaciones inmediatas y otros atravesaron estancias prolongadas en centros de detención migratoria. Esto generó controversias en la comunidad internacional y dudas sobre las políticas fronterizas y los requisitos para visitar el país norteamericano.Arresto de turistas en la frontera cuando querían ingresar a EE.UU.Según The New York Times, en las últimas semanas, una gran cantidad de visitantes internacionales que intentaban ingresar a Estados Unidos desde otros países descubrieron en los puestos de control fronterizos que no podrían ingresar al país norteamericano.Una mujer británica de 28 años fue retenida en un centro de detención en el estado de Washington durante tres semanas. Intentó cruzar desde Canadá, pero surgieron dudas sobre la validez de su visa. Finalmente, fue enviada de regreso a su país sin poder completar su viaje.Días antes, dos ciudadanos alemanes fueron deportados tras ser retenidos en San Diego, California. Ambos intentaban ingresar desde México y desconocían las razones precisas de su arresto. Relataron que pasaron varias semanas en un centro de detención antes de ser enviados nuevamente a su país de origen.En la frontera con Canadá, un mochilero galés pasó casi tres semanas en un centro de detención antes de regresar a su casa esta semana.Este tipo de detenciones que trascendieron a la prensa norteamericana provocaron preocupación en diferentes sectores. Las autoridades migratorias detallan en su página web cuáles son los requisitos que deben cumplir los turistas que deseen ingresar a Estados Unidos.Sin embargo, en repetidas ocasiones, han señalado que el simple hecho de contar con documentos de viaje no garantiza el ingreso, ya que insisten en que cada caso es evaluado individualmente y que los agentes fronterizos tienen discreción para negar la entrada si encuentran inconsistencias.Qué se necesita para ingresar como turista a Estados UnidosEl Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) explica en su página web que todo visitante que desee ingresar debe contar con la documentación adecuada. Para la mayoría, esto implica una visa de turismo o negocios. Algunos viajeros pueden estar exentos de este requisito si provienen de países incluidos en el Programa de Exención de Visa.Asimismo, la agencia indica que en caso de no requerir visa, se debe obtener una autorización electrónica de viaje antes de abordar un vuelo. Este trámite permite a las autoridades revisar antecedentes y posibles riesgos antes de la llegada al país norteamericano. Sin esta autorización, el ingreso será denegado.Al llegar a un punto de entrada, un oficial de aduanas realiza una entrevista breve. Pregunta sobre los motivos del viaje, la duración de la estancia y el alojamiento previsto. Si hay respuestas inconsistentes o sospechas, la entrada puede ser rechazada inmediatamente.Los viajeros que planean permanecer más tiempo del autorizado deben solicitar una extensión antes del vencimiento de su estadía. Esto se gestiona a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y requiere la presentación de documentación específica.Para menores de edad, las reglas incluyen requisitos adicionales, según detalla el gobierno de Estados Unidos en su página. Los niños y bebés deben contar con pasaporte válido y, en algunos casos, con una carta de consentimiento firmada por sus padres o tutores. Esto es especialmente importante si viajan sin la compañía de ambos progenitores.Con respecto a las aerolíneas, estas pueden exigir documentación adicional para menores que viajan solos. Algunos requieren formularios específicos y el pago de un servicio de acompañamiento. La persona que recoge al menor en destino debe presentar identificación válida.
Miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos con el documento I-220A enfrentan incertidumbre debido a un endurecimiento en los controles migratorios. Algunos fueron detenidos tras acudir a citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que generó temor entre la comunidad. Mientras sus casos de asilo siguen en proceso, quedan atrapados en un sistema sin garantías claras de permanencia.Las detenciones y el temor entre los cubanos con I-220AVarios cubanos que entraron a EE.UU. de forma ilegal y fueron liberados con el documento I-220A fueron sometidos a detenciones temporales al asistir a citas con el ICE en Miramar, Florida. Este mecanismo de control intensivo es parte del Programa de Supervisión Intensiva de Apariciones (ISAP, por sus siglas en inglés), que exige a los inmigrantes registrarse periódicamente.Muchas de estas personas asisten a sus citaciones con miedo. "Todo el mundo está muy asustado, hay muchas personas que no quieren ir a las citas", expresó Royma Alarcón en diálogo con Univision, para reflejar la incertidumbre de quienes no tienen estatus definido.Uno de los casos es el de Yasel Gutiérrez, quien decidió asistir a su cita en la oficina del ICE en Miramar a pesar del temor. "Me siento nervioso porque si algo pudiera pasarme en ese aspecto mi familia se queda sin sustento. Estoy con un pie aquí y otro no sé dónde porque no estoy legalmente aquí", comentó.Gutiérrez tenía cita para las 8.30 horas. Como indica el protocolo, fue inspeccionado por agentes de seguridad en la primera puerta. Luego, pasó a una segunda fila antes de entrar a las instalaciones del ICE. Sin embargo, no salió por horas. Su esposa, quien lo estaba esperando en la salida junto a su hijo, había comenzado a preocuparse.Finalmente, tras mucho tiempo de espera, salió para reencontrarse con su familia. "No me preguntaron nada solamente si tenía fecha de corte, y me dieron cita para el próximo año. Todos están nerviosos", contó. Distinto fue el caso de otra cubana con I-220A, según Univision, que asisitó a su cita y quedó detenida.El pedido de la congresista María Elvira Salazar por el 'parole in place'La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar denunció que estas detenciones agravan la crisis migratoria. En ese sentido, pidió al ICE que no detenga a los cubanos con I-220A y que sus casos sean evaluados sin restricciones adicionales. "Estoy investigando a fondo lo que está pasando", escribió en su cuenta de X.Asimismo, Salazar solicitó que se implemente el programa "parole in place", lo que permitiría a estos migrantes acceder a un estatus legal temporal. Sin embargo, esta medida fue suspendida en 2024 por una orden judicial en Texas, lo que impide que muchos cubanos regularicen su situación.En septiembre de 2023, un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el I-220A no puede considerarse un parole humanitario. Esta decisión impide que los beneficiarios del documento puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia. Desde 1966, esta legislación permitió a los cubanos ajustar su estatus migratorio.El I-220A es un documento entregado por el ICE a ciertos inmigrantes liberados tras su detención. Incluye requisitos como presentarse a audiencias y mantener actualizados sus datos con las autoridades. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), no otorga un estatus migratorio legal.Cubanos con I-220A: las soluciones de un abogado migratorioPor el momento, el ICE no emitió declaraciones oficiales sobre las recientes detenciones. Sin una solución clara, miles de cubanos con I-220A permanecen en un limbo migratorio sin garantías de regularización. En este contexto, el abogado especialista en inmigración Wilfredo Allen enumeró una serie de soluciones en una conversación en el canal Daniel Benitez News.En específico, aseguró que los cubanos con I-220A no deben preocuparse. Se basa en los precedentes históricos, como el de los balseros de Guantánamo, para considerar que "todos eventualmente se legalizarán". "La ley estadounidense odia la inconsistencia", explicó, con relación a casos donde algunos miembros de una familia entraron con parole y otros con I-220A.Esta inconsistencia, según Allen, llevará a las cortes federales a tratar el I-220A como un parole de facto, lo que permitirá su regularización. Entre las soluciones clave, el abogado destacó la importancia de:Mantener la calma y no caer en el pánico, ya que las detenciones no siempre terminan en deportación.Tener todos los documentos en orden, como las copias del recibo de I-765, permisos de trabajo y licencias.Contar con representación legal especializada para guiar el proceso y manejar entrevistas o detenciones.Presentar el asilo lo más rápido posible para activar el "reloj" del permiso de trabajo y evitar deportaciones expeditas.Allen también enfatizó que, aunque el gobierno de Estados Unidos puede intentar crear miedo entre los migrantes, es crucial seguir el proceso legal con paciencia y confianza. El abogado instó a todos los cubanos con I-220A a mantenerse preparados y enfocados en su camino hacia la residencia: "Todos se van a legalizar".
