desviar

Una empleada del Banco Nación fue procesada por desviar casi un millón de pesos de cuentas de clientes en Santa Cruz

Una empleada bancaria fue procesada tras comprobarse que robó casi un millón de pesos de las cuentas de al menos siete clientes. El hecho ocurrió en la sede del Banco Nación de Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajaba. La mujer fue procesada por fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.Todo comenzó con la denuncia de la entidad bancaria, que reportó que recibió un "alerta por actitudes y accionar sospechoso" de una de sus empleadas, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF). El accionar de la mujer habría quedado registrado a través de las cámaras de seguridad de la sucursal, donde se la veía realizar retiros sin la autorización de los clientes y en beneficio propio. La mujer sacaba el dinero y lo guardaba en su billetera o un cuaderno que tenía a mano.El juez federal Claudio Vázquez sostuvo que la mujer "se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo" para así obtener "las autorizaciones necesarias que el sistema operativo exigía para concretar las transacciones ilegales".Según la denuncia presentada por la entidad, la mujer desvió un total aproximado de 948 mil pesos de cuentas de caja de ahorro de al menos siete clientes. Las maniobras se habrían realizado entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. El proceso judicial comenzó en 2024, cuando el fiscal federal Lucas Colla y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron la indagatoria de la mujer. La imputada intentó evitar su situación procesal al ofrecer tres millones de pesos como reparación a través de un acuerdo conciliatorio con el banco.El acuerdo fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal que argumentó que, al tratarse de un banco público, la mujer calificaba como una funcionaria pública. "El Ministerio Público consideró que, al tratarse de una trabajadora de un banco público, debía ser equiparada a una funcionaria pública y los delitos contra la administración exigen investigación y sanción", explicó.Y agregó: "Consideró que el Estado argentino asumió una postura de lucha contra la corrupción a nivel internacional e hizo foco en el compromiso que tiene en esta temática". A pesar de la oposición del MPF, el juez de primera instancia homologó el acuerdo. Sin embargo, el MPF apeló y, en su recurso, sostuvo que la resolución aprobó el acuerdo "en clara contraposición a los lineamientos legales establecidos para los casos de corrupción".Más tarde, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la decisión del juez de primera instancia y dio lugar al planteo fiscal.Tras ello, el juez Vázquez resolvió su procesamiento por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Además, le impuso un embargo de cinco millones de pesos. "Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria, por lo que, resulta inverosímil que pueda alegarse falta de direccionamiento de dichas conductas o que las mismas disten de ser realizadas al azar o sin raciocinio", concluyó el juez.El caso de Santa Cruz es la segunda polémica que se dio a conocer este viernes en torno al Banco Nación. Tal como publicó LA NACION, en marzo y abril de este año, una organización criminal se presentaba en las cajas de atención al público con DNI falsos y pedían retirar dólares y pesos depositados en cajas de ahorro. El mecanismo se repitió en las sucursales del banco en Plaza de Mayo, Palermo, Pilar y Morón. Los criminales recibían el aporte esencial de un empleado infiel, conocido como Cara de póker, que trabajaba en el sector Oficios y Embargos de la plataforma operativa de la sucursal y obtenía información para concretar la estafa. La banda falsificaba documentos de identidad y obtenía de forma ilegítima la información registrada en los archivos o bancos de datos del banco, específicamente sobre cuentas bancarias y sus titulares. Así, perpetuaban defraudaciones, perjudicando patrimonialmente a quienes tenían sus ahorros en las sucursales.

A 35 años del crimen de María Soledad Morales: el hijo del poder que fue condenado y los intentos por desviar la investigación

Los puntos oscuros y las irregularidades que provocaron el ocultamiento del femicidio. La joven de 17 años desapareció en Catamarca el 8 de setiembre de 1990 a la madrugada y la encontraron asesinada dos días después en un basural. Finalmente solo fueron condenados Guillermo Luque, hijo de un diputado, y Luis Tula, el entregador

Rafael López Aliaga anuncia que planea convertir la Av. Abancay en un boulevard y desviar el tráfico a mega túnel subterráneo

El alcalde propuso la creación de una alameda en la superficie, mientras que todo el tránsito vehicular se trasladaría a un túnel subterráneo de 6.93 kilómetros de longitud. La obra está valorizada en 600 millones de dólares

Rosario: detuvieron a un chofer de Uber por desviar el recorrido del viaje con una pasajera adolescente

Detuvieron al chofer de una aplicación por desviar el recorrido de un viaje con una pasajera de 13 años

La madre llamó al número de emergencias 911 desde la plataforma de viajes y hasta le envío mensajes al conductor, pero no recibió respuestas. Hace poco menos de un mes, otro chofer fue detenido por un hecho similar. Leer más

Ficha clave del magnicidio de Miguel Uribe Turbay intentó desviar la investigación al planear atentar contra los testigos capturados

Alias Harold, séptimo capturado por la planeación del hecho, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación

Victimización y ataques a la prensa: la estrategia del Gobierno para desviar el foco

Martín Menem estrenó la nueva "línea oficial": dijo que los últimos audios con la voz de Karina se grabaron "de forma ilegal" en su propio despacho. También atacó a "los espías disfrazados de periodistas". Milei compartió el posteo. La agenda de cierre de campaña por ahora no cambia y el Presidente estará el miércoles en el acto cierre, en Moreno.

Javier Milei: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real"

El Presidente descargó su furia contra el periodismo a través de un tuit en el que habló de una "red de espionaje ilegal" que opera contra el Gobierno.

Hombre decapitó a su pareja y mintió sobre el paradero de la mujer para desviar la investigación: fue condenado a 55 años de prisión

El agresor amenazó en repetidas ocasiones con asesinarla y arrojar su cuerpo a un río para evitar que fuera localizada, amenaza que finalmente cumplió

Los senadores acusan a Villarruel y al Gobierno de operar con sus sueldos para desviar el foco de la derrota

El aumento de las dietas se dio a conocer el mismo día que el oficialismo sufría siete votaciones en contra.Si bien el sueldo bruto de julio fue de más de $ 9,5 millones en la mano recibieron poco más de $6,7 millones.

