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Trabajadoras sexuales acusan al Gobierno de usar la abolición de la prostitución para desviar la atención del 'caso Koldo': "Nos parece que es un intento bastante patético de tapar la corrupción del partido"
El sindicato Otras rechaza el anuncio de Igualdad de llevar en septiembre al Consejo de Ministros una ley abolicionista
La Fiscalía acusó a Carlos Ramón González de desviar millones en contratos públicos e insistió en pedir cárcel para el exdirector del Dapre: tribunal aplazó la decisión
Carlos Ramón González enfrenta cargos graves por presuntamente desviar 4.000 millones de pesos de un contrato para carrotanques en La Guajira, dinero que habría ido a congresistas mediante sobornos
Imputan a un policía por desviar la investigación de un crimen que lo implicaba
Hace más de doce años que el cuerpo de Sebastián Nicora, de apenas 16, apareció con un tiro en la cabeza en una playa de Punta Indio, localidad próxima a La Plata, a unas dos horas y media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el comienzo, el caso estuvo plagado de irregularidades, acciones que buscaban entorpecer la marcha hacia el esclarecimiento del hecho.A fines de 2021, la condena por falso testimonio del exmédico policial que estuvo a cargo de la autopsia, José Daraio, confirmó la trama del encubrimiento, aunque no bastó para revelar los motivos de esa acción de ocultamiento. Si bien la Justicia archivó la causa de homicidio, consideró necesario discernir las responsabilidades penales en las que pudieron haber incurridos los efectivos policiales. En ese marco un oficial fue imputado por "realizar intencionalmente" actos que aseguraran una investigación infructuosa, como, por ejemplo, manipular la escena del crimen y realizar allanamientos ilegales."Después de tanto tiempo aún no se sabe qué pasó con Sebastián y eso, por sí solo, es un dato gravísimo. Lo que hay es un reconocimiento del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires de que fue incapaz de acreditar el homicidio, quién fue el autor y por qué. No obstante, al señalar que hay que investigar la actuación de los efectivos que participaron de la investigación, se está dando cuenta de un manejo de la policía local que estaría vinculado a tramas criminales; pareciera haber un interés particular de algunos policías en evitar que se sepa la verdad", explica Augusto Infante, director del programa de litigios de la Comisión por la Memoria (CPM), el organismo que acompañó a la madre de Sebastián, Fernanda Nicora, en su búsqueda de justicia hasta que fue doblegada por el cáncer, en febrero de 2017. "Es la herencia del reclamo de una madre que murió sin saber quién asesinó a su hijo. Lo que el Estado le debe es esa respuesta. Por eso vamos a continuar hasta saber qué pasó con Sebastián", señala Infante a la nacion."Entorpecer la investigación"En una resolución judicial fechada el 22 de agosto de 2024, el fiscal de La Plata Juan Ignacio Menucci, resolvió archivar el expediente abierto por el homicidio de Sebastián Nicora "por el tiempo transcurrido desde su comisión" y porque "no se observan vías pendientes de investigación".Sin embargo, este año, el mismo fiscal reactivó el caso al imputar al entonces oficial principal a cargo del Gabinete de Prevención de Ilícitos de la Estación Comunal de Punta Indio, Javier Argentino Maciel, por los delitos de encubrimiento calificado en concurso ideal con falso testimonio, allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En un extenso auto de mérito, el fiscal Menucci repasó que, al momento de los hechos, el oficial Maciel dijo no haber reconocido el cuerpo de Sebastián al encontrarlo en la playa, a pesar de que estaba acreditado su vínculo con la víctima (por ejemplo, a través de su amistad con la pareja de Fernanda Nicora) lo que "solo se explica por su necesidad de ocultar información relevante para la pesquisa". También surge del expediente que "Maciel concurrió sin orden ni aval judicial -ni mediando razones procesales que lo justifiquen- tanto al lugar de residencia de Nicora, en la localidad de Verónica, como a la habitación que había alquilado en Punta Indio manipulando sus pertenencias personales, en