deportaciones

Un jubilado, sobre las deportaciones de migrantes que quiere Vox: "Hacen falta 24 millones de cotizantes y quieren echar a ocho"

El sistema público de pensiones afronta un reto sin precedentes y el Banco de España calcula que se necesitan millones de inmigrantes en edad de trabajar para garantizar su sostenibilidad

Las redadas masivas en California y Nueva York mantienen en niveles récord las deportaciones hacia El Salvador

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la administración de Donald Trump y el crecimiento de las redadas en California y Nueva York, los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) hacia El Salvador alcanzaron niveles récord en julio de este año. Los vuelos de deportación hacia El Salvador mantienen niveles récordUn estudio de Witness At The Border analizó los datos de ICE Air, el sector de operaciones aéreas de la agencia, y determinó que tanto en junio como en julio hubo 22 vuelos de deportación hacia El Salvador.Se trata de la cantidad más alta desde agosto de 2022, cuando hubo 32 vuelos, pero representa un incremento del 29% en comparación con mayo. Además, se trata de un 55% más que el promedio de los seis meses previos y un 83% más que en julio de 2024.El informe señaló que el ritmo de vuelos se aceleró visiblemente en los últimos días de junio y se mantuvo a lo largo de julio. Mientras que en mayo los viajes a El Salvador aterrizaban aproximadamente cada dos días, en los últimos diez días del sexto mes del año se realizaron 13, de un total de 22. Además, indicó que a esa cifra se suma un vuelo militar de deportación hacia el país latinoamericano. Si bien el estudio no define el número de deportados en cada operativo a El Salvador, los promedios regionales indican que aproximadamente 1750 personas deportadas en junio, de acuerdo a El Salvador Now. Los vuelos de deportación del ICE crecieron en junio y se mantuvieron en julioWitness at the Border señaló que en total junio cerró con 209 vuelos de deportación operados por ICE, la cifra mensual más alta desde que comenzó el seguimiento sistemático en 2020.Las cifras disminuyeron levemente en julio, con un total de 207, aunque por encima del dato de hace cinco años. Guatemala, Honduras, México y El Salvador representaron el 69% de las deportaciones. Algunos de los países que recibieron vuelos del ICE fueron: Guatemala recibió 54 vuelos de deportación de la agencia migratoria.Honduras, 49.El Salvador, 22.México, 17.Colombia, nueve.Venezuela, nueve.Brasil, cuatro.República Dominicana, Nicaragua, Jamaica, Costa Rica, Perú, Haití, entre otros, tuvieron un vuelo cada uno. Por qué relacionan el crecimiento de deportaciones específicamente con las redadas en California y Nueva YorkLa mayoría de los operativos de deportación que llegaron a El Salvador durante julio habían partido desde la ciudad de Alexandria, en Louisiana, y de Harlingen, Texas. Es decir, de terminales aéreas clave para las operaciones de ICE Air, ya que concentran gran parte de los vuelos internacionales con migrantes expulsados. Si bien partieron de Texas y Louisiana, para el director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), César Ríos, el incremento de los vuelos se debe a un cambio en la política migratoria estadounidense y a los crecientes operativos en estados santuarios como Nueva York y California, tras el pedido de Donald Trump."Hasta hoy habían sido solo órdenes de deportación, pero ya entramos a la fase de redadas. En esta fase no se clasifica por nacionalidad, sino que se busca atrapar a toda persona migrante indocumentada, tenga o no orden de deportación", apuntó en diálogo con La prensa gráfica sobre lo que consideró la nueva modalidad de detención y el crecimiento de las redadas.

Ecuador acelera deportaciones de colombianos: más de 200 connacionales cruzan el puente de Rumichaca tras decisión del Gobierno de Daniel Noboa

El secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, confirmó que al menos 210 colombianos detenidos en cárceles ecuatorianas serán deportados el martes 29 de julio

Gamarra admite un endurecimiento del PP en inmigración: "Ni puertas abiertas ni deportaciones masivas"

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Avanza el ICE: la nueva inyección millonaria de Trump para cumplir su plan de deportaciones masivas

La administración de Donald Trump asignó un refuerzo de 75.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para expandir su capacidad de arresto y mejorar el control migratorio. El plan incluye nuevas contrataciones, más centros de detención y operativos extendidos en todo Estados Unidos.Trump refuerza el plan de deportaciones masivas en EE.UU.La Casa Blanca inyectó una cifra récord de fondos al ICE. Con ese presupuesto, la agencia migratoria ampliará su estructura y ejecutará el plan de deportaciones masivas de Trump.Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, aseguró que el dinero permitirá "actuar con más fuerza y rapidez". Y agregó: "Vamos a capturar a estos criminales con aún más contundencia que nunca".Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró a CNN que el ICE tiene ahora un "cheque en blanco" para escalar sus operaciones en los próximos cuatro años.Nuevas camas y centros de detención para el ICETom Homan, zar de la frontera de Trump, adelantó que el organismo federal sumará hasta 100.000 camas para fin de año. El plan contempla carpas y edificios permanentes. La agencia migratoria había llegado a sus límites: aloja a unas 57.000 personas y tenía solo 200 camas libres antes de este nuevo refuerzo, según datos federales. Ahora, la cifra podría duplicarse gracias a la financiación aprobada.Parte de los fondos se destinarán a construir instalaciones temporales en California y Texas. Estas permitirán albergar a más extranjeros detenidos mientras se procesan sus casos.Contrataciones masivas y academias del ICELa meta del gobierno federal es sumar miles de nuevos agentes a través de una ofensiva de reclutamiento. Buscan:Reincorporar a personal jubilado.Emplear agentes de otras fuerzas del orden.Incrementar la capacidad de la academia del ICE en Georgia para acelerar la formación."Mientras seguimos contratando, tendremos grupos listos para empezar. Tendremos personas listas para asistir a clases. Reclutar y contratar es la prioridad número uno, poner en marcha las academias lo más rápido posible y pasar a los nuevos agentes por la academia", dijo Homan.Redadas y presencia del ICE en Estados UnidosEl ICE intensificó operativos en tribunales y en lugares comunes y de trabajo como estacionamientos y granjas. El objetivo es alcanzar 3000 arrestos diarios, aunque aún están entre 1000 y 2000.Las redadas generaron tensiones entre funcionarios demócratas y republicanos. Algunos cuestionan los efectos en sectores laborales dependientes de migrantes. Entre los más destacados, la agencia ejecutó operativos en:Una plantación de marihuana en California.Juzgados de Nueva York. Restricciones a la liberación de detenidosPor otro lado, el gobierno de Trump prohibió a los jueces de inmigración otorgar fianzas a detenidos. Miles de extranjeros podrían ahora permanecer bajo custodia durante todo su proceso judicial.Gregory Chen, de la Asociación de Abogados de Inmigración, alertó: "El gobierno de Trump está eludiendo completamente nuestro sistema judicial al permitir que el DHS dicte a los jueces qué facultades tienen y cuáles no".Programas de asistencia legal fueron desfinanciados, al dejar a miles de detenidos sin defensa. Las nuevas reglas impiden que los extranjeros recuperen la libertad mientras avanzan sus causas.¿Tensión con otras agencias?Por su parte, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) también fueron reasignados al control migratorio. El propio Homan reconoció fricciones por el cambio de funciones, al igual que el del personal del ICE por las cuotas diarias de arrestos."Depende con quién hables, pero he escuchado que otras agencias quieren volver a su misión original cada vez que contratamos más personal de inmigración", comentó el zar a CNN. "A algunos les gustan las cuotas, a otros no, pero todos trabajamos dentro del marco que establece el gobierno de Trump. Las cuotas son muy alcanzables", concluyó Homan.Reacciones políticas y ciudadanas: reclamos y violenciaEntre las reacciones políticas demócratas, el senador Alex Padilla y la alcaldesa Karen Bass condenaron los operativos en Los Ángeles. Ambos denunciaron crueldad y exceso de poder. Mientras que, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó al ICE como una "Gestapo moderna".Por otro lado, el organismo reportó ataques con piedras y disparos en distintos estados, especialmente en centros de detención y redadas. En Texas, un agente recibió un disparo durante un operativo. Luego de eso, Trump autorizó el uso total de la fuerza para defender a sus operadores.

"Si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad": Petro responde a Ecuador tras deportaciones masivas de presos

Estas palabras llegan después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificara la medida ecuatoriana como "un gesto inamistoso"

Cuántas deportaciones de inmigrantes se han registrado en EE.UU. en los primeros seis meses de Donald Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó redadas de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo el territorio. ¿Cuántos extranjeros fueron deportados en los primeros seis meses de su gestión?Cuántos migrantes fueron deportados en los primeros seis meses de Donald TrumpEn esta primera etapa de la administración republicana, los agentes federales registraron la expulsión de alrededor de 150.000 extranjeros que vivían en EE.UU., según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a CBS News. Esta cifra representa un promedio de más de 800 deportaciones de migrantes por día y, si el ritmo permanece constante, se podrían registrar más de 300.000 expulsiones de extranjeros en ese país a fin de este 2025.Trump implementó medidas para reforzar el control migratorio en Estados Unidos y desplegó operativos de agentes federales en todo el territorio para cumplir con un millón de deportaciones al año. En mayo pasado, el DHS ordenó al ICE que incrementara su objetivo de detenciones de migrantes diarias, que se encontraba entre 1200 y 1500, para ascender a 3000. Además, lanzó la opción de CBP Home, para que ciertos extranjeros pudieran abandonar de forma voluntaria ese país.En tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó al medio mencionado que se registraron más de 112.000 deportaciones en lo que va de gestión republicana. Asimismo, se produjeron alrededor de 13.000 autodeportaciones.Al unificar las cifras del ICE, derivadas de las expulsiones de migrantes que vivían en EE.UU., y las de la CBP, que fueron registradas en las fronteras, resultó un número cercano a 280.000 de deportaciones en los primeros seis meses de gestión de Trump este año.A pesar del número, el resultado se aleja por el momento de las intenciones de la administración federal de cumplir con un millón de deportaciones al año, cuyo objetivo se situó inicialmente en migrantes sin estatus legal y con antecedentes penales que representan una amenaza para la seguridad pública y nacional.Por otra parte, a fin de año podría superar las expulsiones registradas durante 2012, bajo el gobierno de Barack Obama, que se ubicaron en 409.849, según los registros del ICE.Refuerzo del control migratorio a cargo de Donald TrumpEn medio de sus esfuerzos por incrementar el control migratorio, el mandatario republicano promovió el "gran y hermoso proyecto de ley" ("One Big Beautiful Bill"), que contempla un presupuesto de 4100 millones de dólares para la contratación de más agentes y US$2700 para la seguridad fronteriza.A principios de julio, Trump celebró la aprobación de la normativa en el Senado y escribió a través de su cuenta de Truth Social: "El mayor ganador de todos será el pueblo estadounidense, que disfrutará de impuestos permanentemente más bajos, salarios y sueldo neto más altos, fronteras seguras y un ejército más fuerte y poderoso".El 4 de julio pasado, el presidente firmó la ley y entró en vigor de forma inmediata.

El ICE ya registra el mayor ritmo de deportaciones de migrantes en Estados Unidos desde la era Obama

La agencia de inmigración suma un promedio superior a 800 expulsiones diarias en los últimos seis meses

No solo demócratas: quiénes se oponen al aumento de deportaciones de Trump

La nueva ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump encendió una fuerte reacción entre los estadounidenses. Aunque el presidente redobló sus promesas de endurecer las políticas, una creciente mayoría de la ciudadanía se manifestó en contra de sus medidas más recientes, entre las que se incluyen las deportaciones masivas, el presupuesto multimillonario para el ICE y la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento. La mayoría considera que Trump fue demasiado lejosUna encuesta de CNN elaborada por SSRS reveló un cambio significativo en la opinión pública respecto al enfoque de Trump sobre la inmigración. El aumento en la dureza de las políticas migratorias del mandatario generó una respuesta negativa cada vez más amplia entre los votantes.El 55% de los estadounidenses consideró que Trump fue "demasiado lejos" en sus políticas de deportación, una cifra que aumentó diez puntos respecto a febrero.La oposición entre los votantes demócratas y los independientes cercanos al partido alcanzó niveles casi unánimes: el 90% cree que las acciones del presidente fueron excesivas.En tanto, el 15% de los votantes republicanos o afines al partido compartió esa visión crítica o consideró también que fue excesivo.Esta creciente desaprobación no se limita a las expulsiones de inmigrantes. También existe un fuerte rechazo a otras políticas que forman parte del paquete legislativo que Trump firmó recientemente.Rechazo a centros de detención masivos y a más fondos para ICEEn su intento por ampliar la capacidad de detención de inmigrantes, la administración Trump propuso construir nuevos centros con espacio para hasta 100 mil personas, además de solicitar una inyección presupuestaria millonaria para reforzar la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, gran parte de la población no acompañó esa agenda.Un 57% se manifestó en contra de la construcción de esos centros de detención.Un 53% rechazó el aumento del presupuesto del ICE, una de las prioridades más destacadas del nuevo proyecto de ley.Oposición a eliminar la ciudadanía por nacimientoOtro punto de conflicto fue la iniciativa de eliminar el derecho a la ciudadanía automática para hijos nacidos en territorio estadounidense de padres extranjeros en situación irregular o con estancias temporales legales. Aunque los tribunales todavía evalúan la legalidad de esa orden ejecutiva, el público ya manifestó su desacuerdo.Casi seis de cada diez encuestados se opusieron a eliminar el principio de jus soli.Esta propuesta fue considerada por muchos como un ataque directo a la Constitución y al espíritu de inclusión del país norteamericano.Deportaciones de inmigrantes sin antecedentes penales: una línea rojaUna de las aristas más sensibles del endurecimiento migratorio fue el arresto y detención de personas con años de residencia sin haber cometido delitos. Según la encuesta, la mayoría de los ciudadanos rechaza estas prácticas.El 59% expresó su oposición a detener inmigrantes sin antecedentes penales y con largos años de residencia.Este patrón se repitió a lo largo de 2025, en distintos estudios de opinión, que mostraron cómo disminuye el respaldo a las deportaciones cuando se especifica que incluyen a personas sin historial criminal. De hecho, un análisis de CNN sobre datos oficiales entre octubre y mayo reveló que la mayoría de los detenidos por el ICE durante ese período no tenía condenas serias.Incluso entre los votantes republicanos hay señales de disenso. Solo el 47% apoyó activamente este tipo de arrestos, muy por debajo del 83% que respaldó las deportaciones en términos generales.Apoyo dividido ante medidas punitivas más extremasAlgunas de las propuestas más radicales del mandatario, como revocar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes penales o enviar a ciudadanos estadounidenses condenados por delitos violentos a centros de detención en el extranjero, también generaron una respuesta ambivalente.El 43% dijo estar de acuerdo con quitar la ciudadanía a ciertos naturalizados, frente a un 35% en contra.Respecto a enviar a delincuentes a prisiones fuera del país norteamericano, el apoyo se redujo al 37%, mientras que el 39% se opuso.Sin embargo, los niveles de desacuerdo crecieron notoriamente cuando se evaluó la posibilidad de deportar a críticos del gobierno.El 71% rechazó de forma rotunda que Trump pueda expulsar a personas que cuestionaron su gestión, aun si residen legalmente y no tienen antecedentes penales. Solo el 12% apoyó esa idea.

Masivo avance contra la inmigración: la justificación de este funcionario de Trump ante las deportaciones del ICE

En medio de las crecientes detenciones de extranjeros, el arquitecto de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump y asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, salió a justificar la ola de deportaciones y acusó a los migrantes de varios de los problemas que enfrenta Estados Unidos. "En Los Ángeles, sin inmigrantes indocumentados, podrías ver a un médico en urgencias de inmediato, sin esperas", sostuvo a modo de ejemplo.Miller justificó el avance contra la inmigración en EE.UU.El funcionario federal expresó su opinión sobre las crecientes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California. Para justificarlas, explicó "cómo sería Los Ángeles sin inmigrantes indocumentados"."Así sería: podrías ver a un médico en urgencias de inmediato, sin esperas, sin problemas. Tus hijos irían a una escuela pública con tanto dinero que no sabrían qué hacer. Las aulas serían la mitad de grandes. Los estudiantes con necesidades especiales recibirían toda la atención que necesitan", comenzó por enumerar en diálogo con Fox News.Y continuó: "No habría carteles, no habría mafia mexicana, fentanilo, no habría muertes por drogas, estarían viviendo en una ciudad segura y libre de drogas"."Ese podría ser el futuro que Los Ángeles podría tener, pero los líderes locales han formado una alianza con los cárteles y los criminales extranjeros", apuntó Miller, en alusión al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.Sus declaraciones contra los migrantes no sorprenden, ya que Miller ha acompañado a Donald Trump desde su primera campaña a la Casa Blanca, en 2016, con las mismas ideas en materia de inmigración. Entre las diferentes decisiones, fue uno de los que respaldó la medida del líder republicano de separar a miles de familias inmigrantes como programa de disuasión en 2018.A fines de mayo, fue el propio Miller quien consideró que, para alcanzar la deportación masiva más grande de la historia estadounidense, era necesario que ICE alcanzara un mínimo de 3000 detenciones diarias de extranjeros. Anteriormente, el objetivo se situaba entre 1200 y 1500 arrestos. El informe que desmiente a Stephen Miller y su ideal de ciudad sin migrantesAnte los dichos del funcionario trumpista, Los Angeles Times reveló las verdaderas causas de las diferentes problemáticas que Miller le atribuyó a los migrantes ilegales. "La inmigración indocumentada es irrelevante para la saturación de las salas de urgencias", sostuvo al medio, que señaló que los extranjeros suelen tener menos posibilidades de recibir atención médica en urgencias que los estadounidenses nativos.De acuerdo a un estudio del Centro de Política Sanitaria (UCLA, por sus siglas en inglés) de 2014, uno de cada cinco adultos nacidos en Estados Unidos visita la sala de emergencias anualmente, en comparación con aproximadamente uno de cada diez adultos indocumentados, alrededor de la mitad de la tasa de los residentes nacidos en Estados Unidos. Entre las razones, el informe señaló que se debe a que los migrantes ilegales temen que les pidan documentos. Además, según consignó Los Angeles Times, las políticas migratorias de Trump durante su primer mandato redujeron la asistencia de inmigrantes indocumentados a centros de salud públicos debido a la norma de "carga pública", que se aplica a quienes buscan obtener visas o tarjetas de residencia y las considera como potencial "carga" para el Estado si utilizan asistencia pública.Respecto a la financiación de las escuelas públicas, específicamente en California, el medio estadounidense señaló que el número de niños inmigrantes en las escuelas fue de 189.634 en 2024, mientras que la población total de K-12 fue de 5.837.700. Los extranjeros representan solo el 3,25% del total de alumnos, y no la mitad, como señaló Miller. "Con la deportación de los niños inmigrantes, las escuelas perderían la financiación federal asociada a su asistencia. Las escuelas de todo EE.UU. reciben mayor financiación federal para estudiantes de inglés y otros inmigrantes, ese dinero presumiblemente desaparecería si los alumnos se fueran", consideraron.Respecto a las declaraciones del fentanilo, un relevamiento de la organización Kaiser Family Foundation (KFF) definió que casi el 90% de las condenas penales por este tipo de estupefaciente corresponden a ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto involucra inmigrantes con residencia legal y extranjeros ilegales.

Adiós a la ciudadanía por naturalización: el plan de Trump para acelerar las deportaciones con esta medida prioritaria

La administración de Donald Trump activó un plan para priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos o que representen un riesgo para la seguridad nacional. Esta medida ha generado preocupación y polémica en la comunidad inmigrante y entre defensores de los derechos civiles.¿Qué es la desnaturalización de la ciudadanía americana?La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el gobierno de Estados Unidos revoca la ciudadanía a una persona que la obtuvo a través de la naturalización. Es decir, que no nació en el país, pero cumplió con los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para convertirse en ciudadano.Si bien la desnaturalización no es un fenómeno nuevo, su aplicación ha sido relativamente poco común a lo largo de la historia. Sin embargo, la administración Trump ha manifestado su intención de intensificar este proceso como parte de su estrategia para combatir la inmigración ilegal y deportar a personas consideradas peligrosas.¿En qué casos se puede revocar la ciudadanía estadounidense?El Departamento de Justicia (DOJ) ha emitido un memorándum en el que se detallan los criterios que se tendrán en cuenta para priorizar los casos de desnaturalización. Según este documento, la ciudadanía puede ser revocada en las siguientes situaciones:Crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Incluye casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves.Delitos graves no declarados durante el proceso de naturalización. Abarca desde violencia hasta fraude o delitos sexuales.Participación en pandillas, carteles u organizaciones criminales. Aplica para quienes promueven o colaboran con redes transnacionales.Vínculos con terrorismo o espionaje. Incluye exportación ilegal de tecnología o información sensible.Corrupción o fraude en el proceso de naturalización. En el caso de declaraciones falsas o sobornos.El fiscal general adjunto, Brett Shumate, en un memorando dirigido a la División Civil del Departamento de Justicia, anunció que el presidente Donald Trump y la fiscal Pamela Bondi habían ordenado que se priorizara las investigaciones y medidas de cumplimiento relacionadas con la desnaturalización o revocación de la ciudadanía.Las diez categorías prioritarias del DOJ para revocar la ciudadanía americanaEl memorándum del DOJ enumera diez categorías prioritarias para los casos de revocación de la ciudadanía:Casos contra individuos que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo aquellos con nexos con terrorismo, espionaje o exportación ilegal de bienes, tecnología o información sensible.Casos contra individuos que participaron en tortura, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.Casos contra individuos que promovieron o promueven la empresa ilegal de pandillas criminales, organizaciones criminales transnacionales y carteles de drogas.Casos contra individuos que cometieron delitos graves que no fueron revelados durante el proceso de naturalización.Casos contra individuos que cometieron tráfico de personas, delitos sexuales o crímenes violentos.Casos contra individuos que participaron en diversas formas de fraude financiero contra los Estados Unidos (incluyendo fraude de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y fraude de Medicaid/Medicare).Casos contra individuos que cometieron fraude contra individuos privados, fondos o corporaciones.Casos contra individuos que adquirieron la naturalización mediante corrupción gubernamental, fraude o declaraciones falsas materiales.Casos remitidos por una Oficina del Fiscal de los Estados Unidos o en relación con cargos penales pendientes, si esos cargos no encajan dentro de una de las otras prioridades.Cualquier otro caso remitido a la División Civil que se considere suficientemente importante para perseguir.¿Cómo se lleva a cabo el proceso de desnaturalización?El proceso de desnaturalización se lleva a cabo a través de juicios civiles. Estos son los pasos:Investigación inicial. El DOJ o el Uscis identifican sospechas de fraude, falsedad, omisión de hechos relevantes o comisión de delitos graves (como terrorismo, crímenes de guerra, delitos migratorios o financieros).Demanda en corte federal. El gobierno presenta una demanda civil en tribunales federales y se inicia un caso judicial.Defensa. La persona acusada puede defenderse, presentar pruebas y contar con representación legal, pero no tiene derecho a un abogado de oficio, a diferencia de los procesos penales.Juicio y sentencia. El estándar de prueba en estos casos es más bajo que el de los casos penales. Si el gobierno prueba su caso, el juez emite una orden que revoca la ciudadanía. ¿Qué consecuencias tiene la desnaturalización?La revocación de la ciudadanía tiene graves consecuencias para la persona afectada. Entre ellas, se encuentran:Pérdida del derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos.Deportación a su país de origen.Imposibilidad de viajar con pasaporte estadounidense.Pérdida de otros derechos y beneficios asociados a la ciudadanía.¿Qué dicen los defensores de los derechos civiles?Organizaciones de defensa de los derechos civiles manifestaron su preocupación por la intensificación de los procesos de desnaturalización. Consideran que esta medida puede ser utilizada de manera discriminatoria contra ciertos grupos étnicos o religiosos, y que viola los principios fundamentales del debido proceso y la igualdad ante la ley.Christopher Wellborn, presidente de la NACDL (National Association of Criminal Defense Lawyers o Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, en inglés), explica: "La presión de la Administración Trump para revocar la ciudadanía es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre la Decimocuarta Enmienda".El representante advierte que esto es particularmente preocupante dado que el gobierno se basa en difusas alegaciones de afiliación a pandillas para las deportaciones. "En efecto, esta directiva transmite el mensaje de que quienes no nacieron en Estados Unidos corren el riesgo de perder su ciudadanía por conductas pasadas o futuras"."No es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno invoque alegaciones infundadas de afiliación a pandillas o utilice los antecedentes penales de una persona para alegar que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la garantía de representación legal, es incalculable", sentenció Wellborn.¿Qué se puede hacer para evitar la desnaturalización?Ante esta situación, es fundamental que los inmigrantes naturalizados conozcan sus derechos y tomen medidas para proteger su ciudadanía. Algunas recomendaciones son:Consultar con un abogado de inmigración para evaluar su situación y recibir asesoramiento legal.Revisar cuidadosamente sus antecedentes penales y asegurarse de que no existan delitos que puedan poner en riesgo su ciudadanía.Mantener actualizados sus documentos y registros de inmigración.Evitar cualquier actividad que pueda ser considerada como un delito o una amenaza para la seguridad nacional.El caso de la desnaturalización de Elliot DukePoco después del anuncio del DOJ, el pasado 11 de junio, se conoció la revocación de ciudadanía de Elliot Duke, un inmigrante británico quien se hizo ciudadano tras ingresar al Ejército de Estados Unidos en 2012. En 2013 fue detenido en Louisiana por recibir y distribuir pornografía infantil y condenado en 2014. El pasado 13 de junio le fue revocada la ciudadanía.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

El ICE está en problemas: el proyecto de deportaciones masivas de Trump podría frenarse por un motivo insólito

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recibirá casi 30.000 millones de dólares luego de que se aprobara la ley impulsada por Donald Trump. Sin embargo, diversos antecedentes y condiciones del mercado laboral hacen prever que contratar 10.000 agentes más para realizar redadas y deportaciones masivas no será tarea sencilla.Un problema histórico: el ICE no logra cubrir sus vacantesDe acuerdo con lo que explica John Pfaff, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Fordham, en su columna en MSNBC, desde hace años, independientemente de su nuevo presupuesto, el ICE tiene problemas estructurales para reclutar personal.Cuando intentó sumar 10.000 agentes en 2017, durante la primera presidencia de Trump, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que sería necesario entrevistar a 500 mil postulantes para alcanzar ese objetivo.Según ese mismo documento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) necesitaba entrevistar a 750 mil personas para sumar "tan solo" 5000 efectivos. Desde 2020, la mayoría de agencias estatales y federales enfrentan dificultades para contratar.Cómo es trabajar en el ICEUna de las razones por las que esta es una tarea dificultosa es que, pese al presupuesto histórico aprobado, los sueldos del ICE no son tan altos. El salario base para agentes federales ronda los US$75.000 anuales. Mientras que, en algunas vacantes actuales, la escala va de US$50.000 a US$90.000.En comparación, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) ofrece más de US$125 mil al cabo de seis años. Y aun con esos números, tiene unas 1000 vacantes sin cubrir. El programa 287(g) como alternativa provisionalFrente a las dificultades para contratar personal nuevo, el ICE podría ampliar el programa 287(g). Esta iniciativa permite que la policía local aplique leyes migratorias federales. La opción no aumenta el número de agentes del ICE, pero redistribuye recursos locales.Sin embargo, la aplicación de este programa primero requiere aprobación local, y muchas jurisdicciones ya rechazaron esta colaboración. Hasta ahora, solo unas 300 agencias firmaron acuerdos de este tipo.Otra posibilidad para resolver el problema de la contratación podría ser flexibilizar los requisitos para ingresar al ICE. Esto permitiría sumar personal rápidamente, pero a costa de la calidad y el control de los agentes migratorios. La CBP experimentó una situación similar en 2006 y registró problemas de corrupción y filtraciones. Además, el ICE ya tiene estándares más bajos que otras agencias: no exige aprobar un examen de polígrafo como sí ocurre en la CBP desde 2010.Una alternativa viable, pero cara, es contratar personal mediante empresas externas. Esto permitiría sumar recursos humanos sin modificar estructuras internas. Aunque los contratistas suelen cobrar el doble que un empleado federal, el presupuesto aprobado por Trump permite cubrir esos costos.El problema sería esta medida que podría crear desigualdades salariales dentro de la agencia. Los contratistas, que serían nuevos empleados, cobrarían más que los agentes que ya se encuentran en el ICE. Incertidumbre sobre el perfil de los nuevos candidatos para el ICEPor otro lado, algunos analistas temen que los puestos vacantes atraigan a extremistas de derecho. Sin embargo, por ejemplo, los grupos vinculados al asalto al Capitolio en 2021 suelen tener empleos bien pagos y no mostraron intención de postularse.Un estudio reveló que solo el 5% de los condenados por la insurrección del 6 de enero estaban desempleados. El proyecto de ley impulsado por Trump representa una inyección sin precedentes para el ICE. Sin embargo, el dinero no resuelve por sí solo los obstáculos estructurales de contratación.