Las pruebas recolectadas por la Justicia Federal que revelarían cómo el ex senador buscó ocultar su patrimonio y engañar a la AFIP con balances falsos de su empresa
Las imágenes de los cientos de migrantes siendo trasladados de Estados Unidos a una prisión de alta seguridad de El Salvador fueron unas de las más impactantes sobre la nueva política del gobierno de Donald Trump sobre la inmigración.Desde su llegada a la Casa Blanca hace dos meses, Trump lanzó una serie de órdenes encaminadas a limitar la llegada de migrantes a las fronteras y acelerar las deportaciones de indocumentados citando argumentos políticos y presuntos riesgos de seguridad nacional.Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a conocerse inquietantes casos de viajeros, varios de países desarrollados o "aliados" de Estados Unidos, que son detenidos por agentes de inmigración en aeropuertos y puertos de entrada fronterizos.Alemania y Reino Unido ya lanzaron alertas para los viajeros de sus países que visiten Estados Unidos.Uno de los casos más recientes es el de Becky Burke, una turista británica de 28 años que denuncia haber sido detenida durante 19 días y que, según sus padres, fue encadenada al estilo "Hannibal Lecter".La joven viajaba como mochilera por Norteamérica a finales de febrero. Cuando intentó cruzar de la ciudad de Seattle (Estados Unidos) a Vancouver (Canadá), fue devuelta por las autoridades canadienses.Los agentes federales estadounidenses no admitieron su reingreso.Fue procesada por violar las condiciones de su estancia en Estados Unidos como turista.Sus padres, Paul y Andrea Burke, contaron a la BBC que fue un malentendido, pues había acordado con familiares en Estados Unidos que se encargaría de hacer "labores domésticas" a cambio de que le permitieran alojarse en su casa.La joven quedó "traumatizada" tras ser trasladada con "cadenas en las piernas, cadenas en la cintura y esposas" a un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) e internada ahí durante casi tres semanas antes de ser repatriada a Reino Unido esta semana."Durante 19 días estuvo vistiendo la misma ropa de la cárcel", aseguraron.El Centro de Procesamiento del Noroeste dijo en un comunicado: "Todos los extranjeros que infrinjan la ley de inmigración estadounidense pueden ser objeto de arresto, detención y, si se considera que pueden ser expulsados por orden definitiva, la repatriación de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad".La subsecretaria Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), le dijo a BBC Mundo que hoy en día "el gobierno de Trump está haciendo cumplir las leyes de inmigración, algo que la administración anterior no hizo"."Aquellos que violen estas leyes serán procesados, detenidos y expulsados como se requiere", añadió.Casos llamativosOtros viajeros que recientemente intentaron entrar a Estados Unidos pasaron por experiencias difíciles.Uno fue un científico francés, cuya identidad no fue revelada por el gobierno de su país, que llegó el pasado 9 de marzo a la ciudad de Houston para asistir a una conferencia, pero le fue negada la entrada a Estados Unidos.En un control secundario, los agentes revisaron su teléfono y encontraron mensajes personales críticos sobre el gobierno de Trump."Esta medida fue tomada aparentemente por las autoridades estadounidenses porque el teléfono del investigador contenía intercambios con colegas y amigos en los que expresaba una opinión personal sobre la política de investigación de la administración Trump", le dijo Philippe Baptiste, ministro francés de Enseñanza Superior e Investigación, a la agencia AFP.Hilton Beckham, una portavoz de la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés), le dijo a BBC Mundo que, independientemente del caso del científico francés, todas las personas que llegan a Estados Unidos "están sujetas a una inspección caso por caso"."Si durante una inspección se descubre en medios electrónicos de una persona material que llame la atención, puede dar lugar a un análisis más detenido. Las afirmaciones de que tales decisiones tienen una motivación política son completamente infundadas", indicó Beckham, añadiendo que no son reglas recientes, sino "de larga data".Otro caso llamativo fue el del alemán Fabian Schmidt. Arribó al aeropuerto de Boston el 7 de marzo, pero los agentes no le permitieron la entrada.Su madre, Astrid Senior, aseguró a la cadena local WHBH que fue "violentamente interrogado" durante horas, desnudado y obligado a ducharse con agua fría.Eventualmente tuvo que ser hospitalizado por no haber tomado su medicación. A la fecha sigue detenido en un centro de ICE en Rhode Island.Schmidt tiene una esposa y una hija estadounidenses. Fue residente de Nuevo Hampshire durante años y es poseedor de una tarjeta de residente permanente desde 2008.Su caso, que sigue en proceso, está relacionado con una acusación de posesión de marihuana en California que, según su madre, había sido desestimada.Sin embargo, la portavoz Beckham le dijo a BBC Mundo que "cuando un individuo es encontrado con cargos relacionados con drogas e intenta volver a entrar en el país, los funcionarios tomarán las medidas pertinentes".Un caso más es el de la turista canadiense Jasmine Mooney. Asegura que fue detenida durante doce días luego de presentarse en el paso fronterizo de San Ysidro, en la frontera con México.Estuvo bajo custodia ahí durante tres días antes de ser trasladada a un centro de ICE en Arizona, donde asegura que tuvo que dormir en el piso en condiciones "infrahumanas", al igual que otras decenas de mujeres."Me pusieron en una celda y tuve que dormir en una colchoneta sin manta ni almohada, con un papel de aluminio envuelto alrededor de mi cuerpo como si fuera un cadáver durante dos días y medio", señaló.Mooney, de 35 años, tenía una visa TN que le permitía trabajar en California. Sin embargo, recientemente se la habían revocado, por lo que viajó al consulado de la ciudad de Tijuana para gestionar su renovación. Aunque asegura que tenía toda la documentación para volver a Estados Unidos, le fue negada la entrada y -tras dos semanas en el centro de ICE- fue deportada la semana pasada a Canadá.Beckham, del CPB, dijo que no puede comentar casos específicos, pero que "si se infringen los estatutos o las condiciones del visado, los viajeros pueden ser objeto de detención y expulsión".¿Qué está ocurriendo?Casos como los anteriores los siguió Felipe de la Hoz, un periodista e investigador sobre políticas de migración de Estados Unidos.El experto asegura que las detenciones, cancelaciones de visados o deportaciones de viajeros que llegan a los aeropuertos y pasos fronterizos no son nuevas, pero bajo el gobierno del presidente Donald Trump ha ocurrido un cambio en la forma en que los agentes migratorios deciden actuar."Hay un cierto nivel de discreción que pueden utilizar los agentes fronterizos que por lo general en el pasado ha impedido que utilicen su autoridad legal máxima con personas que son turistas o inclusive residentes", señala De la Hoz a BBC Mundo."Algún error, o alguna falla de comunicación, o lo que en algún otro momento se hubiera podido arreglar, ahora lo están usando. Están usando lo que siempre tuvieron, que es la autoridad legal de efectuar estas detenciones y de una manera en que ese poder anteriormente no se usaba", explica.Bajo otros gobiernos, los políticos en Washington cuidaron las relaciones con países que consideran "aliados". Los viajeros procedentes de esas naciones, algunos de los cuales no necesitan visado para entrar a Estados Unidos, no han sido objeto de controles severos o extraordinarios."Y hemos visto que a la administración actual no le preocupa tener problemas con aliados, ni con el estado de la economía", considera De la Hoz."Lo que estamos viendo es la victoria del punto de vista de personas como Stephen Miller, el asesor de migración del presidente, que es un asunto más ideológico: un intento de acabar con la inmigración como tal bajo el supuesto de que Estados Unidos permitió demasiada migración".La subsecretaria McLaughlin señala que una visa debe verse como "un privilegio, no un derecho".Las condiciones en las que son detenidos y procesados para su deportación no son muy diferentes a las que se vieron en el pasado. De la Hoz advierte que los centros de ICE en buena medida son manejados por compañías cuyas malas prácticas solo llaman la atención por casos no usuales como los de los viajeros europeos o canadienses.Ante los últimos casos, los gobiernos de Alemania y Reino Unido emitieron alertas de viaje para sus ciudadanos."La decisión final sobre si una persona puede entrar en Estados Unidos corresponde a las autoridades fronterizas estadounidenses", indica la alerta alemana.¿Qué puede esperar un turista?Cada día, los agentes del CBP procesan la entrada de más de un millón de personas por aire, tierra y mar, según cifras oficiales.De la Hoz considera que la probabilidad de que un turista o viajero de estancia corta enfrente este tipo de problemas es baja."Han sido casos severos, pero aislados". Sin embargo, aquellas personas que enfrenten un proceso, no tendrán una buena experiencia."Podrías tener solo un 1% de probabilidades de que te ocurra algo así. Pero si te ocurre, te pueden meter a un centro de detenciones durante dos semanas, sin explicaciones", dice.Uno de los razonamientos para negar la entrada a Estados Unidos que los agentes siguieron recientemente es determinar si la persona busca violar las condiciones de su visado."Quedarse con un amigo y prometerle cuidar al gato o la casa, a cambio de usar el apartamento se puede interpretar como un trabajo, aunque suene absurdo", señala el experto.El problema en muchos casos es que, cuando se está bajo un interrogatorio en las aduanas, no se tienen los medios ni las evidencias a la mano para probar la buena fe."Los casos vistos se pueden entender como el envío de un mensaje de que nadie está a salvo, manda un mensaje de que todo el mundo tiene la posibilidad de ser detenido".Por Darío BrooksBBC Mundo
Las medidas alcanzaron a dos de sus socios, uno de los cuales es también su primo. El ex legislador de Entre Ríos sigue detenido con prisión preventiva domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas
Ammar denuncia un incremento alarmante en la violencia contra trabajadorxs sexuales, mujeres trans en su mayoría. El Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires se sigue usando como excusa para detenciones arbitrarias, violentas y humillantes.
