Es para posibilitar que prosiga el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, sobre todo en los departamentos del norte salteño, y en los Valles Calchaquíes, los lugares donde hay más conflictos entre poseedores y titulares registrales.
La jefa de Gobierno mencionó que están haciendo cambios legales tras denuncias de operativos sin notificación ni diálogo para proteger a residentes afectados
La Policía porteña liberó el exhotel Santa Ana en el barrio de San Telmo. El edificio estaba ocupado ilegalmente desde hacía tres años.
El fiscal Guillermo González dispuso la detención de Maximiliano Ochoa Roldán y seis cómplices acusados de integrar una organización criminal policial que utilizaba información reservada del Estado para extorsionar y realizar desalojos ilegales mediante amenazas y coacciones en diversas localidades de Córdoba. Leer más
La Consellería do Medio Rural recuerda que el teléfono gratuito 085 está disponible para comunicar emergencias forestales y que existe una línea anónima, el 900 815 085, para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con incendios forestales
Se mantiene el nivel 2 en ambos fuegos, con el avance por todos los frentes en el de Cuevas del Valle y con un 30 % estabilizado en el franco sur en Caminomorisco
El proceso iniciado por la Fiscalía está relacionado con la expropiación de una propiedad de 15,000 m² que posee partida registral e inscripción en registros públicos
Residentes de las zonas por donde pasa la vía férrea alertaron que toda la información que tienen sobre la implementación del tren la han conocido únicamente a través de los medios de comunicación
Hay siete detenidos, entre efectivos y civiles, acusados de asociación ilícita, extorsión y coacciones. Advierten que usaban datos del sistema policial para contactar a personas que tenían problemas con multas o inmuebles "tomados" para obtener beneficios económicos. Leer más
"Hasta la madrugada de este viernes, tenemos alojadas 271 personas. Es un número que duele", dijo el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava. Leer más
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En los últimos dos meses, tres comunidades mapuches fueron desalojadas en Río Negro y Chubut, y diversos representantes de los pueblos originarios y de otros sectores sociales denuncian una persecución judicial antidemocrática y una "cacería" basada en el "odio racista" del Gobierno.El pasado 10 de diciembre, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, el gobierno de Javier Milei derogó el decreto 805/2021 y puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida originalmente en la Ley 26.160.La decisión marcó un punto de inflexión en una normativa que había sido prorrogada en múltiples ocasiones desde su sanción en 2006. Según el Gobierno, la prolongación de la emergencia generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales que afectaron derechos constitucionales, como el de propiedad privada y el control provincial sobre los recursos naturales. "Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños", se señaló en el decreto.El decreto no sólo puso fin a la emergencia territorial, sino que también revocó la suspensión de desalojos prevista en la Ley 26.160. Esto implica que los propietarios afectados por ocupaciones podrán "retomar acciones legales" para recuperar sus tierras.En esa línea, el 9 de enero pasado, la Administración de Parques Nacionales (APN) recuperó la seccional de guardaparques El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), que permanecía usurpada desde diciembre de 2020. "El gobierno nacional ha decidido no prorrogar la Ley Nº 26.160 de emergencia territorial indígena, una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos. Con esta decisión, recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia", indicaron desde la APN.Cerca de un mes después del desalojo de la comunidad Paillako en Los Alerces -y cuando diversos incendios forestales consumían miles de hectáreas de bosque en distintas provincias patagónicas-, la Policía Federal y la de Chubut realizaron múltiples allanamientos en la lof Pillan Mahuiza, ubicada en Corcovado. Durante el operativo detuvieron a Victoria Núñez Fernández, quien según el gobierno chubutense "posee conexiones con la RAM". Desde la comunidad mapuche a la que pertenece denunciaron un "montaje" de las fuerzas de seguridad e indicaron que el gobernador Ignacio Torres se valió del operativo "para justificar la represión y la militarización del territorio mapuche tehuelche y darle lugar al extractivismo".Finalmente, la semana pasada, la Policía de Río Negro llevó adelante dos procedimientos de desalojo de predios ocupados por comunidades mapuche: se trata de la lof Buenuleo, que vivía cerca del cerro Ventana, en Bariloche, y la lof Quemquemtreu, que ocupó un terreno en Cuesta del Ternero, en las afueras de El Bolsón. Como había ocurrido con la lof Paillako, los operativos se concretaron sin incidentes, ya que los predios habían sido desocupados voluntariamente.Las órdenes de desalojo de las comunidades Buenuleo y Quemquemtreu fueron ratificadas el mes pasado por el Tribunal de Impugnación Provincial. A finales de mayo de 2024, cinco integrantes de la comunidad Buenuleo fueron declarados responsables de la usurpación de un lote pastoril de 92 hectáreas. En tanto, hace 15 días, la Justicia confirmó las condenas por usurpación y ratificó la orden de desalojo de la comunidad Quemquemtreu: el Tribunal de Impugnación de Río Negro rechazó los recursos de la defensa y confirmó la sentencia contra tres integrantes de la lof que en septiembre de 2021 ingresó sin autorización a un campo en el paraje Cuesta del Ternero y tomó posesión del lugar.Frente a los desalojos, distintas organizaciones, como la Coordinadora del