Votó a Trump y apoyó las deportaciones masivas, pero ahora el ICE detuvo a su esposa en California

Cynthia Olivera, madre canadiense de tres hijos nacidos en Estados Unidos, fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 13 de junio en Chatsworth, California. La mujer asistía a una entrevista para regularizar su estatus migratorio. Ahora, su esposo, Francisco Olivera, ciudadano estadounidense y votante de Donald Trump, afirmó sentirse traicionado.Los antecedentes de la madre migrante detenida por el ICEOlivera, de 45 años, fue llevada desde Toronto a EE.UU. por sus padres cuando tenía diez años, sin documentación migratoria. En 1999, las autoridades de inmigración en el cruce fronterizo de Buffalo ordenaron su deportación. Aunque fue expulsada, logró reingresar por San Diego meses después sin ser interrogada, según su testimonio en KGTV San Diego.Desde entonces, la mujer vivió en Los Ángeles, trabajó, pagó impuestos y crio a sus hijos sin antecedentes penales. El canal local reportó que no existen cargos judiciales en su contra en bases de datos estatales ni federales.En 2024, bajo el gobierno de Joe Biden, la mujer obtuvo un permiso temporal para trabajar legalmente. Además, había iniciado un proceso para obtener la residencia permanente. Su esposo votó a favor de las políticas de Donald TrumpFrancisco Olivera declaró a KGTV que votó a Trump en 2024 porque respaldaba las promesas del candidato republicano de expulsar a inmigrantes con antecedentes penales. Aseguró que, pese a su situación, confiaba en que Cynthia no sería afectada. "Nos sentimos totalmente engañados. Quiero mi voto de vuelta", expresó el hombre al medio local.Desde su cuenta oficial en X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 13 de junio que Cynthia Olivera es "una inmigrante ilegal de Canadá" que fue deportada y volvió a ingresar de forma ilegal, lo que constituye un delito federal. Indicó que "permanecerá bajo custodia de ICE hasta su remoción a Canadá"."Reingresar al país tras una deportación es un delito. Será deportada sin posibilidad de regresar", escribió el organismo, y agregó que se ofrece un incentivo de mil dólares y un vuelo gratuito para quienes decidan salir voluntariamente mediante la aplicación CBP Home App.El gobierno canadiense informó que no puede intervenir en el caso ya que "cada país decide quién puede ingresar o salir de su territorio".¿Dónde está detenida Cynthia Olivera y qué opciones tiene?Cynthia fue trasladada a un centro de detención de ICE en El Paso, Texas, donde espera su deportación. Desde allí, declaró: "Estados Unidos es mi país. Acá fui a la escuela, me casé y tuve a mis hijos".La familia solicitó que se le permita viajar a Mississauga, Canadá, donde planea alojarse con una prima. "El único crimen que cometí fue amar a este país, trabajar y criar a mis hijos", dijo. Francisco también reveló que, hasta su arresto, su esposa confiaba en el rumbo que tomaría el país tras las elecciones: "Hasta hace un par de semanas, mi esposa creía firmemente en lo que iba a pasar en los próximos cuatro años".

Lejos de la promesa de Trump: por qué el ICE arresta a miles de migrantes, pero EE.UU. no logra la meta de deportaciones

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) batió récords de arrestos en junio de este año. Sin embargo, el número de deportaciones no cumplió con la promesa inicial de Donald Trump de expulsar a 2777 personas diarias. Los números de detenciones y deportaciones del ICE Según consignó NBC News, los agentes arrestaron a 30 mil personas el mes pasado, la mayor cantidad de personas desde 2020. De esas detenciones, 18 mil fueron deportados. Esta misma tendencia se repitió en mayo de este año, luego que el ICE detuviera a casi 26 mil personas y deportara a 15 mil, según las estadísticas presentadas por el sitio web de la agencia. Por qué el número de deportaciones es más bajo que la cantidad de detenciones De acuerdo con las declaraciones de abogados de migración en NBC News, gran parte de los detenidos tienen caso de asilo pendiente y órdenes de jueces que bloquean cualquier orden de deportación de manera temporal. Trump ha intentado desestimar estos casos para cumplir con la cantidad de deportaciones propuestas. A mediados de junio, instó a los jueces a denegar solicitudes de asilo presentados por abogados del Departamento de Seguridad Nacional. Una vez desestimados los casos, las personas no tendrían el plazo de diez días para responder, por lo que podrían ser sometidos a una deportación acelerada, sin posibilidad de presentar sus solicitudes ante jueces de inmigración.Cuántos migrantes han sido detenidos por el ICE durante la administración Trump por estadoA comienzos de julio, un estudio de The New York Times reflejó el incremento de las redadas del ICE en gran parte de los estados desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. El estado con mayor cantidad de arrestos hasta la fecha es Texas, con un promedio de 142 detenciones por día y un incremento del 92% a partir de 2024.Seguido a este se encuentra Florida, que acumula cerca de 11 mil arrestos desde el 20 de enero de este año y un promedio de detenciones diarias de 64; y California, con 5860 inmigrantes arrestados. A nivel nacional, se registraron cerca de 94.609 arrestos de inmigrantes desde enero de 2024. Esto refleja un incremento del 124%. A qué se debe el aumento de detenciones por el ICE a nivel nacional El aumento de detenciones y deportaciones fue uno de los pilares de la campaña de Donald Trump en 2024. Durante una entrevista con la cadena de televisión ABC, JD Vance, actual vicepresidente de EE.UU. reveló que el objeto inicial era deportar cerca de un millón de migrantes al año, lo que equivale a 2777 expulsiones diarias. "Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de eso nosotros podemos comenzar a trabajar", señaló el vicepresidente, según consignó BBC. Luego de ganar las elecciones, el presidente inició el endurecimiento de las políticas migratorias. En junio de este año, Stephen Miller, el principal asesor de inmigración de la Administración Trump, le exigió al ICE una meta de 3000 arrestos diarios.En ese mes, la agencia acumuló 1100 detenciones por día a nivel nacional. Se prevé que para julio se incrementen tras la aprobación del paquete fiscal "One Big Beautiful Bill Act", que ofrece un mayor presupuesto a la agencia. "La financiación sin precedentes para el ICE permitirá a mis esforzados oficiales y agentes seguir contribuyendo a la seguridad de Estados Unidos mediante la identificación, el arresto y la expulsión de delincuentes extranjeros de nuestras comunidades", determinó el director interino de la agencia, Todd M. Lyons, en un comunicado oficial.

"Sin amnistía": la secretaria de Agricultura advierte sobre las deportaciones de migrantes que trabajan en el campo

Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EE.UU., afirmó que no habrá "amnistía" para los migrantes indocumentados que trabajan en el sector agricultor. En ese sentido, aseguró que hay un gran número de trabajadores disponibles para reemplazarlos. El mensaje de Brooke Rollins a la comunidad migrante Las declaraciones ocurrieron durante su última conferencia de prensa en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Allí, remarcó que las detenciones en el sector agropecuario continuarán. "El presidente remarcó que no habrá amnistía. Las deportaciones masivas continúan, pero de forma estratégica", expresó la secretaria de Agricultura al ser consultada sobre las detenciones. Rollins informó que el objetivo de la administración Trump era consolidar una "fuerza laboral 100% estadounidense" en el sector agropecuario. Para ello, prevén coordinar las detenciones de forma "estratégica"."El presidente y yo hemos hablado sobre eso [las deportaciones masivas en el campo]. Él tiene la certeza de que, al final del día, le prometió a Estados Unidos consolidar una fuerza laboral 100% estadounidense. Para cumplirlo, debemos ser estratégicos en cómo llevaremos a cabo las deportaciones", sostuvo. El reemplazo de la comunidad migrante en el sector agropecuario La secretaria de Agricultura manifestó que una manera de mantener las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) es a través de la "automatización"de los procesos. En este sentido, Rollins sugirió que algunas personas que recibían ayuda del gobierno como el Medicaid podrían reemplazar a los trabajadores migrantes. "La solución a este problema es la automatización, así como algunas reformas en la estructura de gobierno actual. Y, además, si pensamos en ello, hay 34 millones de adultos sanos en nuestro programa de Medicaid. Hay muchos trabajadores en Estados Unidos", dijo en relación con la cantidad de trabajadores en EE.UU. que podrían reemplazar a la comunidad migrante. Las contradicciones por las redadas en el campo A mediados de junio, Brooke Rollins había alertado al presidente sobre un temor creciente entre los productores rurales. Según consignó The New York Times, la funcionaria advirtió que las redadas provocaron que el 30% y el 60% de los trabajadores abandonaran los campos en zonas productivas clave como Oxnard y el Valle Central de California.Tras su llamada, Donald Trump reconoció que su "agresiva política migratoria" afectaba a los agricultores con gran experiencia. Por tanto, Tatum King, un alto funcionario del ICE, envió un correo electrónico a las oficinas regionales para limitar las redadas. "Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio afirmaron que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar", expresó Donald Trump en Truth Social en aquel momento.Sin embargo, poco después del pedido, la Casa Blanca dio marcha atrás y ordenó reanudar los operativos en estos sectores. Según consignó The Washington Post, la presión interna del Ala Oeste y la línea impulsada por el subjefe de Gabinete Stephen Miller llevaron a revertir la medida.

Contra los migrantes: el ICE recibe una potente asignación de presupuesto para acelerar las deportaciones

La nueva era migratoria impulsada por Donald Trump comenzó a tomar forma con una de las partidas presupuestarias más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. En este contexto, la agencia más beneficiada fue el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que recibirá una asignación multimillonaria para expandir su alcance contra extranjeros ilegales y acelerar las deportaciones.El presupuesto que fortalece al ICE y a la maquinaria de deportacionesTrump firmó el 4 de julio una legislación que transformará al ICE en la agencia de seguridad mejor financiada de EE.UU., con una inversión total de 75.000 millones de dólares hasta 2029. Esta cifra supera ampliamente el presupuesto combinado de agencias como el FBI, el Servicio Secreto, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, según datos del Instituto Cato y del American Immigration Council (AIC).Del total asignado, US$45.000 millones se destinarán exclusivamente a la construcción de nuevos centros de detención. Con este dinero, la agencia podrá albergar hasta 116 mil personas por día, una capacidad sin precedentes que equivale a un incremento del 62% en comparación con todo el sistema penitenciario federal. Además, el presupuesto contempla:Casi US$30.000 millones para operativos que incluyen arrestos, redadas y deportaciones.La contratación de 10.000 nuevos agentes, lo que elevará el total a 30.000 efectivos.Un objetivo declarado de realizar hasta un millón de deportaciones anuales, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).Un refuerzo de 3000 oficiales adicionales para la Patrulla Fronteriza y otros 3000 para el servicio de aduanas.Muro, vigilancia y una frontera fortificada: los grandes objetivos de TrumpEl paquete presupuestario para inmigración no se agota en el ICE. Al sumar las distintas partidas que afectan las políticas fronterizas, el monto total asciende a unos US$170 mil millones, según los cálculos del AIC. Gran parte de estos recursos se destinarán a reforzar la frontera con México.El desglose incluye:Más de US$46.600 millones para reanudar y ampliar la construcción del muro fronterizo, una cifra tres veces superior a la invertida durante el primer mandato de Trump.US$3200 millones para implementar tecnología de vigilancia avanzada en la franja limítrofe.US$2700 millones para tareas de monitoreo en zonas sensibles.US$10.000 millones adicionales para cubrir los costos operativos del DHS vinculados al control migratorio y el combate al contrabando.Una potencia de control sin precedentes para el ICESegún la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el presupuesto del ICE supera incluso al de casi todos los ejércitos del mundo, con excepción de los correspondientes a Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita. Esta comparación ilustra el nivel de recursos que el gobierno federal decidió volcar a su política migratoria.El presidente nacional de Lulac, Román Palomares, sostuvo en un comunicado que la ley aprobada "no es nada agradable para quienes realizan los trabajos más duros, contribuyen más horas y aún luchan por llegar a fin de mes". Además, añadió: "La economía de nuestro país depende de las familias trabajadoras: latinos, inmigrantes y millones de personas más en todo el territorio".En la misma sintonía, Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la ACLU, declaró: "Cada día que pasa, más y más estadounidenses ven este proyecto de ley como lo que es: un ataque imprudente a nuestra atención médica, nuestras libertades civiles y nuestra propia capacidad de sobrevivir". "No deberíamos estar expulsando a millones de personas de Medicaid ni negándoles atención médica vital para financiar la maquinaria de deportación extrema de la administración Trump", consideró Schifeling. Por último, concluyó: "El pueblo estadounidense no votó por esto. Nos aseguraremos de que los electores recuerden el daño catastrófico que causa este proyecto de ley y exijan responsabilidades a los legisladores".

Avanza el ICE: los marines darán apoyo en las deportaciones de Texas, Florida y Luisiana

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) coopera con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para otorgar apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en determinados asuntos relacionadas con las deportaciones.En qué estados recibirán apoyo los agentes del ICE para deportacionesEl 17 de junio pasado, el Comando Norte de EE.UU. emitió una declaración oficial para anunciar que 200 marines viajarían a Florida para reforzar el trabajo administrativo y logístico de la agencia federal. Otros lugares de apoyo son Luisiana y Texas.Esta medida respondió a una solicitud del DHS del 9 de mayo pasado, por la que el DOD decidió enviar 700 efectivos de la Guardia Nacional y de la Reserva de apoyo a misiones del ICE. Cabe destacar que las funciones de estos oficiales no son relativas a lo policial y que tienen prohibido de forma estricta el contacto directo con personas bajo custodia de los agentes migratorios.El apoyo de los efectivos se enmarca en los esfuerzos del presidente de ese país, Donald Trump, para cumplir con las deportaciones que prometió antes de regresar a la Casa Blanca en enero pasado. El mandatario republicano ordenó redadas de migrantes en todo EE.UU. para identificar a extranjeros que no tengan estatus legal en el territorio norteamericano.En mayo pasado, el DHS incrementó el objetivo diario de detenciones por parte de los agentes del ICE, que oscilaba un promedio de entre 1200 y 1500, a 3000. En el mismo sentido, la agencia federal implementó tácticas nuevas para interceptar a migrantes de forma inesperada.El ICE coopera con otras agencias federales, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).El objetivo del ICE en Texas, Florida y otros estadosLos agentes migratorios tienen el objetivo de identificar a extranjeros sin autorización en Estados Unidos, principalmente que presenten antecedentes penales o representen una amenaza para la seguridad pública y nacional, según advirtió la administración estadounidense. Pero un informe reciente de The Washington Post reveló que más del 50% de las personas arrestadas no poseen historial criminal. En base a la información recolectada del Proyecto de Datos de Deportación, el análisis indicó que los agentes federales realizaron un promedio de 1000 detenciones diarias desde fines de mayo.El ICE registró alrededor de 273 mil detenciones y casi 239 mil deportaciones en lo que va de 2025, aunque estos datos podrían incluir los correspondientes también a los operativos de la CBP. Actualmente, se encuentran unos 56.000 migrantes bajo custodia de las autoridades en los centros, de los cuales se estima que cerca del 60% no posee antecedentes penales.Estas cifras contrastarían con las declaraciones de la administración Trump acerca de los objetivos primordiales de los oficiales, de capturar a los individuos que supongan un peligro para la comunidad.

Trump acelera las deportaciones con ayuda de la Corte Suprema

Decenas de personas corren el riesgo de terminar en terceros países gracias a un fallo reciente del máximo tribunal de EE.UU. Su política de inoculación del miedo.

Crece la ofensiva del ICE: 200 marines llegan a Florida para acelerar las deportaciones de migrantes

La administración Trump anunció el envío de 200 marines a Florida para ayudar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).Los detalles de las funciones de los marines en Florida Según consignó Reuters, las funciones de los marines se centrarán en tareas administrativas y logísticas. Por tanto, se les prohíbe tener contacto directo con personas bajo custodia de la agencia."El Comando Norte de EE.UU. anunció la medida el jueves, afirmando que los 200 marines, del Escuadrón de Apoyo 272 del Ala de Marines, con base en Carolina del Norte, representan la primera oleada de apoyo al ICE", informó CBS News. Noticia en desarrollo...

El ICE se refuerza: la agencia se prepara para deportaciones masivas tras la aprobación de la ley impulsada por Trump

Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), se mostró agradecido con el presidente Donald Trump por la aprobación del "One Big Beautiful Bill Act", el paquete fiscal que le dará un mayor presupuesto a su agencia, entre otras cuestiones.El director del ICE le agradeció a Trump tras la aprobación del paquete fiscalEl director habló sobre el resultado de la votación en la tarde de este 3 de julio. Allí, agradeció al presidente de EE.UU. por los esfuerzos realizados para la aprobación del paquete fiscal. "Hablo en nombre de toda la agencia cuando digo que el ICE agradece al presidente Trump el esfuerzo necesario para que la Gran y Hermosa Ley fuera aprobada", expresó Lyons con relación al rol del presidente de EE.UU. en las votaciones. El director reconoció que el paquete fiscal es una "victoria para el pueblo estadounidense" por los nuevos recursos que tendrá la agencia para llevar adelante sus redadas y detenciones."La verdadera victoria es para el pueblo estadounidense. La financiación sin precedentes para el ICE permitirá a mis esforzados oficiales y agentes seguir contribuyendo a la seguridad de Estados Unidos mediante la identificación, el arresto y la expulsión de delincuentes extranjeros de nuestras comunidades", afirmó el director interino del ICE. Para cerrar su comunicado, remarcó su entusiasmo de trabajar en conjunto con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, el Congreso y el presidente Donald Trump. Los nuevos beneficios del ICE con el One Big Beautiful Bill ActEl One Big Beautiful Bill Act es un paquete fiscal que fusiona recortes de impuestos, medidas de seguridad fronteriza, y reformas al sistema de salud. De acuerdo con el sitio web de la Casa Blanca, el proyecto buscaría reforzar a la agencia con más de 10 mil agentes y tecnología de última generación."Refuerzo a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE en primera línea. Se dotará a los funcionarios fronterizos de recursos suficientes para que finalmente cumplan su misión principal, financiando al menos un millón de deportaciones anuales y contratando a 10.000 nuevos agentes del ICE, 5000 nuevos agentes de aduanas y 3000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza", detalló el escrito presentado por la administración Trump. Otro de los puntos clave del documento son: La eliminación del acceso a Medicaid a 1.4 millones de inmigrantes en situación irregular.Renovación integral del sistema de control del tráfico aéreo.Prohibición del uso de Medicaid para procedimientos de transición de género en menores.Reducción de impuestos a los estadounidenses que ganen entre 30 y 80 mil dólares.Cuál es el estado actual del "One Big Beautiful Bill Act"El Congreso aprobó el One Big Beautiful Bill Act con 218 votos a favor y 214 en contra. Se prevé que Donald Trump firme el proyecto este viernes 4 de julio a las 16 hs en la Casa Blanca, en medio de los festejos por el Día de la Independencia, según expresó en su cuenta de Truth Social.

Cómo es el "pase temporal" de Trump que busca aliviar la escasez de mano de obra migrante por las deportaciones

Donald Trump anunció días atrás que su gobierno evalúa un "pase temporal" para migrantes que se desempeñan en sectores clave de la economía de EE.UU. La medida otorgaría a los empleadores mayor control sobre sus trabajadores, siempre que estos cumplan ciertas condiciones.Para qué migrantes aplicarían los "pases temporales" de TrumpDurante una entrevista televisiva en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, Trump se refirió a las redadas que las autoridades migratorias realizaron semanas atrás en granjas y campos agrícolas de todo EE.UU., que causaron temor en los trabajadores y dejaron sin mano de obra a un sector que históricamente empleó migrantes indocumentados."Cuando vamos a una granja y sacamos a personas que han estado trabajando allí durante 15 o 20 años, personas buenas, que quizás ingresaron de manera incorrecta (a Estados Unidos), estamos destruyendo a esos agricultores", admitió el mandatario, quien adelantó que su gobierno "está trabajando" en una solución a este problema. "Queremos hacer algo para los agricultores, donde podamos dejar que tenga el control. El agricultor sabe que no va a contratar a un asesino", explicó el republicano. Según señaló, la medida que su administración evalúa crear es un "tipo de pase temporal" para trabajadores migrantes. Pase temporal para trabajadores migrantes: qué sectores estarían incluidosEl plan, que recién estaría en etapa de desarrollo, no beneficiaría a todos los trabajadores migrantes, ni a todos los sectores. De acuerdo con lo detallado por el mandatario, el "pase temporal" estaría dirigido específicamente para aquellos indocumentados empleados en agricultura, hotelería y gastronomía. Trump consideró que estos puestos de trabajo son difíciles de reemplazar y reconoció que la política migratoria actual perjudica a quienes dependen de esta mano de obra. "La gente del sector hotelero y de turismo han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con muchos años de experiencia, y que esos empleos eran casi imposibles de reemplazar", escribió a mediados de junio el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social.Muchos de estos inmigrantes indocumentados llevan años en los mismos trabajos y su remoción por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "termina destruyendo a un agricultor", señaló. Pase temporal: qué requisitos deben cumplir los migrantes para ser incluidosAunque aún no se conocieron mayores detalles de cómo funcionaría este "pase temporal", Trump esbozó algunos requisitos generales del programa. El mecanismo estaría dirigido a inmigrantes que:Paguen impuestos.No tengan antecedentes penales graves.Estén empleados en tareas rurales o en la industria hotelera.Tengan un empleador que se responsabilice por su conducta.Por el momento, no se conocen los lineamientos específicos sobre cómo se aplicaría el pase ni si evitaría futuras deportaciones. Tampoco se definió qué organismo evaluaría los antecedentes de los solicitantes ni cuál sería el procedimiento para obtenerlo. Redadas, suspensiones y giros: los cambios de Trump sobre los trabajadores migrantesPese al anuncio de este "pase temporal" para trabajadores migrantes, Trump aclaró que no se trata de una flexibilización de sus políticas migratorias. "Soy el más fuerte en inmigración que jamás haya existido, pero también el mayor defensor de los agricultores", sostuvo durante la misma entrevista.La medida llega después de varios giros por parte del gobierno con respecto a las redadas del ICE en lugares de trabajo. A mediados de junio, la agencia federal suspendió temporalmente los arrestos de indocumentados en industrias como la agrícola, hotelera y gastronómica.La tregua fue temporal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revocó esa decisión. "El presidente ha sido increíblemente claro. No habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar los esfuerzos del ICE", declaró Tricia McLaughlin, vocera del organismo.

Quién es el diseñador de origen latino que emuló las deportaciones del ICE a El Salvador en un desfile: Bukele reaccionó

Un diseñador de origen mexicano protagonizó un desfile en la Fashion Week de París, Francia, que emuló la situación de los migrantes deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a El Salvador. El presidente del país latino, Nayib Bukele, reaccionó al evento.Cómo fue el desfile del diseñador de origen mexicano en ParísWilly Chavarria, oriundo de California y con orígenes migrantes, fue el creador de la performance que se llevó a cabo en el icónico festival de moda, edición masculina de primavera/verano, que se celebró entre el 24 y el 29 de junio en la capital francesa. Con 35 modelos varones, que presentaron la cabeza rapada y un atuendo en tonos blancos, hizo referencia a los extranjeros deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).Bajo la melodía de "California Dreamin" del artista puertorriqueño José Feliciano, los participantes del desfile a cargo de Chavarria se adentraron en la pasarela con las manos detrás de la espalda y se posicionaron de rodillas. Este acto representó la apertura del viernes 27 de junio.Se trató de una imagen que trasladó a los asistentes a las publicadas por las autoridades de los presos que se encuentran retenidos en el Cecot de El Salvador, donde Bukele recibió alrededor de 300 migrantes deportados de Estados Unidos por Donald Trump.Chavarria recibió en dos ocasiones consecutivas el premio a Diseñador del Año, en 2023 y 2024, en la categoría de ropa masculina por parte del Consejo de diseñadores de moda estadounidenses (CFDA, por sus siglas en inglés). Dueño de su propia marca desde 2025, cuyo estudio se encuentra en Nueva York, sus prendas son elegidas por diversas celebridades, como Billie Eilish o Justin Bieber.El reciente desfile de la moda en París no representó la primera ocasión en la que el profesional plasmó un mensaje político en las pasarelas. Previamente en otros eventos, Chavarria trató de enviar mensajes relativos a las clases económicas, los gobiernos o la lucha de los migrantes, principalmente latinos. "Es importante que seamos conscientes de lo que está pasando, que no ignoremos la política que nos rodea porque controla nuestras vidas", señaló en una entrevista de octubre de 2024 con BBC News, en la que indicó que sus diseños se inspiran en las personas que lo rodean y en la "gente de la calle".Qué dijo Nayib Bukele sobre el desfile que hizo referencia al Cecot en ParísTras la viralización de las imágenes, el mandatario del país latino publicó un mensaje en su perfil oficial de X. "Estamos listos para enviarlos a todos a París, tan pronto como tengamos luz verde del gobierno francés", expresó.Bukele hizo referencia a la representación de los migrantes expulsados del territorio norteamericano que, a través de un acuerdo con Trump, recibió en la megacárcel de ese país. Ambos mandatarios unieron esfuerzos en las deportaciones de extranjeros sin autorización legal que cuentan con antecedentes penales y que son interceptados por el ICE y otras agencias federales estadounidenses.

El DHS de Kristi Noem avanza contra los migrantes: deportaciones masivas y la expansión del muro si se aprueba esta ley

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, reveló que si se aprueba el "gran y hermoso proyecto de ley" promovido por el presidente Donald Trump, habrá más fondos para su departamento para intensificar las operaciones de deportación masiva de inmigrantes y finalizar la construcción del muro fronterizo.La promesa de Kristi Noem si se aprueba la ley One Big Beautiful En una reciente conferencia de prensa, la funcionaria de la Administración Trump señaló que la aprobación del proyecto One Big Beautiful Bill Act proporcionará al DHS US$4100 millones para la contratación de más agentes fronterizos y otros US$2700 millones para invertir en seguridad fronteriza."Asignará US$2700 millones a la CBP para que podamos contar con las tecnologías de vigilancia que necesitamos, y otros US$1000 millones para modernizar nuestra flota de vehículos", dijo Noem.Sobre las contrataciones, habló de 5000 nuevos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), y otros 3000 de la Patrulla Fronteriza, además de 10.000 oficiales para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).La secretaria del DHS añadió: "El proyecto de ley también nos permitirá duplicar nuestra capacidad de detención, que podría ser necesaria mientras realizamos nuestro trabajo. Asimismo, abordará los temas de salarios y bonificaciones, algo que considero increíblemente importante"."El Gran y Hermoso Proyecto de Ley garantizará más fondos para terminar la construcción del muro fronterizo con tecnología de vanguardia que protegerá nuestra patria para las generaciones futuras", escribió la funcionaria en redes sociales el pasado 18 de mayo.En el mensaje agregó: "Tenemos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos, pero no podemos aflojar ahora: este proyecto de ley financiará a nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE para llevar a cabo el arresto y la deportación de inmigrantes ilegales criminales". En una publicación del 16 de junio, compartida por la CBP, indicaron que si la ley se aprueba se completará el muro fronterizo con más de 3700 kilómetros y se aumentará la plantilla de agentes y oficiales de primera línea en más de 18.000.El "gran y hermoso proyecto de ley" prevé un gasto millonario en materia de seguridad fronterizaLa Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) hizo un análisis del "gran y hermoso proyecto de ley", que fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de Representantes de mayoría republicana el 22 de mayo, y ahora avanza en el Senado.La organización señala que la versión de la Cámara de Representantes proporcionaría al DHS y a otras agencias más de US$160 mil millones en nuevos recursos para la aplicación de las leyes de inmigración y fronteras durante los próximos cuatro años y medio.Sin embargo, la cifra podría aumentar. La WOLA refiere que durante la última semana, los comités del Senado publicaron sus propuestas sobre la versión del proyecto de ley y gastarían más que la Cámara de Representantes en medidas fronterizas y migratorias, con más de US$170 mil millones, de acuerdo con un borrador.Además, indica que las disposiciones de los senadores preservan el plan del proyecto de ley de la Cámara de gastar US$46.000 millones en barreras fronterizas, US$45.000 millones en capacidad de detención del ICE, más de US$14.000 millones para transportar deportados y recursos para contratar más empleados.Un análisis de WOLA del 22 de mayo señaló: "Nunca hemos visto nada que se acerque al nivel de endurecimiento fronterizo y los recursos masivos para la aplicación de las deportaciones previstos en este proyecto de ley".