El PP acusa al PSOE de usar las críticas a la jefa de Protección Civil para "desviar la atención" de su "incompetencia"

El Gobierno suspendió una cooperativa de recicladores por desviar fondos

El Ministerio de Capital Humano suspendió a una cooperativa de recicladores de la provincia de Buenos Aires por uso indebido de fondos. La decisión se tomó luego de que una auditoría del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) revelara irregularidades en los gastos de la agrupación, utilizados -según consigna en el comunicado oficial- "en beneficio personal" de su presidente y entorno familiar."El Ministerio de Capital Humano, a través de la INAES, dispuso la suspensión de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y la apertura de un sumario, tras detectar irregularidades graves en el uso de fondos", informó la cartera de Sandra Pettovello a través de sus redes sociales.El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES, dispuso la suspensión de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y la apertura de un sumario, tras detectar irregularidades graves en el uso de fondos.La fiscalización reveló que la estructura cooperativa fueâ?¦ pic.twitter.com/0nxfd8tRZu— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 14, 2025Según consigna en el comunicado oficial, la agrupación está presidida por Héctor Eduardo Morillo, cuya esposa e hija también se desempeñan en la cooperativa. Los tres habrían utilizado los fondos de la organización para solventar gastos personales que van desde vacaciones hasta compras de vehículos."Los fondos de la cooperativa fueron utilizados para abonar, entre otras cosas, una estadía en un SPA de la Costa Atlántica, bebidas alcohólicas, indumentaria no de trabajo, el seguro del auto de la hija de Morillo y una Moto Honda 750, cuyo único autorizado a conducir es Héctor Morillo, un vehículo que no sirve para las actividades de la cooperativa", detalla el comunicado del Gobierno.La auditoría del Inaes también reveló "millonarias transferencias" de dinero de la cooperativa a las cuentas personales de Morillo y su hija y el cobro de cheques por ventanilla. Sin embargo, no se logró precisar el destino de dichas erogaciones en el marco de la investigación por malversación.El Ministerio de Capital Humano también vinculó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en particular al Ministerio de Ambiente local, con la cooperativa. La agrupación de recicladores está inscripta ante el organismo como transportista de residuos industriales no especiales y gestor refuncionador de residuos electrónicos.Debido al servicio de transporte y tratamiento brindado, el mes pasado habría recibido un vehículo para "fortalecer el sistema de recolección diferenciada" en Pilar, municipio gobernado por Federico Achával, cuyo nombre se mencionó en las últimas semanas como posible candidato nacional de Fuerza Patria. Así fue notificado -según argumenta la cartera de Pettovello- en una publicación de redes sociales de Jaquelina Flores, subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, con fecha del 30 de julio."En ese posteo, menciona que la cooperativa es una unidad productiva con más de 100 trabajadores", dice el comunicado del gobierno nacional, en el que también se aclara que la auditoría realizada permitió corroborar que la agrupación no alcanza ese número de asociados. Tal inconsistencia podría reflejar una falta de control de parte de la administración provincial.LA NACION buscó la publicación citada en las cuentas de la funcionaria, pero tras la comunicación de Capital Humano, no se encontró ningún posteo de esa fecha en el que se haga mención a la cooperativa suspendida.En el comunicado, la cartera nacional también destaca que, previo a asumir en el gabinete de Axel Kicillof, Flores se había desempeñado como autoridad de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr), donde Morillo también habría ocupado un cargo jerárquico. La entidad integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fundada por Juan Grabois, a quien el Gobierno también buscó asociar con la cooperativa a tres días del cierre de listas para los comicios nacionales en los que el dirigente social podría ser candidato.La Federación, sin embargo, buscó desligarse de la denuncia del Gobierno y desmintió que el titular de la cooperativa ejerzan como autoridades. "Ni el presidente ni ningún otro miembro de la cooperativa Recicladores del Sur poseen cargos en los órganos de administración y/o fiscalización de la Federación, ni tienen poder ni facultades de gestión y/o representación de ésta y sus demás miembros ante terceros", señalaron.Ante la denuncia pública de Capital Humano sobre presuntas irregularidades en la cooperativa Recicladores del Sur, la FACCyR reafirma su compromiso inclaudicable con la transparencia, la democracia de base, y con los trabajadores y trabajadoras del reciclado. pic.twitter.com/9nqaHT311a— FACCyR (@fcartoneros) August 15, 2025Además, la asociación se comprometió a colaborar con la regularización de la agrupación recicladora y exigió que se proceda con la investigación correspondiente sin que aquello sea utilizado como "excusa para atacar o impugnar los sistemas de reciclado con inclusión social" construidos en las últimas dos décadas.Al cierre de esta nota, pese a su mención en el comunicado de la administración libertaria, Grabois no había realizado un descargo público al respecto.

Responde Luis Armando Melgar, senador criticado por vacaciones en Londres: "Buscan desviar la atención de la corrupción"

A través de X, el senador aseguró que nunca ha "pregonado una austeridad hipócrita", como lo hace el partido oficialista

El FBI reveló archivos de Martin Luther King Jr: su familia acusó a Trump de "desviar la atención" del caso Epstein

Más de 240.000 documentos fueron revelados de manera anticipada y no arrojaron nuevos indicios sobre el asesinato del activista por los derechos civiles. Sus allegados acusaron al gobierno de querer mitigar el revuelo del caso Epstein. Leer más

Fernando Iglesias polemiza (otra vez) con historiadores: "Tienen un rol particular para desviar la atención"