En la solicitud enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal Fernando Soto, se indica que algunos de los hinchas identificados arrojaron piedras contra el palacio legislativo o atacaron a miembros de las fuerzas de seguridad
Un fallo de la justicia estadounidense, resultado de la demanda colectiva Onadia contra la ciudad de Nueva York, estableció que las personas que estuvieron detenidas más allá de su fecha de liberación entre 1997 y 2012 pueden presentar un reclamo para acceder a una compensación económica. Algunos de los 20.000 potenciales beneficiarios podrían recibir 10.000 dólares o más por haber sido retenidos ilegalmente en cárceles locales debido a órdenes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).La localización de los beneficiarios para darles la indemnización por detenciones ilegalesUno de los principales desafíos que enfrentan los abogados y activistas involucrados en el caso es localizar a los inmigrantes afectados, ya que muchos fueron deportados o se mudaron de Nueva York. Debido a esto, se intensificó la difusión de información a través de redes sociales, volantes en diferentes barrios de la ciudad y colaboración con consulados, como el de México en Nueva York, que instó a sus ciudadanos a verificar si califican para la compensación.Carlos Martínez Montes, abogado paralegal entrevistado por Telemundo, destacó la importancia de correr la voz: "Es posible que muchas de estas personas ya no vivan en Nueva York o incluso hayan sido deportadas. Es el desafío que actualmente enfrentamos".Qué sucede si no se reclaman los fondosDe acuerdo con el informe de Telemundo, si para la fecha límite no se logra reunir al menos el 5% de los beneficiarios, una parte del dinero podría ser devuelta a la ciudad. Por ello, las organizaciones y abogados involucrados instan a las personas que crean cumplir con los criterios a presentar su solicitud cuanto antes.La ciudad de Nueva York no admitió responsabilidad, pero acordó el pago para cerrar el litigio con un acuerdo de US$92,5 millones, esta representa una de las compensaciones más grandes otorgadas a inmigrantes afectados por prácticas ilegales de detención en EE.UU.¿Quiénes pueden recibir la compensación?Los inmigrantes elegibles para recibir el pago son aquellos que:Estuvieron detenidos en cárceles de la ciudad de Nueva York entre el 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012.Fueron retenidos más allá de su fecha de liberación debido únicamente a una orden de detención emitida por ICE.Cumplieron con todas las demás condiciones necesarias para su liberación, pero permanecieron bajo custodia sin justificación legal.La firma de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, que representó a los demandantes, informó que el periodo de presentación de reclamos comenzó el 18 de febrero de 2025 y estará abierto hasta el 15 de mayo de 2025."Necesitamos su ayuda para difundir la información a los miembros elegibles de nuestro reciente acuerdo de demanda colectiva contra la Ciudad de Nueva York", publicaron en su cuenta de X junto a un folleto.Cómo presentar un reclamoLas personas que cumplan con los requisitos pueden solicitar la compensación al seguir estos pasos:Acceder al sitio web oficial: www.nycicesettlement.comCompletar el formulario con información personal, que incluye: nombre completo, dirección actual, número de teléfono, correo electrónico y número de identificación del estado de Nueva York.Enviar la solicitud antes del 15 de mayo de 2025.También es posible presentar el reclamo a través de un correo electrónico a nycicesettlement@atticusadmin.com o por vía WhatsApp al +1-612-434-2424.Para garantizar que la mayor cantidad de personas posibles accedan a la compensación, los formularios de reclamos están disponibles en inglés, español, chino, francés y criollo haitiano.Aquellos que fueron detenidos ilegalmente en cárceles de Nueva York entre 1997 y 2012 pueden recibir compensaciones económicas significativas. El plazo para presentar el reclamo vence el 15 de mayo de 2025, por lo que se recomienda a los afectados verificar su elegibilidad y enviar su solicitud lo antes posible.
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Un año más tarde llegaron las consencuencias para los estudiantes que participaron de los campamentos "pro Palestina" en las universidades de Estados Unidos. Trump ordena allanamientos y deportaciones para los alumnos que "apoyan el terrorismo", además de realizar recortes presupuestarios millonarios. Leer más
Esta condena marca el fin de un largo historial de detenciones y liberaciones en México, donde Rubén Oseguera González logró evadir a la justicia
Día Internacional de la Mujer se vio opacado por el lamentable accionar de la Policía Nacional. Según reportes de las redes sociales, dos manifestantes fueron arrestadas
La Fiscalía estatal tiene identificadas a seis agrupaciones criminales que operan en la entidad
La implementación de medidas migratorias más estrictas, la aceleración de las deportaciones y la cooperación con México han transformado la dinámica en los cruces irregulares
El condado de Douglas, en Nevada, firmó dos acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) que permitirán a los oficiales locales ejecutar órdenes administrativas de inmigración y realizar detenciones por estatus migratorio. Se trata de la primera jurisdicción del estado en participar en el programa 287(g) en casi cinco años.Los acuerdos del condado de Douglas con el ICEEl miércoles pasado, el condado de Douglas firmó dos acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).Jail Enforcement Model (Modelo de Aplicación de la Ley en Prisiones): permite a oficiales locales ejecutar órdenes administrativas del ICE dentro de cárceles. No otorga autoridad para operativos fuera de los centros de detención.Task Force Model (Modelo de Grupo de Trabajo): habilita a ciertos oficiales del condado de Douglas interrogar y posiblemente arrestar a personas que sospechen que no son ciudadanas estadounidenses si creen que han violado la ley de inmigración. Además, otorga facultades de aplicación de la ley de inmigración fuera de las cárceles, en el marco de operativos en la comunidad.Esto ocurre en un contexto en el que la administración Trump busca ampliar los acuerdos 287(g) para compensar la escasez de personal del ICE.Qué es el programa 287(g) y cómo funcionaEl programa 287(g) fue reintroducido por la administración de Donald Trump, pero fue establecido con anterioridad bajo la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes de 1996.A través de este mecanismo, el ICE puede delegar funciones de control migratorio a oficiales estatales y locales, quienes pasar a estar habilitados para actuar bajo su dirección y supervisión.Según el ICE, el objetivo del programa es identificar y deportar a extranjeros con antecedentes penales antes de que sean liberados en la comunidad. Para ello, la agencia establece acuerdos con autoridades locales e integra sus operaciones a las de las fuerzas de seguridad estatales y municipales.Preocupaciones por los derechos civiles en el Condado DouglasLa decisión de la Oficina del Alguacil del condado de Douglas, liderada por Daniel Coverley, se produce en un contexto en el que Nevada cuenta con la mayor proporción de población indocumentada per cápita en Estados Unidos.El condado Douglas, una región rural con alrededor de 50.000 habitantes, tiene un 6% de residentes nacidos en el extranjero y un 13% que se identifican como hispanos o latinos, según datos del Censo de 2023.Nevada protege la igualdad de derechos en su Constitución estatal, tras la aprobación de la Enmienda de Igualdad de Derechos en 2022. Esta medida prohíbe la discriminación basada en origen nacional, ascendencia o etnia, lo que podría generar desafíos legales en la aplicación del nuevo acuerdo con el ICE.Perfil racial y violaciones constitucionales: los antecedentes del programa en ArizonaA diferencia de otros modelos dentro del mismo programa, como el Jail Enforcement Model, que se limita a detenciones dentro de cárceles, el Task Force Model otorga a oficiales locales mayores facultades en operativos fuera de los centros de detención. Esto genera preocupaciones entre organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés).Una investigación del Departamento de Justicia realizada en el 2011 determinó que en Arizona se habían generado prácticas de perfil racial y otras formas de discriminación contra la población latina cuando el programa funcionaba.Sadmira Ramic, abogada de ACLU en Nevada, advirtió a The Nevada Independent sobre la falta de claridad en la implementación del acuerdo: "Hace tiempo que no existe este tipo de modelo y con razón. Después de la investigación se descubrió que se habían cometido graves violaciones de la Constitución".Posturas políticas y ausencia de regulación estatal en Nevada frente a la colaboración con el ICEEn Nevada no existen leyes que prohíban la cooperación con ICE, como ocurre en otros estados santuario. Aunque hubo intentos en sesiones legislativas previas, actualmente no hay planes para prohibir los acuerdos 287(g).El director ejecutivo de ACLU Nevada, Athar Haseebullah, señaló a The Nevada Independent que, bajo el liderazgo del gobernador republicano Joe Lombardo, es poco probable que se implemente una regulación en contra de este tipo de medidas.Desde 2019, Nevada no tenía acuerdos 287(g) activos, luego de que la Policía Metropolitana de Las Vegas cancelara su participación bajo la administración de Lombardo como alguacil. Sin embargo, el condado de Douglas se suma a una tendencia nacional: ICE anunció que 11 de los 15 nuevos acuerdos firmados la semana pasada corresponden al Task Force Model.
Ningún objetivo prioritario en la lista de extorsionadores de Michoacán ha sido capturado por la presente administración federal
Carolina del Norte avanza con una propuesta legislativa que podría transformar la manera en la que el estado colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El proyecto de ley SB-153 obliga a las agencias estatales a establecer acuerdos formales con las autoridades federales para facilitar arrestos migratorios y verificar el estatus legal de personas bajo custodia.Carolina del Norte: qué plantea el proyecto de colaboración con ICEEl proyecto de ley SB-153, también conocido como Protección Fronteriza de Carolina del Norte, fue presentado por el líder del Senado Phil Berger, junto con los senadores Warren Daniel y Buck Newton. La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre el estado y el ICE para aplicar de manera más estricta las leyes de inmigración.La propuesta exige que el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Correcciones para Adultos y la Patrulla Estatal de Carreteras firmen acuerdos con la agencia bajo el programa 287(g). Esto permitiría a los oficiales estatales realizar detenciones con supervisión federal, y aumentar así el control migratorio en el estado.En este contexto, el senador Berger sostuvo en un comunicado que "los habitantes de Carolina del Norte ya no tolerarán políticas de santuario que los pongan en riesgo". Además, sumó: "Debemos enviar un mensaje igualmente fuerte al exigir a la administración del gobernador Josh Stein (Partido Demócrata) que coopere con los funcionarios de inmigración".Qué pasará con las "ciudades santuario" en Carolina del NorteAunque las "ciudades santuario" están prohibidas en Carolina del Norte desde 2015, algunos municipios mantuvieron políticas que limitan la cooperación con ICE. La SB-153 busca eliminar estas políticas al permitir que las víctimas de delitos demanden a los gobiernos locales que no colaboren con las autoridades migratorias.De esta manera, con la aprobación de la normativa, los municipios que adopten políticas contrarias a la ley estatal perderán su inmunidad legal, lo que presionaría a las localidades para cumplir estrictamente esta legislación.Ley SB-153: auditoría a los beneficios para migrantes indocumentadosEl proyecto de ley SB-153 también incluye medidas para auditar programas estatales como Medicaid, asistencia alimentaria y vivienda. De esta manera, busca asegurar que solo ciudadanos y residentes legales reciban beneficios.La Oficina de Presupuesto y Gestión del Estado sería responsable de estas auditorías, donde se buscará proteger los recursos públicos y evitar que los inmigrantes indocumentados accedan a ayudas estatales más allá de lo permitido por la ley federal.Las críticas a la ley SB-153 de Carolina del NorteEl proyecto generó una gran controversia. Si bien sus defensores aseguran que la ley es necesaria para reforzar la seguridad pública y proteger a los contribuyentes, organizaciones de derechos civiles y grupos proinmigrantes la criticaron y afirmaron que se trata de una iniciativa discriminatoria que fomenta la separación de familias.En este contexto, la organización El Pueblo â??entidad civil que trabaja por los derechos de los migrantes de Carolina del Norteâ?? expresó su rechazo categórico al proyecto, al que calificó como "antiinmigrante".Mario Alfaro, gerente de Política de la institución, planteó a Carolina Journal que "obligar a las agencias estatales a hacer el trabajo de los agentes federales de inmigración es una violación a la autonomía estatal y crea un entorno de miedo que afecta a toda la comunidad".Además, El Pueblo subrayó que esta ley podría perjudicar la economía estatal al afectar sectores clave como la agricultura, la construcción y la manufactura, donde la mano de obra inmigrante es vital.