Parlamento Mapuche en Río Negro y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijeron: "Estamos ante un escenario sociopolítico donde el Estado, en este caso a través del Poder Judicial, hace caso omiso de toda la legislación nacional e internacional en derecho indígena".En diálogo con LA NACION, el abogado Luis Virgilio Sánchez, que defiende a diversas comunidades mapuche, afirmó: "Es lamentable que nuestro país, que luego del advenimiento de la democracia fue vanguardia en la defensa de los Derechos Humanos, esté degradándose con falsos dilemas en torno a la propiedad privada. De alguna manera se quieren presentar los derechos de las minorías como refractarios de otros derechos, lo cual es una construcción política, y por eso uno puede comprobar que rara vez existan procesos penales por el delito de usurpación donde no estén involucrados miembros de una comunidad indígena. Los conflictos de tierras comunes normalmente se resuelven por las vías civiles, pero cuando el conflicto es con una comunidad indígena hay procesos penales. Eso da la pauta de que no es un tema jurídico sino político. Lamentablemente la justicia argentina, en general, se está apartando de la vieja tradición de respeto a los precedentes internacionales. En ese aspecto, lejos de integrarnos al mundo, nos cerramos".Sánchez afirmó que las comunidades indígenas tienen el derecho a sostener y reafirmar su cultura, sus costumbres tradicionales y su religiosidad (y destacó que eso tiene una directa relación con el territorio que habitan o habitaron sus ancestros). Acusó al gobierno nacional de "racismo y discriminación", y señaló: "Habitar el territorio implica un sostén de aquella identidad como pueblo preexistente, y no existe en el ejercicio de este derecho una vulneración a la propiedad privada, porque no vale más la propiedad privada que los derechos territoriales reconocidos a los pueblos preexistentes. La propiedad privada está protegida en el art. 17 de la Constitución Nacional y la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional: son derechos que poseen igual rango, pero como uno de ellos está dirigido a una minoría, desde la política se intenta hacer creer que el reconocimiento de esos derechos afecta el derecho de la mayoría, lo cual es falso".Además de los desalojos llevados a cabo en estos meses, hay múltiples procesos de desalojo abiertos -algunos con sentencia para ejecutar-, como el de la comunidad Paichil Antriao en el camping Correntoso (Villa La Angostura) y el de la comunidad Kinxikew, en las afueras de esa localidad neuquina. También los integrantes de la lof Kaxipayiñ (de Loma La Lata, Neuquén) se mantienen alertas desde hace meses.Con más de 200 conflictos territoriales y procesos de reivindicación indígena vigentes, lo cierto es que la derogación del decreto 805/2021 está en línea con la postura del Gobierno nacional de priorizar la propiedad privada como pilar del desarrollo económico. Según explicaron, la norma contribuiría "a fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones".
Durante los operativos, se secuestraron bebidas alcohólicas valuadas en $31 millones y se clausuraron locales en varios barrios de la ciudad. Leer más
Mientras focos de fuego arrasan miles de hectáreas en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, vinculó los incendios a los desalojos de "falsas organizaciones sociales" en la Patagonia. Apuntó, además, contra los "chantas del conurbano" por el incendio intencional."No es casualidad que los incendios comenzaron cuando empezamos a hacer acciones de orden en la Patagonia, desalojos de tierras en parques nacionales y corte de subsidios a falsas organizaciones mapuches. Creemos que todo esto es consecuencia de las acciones que venimos tomando. De hecho el propio [dirigente de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)] Jones Huala estaba reivindicando los incendios y llamó a resistir. Son consecuencias", indicó Larsen este martes en diálogo con Radio La Red.Alineado con el mensaje del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sobre el combate del fuego, Larsen insistió en que "son hechos terroristas que no se van a tolerar". Hasta el el momento hay dos detenidos por los incendios y siguen los allanamientos para "descubrir quiénes son los responsables".MANO DURA CONTRA LOS INCENDIARIOS: NINGÚN INCENDIO INTENCIONAL SERÁ EXCARCELABLEEnviaremos un proyecto de ley para reformar el Código Penal y tratar de forma urgente en Extraordinarias. El que prende fuego se va a pudrir en la cárcel. Se terminó el jueguito de los incendiosâ?¦ pic.twitter.com/shbup8R6xB— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025"Son golpistas del fuego; es una reacción de grupos marginales y delincuentes ante estas acciones de orden. Vimos muy tranquilamente a Jones Huala tirado en una silla hablando de hechos de sabotaje", marcó Larsen y lamentó las pérdidas materiales no solo de las familias de la zona sino del sistema de biodiversidad de los parques nacionales. El funcionario mileísta -de carrera en Pro y medios públicos- apuntó que hay que separar a las comunidades mapuches "que conviven en estos lugares de estos chantas del conurbano [bonaerense]". "Muchas veces son gente que viene de otros lugares, del mismo Buenos Aires, a instalarse en la Patagonia y pretender tierras que no les pertenecen, y como no las tienen, tienen este tipo de reacciones", consideró.En esta línea, citó como ejemplo el caso de Jones Huala y afirmó que "nació en el conurbano" y no en San Carlos de Bariloche. "Se vino al sur y empezó a prender fuego y usurpar tierras. Muchas veces reciben ayuda de Chile, donde hay organizaciones mapuches muy violentas. Esta gente con aires de grandeza piensa que va a hacer la revolución pero nosotros vamos a ser inflexibles, cerró Larsen.