Desde hace varios días, el diputado y escritor Fernando Iglesias, que acaba de presentar la edición 10° aniversario de Es el peronismo, estúpido. Cuándo, cómo y por qué se jodió la Argentina (Planeta, $ 39.900), debate en la red social X con historiadores acerca de sus perspectivas académicas. En líneas generales, se podría decir que Iglesias "acusa" a los historiadores de ser, por lo menos, complacientes en sus análisis con la responsabilidad del peronismo en los no pocos problemas que enfrenta la Argentina. Roberto Saviano: "Me acusaron de informar para buscar fama y éxito"La polémica se da en simultáneo con otros episodios que involucran "usos de la historia" por parte del Presidente y sus aliados, como el despido anticipado del historiador Gabriel Di Meglio del Museo Histórico Nacional y la discusión entre la historiadora Camila Perochena y el director de la Casa Histórica de Tucumán, el abogado y escritor José María Posse. Algunos historiadores hallan semejanzas entre el mileísmo y el kirchnerismo en la manera que tienen de interpretar el pasado.No dije ninguna de esas cosas. Si las dije, publicá la cita y el medio. Pero vos no te atrevés a discutir conmigo, argumentando superioridad intelectual, y como no podés discutir mis argumentos me inventás declaraciones. A eso, Segura lo llama método científico. A mí me pareceâ?¦ https://t.co/zTGtH9BQPj— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 22, 2025A partir de la publicación de un ensayo del historiador Roy Hora en la revista digital Seúl, "Buenos Aires, la provincia impotente", a inicios de julio, sobre el diseño institucional de la provincia, Iglesias criticó al autor y descalificó su análisis. Desde entonces, el diputado renovó una querella historiográfica."Absurdo análisis, el de @RoyHora. Me crié en Avellaneda, y hasta que el peronismo se hizo con la Provincia no había mayor diferencia entre Barracas al Norte y Barracas al Sur, ni entre las avenidas Mitre y Montes de Oca. Lo cuento en el prologo de #EsElPeronismoEstupido, por si a alguien le interesa. Es el peronismo, Roy", escribió Iglesias en lo que algunos consideran una atípica campaña de marketing editorial."No suelo contestar burradas. En el caso del diputado @FerIglesias, además, es difícil decir qué define su personalidad: si la ignorancia, la agresividad o la estrechez de miras. ¡Qué paciencia sus colegas de @DiputadosAR y qué triste la suerte de quienes deben tratarlo a diario!", le respondió Hora, lo que ocasionó una ida y vuelta de réplicas. En una de ellas, Hora sostuvo que "resta vida" discutir con personas como Iglesias.Esto es lo que algunos llaman "método científico de los historiadores profesionales": negarse a discutir los argumentos ajenos y describirlos con ampulosos adjetivos. Pero el aficionado soy yo. Estudiá, @RoyHora pic.twitter.com/cr2Mo8CMet— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 23, 2025Si bien el historiador descartó la posibilidad de discutir en X con Iglesias, este subió la apuesta y comenzó a denostar a los historiadores como miembros de la "academia historiográfica filoperonista". Discutió además con el historiador Carlos Segura, que publicó en Seúl el ensayo "Argentina impotencia". Cada vez que Fer Iglesias quiere pelearme arroba a una Camila Perochena que no soy yo. Me imagino la pobre chica en otro país preguntándose por la obsesión de ese diputado argentino y de sus seguidores que le dicen PeroNCHENA. Mi solidaridad.— Camila Perochena (@camiperochena) July 23, 2025"Es exactamente eso en lo que no estoy de acuerdo. La academia, y especialmente: la academia argentina, produce un tipo de pensamiento conservador y adocenado -estimó el diputado y escritor-. En nuestro caso, son absolutamente refractarios al uso de la lógica. La lógica aristotélica, quiero decir, que odian, porque les parece banal. Lo que los lleva muchas veces al hegelianismo o al modernismo más berreta. Para peor, la pretensión de superioridad hace imposible todo debate, como en el caso de Hora".Para mí, calidad institucional es un país que tiene moneda, cuyas fuerzas de seguridad controlan el espacio público y con una justicia del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Y falta de calidad institucional es cortar la luz.Pero es una opinión.â?¦ pic.twitter.com/JJEv7YjONk— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 22, 2025También condenó la apreciación de Perochena (a quien, en un juego de palabras, rebautizó como "Peronchena") sobre el "mito de la Argentina potencia" que suele invocar en sus discursos el presidente Javier Milei (que había llamado "patética" a la historiadora, solo por ponerlo en cuestión). Y, nuevamente, atacó "el método científico de los historiadores profesionales" (con un uso irónico de las comillas) por un análisis de la historiadora en el programa de Carlos Pagni, Odisea Argentina.Extraordinario análisis de @camilaperochena sobre la "incapacidad política" de un gobierno que le ganó a todos los partidos tradicionales con Milei, la hermana, un amigo y diez gordos twiteros, que ha hecho el mayor cambio estructural de nuestra historia en menos de dos años conâ?¦— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 22, 2025Hoy, el debate tuvo un giro cómico, cuando Perochena señaló que el diputado arrobaba en sus publicaciones la cuenta de una homónima en X. "Cada vez que Fer Iglesias quiere pelearme arroba a una Camila Perochena que no soy yo -posteó la historiadora-. Me imagino la pobre chica en otro país preguntándose por la obsesión de ese diputado argentino y de sus seguidores que le dicen PeroNCHENA. Mi solidaridad". Uno de los que republicó el mensaje de la historiadora fue el mismo Iglesias, con la frase "Adhiero"."Hay un trasfondo común con el debate que está teniendo con Roy Hora, que es el rol de los historiadores académicos y como él cree los historiadores son algo así como 'militantes peronistas' -dice Perochena a este diario-. A todos nos critica por esa visión más paranoica de que los historiadores de la academia serían peronistas"."No solo los académicos, sino también el sector periodístico, tienen un sesgo peronista muy claro", afirmó Iglesias en diálogo con LA NACION."Me parece que tienen un rol particular de desviar la atención -remarcó-. La provincia de Buenos Aires, hasta las gobernaciones peronistas de 1987 en adelante, era una de las más ricas y prósperas, y ahora es un desastre. Todo el tiempo académicos y periodistas están ofreciendo argumentos al peronismo y nunca lo responsabilizan de lo que pasa. Además, los académicos expresan un desprecio absoluto, porque solo discuten entre ellos. Mi libro puede ser bueno o puede ser malo, pero fue un best seller hace diez años, y nunca se dignaron a rebatir los argumentos. Consideran que no estás a la altura". La edición aniversario de Es el peronismo, estúpido (donde el peronismo es descripto como "una entidad psicopática") está actualizada y tiene un nuevo prólogo del autor, titulado "Diez años no es nada", y otro del primer editor, el escritor Gonzalo Garcés.

Ñoquis en el Senado bonaerense: piden enviar a juicio oral a un asesor acusado de desviar millones de pesos