Un juez federal en Maryland emitió una orden que bloquea parcialmente la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump que permitía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) llevar a cabo arrestos en iglesias y templos. Sin embargo, esta decisión beneficia únicamente al grupo de comunidades religiosas demandantes.La orden judicial bloquea detenciones de ICE en estas iglesias y templosEl juez federal Theodore Chang dictaminó que los agentes de ICE no podrán llevar a cabo arrestos en lugares de culto de ciertos grupos religiosos, como los cuáqueros, iglesias bautistas en Georgia y un templo sij en California. El magistrado determinó que la aplicación de esta política podría ser inconstitucional y ordenó su suspensión para los grupos demandantes mientras avanza el litigio.La decisión se tomó en respuesta a una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) luego de que la administración Trump eliminara restricciones de larga data sobre operativos migratorios en "áreas protegidas".Es importante destacar que el fallo no bloquea la medida de Trump a nivel nacional. El magistrado consideró que la medida podría violar la libertad religiosa de los demandantes y ordenó su suspensión en estos espacios específicos mientras avanza el proceso judicial. "Es un miedo que siente la gente en todo el país", declaró Bradley Girard, abogado de los demandantes, citado por Associated Press.Cambio de reglas en las detenciones migratorias por órdenes de TrumpLa administración de Trump modificó la normativa del DHS para permitir que agentes migratorios realizaran operativos en templos sin necesidad de aprobación de un supervisor. Antes, una política vigente por 30 años limitaba las detenciones en lugares considerados "zonas protegidas" o "ubicaciones sensibles", como casas de culto, hospitales y escuelas.Al conocerse este cambio, el nuevo zar de la frontera, Tom Homan, afirmó que los operativos eran "bien planificados" y centrados en "amenazas a la seguridad pública". Sin embargo, la directriz generó temor en comunidades migrantes, ya que se amplió la posibilidad de arrestos sin distinción de antecedentes penales.Los detalles de la demanda que limita las redadas del ICE en iglesiasLa acción legal fue presentada por una coalición de congregaciones cuáqueras de Maryland, Massachusetts, Pensilvania y Virginia, junto con otras comunidades religiosas. Además, más de 20 grupos cristianos y judíos interpusieron una demanda similar en Washington DC, y pidieron que la restricción se extienda a nivel nacional.Los demandantes argumentaron que la nueva directiva de Donald Trump afecta a sus comunidades religiosas, pues muchos migrantes evitan asistir a servicios por miedo a ser detenidos.Por su parte, los abogados del gobierno aseguraron que los demandantes no presentaron pruebas de que sus organizaciones hayan sido blanco de operativos y que el tribunal no debería interferir en la aplicación de la ley basándose en "meras especulaciones".Además, sostienen que la práctica de realizar operativos en lugares sensibles no es nueva, sino que el único cambio en la normativa es que los agentes ya no requieren la autorización de un superior para actuar en estas ubicaciones.La decisión del juez Chang, nombrado por el expresidente Barack Obama, se suma a otros litigios contra las políticas migratorias de Trump y podría sentar un precedente en la protección de lugares de culto frente a operativos migratorios.Casos similares han desafiado en los tribunales las medidas impulsadas por su administración, como el bloqueo temporal de la orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y residentes no permanentes, al considerarla inconstitucional.
La lucha por el control del Cártel de Sinaloa continúa con caídas significativas
Hace unos meses se dio a conocer que un grupo de inmigrantes recibirían un pago por haber sido detenidos de forma irregular en la ciudad de Nueva York, en el estado homónimo, d órdenes de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El período de reclamaciones abrió el pasado 18 de febrero.Nueva York pagará millones de dólares a migrantes por detenciones irregularesEn diciembre de 2024 se dio a conocer quela ciudad de Nueva York llegó a un acuerdo para pagar hasta 92,5 millones de dólares a inmigrantes que fueron detenidos ilegalmente en cárceles locales entre el 1º de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012.La resolución surge de una demanda colectiva de más de 20.000 afectados. Éstos individuos fueron arrestados más allá de sus fechas de liberación programadas por las solicitudes del ICE en cárceles del Departamento Correccional local.Según los términos del convenio, la ciudad niega su responsabilidad, pero aceptó establecer un fondo de hasta US$92,5 millones para compensar a afectados y pagar los honorarios de los abogados y los costos del acuerdo.Los demandantes, llamados Miembros del Grupo o de la Clase, actualmente viven en los siguientes países:Estados UnidosMéxicoRepública DominicanaHaitíJamaicaEcuadorCubaColombiaTrinidad y TobagoHondurasGuyanaLas órdenes de detención del ICE son solicitudes emitidas a las agencias policiales estatales y locales para retener a una persona hasta 48 horas hábiles. Sin embargo, algunos de los demandantes fueron arrestados durante varios días o semanas.La fecha límite del período de reclamos por la demanda colectiva contra Nueva YorkLos bufetes de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel, LLP y Benno & Associates, PC, anunciaron que el período para presentar reclamos para recibir un pago como parte de una demanda colectiva contra la ciudad de Nueva York abrió el pasado 18 de febrero y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2025.La indemnización recibida se dará según la duración y la fecha de detención excesiva. De acuerdo con un comunicado de Atticus Administration, una empresa campañas de notificación de demandas colectivas, el pago podría ser de US$10.000 o más.Para poder ser elegibles, los afectados deben presentar un reclamo en el sitio nycicesettlement.com. El formulario debe completarse con información como correo electrónico, nombre, dirección actual, teléfono y un número de identificación del estado de Nueva York.Si una persona cree que forma parte del grupo de personas cubiertas por este acuerdo, también puede:Visitar el sitio www.NYCICEsettlement.comLlamar al 1-800-479-0810Enviar un correo electrónico a NYCICESettlement@AtticusAdmin.com.¿Es necesario vivir en Estados Unidos para presentar una reclamación?El nuevo comunicado destaca que cualquier miembro de la clase puede presentar una reclamación, sin importar dónde viva actualmente. "Los abogados de este caso anticipan que un gran porcentaje pueden haber sido repatriados a sus países de origen o haber dejado Nueva York, por lo que es esencial difundir esta noticia de manera amplia", indican.En ese sentido, Debra L. Greenberger, socia de Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP, precisó: "Pedimos la ayuda de los medios de comunicación, organizaciones comunitarias e individuos para compartir esta información con cualquiera que conozcan que pueda encajar en la descripción de un miembro de la clase, para que puedan recibir un pago de liquidación".
La operación de la Guardia Civil incluye registros en El Prat de Llobregat y Viladecans, con la incautación de drogas y armas, y detenidos bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Lleida
Las cifras oficiales sobre la detención de migrantes en Estados Unidos presentan inconsistencias y vacíos de información, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés). El organismo de la Universidad de Syracuse señaló que algunos informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) omiten datos sobre los arrestados enviados a la base naval de Guantánamo, en Cuba.Errores en los datos sobre programas de detención del ICEEl estudio del TRAC identificó inconsistencias en los datos sobre el Programa Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés). En el documento del 14 de febrero, el ICE comunicó que 187.394 familias e individuos estaban bajo supervisión, con las oficinas de San Francisco y Chicago como las de mayor control. Sin embargo, la organización señaló que la información desglosados sobre tecnología utilizada en ATD no coincidían con las cifras generales. Asimismo, el TRAC explicó que estos errores también aparecieron en la actualización previa del 3 de febrero.Debido a esto, el centro universitario de Syracuse decidió mantener su herramienta Detention QuickFacts con datos de la publicación del 11 de enero, cuando se registraban 188.304 personas monitoreadas en ATD.Fechas incorrectas en reportes de población carcelaria del ICEOtro error en la actualización del ICE fue la inclusión de una fecha incorrecta en el reporte de población promedio en los centros de detención.El informe del 14 de febrero mantuvo la fecha del 21 de enero como la más reciente, a pesar de que en las notas al pie se indicaba que la información estaba actualizada hasta el 8 de febrero.Según el TRAC, este tipo de imprecisiones puede generar interpretaciones erróneas sobre la cantidad de detenidos y la capacidad operativa del ICE.La organización enfatizó que los errores en la información oficial dificultan la transparencia y el control público sobre las políticas migratorias.Falta de información sobre los detenidos en GuantánamoUno de los puntos más cuestionados en el informe de TRAC es la ausencia de datos sobre los detenidos enviados a la base de Guantánamo. La organización destacó que la actualización del 14 de febrero no incluye ninguna referencia a esta instalación militar en Cuba. Esto impide conocer cuántas personas fueron trasladadas allí bajo custodia del ICE.El informe resalta que esta omisión impide evaluar las condiciones de detención en la base y el perfil de las personas recluidas en ese sitio. Esto toma mayor relevancia luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, evitara responder si mujeres y niños estarían entre los detenidos en Cuba, en una entrevista con NBC News."Vamos a usar las instalaciones que tenemos y creo que es bien sabido que contamos con otros centros de detención en diferentes lugares de EE.UU., por lo que utilizaremos lo que tenemos de acuerdo con lo que sea apropiado para cada individuo", comentó a principios de febrero.Cifras actualizadas sobre detenciones del ICEEl TRAC presentó los datos más recientes sobre la situación migratoria en Estados Unidos:41.169 personas estaban detenidas por el ICE hasta el 9 de febrero.22.538 detenidos (54,7%) no tenían antecedentes penales.Texas albergó la mayor cantidad de detenidos en el año fiscal 2025.En enero, el ICE arrestó 11.758 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza detuvo a 10.201.El Adams County Detention Center, en Mississippi, tuvo el mayor número de detenidos, con 2154 personas diarias en promedio.San Francisco lideró el monitoreo de ATD, según los datos de enero de 2025.El estudio de TRAC subraya que las imprecisiones y omisiones en los reportes del ICE pueden afectar el análisis de las políticas migratorias. La organización enfatizó que la transparencia en los datos es esencial para evaluar el impacto de las detenciones y la supervisión de los derechos de los inmigrantes.