Avanzan las deportaciones: el nuevo plan de Trump para eliminar solicitudes de asilo e ir contra los migrantes

El presidente Donald Trump delineó un nuevo plan migratorio que, de implementarse, dejaría sin protección a cientos de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Su estrategia apunta a acelerar las deportaciones y cancelar los pedidos de protección para aquellos extranjeros que hayan ingresado al país norteamericano sin autorización. Trump quiere deportar a los solicitantes de asilo: cómo funcionaría el planEsta estrategia de la administración Trump apunta directamente a quienes ingresaron a EE.UU. por vías no autorizadas y luego solicitaron asilo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Aunque estos pedidos permanecían en proceso, ahora podrían cerrarse sin una audiencia ante un juez de inmigración, lo que dejaría a las personas en riesgo inmediato de ser deportados, según explicaron desde CNN.En Estados Unidos, las leyes migratorias reconocen el derecho a pedir asilo a quienes huyeron de su país por motivos de violencia o persecución. Sin embargo, el plan de Trump busca revocar este acceso, tal como ya lo había intentado al inicio de su primer mandato, cuando restringió drásticamente las solicitudes en la frontera sur.Según datos federales, existen actualmente 1.450.000 de solicitudes de asilo afirmativo pendientes. Estas corresponden a personas que no se encuentran bajo procesos de deportación y que tramitaron sus casos directamente ante el Uscis.Un informe federal de 2023 reveló que alrededor del 25% de estos inmigrantes reconoció haber ingresado sin autorización al país norteamericano, lo que representa al menos un cuarto de millón de personas que quedarían afectadas por la nueva embestida de Trump.La nueva estrategia de Trump: más poder para deportar migrantes desde el UscisUna de las claves del plan radica en el cambio de rol que tendría el Uscis, una oficina que históricamente gestionó beneficios migratorios y no deportaciones. De acuerdo con un memorando interno citado por CNN, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, delegó a dicha agencia la facultad de iniciar procedimientos de expulsión acelerada, así como también de aplicar sanciones civiles y penales contra quienes violen las leyes migratorias.Este giro institucional representa una ruptura con décadas de política migratoria estadounidense, en la que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza eran las encargadas exclusivas de hacer cumplir las órdenes de expulsión.La propia oficina del Uscis, a través de su vocero Matthew Tragesser, respondió al medio citado que no tenía "nada que anunciar por el momento", pero destacó que la prioridad del organismo es "la evaluación y verificación de todos los extranjeros que buscan vivir o trabajar en los Estados Unidos". "El presidente Trump y la secretaria Noem otorgaron al Uscis la posibilidad de usar todas las herramientas disponibles para asegurar la integridad del sistema migratorio, detectar fraudes y expulsar del país a los inmigrantes ilegales", agregó.Programas migratorios en la mira del gobierno de TrumpEste nuevo plan no representa un hecho aislado. Durante su administración, Trump intentó acabar con diversas protecciones temporales destinadas a ciertos grupos de migrantes. Sin embargo, para los especialistas del medio citado, es inusual que el Uscis acepte una solicitud y luego la descarte abruptamente, lo que plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso.Aunque aún no se ha implementado oficialmente, el borrador del plan filtrado a CNN indica que Trump y su equipo están dispuestos a avanzar con una política migratoria más agresiva, donde la prioridad ya no sería analizar caso por caso, sino reducir el número de inmigrantes por vías expeditivas.

Avanza Trump: la orden suprema que permite continuar con las deportaciones de migrantes a "terceros países"

Una nueva decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó al gobierno de Donald Trump a continuar con su política de deportación de migrantes hacia terceros países, es decir a naciones alternativas a las de su origen. El fallo representa una victoria clave para la Casa Blanca.El fallo de la Corte Suprema y el aval a las deportaciones sin notificaciónLa Corte Suprema anuló este lunes una orden previa de un tribunal inferior que bloqueaba las deportaciones hacia países no designados como origen del migrante. La decisión otorga luz verde a la administración Trump para enviar personas a territorios donde no nacieron ni tienen vínculos directos, sin necesidad de ofrecerles la oportunidad de alegar miedo a tortura, persecución o muerte.La resolución generó una fuerte disidencia por parte de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En su voto particular, la primera sostuvo que la decisión del máximo tribunal "recompensa la ilegalidad" y acusó al gobierno federal de actuar con "una falta flagrante de respeto por el Estado de derecho". En un pasaje de su escrito, afirmó: "El gobierno ha dejado claro con sus actos y palabras que se siente libre de deportar a cualquier persona a cualquier parte, sin previo aviso ni posibilidad de defensa".El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) celebró la decisión judicial con una declaración recogida por CBS News: "El DHS puede ahora ejercer su autoridad legal y trasladar a migrantes en situación irregular hacia cualquier país dispuesto a recibirlos. Enciendan los aviones de deportación".Países de destino de migrantes deportados de EE.UU.: acuerdos de cooperaciónEl programa de deportaciones hacia terceros países es una pieza central del plan migratorio de Trump. Como parte de su estrategia, la Administración entabló conversaciones con gobiernos de América Latina, África y Asia para que reciban migrantes que no sean sus ciudadanos.Algunas de las naciones involucradas son:Costa Rica y Panamá: receptores potenciales dentro de acuerdos regionales de cooperación migratoria.Rwanda: propuesto como destino para solicitantes de asilo.El Salvador: con quien ya se cerró un entendimiento para detener a venezolanos acusados de integrar organizaciones criminales.En varios de estos casos, los migrantes fueron enviados a centros penitenciarios de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) salvadoreño.La demanda colectiva y el fallo original del juez Murphy que frenaba las deportacionesEn marzo pasado, cuatro migrantes latinoamericanos presentaron una demanda colectiva en nombre de todos los extranjeros susceptibles de ser deportados bajo esta modalidad. Alegaron que el gobierno debía notificarles con antelación y permitirles explicar por qué no podían ser trasladados a esos países sin poner en riesgo sus vidas.El juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, dio lugar parcialmente a la demanda en abril. En específico, dictó una orden que obligaba a las autoridades migratorias a:Informar por escrito a los migrantes sobre el país al que serían enviados.Brindarles una "oportunidad significativa" para expresar temores relacionados con tortura o persecución.El magistrado señaló que, sin estas garantías, se violaba el debido proceso constitucional. Sin embargo, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema la suspensión de esa medida al alegar que entorpecía los esfuerzos diplomáticos, logísticos y de seguridad nacional.

EEUU otorgará USD 7 millones adicionales a Panamá para financiar las deportaciones de migrantes irregulares

El acuerdo entre ambos países incluye el respaldo logístico y económico para operaciones de repatriación de extranjeros

La increíble cifra que podría perder California tras la persecución a migrantes latinos y las deportaciones

Un estudio reveló las consecuencias que podría tener California en materia económica, debido al incremento de deportaciones de inmigrantes. Esta comunidad forma parte de importantes industrias en la entidad, como la construcción, agricultura y servicios ocupacionales.Qué dice el estudio sobre el costo de las deportaciones masivas en CaliforniaEl Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía examinó los posibles impactos disruptivos que las deportaciones masivas tendrían en la economía, los mercados laborales, las pequeñas empresas y sectores industriales específicos. Dado que 1,5 millones de los casi 2,3 millones de residentes indocumentados del estado representan el 8% de la fuerza laboral de California.La investigación señala que el impacto de las expulsiones sería significativo, con un costo estimado para el estado de 275 mil millones en salarios y otras actividades económicas directas e indirectas."Solo con base en los salarios, los trabajadores indocumentados generan el 5% de la actividad económica general del estado, una cifra que se eleva al 9% al considerar el efecto dominó de sus gastos y otras contribuciones", señala un boletín sobre del Consejo.Asimismo, advierte que ciertas regiones, con mayor proporción de residentes indocumentados, experimentarían los peores impactos, como:El Valle de San JoaquínEl Área de la BahíaInland Empire (área metropolitana de Riverside-San Bernardino-Ontario)Los ÁngelesEl estudio se basó en fuentes de datos y entrevistas con decenas de empleadores, funcionarios electos, líderes comunitarios y otros.Abby Raisz, coautora del informe y directora de investigación del Instituto, señala: "Los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, han desempeñado un papel fundamental en convertir la economía de California en la cuarta más grande del mundo y están profundamente arraigados en nuestro tejido económico general".Añadió que el impacto de perder el 8% de la fuerza laboral del estado tendría un efecto devastador en la economía, y que las repercusiones se extenderían mucho más allá de las fronteras, "ya que la escasez de mano de obra contribuiría al aumento de los precios de los alimentos en todo el país".Impactos en los distintos sectores industrialesEl informe detalla que más de una cuarta parte de la fuerza laboral agrícola del estado es indocumentada y casi dos tercios son inmigrantes de cualquier estatus migratorio. Sin el trabajo de aquellos deportables por no tener documentos, el PIB generado por esta industria se contraería un 14%.La política de deportación masiva también afectaría gravemente a la industria de la construcción. El estudio advierte que este sector ya enfrenta una importante escasez de mano de obra y depende en gran medida de trabajadores inmigrantes: el 26% de ellos son indocumentados y el 61 % inmigrantes. Sin las labores de los indocumentados, el PIB generado por se reduciría casi un 16%.Otro hallazgo fue el impacto en las pequeñas empresas y la propiedad empresarial, que son uno de los mayores creadores de empleos en California. El estudio encontró que del 40% de todas las pequeñas empresas propiedad de inmigrantes, casi el 11% son propiedad de indocumentados.Señala que más del 80% de las empleadas domésticas que poseen pequeñas empresas son inmigrantes, y casi el 39% de ellas son indocumentadas. "Este patrón se extiende a otras industrias como la construcción, el paisajismo y el cuidado infantil, donde más del 20% de los propietarios de pequeñas empresas son indocumentados y más de la mitad son inmigrantes", explican.Además de los amplios impactos en la economía, las deportaciones masivas también afectarían significativamente las arcas públicas, destaca el reporte. De forma individual, un indocumentado promedio paga US$7000 en impuestos estatales, locales y federales."La pérdida de ingresos fiscales derivada de las deportaciones masivas costaría a los presupuestos estatales, locales y federales un total de US$23.000 millones anuales", según el estudio.Maria-Elena De Trinidad Young, coautora del estudio y profesora adjunta de Salud Pública en UC Merced, precisó que California tiene una larga historia de acoger a los inmigrantes, por lo que comprender cómo el aumento de la aplicación de las leyes migratorias afecta a la población es fundamental para abordar los temores que experimentan muchos miembros de la comunidad y para orientar la planificación, "no solo para el impacto económico y fiscal, sino también para el impacto humano".

DHS reanudará deportaciones masivas con presupuesto asegurado por la "One Big Beautiful Bill"

Kristi Noem aseguró que con los fondos se intensificaran estas operaciones y se finalizará la construcción del muro fronterizo

La Corte Suprema falló a favor de reanudar las deportaciones a países que no sean los de origen del migrante

El máximo tribunal de Estados Unidos avaló la política migratoria del gobierno, permitiendo traslados a naciones como Sudán del Sur, incluso sin notificar al migrante

¿Adiós al sueño americano? Las deportaciones masivas de Trump amenazan con un quiebre histórico en el patrón migratorio

Estados Unidos podría experimentar este 2025 un cambio drástico en su dinámica migratoria: por primera vez en al menos medio siglo, el país norteamericano perdería más inmigrantes de los que recibe. Las proyecciones de varios centros de estudio advierten que, debido a las políticas impulsadas por la administración Donald Trump, el saldo neto podría caer a cero o incluso volverse negativo, lo cual tendría un impacto directo en la economía estadounidense, desde el empleo hasta la inflación.Un giro sin precedentes en la historia migratoria reciente de Estados UnidosInvestigadores de instituciones como Brookings Institution y American Enterprise Institute, citados por The Washington Post, advirtieron que los cambios introducidos por el gobierno de Trump no solo redujeron el ingreso de nuevos migrantes, sino que también empujaron a muchos a abandonar el país norteamericano. Según un trabajo que están por publicar Wendy Edelberg y Tara Watson, junto con Stan Veuger, los indicadores sugieren que el saldo neto de inmigración podría cerrar el año en terreno negativo, algo que no sucede desde al menos la década de 1970.La caída en la migración comenzó a percibirse en los últimos meses, según datos del Departamento de Trabajo, que registró desde marzo pasado una reducción superior al millón de personas en la fuerza laboral nacida en el extranjero. Este retroceso se produjo luego de un período de auge en 2024, cuando la participación de trabajadores migrantes alcanzó niveles récord y contribuyó a la recuperación económica postpandemia.Las políticas de Trump que alimentan el éxodo de migrantes desde Estados UnidosEl retroceso migratorio responde en gran medida a una batería de medidas impulsadas desde la Casa Blanca, que han limitado tanto el ingreso como la permanencia de extranjeros en EE.UU.Entre las acciones más significativas, según The Washington Post, se encuentran:El cierre casi total de la frontera con México.La revocación de protecciones temporales y permisos laborales para más de medio millón de personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.La reducción drástica de admisiones de refugiados.La imposición de multas por 3000 millones de dólares a migrantes que no abandonaron el país norteamericano dentro del tiempo establecido.Oferta de vuelos gratuitos y pagos de US$1000 a quienes optaran por abandonar voluntariamente EE.UU mediante la aplicación CBP Home.La amenaza de cancelación de visas estudiantiles, especialmente para ciudadanos chinos, lo cual podría detener el ingreso de cientos de miles de estudiantes internacionales.Estas restricciones ya provocaron efectos visibles. En Boca Ratón, Florida, la residencia para adultos mayores Toby & Leon Cooperman Sinai Residences despidió a más de diez trabajadores originarios de Haití y Cuba, mientras que su directora ejecutiva, Rachel Blumberg, anticipó que perderán hasta 40 empleados debido a la eliminación del Estatus de Protección Temporal. "Estamos devastados. Su expulsión abrupta es desestabilizante e injusta", declaró la mujer, quien estimó que deberá aumentar su presupuesto salarial en unos US$600 mil anuales para atraer nuevos trabajadores, costos que inevitablemente repercutirán en los residentes.Sectores económicos en alerta por falta de mano de obra migranteLa escasez de trabajadores extranjeros amenaza con afectar particularmente a los sectores más dependientes de la migración: agricultura, construcción y hotelería. La situación llegó a tal punto que incluso simpatizantes del Partido Republicano en el sector empresarial presionaron para frenar las redadas migratorias en sus industrias.El propio Trump ordenó recientemente pausar los operativos en el agro, los hoteles y los restaurantes luego de recibir quejas de líderes industriales preocupados por el impacto de la pérdida de personal.Esta merma de fuerza laboral podría provocar aumentos en los precios, según advirtieron economistas como Adriana Kugler, gobernadora de la Reserva Federal. Según expuso en un discurso reciente citado por The Washington Post, la disminución de inmigración comenzó a frenar el crecimiento del empleo, lo que podría traducirse en una aceleración inflacionaria hacia finales de este año. No obstante, aclaró que aún no hay pruebas concluyentes de que esto haya elevado los salarios de los trabajadores locales.

Avanza el DHS: el último pedido del gobierno de Trump que acelera las deportaciones de migrantes latinos

En plena escalada de tensión por las redadas del ICE, la administración Trump les solicitó a los jueces que acepten con celeridad los pedidos de desestimación por casos de asilo presentados por abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de manera oral. El nuevo memorándum, revelado por NBC News, busca reducir el número de solicitudes aprobadas a favor de inmigrantes.La nueva normativa impuesta por Donald Trump contra los migrantes Según el documento, el Departamento de Justicia instó a los jueces a que permitan a los abogados del DHS presentar "mociones de desestimación en forma oral" y que estas se concedan de manera inmediata. "Las decisiones orales deben completarse dentro del mismo espacio de audiencia el día en que concluyen los testimonios y los argumentos", destaca el memorándum.Una vez desestimados los casos, las personas no tendrán el plazo de diez días para responder y podrían ser sometidos a una deportación acelerada, sin posibilidad de presentar sus solicitudes ante jueces de inmigración.Los arrestos del ICE en cortes de inmigración Las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las cortes son parte de la nueva estrategia de la administración Trump para aumentar el número de deportaciones."Todo esto forma parte de una estrategia del gobierno actual para, en esencia, eludir el sistema legal y los tribunales, negar a las personas la oportunidad de un juicio justo con el fin de deportar rápidamente a la mayor cantidad posible de personas sin respetar el Estado de derecho", destacó Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, en diálogo con NPR. Esta estrategia habría funcionado dado que el ICE reveló que los arrestos diarios a nivel nacional aumentaron a 2000, la cifra más alta desde que Donald Trump asumió su segundo mandato. Cuáles son los sectores que están protegidos de las detenciones del ICEEntre los rubros que no se verán afectados por detenciones o deportaciones aceleradas son los lugares de trabajo relacionados con la agricultura, hotelería y restaurantes.Según informó The New York Times, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, llamó al presidente Donald Trump para comunicarle el creciente temor del sector agricultor respecto a cómo las redadas podían afectar su industria. "Los agricultores dependen de los inmigrantes para trabajar largas jornadas. La Sra. Rollins afirmó que las asociaciones agrícolas le advirtieron que sus empleados dejarían de presentarse a trabajar por miedo, lo que podría paralizar la industria agrícola", aseveró el medio citado. Al día siguiente, Tatum King, un alto funcionario de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., les habría enviado un correo electrónico a los líderes de la agencia para "suspender todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la normativa en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (incluida la acuicultura y las plantas empacadoras de carne), los restaurantes y la operación de hoteles". Esta medida no se extendería la industria textil. "Esto no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los delincuentes de EE. UU. ¡Se avecinan cambios!", expresó el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social.

Trump impulsa nuevas metas para deportaciones masivas de migrantes en ciudades gobernadas por demócratas

El presidente llamó desde su red social Truth Social a intensificar las deportaciones masivas, intensificando sus operativos diarios

Nuevo ataque de Trump a las ciudades santuario: el ICE reforzará las deportaciones de migrantes y latinos

En una nueva ofensiva contra la inmigración irregular, Donald Trump prometió continuar y llevar adelante la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. El presidente criticó a las llamadas ciudades santuario y anunció que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificarán su presencia en urbes como Nueva York, Los Ángeles y Chicago.Trump ordenó al ICE aplicar una operación de deportaciones masivasDonald Trump comunicó que ordenó al ICE que "hagan todo lo que esté en su poder" para cumplir con lo que describió como "la operación de deportación masiva más grande de ilegales en la historia". La publicación apareció el domingo en su plataforma digital preferida, Truth Social, y tuvo un tono contundente, con múltiples acusaciones contra los líderes demócratas de las grandes ciudades.En su extenso mensaje, Trump sostuvo que los agentes de ICE se enfrentan diariamente a "violencia, acoso e incluso amenazas" por parte de políticos demócratas, a quienes acusó de fomentar el caos en las ciudades estadounidenses. A pesar de esos obstáculos, garantizó que su administración redoblará esfuerzos para remover de EE.UU. a millones de personas que, según él, residen sin autorización legal. "Nada nos detendrá en nuestra misión de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense", escribió.El presidente señaló directamente a las tres ciudades más pobladas del país norteamericano:Los Ángeles, en el estado de California.Chicago, en Illinois.Nueva York, en el estado homónimo.Según Trump, esas localidades representan el "centro del poder demócrata" y acusan a los inmigrantes indocumentados de "robar empleos bien pagos y beneficios a ciudadanos trabajadores".Ciudades santuario: el objetivo de Trump en su plan de deportación de migrantesTrump denunció que las ciudades santuario â??jurisdicciones que se niegan a colaborar plenamente con las autoridades migratorias federalesâ?? favorecieron el aumento de crímenes y la "destrucción de las ciudades interiores" de Estados Unidos. Además, sostuvo que esos lugares son el resultado de políticas progresistas que, desde su punto de vista, solo buscan "hacer trampa en las elecciones" y extender el llamado "Estado de bienestar".El mandatario también criticó duramente otras medidas adoptadas por sectores demócratas, como el reconocimiento de derechos para personas transgénero y la participación de atletas trans en competiciones femeninas. En específico, dijo que estos enfoques ideológicos solo profundizan el caos en las grandes urbes y que, por eso, la prioridad de las fuerzas federales será intervenir en esos espacios."Quiero que ICE, la Patrulla Fronteriza y nuestras fuerzas del orden patrióticas se concentren en nuestras ciudades llenas de crímenes y muerte", afirmó. Con este enfoque, Trump buscó reforzar su mensaje de orden y seguridad, y calificó a sus seguidores como "los verdaderos estadounidenses", en contraposición a lo que llamó la "izquierda radical enferma de la mente".El apoyo de Trump al ICE y las advertencias para los migrantesTrump reiteró su respaldo total a los agentes del ICE, al Pentágono, al FBI, a la DEA y a otras agencias federales, a quienes alentó a "hacer el trabajo" sin contemplaciones. "El pueblo quiere que nuestras ciudades, escuelas y comunidades estén seguras y libres del crimen de los inmigrantes ilegales", afirmó en su mensaje.También prometió que el Gobierno federal centrará sus recursos en lo que llamó "remigración", es decir, el retorno forzado de extranjeros a sus países de origen. En tanto, agregó que prohibirá el ingreso de cualquier persona que, a su criterio, pueda alterar la "tranquilidad doméstica" de Estados Unidos.La publicación dominical de Trump contrastó con otro mensaje que había lanzado días antes, cuando reconoció las quejas de empresarios agrícolas y hoteleros por la falta de trabajadores tras una política migratoria demasiado estricta. "Nuestros grandes agricultores y personas del sector hotelero y del ocio han dicho que nuestras políticas muy agresivas en inmigración están alejando a trabajadores valiosos y de larga data, con empleos que casi no tienen reemplazo", había indicado el jueves anterior.

En Nueva York: así se infiltran los agentes del ICE en las cortes de inmigración para acelerar las deportaciones

Las cortes de inmigración de la ciudad de Nueva York se han convertido en un foco de tensión, con agentes federales encubiertos realizando arrestos sorpresivos de inmigrantes que asisten a audiencias rutinarias. La nueva táctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha generado controversia y ha puesto en alerta a la comunidad migrante.La táctica de los agentes del ICE en las cortes de inmigración de New York CitySegún The New York Times, agentes federales vestidos de manera informal, con camisetas y gorras, y con los rostros cubiertos con máscaras, se infiltran discretamente en las audiencias de inmigración en la ciudad de Nueva York. Estos efectivos, apostados en los pasillos de los tribunales, esperan el momento oportuno para arrestar a los inmigrantes que tienen en la mira. Las detenciones a menudo resultan en escenas caóticas, con separaciones de familias.El edificio federal en 26 Federal Plaza, que alberga una sede del ICE y uno de los tres tribunales de inmigración de la ciudad, se ha convertido en un centro de la aplicación de la ley de inmigración en Nueva York. Los agentes del ICE han arrestado a docenas de migrantes dentro y alrededor del edificio, así como en los otros dos tribunales de Manhattan, manteniéndolos fuera de la vista en 26 Federal Plaza antes de trasladarlos a centros de detención fuera de la ciudad.Estas prácticas han provocado protestas en los alrededores del edificio, resultando en el arresto de varios manifestantes que intentaron bloquear las camionetas que transportaban a los migrantes, según The New York Times. La presencia de agentes en los tribunales, que antes se consideraban espacios seguros, ha interrumpido las operaciones judiciales y, según los críticos, ha erosionado su estatus como lugares seguros para que los inmigrantes interactúen con el sistema legal.Cuál es la instrucción que recibieron los jueces de inmigración para acelerar deportacionesSegún NBC News, los jueces de inmigración recibieron un memorando que detalla la nueva táctica. El documento instruye a los jueces a permitir que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presenten mociones de desestimación oralmente y concederlas rápidamente, en lugar de otorgar a los inmigrantes los 10 días habituales para responder."Las decisiones orales deben completarse dentro del mismo horario de audiencia el día en que concluyen los testimonios y argumentos", señala el memorando, fechado el 30 de mayo. NBC News indica que también se indica a los jueces que "no se requiere documentación ni información adicional" para conceder las desestimaciones.Una vez desestimados los casos, los extranjeros pueden ser sometidos a un proceso de deportación acelerada, lo que significa que podrían ser removidos del país sin tener la oportunidad de presentar otros tipos de alivio migratorio, como solicitudes de asilo.Billy Botch, un observador de la organización American Friends Service Committee Florida, declaró que los arrestos ocurren inmediatamente después de que se desestiman o cierran los casos de inmigración. "Algunas personas expresan alegría, dan gracias o celebran, solo para que todo eso sea reemplazado por tristeza, miedo y enojo, mientras son esposados y puestos bajo custodia", afirmó Botch.Los funcionarios federales argumentan que los arrestos en los tribunales permiten detener a las personas en un entorno controlado, sin necesidad de desplegar equipos en las comunidades, lo que requiere más tiempo y planificación y pone en riesgo a los agentes y al público. El Departamento de Seguridad Nacional también ha justificado el uso de máscaras argumentando un aumento en las amenazas contra sus oficiales.Demanda contra el estado de Nueva York por una medida de "santuario" para migrantesEn paralelo, la administración Trump demandó al estado de Nueva York en 2020 por una ley estatal que limita las facultades de los agentes de inmigración para realizar arrestos en tribunales estatales o locales. La demanda alega que la ley representa un esfuerzo inconstitucional para obstaculizar los esfuerzos de control de inmigración.La ley de Nueva York establece que los agentes de la ley solo pueden arrestar a personas en o cerca de los tribunales si tienen una orden judicial o una orden de arresto criminal firmada por un juez. Esto dificulta que el ICE realice arrestos por asuntos migratorios, que son de carácter civil.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

Estos son los casos en los que proceden las deportaciones express en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) implementa nuevas estrategias para identificar a migrantes indocumentados en todo el país, como la presencia en los tribunales de inmigración. En ciertos casos, pueden emitir una deportación express o acelerada: ¿en cuáles?Cuándo puede el ICE emitir una expulsión aceleradaEl Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un memorando el 21 de enero pasado sobre la "Designación de extranjeros para deportación acelerada" que amplía el alcance de las autoridades federales sobre los migrantes que no presenten presencia continua en EE.UU. durante dos años.El proceso de expulsión express implica que no es necesaria una audiencia completa ante un juez de inmigración para deportar a un ciudadano que ingresó de forma no autorizada en el país o que violó las leyes migratorias. En determinadas ocasiones, se realiza una audiencia abreviada para evaluar la situación.El documento del DHS indica que la deportación express puede aplicarse a:Extranjeros que el organismo gubernamental tenga conocimiento de que cumplen con los requisitos para una deportación acelerada, revise el caso y considere implementarla. Este proceso puede incluir medidas para poner fin a cualquier estatus de libertad condicional activo.Migrantes a los que se les concedió una protección contra la deportación que puede ser suspendida, modificada o cancelada de forma inmediata.El ICE advierte que puede emitir una orden de deportación acelerada a los ciudadanos que se encuentran físicamente en Estados Unidos y que no pueden probar su presencia en el país durante dos años, independientemente de si tienen casos pendientes de resolución. Estas competencias también pueden llevarlas a cabo oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).Los casos sujetos a elegibilidad para este proceso incluyen la participación en actos criminales o delitos, así como no cumplir con las condiciones del permiso migratorio (si se posee).Qué hacer si se recibe una orden de deportación acelerada en Estados UnidosLos migrantes que reciben un aviso de expulsión acelerada pueden apelar la sentencia en ciertos casos. El gobierno estadunidense recomienda que se busque asistencia legal a través de profesionales o asociaciones que abogan por los derechos de los extranjeros. La mayoría de los procesos de deportación se realizan por vía aérea a cargo de la administración federal. En tanto, aquellos afectados que no cometieron delitos violentos pueden optar al programa Radid REPAT, para salir de prisión si se encuentran detenidos y regresar voluntariamente a su país de origen.El gobierno de Donald Trump implementó recientemente la aplicación CBP Home, a través de la cual los ciudadanos que se encuentren sin estatus legal en EE.UU. pueden solicitar la salida voluntaria del país. Según el ICE, esta vía puede evitar las consecuencias legales de permanecer sin autorización en el territorio, como la prohibición de reingreso por un período limitado o permanente.Además, la administración republicana ofrece un estipendio de US$1000 para aquellos extranjeros que decidan utilizar esta herramienta, una vez abandonen Estados Unidos y se encuentren en su país de origen.Los expertos recomiendan asesorarse legalmente antes de tomar ninguna decisión para evaluar su caso.

Volantazo en el plan de deportaciones de Trump: lo que revela la operación "más grande de la historia" del ICE

El objetivo de 3000 detenciones diarias de migrantes llevó a redadas masivas como la Operación Patriota y a una reorganización de las fuerzas federales. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzará la "Operación a Gran Escala", con recursos de diferentes agencias federales, para cumplir con las metas migratorias de la administración de Donald Trump.La operación más grande de ICE expone la preocupación de funcionariosLas redadas de ICE son cada vez más imponentes y ahora el organismo lanzará la "Operación a Gran Escala", un plan nacional para aumentar los arrestos de migrantes ilegales en el que habrá más 5000 oficiales de todas las agencias policiales federales y 21 miembros de la Guardia Nacional, según informó NBC News. Se trata de una de las operaciones migratorias más grandes de ICE en los que esperan destinar recursos relacionados con la inmigración de otros organismos federales que no suelen participar de los arrestos. Entre ellos, se esperan utilizar para las detenciones:3000 agentes del ICE, entre ellos 1800 de Investigaciones de Seguridad Nacional, que habitualmente se dedican a delitos transnacionales. 2000 empleados del Departamento de Justicia del FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas. 500 empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).250 agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), algunos para llevar información sobre el paradero de inmigrantes y que otros con la autoridad para realizar arrestos de extranjeros.21.000 miembros de la Guardia Nacional para asistir a ICE en las operaciones, esto deberá ser aprobado por el Departamento de Defensa.Además, según el borrador al que accedió el medio local, el gobierno considera la creación de un grupo de trabajo conjunto liderado por un alto cargo del Departamento de Seguridad Nacional y otro del Departamento de Justicia. El equipo trabajaría en las oficinas locales del FBI y el ICE en todo el país norteamericano para identificar y encontrar aquellas personas involucradas a las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, las cifras y el reordenamiento de los agentes con la prioridad en cumplir la ley migratoria comienza a molestar a algunos funcionarios.Crece la preocupación por el uso de recursos federales para operaciones de ICETres funcionarios, que no quisieron que ser mencionados, revelaron a NBC News su preocupación al considerar que disponer de grandes recursos de agencias federales para los arrestos y deportaciones masivas de migrantes puede dejarle menos atención a otro tipos de investigaciones criminales."Hay tanta prioridad en realizar arrestos migratorios que se tarda más en obtener respuestas sobre cualquier otro asunto. Algo que antes se resolvía en cuestión de días ahora tarda semanas", apuntó un agente federal. El cambio de recursos no afecta solo en las detenciones y en el personal involucrado, sino también en los tribunales que procesan a los migrantes. Además, los funcionarios advierten que el FBI casi siempre lideró las investigaciones conjuntas, pero solía evitar involucrarse en operaciones de control migratorio. Ahora, algunos empleados de ese organismo incluso han recibido orientación para minimizar las acciones que realizan durante las redadas para evitar entrar en viviendas cuando se unen a las operaciones del ICE, según señalaron los cuatro agentes al medio. Y es que los agentes federales participan de operativos de órdenes de deportación administrativa no criminales, es decir, por delitos relacionados con la inmigración, que no son el tipo de órdenes de las que se encarga el FBI.