Transcurridos 15 meses desde que la Justicia requirió el desafuero de Flavia Delmonte, la legisladora provincial acusada de liderar una red de "ñoquis" y "prestanombres", la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios decidió desdoblar la investigación que la tiene como protagonista. Y requirió enviar a juicio oral a su principal colaborador, mientras espera que ella termine su mandato, en diciembre, o el Senado bonaerense le quite los fueros.El fiscal instructor, Mario Rafael Pérez, plasmó esa estrategia en dos resoluciones sucesivas que firmó para evitar que la pesquisa se empantane por la inacción deliberada del Senado provincial, que cerró filas alrededor de Delmonte, de origen radical. No trató el pedido judicial, no le dio estado parlamentario, ni le envió una respuesta al juez o al fiscal del caso, ni siquiera para acusar recibo del pedido o informarles que no lo tratarían, según verificó LA NACION.El boicot del Senado provincial fue más lejos. También se negó a responder los pedidos de la Fiscalía sobre el listado completo de los empleados que designó Delmonte, el listado completo de quienes se desempeñan en el bloque de Cambiemos, ya sea en planta permanente o transitoria, o los nombres de los empleados de la comisión de Comercio Interior, Pyme y Turismo durante el período que la presidió esa legisladora.La negativa a responder por parte del Senado provincial abarcó, incluso, datos de carácter general. ¿Por qué? Porque tampoco le remitió a la Fiscalía los reglamentos o estatutos que fijan los derechos y obligaciones de los empleados de la Cámara, además de ocultar algunos datos de las planillas que sí le entregó, en respuestas que omitieron el nombre, el sello y la firma del funcionario que tomó la decisión de tapar esa información, para de ese modo evitar, según el fiscal, "eventuales responsabilidades"."Estas y otras demoras e irregularidades, se encuentran debidamente documentadas y pueden observarse en el expediente", aclaró Pérez, lo que sostuvo que provocó demoras en la pesquisa por la presunta defraudación a la administración pública bonaerense, "con perjuicio para las personas que ya han sido sometidas a proceso". Ante ese cuadro, el fiscal Pérez desdobló la investigación. Por un lado, esperará el desafuero o el final de mandato de Delmonte, en diciembre, ya que no renovará su banca en las elecciones de este año; por el otro, definió la situación procesal de otros dos acusados. Así, solicitó que se sobresea a uno de los colaboradores de la senadora, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, y requirió que se envíe a juicio oral a su mano derecha, Kevin Alan Razimoff. Ambos pedidos deberán ahora ser definidos por el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola.Consultada por LA NACION cuando la Fiscalía reclamó su desafuero, Delmonte remarcó que se había presentado de manera espontánea ante la Justicia, que declaró por escrito, que la investigación sólo se basaba en el testimonio de su excuñada -y también exempleada suya- y que, tras tres años de pesquisa, adujo que no habría pruebas sólidas en su contra. "Yo he sido y sigo siendo muy respetuosa del Poder Judicial, pero al mismo tiempo resulta evidente que el fiscal se ha tomado atribuciones impropias, al punto de provocar situaciones abusivas, como que me hayan seguido agentes de la Policía Federal", sostuvo.Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, los agentes federales no siguieron a Delmonte, sino a su asesor, Razimoff, con autorización judicial. Y al controlar los movimientos de Razimoff se toparon con un encuentro con la senadora. Del mismo modo, la Fiscalía Especializada no pidió las llamadas entrantes y salientes de la legisladora, sino de Razimoff. Y en esa "tira" de comunicaciones aparecieron algunas con ella, que invocó ambos ejes para reclamar la recusación del fiscal Pérez, que el juez Olivera Zapiola todavía no resolvió.La Fiscalía determinó, además, que Delmonte o alguno de sus colaboradores operaron el homebanking de la cuenta salarial de la mujer que luego los denunció, Tamara Yanina Arce. ¿Qué nombre habilitaron para operar ese homebanking? "flaviadelmonte2015â?³. ¿Y desde dónde lo operaron? Según verificaron los sabuesos informáticos, desde computadoras en el Senado bonaerense o en los domicilios particulares de Razimoff en Gonnet y en San Bernardo.A través de ese homebanking, manos anónimas intentaron obtener más dinero. Gestionaron un préstamo por $252.000 -cerca de US3700 al tipo de cambio entonces vigente-, pero no llegaron a concretarlo por las demoras ocasionadas por la pandemia Covid-19, indicó entonces el abogado de Arce, Rodrigo Bonzo, ante la consulta de LA NACION.Según la Fiscalía, ese sistema recaudatorio electrónico no sólo abarcó a Arce, sino a por lo menos otros cinco supuestos empleados de Delmonte, quien comenzó su recorrido político bajo el ala del presidente del Comité Provincia de la UCR, el senador nacional Maximiliano Abad, aunque en el partido de la Costa se mueve en tándem con el peronista Juan de Jesús, y para el balotaje presidencial de 2023 apoyó a Javier Milei.Apoyado en las evidencias que acumuló en la investigación, el fiscal Pérez indagó a los cinco empleados de Delmonte bajo sospecha, como también a Razimoff y Torrijos Fuertes, que negaron todas las imputaciones criminales. También requirió el desafuero de la senadora, el 20 de febrero, pedido que convalidó el juez Olivera Zapiola tres meses después, el 24 de mayo del año pasado.Para la senadora Delmonte, la ofensiva de la Fiscalía responde a motivaciones políticas. "Yo era la candidata natural de mi espacio para la intendencia del Partido de la Costa, pero esta causa penal se armó para afectar mi candidatura, para que otros logren a través de los tribunales lo que no logran con los votos. Yo sigo viviendo donde siempre viví, voy a la panadería y por la calle se solidarizan conmigo".Desde los tribunales de Dolores indican, en tanto, que el desafuero resulta insoslayable para indagar a Delmonte, según impone la legislación vigente. Pero aún si el Senado bonaerense no trata el pedido de desafuero, la senadora podría afrontar dificultades en el mediano plazo. Podría seguir los pasos de otro senador bonaerense por el radicalismo, Antonio Armando Nieto, que afrontó dificultades judiciales similares. La Justicia lo condenó a cuatro años y tres meses de prisión por quedarse con los salarios de al menos 39 "ñoquis".

El PP afea a los "guionistas de Moncloa" buscar desviar atención cuando el juez deja sin pasaporte a "cargos sanchistas"

El PP lanza una "ofensiva parlamentaria" al PSOE sobre Cerdán para desviar la atención del caso Montoro: 64 preguntas a 13 ministerios

El partido de Alberto Nuñez Feijóo quiere conocer si se utilizaron fondos de ayuda europeos para financiar los contratos de la trama de Koldo García, Jose Luis Ábalos y Santos Cerdán

El jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade salió en defensa de Gustavo Petro luego de críticas a su alocución: "Son expertos en desviar la atención"

El funcionario de la Casa de Nariño utilizó las redes sociales para apoyar al presidente y cuestionar a quienes critican la intervención presidencial sobre deficiencias en el sistema de salud colombiano

Gobierno valenciano acusa a Bernabé de intentar "desviar la atención de los escándalos machistas" de Ábalos

El PP critica al Gobierno por querer "desviar la atención" de la corrupción acelerando la ley de embargo a Israel

Qué significa desviar la mirada al hablar, según la psicología

El lenguaje no verbal influye de forma decisiva en la forma en que nos relacionamos y expresa emociones que muchas veces callamos revelando aspectos como la inseguridad, la atracción o el desafío mediante simples gestos oculares

Trabajadoras sexuales acusan al Gobierno de usar la abolición de la prostitución para desviar la atención del 'caso Koldo': "Nos parece que es un intento bastante patético de tapar la corrupción del partido"

El sindicato Otras rechaza el anuncio de Igualdad de llevar en septiembre al Consejo de Ministros una ley abolicionista

La Fiscalía acusó a Carlos Ramón González de desviar millones en contratos públicos e insistió en pedir cárcel para el exdirector del Dapre: tribunal aplazó la decisión

Carlos Ramón González enfrenta cargos graves por presuntamente desviar 4.000 millones de pesos de un contrato para carrotanques en La Guajira, dinero que habría ido a congresistas mediante sobornos