lo que solo se puede comprender, en una persona con su experiencia policial, como una intención de entorpecer la investigación de un homicidio de una persona a la que se señalaba relacionada con él".La hipótesis del fiscal apunta a que la "sindicación habitual de que Nicora poseía aval de Maciel en ciertas actividades ilícitas y la relación entre estos y el posible comercio de estupefacientes abonan la sospecha de [que existió] la intención de borrar rastros de esto como motivo de concurrir a los lugares señalados para ocultar elementos que pudieran comprometerlo".Sumado a otras pruebas y testimonios, Menucci concluyó que el policía Maciel, que aún continúa en funciones, "realizó intencionalmente actos que coadyuvaron a evitar que se llegue a buen puerto" en la pesquisa y que sus "conductas ilícitas" deben ser esclarecidas, a pesar del paso del tiempo. "Lo ejecutaron para tapar algo""¿Qué pasó con mi sobrino? No lo sé. Murió de un tiro en la cabeza, había que tomar medidas y las autoridades no lo hicieron. Con la policía tan metida era difícil que se supiese la verdad. Como dice el refrán, 'la justicia tarda, pero llega'; por lo menos la imputación a este policía sirve para que el resto se empiece a preocupar también después de tantos años de impunidad. No tengo dudas de que a Sebastián lo ejecutaron para tapar algo", asegura Carlos Nicora, hermano mayor de Fernanda y tío de Sebastián. "Las autoridades policiales no hicieron nada para esclarecer el hecho -insiste Nicora- y los que tuvieron algo que ver se fueron de Verónica a trabajar a otro lado. Todos siguieron en funciones. No es solo Maciel; son siete u ocho, por acción u omisión, loque s responsables del asesinato de mi sobrino".Según lo aportado por un testigo en la causa, la víctima solía jactarse de que vendía estupefacientes con ayuda de su padrastro y de Maciel, a quien todos en la zona identificaban como "el jefe de calle". Otros testimonios coincidieron en que el menor solía ufanarse de la protección del policía."A Sebastián lo recordamos siempre -dice Nicora, y algo en el tono delata su resignación-; a veces con tristeza y otras con bronca por lo que pasó. Uno, como familiar, siente culpa, piensa que tal vez tuvimos que haber tratado de rescatarlo, de acompañarlo más. Por eso uno siente que falló".Perejil y médico condenadoSebastián Nicora fue asesinado el 14 de febrero de 2013: su cuerpo apareció en el balneario El Pericón, de Punta Indio. Los policías que realizaron las primeras diligencias no preservaron la escena del crimen, manipularon el cadáver del joven, allanaron sin orden judicial el hospedaje donde estaba parando y la casa de su madre, Fernanda Nicora, entre otros delitos. La primera fiscal de la causa, Ana Medina, convalidó la hipótesis de los policías de Punta Indio que señalaba a Santiago Trébol, amigo de Sebastián y, por entonces, también menor de edad, como posible autor del asesinato. En paralelo, el médico policial a cargo de la autopsia, José Daraio, concluyó que Sebastián había muerto por un golpe en la cabeza con un elemento cortopunzante. Un año y ocho meses después, y por insistencia de la familia, la Justicia ordenó hacer una segunda autopsia: esta vez, el informe reveló que el menor tenía en la cabeza una herida de arma de fuego. Recién en noviembre de 2021, es decir, ocho años después del hecho, el Juzgado Correccional N°2 de La Plata condenó por falso testimonio al médico policial Daraio y le impuso una pena de un año y tres meses de prisión más dos años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio profesional. También debió realizar 40 horas de trabajo comunitario.La sentencia concluyó que "resulta inverosímil pensar que Daraio hubiera realizado la autopsia del cadáver de Sebastián desconociendo las circunstancias precedentemente referidas en relación a la vaina (encontrada en el lugar del hecho) y al disparo escuchado, teniendo en cuenta su presencia en su carácter de médico forense en la escena del hecho, en dos oportunidades, antes de que el cuerpo fuera trasladado a otro lugar".Fernanda, la madre de Sebastián, murió víctima de un cáncer fulminante en febrero de 2017. Ni siquiera alcanzó a ver la única condena por el crimen de su hijo.