Los centros de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) operan bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión. Estas normas regulan tanto el tiempo de permanencia de los detenidos como las condiciones en que deben ser retenidos hasta que se determine su situación migratoria.Tipos de centros de detención de corto plazo de CBPDe acuerdo con lo informado por la CBP en un documento, existen dos tipos de instalaciones de detención de corto plazo: las permanentes y las temporales.Instalaciones permanentes: cuentan con infraestructura fija y servicios básicos. Son las más utilizadas y disponen de personal uniformado y médico. La supervisión es constante mediante monitoreo electrónico y revisiones periódicas.Instalaciones temporales: no cuentan con infraestructura fija y se han implementado para manejar el alto volumen de detenciones en la frontera sur en los últimos años. Al igual que las instalaciones permanentes, cuentan con personal de seguridad y servicios médicos.Tiempo promedio de detención de CBPEl tiempo de detención de los extranjeros en estos centros varía según el tipo de instalación:Instalaciones permanentes: 61,57 horas en promedio.Instalaciones temporales: 74,24 horas en promedio.En el caso de menores de edad no acompañados, el tiempo de retención suele ser más bajo, con un promedio de 26,56 horas en 2023.Condiciones de detención y cumplimiento del Acuerdo FloresVale destacar que, el CBP debe garantizar que todas las instalaciones de detención cumplan con el Acuerdo Flores, el cual establece estándares básicos de bienestar para menores retenidos. Entre las medidas implementadas destacan:Suministro de agua potable y alimentos adecuados.Control de temperatura de las salas de retención.Entrega de artículos de higiene personal.Provisión de ropa de abrigo y mantas para menores de cinco años.Derecho a realizar una llamada diaria en el caso de menores no acompañados.Delitos que pueden llevar a la detención de migrantesSegún el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un migrante puede ser enviado a un centro de detención por la comisión de diferentes delitos, entre las cuales destacan:Entrada ilegal al país: personas que ingresan sin pasar por un punto de control fronterizo autorizado son detenidas mientras se evalúa su situación migratoria.Violaciones de visa: personas que han excedido el tiempo permitido por su visa o incumplido sus términos pueden ser detenidas.Procesos de deportación: personas con órdenes de deportación pendientes o procedimientos en curso pueden ser retenidas en espera de resolución.Consideraciones de seguridad pública o nacional: personas que representen una amenaza para la seguridad pueden ser detenidas, especialmente si tienen antecedentes penales.Riesgo de fuga: persona que podría no presentarse a futuras audiencias migratorias pueden ser detenidas en estos centros.No obstante, las autoridades de las Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) evalúan cada caso individualmente.Monitoreo y seguridad en las instalacionesLas instalaciones de las agencias federales cuentan con tecnología de videovigilancia y control de acceso para garantizar la seguridad de los detenidos y del personal. En este sentido, desde el CBP destacan que las condiciones de detención y los tiempos de permanencia están sujetos a revisiones constantes con el fin de mejorar la operatividad de estos centros y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Familiares, amigos y vecinos de los acusados aclararon que son todos "inocentes" e invitaron a participar de una audiencia que brindará información sobre los procedimientos policiales en el sur. La caza de brujas también se había registrado en El Bolsón.
La acción legal busca anular normativas locales que, según el gobierno federal, dificultan la cooperación entre las autoridades estatales y los agentes de inmigración, en medio de una creciente disputa sobre el alcance de las políticas migratorias en Estados Unidos
La situación de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas estuvo en la agenda pública durante 2024 en más de una oportunidad por las reiteradas fugas de presos y debido a la sobrepoblación en esas dependencias. A través de un pedido de acceso a la información pública realizado a la Dirección Autónoma de Alcaidías (DAA), LA NACION Data accedió al detalle de cómo evolucionó el número de personas arrestadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires entre enero y octubre de 2024, período en el que también se registró un incremento del 33% en la tasa de detenciones diarias respecto de años anteriores, con un promedio de 60 arrestos por día, mientras que en 2023 había sido de 45.El número de alcaidías policiales en la ciudad ha aumentado en consonancia con la cantidad de detenidos. En 2022, había 19 alcaidías autorizadas para recibir presos y 31 comisarías utilizadas para ese fin. En 2024, la cifra escaló: en tres años se construyeron 21 alcaidías, por lo que el total ascendió a 40. No obstante, el número de comisarías que retienen detenidos disminuyó en comparación con 2022, de 31 a 26.En este contexto, el cuello de botella se produce por el incremento de los arrestos y las demoras en los traslados a las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de los presos acusados de delitos federales. La prolongación del tiempo pasado en detención y la lentitud de la Justicia derivan en la sobrepoblación que, a su vez, facilita la fuga de delincuentes. Un total de 16.765 personas pasaron por alcaidías porteñas en los primeros 10 meses de 2024, de acuerdo a la DAA.El año cerró con 2066 presos en estas dependencias, según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación. Respecto a la situación procesal, la mayoría se encontraban cumpliendo prisión preventiva, un total de 1316, es decir, el 63,7%. Además, 383 personas transitaban su condena tanto en alcaidías como en comisarías vecinales (el 18,5%) y 367 permanecían a la espera de una resolución judicial (el 17,8%).Para visualizar el panorama que provocó la negativa del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Alberto Fernández de recibir delincuentes, alcanza la comparación entre los presos en comisarías y alcaidías, que pasó de 948 al 31 de diciembre de 2022 a 2066 al 31 de diciembre de 2024. â??â??Entre los motivos más frecuentes de detención se destacan robo, hurto, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados a estupefacientes. Un nivel de análisis más profundo precisa que 5464 personas fueron arrestadas por robo y 2166 por hurto, es decir, apoderarse de un objeto sin que intermedie la violencia. En tanto, hubo 969 apresados por delitos relacionados con drogas, lo que representa un significativo aumento en relación a 2023.El tiempo de permanencia bajo custodia policial refleja la magnitud del problema: a fines de 2024, en alcaidías porteñas, el promedio se ubicaba en 159 días de alojamiento y en comisarias vecinales, en 57 días."La sobrepoblación en las comisarías y alcaidías porteñas comenzó con la decisión del gobierno nacional, en 2020, de limitar el ingreso de personas detenidas por delitos en la ciudad de Buenos Aires a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Hasta ese momento, la Justicia ordenaba que una persona detenida fuera a prisión e iba a una dependencia del SPF. A partir de la pandemia, el SPF decidió que había que esperar 15 días para certificar que la persona detenida no tuviese Covid-19. Tras la pandemia, la restricción continúo con otras excusas. El SPF limita discrecional y arbitrariamente la población que puede ingresar en las cárceles", plantea Leandro Halperín, abogado y especialista en temas penitenciarios. De los 16.765 detenidos que pasaron en algún momento por alcaidías porteñas en los primeros 10 meses de 2024, el 84,4% eran argentinos (14.144 ) y el 15,6%, extranjeros (2621). De un primer relevamiento se desprende que se registró un 1% menos de arrestos a ciudadanos de otros países en comparación con 2023, de acuerdo a los datos aportados por la DAA.En relación al rango etario, la población detenida fue predominantemente joven: la edad promedio fue de 33 años y las personas de hasta 30 años representaron el 45% de los apresados. Según las estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre las detenciones realizadas por la Policía de la Ciudad y otras fuerzas de seguridad en el ámbito porteño, actualizadas al 31 de diciembre de 2024, el 96,3% de los apresados eran varones, el 3,4% eran mujeres y el 0,2%, trans. Vecinos aterradosCecilia Diz vive en Barracas, donde el año pasado se construyó la alcaidía modular 4-D bis. En diálogo con LA NACION, asegura que su presencia perturba la armonía del barrio. "Estos módulos traen al entorno familiar y amistoso de los reclusos, que empieza a merodear y determinar cuáles son los lugares y horarios adecuados para delinquir", lamenta.La