Imputan a un policía por desviar la investigación de un crimen que lo implicaba

Hace más de doce años que el cuerpo de Sebastián Nicora, de apenas 16, apareció con un tiro en la cabeza en una playa de Punta Indio, localidad próxima a La Plata, a unas dos horas y media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el comienzo, el caso estuvo plagado de irregularidades, acciones que buscaban entorpecer la marcha hacia el esclarecimiento del hecho.A fines de 2021, la condena por falso testimonio del exmédico policial que estuvo a cargo de la autopsia, José Daraio, confirmó la trama del encubrimiento, aunque no bastó para revelar los motivos de esa acción de ocultamiento. Si bien la Justicia archivó la causa de homicidio, consideró necesario discernir las responsabilidades penales en las que pudieron haber incurridos los efectivos policiales. En ese marco un oficial fue imputado por "realizar intencionalmente" actos que aseguraran una investigación infructuosa, como, por ejemplo, manipular la escena del crimen y realizar allanamientos ilegales."Después de tanto tiempo aún no se sabe qué pasó con Sebastián y eso, por sí solo, es un dato gravísimo. Lo que hay es un reconocimiento del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires de que fue incapaz de acreditar el homicidio, quién fue el autor y por qué. No obstante, al señalar que hay que investigar la actuación de los efectivos que participaron de la investigación, se está dando cuenta de un manejo de la policía local que estaría vinculado a tramas criminales; pareciera haber un interés particular de algunos policías en evitar que se sepa la verdad", explica Augusto Infante, director del programa de litigios de la Comisión por la Memoria (CPM), el organismo que acompañó a la madre de Sebastián, Fernanda Nicora, en su búsqueda de justicia hasta que fue doblegada por el cáncer, en febrero de 2017. "Es la herencia del reclamo de una madre que murió sin saber quién asesinó a su hijo. Lo que el Estado le debe es esa respuesta. Por eso vamos a continuar hasta saber qué pasó con Sebastián", señala Infante a la nacion."Entorpecer la investigación"En una resolución judicial fechada el 22 de agosto de 2024, el fiscal de La Plata Juan Ignacio Menucci, resolvió archivar el expediente abierto por el homicidio de Sebastián Nicora "por el tiempo transcurrido desde su comisión" y porque "no se observan vías pendientes de investigación".Sin embargo, este año, el mismo fiscal reactivó el caso al imputar al entonces oficial principal a cargo del Gabinete de Prevención de Ilícitos de la Estación Comunal de Punta Indio, Javier Argentino Maciel, por los delitos de encubrimiento calificado en concurso ideal con falso testimonio, allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En un extenso auto de mérito, el fiscal Menucci repasó que, al momento de los hechos, el oficial Maciel dijo no haber reconocido el cuerpo de Sebastián al encontrarlo en la playa, a pesar de que estaba acreditado su vínculo con la víctima (por ejemplo, a través de su amistad con la pareja de Fernanda Nicora) lo que "solo se explica por su necesidad de ocultar información relevante para la pesquisa". También surge del expediente que "Maciel concurrió sin orden ni aval judicial -ni mediando razones procesales que lo justifiquen- tanto al lugar de residencia de Nicora, en la localidad de Verónica, como a la habitación que había alquilado en Punta Indio manipulando sus pertenencias personales, en lo que solo se puede comprender, en una persona con su experiencia policial, como una intención de entorpecer la investigación de un homicidio de una persona a la que se señalaba relacionada con él".La hipótesis del fiscal apunta a que la "sindicación habitual de que Nicora poseía aval de Maciel en ciertas actividades ilícitas y la relación entre estos y el posible comercio de estupefacientes abonan la sospecha de [que existió] la intención de borrar rastros de esto como motivo de concurrir a los lugares señalados para ocultar elementos que pudieran comprometerlo".Sumado a otras pruebas y testimonios, Menucci concluyó que el policía Maciel, que aún continúa en funciones, "realizó intencionalmente actos que coadyuvaron a evitar que se llegue a buen puerto" en la pesquisa y que sus "conductas ilícitas" deben ser esclarecidas, a pesar del paso del tiempo. "Lo ejecutaron para tapar algo""¿Qué pasó con mi sobrino? No lo sé. Murió de un tiro en la cabeza, había que tomar medidas y las autoridades no lo hicieron. Con la policía tan metida era difícil que se supiese la verdad. Como dice el refrán, 'la justicia tarda, pero llega'; por lo menos la imputación a este policía sirve para que el resto se empiece a preocupar también después de tantos años de impunidad. No tengo dudas de que a Sebastián lo ejecutaron para tapar algo", asegura Carlos Nicora, hermano mayor de Fernanda y tío de Sebastián. "Las autoridades policiales no hicieron nada para esclarecer el hecho -insiste Nicora- y los que tuvieron algo que ver se fueron de Verónica a trabajar a otro lado. Todos siguieron en funciones. No es solo Maciel; son siete u ocho, por acción u omisión, loque s responsables del asesinato de mi sobrino".Según lo aportado por un testigo en la causa, la víctima solía jactarse de que vendía estupefacientes con ayuda de su padrastro y de Maciel, a quien todos en la zona identificaban como "el jefe de calle". Otros testimonios coincidieron en que el menor solía ufanarse de la protección del policía."A Sebastián lo recordamos siempre -dice Nicora, y algo en el tono delata su resignación-; a veces con tristeza y otras con bronca por lo que pasó. Uno, como familiar, siente culpa, piensa que tal vez tuvimos que haber tratado de rescatarlo, de acompañarlo más. Por eso uno siente que falló".Perejil y médico condenadoSebastián Nicora fue asesinado el 14 de febrero de 2013: su cuerpo apareció en el balneario El Pericón, de Punta Indio. Los policías que realizaron las primeras diligencias no preservaron la escena del crimen, manipularon el cadáver del joven, allanaron sin orden judicial el hospedaje donde estaba parando y la casa de su madre, Fernanda Nicora, entre otros delitos. La primera fiscal de la causa, Ana Medina, convalidó la hipótesis de los policías de Punta Indio que señalaba a Santiago Trébol, amigo de Sebastián y, por entonces, también menor de edad, como posible autor del asesinato. En paralelo, el médico policial a cargo de la autopsia, José Daraio, concluyó que Sebastián había muerto por un golpe en la cabeza con un elemento cortopunzante. Un año y ocho meses después, y por insistencia de la familia, la Justicia ordenó hacer una segunda autopsia: esta vez, el informe reveló que el menor tenía en la cabeza una herida de arma de fuego. Recién en noviembre de 2021, es decir, ocho años después del hecho, el Juzgado Correccional N°2 de La Plata condenó por falso testimonio al médico policial Daraio y le impuso una pena de un año y tres meses de prisión más dos años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio profesional. También debió realizar 40 horas de trabajo comunitario.La sentencia concluyó que "resulta inverosímil pensar que Daraio hubiera realizado la autopsia del cadáver de Sebastián desconociendo las circunstancias precedentemente referidas en relación a la vaina (encontrada en el lugar del hecho) y al disparo escuchado, teniendo en cuenta su presencia en su carácter de médico forense en la escena del hecho, en dos oportunidades, antes de que el cuerpo fuera trasladado a otro lugar".Fernanda, la madre de Sebastián, murió víctima de un cáncer fulminante en febrero de 2017. Ni siquiera alcanzó a ver la única condena por el crimen de su hijo.