Así es el pueblo de Estados Unidos que se beneficia de las detenciones y deportaciones del ICE

Mientras que muchas comunidades en Estados Unidos se oponen abiertamente a los operativos de detención de inmigrantes, hay otras donde estos procedimientos federales generaron un impacto favorable en sus finanzas. Tal es el caso de Winnfield, un pequeño pueblo ubicado en la región norte de Louisiana, cuya economía resurgió a partir de un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).El acuerdo con ICE que cambió el rumbo económico de WinnfieldWinnfield, históricamente conocida por su actividad maderera, enfrentó una profunda crisis económica a medida que la industria se automatizó y la infraestructura de transporte cambió. La construcción de una autopista interestatal desvió el tráfico comercial y turístico de la zona, lo que derivó en una fuerte reducción demográfica y el cierre de múltiples negocios del centro.Sin embargo, en los últimos años, el ICE apareció como una oportunidad de revitalizar el recurso local. De acuerdo con un reporte de The Washington Post, hace seis años, la agencia federal firmó un contrato con las autoridades del condado de Winn para utilizar su prisión como centro de detención migratoria. La instalación, que ahora cuenta con una capacidad de aproximadamente 1600 camas, se convirtió en el mayor centro de detención del estado de Louisiana y uno de los más grandes a nivel nacional.Este cambio significó una inyección directa de recursos federales. Se crearon nuevos empleos, se mejoraron instalaciones y aumentaron los servicios en el área. Oficiales y unidades especializadas del sheriff, sistemas de videovigilancia y hasta programas de capacitación han sido posibles gracias a los ingresos generados por el contrato de detención.El rol de los contratos federales en la economía localEn zonas rurales como Winnfield, donde una cuarta parte de la población vive bajo la línea de pobreza, según el medio estadounidense, la llegada de estos fondos transformó el panorama financiero. El contrato le garantizó el pago por un porcentaje mínimo de camas ocupadas, lo que aseguró ingresos estables, incluso si la ocupación disminuye temporalmente.El sheriff del condado, Josh McAllister, detalló a The Washington Post cómo estos fondos permitieron la expansión de su personal, la adquisición de equipo especializado y el lanzamiento de nuevos servicios comunitarios, como unidades caninas y asistencia para adultos mayores. Incluso mencionó planes para incorporar programas de jardinería para los detenidos, así como mejoras en el control animal.El fenómeno que ocurre en Winnfield no es aislado, en el llamado "corredor de detención" del sur de EE.UU., hay numerosos pueblos pequeños que albergan sitios similares. La región concentra algunos de los mayores centros de detención del país norteamericano, especialmente en Texas, Georgia, Mississippi y Louisiana.Según datos de TRAC Immigration, Louisiana ocupa el segundo lugar en número de personas bajo custodia del ICE, solo detrás de Texas. El Centro Correccional de Winn promedia más de 1500 detenidos por día. Este nivel de actividad convierte a la prisión en un eje económico fundamental para la zona.El dilema entre beneficios económicos y derechos humanosPara muchos en Winnfield, los beneficios tangibles de la presencia del ICE se reflejan en calles más iluminadas, mejores escuelas y mayor empleo. Pero el debate ético sobre el papel de los centros de detención en comunidades empobrecidas sigue abierto.Grupos pro-inmigrantes como Detention Watch Network advierten que este modelo económico, basado en la retención de personas por su estatus migratorio, distorsiona los objetivos de justicia y compasión que deberían guiar la política migratoria del país norteamericano. Sostienen que los incentivos financieros están configurados para aumentar las detenciones y reducir costos por persona, una fórmula que ha llevado al crecimiento sostenido del sistema en las últimas décadas.Mientras las conocidas "ciudades santuario" en otras partes de EE.UU. se enfrentan con el gobierno federal por políticas de deportación, pueblos como Winnfield hallaron una forma de mantenerse a flote en un contexto económico adverso.

Deportaciones masivas: ICE arresta número récord de inmigrantes en un solo día

En plena carrera por alcanzar el nuevo objetivo de las 3000 detenciones diarias impuesto por la Casa Blanca, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) batió su propio récord y arrestó a más de 2200 inmigrantes en un solo día. La cifra, inédita para la agencia federal, reflejó la presión creciente del gobierno de Donald Trump por acelerar las deportaciones masivas en todo Estados Unidos.Nuevo objetivo de arrestos: la Casa Blanca exige 3000 por díaDías antes del operativo masivo, funcionarios de alto rango de la administración federal, entre ellos, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunieron con autoridades del ICE para elevar formalmente el objetivo diario de arrestos a 3000. Hasta ese momento, el promedio oscilaba entre 1200 y 1500. Durante ese encuentro, Miller advirtió que quienes no cumplan con la nueva cuota quedarían expuestos a despidos.Según indicaron fuentes gubernamentales a New York Post, los 2200 arrestos récord representan un incremento del 37% respecto a los 1600 diarios que hubo en promedio la semana pasada.El récord no fue casual. Además de sus 3000 oficiales puestos a disposición, el ICE contó con el apoyo de otros 2000 empleados federales, incluidos miembros del FBI, la DEA y el Departamento de Justicia. Esta iniciativa se enmarca en la denominada "Operation At Large", diseñada para ejecutar arrestos rápidos con ayuda de la Guardia Nacional.Radiografía de los arrestos: la táctica del ICE con detenciones durante citas programadasUna gran parte de las 2200 personas detenidas formaban parte del programa Alternativo a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés), una iniciativa que libera a extranjeros sin antecedentes penales mientras se los rastrea con grilletes electrónicos o aplicaciones de geolocalización. Varios de ellos fueron citados mediante mensajes de texto masivos a presentarse antes de lo previsto en las oficinas del ICE y, según informó NBC News, al llegar, fueron arrestados.Según datos internos del ICE, más del 98% de las personas dentro del programa ATD acuden puntualmente a sus controles, por lo que fueron un blanco "fácil" para la policía migratoria. Atenas Burrola Estrada, del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, cuestionó los criterios de selección. "La red (del ATD) es tan amplia que no hay ningún argumento válido posible de que todos estos individuos sean peligrosos", sostuvo. Muchos de los detenidos de este miércoles tienen casos de asilo o apelaciones pendientes, lo que impide una deportación inmediata. Aun así, abogados y defensores aseguran que sus clientes fueron arrestados sin una orden final ejecutable.Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que "la gente ahora tiene cada vez más miedo y se siente intimidada por la forma en que el ICE ejecuta este tipo de medidas de control a una escala tan generalizada, indiscriminada y masiva".El exjefe de personal del ICE bajo la administración Biden, Jason Houser, criticó la estrategia: "Que ICE arreste a personas que ya están bajo Alternativas a la Detención es un teatro burocrático". Por su parte, Abigaíl Jackson, vocera de la Casa Blanca, respaldó la línea dura. "Estamos comprometidos a remover de manera agresiva y eficiente a los inmigrantes ilegales de Estados Unidos", afirmó la funcionaria federal.

"ChatCBP": cómo es la inteligencia artificial que ayuda a Donald Trump con las deportaciones en EE.UU.

El uso de inteligencia artificial (IA) por parte del gobierno federal de Estados Unidos ha ganado fuerza en los últimos años. Entre las herramientas más recientes apareció una que se sumará a los recursos de las agencias de seguridad: "ChatCBP", un sistema automatizado diseñado para asistir al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) bajo la administración de Donald Trump.Qué es ChatCBP y cómo funcionaLa tecnología detrás de ChatCBP no está orientada al público general. Se trata de una herramienta interna con funciones especializadas que buscan facilitar la revisión y procesamiento de documentos, análisis de datos y otras tareas administrativas clave para los empleados federales que trabajan en la frontera. Su implementación se da en un momento de fuerte presión política por parte de la administración Trump para acelerar deportaciones y reforzar el control migratorio.Desarrollado para operar dentro del entorno de CBP, esta herramienta está basada en modelos de lenguaje de gran escala, similares a los utilizados en asistentes virtuales como ChatGPT. Aunque el chatbot aún no se encuentra disponible públicamente, ya cuenta con una página institucional destinada a su lanzamiento. De acuerdo con el reporte de FedScoop, medio especializado en tecnología gubernamental, el sistema permitirá a los agentes ahorrar tiempo al procesar reportes, órdenes administrativas y otros documentos relacionados con la ejecución de políticas migratorias. El uso de ChatCBP se centrará en agilizar procedimientos sin reemplazar al personal humano, y los trabajadores reciben formación específica para interactuar con esta herramienta."Está diseñado para mejorar la eficiencia y el acceso a la información para el personal de CBP, al mismo tiempo que cumple con los estándares de seguridad", dijo un portavoz de la agencia fronteriza a FedScoop. "Ofrecerá funciones como resumen de documentos, compilación, extracción de información y análisis de múltiples archivos, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar e interpretar documentos", aseguró.La automatización del gobierno federal de Donald TrumpLa introducción de ChatCBP forma parte de una tendencia creciente dentro del gobierno federal en la integración de IA en distintas agencias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), por ejemplo, ya ha lanzado su propio asistente virtual, con funciones parecidas, llamado DHSChat.A diferencia de esta, ChatCBP fue diseñado exclusivamente para tareas operativas en el ámbito fronterizo. Se espera que pronto se integre con otros sistemas existentes dentro del CBP, como plataformas internas de gestión y archivos institucionales. Su capacidad para acceder a datos estructurados mediante interfaces de programación (API) también le permite actualizar su información de manera continua y responder a requerimientos específicos del personal.Inteligencia artificial y control migratorio: una combinación controversialEl contexto en el que aparece la IA es clave. Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y su renovado impulso hacia políticas de deportación masiva, las agencias federales han intensificado sus operativos. En este marco, herramientas como ChatCBP representan un recurso estratégico para acelerar tareas administrativas ligadas a detenciones, traslados y procesamiento de casos migratorios.Sin embargo, la implementación de tecnologías automatizadas en agencias de control ha despertado inquietudes. Un análisis de Msnbc ha señalado los riesgos que implica delegar procesos de evaluación migratoria o clasificación de personas a sistemas que podrían replicar sesgos o carecer de supervisión adecuada.La creciente automatización en entornos gubernamentales sensibles plantea interrogantes sobre la ética y el alcance de estas herramientas, especialmente en escenarios donde las decisiones pueden afectar directamente la vida de miles de personas.En este caso, la preocupación se extiende a cómo CBP podría usar la información generada por el chatbot en procedimientos sensibles como los relacionados con solicitudes de asilo, antecedentes migratorios o categorización de riesgo.Mientras la página oficial de ChatCBP continúa en desarrollo, su anuncio representa un nuevo capítulo en la forma en que el gobierno estadounidense administra la frontera.

Juez de EEUU permite impugnar deportaciones de migrantes enviados a megacárcel de El Salvador

Una decisión judicial permitirá a más de 100 migrantes apelar su traslado a una prisión de Centroamérica desde territorio estadounidense

La Corte Suprema dio su aval a las deportaciones

La medida afecta a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que habían ingresado a territorio estadounidense bajo la figura legal de "parole humanitario."

Cuáles son los cambios para los inmigrantes en acceso a la salud, educación, permanencia y deportaciones

El Gobierno oficializó el endurecimiento de las condiciones de ingreso al país, a la vez que buscará facilitar el régimen de deportación. Las modificaciones respecto a la educación superior y la salud para residente temporarios

El Gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema su aval para continuar con las deportaciones de migrantes irregulares a terceros países

La Casa Blanca busca que el máximo tribunal anule la orden del juez Brian Murphy, impuesta tras un vuelo con ocho hombres a Sudán del Sur

¿Adiós a las deportaciones?: experto en inmigración explica la decisión sobre la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU.

Hace unos días, la Corte Suprema bloqueó las deportaciones de migrantes venezolanos a los que acusa de ser pandilleros. La determinación impide que la Administración Trump reinicie las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, pero qué significa la decisión, esto explica un abogado experto en inmigración.Abogado de inmigración explica la decisión de la Corte Suprema sobre deportacionesEl abogado de inmigración Héctor Benítez, del despacho Benme Legal, explicó para el programa Hoy Día de Telemundo, lo que significa para los migrantes en Estados Unidos la decisión que tomaron los magistrados.Benítez señaló que, en principio, la Corte no determinó todavía si la Ley de Enemigos Extranjeros es legal o es ilegal. Sin embargo, sí puso en pausa cualquier tipo de deportación que se pueda dar bajo la invocación de la legislación, hasta que decidan el fondo de la medida.Asimismo, el legista indicó que los magistrados ratifican que indistintamente de lo que pase, cualquier persona que se encuentre en EE.UU., ciudadano americano o no, tiene derecho al debido proceso."Lo que están diciendo es que en este momento tú no puedes remover una persona del país sin haberle concedido por lo menos la oportunidad de defenderse", precisó el abogado.La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 otorga al presidente amplios poderes para detener, expulsar y controlar a personas en territorio estadounidense que sean nacionales de cualquier potencia extranjera considerada hostil o invasora. Bajo la legislación, los inmigrantes pueden ser deportados sin audiencia previa y solo con base en su país de nacimiento o ciudadanía.En ese sentido, Benítez destacó que hasta el momento no se pone en duda el hecho de que alguien acusado puede ser terrorista, criminal, etc., y lo "que se está buscando es el respeto a que todas las personas tengan en mayor o menor grado la oportunidad de tener una audiencia para poder defenderse, para poder ser oído".Agregó que uno de los elementos que se han discutido es que, en teoría, las cortes no tienen la facultad, según la administración, de revisar lo que son actuaciones en el contexto migratorio para poder llevar a cabo estas deportaciones.En palabras del experto, la Corte Suprema, indirectamente, quiere decir que ya no entrará más en discusión sobre si tienen facultad para la revisión de este tipo de procedimientos, y, por el contrario, afirmaría que sí tienen la jurisdicción y por ende pueden dictar decisiones en ese marco. Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros: antecedentesEl pasado mes de marzo, el gobierno de Trump invocó ley de 1798 para expulsar del país a al menos 137 ciudadanos venezolanos, quienes fueron deportarlos a El Salvador, donde han permanecido encarcelados indefinidamente en una prisión de máxima seguridad. Varias impugnaciones legales nacionales contra las acciones de la administración están en trámite en los tribunales, pero los abogados del gobierno han dejado claro que, a menos que los jueces lo impidan, la administración tiene la intención de llevar a cabo más deportaciones en virtud de la ley en el futuro.Ahora, la Corte Suprema dictaminó que la administración no dio a las personas de un centro de detención en el norte de Texas tiempo suficiente para impugnar sus deportaciones. Así, establece que los detenidos tienen derecho a un aviso con más tiempo que las aproximadamente 24 horas que el gobierno dio a los venezolanos.Pero los magistrados consideran que estar alejados de las circunstancias sobre el terreno, y devolvieron el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que se pronuncie sobre el fondo. "Hoy únicamente decidimos que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril, y otorgamos una medida cautelar temporal".

Arrestos, interrogatorios en aeropuertos y deportaciones: con Trump, el miedo se extiende a los migrantes legales

WASHINGTON.- Robert M., un norteamericano de 35 años que trabaja en el mundo académico en Washington, añora sus años en Buenos Aires, donde estudió y llegó a trabajar en un área del gobierno nacional. "Me encantaría volver pronto de visita", dice en perfecto español, con acento porteño. "Pero ahora no es el momento. Tengo miedo por lo que pueda pasar con mi esposa, que es brasileña", señala, en medio del temor expandido en Estados Unidos entre millones de residentes legales por la intensificación de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, con los estudiantes extranjeros de Harvard como último eslabón.La mujer de Robert M., dos años menor, obtuvo hace 13 meses la green card, la autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos sin restricciones temporales. "Leí casos de migrantes con la Tarjeta de Residente Permanente que al volver al país fueron retenidos durante horas en el aeropuerto, o directamente arrestados. Queremos ir a la Argentina y Brasil, pero no nos podemos arriesgar a esa situación", explica Robert M., que prefiere resguardar su identidad. "Tampoco quiero dejarla sola aquí, puede pasar cualquier cosa hasta en un control en la calle", confiesa a LA NACION.Su relato es solo uno de los que se multiplican en Estados Unidos de migrantes legales -como los 12,8 millones con green card u otros con distintos visados- que tienen miedo a ser demorados, arrestados o, incluso, deportados por las autoridades migratorias, a medida que se revelan varios casos de ese tipo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero."Hay un miedo a hablar en una magnitud que yo no había visto nunca", dice, sorprendido, un investigador argentino en Illinois que lleva más de 25 años en el país."Lo que llama mucho la atención de estos casos es que han sido más visibles y con consecuencias más directas. Hay una mayor investigación por parte del gobierno para identificar cualquier situación de antecedente legal, aunque sea menor, lo cual puede llevar a que una persona que es residente permanente legal pueda perder el beneficio", explica a LA NACION Ariel Ruiz Soto, experto del Migration Policy Institute (MPI). Soto remarca que no es la primera vez que se dan casos de este tipo, pero sí que se está poniendo "un nuevo énfasis de presión pública" para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ahora se ocupe de este tipo de operaciones y les dé mayor visibilidad. El objetivo, claro, es mostrar un alto nivel de acción para avanzar con una de las grandes promesas de campaña de Trump: la lucha contra la migración ilegal."Desde febrero empecé a recibir muchas llamadas y gestiones para consultas de residentes permanentes, personas con estatus legal y ciudadanos norteamericanos. Eso sí es algo nuevo, que no había visto durante la primera administración Trump", contó a LA NACION Helena Tetzeli, abogada experta en temas migratorios con una larga trayectoria en Miami."Para mí, esas llamadas han sido chocantes. Muchos tienen miedo de viajar al exterior, quieren información y asesoramiento acerca de sus derechos, por si acaso los para un policía u otro agente federal", agregó.Es un caso similar al de muchos estudiantes extranjeros de Harvard, en medio de la batalla judicial con el gobierno luego de que la administración Trump revocara la facultad de la universidad para matricular estudiantes extranjeros con el riesgo de perder sus visas. Aunque la medida fue bloqueada este viernes por la Justicia, la incertidumbre de los cerca de 6800 alumnos extranjeros está lejos de quedar despejada. La disputa en los tribunales promete continuar. Alumnos argentinos de Harvard consultados por LA NACION pusieron énfasis en el temor que hay por los viajes, tanto para salir de Estados Unidos como para volver a entrar desde el exterior, ante los casos de revocaciones de visas o interrogatorios en los aeropuertos al llegar al país.Respecto a los casos más visibles de arrestos de green card holders, como se los llama aquí, los especialistas resaltan el del alemán Fabian Schmidt, de 34 años y con residencia legal permanente en Estados Unidos. Las autoridades migratorias lo detuvieron a su llegada al aeropuerto internacional de Boston el 7 de marzo. Fue interrogado por delitos menores que había enfrentado hacía 10 años, y posteriormente fue trasladado a un centro de detención federal en Rhode Island. Tras dos meses, fue liberado.También fue llamativo el caso del argentino Agustín Gentile, de 31 años, arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras regresar de un viaje al exterior al aeropuerto de Los Ángeles. Las autoridades detectaron que tenía antecedentes y comenzó un proceso que derivó en el traslado al centro de detención Stewart, en Georgia, y con la posibilidad de que sea deportado del país donde vive desde hace 18 años. La semana pasada tuvo la audiencia prevista ante una jueza, y tuvo el acompañamiento del consulado argentino en Atlanta, según supo LA NACION.De acuerdo a un estudio reciente del Pew Research Center, uno de cada cinco adultos norteamericanos (19%) dice que le preocupa mucho o algo que un familiar o un amigo íntimo puedan ser deportados. Esa cifra sube al 42% entre los adultos hispanos, mientras que el 30% de los inmigrantes afirman que les preocupa que se les pueda pedir una prueba de su ciudadanía estadounidense o de su estatus migratorio."Como esa encuesta fue hecha entre finales de febrero y principios de marzo, es posible que las actitudes de las personas hayan cambiado desde entonces. En ese momento la administración Trump ya había comenzado a implementar sus planes migratorios, pero no a usar la Ley de Enemigos Extranjeros ni a eliminar las protecciones de deportación para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Hoy los números serían diferentes", advierte a LA NACION Jens Manuel Krogstad, uno de los autores del informe. No le hizo falta aclarar que los porcentajes actuales serían superiores.Temores y precaucionesLos relatos del temor y las nuevas precauciones que toman los extranjeros legales son recurrentes y variopintos. Un profesor universitario argentino residente en el estado de Delaware contó que desde que empezaron a surgir los casos, sale "a todos lados" con su formulario I-797, una carta que envía el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) que acredita su estatus legal. "Jamás lo había sacado de mi casa antes. Tengo la paranoia de perderlo o que alguien me robe la mochila", le dice a LA NACION, mientras muestra la copia. "Lo cuido más que a mi corazón", agrega. Alumnos extranjeros de distintas universidades, con visas de estudiante, relatan que tienen temor a ser parados en controles policiales cuando manejan, y que les pidan algún papel que no tienen a mano. "Eso es notable. Yo por suerte no manejo", dice a LA NACION un empleado alemán de una universidad, que prefiere resguardar su identidad.Otros extranjeros con papeles que viven desde hace años en Estados Unidos cuentan que incluso empezaron a llamar a sus contadores para cerciorarse de que tienen en regla sus historiales impositivos. "A ver si me sale una declaración jurada mal hecha hace cinco años... Hoy todo puede ser una razón válida para los agentes federales", dice un argentino que vive en Washington a este diario. "Las green cards y visas son un privilegio, no un derecho. Todos deberían estar alerta", fue una de las advertencias del Uscis en las últimas semanas, que subrayan el enfoque ampliado de la administración Trump en la aplicación de las leyes migratorias, dirigidas cada vez más no solo a los indocumentados, sino también a los residentes legales.Coming to America and receiving a visa or green card is a privilege. Our laws and values must be respected. If you advocate for violence, endorse or support terrorist activity, or encourage others to do so, you are no longer eligible to stay in the U.S. pic.twitter.com/dMinvxzVzO— USCIS (@USCIS) April 30, 2025En el centro de ese cambio se encuentra una política cada vez más centrada en la vigilancia de las redes sociales y el escrutinio ideológico, advierten organizaciones de defensa de derechos civiles.En esa línea, hay profesores universitarios a quienes las autoridades académicas les "sugieren" borrar cualquier viejo posteo en redes sociales que sea crítico con Trump o con los republicanos. "Aunque sea una nota del The New York Times u otro diario con un tono negativo. Cualquier cosa que se asemeje", cuentan a este diario.También es recurrente que, al hablar mucho de estos temas con otros residentes legales, a los jóvenes les aparezcan historias en los feeds de sus celulares con noticias de detenciones del ICE. "Es lo mismo que pasa con las publicidades en Instagram, pero con este tema", dice a LA NACION un estudiante mexicano que vive en Los Ángeles.En marzo pasado, el Uscis había anunciado que pronto requeriría que los solicitantes de green cards revelen todas sus direcciones de redes sociales, parte de un esfuerzo de investigación más amplio que la agencia señala que es esencial para la seguridad nacional.La información se usaría para "verificación de identidad, investigación y evaluación de seguridad nacional", y afectaría a más de 2,5 millones de solicitantes. Los críticos de la medida advierten que su alcance y subjetividad podrían socavar la libertad de expresión."Hay un gran énfasis de las agencias del gobierno en identificar personas que generalmente están en desacuerdo por razones políticas al gobierno", advierte Soto.El DHS anunció en abril que examinaría las redes sociales de los migrantes en busca de indicios de antisemitismo, lo que dijo que sería motivo para "denegar las solicitudes de prestaciones de inmigración". El análisis busca pruebas de "apoyo, apología, promoción o respaldo del terrorismo antisemita".El propio vicepresidente JD Vance se metió el mes pasado en el debate. "Un titular de una green card, aunque me caiga bien, no tiene derecho indefinido a estar en Estados Unidos", dijo a Fox News. "Los ciudadanos estadounidenses tienen derechos diferentes de las personas que tienen tarjetas de residencia o visados de estudiante. Así que mi actitud al respecto es que no se trata fundamentalmente de libertad de expresión. Sí se trata de seguridad nacional", justificó.Una mexicana de 38 años con una green card en el estado de Texas, casada con un ciudadano estadounidense, deseaba visitar a su familia en Chihuahua, pero le inquietaba "mucho" lo que pudiera pasar al volver a cruzar a Estados Unidos. Desistió del viaje. "Mi preocupación es que esto no cambie pronto", dice. El temor a los controles en cualquier punto de entrada al país -aéreos o terrestres- es uno de los más citados."Hemos sido contratados preventivamente por residentes permanentes que desean viajar, porque habían sido activos en redes sociales expresándose políticamente. Tenían miedo de tener algún problema en la puerta de entrada de Estados Unidos al volver", reveló Tetzeli, que cuenta que dan consejos a los clientes que consultan acerca de las medidas que pueden tomar al entrar al país para proteger el acceso a celulares o laptops por parte de agentes federales."El miedo de muchos no es solamente de salir del país, sino también acceder a servicios y beneficios para los que son completamente elegibles, y eso es lo que es está afectando a muchos residentes legales: de cierta manera los está enjaulando el temor a hacer determinadas cosas, como antes había pasado con los indocumentados", amplió Soto.En busca de la ciudadaníaSegún estudios del Pew Research Center, de los cerca de 46,1 millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, el 77% son legales (49% está naturalizado, 24% tiene residencia permanente y 4%, temporal), mientras que el 23% son indocumentados. A medida que la administración Trump intensifica su aplicación de las leyes migratorias, otro fenómeno crece a la par: el de los titulares de green card que buscan avanzar con los trámites para obtener la ciudadanía estadounidense, con la esperanza de asegurar su estadía en el país. No asoma como algo sencillo, dada la dura postura del gobierno, advierten asociaciones de derechos de migrantes y abogados especializados. La abogada LaToya Pompy, experta en temas migratorios en Nueva York, contó que aconseja a los titulares de green card que no permanezcan fuera de Estados Unidos más de seis meses. Si lo hacen, dice, es posible que el gobierno "alegue que abandonaron su residencia".El gobierno de Trump también amplió su radio de presión con una propuesta para un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, que debate ahora el Congreso. La iniciativa angustia a migrantes cuyas familias dependen de ese dinero: el gravamen afectaría a más de 40 millones de personas, tanto indocumentadas como residentes con green card y otros visados, alertó el Caucus Hispano del Congreso (CHC).La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que defiende los derechos civiles, tiene publicada en su sitio web una guía detallada con explicaciones de cómo debe actuar un residente en distintas situaciones, como por ejemplo si las fuerzas de seguridad preguntan por su situación migratoria.Aunque la estructura sobre la migración es amplia, el asesor Stephen Miller, de ideología ultraconservadora, es apuntado por los especialistas como el cerebro detrás de las políticas más radicales de Trump en la materia, y acumula poder e influencia. "Está explorando los límites de la autoridad ejecutiva", advierte Soto.

"Es patético": el senador Chris Van Hollen critica a Marco Rubio por las visas y deportaciones

El martes 20 de mayo, el Congreso de Estados Unidos fue testigo de un cruce acalorado. Durante una audiencia, el senador demócrata Chris Van Hollen apuntó directamente contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y lo acusó de traicionar principios democráticos por las deportaciones y cancelaciones de visas a estudiantes extranjeros que lleva adelante el gobierno de Donald Trump. "Es patético", lo calificó.La deportación a El Salvador de Kilmar Ábrego García, en el centro de la polémicaVan Hollen cuestionó con dureza la decisión del Departamento de Estado de deportar al migrante Kilmar Ábrego García a El Salvador. El legislador demócrata sostuvo que el envío del migrante al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad creada por el presidente Nayib Bukele, respondió a intereses políticos y económicos."Su primera visita como secretario de Estado fue para hablar con El Salvador, no para promover la democracia, sino para congraciarse con el presidente Bukele. El resultado fue un acuerdo por dinero para privar a los residentes de Estados Unidos de su derecho constitucional al debido proceso", acusó Van Hollen.También reclamó que el funcionario federal ignoró la orden judicial que instaba a gestionar el retorno de Abrego a EE.UU. "Usted ha desobedecido abiertamente las órdenes judiciales", le dijo. En medio del debate acalorado, Rubio le devolvió el golpe a Van Hollen. "Deportamos a pandilleros, incluso al tipo con el que tomaste una margarita", sostuvo. Y añadió que el migrante deportado a El Salvador "es un traficante de personas, es un pandillero". De este modo, el funcionario se refirió a la imagen tomada durante la visita del senador a El Salvador, en la que se reunió con Abrego.Revocación de visas a estudiantes extranjerosOtro de los puntos críticos del enfrentamiento entre el senador y el secretario de Estado fue la situación de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de la Universidad Tufts cuya visa fue cancelada por el Departamento de Estado bajo el argumento de que había mostrado "apoyo a una organización terrorista designada" por escribir un artículo de opinión.La estudiante fue detenida en un centro de inmigración en Louisiana y más tarde liberada por orden de un juez, quien consideró que su arresto violó sus derechos constitucionales. El funcionario defendió la decisión del Gobierno de revocar visas en contextos de protestas violentas. "Las visas de estudiante son un privilegio, no un derecho, especialmente si una persona participa en la destrucción de propiedad u otros actos de violencia", afirmó el funcionario, citado por El Nuevo Herald.Ante esta afirmación del secretario, Van Hollen le preguntó: "¿Escribir un artículo de opinión para el periódico de Tufts está alterando la política exterior de Estados Unidos?" Sin esperar su respuesta, agregó: "Es patético, señor secretario". En otro cruce ocurrido en la misma sesión, Van Hollen se dirigió a Rubio y expresó su arrepentimiento por haber apoyado su nombramiento. "Lamento haber votado por usted como secretario de Estado", le dijo. A lo que el funcionario contestó irónico: "Confirma que estoy haciendo un buen trabajo".