Quién es Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna que lo ayudó a desviar millones desde las sombras
La mujer operó desde restaurantes hasta compañías offshore, mientras construía un emporio con dinero del Estado
Rueda ve la Conferencia de Presidentes de Sánchez como un "intento fallido" de desviar la atención de sus whatsapps
Alfonso Rueda critica la improvisación de la Conferencia de Presidentes y exige aclaraciones sobre los whatsapps de Pedro Sánchez con Ábalos, destacando la necesidad de discutir temas cruciales como la financiación y la vivienda
El PP cree que Sánchez convoca una Conferencia de Presidentes para "desviar la atención" de sus mensajes con Ábalos
Ataque de celos terminó en tragedia: mujer trans fue enviada a prisión por asesinar a su pareja y trató de desviar la investigación
La procesada intentó engañar a las autoridades culpando a un tercero, pero las evidencias revelaron que ella misma habría cometido el crimen en medio de una discusión motivada por los celos
Sandra Ortiz desmiente versión de abogado de Iván Name sobre supuesto apartamento: afirmó que es "para desviar la atención"
Por medio de un comunicado emitido por su abogado Oswaldo Medina, la exconsejera presidencial dejó en claro que rechaza las declaraciones hechas por Jaime Lombana, apoderado de Iván Name
Lo que une a Milei y Cristina, y el debate que el Gobierno busca desviar
Los libertarios lo rechazan, pero hay semejanzas con la actitud del kirchnerismo.La experiencia de Nayib Bukele que está presente en el oficialismo.Los temas que el Gobierno no quiere que protagonicen el debate en las redes sociales.
Procesaron a funcionarios de la Universidad de San Martín por desviar fondos que otorgó Julio de Vido
Cinco docentes y directivos de la universidad habían sido sobreseídos de la causa que investiga malversación de recursos públicos. A partir de nuevas pruebas, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó su procesamiento. Leer más
Procesan a funcionarios y docentes de una universidad por desviar fondos e inventar facturas
La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco empleados y docentes de la Universidad de San Martin (UNSAM) por fraude a raíz del desvío de fondos públicos, realizado mediante la contratación simulada de servicios inexistentes y el uso de facturas apócrifas.Se trata de Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla. En esta causa, el exrector de la UNSAM Carlos Ruta ya tiene procesamiento firme, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.Todos ellos había sido investigados desde hace años y sobreseídos por la Cámara Federal, pero ahora la jueza Capuchetti reunió nueva evidencia sobre el desvío de recursos y los procesó.Los fondos públicos provenían del Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) que en su oportunidad firmó un convenio con la UNSAM por asesoramiento técnico.En 2017, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia porque había irregularidades en la rendición de esos recursos.Apuntaba a fondos girados a lo largos de 2013, 2014, 2015 y 2016. Una auditoría detectó irregularidades por unos 8.898.167 de pesos.Los fondos eran asignados al organismo por el Ministerio de Planificación, que por entonces conducía Julio De Vido.Según dijo Capuchetti, "en esta pesquisa se ha determinado que el dinero que la UNSAM recibió del ORSEP, como resultado de las prestaciones acordadas en los instrumentos investigados, salió del circuito de dicha institución a través de la emisión de cheques de pago diferido a nombre de consultores, la mayoría de los cuales negó haber realizado las tareas asignadas".La jueza ya sabe quienes participaron del cobro del dinero, pero está reuniendo información y delegó en la fiscalía la profundización de este aspecto del caso. "Los cuestionamientos siempre radicaron en la distorsión del propósito original y empleo con el fin de eludir la supervisión y la intención de desviar los fondos públicos asignados", escribió la jueza.La maniobra consistía en facturar supuestas tareas no precisadas a empresas inexistentes para así apoderarse de los fondos. "Las tareas acordadas en los anexos de los convenios fueron imprecisas y no se asociaban ni a la función ni al objeto del ORSEP; las tareas plasmadas en los anexos no se materializaron; y a pesar del incumplimiento de las prestaciones, se facturó y se efectuaron pagos", dice el fallo."Con tal solo repasar las profesiones de los testigos que negaron haber prestado funciones en el marco de los convenios, las tareas desplegadas por los que sí dijeron haber desarrollado, los informes de avance que se presentaron para certificar su cumplimiento y el tipo de facturación incorporada en las rendiciones de cuenta, se reafirma la concreción de la hipótesis investigada en torno a la falta de cumplimiento de las tareas acordadas", señaló. La jueza también destaca la presentación sospechosa de facturas de arquitectos, psicólogos, profesores de gimnasia y comprobantes apócrifos, incluso de imprentas cercanas a la propia universidad. Toda una serie de elementos que fundamentan la existencia de un armado para inventar gastos.Los testigos declararon que no hicieron las tareas que supuestamente estaban indicadas y para las que se efectuaron los pagos.