Quién es Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna que lo ayudó a desviar millones desde las sombras

La mujer operó desde restaurantes hasta compañías offshore, mientras construía un emporio con dinero del Estado

Rueda ve la Conferencia de Presidentes de Sánchez como un "intento fallido" de desviar la atención de sus whatsapps

Alfonso Rueda critica la improvisación de la Conferencia de Presidentes y exige aclaraciones sobre los whatsapps de Pedro Sánchez con Ábalos, destacando la necesidad de discutir temas cruciales como la financiación y la vivienda

El PP cree que Sánchez convoca una Conferencia de Presidentes para "desviar la atención" de sus mensajes con Ábalos

Ataque de celos terminó en tragedia: mujer trans fue enviada a prisión por asesinar a su pareja y trató de desviar la investigación

La procesada intentó engañar a las autoridades culpando a un tercero, pero las evidencias revelaron que ella misma habría cometido el crimen en medio de una discusión motivada por los celos

Sandra Ortiz desmiente versión de abogado de Iván Name sobre supuesto apartamento: afirmó que es "para desviar la atención"

Por medio de un comunicado emitido por su abogado Oswaldo Medina, la exconsejera presidencial dejó en claro que rechaza las declaraciones hechas por Jaime Lombana, apoderado de Iván Name

Lo que une a Milei y Cristina, y el debate que el Gobierno busca desviar

Los libertarios lo rechazan, pero hay semejanzas con la actitud del kirchnerismo.La experiencia de Nayib Bukele que está presente en el oficialismo.Los temas que el Gobierno no quiere que protagonicen el debate en las redes sociales.

Procesaron a funcionarios de la Universidad de San Martín por desviar fondos que otorgó Julio de Vido

Cinco docentes y directivos de la universidad habían sido sobreseídos de la causa que investiga malversación de recursos públicos. A partir de nuevas pruebas, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó su procesamiento. Leer más

Procesan a funcionarios y docentes de una universidad por desviar fondos e inventar facturas

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco empleados y docentes de la Universidad de San Martin (UNSAM) por fraude a raíz del desvío de fondos públicos, realizado mediante la contratación simulada de servicios inexistentes y el uso de facturas apócrifas.Se trata de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla. En esta causa, el exrector de la UNSAM Carlos Ruta ya tiene procesamiento firme, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.Todos ellos había sido investigados desde hace años y sobreseídos por la Cámara Federal, pero ahora la jueza Capuchetti reunió nueva evidencia sobre el desvío de recursos y los procesó.Los fondos públicos provenían del Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) que en su oportunidad firmó un convenio con la UNSAM por asesoramiento técnico.En 2017, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia porque había irregularidades en la rendición de esos recursos.Apuntaba a fondos girados a lo largos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Una auditoría detectó irregularidades por unos 8.898.167 de pesos.Los fondos eran asignados al organismo por el Ministerio de Planificación, que por entonces conducía Julio De Vido.Según dijo Capuchetti, "en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas".La jueza ya sabe quienes participaron del cobro del dinero, pero está reuniendo información y delegó en la fiscalía la profundización de este aspecto del caso. "Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados", escribió la jueza.La maniobra consistía en facturar supuestas tareas no precisadas a empresas inexistentes para así apoderarse de los fondos. "Las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos", dice el fallo."Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas", señaló. La jueza también destaca la presentación sospechosa de facturas de arquitectos, psicólogos, profesores de gimnasia y comprobantes apócrifos, incluso de imprentas cercanas a la propia universidad. Toda una serie de elementos que fundamentan la existencia de un armado para inventar gastos.Los testigos declararon que no hicieron las tareas que supuestamente estaban indicadas y para las que se efectuaron los pagos.

Cómo funcionaba el esquema de Belliboni para desviar fondos estatales, según el expediente elevado a juicio