Deportaciones en EE.UU.: la Administración Trump reconoce una tercera expulsión por error

Un nuevo error se suma a la cuenta de las deportaciones injustas en la campaña emprendida por el gobierno de Donald Trump. Si el primer caso del salvadoreño Kilmar Ábrego se convirtió en el símbolo de arbitrariedad de la cruzada contra la inmigración del nuevo gobierno, la segunda y la tercera deportación por error han pasado casi inadvertidas, a pesar de ser reconocidas por la administración. Ahora se trata de un migrante guatemalteco, que contaba con protección judicial, y que se encuentra en la actualidad escondido en algún lugar de su país del que huyó, porque las autoridades se equivocaron al expulsarlo.Así fue la deportación del migrante guatemaltecoSegún la declaración presentada en un tribunal de Massachusetts, el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) envió a la fuerza a O.C.G. â??como es identificado en la demandaâ?? a México por un fallo en la base de datos del software que rastrea casos de deportación individuales y permite al personal autorizado insertar comentarios, según adelantó Politico. Los documentos oficiales muestran que O.C.G. fue deportado a México en marzo de este año porque cuando los agentes de ICE le preguntaron si tenía miedo de llegar a ese país, él dijo que no. Pero la realidad es que O.C.G. no dio ninguna respuesta porque nunca nadie llegó a preguntárselo.Los abogados del Departamento de Seguridad han declarado que "tras una investigación más exhaustiva, los demandados no pudieron identificar a ningún oficial que le preguntara al O.C.G. si temía ser deportado a México". Su expulsión se produjo por la información obtenida de una base de datos interna, pero nunca llegó a comprobarse.El día a día del migrante tras su deportaciónAl llegar a México hace unas semanas, O.C.G. pidió ser trasladado a su país, Guatemala, donde se expone a grandes peligros, según él mismo ha relatado. En una declaración ante los tribunales, el hombre explicó que llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 huyendo de la persecución y tortura, pero no le permitieron presentar una solicitud de asilo y, tras estar una semana detenido, lo deportaron a Guatemala. En abril del mismo año lo intentó de nuevo.Al llegar a México, en Iztapalapa, lo violaron y un grupo de hombres lo mantuvo encerrado durante días, hasta que su hermana pagó el rescate. Una vez en Estados Unidos empezó su proceso de asilo y asegura que el juez le confirmó que no sería devuelto a México, donde temía represalias por su orientación sexual, y que se le otorgaba una protección que impedía que fuera deportado a Guatemala, también por posible persecución en el país centroamericano.Nada de eso le sirvió en medio de la campaña del actual gobierno para deportar a un millón de personas en el primer año de mandato. O.C.G. estuvo encerrado dos días, tras los que lo metieron en un autobús con otros 20 migrantes con destino a México, haciendo caso omiso de su petición de consultar con su abogado y de la protección judicial que tenía. "Me dijeron que podía solicitar asilo en México, pero que me mantendrían encerrado durante los meses que tardaran en tomar una decisión, o que simplemente podía aceptar que me llevaran de regreso a Guatemala. Después de lo que me había sucedido en México, tenía demasiado miedo de pedir asilo allí. No tenía opciones seguras, así que les dije que me enviaran de regreso a Guatemala", explicó.Las últimas deportaciones por error en Estados UnidosEl caso de O.C.G. es por ahora el último error reconocido por el gobierno en sus deportaciones. Le precedió el de Ábrego García, al que la administración, que reconoció el fallo, lo acusa sin pruebas de pertenecer a la pandilla criminal MS-13. El Ejecutivo está incumpliendo las directrices de la jueza federal que lleva el caso e incluso las del Tribunal Supremo, que ha pedido en varias ocasiones que facilite su regreso a Estados Unidos. Daniel Lozano-Camargo, un hombre venezolano enviado a El Salvador en marzo a pesar del acuerdo aprobado por el tribunal que requería que se resolviera primero su solicitud de asilo, tampoco debió ser nunca expulsado.Mientras O. C. G. se resguarda en algún lugar de Guatemala, sus abogados tratan de apelar a la justicia para tratar de torcer la mano del gobierno y que lo lleve de vuelta a Estados Unidos. Hasta ahora, la Administración ha desoído a todos los jueces que le han llevado la contraria.

Trump consideró que el bloqueo de la Corte Suprema de Estados Unidos a las deportaciones masivas causará un "gran daño"

"Acaba de dictaminar que los peores asesinos, narcotraficantes, pandilleros e incluso aquellos con problemas mentales que ingresaron ilegalmente a nuestro país no pueden ser expulsados sin pasar por un proceso legal largo, prolongado y costoso", manifestó el mandatario en Truth Social

Ciudadanía por grandes inversiones, deportaciones exprés y residencia más estricta: qué dice la letra chica de la reforma migratoria de Milei

El nuevo régimen migratorio saldrá en los próximos días por DNU. Abarca cambios en el ingreso y permanencia en el país, así como para acceder la residencia y la ciudadanía. Los puntos clave

Arizona resiste a Trump: con un sistema "casero", los vecinos se organizan para evitar deportaciones del ICE

A medida que aumentan los operativos de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los locales en Arizona se organizan con sus propios recursos para proteger a las comunidades migrantes que les rodean. Así, en medio de las renovadas políticas de Donald Trump, la entidad destaca por una red de solidaridad que desafía la narrativa federal.Las comunidades en Arizona que evitan las deportaciones por parte de ICE y Donald TrumpEn semanas recientes, medios de comunicación como The Times documentaron un incremento en las acciones de ICE en Arizona, particularmente en zonas con alta densidad de población latina como Phoenix, Tucson y Mesa. Sin embargo, ante la situación, cientos de grupos comunitarios intensificaron su organización "casera" para evitar que los inmigrantes sean deportados.De entre las acciones que diversos grupos anónimos revelaron a Milenio, se resalta que la prioridad es crear redes de alerta temprana mediante aplicaciones de mensajería. Por ello, las apps que ofrecen mensajes encriptados son vistas como un recurso útil y efectivo.Así, en Arizona, cada vez es más común que las apps de WhatsApp y Signal de los locales funcionen para avisar a los vecinos si se detecta una presencia sospechosa de ICE. Esto permite que se lance una alerta que da tiempo a los residentes para tomar precauciones, evitar ciertas rutas o incluso ofrecer refugio a los inmigrantes que conozcan hasta que pase el peligro de detención.Adicionalmente, los locales promigración reparten folletos informativos sobre los derechos de los migrantes, con lo cual también establecen puntos de reunión seguros en donde las personas pueden refugiarse en caso de redadas.Esta respuesta coordinada surge en un contexto nacional marcado por la estricta narrativa antimigración de Donald Trump, quien desde su campaña presidencial prometió que su segundo mandato sería recordado por llevar a cabo "la deportación masiva más grande de la historia".Arizona y el cambio de mentalidad pese a sus legislaciones tradicionales de antimigraciónSi bien Arizona es un estado con marcados antecedentes de legislación antiinmigrante, la afluencia de migrantes latinos en la economía local pudo haber generado la necesidad de una contraofensiva civil.Esta acción en sí no tiene un líder específico, sino que es comandada por ciudadanos "comunes" que decidieron no permanecer indiferentes ante el temor de los inmigrantes que conocen y/o que perciben de alguna manera como parte de su comunidad.De esta manera, frente a leyes como la SB 1070, que exigen que la policía verifique el estatus migratorio de cualquier persona detenida en Arizona, muchos locales ofrecen "compañía solidaria" a las personas indocumentadas, una práctica local que, como su nombre lo indica, consiste en acudir junto a ellas cuando tienen citas para comparecer ante autoridades migratorias o judiciales (y denunciar abusos si es necesario).Por otra parte, aunque la Ley HB 2579 establece que las organizaciones de beneficencia o iglesias que ofrezcan ayuda a los inmigrantes indocumentados serán multadas, algunos medios de comunicación como NPR documentan que esta labor continúa por parte de muchas congregaciones religiosas (aunque estas mismas admiten que enfrentan más obstáculos en la actualidad). Retos para el futuro de Arizona y el de sus migrantesAdemás de los esfuerzos comunitarios para proteger "informalmente" a las personas indocumentadas de Arizona, algunas ciudades como Tucson y Phoenix mantienen una política informal apegada a una especie de "Ley de Ciudad Santuario".Si bien no existe una ley estatal explícita que favorezca a los migrantes, este tipo de gobiernos locales en Arizona intentan limitar la colaboración con ICE al incentivar que las autoridades locales no cooperen "codo a codo" con los agentes federales.

Qué dice la Ley SB54 y por qué evita deportaciones del ICE en California

California es uno de los estados con mayores derechos para los extranjeros. En medio del endurecimiento de las políticas migratorias, la administración Donald Trump tiene la mirada en varias legislaciones que resguardan a los migrantes y dificultan las deportaciones, como la Ley SB 54. Qué establece la Ley SB 54 y por qué evita detenciones de ICELa norma SB 54 de California, conocida también como "Ley de Valores", es una legislación estatal que fue promulgada el 5 de octubre de 2017. La medida impide a las agencias policiales estatales brindar sus recursos o colaborar con las agencias federales de inmigración como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).Además, la norma busca proteger los derechos de los inmigrantes, ya que garantiza su acceso a servicios públicos y a espacios como escuelas, hospitales y tribunales, sin temor a ser detenidos o deportados por su estatus migratorio. Entre sus principales disposiciones, la ley establece que las autoridades locales o estatales no pueden:Preguntar sobre el estatus migratorio de la persona.Arrestar a una persona solo por tener una orden de deportación o por la mayoría de las otras violaciones de inmigración.Compartir su información personal, como su dirección de domicilio, con ICE o la Patrulla Fronteriza, a menos que esté disponible públicamente.Retener a un migrante en la cárcel por tiempo adicional para que los agentes federales lo recojan.Permitir que los agentes de inmigración entrevisten a una persona sin su consentimiento por escrito.Informar a las autoridades federales cuándo será liberada o transferida a su custodia la persona, con algunas excepciones.Además, de acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la legislación determina que la policía local puede informarle a ICE o a la CBP sobre la liberación o traslado de un migrante solo si tiene ciertas condenas, como:Condenas por delitos graves en prisiones estatales dentro de los 15 años.Delitos menores de mayor nivel dentro de los 5 años.En California, Newsom podría vetar un proyecto de ley para ampliar la SB 54La administración de Trump busca revocar este tipo de protecciones otorgadas a migrantes en diferentes estados del país.En el Estado Dorado, actualmente, impulsan un proyecto de ley que busca ampliar la SB 54 para incluir al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, lo que impediría que las autoridades penitenciarias cooperen con la policía migratoria, compartan información sobre las fechas de liberación de los detenidos o transfieran a los inmigrantes a la custodia federal.Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom -que defiende las leyes santuario del estado- ya adelantó en febrero que, en caso de recibir el proyecto de los legisladores, podría vetarlo.Según explicó, no pretende cambiar la ley SB 54, pero en el caso de que la ley avance la iniciativa, estaría dispuesto a aceptar una versión modificada del proyecto que busque equilibrar la seguridad pública y la cooperación con las autoridades federales, según confirmó su portavoz al portal Político.

Vox pide "deportaciones masivas" de inmigrantes y los vincula con inseguridad

La vía legal que Trump quiere eliminar para acabar con el limbo en su plan de deportaciones masivas

El futuro del habeas corpus ha sido puesto en el centro de atención debido a las discusiones dentro del Gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de suspender este procedimiento legal. El presidente Donald Trump ha considerado tomar esta medida extrema para acelerar las deportaciones como parte de su agenda de inmigración.¿Puede Trump eliminar el habeas corpus para acelerar deportaciones?Según información publicada en AP, el subjefe de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que el presidente Donald Trump busca formas de expandir su poder legal para deportar a los migrantes que se encuentran sin autorización en Estados Unidos. Para lograrlo, dice que el gobierno "considera activamente" la posibilidad de suspender el habeas corpus, que es el derecho constitucional de las personas a impugnar legalmente su detención por parte del gobierno.En los últimos meses, inmigrantes y grupos de derechos han presentado numerosas peticiones de habeas corpus en respuesta a los esfuerzos de Trump por acelerar las deportaciones. Sin embargo, estas peticiones son notoriamente difíciles de ganar en un tribunal federal, y la mayoría de los inmigrantes enfrentan desafíos significativos para obtener representación legal.La gravedad de suspender el habeas corpusLee Kovarsky, profesor de derecho en la Universidad de Texas y experto en habeas corpus, advirtió en CNN que suspender este procedimiento sería un "desastre histórico nacional". Según Kovarsky, "el ejecutivo podría simplemente detenerte, y no habría recurso alguno". Aunque la medida podría estar dirigida a ciertos extranjeros, no hay garantía de que se limite a ellos.La Corte Suprema emitió una orden el 7 de abril permitiendo a Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones, aunque también reconoció el derecho de los inmigrantes a ser notificados y a impugnar su expulsión a través de peticiones de habeas corpus. Esta decisión marcó una victoria parcial para los inmigrantes.Posteriormente, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó demandas de habeas corpus para proteger a inmigrantes identificados y a venezolanos en situación similar. Además, el 19 de abril, la Corte Suprema bloqueó al Gobierno de Trump de deportar a un grupo de inmigrantes en Texas.Historia del habeas corpus en Estados UnidosEl habeas corpus se ha utilizado en casos de detención de presuntos combatientes enemigos en Guantánamo, Cuba. En 2008, la Corte Suprema dictaminó que los detenidos en Guantánamo tienen derecho al habeas corpus. Históricamente, el habeas corpus solo se ha suspendido cuatro veces en Estados Unidos, incluyendo durante la Guerra Civil bajo la administración de Abraham Lincoln.

Arrestos, detenciones y deportaciones: las cifras de los argentinos en la mira del Servicio de Inmigración de EE.UU.

Aunque llamativo, el arresto en el aeropuerto de Los Ángeles del argentino que vivió legalmente en Estados Unidos durante 18 años ilustra de manera clara las políticas implementadas por Donald Trump, quien durante su campaña presidencial prometió endurecer las leyes migratorias y erradicar lo que consideraba abusos en el sistema de inmigración del país.La detención se enmarca dentro de las recientes advertencias emitidas por su administración a los titulares de la green card, a quienes el gobierno dejó claro que este estatus no garantiza una permanencia indefinida y que cualquier acción percibida como una amenaza para la seguridad nacional podría tener consecuencias graves. Según trascendió, los supuestos antecedentes legales del argentino Agustín Gentile (31) podrían haber sido un factor determinante en la confiscación de su tarjeta de residencia y su posterior arresto.Este es el primer caso conocido públicamente de un inmigrante argentino arrestado durante el segundo mandato de Trump, pero no se trata de una práctica nueva. De hecho, durante la administración de Joe Biden, la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestó a 322 inmigrantes argentinos. No obstante, su enfoque fue menos severo, ya que sus directrices permitían una evaluación más flexible de cada caso, considerando factores como la gravedad del delito, el tiempo de residencia y el impacto en la familia, explicó a LA NACION Colleen Putzel-Kavanaugh, analista de políticas asociada del Programa de Políticas de Inmigración de Estados Unidos del Migration Policy Institute."Se instruyó a los agentes a considerar la 'totalidad de las circunstancias' de cada caso y los factores atenuantes", indicó la experta. Por el contrario, cuando Trump asumió la presidencia, derogó esas directrices, lo que resultó en un enfoque mucho más estricto y menos flexible hacia la inmigración. "Aunque las prioridades siguen siendo las amenazas a la seguridad nacional, tanto en sus declaraciones como en sus acciones, la administración ha dejado claro que cualquier persona considerada 'removible' corre el riesgo de ser deportada", precisó Putzel-Kavanaugh. Aunque el ICE aún no ha publicado las cifras desglosadas por nacionalidad correspondientes al actual mandato de Trump, los datos generales de sus primeros 100 días en el poder ofrecen una muestra del endurecimiento de su política migratoria. En ese período, el gobierno detuvo a 158.000 personas en situación migratoria irregular. La administración sostiene que ICE ha concentrado sus esfuerzos en detener a "lo peor de lo peor", aunque la realidad muestra un panorama más matizado: entre los detenidos hay también personas con infracciones menores, como multas de tránsito o incidentes viales.En paralelo, el gobierno ya ha deportado a unas 142.000 personas y ha manifestado su intención de superar el número de remociones alcanzado durante el mandato de Biden, que, contrariamente a la percepción general, fue mayor que el de Trump en su primera presidencia: más de 1,5 millones de inmigrantes fueron deportados entre 2021 y 2024. "Esto es solo el comienzo", advirtió Trump, dejando en claro que su política migratoria continuará con mano dura.En este contexto, los datos sobre los arrestos de ciudadanos argentinos durante el período previo ayudan a dimensionar el alcance de estas medidas. Entre 2021 y 2024, bajo la presidencia de Biden, del total de 322 arrestos, el 29% (93 casos) ocurrieron en Miami, la ciudad estadounidense con la mayor comunidad argentina. Le siguen Newark, con 30 arrestos; Chicago, con 23; Los Ángeles, con 19; Houston, con 14; y Nueva York y Boston, con 12 arrestos cada una. El resto se distribuye en otras "áreas de responsabilidad" que ICE define según sus divisiones regionales.En cuanto al historial judicial, de los 322 arrestos de ciudadanos argentinos entre 2021 y 2024, 101 corresponden a personas que ya habían sido condenadas penalmente en Estados Unidos al momento de su arresto, mientras que 66 enfrentaban cargos penales aún pendientes. Los 155 restantes no tenían condenas ni acusaciones penales vigentes, pero habían incurrido en violaciones a las leyes migratorias, como exceder el tiempo de estadía permitido por su visa o incumplir las condiciones del Programa de Exención de Visa.En lo que respecta a las detenciones, el número total de argentinos detenidos en Estados Unidos entre 2021 y enero de 2025 asciende a 644. No obstante, las cifras aún no han sido actualizadas desde el regreso de Trump a la presidencia.Es importante señalar que el arresto y la detención por parte del ICE son acciones distintas, aunque vinculadas. La diferencia radica en que los arrestos solo incluyen a las personas detenidas directamente por ICE, mientras que las detenciones abarcan a todas las personas que pasan a custodia de ICE, incluidas las transferidas desde otras agencias como la Patrulla Fronteriza (CBP) o cárceles locales. Las detenciones también incluyen a quienes se entregan voluntariamente o son derivados por tribunales, lo que hace que su número sea generalmente mayor que el de los arrestos.Del total de detenciones de argentinos registradas en ese período, 126 ocurrieron en Phoenix, Arizona, una ciudad que alberga una de las principales oficinas de la ERO y que se ha consolidado como un centro clave para los operativos migratorios. Además, su cercanía a importantes centros de detención, como los de Eloy y Florence, refuerza su papel estratégico. Le siguen Miami, con 107 detenciones, y San Antonio, con 85.Otras medidas migratorias relevantes incluyen las remociones. Entre 2021 y enero de 2025, un total de 312 ciudadanos argentinos fueron deportados de Estados Unidos. Este término se refiere al proceso formal mediante el cual un extranjero es expulsado del país tras la emisión de una orden de remoción por parte de un tribunal de inmigración u otra autoridad competente. Las remociones comprenden tanto las salidas voluntarias acordadas con las autoridades como las expulsiones forzadas.Paralelamente, 59 argentinos se encuentran actualmente bajo el programa de Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés). Se trata de iniciativas diseñadas para permitir que personas involucradas en procesos migratorios permanezcan en la comunidad mientras cumplen con las condiciones impuestas por el ICE. Estas alternativas buscan reducir la dependencia de los centros de detención, garantizando al mismo tiempo que los individuos se presenten ante las autoridades migratorias y acaten las órdenes de remoción cuando corresponda.La creciente saturación del sistema también ha incentivado el uso de estas medidas. A comienzos de 2025, ICE contaba con financiamiento para apenas 41.500 camas en centros de detención, una cifra insuficiente frente a la cantidad de personas sujetas a procesos de deportación. Como consecuencia, muchas de ellas â??incluso aquellas con antecedentes penalesâ?? permanecen en libertad supervisada mientras se define su situación migratoria.LA NACION intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la Cancillería argentina y con varios consulados argentinos en Estados Unidos para consultar si estaban al tanto de la situación de los ciudadanos arrestados, detenidos o deportados por las autoridades migratorias estadounidenses, pero al momento de la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Es oficial: estas son todas las medidas sobre inmigración y deportaciones en la nueva era Trump

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump redobló sus esfuerzos para combatir la inmigración en Estados Unidos. Con decretos ejecutivos, revocaciones de programas y acciones enérgicas por parte de las agencias federales, su gobierno marcó un nuevo rumbo en la política migratoria. Las decisiones tuvieron consecuencias directas para cientos de miles de personas, tanto dentro como fuera del territorio estadounidense. Fin del Estatus de Protección Temporal: los venezolanos, entre los más perjudicadosUna de las medidas más significativas de la administración Trump fue la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un beneficio migratorio que ofrecía un resguardo frente a la deportación.La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, ordenó el fin del TPS para 300 mil venezolanos, con fecha límite el 7 de abril.Otros 250 mil perderán su estatus en septiembre.Un juez federal suspendió temporalmente la cancelación para 350 mil migrantes, tras una apelación.El beneficio había sido otorgado por la administración Biden en marzo de 2021 y extendido en 2023 por 18 meses adicionales.Cancelación del parole humanitario: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entre los perjudicadosEl Gobierno eliminó el programa conocido como parole humanitario o parole in place, que ofrecía una vía legal temporal a migrantes de países en crisis.Medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se beneficiaban del programa CHNV (por las siglas de las naciones afectadas).A finales de marzo, Trump ordenó la cancelación del programa, con vigencia hasta el 24 de abril.Las personas incluidas debían abandonar Estados Unidos antes de esa fecha o enfrentar una deportación.La administración argumentó que la Casa Blanca anterior abusó del uso de este mecanismo migratorio.Redadas y arrestos del ICE: un recurso que se intensifica cada vez másEl presidente de Estados Unidos había adelantado que en su nuevo gobierno habría detenciones masivas de inmigrantes indocumentados. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) capturó a casi 33.000 inmigrantes en los primeros 50 días del segundo mandato. Los operativos de ICE se presentaron como el eje principal para detener a migrantes sin documentos, en donde se priorizaba a aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, según la misma agencia, si estas personas estaban acompañadas por otros inmigrantes sin historial criminal, también podían ser detenidos. Las redadas en lugares de trabajo formaron parte de los métodos utilizados para rastrear a extranjeros, pero también surgió preocupación por acciones en escuelas e iglesias.Deportaciones por vía aérea: el uso de aviones militares expulsar inmigrantesLa promesa de campaña de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados comenzó a concretarse con el uso de vuelos militares.Desde el 20 de enero hasta el 20 de febrero, hubo 143 vuelos de deportación, tres más que en el mismo período de 2024.El 90% de los vuelos tuvo como destino América Latina, mientras que el resto se distribuyó entre el Caribe, África y Asia.Las deportaciones se realizaron en aviones militares y comerciales, aunque los primeros implicaron mayores costos operativos.Expulsión masiva hacia El Salvador: venezolanos apuntados como parte del Tren de AraguaLa administración deportó a un grupo numeroso de inmigrantes venezolanos señalados como miembros del Tren de Aragua, sin proceso judicial previo.El 16 de marzo, 238 personas fueron trasladadas a El Salvador y encarceladas en la megacárcel de Nayib Bukele.El Gobierno de Trump usó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la medida, pese a un fallo judicial en contra.El ICE aseguró haber verificado vínculos criminales, aunque no hubo identificación oficial ni procesos penales.Trump defendió la decisión y calificó a los deportados como "realmente malos", pese a las denuncias de familiares sobre errores.Estudiantes y profesores detenidos en EE.UU.Casi una docena de estudiantes y académicos fueron detenidos por agentes federales, en el marco de una ofensiva migratoria que puso especial foco en activistas universitarios propalestinos y críticos del Gobierno de Israel. Muchos contaban con estatus legal, ya sea como residentes permanentes o mediante visas temporales, pero enfrentaron medidas bajo nuevas órdenes migratorias que, según juristas, podrían haber sido utilizadas para reprimir la disidencia.El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó a fines de marzo que su oficina revocó más de 300 visas, en su mayoría de estudiantes y visitantes. No especificó cuántas correspondían a personas vinculadas al movimiento propalestino. Desactivación de la aplicación CBP One: una herramienta que ya no existeCBP One, la herramienta tecnológica que agilizaba el trámite de asilo en la frontera, fue desactivada por decisión federal.Desde enero de 2023, más de 936 mil migrantes usaron CBP One para agendar citas en los puertos de entrada.En enero, el Gobierno suspendió la aplicación y anuló las citas agendadas.En marzo, el DHS la convirtió en CBP Home, una nueva app enfocada en facilitar la "autodeportación".El 7 de abril se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiarios, sin revelar cuántos fueron afectados.Pausa en la emisión de green cards en EE.UU.La residencia legal permanente, conocida como green card, también enfrentó restricciones durante esta etapa.El gobierno pausó algunas solicitudes tramitadas mediante el proceso de "ajuste de estatus".Según un vocero del DHS, se impuso la medida para llevar a cabo verificaciones adicionales.Esta suspensión forma parte de una política más amplia de endurecimiento migratorio.Orden ejecutiva contra las "ciudades santuario" por falta de colaboraciónTrump firmó una orden ejecutiva para presionar a las jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias federales.El decreto obliga al Departamento de Justicia y al DHS a identificar las "ciudades santuario".Las jurisdicciones señaladas podrían perder financiación federal y enfrentar acciones legales.Prueba de ciudadanía para votar: ¿realmente necesaria?El presidente firmó el 25 de marzo un decreto para endurecer los requisitos de prueba de ciudadanía en el proceso de registro electoral. La medida fue cuestionada por críticos, quienes advirtieron que podía afectar a personas de bajos ingresos o mayores sin acceso a documentos oficiales como pasaportes o actas de nacimiento.El decreto también ordenó al Departamento de Seguridad Nacional colaborar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, para revisar los padrones estatales y detectar a posibles extranjeros registrados.Ciudadanía por nacimiento en la mira: la Corte Suprema de Justicia deberá decidir Uno de los objetivos más ambiciosos del presidente Trump fue eliminar la ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense, protegida por la 14ª Enmienda.El decreto enfrenta obstáculos judiciales: tribunales de apelaciones rechazaron suspender los fallos que impiden su implementación.La Corte Suprema discutirá el caso el 15 de mayo.El Gobierno insiste en que la ciudadanía automática incentiva la inmigración irregular.Estas decisiones representan un giro drástico en la política migratoria de Estados Unidos, con efectos directos en la vida de miles de personas. El enfoque de Trump fue amplio, agresivo y, en muchos casos, legalmente controvertido. La tensión entre el Gobierno federal, los tribunales y las comunidades migrantes creció con cada nueva medida.