alcaidía 4-D bis se encuentra a 100 metros de la comisaría 4, en la calle General Hornos. Para encontrar su entrada, hay que bordear un largo muro. Al final de un pasillo, una reja con barrotes blancos deja entrever el interior de la prisión modular. Cuando se abre, se pueden identificar unos vehículos frente a dos edificios. En las afueras de la cárcel, delante de una pequeña puerta al lado de la verja, hombres y mujeres esperan en fila el permiso de un agente para ingresar. Rodeado de murallas de concreto, el lugar de detención adquiere aires de fortaleza; sin embargo, en noviembre de 2024, 11 reclusos consiguieron escapar, sembrando paranoia en el vecindario."Los detenidos hicieron un agujero de 30 centímetros en el muro de una celda. No creo que se haya podido hacer en un día. Seguramente los policías hicieron la vista gorda en este asunto, pero está siempre la falta de personal, lo que hace las cosas complicadas", sospecha Lautaro Gómez, un vecino de Liniers que trabaja cerca de la comisaría 9, donde se escaparon 17 detenidos en diciembre.Desde el gobierno de la ciudad, explicaron a LA NACION: "Heredamos una situación inadmisible de la que nos hicimos cargo, tenemos más de 2300 presos federales alojados en comisarías y alcaidías porteñas". Voceros de la cartera de Seguridad, que dirige Waldo Wolff, precisaron: "Del total de detenidos, más del 95% corresponden a la justicia nacional y le corresponde alojarlos al Servicio Penitenciario Federal y, si bien hoy tenemos un gobierno nacional con mayor predisposición y con el que tenemos buen diálogo, el estado de la transferencia de los presos todavía es el mismo". Por otro lado, subrayaron la mayor cantidad de arrestos que se produjeron en 2024, que crecieron en más del 30%."Esta situación genera que cerca de 3000 policías estén abocados a cuidar presos. Aun así, el año pasado tuvimos el año con menor cantidad de homicidios en la historia de la ciudad de Buenos Aires, y cerramos el año con los principales índices a la baja. Por otra parte, en relación a los detenidos alojados en la ciudad, dimos respuestas concretas: reiniciamos las obras en la cárcel de Marcos Paz, lo que nos va a dar mayor capacidad para alojar detenidos y, a futuro, poder sacar la cárcel de Devoto. Además, creamos las estructuras modulares y seguimos trabajando con la Nación para un traspaso ordenado del Servicio Penitenciario", argumentaron autoridades porteñas.Una cárcel propia para fin de año"Nos importa mucho más resolver que discutir. Y lo que tenemos que hacer es terminar la cárcel", explicó Jorge Macri, el 9 de enero. Esas palabras llegaron luego de que el jefe del gobierno porteño supervisara la reanudación de las obras del Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, que permitirá trasladar presos alojados en alcaidías porteñas y en el penal de Devoto."La obra se había suspendido por la mala relación que había con el gobierno de Alberto Fernández, que nos complicó la vida porque no se llevaban los detenidos. Ahora vamos a tener mayor capacidad para alojar detenidos y en un tiempo sacar la cárcel de Devoto, un anhelo del barrio y de toda la ciudad", sostuvo Macri, acompañado por Wolff y los ministros a cargo de Infraestructura y Justicia, Pablo Bereciartua y Gabino Tapia, respectivamente."Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como esta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no solo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos", señaló Macri. Una vez terminada la obra, cuando se autorice el traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la comuna 11.La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas, con una capacidad de alojamiento de 2240 plazas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, zonas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral, entre otros espacios.En noviembre, el gobierno porteño acordó con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la creación de su propio Servicio Penitenciario, lo que implica que la ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos. Y en diciembre firmaron el acuerdo que transfiere las competencias del SPF al ámbito local para delitos que no son federales. Esto permite que los detenidos que cometieron ilícitos en territorio porteño sean custodiados por personal penitenciario especializado.Con la colaboración de Bautista OteroMetodologíaPara realizar esta nota se utilizó una base de datos obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección Autónoma de Alcaidías de la Ciudad (DAA). La misma describe el tipo de delito, la nacionalidad y la edad del detenido. Los datos analizados corresponden a los detenidos entre el 1 de enero de 2023 al 3 de octubre de 2024.En cuanto a la información correspondiente al género de los detenidos, la población y los cupos de las dependencias de la Ciudad; la misma fue tomada de informes públicos realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Los datos analizados se encuentran actualizados al 31 de diciembre de 2024.
Desde marzo de 2006, Luis Benjamín Benítez fue detenido en incontables ocasiones: la mayoría de las veces por robo, pero también llegó a ser encarcelado por tentativa de homicidio. Siempre salió y reincidió, hasta que lo pagó con su vida el delivery Lucas Aguilar en Moreno. Leer más
La administración de Donald Trump estableció nuevas cuotas diarias para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el fin de aumentar las deportaciones en Estados Unidos. Según fuentes internas, los funcionarios de la Casa Blanca ordenaron que el número de arrestos diarios sea de al menos 75 en cada una de las oficinas del organismo.Aumentan los arrestos diarios del ICEDe acuerdo a la información obtenida por The Washington Post, el presidente está "decepcionado con el resultado de su plan de deportaciones hasta el momento". Por lo tanto, pidió que el número de arrestos aumente agresivamente de unos pocos cientos a entre 1200 y 1500 por día.Las directivas fueron comunicadas en una llamada con altos funcionarios del ICE. Además, de acuerdo al mencionado medio, estos gerentes, que pidieron mantener su identidad en secreto, serían considerados los responsables en caso de no cumplir con esos objetivos.El impacto del aumento de las cuotas diarias de detenciones en el ICEEl pasado fin de semana, el zar de la frontera, Tom Homan, advirtió en una entrevista para ABC News que podrían realizarse "detenciones colaterales". Ahora, las fuentes que compartieron esa información en The Washington Post destacaron que los oficiales se verán obligados a realizar más arrestos con tal de evitar sanciones.Esta nueva presión podría forzar a los oficiales a adoptar tácticas más agresivas e indiscriminadas, que puede resultar en la detención de inmigrantes sin antecedentes criminales. Si el objetivo es cumplir con los nuevos números establecidos, lo que se pone en duda son las prioridades de la agencia.En esa misma entrevista, Homan había dicho que el plan de deportación masiva se encontraba "en las etapas iniciales" y que el ICE se enfocaría solo en inmigrantes con antecedentes que representen un riesgo para la seguridad pública y nacional. Sin embargo, también advirtió que, cuando se amplíe ese enfoque, habría "más arrestos a nivel nacional".¿Cuántos arrestos realizó el ICE hasta ahora?El ICE proporciona a través de su cuenta de X un reporte diario con la cantidad de arrestos y órdenes de retención presentadas. Desde el 23 de enero, el primer día del mandato de Trump en el que se empezaron a comunicar estos números, el organismo consiguió:Jueves, 23 de enero: 538 arrestos.Viernes, 24 de enero: 594 arrestos.Sábado, 25 de enero: 285 arrestos.Domingo, 26 de enero: 956 arrestos.Lunes, 27 de enero: 1179 arrestos.Martes, 28 de enero: 969 arrestos.Miércoles, 29 de enero: 1016 arrestos.Estos números arrojan un promedio de 791 arrestos por día de parte de todo el organismo migratorio. Aunque lejos aún del objetivo planteado por Trump, es un aumento significativo en comparación a promedio diario de 311 durante 12 meses, hasta septiembre, bajo la presidencia de Joe Biden. De mantener el ritmo, podría superar incluso el récord de Barack Obama en 2013: 636 diarios.¿Subirán los arrestos de migrantes sin antecedentes?Existen dudas sobre las tácticas que utilizarán los oficiales de ICE para cumplir con las nuevas cuotas. Paul Hunker, ex asesor principal de ICE, explicó en The Washington Post que las cuotas incentivarán a los oficiales a arrestar a las personas más fáciles de detener, en lugar de concentrarse en aquellos que representan un peligro real para la seguridad pública.El ICE cuenta con 5500 oficiales a lo largo de Estados Unidos y un expediente de alrededor de 7,8 millones de personas que podrían enfrentar una deportación. Sin embargo, muchas de estas personas tienen reclamos pendientes o están bajo algún tipo de residencia provisional.