El juez Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita por el caso que involucra a Eduardo Belliboni y a otros 17 dirigentes sociales acusados de extorsión, coacción, administración fraudulenta y lavado de dinero en el manejo de fondos del Programa Potenciar Trabajo. Según la investigación, los acusados habrían creado un sistema extorsivo contra beneficiarios de planes sociales mediante amenazas de retirarles ayuda alimentaria o darlos de baja del programa si no participaban en movilizaciones, marchas y otras actividades políticas. Los principales puntos del expediente destacan lo siguiente: Se estableció una estructura organizada que dividió el país en 11 zonas y 66 regiones, con un sistema de contabilidad paralelo y centralizado que permitía la administración irregular de fondos.  Se aplicaba un mecanismo de extorsión en el que se exigía a los beneficiarios una "cápita" (porción del dinero recibido), prohibida por la ley, y se los obligaba a realizar actividades políticas bajo pena de perder su asistencia social.  Se detectó un desvío de fondos públicos con facturas truchas por 49.417.301 pesos entre junio de 2020 y diciembre de 2023. Empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Coxtex SA, Graphics SA y Ricoprint SRL fueron usadas como usinas de facturas falsas para simular gastos y desviar fondos.  Exbeneficiarios y referentes del movimiento denunciaron el esquema ante la Justicia y revelaron el mecanismo de presión y sanciones aplicado para obligar la participación en actividades políticas. También se analiza la responsabilidad de Emilio Pérsico (Movimiento Evita).  La investigación apunta a que el esquema no solo utilizó la ayuda social como un instrumento de control político, sino que también permitió el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Las penas para los acusados podrían ir de 5 a 16 años de prisión. En el expediente se menciona que el acceso y la permanencia en el Programa Potenciar Trabajo estaban condicionados por métodos intimidatorios establecidos por las máximas autoridades del Polo Obrero. Se identificaron tres mecanismos de control: exigir la participación en actividades políticas para ingresar al plan, reducir las horas computadas o degradar de categoría en caso de baja participación y, como sanción máxima, gestionar la baja total del programa. Estas medidas eran definidas, siempre según el expediente, por la cúpula de la organización, integrada por Belliboni, Jeremías Cantero, Elizabeth Palma y Gianna Puppo, y luego transmitidas a niveles intermedios y locales, que aseguraban su cumplimiento.Los testimonios de las víctimas fueron claves. Un asistente al comedor "La Carbonilla" relató que tuvo que asistir a marchas por un año antes de que le informaran que podía recibir una tarjeta del Banco Nación para cobrar el plan. Otro testimonio, vinculado al comedor "Rivadavia 1", detalló que existía un sistema de "lista de espera" basado en la asistencia a marchas, donde aquellos que participaban con mayor frecuencia tenían mayores posibilidades de ser incluidos en el programa. Otro testigo, del comedor "Mariano Ferreyra" (villa 1-11-14), confirmó que la única condición para recibir asistencia alimentaria era participar en las marchas. El control sobre el Programa Potenciar Trabajo incluía la gestión del alta y la baja de beneficiarios, la asignación del monto a cobrar según las horas trabajadas y la posibilidad de ascender o descender de categoría dentro del sistema. Estas decisiones eran reservadas exclusivamente a los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, que solicitaban ascensos en la categoría de beneficiarios dentro del programa y administraban la carga horaria de cada persona, indicaron los investigadores. La responsabilidad de registrar estos datos en el sistema informático recaía en Palma, quien tenía acceso directo a la carga y modificación de la información de los beneficiarios.La investigación concluyó que estas prácticas constituían un mecanismo de coerción a gran escala, utilizado para consolidar el poder de la organización y mantener el flujo de fondos provenientes del Estado.El expediente judicial detalla cómo se detectaron irregularidades en la justificación de gastos mediante facturas presuntamente falsas. Durante un allanamiento en Monteagudo 730 se encontraron cuatro facturas de la empresa Rumbos, todas fechadas el 5 de julio de 2023, por montos de entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos, supuestamente por la compra de papel resma A4 y transporte de mercaderías. Junto a estas facturas, se halló un cartel con la anotación "Guardar por las dudas", lo que generó sospechas sobre su autenticidad. También se encontraron documentos bancarios de El Resplandor, que recibió fondos públicos en una cuenta del Banco Ciudad. En los resúmenes de cuenta se observaron anotaciones manuscritas donde se modificaban los conceptos de gastos, pasando de "maquinarias" a "gastos administrativos" o de "papel" a "maquinarias". Esta práctica sugería que los acusados intercambiaban facturas para justificar gastos sin relación con los programas a los que estaban destinados los fondos.En el domicilio fiscal de las cooperativas El Trabajo Primero Ltda. y Por un Trabajo Genuino Ltda. se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor con el título "Pagos del convenio productivo sin factura macheada". Esta planilla registraba cheques sin respaldo de facturas, que luego fueron vinculados por las autoridades a documentos emitidos por Rumbos, justificando falsamente la entrega de productos al Programa Potenciar Trabajo.Un ejemplo de esta operatoria se evidenció en el expediente administrativo EX-2021-34221179, donde la factura número 00001-00000042, emitida el 10 de febrero de 2022 por un "Kit de Seguridad de Ropa de Trabajo", habría sido abonada con un cheque de la cooperativa. Este mecanismo reflejaba un esquema de manipulación de documentación contable para encubrir el desvío de fondos públicos, indican los investigadores.El dictamen del fiscal, también muestra que la mayoría de los cheques fueron librados al portador y cobrados por diversas empresas que aún están bajo investigación, en lugar de ser recibidos por la empresa Rumbos, que figuraba formalmente como beneficiaria. Las pruebas indican que Rumbos no tenía actividad comercial real y era utilizada como pantalla para simular gastos dentro del Plan Potenciar Trabajo. En total, se identificaron facturas falsas por más de 31 millones de pesos para justificar compras de materiales, indumentaria y maquinaria.Además de Rumbos, se detectó que otras empresas participaron en el mismo esquema fraudulento. Entre ellas, Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL, Miniso Trade SA y Carlos Osvaldo Monfrini emitieron facturas falsas por un total de 17.942.274,85 pesos. Coxtex SA fue identificada por la AFIP como una empresa sin capacidad operativa, financiera o económica, incluida en la base de datos de compañías de facturación apócrifa desde diciembre de 2020. A pesar de haber emitido facturas por más de 470 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2022, la empresa no tenía sede, bienes registrables ni movimientos bancarios legítimos. Sus socios, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, habrían sido utilizados para constituir la empresa y realizar trámites financieros a cambio de dinero. Un allanamiento en el domicilio de Vega reveló que desconocía las operaciones de la empresa y que su teléfono contenía conversaciones con otras personas involucradas en la maniobra, lo que sugiere que actuaba bajo sus directivas.La Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor presentaron facturas de Coxtex SA por más de 50.000 dólares, justificando compras de elementos informáticos pese a que la empresa era una "usina de facturas truchas". La investigación judicial indica que El Resplandor también utilizó facturación apócrifa para justificar compras ficticias. En la rendición de cuentas del primer convenio, declaró haber comprado a Coxtex SA seis notebooks y cinco licencias de software por un total de 1.815.000 pesos, equivalentes a 18.333 dólares al cambio oficial de la época. Sin embargo, el análisis de los cheques utilizados como medio de pago reveló que ninguno de ellos fue cobrado por Coxtex SA, sino que terminaron en manos de otras empresas bajo investigación, incluyendo Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Makosen SRL, esta última prestadora de servicios de publicidad digital al Polo Obrero y al Partido Obrero.El expediente confirma que los acusados presentaron dos facturas falsas de Coxtex SA para simular gastos por 5.459.418 pesos. Otro caso involucra a Ricoprint SRL, que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero por montos de 2.769.378,29 y 2.769.178,29 pesos. Una de estas facturas fue abonada con cheques, entre ellos uno de 269.378,29 pesos librado por la Asociación Civil Polo Obrero a nombre de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y cobrado por Roberto Albornoz. El expediente también menciona a Carlos Osvaldo Monfrini, registrado en la AFIP como productor de espectáculos y proveedor de equipos de telefonía, quien emitió cuatro facturas a la Asociación Civil Polo Obrero por un total de 2.946.913,12 pesos. Según la documentación, parte de este monto se abonó mediante una transferencia bancaria de 1.220.450,40 pesos y con dos cheques adicionales. Aunque estos cheques fueron dirigidos a Monfrini, él los endosó a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. Así hizo que el dinero retornara a la organización. La investigación judicial demuestra que la empresa Miniso Trade SA emitió una factura a la Asociación Civil Polo Obrero por 3.060.003 pesos, el 13 de junio de 2022, justificando la compra de siete notebooks Lenovo IdeaPad y cinco licencias de software Pro Tools Perpetual, exactamente los mismos productos facturados previamente por Coxtex SA. Sin embargo, se descubrió que la factura llevaba el número 1, a pesar de que la empresa había sido constituida en 2017, lo que sugiere que no tenía actividad comercial previa. Un allanamiento en su domicilio fiscal comprobó que la empresa no operaba en esa dirección desde 2020, y que el departamento había sido alquilado por un ciudadano chino que actuó como apoderado de la firma.En total, las empresas involucradas en la emisión de facturas falsas permitieron a los acusados simular gastos inexistentes por un monto de 49.417.301 pesos. Delegados localesLa investigación reveló que los delegados locales jugaban un papel clave en la captación de personas en situación de vulnerabilidad para integrarlas al esquema, exigiéndoles el cumplimiento de condiciones ilícitas para acceder a los beneficios sociales. Según la causa judicial, el fraude se sostenía mediante la permanencia de beneficiarios dentro del Polo Obrero, lo que permitía a la organización justificar la necesidad de más fondos ante el Estado. Al mismo tiempo, se imponían sanciones a quienes no cumplían con las exigencias.Más allá del fraude financiero, la investigación señala que el objetivo final de la maniobra era obtener un lucro indebido y aumentar el poder político de los acusados. La organización se financió tanto con el dinero desviado del Estado como con las contribuciones forzadas de los beneficiarios. Parte de estos fondos se destinaban a cubrir gastos personales de los dirigentes, quienes cobraban sueldos, bonos y aguinaldos con dinero obtenido ilegalmente. Se encontraron registros contables paralelos en la sede de Monteagudo 730, donde se detallaban gastos personales de Belliboni, como pagos de combustible, tarjetas de crédito y viáticos.Las intervenciones telefónicas también sugieren que Belliboni disponía de un vehículo del Polo Obrero para su uso personal. En una conversación del 12 de abril de 2024, uno de sus colaboradores mencionó la necesidad de "pensar" el tema del auto de la organización. De acuerdo al expediente, "las pruebas reunidas demuestran que los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor no solo instauraron un sistema de extorsión para controlar a los beneficiarios de planes sociales, sino que también administraron fraudulentamente los fondos públicos con el objetivo de obtener beneficios personales y financiar su estructura política".La investigación judicial señala que los acusados no solo utilizaron fondos públicos para beneficio personal, sino que también instauraron un esquema de "salarios" financiado con dinero proveniente de extorsiones a beneficiarios de planes sociales y de recursos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un mensaje encontrado en el celular de Gianna Puppo, fechado el 26 de diciembre de 2023, detalla una "liquidación de sueldos" en la que varios imputados cobraban dinero del programa Potenciar Trabajo bajo la modalidad "Nexo doble", así como de otros programas como "Veredas Limpias" y una caja de recaudación propia de la organización.Además, la investigación comprobó que parte de los fondos desviados fueron utilizados para propaganda política en favor del Polo Obrero y el Partido Obrero. Se identificó la contratación de la empresa de comunicación Makosen SRL, cuyo socio, Adrián Compagni, emitió facturas por montos significativos a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. El análisis contable de Makosen SRL confirmó que la empresa fue contratada para campañas electorales del Partido Obrero en 2021. Además, se identificaron nueve transferencias bancarias realizadas por la Asociación Civil Polo Obrero entre 2021 y 2023 a favor de Makosen, por un total de 6.310.000 pesos. En paralelo, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda. también realizó una transferencia de 875.206,50 pesos desde su cuenta en el Banco Ciudad, donde recibía los subsidios del Programa Potenciar Trabajo. La conexión de Makosen con el Partido Obrero quedó reflejada en su propio sitio web, donde el partido figura como un cliente frecuente.Ediciones e Impresiones Rumbos SRL figuró entre las empresas que más gastaron en publicidad electoral en Google: destinaron 765.000 pesos para promocionar la figura de Gabriel Solano, precandidato presidencial del Partido Obrero. La causa también alude a la administración de los alimentos que el Polo Obrero recibía por parte de entidades estatales. Dice el expediente: "Los acusados no solo contaban con los medios para intimidar a las víctimas mediante el acceso condicionado a la comida y a los planes sociales, sino que también aplicaban exigencias extorsivas sin justificación legal".