100 días del garrote "antiglobalista" de Trump: caos arancelario, motosierra, deportaciones y caída de imagen

El "patriota" republicano impulsó una agenda radical a través de la 'guerra comercial' con China, la expulsión de 65.000 inmigrantes, un drástico giro en política exterior, ataques al periodismo y recortes federales. Leer más

Las deportaciones masivas de Trump: más de 65.000 inmigrantes expulsados en 100 días de gobierno

El presidente republicano endureció su ofensiva contra los detenidos indocumentados, los migrantes y las ciudades "santuario". La Justicia le ordenó el retorno de varios, incluido una madre y su hijo enfermo de cáncer. Leer más

La regla de los 21 días de Colorado que prohíbe las deportaciones y exige a Trump anticipar sus movimientos

Con el respaldo del Senado estatal, Colorado promulgó una ley que modifica el rumbo de las políticas migratorias locales. La nueva normativa impide realizar deportaciones dentro del estado y exige al presidente Donald Trump notificar con 21 días de antelación cualquier intento de expulsar personas del país. La medida se suma a una resolución judicial vigente que cuestiona el uso de una ley del siglo XVIII por parte del Ejecutivo federal.Colorado frena las deportaciones y exige a Trump un preaviso de 21 díasColorado se transformó en uno de los principales destinos para los migrantes que llegan al país con la esperanza de mejorar su calidad de vida. La estabilidad económica, la oferta de servicios públicos sin distinción y una tradición de inclusión favoreció el asentamiento de familias extranjeras, especialmente en áreas urbanas como Denver y Aurora, donde se registró un notable aumento poblacional.Los procesos de deportación implican la remoción forzada de una persona extranjera del país, comúnmente por carecer de documentación regular o por infracciones específicas. El argumento de que los migrantes deportados atentan contra la seguridad nacional fue utilizado en numerosas ocasiones para justificar estos procedimientos, tal como consigna AP. Sin embargo, en Colorado, la población y distintas organizaciones han respondido con acciones legales orientadas a proteger los derechos fundamentales de quienes se ven amenazados por estas prácticas.Una legislación que desafía la autoridad federalLa nueva ley impide que funcionarios o agencias estatales participen en operativos migratorios sin una orden judicial válida. También restringe el uso de recursos públicos para realizar arrestos vinculados a políticas federales de inmigración. Entre sus cláusulas, se establece de manera explícita que ninguna autoridad estatal podrá colaborar en traslados o detenciones con fines de deportación.Esta normativa se alinea con una medida cautelar emitida por una jueza federal en Denver, quien determinó que el presidente recurrió de forma indebida a la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación aprobada en 1798. La decisión judicial, aun en revisión, podría escalar hasta la Corte Suprema.La American Civil Liberties Union (ACLU) expresó su apoyo a esta ley y destacó que representa una salvaguarda esencial para comunidades vulnerables, sobre todo en un clima político cada vez más polarizado.Un enfoque migratorio que genera controversiaDesde que Donald Trump asumió su segundo mandato, retomó una política migratoria de corte restrictivo. Restauró medidas anteriores y propuso nuevas barreras para limitar el ingreso y la permanencia de personas extranjeras.Una de sus decisiones más cuestionadas fue el uso de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, creada durante un contexto de guerra hace más de dos siglos. Esta norma autoriza al presidente a expulsar a individuos originarios de países enemigos; sin embargo, Trump la utilizó como sustento para implementar deportaciones masivas.Diversos juristas criticaron esta estrategia por considerarla incompatible con el marco constitucional actual, publicó PBS. La jueza federal que suspendió temporalmente las deportaciones en Colorado señaló que no existen fundamentos suficientes para aplicar dicha ley en casos que afectan a residentes pacíficos.Una medida que da margen para actuar frente a los operativos migratoriosUno de los artículos más innovadores de la normativa es la exigencia de un aviso formal con 21 días de antelación antes de cualquier operativo migratorio. Esta disposición pretende brindar tiempo para que las personas potencialmente afectadas accedan a asistencia legal y preparen una respuesta adecuada.La implementación de esta cláusula fue impulsada por incidentes en los que agentes de ICE irrumpieron en domicilios sin órdenes claras. Durante el año 2023, al menos tres operativos provocaron denuncias por detención arbitraria, según datos del Centro de Derechos Migrantes con sede en Denver.Organizaciones sociales celebraron esta disposición como una herramienta clave para reducir los abusos. El plazo de tres semanas permite verificar información, activar redes de contención y garantizar el respeto del debido proceso en cada caso.

El zar de la frontera asegura que las deportaciones de los niños estadounidenses son culpa de sus madres

Tom Homan declaró que la expulsión de los tres menores, incluido uno con cáncer en etapa 4, es responsabilidad de sus familiares

Los migrantes con green card "no están a salvo": las razones por las que ICE puede tenerlos en la lista de deportaciones

Los titulares de la green card no están protegidos automáticamente de la deportación. Aunque su estatus les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, la ley federal contempla motivos específicos por los que pueden perder esa condición.Deportación de residentes permanentes: lo que dice la leyEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ejecuta las órdenes de deportación dictadas por jueces migratorios. Estas decisiones, enmarcadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA por sus siglas en inglés), han tomado mayor visibilidad en el contexto de las políticas actuales del gobierno de Donald Trump, que se centran en una aplicación más estricta de la normativa vigente.La Ley de Inmigración establece una lista detallada de causas que pueden llevar a la expulsión de residentes legales. En este contexto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis por sus siglas en inglés) ratificó esta información en un comunicado oficial y reforzó que la residencia puede revocarse si se incumplen ciertos requisitos.Entre los motivos más frecuentes figuran:Delitos graves o múltiples delitos: cualquier residente condenado por una violación agravada o por dos o más delitos con depravación moralDelitos relacionados con drogas: salvo posesión de hasta 30 gramos de marihuana para uso personalUso o posesión ilegal de armas de fuegoEspionaje, sabotaje o traiciónViolencia doméstica o delitos contra menores: como abuso, negligencia o acechoUn juez de inmigración debe determinar en cada caso si la persona es deportable. Si resulta que sí, ICE se encarga de aplicar la decisión judicial.Presencia ilegal y pérdida de beneficios migratoriosAdemás de las condenas penales, existen situaciones administrativas que pueden derivar en inadmisibilidad para futuros ingresos al país:Quien permanece ilegalmente en Estados Unidos por más de 180 días pero menos de un año, y luego sale, recibe una sanción de inadmisibilidad por tres años.Si la presencia ilegal supera un año, la persona será inadmisible por diez años si abandona el país.Estas reglas aplican incluso para quienes alguna vez tuvieron estatus legal, pero lo perdieron por vencimiento de su visa, no haber renovado la green card o no haber regresado al país dentro de los plazos establecidos."No están a salvo por tener la green card"Según datos de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, unos 12,8 millones de personas tienen residencia permanente en Estados Unidos. No obstante, muchos desconocen que este estatus no garantiza inmunidad ante las leyes migratorias.David Leopold, abogado de inmigración en Ohio, advirtió en CNN que la detención y deportación de residentes no es inusual. "Es bastante rutinario, nadie está a salvo", relató al enumerar casos que van desde fraude documental hasta delitos de drogas.Desde Amnistía Internacional alertaron sobre el uso selectivo de las leyes migratorias. En marzo, una manifestación en Chicago respaldó a Mahmoud Khalil, un residente permanente detenido por cargos menores. La protesta visibilizó el temor creciente entre migrantes con estatus legal."Creo que el hecho de que Mahmoud fuera residente permanente subrayó la vulnerabilidad de todos los no ciudadanos en este país ante mucha gente que no lo había pensado bien", dijo Leopold.Bajo la administración actual, los controles migratorios se han endurecido. Las disposiciones de la Ley de Inmigración siguen vigentes y son ejecutadas por las autoridades federales.

Cae la popularidad de Donald Trump tras las deportaciones a El Salvador: esto dicen las encuestas

Una reciente encuesta nacional en Estados Unidos reveló un rechazo mayoritario a una de las propuestas más polémicas asociadas al presidente Donald Trump: deportar inmigrantes sin antecedentes penales a El Salvador para ser encarcelados sin acceso a un proceso judicial. Los datos no solo muestran una fuerte desaprobación hacia esta medida, sino que también permiten leer entre líneas una posible caída en la imagen pública del mandatario entre sectores clave del electorado.Una propuesta rechazada por la mayoría: las deportaciones a El Salvador y TrumpLa encuesta realizada por YouGov entre el 28 de marzo y el 1° de abril de 2025, sobre una muestra representativa de 1095 ciudadanos estadounidenses adultos, consultó el nivel de apoyo a distintas políticas. Una de las más controversiales fue la deportación de inmigrantes sin condenas penales a cárceles salvadoreñas, sin posibilidad de defenderse en tribunales estadounidenses.El resultado fue contundente: casi la mitad de los encuestados rechazó de forma tajante esta política.El 46% expresó una oposición rotunda, ubicándose en la categoría de "fuertemente en contra".Otro 15% dijo oponerse "moderadamente", lo que elevó la desaprobación total a 61%.Solo 15% manifestó un apoyo firme, mientras que un 11% la respaldó parcialmente.El 13% restante se declaró indeciso o sin una opinión clara.Estos números indican que por cada persona que apoya la medida, más de cuatro están en contra, lo que representa una grieta importante en la base de respaldo a políticas migratorias extremas.El rechazo a la política de Trump se intensifica entre votantes independientes y minoríasSi bien el rechazo general fue amplio, se profundizó en ciertos grupos demográficos y políticos. El informe muestra que los votantes independientes, un sector clave en elecciones presidenciales, se pronunciaron con claridad en contra de la medida.Solo el 13% de los independientes la apoyó firmemente, mientras que el 45% la rechazó con fuerza.Entre los votantes que respaldaron a la vicepresidenta Kamala Harris en 2024, un 80% mostró una oposición frontal.Incluso entre quienes votaron a Trump en 2024, el apoyo fue limitado: solo el 36% expresó respaldo total, y un 13% adicional lo hizo de forma "tibia".Las diferencias también fueron marcadas por grupo étnico. La comunidad hispana, directamente aludida por la política propuesta, mostró una de las tasas de rechazo más elevadas:Un 62% de los afroamericanos dijo oponerse tajantemente, mientras que apenas un 4% la apoyó totalmente.Entre las personas latinas, el 45% se mostró firmemente en contra, frente a un 2% de apoyo decidido.El impacto electoral para Trump: ¿daño irreversible?El respaldo a políticas de deportación extremas fue un sello del discurso de Trump desde su primera campaña en 2016. Sin embargo, las cifras actuales podrían mostrar un cambio en la tolerancia del electorado hacia propuestas de este tipo, incluso entre simpatizantes republicanos moderados.En el grupo de ingresos medios (entre 50.000 y 100 mil dólares anuales), solo el 14% expresó un apoyo total a la medida.En la región del Noreste de EE.UU., considerada un bastión de votantes centristas, el 41% rechazó enérgicamente esta propuesta, frente a apenas un 16% de apoyo pleno.Esto sugiere que la política podría alinear no solo a votantes progresistas, sino también a sectores moderados que fueron claves para su victoria en 2016 y su competitividad en 2020 y 2024.Una señal para los estrategas republicanos de TrumpLa encuesta de YouGov también reveló que otras políticas asociadas con posiciones duras sobre inmigración obtuvieron resultados similares. Por ejemplo, permitir a agentes federales ingresar a hogares sin orden judicial para buscar inmigrantes indocumentados fue rechazada por un 57% de los encuestados, mientras que solo 9% la apoyó con firmeza.Estos datos podrían obligar al Partido Republicano a replantear sus propuestas en materia migratoria, sobre todo si buscan atraer votantes jóvenes, de clase media y pertenecientes a minorías étnicas, sectores que expresaron un fuerte descontento.

Golpe a Trump: en Nueva York también bloquean las deportaciones por la Ley de Enemigos Extranjeros

La batalla judicial sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar inmigrantes en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. Este martes, dos jueces federales decidieron frenar temporalmente las expulsiones de extranjeros bajo esta normativa en sus respectivas jurisdicciones: Nueva York y en Colorado. En Nueva York: el juez Hellerstein bloqueó temporalmente la Ley de Enemigos ExtranjerosEl juez de distrito Alvin Hellerstein resolvió extender por dos semanas una orden que obliga a las autoridades migratorias a notificar y ofrecer una audiencia a quienes enfrentan deportación en su distrito. Esta medida responde a las acciones del gobierno federal bajo la administración Donald Trump, que intentó acelerar expulsiones amparándose en una legislación de más de 200 años de antigüedad.Durante la audiencia, Hellerstein fue tajante al criticar el enfoque del gobierno. "Esto no es la Inquisición, no son tiempos medievales. Esto es Estados Unidos", afirmó desde el estrado, según cito The Washington Post.El caso que más llamó la atención del juez fue el de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño sin antecedentes penales que obtuvo estatus de protección en 2019. A pesar de ello, fue deportado a una cárcel en El Salvador junto a otros acusados de integrar pandillas. Según datos de la Casa Blanca, más de 130 personas fueron enviadas a ese penal bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.Hellerstein también cuestionó la falta de voluntad del gobierno para cumplir fallos previos y destacó que no existe una urgencia en términos de seguridad pública para justificar estas deportaciones, dado que los inmigrantes ya se encontraban bajo custodia.En Colorado: otra jueza impuso condiciones claras para las deportaciones de migrantesEn Denver, la jueza federal Charlotte N. Sweeney también dio curso a una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y bloqueó temporalmente las deportaciones en su jurisdicción. Además, ordenó que el gobierno entregue notificaciones con al menos 21 días de antelación a las personas que planea expulsar de EE.UU.La magistrada estableció que dichas notificaciones deben:Estar redactadas en un idioma que el destinatario comprenda.Informar con claridad sobre el derecho a revisión judicial.Incluir el derecho del afectado a consultar con su abogado.En tanto, Sweeney destacó que ninguna persona puede ser removida de Estados Unidos sin tener oportunidad de apelar la decisión ni sin comprender los motivos detrás de su expulsión.El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros: un recurso legal cada vez más polémicoLa Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, fue invocada por la administración Trump para justificar expulsiones rápidas, especialmente de ciudadanos venezolanos detenidos en centros migratorios. Aunque no hay una guerra declarada entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno sostuvo que ciertas personas representan una amenaza y pueden ser expulsadas con base en esta normativa, especialmente aquellas vinculadas con el Tren de Aragua.Este enfoque fue duramente criticado por organizaciones como la ACLU, que documentaron múltiples irregularidades:Detenidos recibieron notificaciones escritas en inglés, sin traducción.Se les informó que podían realizar una llamada telefónica, pero no que podían apelar su deportación.En algunos casos, no se detallaron los pasos para ejercer ese derecho.La Corte Suprema intervino a comienzos de mes y permitió, de forma provisoria, que el gobierno aplique la ley, pero dejó en claro que los inmigrantes deben recibir aviso formal y poder impugnar las deportaciones. No obstante, el máximo tribunal no ofreció argumentos sobre si la administración puede aplicar esta ley en ausencia de un conflicto bélico con el país de origen del migrante.

La regla impuesta por una jueza para que Donald Trump continúe su plan de deportaciones masivas

En un fallo que marca un precedente judicial, la jueza federal Charlotte N. Sweeney, del Distrito de Colorado, ordenó al gobierno de Donald Trump modificar su estrategia de deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión, emitida este martes 22 de abril, exige que las autoridades migratorias notifiquen con 21 días de antelación a los detenidos sujetos a expulsión, lo que garantizaría su derecho a impugnar legalmente su extracción.El contexto legal del fallo judicial de Charlotte Sweeney: una ley de 1798 en el centro de la polémicaEl 14 de marzo de 2025, Trump invocó la Ley de Extranjeros Enemigos, una norma creada en el siglo XVIII para deportar ciudadanos de países enfrentados durante guerras, al argumentar que el Tren de Aragua representaba una "invasión predatoria" a Estados Unidos. La proclamación facultaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a detener y expulsar sin juicio previo a presuntos miembros de esa banda delictiva venezolana.Sin embargo, la jueza Sweeney cuestionó en su fallo la base legal de esta decisión:Definición de "invasión": el fallo señala que la ley históricamente se aplicaba en contextos bélicos, no contra grupos criminales. Con citas a diccionarios de 1773 y 1828, la corte destacó que el término alude a acciones militares, no migratorias.Falta de vínculo con un gobierno extranjero: la proclamación no prueba que el Tren de Aragua actúe como un Estado, sino que lo asocia "clandestinamente" al régimen de Nicolás Maduro.Notificaciones insuficientes: los detenidos recibían avisos solo en inglés, sin claridad sobre su derecho a apelar.Los casos que impulsaron el fallo de Colorado contra el gobierno de Trump por las deportacionesLa medida surge como respuesta a una demanda presentada por dos ciudadanos venezolanos, identificados como D.B.U. y R.M.M., quienes alegaban riesgo de ser deportados sin debido proceso bajo una proclamación presidencial que clasifica al grupo criminal Tren de Aragua como organización terrorista.Los demandantes, detenidos en Colorado, enfrentaban deportación bajo acusaciones de vínculos con el Tren de Aragua:D.B.U.: se identificó como un migrante venezolano arrestado en enero de 2025 durante una fiesta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) vinculó a la banda. Aunque no tenía antecedentes, un juez de inmigración sugirió que podía ser reclasificado como "enemigo extranjero".R.M.M.: padre de dos niños, huyó de Venezuela tras el asesinato de familiares por el Tren de Aragua. El ICE lo arrestó en marzo bajo sospechas de asociación con la organización, pese a que buscaba asilo por persecución.Qué plazos y garantías les otorga el fallo a los migrantes detenidosLa jueza Sweeney impuso reglas estrictas a la administración Trump para continuar con su plan de deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros:Prohibición de traslados: ni los demandantes ni los miembros de su clase certificada provisionalmente podrán ser sacados de Colorado sin autorización judicial.Notificación ampliada: se debe hacer 21 días antes de la deportación, en un idioma que el detenido comprenda y con una explicación clara de su derecho a revisión judicial y acceso a abogados.Audiencia próxima: las partes debatirán una posible orden preliminar el 25 de abril, donde el gobierno podría objetar los requisitos de notificación.El fallo representa un revés para el plan de deportaciones exprés de Trump, pero no lo anula, ya que el gobierno puede seguir con las expulsiones de migrantes bajo leyes migratorias tradicionales, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).Por otro lado, la jueza evitó pronunciarse sobre si la proclamación viola tratados humanitarios, aunque subrayó que las deportaciones sin garantías judiciales son inconstitucionales.Al citar a la Corte Suprema, Sweeney recordó que "incluso en contextos de seguridad nacional, el debido proceso exige oportunidades significativas para impugnar la deportación".¿Qué sigue para el gobierno de Trump luego de este fallo judicial?A pesar de la existencia del fallo, aún falta la respuesta de la Casa Blanca, ya que el Departamento de Justicia podría apelar y alegar que la orden obstruye la lucha contra el crimen organizado. No obstante, en caso de que se ratifique el fallo, podría convertirse en una protección judicial que se extendería a todos los detenidos en Colorado bajo la proclamación. Mientras tanto, la decisión refuerza un principio clave: ni siquiera en nombre de la seguridad nacional puede ignorarse el derecho a defenderse. Como escribió la jueza, "un proceso que es solo un gesto, no es debido proceso".

Un juez conservador criticó el fallo nocturno que bloqueó nuevas deportaciones ordenadas por Donald Trump

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos actuó "literalmente en medio de la noche" y sin una explicación suficiente al impedir al gobierno de Donald Trump deportar a cualquier venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, escribió el juez Samuel Alito -miembro del tribunal- en un categórico disentimiento que criticó a la mayoría de siete miembros del máximo tribunal de Estados Unidos, que tiene en total nueve jueces.Acompañado por el también juez conservador Clarence Thomas, Alito señaló que había un "dudoso apoyo fáctico" para conceder la solicitud a una apelación de emergencia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Ese grupo argumentó que las autoridades de inmigración parecían estar actuando para reiniciar esas deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798.La mayoría no proporcionó una explicación detallada de la orden emitida el sábado, como es habitual, pero la Corte había dicho previamente que las deportaciones solo podrían proceder después de que quienes estaban a punto de ser expulsados tuvieran la oportunidad de argumentar su caso en el tribunal y se les diera "un tiempo razonable" para impugnar sus deportaciones pendientes.Alito afirmó en su nota de disentimiento, publicada horas después de la intervención de la Corte contra el gobierno republicano, que "tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de obedecer la ley".La breve orden de los jueces de la Corte Suprema impidió que el gobierno deportara a los venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet "hasta nueva orden de esta Corte".Alito agregó que el fallo "sin precedente" fue "otorgado apresurada y prematuramente".El magistrado escribió que no estaba claro si el máximo tribunal tenía jurisdicción en esta etapa del caso, diciendo que no se habían agotado todas las vías legales en los tribunales inferiores y que los jueces no habían tenido la oportunidad de escuchar la versión del gobierno."Los únicos documentos ante esta Corte Suprema fueron los presentados por los solicitantes. La Corte no había ordenado ni recibido una respuesta del gobierno respecto a las alegaciones fácticas de los solicitantes o a cualquiera de los problemas legales presentados por la solicitud. Y la Corte tampoco tuvo el beneficio de una respuesta del gobierno presentada en ninguno de los tribunales inferiores", detalló.Alito señaló que los documentos legales, "si bien alegaban que los solicitantes estaban en peligro inminente de ser expulsados, proporcionaban poco apoyo concreto para esa alegación". Destacó que, aunque la Corte no escuchó directamente al gobierno sobre ninguna deportación planificada bajo la ley de enemigos extranjeros en este caso, un abogado del gobierno en un asunto diferente había dicho a un tribunal federal de distrito en una audiencia el viernes por la noche que no se planeaba que tales deportaciones ocurrieran el viernes o el sábado."En resumen, literalmente en medio de la noche, la Corte Suprema emitió un fallo sin precedente y legalmente cuestionable sin dar a los tribunales inferiores la oportunidad de pronunciarse, sin escuchar a la parte opositora, dentro de las ocho horas de recibir la solicitud, con un dudoso apoyo fáctico para su orden, y sin proporcionar ninguna explicación para su orden", escribió Alito. "Me negué a unirme a la orden de la Corte porque no teníamos una buena razón para pensar que, dadas las circunstancias, emitir una orden a medianoche fuera necesario o apropiado. Tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de acatar la ley".El gobierno presentó documentos instando a la Corte Suprema a reconsiderar su suspensión.El viernes pasado, dos jueces federales se negaron a intervenir al tiempo que los abogados de los inmigrantes lanzaban una desesperada campaña legal para evitar su deportación. Anteayer, la Corte Federal de Apelaciones del 5° Circuito también se negó a emitir una orden protegiendo a los detenidos de ser deportados.La ACLU ya había presentado un recurso para frenar las deportaciones de dos venezolanos detenidos en la instalación de Bluebonnet y buscó una orden que prohibiera las expulsiones de cualquier inmigrante en la región bajo la ley de enemigos extranjeros.En la petición de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros venezolanos detenidos allí de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua, lo que los hace sujetos al uso de la ley por parte de Trump.La ley de enemigos extranjeros solo se invocó tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a civiles japoneses-americanos en campos de internamiento. El gobierno sostiene que les da el poder de expulsar rápidamente a los inmigrantes que identificaron como miembros de aquella pandilla, independientemente de su estatus migratorio.Tras la orden unánime de la Corte Suprema el 9 de abril, jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes prohibiendo la deportación de detenidos bajo la ley hasta que el gobierno proporcione un proceso para que puedan presentar reclamos en la corte.Pero no se había emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que está en el extremo norte del estado.Algunos venezolanos sujetos a la aplicación de la ley por parte de Trump fueron enviados a El Salvador y encarcelados en la prisión Cecot (Centro del Confinamiento del Terrorismo) del país centroamericano.Agencias AP y DPA

Tras las críticas a Donald Trump por las deportaciones, el papa recibió al vicepresidente de Estados Unidos JD Vance durante "unos minutos"

Este "encuentro privado" de "unos minutos" tuvo lugar en la residencia de Santa Marta, donde vive el papa en el Vaticano. En febrero, Francisco suita provocó indignación en la Casa Blanca al condenar, en una carta a los obispos estadounidenses, las expulsiones masivas de migrantes promovidas por el presidente, que calificó de "importante crisis".

El golpe judicial a Donald Trump por las deportaciones de venezolanos: consecuencias de un desafío a la ley

El caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por un error del gobierno de EE.UU. mostró que el mandatario republicano no acepta límites.Hasta dónde puede llegar la arremetida del jefe de la Casa Blanca contra los inmigrantes sin papeles.

Tren de Aragua: la inteligencia contradice la justificación de Trump para las deportaciones, según The Washington Post

En medio de las polémicas generadas por el plan de deportaciones masivas de Donald Trump, un informe confidencial del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos contradijo la afirmación del presidente republicano sobre una supuesta "invasión" del gobierno de Venezuela a través de miembros del grupo criminal Tren de Aragua. La inteligencia de EE. UU. rechaza la versión de una invasión coordinada desde VenezuelaEl Consejo Nacional de Inteligencia, que agrupa a las 18 agencias de inteligencia norteamericanas, concluyó que no existe evidencia suficiente de una operación planificada por el gobierno venezolano para infiltrar criminales en EE.UU. De acuerdo a la información de The Washington Post, personas con conocimiento directo del informe comentaron que el Tren de Aragua no actúa bajo las órdenes de Nicolás Maduro ni tiene un vínculo jerárquico con el régimen.Este informe se conoció semanas después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones sin el debido proceso legal. Además, la evaluación coincide con hallazgos previos de febrero en los que ya se había informado que la banda no estaba bajo el control del gobierno venezolano.Deportaciones masivas bajo una ley del siglo XVIIITrump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar la expulsión de presuntos miembros del Tren de Aragua. El gobierno trasladó en aviones a los detenidos hacia una megaprisión en El Salvador, pese a una orden judicial que prohibía las deportaciones sin acceso a un proceso legal.La ley le da facultades al Poder Ejecutivo para la expulsión de ciudadanos extranjeros cuyo país esté en guerra con Estados Unidos o que represente una incursión hostil. No se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo al mencionado medio, expertos legales afirman que la norma exige una relación directa con las acciones de un gobierno extranjero, algo que el informe de inteligencia descarta en este caso.Por su parte, Trump justificó el uso de la ley: "El Tren de Aragua está llevando a cabo acciones hostiles y guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto de manera directa como por órdenes, encubiertas o no, del régimen de Maduro en Venezuela".Tren de Aragua: una estructura criminal sin jerarquía definidaEl Tren de Aragua se originó como una banda carcelaria en 2014 en el estado venezolano de Aragua, y desde entonces se expandió a otros países de América Latina. Según Geoff Ramsey, especialista en Venezuela del Atlantic Council, la organización no responde a una cadena de mando centralizada."Se convirtió más en una marca criminal que en una estructura con jerarquías claras", afirmó Ramsey. Indicó que distintos grupos delictivos, desde Miami hasta Santiago de Chile, usan su nombre para intimidar o legitimarse ante otros delincuentes.En 2023, las fuerzas armadas venezolanas tomaron una cárcel dominada por el Tren de Aragua y habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, lo que evidencia conflictos entre el grupo y el gobierno de Maduro.De acuerdo con The Washington Post dos personas familiarizadas con el tema confirmaron que todas las agencias de inteligencia, excepto el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), coincidieron en que Maduro no dirige al grupo criminal. Esta última mantuvo que existe un nivel moderado de cooperación entre el gobierno venezolano y el Tren de Aragua.Choque entre el gobierno y el Poder JudicialEl enfrentamiento entre Trump y la justicia escaló tras las deportaciones de las últimas semanas. El juez federal James Boasberg advirtió que podría iniciar procesos por desacato contra funcionarios que incumplieron su orden de detener el vuelo que llevó a más de 130 venezolanos hacia la megacárcel de El Salvador sin respetar el debido proceso.De acuerdo a Boasberg, "la Constitución de Estados Unidos no tolera la desobediencia deliberada a las decisiones judiciales, especialmente por parte de funcionarios de un poder del estado que juraron respetarla". Steven Cheung, vocero de la Casa Blanca, respondió que el presidente Trump está "100% comprometido con eliminar la amenaza de terroristas y criminales ilegales". Además, acusó a "sectores del Estado profundo" de coordinar ataques mediáticos para desacreditar la política migratoria del mandatario.

El miedo de académicos y científicos extranjeros a las deportaciones de Trump: "Hay un ataque directo a todo el sistema universitario estadounidense"

La comunidad científica denuncia la represión y censura del entorno universitario, con las deportaciones como "castigo ejemplar"

El pedido del presidente de Ecuador a Donald Trump y las deportaciones de migrantes a su país

A días de haber ganado las elecciones y ser reelecto para un segundo período por una amplia diferencia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su intención de reforzar el vínculo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y pidió una "ayuda real" de la administración norteamericana para combatir la criminalidad en su país. Además, reveló detalles de las deportaciones de ciudadanos ecuatorianos desde el país norteamericano.Noboa y el deseo de alcanzar una alianza estratégica con TrumpEn una entrevista exclusiva con CNN, Noboa planteó la necesidad de sumar apoyos internacionales para combatir la criminalidad en Ecuador. En ese sentido, puso el foco en Estados Unidos y, en particular, en el presidente Donald Trump. Afirmó que necesita una reunión poselectoral con el mandatario estadounidense para consolidar los planes esbozados previamente.Según dijo, a finales de marzo, mantuvo "una buena conversación" con Trump y reconoció que uno de sus objetivos es lograr una cooperación directa de Estados Unidos en áreas sensibles como "sistemas de inteligencia, radares, protección de fronteras y monitoreo del narcotráfico".Noboa se mostró confiado en que su país está en condiciones de recibir "paquetes de ayuda reales" de parte del gobierno de EE.UU., a fin de combatir a las pandillas y la criminalidad.Asimismo, el ecuatoriano reiteró su deseo de contar con apoyo militar internacional permanente para enfrentar a las bandas delictivas en su país. "Que exista apoyo de fuerzas extranjeras, con mucho gusto, lo necesitamos", manifestó. El político también manifestó que ve con buenos ojos la posibilidad de instalar una base militar conjunta en su país, aunque aclaró que las operaciones de seguridad en Ecuador deben ser controladas por militares y policías ecuatorianos.La situación de los migrantes ecuatorianos en EE.UU. y las deportacionesAl ser consultado sobre la situación de sus compatriotas que migraron a Estados Unidos, Noboa se mostró satisfecho con el hecho de que Ecuador haya salido de la lista de prioridad de deportación de la administración de Trump.Si bien el mandatario reconoció que las expulsiones de ecuatorianos continúan, consideró que la buena relación que su gobierno mantiene con la Casa Blanca influyó, positivamente, para que su país haya sido excluido de las prioridades de deportación.El crimen organizado y el control de fronterasEl presidente ecuatoriano consideró que el crecimiento del narcotráfico en su país exige una respuesta coordinada con otros países. Para frenar el avance de estas bandas, Noboa remarcó la necesidad de reforzar las fronteras, sobre todo con Colombia y Perú, principales productores de cocaína del mundo. "Hemos hablado con (el presidente colombiano, Gustavo) Petro y con la presidenta de Perú (Dina Boluarte) para que haya mayor control en las fronteras. Estamos con acciones en conjunto", afirmó.El triunfo electoral de Noboa, reelecto para un nuevo período en EcuadorEste domingo, Daniel Noboa se impuso en el balotaje en Ecuador ante la candidata correísta, Luisa González, y fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años. Ganó por un amplio margen: fue el tercer triunfo más holgado de un candidato en la historia del país.Noboa fue reelecto presidente con una diferencia de más de 11 puntos a su rival (55,6% a 44,3%). El presidente acabó arrastrando buena parte del electorado ecuatoriano que se decantó por su candidatura luego de una primera vuelta más cerrada, con solo 17.000 votos de diferencia con González.