"Nos sentimos asfixiados por el gobierno nacional", dijo un referente.
En respuesta a los devastadores incendios que destruyeron miles de viviendas en Los Ángeles, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva que prohíbe los desalojos en ese condado hasta el 8 de marzo de 2025.Esta medida tiene como objetivo proteger a las personas que ofrecieron refugio a los sobrevivientes de las llamas y evita que sean expulsadas de sus hogares si no cumplen con algunas cláusulas de sus contratos de alquiler. Sin embargo, la orden generó polémica, ya que limita el cumplimiento de los acuerdos.Para aclarar la situación, el gobernador explicó que la orden solo aplica a casos excepcionales y que no se extiende a otros términos del contrato, como los relacionados con actividades ilegales o daños a la propiedad."Necesitamos más viviendas y refugios que nunca. Aquellos que han abierto sus puertas para ofrecer refugio a quienes lo han perdido todo, deben estar protegidos", destacó Newsom al anunciar la medida. En medio de una crisis humanitaria, la prioridad es evitar que más personas se queden sin techo y garantizar que los afectados por los incendios tengan un lugar donde quedarse mientras se recuperan de la tragedia.Protección para los inquilinos que ayudan a los afectados en CaliforniaLa orden ejecutiva prohíbe que los propietarios utilicen el proceso de retención ilegal para desalojar a inquilinos que permitan albergar a personas desplazadas por los incendios. Desde la gobernación aclararon que la decisión no afecta otros aspectos del contrato de alquiler, como el pago o el respeto por las condiciones de la vivienda.Sin embargo, busca proteger a aquellos que, en solidaridad, decidieron ofrecer su hogar a las víctimas del desastre. Así, se evita que los propietarios utilicen el incumplimiento de cláusulas como pretexto para expulsar a quienes actúan en ayuda de los necesitados.Los incendios en Los Ángeles y la crisis habitacionalLos incendios forestales de Eaton y Palisades dejaron 27 muertos y más de 17.000 viviendas destruidas o dañadas. En este contexto, más de 180 mil personas se vieron obligadas a evacuar, mientras que la cantidad de afectados superó la capacidad de los albergues disponibles en el condado. Aunque los incendios fueron contenidos, los daños son devastadores y la necesidad urgente de refugio se mantiene como una prioridad.Ante este complejo panorama, el decreto firmado por Newsom busca aliviar una situación crítica, al garantizar que quienes ofrecieron ayuda no se vean penalizados.Apoyo adicional desde el gobierno de Los ÁngelesEl concejo municipal de Los Ángeles también tomó medidas en apoyo a los afectados. En específico, los concejales Eunisses Hernandez y Hugo Soto-Martínez presentaron una moción para implementar una moratoria en los desalojos y congelar los aumentos de alquiler hasta 2026. Aunque la medida aún debe ser votada, podría proporcionar alivio adicional a los inquilinos que perdieron sus hogares, permitiéndoles recuperarse sin la amenaza de ser desalojados.Acciones para acelerar la recuperación Los Ángeles tras los incendiosAdemás de este decreto, el gobernador de California tomó otras medidas para acelerar la recuperación en el condado. Entre ellas, se incluyen la agilización de la reconstrucción de viviendas y negocios destruidos, la creación de viviendas temporales para los desplazados y la eliminación de escombros en las áreas afectadas.Además, se implementaron restricciones para evitar la especulación inmobiliaria, lo que protege a los sobrevivientes de aumentos ilegales en alquileres y precios de materiales de construcción.La orden ejecutiva firmada por Newsom es solo una de las muchas acciones que se están tomando para abordar la crisis habitacional en California. Si bien la medida es temporal, es un paso para evitar que los afectados por los incendios terminen en la calle.