Cómo funcionaba el esquema de Belliboni para desviar fondos estatales, según el expediente elevado a juicio
El juez Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita por el caso que involucra a Eduardo Belliboni y a otros 17 dirigentes sociales acusados de extorsión, coacción, administración fraudulenta y lavado de dinero en el manejo de fondos del Programa Potenciar Trabajo. Según la investigación, los acusados habrían creado un sistema extorsivo contra beneficiarios de planes sociales mediante amenazas de retirarles ayuda alimentaria o darlos de baja del programa si no participaban en movilizaciones, marchas y otras actividades políticas. Los principales puntos del expediente destacan lo siguiente: Se estableció una estructura organizada que dividió el país en 11 zonas y 66 regiones, con un sistema de contabilidad paralelo y centralizado que permitía la administración irregular de fondos. Se aplicaba un mecanismo de extorsión en el que se exigía a los beneficiarios una "cápita" (porción del dinero recibido), prohibida por la ley, y se los obligaba a realizar actividades políticas bajo pena de perder su asistencia social. Se detectó un desvío de fondos públicos con facturas truchas por 49.417.301 pesos entre junio de 2020 y diciembre de 2023. Empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Coxtex SA, Graphics SA y Ricoprint SRL fueron usadas como usinas de facturas falsas para simular gastos y desviar fondos. Exbeneficiarios y referentes del movimiento denunciaron el esquema ante la Justicia y revelaron el mecanismo de presión y sanciones aplicado para obligar la participación en actividades políticas. También se analiza la responsabilidad de Emilio Pérsico (Movimiento Evita). La investigación apunta a que el esquema no solo utilizó la ayuda social como un instrumento de control político, sino que también permitió el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Las penas para los acusados podrían ir de 5 a 16 años de prisión. En el expediente se menciona que el acceso y la permanencia en el Programa Potenciar Trabajo estaban condicionados por métodos intimidatorios establecidos por las máximas autoridades del Polo Obrero. Se identificaron tres mecanismos de control: exigir la participación en actividades políticas para ingresar al plan, reducir las horas computadas o degradar de categoría en caso de baja participación y, como sanción máxima, gestionar la baja total del programa. Estas medidas eran definidas, siempre según el expediente, por la cúpula de la organización, integrada por Belliboni, Jeremías Cantero, Elizabeth Palma y Gianna Puppo, y luego transmitidas a niveles intermedios y locales, que aseguraban su cumplimiento.Los testimonios de las víctimas fueron claves. Un asistente al comedor "La Carbonilla" relató que tuvo que asistir a marchas por un año antes de que le informaran que podía recibir una tarjeta del Banco Nación para cobrar el plan. Otro testimonio, vinculado al comedor "Rivadavia 1", detalló que existía un sistema de "lista de espera" basado en la asistencia a marchas, donde aquellos que participaban con mayor frecuencia tenían mayores posibilidades de ser incluidos en el programa. Otro testigo, del comedor "Mariano Ferreyra" (villa 1-11-14), confirmó que la única condición para recibir asistencia alimentaria era participar en las marchas. El control sobre el Programa Potenciar Trabajo incluía la gestión del alta y la baja de beneficiarios, la asignación del monto a cobrar según las horas trabajadas y la posibilidad de ascender o descender de categoría dentro del sistema. Estas decisiones eran reservadas exclusivamente a los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, que solicitaban ascensos en la categoría de beneficiarios dentro del programa y administraban la carga horaria de cada persona, indicaron los investigadores. La responsabilidad de registrar estos datos en el sistema informático recaía en Palma, quien tenía acceso directo a la carga y modificación de la información de los beneficiarios.La investigación concluyó que estas prácticas constituían un mecanismo de coerción a gran escala, utilizado para consolidar el poder de la organización y mantener el flujo de fondos provenientes del Estado.El expediente judicial detalla cómo se detectaron irregularidades en la justificación de gastos mediante facturas presuntamente falsas. Durante un allanamiento en Monteagudo 730 se encontraron cuatro facturas de la empresa Rumbos, todas fechadas el 5 de julio de 2023, por montos de entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos, supuestamente por la compra de papel resma A4 y transporte de mercaderías. Junto a estas facturas, se halló un cartel con la anotación "Guardar por las dudas", lo que generó sospechas sobre su autenticidad. También se encontraron documentos bancarios de El Resplandor, que recibió fondos públicos en una cuenta del Banco Ciudad. En