La advertencia del zar de la frontera, Tom Homan, fue clara: "No está bien violar las leyes de este país". El cerebro detrás del plan de deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos hizo alusión a que cualquier persona indocumentada no está exenta de detención "pese a no tener una orden de deportación". Aunque el objetivo son los extranjeros que cometieron delitos, aquellos sin antecedentes penales también podrían verse afectados por los "arrestos colaterales".Desde que Donald Trump asumió el poder, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en conjunto con otras agencias federales, pusieron en marcha redadas y controles de documentación en diversos puntos de EE.UU. Como parte de esos operativos, más de 5000 extranjeros indocumentados fueron detenidos."Arrestos colaterales" en ciudades santuario: problemas para inmigrantes sin antecedentes penalesEl principal objetivo de estas redadas son las ciudades santuario, es decir, aquellas en donde las fuerzas locales no colaboran en conjunto con las agencias federales de inmigración, aunque tampoco interfieren. Esto otorga una mayor protección a la población inmigrante, que suele asentarse en estos lugares.En este contexto, el zar de la frontera, enfatizó en una entrevista para ABC News que toda persona indocumentada en EE.UU. "tiene un problema" e hizo hincapié en los estados santuario. En ese sentido, advirtió que allí se ejecutarán la mayoría de los arrestos y las "detenciones colaterales", lo que afectará a migrantes que no tienen antecedentes penales, pero que se encuentren en el lugar del operativo."Si no mostramos que hay consecuencias, nunca vamos a resolver el problema en la frontera", señaló Homan. Asimismo, remarcó que la administración Trump pretende dejar un mensaje claro en torno al ingreso a EE.UU. de manera ilegal. "Habrá más arrestos", aclaró.¿Quiénes pueden sufrir una deportación exprés?Las autoridades federales y el mismo Homan indicaron que la prioridad es detener a los inmigrantes que "representan una amenaza para la seguridad nacional". Sin embargo, en los últimos días fueron arrestadas muchas personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, pero que no tienen antecedentes penales.Según explican expertos a Telemundo, los extranjeros que hayan cometido delitos podrían sufrir deportaciones exprés. Esto refiere a la expulsión de EE.UU. sin la necesidad de presentarse a un juez de inmigración y sin el derecho defender su caso.Anteriormente, este tipo de deportación se aplicaba a personas que eran detenidas dentro de sus primeros 14 días de llegada y a menos de 160 kilómetros. Ahora, con Trump al poder, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) amplió el uso de las Expedited Removals (deportaciones expeditas, en inglés) en todo EE.UU. Ahora, aquellos que pueden sufrir una deportación exprés, según el National Inmigration Law Center, son:Personas que ingresaron a los Estados Unidos sin inspección o sin documentos válidos.Aquellos que no pueden demostrar una residencia continua de al menos dos años en EE.UU.Individuos que hacen falsas declaraciones de ciudadanía.Personas que presentan documentos fraudulentos en puntos de entrada.¿Qué hacer ante un encuentro con un agente del ICE?La organización National Inmigration Law Center también comparte en su página web una serie de acciones y derechos presentes en la Constitución que cualquier persona puede aplicar ante el encuentro con un agente del ICE.El derecho a permanecer en silencio y no hablarLlevar encima una tarjeta de conocimiento de los derechos: la tarjeta aclara que usarás tu derecho de permanecer callado y que deseas hablar con un abogadoNo abrir la puerta: para hacerlo el agente del ICE debe presentar una orden de arresto firmada por un juez de inmigraciónEl derecho de hablar con un abogadoSiempre llevar consigo el documento de residencia válidoComunique a los oficiales que tiene niños a su cargoCrear un plan de seguridadReportar y documentar los arrestos y redadasBuscar ayuda legal
A poco más de una semana desde que Donald Trump tomara posesión de la presidencia y firmara una serie de órdenes ejecutivas para acabar con la inmigración ilegal en Estados Unidos. Los arrestos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han convertido en una especie de operación rutinaria y no parte de una redada a gran escala.Hasta la fecha son miles de inmigrantes indocumentados que han sido detenidos en las llamadas ciudades santuario, principalmente en Illinois y Texas, con algunos focos en Florida, California y Nueva York.Aunque las autoridades han promocionado la campaña como una estrategia dirigida a los delincuentes, ha habido preocupación por la posibilidad de que también se realicen redadas contra inmigrantes que respetan la ley y aquellos con estatus legal o permisos especiales.Grupos de defensores y funcionarios de distintas ciudades se han preparado con campañas que publican información para que los inmigrantes conozcan sus derechos en caso de ser arrestados.Deportación masiva en Estados Unidos hoy, en vivo:4.30 (ET) | Qué se sabe de los operativos en iglesias y escuelasEl Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba poniendo fin a una política que restringía la capacidad de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de arrestar a personas indocumentadas en o cerca de los llamados lugares sensibles, incluyendo lugares de culto, escuelas y hospitales.El mes pasado, NBC News informó que la administración Trump revertiría la restricción, que había estado vigente desde la administración Obama. Se mantuvo durante la primera administración Trump y se amplió durante la administración Biden para incluir áreas como refugios para víctimas de violencia doméstica y de socorro en casos de desastre.
Tras el regreso del presidente Donald Trump al cargo, han comenzado operaciones de control de inmigración y deportaciones masivas en las principales ciudades de Estados Unidos. Aunque las autoridades han promocionado la campaña como una estrategia dirigida a los delincuentes, ha habido preocupación por la posibilidad de que también se realicen redadas contra inmigrantes que respetan la ley y aquellos con estatus legal o permisos especiales. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha las primeras redadas y detenciones, principalmente en Illinois, Nueva York, Texas y California.Grupos de defensores y funcionarios de distintas ciudades se han preparado con campañas que publican información para que los inmigrantes conozcan sus derechos en caso de ser arrestados.Por ahora, las autoridades no han revelado las cifras que diferencian a los inmigrantes con antecedentes penales de los que no los tienen y que se encuentran detenidos.Trump también firmó una serie de decretos antimigrantes entre los que se destaca la declaración de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y la intención de impedir que los hijos nacidos de migrantes obtengan la ciudadanía estadounidense.Deportación masiva en Estados Unidos, en vivo:08.00 (ET) | El ICE registró un récord de migrantes arrestados el lunesEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dice que arrestó a casi 1.200 personas solo el lunes, un aumento significativo con respecto a los días anteriores y un marcado salto con respecto a la administración Biden, que el año pasado promedió 312 por día.07.10 (ET) | Cuántos migrantes indocumentados viven en EE.UU.Una estimación reciente del Colegio de la Frontera Norte, un centro de investigación mexicano, señala que en todo el territorio estadounidense viven actualmente más de 13,5 millones de extranjeros sin autorización. Más de un tercio de ese total corresponde a personas oriundas de México, país que cuenta con nada menos que 4,9 millones de individuos en esa situación. Al menos 8,9 millones de personas sin documentos serían de origen latino.
La política anti-inmigratoria del nuevo presidente estadounidense llegó a números récord en poco más de una semana. Sin embargo, el republicano busca extender esa cifra.
Ya pasó una semana de la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y el republicano no esperó para comenzar a cumplir sus promesas de expulsión masiva de migrantes indocumentados. En los últimos días, firmó una avalancha de órdenes ejecutivas, declaró emergencia nacional en materia de migración y cerró la frontera. También solicitó la detención de migrantes provenientes de países centroamericanos como Cuba, Haití, Nicaragua, además de Venezuela, reanudó la construcción del muro fronterizo y volvió a implementar la política "Quédate en México". Frente a esto, varias personalidades públicas salieron a criticarlo.La reacción de los artistas latinos a las medidas de Donald TrumpVan pocos días de gestión, pero las críticas igualmente no tardaron en llegar. De acuerdo a Telemundo, una de las que manifestó su preocupación fue la actriz mexicana Susana González, reconocida por su participación en telenovelas como Mi Fortuna es Amarte, que sostuvo: "Con sol, con lluvia, con frío y con lo que sea, los mexicanos somos supertrabajadores. Así que yo creo que es imposible prescindir de nosotros. Pero hay que estar preparados para lo que acontece".Otro oriundo de México, como lo es José Luis Terrazas, líder del grupo regional Grupo Montéz de Durango, coincidió con las palabras de la artista: "Es triste ver gente que piense que hay que sacarlos porque me recuerda mucho a lo que pasaba en los años 30â?² en Alemania o muchos países donde de repente hacen ver mal a los inmigrantes".Además, la cara principal de la banda Patrulla 81 que es José Ángel Medina Gamiz, marcó que "hay muchas familias, yo conozco gente que viene a trabajar con la familia y a salir adelante, ellos no tienen nada que ver en mi opinión personal" y que "al contrario, deberían tener algún permiso para que esas familias trabajen seguras y que no se tengan que preocupar. Porque además pagan impuestos".Claramente, son opiniones muy formadas de personas públicas oriundas del país azteca que, de alguna manera, ponen en evidencia la disconformidad total de los migrantes oriundos de allí.La crítica de Ariana Grande y Selena GomezSelena Gómez se mostró muy afligida por las deportaciones masivas en Estados Unidos. En un video que compartió en sus historias de Instagram, les habló directamente a los inmigrantes mexicanos. "Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante", dijo la actriz.Luego de prometer que intentaría hacer algo para arreglar esta situación, llamó la atención de todos al eliminar el contenido de sus redes sociales. Por otro lado, Ariana Grande, cuya ascendencia es italiana y no latina, habló mediante una serie de historias en su cuenta de Instagram para oponerse la ordenanza de Donald Trump en la que el gobierno de Estados Unidos solo reconoce a dos sexos: masculino y femenino,Tal como señaló Euronews, la artista disparó: "Seamos muy claros: las personas queer y trans estaban aquí antes de Donald Trump y seguirán estando aquí después de su muerte. Que ustedes quieran o no que existamos es secundario frente al simple hecho de que existimos. Al sol no le importa si firmas una orden ejecutiva diciéndole que deje de salir cada mañana. Simplemente sigue saliendo".
Donald Trump prometió que en su primer día como presidente de Estados Unidos habría deportaciones masivas en y que implementaría una operación histórica contra los migrantes indocumentados. Desde el inicio del nuevo gobierno comenzaron las acciones enfocadas en cumplir con la promesa del presidente estadounidense y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puso en marcha las primeras redadas y detenciones en los llamados estado santuario, que concentran la mayor cantidad de ciudadanos extranjeros.Trump también firmó una serie de decretos antimigrantes entre los que se destaca la declaración de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos y la intención de impedir que los hijos nacidos de migrantes obtener la ciudadanía estadounidense.Los primeros vuelos de deportación que transportan a cientos de inmigrantes indocumentados expulsados de Estados Unidos bajo el nuevo mandato de Donald Trump aterrizaron el fin de semana en Guatemala y México.Las comunidades de migrantes latinos en Estados Unidos se encuentran en alerta y hay temor por las detenciones que han sucedido durante las últimas horas, principalmente en Illinois, Texas y California.Deportaciones masivas en vivo:07.00 (ET) | El fin de semana hubo cientos de detenidos con intenciones de deportaciónSegún el ICE, los agentes arrestaron a 593 inmigrantes el viernes. Los arrestos de esta semana se produjeron en 19 ciudades de todo el país, en estados como Illinois, Utah, California, Minnesota, Nueva York, Florida y Maryland.Este número representa casi el doble de arrestos de septiembre de 2024, el último mes del que hay datos disponibles, en el que ICE arrestó a 282 migrantes por día.