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Los pocos transeúntes que pasan por allí regresan a Venezuela

El millonario negocio detrás de la empresa que armó el Lollapalooza en EE.UU.: ahora aprovechan las deportaciones

En medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el avance del plan de deportaciones masivas promovido por Donald Trump, una empresa privada ha comenzado a capitalizar esta nueva fase de control fronterizo. Deployed Resources, una compañía conocida por prestar servicios logísticos en festivales como Lollapalooza, ahora asumió un nuevo rol: gestionar instalaciones de detención para migrantes arrestados dentro del territorio estadounidense.De armar festivales de música a centros de detenciónSegún un informe de ProPublica, una organización sin fines de lucro que investiga abusos de poder, Deployed Resources obtuvo un contrato de hasta US$3,8 millones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para operar un campo de detención en Fort Bliss, Texas.Este contrato representa el más grande en la historia de la empresa y forma parte de un nuevo enfoque federal que contempla el uso de tiendas de campaña en bases militares como espacio para retener a migrantes detenidos antes de ser deportados.La empresa, fundada por Richard Stapleton y Robert Napior, comenzó sus servicios con el suministro de sanitarios portátiles y estructuras temporales en eventos masivos, como el festival Bonnaroo en Tennessee, el Superbowl y el Lollapalooza, entre otros.Un encuentro clave con un exfuncionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en 2005 les abrió la puerta al ecosistema de contratistas federales vinculados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En las dos décadas siguientes, la compañía incorporó a más de una decena de exfuncionarios gubernamentales y comenzó a expandirse en áreas relacionadas con la respuesta a emergencias por desastres climáticos y, progresivamente, al sistema migratorio.Fort Bliss: epicentro del nuevo modelo de detenciónCon el anuncio de que ICE trasladará detenidos a una instalación administrada por Deployed Resources en El Paso, Texas, la atención se centró en Fort Bliss, una base del ejército estadounidense que ahora será reutilizada como espacio para alojar a migrantes en espera de deportación.Funcionarios del Departamento de Defensa (DOD) confirmaron en una entrevista con CNN que se construirá una infraestructura con capacidad para hasta 5000 personas, aunque bajo gestión civil. Por ley, el personal militar no puede participar en labores de control migratorio, por lo que Deployed y otras firmas contratistas estarán a cargo de la operación.El plan incluye modificaciones estructurales a carpas previamente utilizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que ahora serán reforzadas con materiales rígidos para mejorar su seguridad y funcionalidad. La operación, en parte, se financiará con recursos del DOD, bajo la declaración de emergencia nacional en la frontera sur.Los registros revisados por ProPublica indican que, hasta la fecha, Deployed Resources y su empresa hermana Deployed Services han recibido más de US$4 millones en contratos federales relacionados con la gestión de infraestructura fronteriza. La compañía también obtuvo un contrato adicional por US$5 millones para suministrar personal de seguridad desarmado.Contratos a futuro y expansión del modeloLa proyección del gobierno es que el gasto total en nuevas instalaciones de detención puede llegar a US$45 millones en los próximos años. Esto generó una nueva "fiebre de contratos" entre empresas que prestan servicios logísticos y de seguridad. En una visita reciente a Fort Bliss, representantes de al menos diez compañías privadas, que incluyen además de Deployed Resources a CoreCivic y The GEO Group, dos gigantes del sector carcelario, recorrieron el sitio junto a funcionarios del DHS para evaluar las oportunidades de negocio, según la investigación por parte de la organización estadounidense.Los requerimientos mínimos de ICE incluyen separación por género, espacios familiares, zonas de aislamiento para personas con comportamiento violento y lugares para reuniones legales. No se ha informado si las instalaciones actuales cumplen con estos estándares.La expansión de Deployed Resources desde el sector del entretenimiento hasta la detención migratoria refleja el modo en que empresas privadas han adaptado sus operaciones a las prioridades cambiantes del gobierno federal.

Sheinbaum mantendrá activos los centros de atención ante deportaciones de EEUU: "Debemos tener lo necesario"

La presidenta dijo que también se mantendrá la atención especialen los consulados mexicanos

Así es cómo la Ley de Enemigos Extranjeros podría acelerar las deportaciones de Trump

La Casa Blanca retomó una norma de 1798 para justificar la expulsión acelerada de inmigrantes venezolanos, a quienes acusa de integrar organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Se trata de la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta jurídica con origen en tiempos de guerra que ahora, bajo el gobierno de Donald Trump, cobró un nuevo protagonismo. La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 vuelve al centro del debate en Estados UnidosLa Ley de Enemigos Extranjeros se sancionó en 1798, cuando Estados Unidos se preparaba para un posible conflicto con Francia. El Congreso buscó entonces otorgar al presidente un margen de maniobra amplio para arrestar o deportar a personas extranjeras consideradas peligrosas durante tiempos de guerra.A lo largo de más de dos siglos, esta norma se aplicó en contadas ocasiones:Durante la guerra de 1812, contra Reino Unido.En la Primera Guerra Mundial, principalmente contra personas de origen alemán.En la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó como sustento legal para encarcelar a más de 120 mil ciudadanos de origen japonés, incluidos muchos nacidos en Estados Unidos.Desde entonces, había permanecido inactiva. Sin embargo, en marzo de 2025, Donald Trump la invocó oficialmente para enfrentar lo que describió como una "invasión" proveniente de Venezuela.Una "guerra" sin declaración formal: cuál es la justificación para utilizar esta ley para deportar venezolanosAunque Estados Unidos no está inmerso en un conflicto armado declarado, la administración Trump sostiene que la situación fronteriza constituye una forma de guerra. La narrativa oficial apunta a una infiltración deliberada de bandas criminales transnacionales, especialmente el grupo venezolano conocido como Tren de Aragua.El presidente de Estados Unidos justificó su decisión con los siguientes argumentos:El Tren de Aragua fue designado como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025, bajo la ley 8 U.S.C. 1189.Se le atribuyen crímenes como homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, armas y personas.Según Trump, el grupo opera de forma coordinada con el régimen de Nicolás Maduro y con el llamado Cártel de los Soles, una estructura narco terrorista vinculada a funcionarios venezolanos.La proclamación presidencial afirma que el Tren de Aragua cometió actos de "guerra irregular" en territorio estadounidense y utilizó el narcotráfico como arma para "inundar" de drogas ese país.A partir de estas consideraciones, el mandatario republicano declaró que "todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que formen parte del Tren de Aragua, que estén dentro de EE.UU. y no tengan residencia legal o ciudadanía estadounidense, son susceptibles de ser detenidos y expulsados como enemigos extranjeros".Ley de Enemigos Extranjeros: deportaciones exprés sin revisión judicialLa reactivación de esta ley tuvo efectos inmediatos. En marzo, más de 130 hombres venezolanos acusados de integrar organizaciones criminales fueron trasladados a El Salvador, donde el gobierno estadounidense financió su confinamiento en una cárcel de alta seguridad. Ninguno de ellos tuvo oportunidad de presentar una defensa legal previa a su expulsión, según explicaron desde Asocciated Press.Horas antes de que comenzaran las primeras deportaciones, la American Civil Liberties Union (ACLU) y la organización Democracy Forward presentaron una demanda en nombre de cinco hombres retenidos en un centro migratorio de Texas. El juez James E. Boasberg les dio la razón y suspendió las expulsiones. Pese a esa orden judicial, dos aviones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya estaban en vuelo sobre el Golfo de México rumbo a Centroamérica. El caso escaló rápidamente a la Corte Suprema, luego de que un juez federal suspendiera temporalmente las deportaciones. Sin embargo, el máximo tribunal autorizó al gobierno a seguir adelante con la aplicación de la ley, aunque estableció que las personas afectadas deben contar con el derecho a impugnar las órdenes de expulsión. Los magistrados no se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la norma.Ahora la batalla judicial que debe enfrentar el gobierno de Donald Trump es otra: jueces federales, como el del Distrito Sur de Nueva York, fallaron a favor de los detenidos al argumentar que, tal y como dice la decisión de la Corte Suprema, algunos acusados no tuvieron aviso previo de deportación ni la capacidad de defensa. Nuevos objetivos del gobierno de Trump: la banda MS-13 y más deportacionesLa administración Trump no se limitó al Tren de Aragua. Según explicó Todd Lyons, director interino del ICE, también se evalúa invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a presuntos integrantes de la banda salvadoreña MS-13.El anuncio se realizó durante la Border Security Expo, una feria de seguridad fronteriza realizada en Phoenix. En ese marco, funcionarios del gobierno defendieron la idea de aplicar la legislación de 1798 como una herramienta moderna de política exterior y seguridad interna, explicaron desde AP.

En Nueva York: un juez federal bloqueó las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Dos días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara nuevamente al gobierno de Donald Trump a utilizar una antigua ley de 1798 para acelerar deportaciones, dos migrantes venezolanos detenidos en Nueva York volvieron a presentar una demanda judicial. Por esto, el juez Alvin Hellerstein bloqueó la expulsión de cualquier presunto pandillero detenido en el Distrito Sur de Nueva York. "Dada la historia, me parece que es necesario proteger a la gente", enfatizó. La próxima audiencia está prevista para el 22 de abril.La ley de 1798: una herramienta polémica en manos de Trump y avalada por la CorteLa normativa en cuestión, conocida como Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act), se aprobó en el siglo XVIII y tuvo muy pocas aplicaciones en la historia estadounidense. Su uso reciente para deportar venezolanos relacionados con la organización terrorista El Tren de Aragua encendió una fuerte controversia sobre la legalidad y la proporcionalidad de su implementación.La Ley de Enemigos Extranjeros: Fue aprobada en 1798 y permite expulsar a personas extranjeras si Estados Unidos está en guerra con su nación de origen.Se utilizó de forma notoria durante la Segunda Guerra Mundial para detener a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes.No se aplicaba desde entonces hasta que el expresidente Donald Trump la invocó el 15 de marzo de 2025.El argumento del actual gobierno sostiene que la organización criminal internacional Tren de Aragua, a la que vinculan con los demandantes de Nueva York, actúa como una fuerza hostil apoyada por el gobierno venezolano. Esta postura les habría permitido activar la ley sin necesidad de órdenes de deportación finales emitidas por jueces migratorios, como es habitual.Dos venezolanos en el centro de la disputa legal de Trump por la Ley de Enemigos ExtranjerosLa nueva demanda fue presentada en el tribunal federal de Manhattan por dos venezolanos identificados con las iniciales G.F.F. y J.G.O., quienes se encuentran detenidos en el Centro Correccional del Condado de Orange, en Goshen, Nueva York, según destacó Reuters. Sus abogados intentan frenar su traslado y posterior expulsión.El juez Alvin Hellerstein, conocido por haber rechazado previamente otros intentos de Trump de llevar casos estatales a tribunales federales, bloqueó temporalmente este miércoles la deportación no solo de esos dos migrantes, sino también de cualquier presunto pandillero del Distrito Sur de Nueva York sin que primero reciba una notificación y la oportunidad de una audiencia. Según explicó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el caso busca representar a un grupo mayor, posiblemente integrado por cientos de venezolanos, que podrían estar en la misma situación. La organización presentó la acción en una jurisdicción diferente a la del caso original, lo que dio inicio a una nueva etapa en la batalla legal.La ACLU expresó en su escrito: "Sigue existiendo un riesgo inaceptablemente alto de que el gobierno deporte a personas que en realidad no pertenecen a Tren de Aragua".Lo que dictó la Corte Suprema antes del fallo de un juez en Nueva York sobre la Ley de Enemigos ExtranjerosLa intervención de la Corte Suprema ocurrió el lunes por la noche. Con una votación ajustada de cinco contra cuatro, los jueces conservadores decidieron levantar las órdenes de restricción temporarias dictadas por el magistrado James Boasberg en Washington D.C., que impedían a la administración Trump ejecutar deportaciones bajo la ley de 1798.Sin embargo, el tribunal aclaró que cualquier persona afectada por esta medida tiene derecho a recibir una notificación adecuada y a presentar una defensa legal antes de ser deportada. Según los abogados de los dos venezolanos detenidos en Nueva York, este procedimiento no se cumplió. En la demanda alegaron que sus defendidos no recibieron aviso ni la oportunidad de rebatir los cargos que los vinculan con la organización criminal.El futuro de la batalla legal: Trump contra un juez de Nueva YorkEl nuevo litigio presentado en Nueva York representa un intento por abrir otro frente judicial, tras el fallo de la Corte Suprema que limitó las posibilidades de presentar demandas en Washington D.C. Por su parte, la defensa legal de G.F.F. y J.G.O. insistió en que no se puede trasladar a los detenidos sin que antes se analice el fondo del caso, lo que podría sentar precedentes para miles de venezolanos.Fuentes como Reuters anticiparon que los tribunales seguirán recibiendo demandas mientras el gobierno mantenga activa esta ley. Lo que ocurra en los próximos días con estos dos migrantes podría marcar el camino para muchos otros que se encuentran en una situación similar.

El Tribunal Supremo de EEUU autorizó las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte revocó un fallo que bloqueaba la aplicación de una norma invocada por Trump por motivos de seguridad nacional

La Corte Suprema de EEUU permite temporalmente deportaciones rápidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

La normativa, aprobada en 1798, otorga poderes de tiempos de guerra para deportar inmigrantes

Revés para Donald Trump: un tribunal confirma el bloqueo temporal a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) para levantar la orden que bloquea el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración de Donald Trump. Esta normativa, que permite la deportación inmediata de inmigrantes acusados de ser miembros de organizaciones terroristas, generó una serie de enfrentamientos legales y políticos.La decisión del tribunal de apelaciones contra la administración TrumpThe Washington Post informó que este miércoles, un panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló 2-1 a favor de los demandantes que luchan contra su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, esta decisión no impide que el gobierno federal continúe con la detención de aquellas personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua.Desde que Trump invocó esta antigua legislación de 1798 para acelerar las deportaciones de inmigrantes presuntamente vinculados con grupos criminal, se desató una ola de críticas tanto en EE.UU. como a nivel internacional. La Ley de Enemigos Extranjeros, que solo puede utilizarse en tiempos de guerra o cuando se percibe una amenaza externa grave, fue duramente cuestionada por su aplicación en el contexto actual.Fue justamente esta ley la que utilizó el presidente republicano para deportar el pasado 16 de marzo a 137 de los 238 venezolanos a la megacárcel en El Salvador, mientras que el resto fueron procesados mediante el Título 8, que regula los procedimientos migratorios convencionales. En esos traslados también hubo 23 pandilleros de Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos dos de sus líderes.Los argumentos a favor de la detención de la Ley de Enemigos ExtranjerosEn concreto, fueron las juezas Karen LeCraft y Patricia Millett quienes rechazaron la solicitud del gobierno para levantar la suspensión. En tanto, el juez Justin Walker, nominado por Trump, tuvo una postura diferente y consideró que el caso debería haber sido llevado a Texas, donde se encontraban detenidos los migrantes que enfrentaban la deportación, en lugar de a Washington D.C.En el fallo, recogido por CNN, la jueza Karen LeCraft Henderson argumentó que el presidente Trump ya tiene amplias facultades bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar y detener a individuos que se consideren una amenaza para Estados Unidos. A su vez, destacó que las deportaciones deben realizarse de acuerdo con los procesos legales establecidos.Por otro lado, la jueza Patricia Millett fue aún más crítica del proceso y mencionó que la decisión del gobierno de deportar a estas personas sin ofrecerles una audiencia, una oportunidad de impugnar su deportación o la posibilidad de acceder a la protección legal disponible, representaba una grave violación de sus derechos.Apelación a la Corte Suprema de EE.UU.CNN indicó que el Departamento de Justicia planea apelar la decisión ante la Corte Suprema de EE.UU. por considerar que la orden de restricción temporal interfiere con las negociaciones internacionales, relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.En tanto, la administración Trump defendió que las deportaciones son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses de las amenazas representadas por los miembros de Tren de Aragua, una organización criminal oriunda de Venezuela.Mientras se resuelve el caso en los tribunales, miles de migrantes aún se encuentran bajo amenaza de deportación, pese a la orden de restricción temporal les brinda un respiro momentáneo.

Kristi Noem, encargada de las deportaciones masivas de Trump que visita Colombia, lanzó fuerte mensaje contra los migrantes ilegales: "Si no te vas, te cazaremos"

La visita de Kristi Noem refuerza las alianzas en materia migratoria, pero suscita preguntas en torno a derechos humanos y acuerdos bilaterales

EEUU abordó con Trinidad y Tobago la amenaza del Tren de Aragua y las deportaciones de migrantes

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo un encuentro con el primer ministro, Stuart Young, en el marco de su viaje a Jamaica

Un tribunal de apelaciones de EEUU ratificó el bloqueo temporal de las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

La normativa permite la detención y expulsión de ciudadanos de países con los que Estados Unidos esté en conflicto, y fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial

Encargada de las deportaciones masivas del presidente Trump viajará a Colombia: estos son los motivos de su visita

Kristi Noem volará desde El Salvador a territorio nacional el jueves 27 de marzo de 2025 y se reunirá con el presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia

¿Qué es el "privilegio de secretos de Estado" que invocó Trump en los casos de deportaciones?

Este lunes, la administración del presidente Donald Trump invocó el "privilegio de secretos de estado" para evitar darle información a un juez federal sobre los vuelos de deportación de migrantes venezolanos a El Salvador. Con la determinación, surge la duda de qué es y cómo afecta el caso.¿Qué es el "privilegio de secretos de Estado"?El sitio del Congreso de Estados Unidos explica que la Corte Suprema ha desarrollado la doctrina del derecho consuetudinario conocida como el "privilegio de secretos de estado" (SSP, por sus siglas en inglés), que protege la información sensible de seguridad nacional de su divulgación en litigios civiles. "Permite al jefe de un departamento ejecutivo negarse a presentar pruebas en un caso judicial con el argumento de que las pruebas son información secreta que dañaría la seguridad nacional o los intereses de las relaciones exteriores si se divulgaran", señala. Cuando se invoca la SSP, el gobierno presenta una declaración jurada en la que afirma que cualquier procedimiento judicial podría revelar secretos que amenazarían la seguridad nacional, y luego solicita al tribunal que desestime la demanda. Los usos anteriores de la SSP se han dado con mayor frecuencia en la etapa de descubrimiento de pruebas, para solicitar a los tribunales que nieguen el acceso a documentos o testigos. Sin embargo, advierten que, de forma más preocupante, el gobierno lo ha invocado en el inicio de los casos para desestimarlos por completo. "En estos casos, el gobierno ha argumentado que incluso responder a la demanda confirmando o negando sus acusaciones podría suponer la divulgación de secretos que podrían causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional", indican en el sitio.Por qué Trump invocó el "privilegio de secreto de estado"La administración Trump le dijo a un juez federal que no revelaría más información sobre dos vuelos de migrantes venezolanos que envió a El Salvador este mes a pesar de una orden judicial de devolver los aviones, de acuerdo con The New York Times.Durante casi 10 días, el juez James E. Boasberg del Tribunal Federal de Distrito en Washington ha tratado que el gobierno federal le dé información sobre los vuelos con el objetivo de determinar si los funcionarios les permitieron continuar hacia El Salvador en violación de una orden de que regresaran a Estados Unidos.El medio citado indica que "en un claro acto de desafío", el Departamento de Justicia le dijo al juez Boasberg que darle más información "socavaría o impediría futuras operaciones antiterroristas".La administración Trump sostiene que en esos aviones se transportaban a miembros de una pandilla venezolana llamada Tren de Aragua, aunque diversos medios han expuesto casos de detenidos, cuyos familiares aseguran que no forman parte de la agrupación criminal. The New York Times explica que si bien el "privilegio de secretos de estado" es una doctrina legal que permite al poder ejecutivo bloquear el uso de evidencia en la corte, normalmente proporciona de forma confidencial una descripción detallada de la evidencia a un juez, y así demuestra por qué es demasiado sensible para discutirla en audiencia pública. Sin embargo, la medida de la administración Trump "es extraordinaria", al negarse a proporcionar información al juez Boasberg, incluso de forma privada y en una instalación segura para el manejo de información clasificada.En lugar de ello, presentó declaraciones de Marco Rubio y Kristi Noem, los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, en las que expresaron que compartir la información con un tribunal pondría en peligro la seguridad nacional y la política exterior, y ocasionaría que los socios extranjeros sean menos propensos a confiar en que el gobierno mantendrá en secreto las negociaciones confidenciales y los detalles operativos."El tribunal cuenta con todos los elementos necesarios para abordar los problemas de cumplimiento que se le plantean", se lee en un documento. "Nuevas intromisiones en el poder ejecutivo presentarían perjuicios peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes, en relación con cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional que el tribunal no tiene competencia para abordar".

La Secretaria de Seguridad Interior, encargada de las deportaciones de colombianos desde Estados Unidos, viajará a Bogotá para reunirse con Petro

Tras su paso por Colombia, la funcionaria estadounidense viajará a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum

Cómo afectan las deportaciones masivas de inmigrantes en EEUU a quienes tienen estatus legal o Green cards

El caso de Mahmoud Khalil, detenido por razones de política exterior sin acusaciones penales, expone el uso ampliado de herramientas legales por parte del gobierno para restringir la entrada o permanencia de residentes legales y titulares de visa

De posibles deportaciones a obtener la green card: qué son los procedimientos EOIR y cómo funcionan

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) administra el sistema de tribunales de inmigración y entre sus funciones están las de recibir a posibles deportados y seguir los procesos en caso de apelación y audiencias.¿Qué es la EOIR?La EOIR se creó el 9 de enero de 1983 mediante una reorganización interna del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). La modificación combinó la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés o Junta) con la función de juez de inmigración.La misión principal de la Oficina es resolver casos de inmigración mediante la interpretación y aplicación justa, expedita y uniforme de las leyes de inmigración del país, según señalan en su sitio web oficial.Bajo la autoridad delegada por el Fiscal General, la EOIR lleva a cabo procedimientos judiciales de inmigración, revisiones de apelaciones y audiencias administrativas para decidir si a un individuo, acusado de violar la ley en la materia, se le debe permitir permanecer en el país o no.Los procedimientos EOIR y cómo funcionanLa EOIR es responsable de la resolución de casos, específicamente, bajo la autoridad delegada del Fiscal General. Es así que interpreta y administra las leyes federales de inmigración mediante la realización de una serie de procedimientos.Al respecto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) explica que algunas personas que están en un proceso ante un tribunal de inmigración pueden solicitar ayuda para:Evitar la remoción a través del ajuste de estatus al de residente permanente legal (recibir una green card).Cancelar la expulsión.Solicitar ciertas exenciones de causal de inadmisibilidad.Pedir protección para evitar la deportación a través del asilo.Antes de que la EOIR pueda otorgar ayuda o protección contra la remoción, se deben completar las verificaciones de identidad, seguridad y antecedentes, advierte la agencia.Uscis también indica que si el extranjero tiene programada una cita para servicios biométricos en un centro de asistencia de solicitudes, debe seguir cuidadosamente las instrucciones.Para conocer el estatus de cada petición, la EOIR mantiene un Sistema Automatizado de Información de Casos que permite consultar el estado en línea.Qué pasa si se otorga el beneficio de inmigración por la EOIRSi el juez de inmigración concede la ayuda o protección contra la deportación, el extranjero debe recibir el documento llamado Instrucciones posteriores a las órdenes para personas que recibieron ayuda o protección de remoción, una vez que haya finalizado el procedimiento de expulsión.Estas instrucciones describen los pasos que se deben seguir para obtener documentación del estatus de inmigración y autorización de empleo.Si al peticionario se le otorgó el estatus de residente permanente legal durante su procedimiento ante un juez de inmigración, recibirá un formulario I-94, Registro de Entrada/Salida con un sello de asilo.El Uscis indica que si transcurrieron 45 días desde que se ordenó el alivio o protección y todavía no se ha recibido la documentación del estatus, es necesario llamar al Centro de Contacto: 800-375-5283 (TTY 800-767-1833) y otorgar información, como:nombre completo;Número A;Fecha de nacimiento;Dirección postal;La fecha de la orden del juez de inmigración o BIA;El beneficio específico de inmigración que se recibió (por ejemplo, ajuste de estatus, cancelación de remoción o asilo); ySi la orden es final o no.

El 'Guantánamo' de El Salvador: cómo es el negocio carcelario de Bukele y Trump para las deportaciones

Tras desoír a la justicia, el presidente estadounidense concretó la deportación de cientos de venezolanos a cambio de una suma millonaria. El negocio implicaría un ingreso de 20.000 dólares por preso por año para el gobierno salvadoreño. Fotogalería. Leer más

¿Adiós a las deportaciones en Texas?: Greg Abbott cerrará un importante centro de detención de migrantes

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el cierre de una instalación clave para la detención de migrantes en el estado. El centro de procesamiento del condado de Jim Hogg dejará de operar en abril, como parte de los cambios impulsados por la administración de Donald Trump en materia de seguridad fronteriza.El impacto de la política migratoria de Trump en TexasEn un comunicado oficial publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Abbott aseguró que la reducción de cruces ilegales y las deportaciones rápidas permitieron tomar esta decisión. "Gracias al presidente Trump, los cruces ilegales están en mínimos históricos y la administración está deportando rápidamente a inmigrantes ilegales", declaró el gobernador.El mandatario texano también señaló que, como resultado, a diferencia de lo que ocurría con el expresidente Joe Biden, la operación de detención y procesamiento en Jim Hogg ya no es necesaria. "Texas continuará apoyando a la administración Trump en la detención, arresto y deportación de inmigrantes ilegales", concluyó Abbott.El cierre del centro de procesamiento en Jim HoggEl centro de procesamiento de Jim Hogg fue inaugurado en 2022 como parte de la Operación Lone Star, una iniciativa impulsada por Abbott para reforzar la seguridad fronteriza. Su función principal era registrar y procesar a los inmigrantes arrestados por delitos relacionados con la frontera.Ahora, el gobierno estatal aseguró que el impacto de las políticas de Trump en la frontera justifican el cierre de la instalación. Las detenciones de migrantes en la frontera alcanzaron niveles históricamente bajos, según datos oficiales.Las cifras que explican la decisión de TexasUn informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reveló que la cifra total de detenciones en la frontera de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) descendió drásticamente en comparación con meses anteriores.El mes pasado hubo 11.709 personas detenidas en la frontera, frente a las 61.447 de enero y las 176.195 de febrero de 2024. Según Abbott, el cierre del centro y la caída en los números fronterizos responden a los efectos de las medidas implementadas por Trump.La CBP cierra otros cinco centros temporales de detenciónEl cese de la instalación de Jim Hogg podría ser solo el primero de varios cambios en la estrategia migratoria de Texas. De hecho, la CBP confirmó el cierre de cinco instalaciones de procesamiento en la frontera sur de Estados Unidos. Las localidades afectadas incluyen:Donna, North Eagle Pass y Laredo, en Texas.Yuma y Tucson, en Arizona.Según la agencia, la disminución en las aprehensiones permitió que la Patrulla Fronteriza traslade sus operaciones a centros permanentes. El ahorro por el cierre de estas instalaciones oscila entre cinco y 30 millones de dólares por mes, por cada centro.El comisionado interino de CBP, Pete Flores, explicó en un comunicado oficial que "debido a la caída sin precedentes" en las detenciones de inmigrantes ilegales, la CBP está reduciendo el número de instalaciones temporales de procesamiento de lados blandos donde se alojaron a inmigrantes ilegales en ubicaciones específicas a lo largo de la frontera suroeste.Según datos oficiales, en febrero se registraron aproximadamente 330 aprehensiones diarias a nivel nacional, la cifra más baja en la historia de CBP. En la frontera suroeste, el promedio cayó por debajo de 300 detenciones diarias. "La CBP ya no tiene necesidad de estas instalaciones, ya que los inmigrantes ilegales están siendo rápidamente removidos", agregó Flores.