los resúmenes de cuenta se observaron anotaciones manuscritas donde se modificaban los conceptos de gastos, pasando de "maquinarias" a "gastos administrativos" o de "papel" a "maquinarias". Esta práctica sugería que los acusados intercambiaban facturas para justificar gastos sin relación con los programas a los que estaban destinados los fondos.En el domicilio fiscal de las cooperativas El Trabajo Primero Ltda. y Por un Trabajo Genuino Ltda. se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor con el título "Pagos del convenio productivo sin factura macheada". Esta planilla registraba cheques sin respaldo de facturas, que luego fueron vinculados por las autoridades a documentos emitidos por Rumbos, justificando falsamente la entrega de productos al Programa Potenciar Trabajo.Un ejemplo de esta operatoria se evidenció en el expediente administrativo EX-2021-34221179, donde la factura número 00001-00000042, emitida el 10 de febrero de 2022 por un "Kit de Seguridad de Ropa de Trabajo", habría sido abonada con un cheque de la cooperativa. Este mecanismo reflejaba un esquema de manipulación de documentación contable para encubrir el desvío de fondos públicos, indican los investigadores.El dictamen del fiscal, también muestra que la mayoría de los cheques fueron librados al portador y cobrados por diversas empresas que aún están bajo investigación, en lugar de ser recibidos por la empresa Rumbos, que figuraba formalmente como beneficiaria. Las pruebas indican que Rumbos no tenía actividad comercial real y era utilizada como pantalla para simular gastos dentro del Plan Potenciar Trabajo. En total, se identificaron facturas falsas por más de 31 millones de pesos para justificar compras de materiales, indumentaria y maquinaria.Además de Rumbos, se detectó que otras empresas participaron en el mismo esquema fraudulento. Entre ellas, Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL, Miniso Trade SA y Carlos Osvaldo Monfrini emitieron facturas falsas por un total de 17.942.274,85 pesos. Coxtex SA fue identificada por la AFIP como una empresa sin capacidad operativa, financiera o económica, incluida en la base de datos de compañías de facturación apócrifa desde diciembre de 2020. A pesar de haber emitido facturas por más de 470 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2022, la empresa no tenía sede, bienes registrables ni movimientos bancarios legítimos. Sus socios, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, habrían sido utilizados para constituir la empresa y realizar trámites financieros a cambio de dinero. Un allanamiento en el domicilio de Vega reveló que desconocía las operaciones de la empresa y que su teléfono contenía conversaciones con otras personas involucradas en la maniobra, lo que sugiere que actuaba bajo sus directivas.La Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor presentaron facturas de Coxtex SA por más de 50.000 dólares, justificando compras de elementos informáticos pese a que la empresa era una "usina de facturas truchas". La investigación judicial indica que El Resplandor también utilizó facturación apócrifa para justificar compras ficticias. En la rendición de cuentas del primer convenio, declaró haber comprado a Coxtex SA seis notebooks y cinco licencias de software por un total de 1.815.000 pesos, equivalentes a 18.333 dólares al cambio oficial de la época. Sin embargo, el análisis de los cheques utilizados como medio de pago reveló que ninguno de ellos fue cobrado por Coxtex SA, sino que terminaron en manos de otras empresas bajo investigación, incluyendo Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Makosen SRL, esta última prestadora de servicios de publicidad digital al Polo Obrero y al Partido Obrero.El expediente confirma que los acusados presentaron dos facturas falsas de Coxtex SA para simular gastos por 5.459.418 pesos. Otro caso involucra a Ricoprint SRL, que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero por montos de 2.769.378,29 y 2.769.178,29 pesos. Una de estas facturas fue abonada con cheques, entre ellos uno de 269.378,29 pesos librado por la Asociación Civil Polo Obrero a nombre de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y cobrado por Roberto Albornoz. El expediente también menciona a Carlos Osvaldo Monfrini, registrado en la AFIP como productor de espectáculos y proveedor de equipos de telefonía, quien emitió cuatro facturas a la Asociación Civil Polo Obrero por un total de 2.946.913,12 pesos. Según la documentación, parte de este monto se abonó mediante una transferencia bancaria de 1.220.450,40 pesos y con dos cheques adicionales. Aunque estos cheques fueron dirigidos a Monfrini, él los endosó a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. Así hizo que el dinero retornara a la organización. La investigación judicial demuestra que la empresa Miniso Trade SA emitió una factura a la Asociación Civil Polo