WASHINGTON.- El gobierno de Trump ha instruido a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para que aumenten drásticamente la cantidad de detenciones, de un par de cientos por día a entre 1200 y 1500, porque el presidente está decepcionado con los resultados que ha dado hasta el momento su campaña de deportación masiva, según cuatro personas que recibieron esas instrucciones y que hablaron bajo condición de anonimato.La cuota de detenciones a cubrir fue esbozada el sábado durante un llamado con los altos oficiales del ICE, a quienes les dijeron que cada agente de campo debe realizar 75 arrestos diarios y que sus superiores serían considerados responsables si no alcanzan esa meta, según esas mismas fuentes.La orden multiplica las chances de que los agentes incurran en tácticas indiscriminadas o de que enfrenten denuncias por violar los derechos civiles para cumplir con esas cuotas, según actuales y ex agentes del ICE.El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, ha dicho durante semanas que el ICE no realizaría redadas masivas y que sus oficiales darían prioridad a los inmigrantes con antecedentes penales o que sean miembros de pandillas. Pero los números demandados este fin de semana ponen a los oficiales del ICE bajo mayor presión para que detengan a una gama más amplia de posibles deportados -incluidos los inmigrantes que no han cometido delitosâ?? y así evitar ser castigados.En una entrevista con ABC News transmitida hoy, Homan dijo que el gobierno está "en las etapas iniciales" de su plan de deportación masiva, y que si bien la prioridad son quienes representan una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional, "a medida que esa ventana se agrande, habrá más arrestos en todo el país".A través de un comunicado, el ICE anunció que sus agentes "comenzaron a realizar mejores operaciones dirigidas en Chicago", con la ayuda de otras agencias federales, incluido el FBI. Y la semana pasada, el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine C. Huffman, revocó una directiva que básicamente prohibía que el ICE arrestara a inmigrantes en lugares sensibles, como escuelas, hospitales e iglesias y sus alrededores. Un funcionario del ICE que no estaba autorizado a hablar sobre el tema dijo que la lista de sospechosos de delitos de la agencia era lo suficientemente larga como para que los agentes cumplan con la nueva cuota priorizando las amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional. En julio pasado, el ICE informó al Congreso que tiene una lista de alrededor de 670.000 inmigrantes con condenas o cargos penales. De hecho, algunos están cumpliendo condena en la cárcel.La agencia maneja un archivo de 7,8 millones de personas que enfrentan su potencial deportación, pero muchas tienen reclamos pendientes en el sistema de inmigración o gozan de alguna forma de estatus de residencia provisoria. Durante la presidencia de Joe Biden, la carga de trabajo del ICE se duplicó con creces, en medio de cifras récord de cruces fronterizos ilegales.Durante la primera semana de Donald Trump en el cargo, los oficiales del ICE se desplegaron agresivamente en el territorio: entre el martes y el viernes, el número de inmigrantes detenidos aumento de menos de 400 a casi 600. Según los mismos datos de la agencia, el sábado la cifra disminuyó a 286 detenciones.Los partidarios de Trump señalan que esas cifras no darán como resultado los "millones" de deportaciones prometidas por el presidente.Durante su primer mandato, Trump hizo una promesa similar pero se quedó muy corto, alcanzando un pico de alrededor de 267.000 durante el año fiscal 2019. El año pasado, el gobierno de Biden deportó a 271.000, el total anual más alto en una década. Hace tiempo que Trump perdió la paciencia con las explicaciones de por qué sus objetivos son poco realistas.A los agentes del ICE se les dijo durante años que las redadas indiscriminadas son inseguras y contraproducentes, porque propagan el pánico en las comunidades inmigrantes y generan una importante reacción pública. El ICE y la Casa Blanca no respondieron hasta el momento a las solicitudes de comentarios.Los funcionarios de Trump le comunicaron al ICE que el presidente espera que los operativos de detención se realicen durante las 24 horas del día y que los agentes de licencia deberían cancelarla para volver a sus trabajos, según las cuatro personas informadas sobre las directivas.El ICE tiene alrededor de 5500 agentes que trabajan aplicando de la ley de inmigración en todo Estados Unidos, un número de personal que durante la última década se ha mantenido prácticamente estable. Esta semana, el gobierno de Trump tomó medidas para complementar esas cifras, con la designación de oficiales y agentes del Departamento de Justicia para investigar violaciones a la ley de inmigración y realizar arrestos, con la participación de personal del FBI, los alguaciles de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la Oficina Federal de Prisiones.Trump también le ordenó a la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE que cambie su enfoque de aplicación de la ley de inmigración. Se trata de la división del Departamento de Seguridad Interior para la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas y otros delitos."Movilizar a estos funcionarios de la ley ayudará a cumplir la promesa que le hizo el presidente Trump al pueblo estadounidense de llevar a cabo deportaciones masivas", dijo Huffman en un comunicado. "Durante décadas, los esfuerzos para encontrar y detener a los extranjeros ilegales no recibieron los recursos adecuados. Este es un paso importante para solucionar ese problema".Por Nick Miroff y Maria SacchettiTraducción de Jaime Arrambide
La incertidumbre ante las posibles redadas migratorias transformó el barrio de Little Village, en el suroeste de Chicago, en un lugar desolado. Esta zona, conocida como "el México del Medio Oeste", suele ser uno de los corredores comerciales más activos de la metrópoli. Sin embargo, desde que Donald Trump asumió nuevamente como presidente de Estados Unidos, se transformó en un pueblo fantasma.Según comentó Jennifer Aguilar, directora de la Cámara de Comercio de Chicago, en Bloomberg, el barrio de Little Village experimentó un descenso del 50% en el tráfico peatonal. El temor comenzó tras los reportes de que el equipo de Trump planeaba redadas masivas en Chicago. Muchos comercios cerraron sus puertas el martes, a pesar de que los propietarios temen el impacto económico futuro de estas medidas.El propio presidente de Estados Unidos confirmó el lunes el endurecimiento de las políticas migratorias, con medidas para terminar con el foco puesto en el aumento en los operativos de deportación en todo el país. Sin embargo, esta situación afectó no solo a los residentes indocumentados, sino también a los negocios, cuya clientela se mantiene en sus hogares, preocupada por el accionar de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), comandado por Tom Homan.Impacto económico en Little Village y en ChicagoLittle Village genera más ingresos fiscales para Chicago que casi cualquier otra área comercial, salvo la Magnificent Mile, reconocida por sus tiendas de lujo, de acuerdo a Bloomberg. Sin embargo, la combinación de redadas y bajas temperaturas redujo drásticamente las ventas. "Los negocios están viendo una caída en las ventas de hasta un 60%", comentó Mike Rodríguez, concejal del distrito 22.Esta situación no solo afecta a los comerciantes, sino también al sistema fiscal que depende de esos ingresos. Rebecca Shi, directora ejecutiva de la American Business Immigration Coalition, explicó en el mencionado medio que cuando los negocios sufren, la ciudad pasa el mismo destino."Cuando los negocios tienen menos tránsito peatonal, generan menos ingresos. Eso significa menos recaudación para nuestras escuelas, nuestro sistema de salud, nuestra seguridad pública, los departamentos de policía, todo lo que mantiene a salvo a cada habitante de Chicago", señaló.Medidas preventivas ante las redadas masivas en ChicagoDiversos grupos y funcionarios trabajaron para preparar a la comunidad ante estas redadas. Durante un evento comunitario de Chicago Workers Collaborative, el congresista Jesús "Chuy" García destacó la importancia de conocer los derechos constitucionales. "Mi experiencia como inmigrante me hace entender esta realidad de manera personal", afirmó.Luego, García instó a los residentes a evitar abrir las puertas a agentes de ICE sin una orden judicial y a buscar asesoramiento legal. "Mi padre fue deportado varias veces cuando estaba aquí antes de convertirse en residente legal. Así que es algo personal", agregó.Eréndira Rendón, de la organización Resurrection Project, recomendó a las familias tener un plan en caso de deportación. Mientras tanto, voluntarios, como la representante estatal Delia Ramírez, distribuyeron volantes informativos en varios vecindarios. "Ellos son nuestra fuerza laboral, son nuestra economía. Queremos asegurarnos de que sepan que tienen derechos", comentó.Costos de las deportaciones masivasDe acuerdo con los cálculos de USA Facts, Estados Unidos hospeda a 47,8 millones de inmigrantes. Es decir, un 14,3% de su población total. De ese número, se estima que 11 millones no están autorizados para residir en el país norteamericano. Mientras tanto, en Chicago, se encuentran 332.760 personas que nacieron nació fuera de EE.UU. Y, según este sitio, en el estado de Illinois residen 420 mil inmigrantes ilegales.Trump prometió la campaña de deportación másiva más grande en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, un estudio del American Immigration Council calculó que deportar a 13 millones de personas costaría al menos 315 mil millones de dólares, cifra que podría aumentar si las operaciones se prolongan. Además del impacto directo en los inmigrantes, dicho informe prevé un efecto negativo en la economía local debido a la ausencia de trabajadores y el cierre de negocios.