Trump pidió la destitución del juez que ordenó frenar las deportaciones y el presidente de la Corte Suprema lo reprendió

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes la destitución de un juez que solicitó a su gobierno que explique por qué deportó a decenas de venezolanos a pesar de su prohibición temporal de expulsarlos.En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, reprendió el martes al mandatario por insinuar que la destitución de un juez es la forma adecuada de resolver una disputa judicial."Durante más de dos siglos, ha quedado establecido que el juicio político no es una solución válida para el desacuerdo con una decisión judicial", afirmó Roberts en un comunicado emitido por el tribunal. "Para eso existe el proceso normal de revisión de apelaciones".El juez de distrito James Boasberg dictaminó el lunes que los abogados del Departamento de Justicia deben responder a las preguntas sobre los vuelos de deportación a El Salvador que fueron posibles gracias a que Trump invocó una ley de 1798 diseñada para su uso en tiempos de guerra. En una publicación realizada la mañana del martes en Truth Social, Trump continuó su historial de retórica incendiaria contra los jueces que fallan en su contra. "¡Este juez, un lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente designado por Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente!", escribió."YO GANÉ POR MUCHAS RAZONES, CON UN MANDATO ABRUMADOR, PERO LUCHAR CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUDO HABER SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA. Solo estoy haciendo lo que los VOTANTES querían que hiciera. Este juez, al igual que muchos de los 'jueces corruptos' ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser DESTITUIDO", añadió.La publicación del martes marcó la primera vez en el segundo mandato de Trump ha pedido la destitución de un juez.El ataque de Trump contra Boasberg se produce después de que el juez pidiera claridad sobre cuándo exactamente el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para declarar que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba llevando a cabo una guerra irregular contra Estados Unidos, y cuándo despegaron los vuelos de deportación.El gobierno sostiene que los deportados eran miembros de la pandilla y que comenzó a expulsarlos el sábado, antes de que un juez ordenara suspender los vuelos o devolverlos a Estados Unidos. Además, ha planteado preocupaciones de seguridad nacional en torno a la respuesta a las preguntas del juez, sugiriendo que parte de la información podría permanecer confidencial.Por su parte, los abogados de Trump han argumentado que la autoridad del tribunal en este asunto es limitada, lo que ha generado inquietud sobre una posible ampliación de los poderes del Ejecutivo. Esto podría derivar en un choque constitucional con el Poder Judicial, intensificando las tensiones entre ambas ramas del gobierno.El Tren de Aragua es una temida organización criminal dedicada al tráfico de personas en América del Sur. Sin embargo, aunque Trump afirmó que el grupo estaba invadiendo Estados Unidos, la evidencia documentada de una operación a gran escala en el país ha sido escasa.En una presentación judicial el lunes por la noche, Robert Cerna, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, admitió que muchos de los venezolanos deportados, a quienes la Casa Blanca vincula con el Tren de Aragua, no tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Cerna señaló que uno de los deportados había sido acusado de asesinato y varios enfrentaban cargos por asalto en el país. También afirmó que muchos tenían antecedentes o condenas pendientes fuera de Estados Unidos, pero no especificó cuántos de los 137 expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros contaban con un historial delictivo.CronologíaSegún una cronología de Reuters, la orden oral del juez Boasberg, que establecía que "cualquier avión que contenga a estas personas (...) debe ser devuelto a Estados Unidos", se emitió entre las 18.45 y las 18.48 (hora del este). En ese momento, dos de los tres vuelos ya estaban en el aire.Un tercer vuelo despegó a las 19.37, doce minutos después de que la orden escrita del juez fuera publicada. El equipo de Trump argumentó que este avión transportaba deportados procesados bajo otras disposiciones migratorias distintas de la Ley de Enemigos Extranjeros y, por lo tanto, no estaba sujeto a la orden judicial. A pesar de ello, los tres vuelos aterrizaron en El Salvador entre la noche del sábado y la mañana del domingo, varias horas después de las resoluciones oral y escrita del juez.Cuando el juez Boasberg solicitó información sobre los vuelos, parte de la cual era accesible a través de sitios públicos de rastreo, el abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, respondió que el gobierno de Trump se resistía a compartir detalles, argumentando que existían "graves riesgos para la seguridad nacional operativa y las relaciones exteriores".Mientras tanto, los familiares de los deportados estaban desesperados por conocer el paradero de sus seres queridos. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la solicitud que llevó a Boasberg a suspender las deportaciones por dos semanas, también busca esclarecer quiénes fueron expulsados y bajo qué circunstancias.Lee Gelernt, abogado de ACLU, advirtió sobre el posible conflicto constitucional que podría generar el desafío del gobierno de Trump y cuestionó su afirmación de que los deportados pertenecían al Tren de Aragua. "La administración Trump tiene un historial de exagerar el peligro que representan las personas que arresta", afirmó.Agencia Reuters

Donald Trump pidió destituir al juez que bloqueó las deportaciones de migrantes indocumentados

El presidente de Estados Unidos mostró su desacuerdo con James E. Boasberg, quien consideró que la expulsión de 200 personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros era inapropiada

"Lunático radical de izquierda": Donald Trump ataca al juez que pidió revertir las deportaciones y exige que sea destituido

James Boasberg había ordenado suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de una ley de hace 200 años, activada por Trump.Las deportaciones de casi 300 venezolanos ocurrieron igual. Y Boasberg exigió este martes explicaciones a la Casa Blanca.

Trump desafía los bloqueos de la Justicia para avanzar con su plan de deportaciones masivas

WASHINGTON.- Las deportaciones y la política migratoria del gobierno de Donald Trump quedaron en el ojo de la tormenta y llevaron a la Casa Blanca a una colisión con la Justicia luego de que la administración se negó a cumplir con al menos dos órdenes judiciales, incluida una de un juez federal que intentó frenar, sin éxito, dos vuelos de deportación con supuestos delincuentes de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, ambas incluidas en la lista de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano, a El Salvador.Además de esa disputa con un juez del Distrito de Columbia, el gobierno de Trump deportó a una profesora libanesa de la Universidad Brown, Rasha Alawieh, que residía legalmente en el país, pese a que otra orden judicial había bloqueado temporalmente su expulsión. Alawieh había viajado a Beirut para asistir al funeral de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, dijo el Departamento de Seguridad Interior. Su caso guarda similitudes con el arresto de Mahmoud Khalil, el estudiante de la Universidad Columbia que tiene una tarjeta de residencia permanente, conocida como "green card" y está casado con una ciudadana norteamericana, a quien el gobierno norteamericano quiere expulsar por su papel en las manifestaciones pro-palestinas en el campus de Columbia en contra de la guerra en Gaza.La Casa Blanca se prepara ahora para llevar la pelea legal por la política migratoria y los límites de la autoridad presidencial de Trump hasta la Corte Suprema de Justicia en busca de un aval definitivo para desplegar la operación de deportaciones masivas prometida por Trump durante la campaña presidencial."Esta administración está enfocada en detener, arrestar y deportar a inmigrantes criminales ilegales", dijo la vocera presidencial, Karoline Leavitt, desde el atril de la sala de prensa de la Casa Blanca, al hablar sobre el caso del avión que viajó a El Salvador con más de 200 venezolanos y salvadoreños expulsados.Un juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, designado por Barack Obama, ordenó el sábado por la noche frenar temporalmente dos vuelos de deportación con destino a El Salvador ante una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) y Democracy Forward. Trump había ordenado esas deportaciones invocando una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para expulsar de Estados Unidos a los enemigos del país en tiempos de guerra. Esa norma sólo se utilizó en tres ocasiones: en 1812, en la guerra contra Inglaterra, y durante las dos guerras mundiales. Ante las dudas jurídicas por el respeto al debido proceso previsto por la constitución, Boasberg ordenó bloquear la maniobra de Trump y el regreso de los dos aviones en vuelo a El Salvador.La Casa Blanca nunca acató la orden. Funcionarios de la administración trumpista dijeron, primero, que la orden del juez llegó demasiado tarde y que los aviones ya estaban "en aguas internacionales". Pero también indicaron que la orden del juez era "ilegal", y el Departamento de Justicia indicó que la decisión "no era ejecutable" en una presentación al juez. "Oopsieâ?¦ demasiado tarde", se jactó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el domingo por la mañana, tras recibir a los expulsados en su centro de detención para terroristas CECOT, una operación divulgada en redes con un pulido video."Para cuando llegó la orden del juez, el avión ya estaba sobre aguas internacionales, repleto de terroristas y con serias amenazas a la seguridad pública. El presidente hizo exactamente lo correcto", dijo el zar de la frontera, Tom Homan, hoy por la mañana a la prensa en la Casa Blanca. Antes, en una entrevista con la cadena Fox News, Homan había dicho que la administración seguiría con sus vuelos de deportación -"Otro vuelo cada día", afirmó-, y que Trump no tenía intenciones de cambiar de rumbo aún con el rechazo de la Justicia."No vamos a parar. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos a seguir", desafió.La férrea determinación para avanzar con la ofensiva de deportaciones de Trump y el desafío a los frenos judiciales son una novedad singular de la política migratoria del nuevo gobierno de Trump, que apunta a ser mucho más dura que la de su primer mandato. La expulsión masiva de extranjeros indocumentados, una de las promesas centrales de la campaña presidencial que lo llevó de regreso al poder, abrió a esa confrontación directa entre la Casa Blanca y la Justicia, un choque en el que expertos legales ven el germen de una crisis constitucional ante la férrea decisión de Trump de avanzar con sus expulsiones aún a costa de ignorar las órdenes de los tribunales. Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, puso en duda incluso la legalidad de la decisión de Boasberg."Creo que es, sin lugar a duda, la orden más ilegal que un juez de distrito haya emitido en nuestra vida", dijo Miller a la prensa en la Casa Blanca.El gobierno de Trump desafió otra orden judicial que bloqueó la expulsión de una profesora de la Universidad Brown, Rasha Alawieh, que poseía una visa de trabajo H1-B. "El mes pasado, Rasha Alawieh viajó a Beirut, Líbano, para asistir al funeral de Hassan Nasrallah, un brutal terrorista que lideró Hezbollah y fue responsable de la muerte de cientos de estadounidenses durante cuatro décadas de terrorismo", dijo el Departamento de Seguridad Interior.Este caso y el de Mahmoud Khalil han generado la ira de la izquierda y de organizaciones civiles y de derechos humanos que defienden no solo los derechos de los migrantes, sino también la libertad de expresión. Pero la derecha y el trumpismo han celebrado la férrea determinación de Trump de avanzar con su política de deportaciones."El presidente Trump está cumpliendo las promesas que hizo al pueblo estadounidense", sintetizó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La ayuda que los migrantes evitan pedir en Texas por miedo a las deportaciones de ICE

En Texas, va en aumento la cantidad de personas que evitan solicitar una valiosa ayuda federal por temor a las deportaciones llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Este fenómeno afecta especialmente a familias de estatus migratorio mixto, donde los hijos poseen la ciudadanía estadounidense, mientras que los padres son indocumentados.El miedo a las deportaciones limita el acceso a servicios esencialesLa intensificación de las políticas migratorias en los últimos meses generó un ambiente de desconfianza entre las comunidades migrantes. Particularmente en Texas, esto provocó que muchas personas eviten acudir a servicios médicos por miedo a ser identificadas y posteriormente deportadas.Asimismo, Dallas News reportó que varios adolescentes se niegan a utilizar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), la cual es fundamental para obtener asistencia financiera en estudios superiores.En familias de estatus migratorio mixto, completar este formulario se convirtió en una decisión sumamente difícil. Si bien el Departamento de Educación explicó reiteradas veces que por lo general no comparte la información de FAFSA con las autoridades migratorias, la falta de garantías absolutas genera incertidumbre. Organizaciones como la National College Attainment Network (NCAN) revelaron que no pueden asegurar que los datos proporcionados permanezcan protegidos, lo que aumenta la preocupación.Expansión de las deportaciones aceleradas y su impacto en la comunidad migranteLa administración actual amplió el uso de las deportaciones aceleradas y le permitió al ICE expulsar rápidamente a ciertos inmigrantes sin que sus casos sean revisados por tribunales. Esta medida, que anteriormente se aplicaba principalmente en la frontera sur, ahora se implementa a nivel nacional. Houston Chronicle informó que esta expansión es relevante para explicar el temor entre las comunidades migrantes, lo que lleva a muchos a evitar cualquier interacción que pueda revelar su estatus migratorio.El año pasado, por ejemplo, el gobierno del Estado de la Estrella Solitaria aprobó la ley SB4, que permite a las autoridades locales arrestar y deportar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos. Como resultado, cientos de migrantes decidieron evitar acudir a hospitales (incluso en emergencias) por miedo a ser denunciados ante el ICE. Aunque la medida después tuvo un freno por las demandas, el temor persiste.Consecuencias de la falta de acceso a servicios por miedo a la deportaciónLa reticencia de los migrantes a buscar ayuda tiene repercusiones significativas. La falta de atención médica o de asistencia financiera para la educación no solo afecta a las familias migrantes de forma individual, sino que también tiene un impacto en la sociedad estadounidense en general.La salud pública puede verse comprometida si segmentos de la población evitan servicios médicos esenciales. Además, la disminución en la educación superior entre hijos de inmigrantes puede limitar el desarrollo económico y social a largo plazo. Para mitigar el miedo y fomentar la confianza, educadores y defensores de los derechos de los inmigrantes han redoblado sus esfuerzos para informar a las familias sobre las medidas de protección existentes.

El proyecto de ley en Carolina del Norte que busca retener a los migrantes y colaborar con el ICE en las deportaciones

Un nuevo proyecto de ley en Carolina del Norte propone extender la retención de ciertos prisioneros sujetos a detención migratoria. La iniciativa, conocida como "The Criminal Illegal Alien Enforcement Act", modificaría los criterios para la liberación de estos sujetos y establecería nuevos protocolos de notificación a las autoridades de inmigración. De ser aprobada, la medida podría cambiar la forma en que las fuerzas del orden locales manejan a las personas bajo custodia con procesos pendientes.Modificaciones en la liberación de detenidos: la nueva ley de Carolina del NorteEl proyecto de ley estipula que, cuando una persona tenga una orden de detención y un mandato administrativo emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se apliquen nuevas condiciones antes de su liberación.Entre los cambios propuestos por el proyecto se incluyen:Presentación del detenido ante un funcionario judicial antes de su liberación.Orden de custodia obligatoria si se confirma la vigencia de la orden migratoria.Retención del prisionero por un máximo de 48 horas adicionales luego del momento en que habría sido liberado.Entrega del detenido a ICE si la agencia federal así lo solicita durante ese períodoLiberación del prisionero solo si la orden de detención es revocada por ICE o si el plazo de retención vence sin que la agencia federal intervenga.Además, la normativa contempla que los responsables de las instalaciones penitenciarias deben informar al ICE sobre la hora y fecha exacta en la que el detenido será liberado, lo cual garantizaría así la posibilidad de que los agentes federales tomen custodia de la persona.Quiénes estarían sujetos a las nuevas medidas de Carolina del NorteSegún el texto del proyecto de ley HB-318, estas disposiciones aplicarían a cualquier persona detenida en:Cárceles de condado.Centros de reclusión locales.Unidades satélite de detención.Centros de trabajo correccional.Para que la detención extendida sea aplicable, el recluso debe estar acusado de ciertos delitos, entre ellos:Delitos graves relacionados con drogas.Delitos graves contemplados en diversos artículos del Capítulo 14 de los Estatutos Generales del estado.Ciertos delitos menores de Clase A1.Violaciones de normativas de violencia intrafamiliar.Delitos vinculados a la conducción bajo los efectos de sustancias.Cómo cambia la responsabilidad de los oficiales locales por esta leyEl proyecto de ley también busca eximir de responsabilidad legal a los agentes de la ley que retengan a una persona según la orden judicial. La normativa establece que ni los oficiales estatales ni las agencias locales podrán ser consideradas responsables civil o penalmente por ejecutar la detención bajo los nuevos lineamientos.La propuesta, presentada por un grupo de legisladores encabezado por los representantes D. Hall, Carson Smith, B. Jones y Echevarria, fue remitida al Comité Judicial 2 de la Asamblea General de Carolina del Norte para su revisión. De obtener una respuesta favorable, pasaría al Comité de Reglas, Calendario y Operaciones de la Cámara antes de ser debatida en la legislatura.Cuándo entraría en vigencia la nueva ley de Carolina del norteSi se aprueba, la normativa entraría en vigor el 1° de diciembre de 2025 y se aplicaría a los delitos cometidos a partir de esa fecha. Además, el texto legal contempla una cláusula de separabilidad, lo que significa que si alguna de sus disposiciones es declarada inválida, el resto del proyecto podría seguir en pie sin necesidad de modificaciones.Este proyecto de ley generará debate en Carolina del Norte, ya que podría ampliar la colaboración entre las autoridades estatales y las agencias federales de inmigración, lo cual afectaría directamente a comunidades migrantes en el estado. La Asamblea General de Carolina del Norte continuará con el análisis del texto en las próximas semanas, cuando definirán si la medida será finalmente implementada.

Freno judicial a Donald Trump por deportaciones exprés de venezolanos bajo ley de guerra

(DESDE NUEVA YORK) El presidente estadounidense invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión, pero el sábado un juez federal la suspendió, al parecer cuando ya estaba en marcha el proceso de traslado a El Salvador. Leer más

Trump desestima una orden judicial que frenó las deportaciones y expulsó a cientos de migrantes

WASHINGTON.- La administración Trump deportó a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, dijeron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire en el momento de la decisión.Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para emitir la orden de expulsión. Pero el juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones. Aun así, los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita."Oopsie... Too late", (demasiado tarde), escribió la red social X en un posteo en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente Donald Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país. Esa publicación, que respondía a un artículo relacionado con la decisión de Boasberg, fue compartida nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.Oopsieâ?¦Too late ð??? pic.twitter.com/nDHL6deLJq— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar migrantes, publicó en la misma red: "Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes".Steve Vladeck, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que la administración Trump claramente violó su "espíritu"."Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno", explicó Vladeck.El recurso utilizado por TrumpLos migrantes fueron deportados tras la declaración de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos. La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes de inmigración o penales. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda que llevó a la orden de restricción temporal de Boasberg sobre las deportaciones, indicó que estaba preguntando al gobierno si las expulsiones a El Salvador eran en desafío a la corte."Esta mañana, pedimos al gobierno que asegure a la Corte que su orden no fue violada y estamos esperando escuchar, además de intentar hacer nuestra propia investigación", informó el domingo en un comunicado el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la declaración de Trump sobre la ley, destacando que esta "evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis".El Tren de Aragua se originó en una prisión infame por anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después de que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para pintar imágenes engañosas de comunidades que él afirmaba estaban "tomadas" por lo que en realidad eran un puñado de infractores.La administración Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados, ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.Un video publicado por el gobierno de El Salvador el domingo mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de oficiales con equipo antimotines. Los hombres, con las manos y los tobillos encadenados, batallaban para caminar mientras los oficiales les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.El video también mostró a los hombres siendo transportados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión: pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zuecos de goma, y luego fueron colocados en celdas.Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).The United States will pay a very low fee for them,â?¦ pic.twitter.com/tfsi8cgpD6— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025Los migrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.En un comunicado el sábado ya tarde, la administración Trump informó que el presidente había firmado la noche del viernes la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos. Los abogados de inmigración dijeron que, tarde el viernes, notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener las transferencias."Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser removido bajo el pretexto de pertenecer a Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa", advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos.Agencias AP y AFP

Qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que el gobierno podría usar para hacer deportaciones a Guantánamo

Una normativa de tiempos de guerra autoriza a la detención inmediata de personas extranjeras que el gobierno considere que están llevando a cabo una "invasión depredadora" de EEUU

La técnica de deportaciones que es más frecuente en la era Trump: ¿quiénes son el verdadero objetivo del ICE?

La administración de Donald Trump amplió el uso de la expulsión acelerada, una técnica de deportación que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) deportar a inmigrantes sin intervención judicial. Esta medida se implementa en todo Estados Unidos y apunta a personas que han estado en territorio estadounidense por menos de dos años.Qué es la expulsión aceleradaSegún el National Immigration Law Center (NILC), la expulsión acelerada permite que agentes de ICE deporten a inmigrantes sin la necesidad de una orden de un juez. Esta herramienta, establecida en la década de 1990, ha sido utilizada en la frontera sur por administraciones anteriores.Los migrantes sujetos a esta medida pueden solicitar una entrevista de "temor creíble" si alegan persecución en su país de origen. Si su solicitud es rechazada, son deportados sin juicio migratorio.La expansión de esta modalidad de deportación durante la administración de TrumpEl NILC relató que, desde el 21 de enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) amplió aún más el uso de la expulsión acelerada. Ahora, esta medida puede aplicarse en cualquier parte del país a cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar que ha estado en Estados Unidos de manera continua durante dos años antes de su arresto. Esto incluye incluso a quienes ingresaron mediante programas de libertad condicional o parole.Trump es el primer presidente en aplicar esta norma en toda su extensión legal, señala el informe de Houston Chronicle.Durante su primer mandato, ICE deportó más de 163 mil personas bajo esta técnica en 2019, aunque la expulsión acelerada dentro del país se aplicó solo en 17 casos debido a litigios judiciales, señaló el medio.Los nuevos objetivos de deportación de ICELa administración Trump busca eliminar las protecciones otorgadas por Biden a migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que los haría vulnerables a la expulsión acelerada. También estudia cancelar procedimientos judiciales en curso para trasladarlos a este mecanismo de deportación rápida, lo que podría derivar en nuevas disputas legales.La analista del Instituto de Política Migratoria, Kathleen Bush-Joseph, advirtió en diálogo con Houston Chronicle que esta política equivale a una "ley de muestra tus documentos" a nivel nacional. "Si lo detienen, debe demostrar que ha estado en el país por más de dos años o que tiene un reclamo de protección", afirmó.Además, la investigadora explicó que la expulsión acelerada genera críticas por su potencial para aumentar la discriminación racial y permitir la deportación de personas sin un debido proceso. Asimismo, afirmó que con la expansión de esta técnica, se prevén litigios y resistencia de grupos de derechos humanos que cuestionan su constitucionalidad y sus efectos en las comunidades migrantes en Estados Unidos.Qué pueden hacer los inmigrantes para protegerse de la expulsión aceleradaEl National Immigration Law Center recomienda que las personas indocumentadas en EE.UU. tomen medidas para protegerse y ejercer sus derechos ante el riesgo de deportación acelerada. Entre las acciones recomendadas se encuentran:Ejercer el derecho a permanecer en silencio y no responder preguntas de ICE o CBP sin la presencia de un abogado.No abrir la puerta si agentes de inmigración llegan al domicilio sin una orden judicial.Evitar portar documentos de identificación extranjeros, como pasaportes de otro país, ya que pueden ser usados como prueba en su contra.Llevar consigo evidencia de permanencia en EE.UU. por más de dos años, como contratos de alquiler, recibos de servicios públicos, registros escolares o médicos.Solicitar hablar con un abogado y no firmar documentos sin asesoría legal.Si se siente en peligro en su país de origen, expresar su temor claramente para acceder a una entrevista de temor creíble y optar por una solicitud de asilo.El NILC enfatiza que estas medidas pueden hacer la diferencia entre ser deportado rápidamente o tener la oportunidad de defender su caso en un tribunal de inmigración.

La promesa de Kristi Noem a la gobernadora de Puerto Rico para acelerar las deportaciones masivas

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, visitó San Juan para mantener una reunión con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, centrada en reforzar la cooperación bilateral frente al avance de la inmigración ilegal y el crimen organizado. La cita, celebrada el jueves pasado, marcó un nuevo paso en la colaboración con la isla caribeña para abordar tanto la política migratoria como los desafíos estructurales que enfrenta ese territorio no incorporado de EE.UU.Kristi Noem prometió redoblar esfuerzos para detener la migración ilegalDurante su visita a San Juan, Kristi Noem reafirmó su compromiso de colaborar estrechamente con Puerto Rico para reforzar la seguridad fronteriza y frenar el avance de la inmigración ilegal en la región. En una reunión con la gobernadora Jenniffer González, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de desarticular las redes criminales que operan en el Caribe y de profundizar la cooperación con las agencias federales para garantizar una vigilancia más efectiva en los límites de la isla."Queremos desmantelar todas esas organizaciones criminales que golpean nuestras costas", señaló González, quien destacó que la visita de Noem evidencia "la importancia de Puerto Rico en esta lucha compartida".En línea con esa visión, la secretaria del DHS se mostró dispuesta a respaldar operativos más amplios de control migratorio y deportaciones, en respuesta a la creciente presión que enfrenta la isla como punto de tránsito hacia Estados Unidos continental, según indicó ABC News."Los ciudadanos de la isla deben saber que estamos siendo muy proactivos y que hoy tuvimos excelentes discusiones, no solo para honrar a quienes nos ayudan a combatir la trata de personas y el tráfico de drogas en alta mar, sino también para hablar sobre cómo podemos fortalecer aún más nuestra cooperación en la lucha contra los problemas de seguridad pública derivados del narcotráfico en la región", remarcó Noem.Redadas masivas en Puerto RicoLa visita de Noem se produjo apenas semanas después de una serie de redadas contra personas indocumentadas en Puerto Rico. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por CNN, hasta el 7 de marzo las autoridades federales habían detenido a 166 inmigrantes (147 hombres y 19 mujeres) de distintas nacionalidades sin participación del gobierno estatal.Estas acciones generaron críticas en diversos sectores, pero Noem las defendió como parte de la misión del Departamento de Seguridad Nacional de "proteger el territorio estadounidense con integridad y honor". Además, elogió la disposición de la gobernadora González para colaborar con EE.UU. "no solo por el bienestar de su gente, sino también por el futuro de los Estados Unidos".Los problemas eléctricos en Puerto Rico y el reclamo de la gobernadoraNoem se comprometió a apoyar los esfuerzos de reconstrucción en una isla que aún enfrenta las secuelas de fenómenos climáticos devastadores y sufre cortes de energía crónicos. "Vamos a estudiar cómo reducir ciertos requisitos y permisos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) para que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes la necesitan", afirmó.Desde el paso del huracán María en 2017, Puerto Rico intenta reconstruir una red eléctrica colapsada. A ese desastre se sumaron los terremotos de 2020 y el huracán Fiona en 2022.Aunque FEMA financia gran parte de los trabajos, la gobernadora González reclamó que aún no se han liberado US$18.000 millones asignados específicamente a la red eléctrica. "El compromiso de Noem es una señal positiva para acelerar ese proceso", agregó.

La razón por la que están disminuyendo las deportaciones en Estados Unidos

A pesar de sus promesas de endurecer la política migratoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta una situación inesperada: las deportaciones disminuyeron en comparación con los niveles registrados en el último año de la administración Joe Biden. Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indican que, en su primer mes de gobierno, se llevaron a cabo 37.660 deportaciones, una cifra menor al promedio mensual de 57.000 en la recta final del mandato anterior.¿Por qué disminuyen las deportaciones en Estados Unidos?En los últimos meses, las deportaciones en Estados Unidos disminuyeron, según un informe de Reuters. Este descenso responde a factores operativos y decisiones políticas. Aunque la administración Trump anunció una estrategia más agresiva contra la migración irregular, los datos reflejan que las expulsiones no aumentaron como se esperaba.Según un informe del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), durante las primeras dos semanas completas de Trump en el cargo, las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajaron un 6,5%.Entre el 26 de enero y el 8 de febrero, se deportó un promedio de 693 personas por día, mientras que en los meses previos, incluidos los últimos días de Joe Biden como presidente, la cifra era de 733 expulsiones diarias.A la par, los arrestos de inmigrantes por parte del ICE también se redujeron casi un 5% en la primera semana de febrero, en comparación con la media diaria registrada en el año fiscal 2024 bajo la administración Biden. En específico, el ICE detuvo a 724 personas por día en ese periodo, frente a las 759 detenciones diarias previas.Factores detrás de la baja en las deportaciones:Menos cruces en la frontera: las restricciones migratorias impuestas en los últimos meses han hecho que menos personas intenten ingresar a Estados Unidos. De hecho, el 22 de febrero se registraron solo 200 detenciones en la frontera, la cifra diaria más baja en 15 años. Al haber menos cruces ilegales, hay menos migrantes en proceso de deportación.Capacidad de detención al límite: Aunque el ICE aumentó los arrestos dentro de EE.UU., los centros de detención están cerca de su capacidad máxima. Actualmente, hay 41.100 personas detenidas, mientras que el presupuesto solo permite mantener a 41.500. La falta de espacio y recursos retrasa los trámites necesarios para llevar a cabo las expulsiones, lo que frena el número de deportaciones.Cuál es el futuro de las deportaciones en EE.UU.A pesar de la disminución, el gobierno de Trump insiste en que intensificará las expulsiones. Sin ir más lejos, la administración pidió más fondos al Congreso para fortalecer el ICE y ampliar la capacidad de detención. Además, ajustó contratos con empresas de prisiones privadas para disponer de más espacio y mejorar la coordinación entre agencias.La implementación de un programa de deportaciones masivas tiene un costo extremadamente alto. Según un estudio del American Action Forum, el gobierno estadounidense "tendría que gastar entre 100 mil y 300 mil millones de dólares en arrestar y expulsar a todos los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, un proceso que, según estimaciones, tardaría 20 años".¿A qué inmigrantes está deportando el gobierno de Donald Trump?La administración ha dicho que su prioridad es expulsar a inmigrantes con antecedentes penales graves. Sin embargo, datos recientes presentados por la NBC indican que el 41% de los detenidos no tienen historial criminal, una cifra que generó cuestionamientos sobre si la estrategia realmente está enfocada en casos peligrosos o si se trata de una política más amplia de detenciones y deportaciones masivas.