Ryanair denuncia a un pasajero conflictivo que obligó a desviar un vuelo a Sevilla: pide 3.000 euros de compensación y le ha prohibido volar durante 5 años

La aerolínea irlandesa ha vetado al viajero durante un lustro y ahora lo ha denunciado tanto a las autoridades polacas como españolas

La RFEF avisa a la juez de la 'Supercopa' de que ha hallado "indicios" de un "contrato simulado" para desviar fondos

El PP cree que PSOE busca "desviar atención" al denunciar al jefe de gabinete de Ayuso: "Escándalo" es lo del fiscal

El portavoz del PP, Borja Sémper, señala que la denuncia del PSOE al jefe de gabinete de Ayuso busca desviar la atención del escándalo que involucra al fiscal general del Estado

Exgobernador del Chocó fue condenado a 22 años de prisión y a pagar una multa de $1.700 millones, por desviar millonada que debería ser para los más pobres del departamento

La investigación reveló que los contratos fueron manipulados para favorecer intereses particulares, que afectaron gravemente el acceso a la salud en el departamento

Vox atribuye la denuncia del PSOE por financiación irregular a un intento de "desviar la atención de su corrupción"

Vox responde a la denuncia del PSOE por financiación irregular, defendiendo su postura respecto al préstamo de un banco húngaro y vinculando la acción a la corrupción en el socialismo

Vox acusa al PSOE de pretender desviar el foco al denunciarles por financiación irregular

La portavoz de Vox, Pepa Millán, defiende la transparencia financiera de su partido frente a la denuncia del PSOE por supuesta captación ilegal de fondos y un préstamo extranjero oculto

El contexto de incertidumbre podría desviar inversiones extranjeras hacia América Latina

Morán:Desde el primer minuto de la dana la Generalitat intenta "desviar responsabilidades"

ISSSTE explica cómo opera presunta red de corrupción de fundación privada para desviar millones de pesos

El organismo desglosó una lista para responder a las declaraciones de Norma Patricia Valencia

En continua tensión, el Gobierno se concentra en desviar la atención del caso $LIBRA

La Casa Rosada hizo anuncios sobre el uso de vehículos y cuestionó inéditamente a Santiago Caputo, que pasó a estar en el centro de las miradas. Mientras, la tropa libertaria puso el foco en la economía. Aún no hay avances en la recién creada unidad de investigación del tema

Harvey Weinstein demandó a su hermano Bob por desviar fondos de su empresa en medio de su juicio por abuso sexual

El ex productor de cine afirmó que The Weinstein Company no quebró por su escándalo sino por culpa de su familiar

Montero aboga por "no desviar el foco" de que Ayuso "mintió" sobre su novio al ser preguntada por el fiscal y Lobato

Montero evita hablar de Lobato y pide no desviar la atención del bulo del entorno de Ayuso

Caso Loan: el falso agente de la CIA detenido por desviar la investigación recibió una pésima noticia

Rechazaron un recurso de excarcelación presentado por la defensa de Nicolás Gabriel Soria (43), alias "El Americano".Es el único de los imputados en la causa paralela por entorpecer el trabajo de la Justicia que sigue preso.

Exintérprete de Shohei Ohtani fue acusado de desviar millones de dólares del jugador para pagar apuestas y deudas

Las autoridades presentaron pruebas clave que revelan cómo el acusado logró acceder a las cuentas bancarias de la estrella del béisbol y realizar múltiples transacciones sin su consentimiento

Las extraordinarias se iniciaron con muchas dudas y el Gobierno logra desviar la lupa hacia el Congreso

Faltan los votos para casi todas las iniciativas. Bloques desgastados, las elecciones desvían la atención de algunos dialoguistas y aún no existe orden alguna desde el Ejecutivo