Obrero por 3.060.003 pesos, el 13 de junio de 2022, justificando la compra de siete notebooks Lenovo IdeaPad y cinco licencias de software Pro Tools Perpetual, exactamente los mismos productos facturados previamente por Coxtex SA. Sin embargo, se descubrió que la factura llevaba el número 1, a pesar de que la empresa había sido constituida en 2017, lo que sugiere que no tenía actividad comercial previa. Un allanamiento en su domicilio fiscal comprobó que la empresa no operaba en esa dirección desde 2020, y que el departamento había sido alquilado por un ciudadano chino que actuó como apoderado de la firma.En total, las empresas involucradas en la emisión de facturas falsas permitieron a los acusados simular gastos inexistentes por un monto de 49.417.301 pesos. Delegados localesLa investigación reveló que los delegados locales jugaban un papel clave en la captación de personas en situación de vulnerabilidad para integrarlas al esquema, exigiéndoles el cumplimiento de condiciones ilícitas para acceder a los beneficios sociales. Según la causa judicial, el fraude se sostenía mediante la permanencia de beneficiarios dentro del Polo Obrero, lo que permitía a la organización justificar la necesidad de más fondos ante el Estado. Al mismo tiempo, se imponían sanciones a quienes no cumplían con las exigencias.Más allá del fraude financiero, la investigación señala que el objetivo final de la maniobra era obtener un lucro indebido y aumentar el poder político de los acusados. La organización se financió tanto con el dinero desviado del Estado como con las contribuciones forzadas de los beneficiarios. Parte de estos fondos se destinaban a cubrir gastos personales de los dirigentes, quienes cobraban sueldos, bonos y aguinaldos con dinero obtenido ilegalmente. Se encontraron registros contables paralelos en la sede de Monteagudo 730, donde se detallaban gastos personales de Belliboni, como pagos de combustible, tarjetas de crédito y viáticos.Las intervenciones telefónicas también sugieren que Belliboni disponía de un vehículo del Polo Obrero para su uso personal. En una conversación del 12 de abril de 2024, uno de sus colaboradores mencionó la necesidad de "pensar" el tema del auto de la organización. De acuerdo al expediente, "las pruebas reunidas demuestran que los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor no solo instauraron un sistema de extorsión para controlar a los beneficiarios de planes sociales, sino que también administraron fraudulentamente los fondos públicos con el objetivo de obtener beneficios personales y financiar su estructura política".La investigación judicial señala que los acusados no solo utilizaron fondos públicos para beneficio personal, sino que también instauraron un esquema de "salarios" financiado con dinero proveniente de extorsiones a beneficiarios de planes sociales y de recursos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un mensaje encontrado en el celular de Gianna Puppo, fechado el 26 de diciembre de 2023, detalla una "liquidación de sueldos" en la que varios imputados cobraban dinero del programa Potenciar Trabajo bajo la modalidad "Nexo doble", así como de otros programas como "Veredas Limpias" y una caja de recaudación propia de la organización.Además, la investigación comprobó que parte de los fondos desviados fueron utilizados para propaganda política en favor del Polo Obrero y el Partido Obrero. Se identificó la contratación de la empresa de comunicación Makosen SRL, cuyo socio, Adrián Compagni, emitió facturas por montos significativos a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. El análisis contable de Makosen SRL confirmó que la empresa fue contratada para campañas electorales del Partido Obrero en 2021. Además, se identificaron nueve transferencias bancarias realizadas por la Asociación Civil Polo Obrero entre 2021 y 2023 a favor de Makosen, por un total de 6.310.000 pesos. En paralelo, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda. también realizó una transferencia de 875.206,50 pesos desde su cuenta en el Banco Ciudad, donde recibía los subsidios del Programa Potenciar Trabajo. La conexión de Makosen con el Partido Obrero quedó reflejada en su propio sitio web, donde el partido figura como un cliente frecuente.Ediciones e Impresiones Rumbos SRL figuró entre las empresas que más gastaron en publicidad electoral en Google: destinaron 765.000 pesos para promocionar la figura de Gabriel Solano, precandidato presidencial del Partido Obrero. La causa también alude a la administración de los alimentos que el Polo Obrero recibía por parte de entidades estatales. Dice el expediente: "Los acusados no solo contaban con los medios para intimidar a las víctimas mediante el acceso condicionado a la comida y a los planes sociales, sino que también aplicaban exigencias extorsivas sin justificación legal".
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