Burford Capital y Eton Park no verían con malos ojos activar un canal para negociar con la Argentina luego de la sentencia en contra del país en el proceso por la estatización de la petrolera. Leer más
El Poder Ejecutivo pidió ante la justicia de Nueva York una medida cautelar para evitar la ejecución de la sentencia y apelará en los próximos días. La Casa Rosada aspira a estirar los tiempos durante varios meses y cree que el valor del juicio es mucho menor a los USD 16.000 millones
Más de 10 años pasaron desde que los fondos Burford Capital e Eton Park presentaron â??por separadoâ?? una demanda contra la República Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, ocurrida en 2012. Desde entonces, ambos fondos obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, que ordena una indemnización de US$16.100 millones. Aunque la Argentina apeló el fallo, los demandantes ya iniciaron contactos con el Gobierno para negociar un acuerdo y cerrar el litigio.Los primeros acercamientos entre los fondos y el Estado argentino comenzaron el año pasado, tras el cambio de administración y la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Durante la campaña electoral, Milei había puesto sobre la mesa la posibilidad de privatizar el control accionario de YPF.Burford, que adquirió el derecho a litigar tras comprarle la demanda al fisco español â??luego de la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energíaâ??, contrató como mediadores ante la Argentina a tres economistas: Gerardo "Gerry" Mato, Hernán Rizzolo y Tomás Gaona. Mato es un viejo conocido de la city porteña. Con pasado en el banco HSBC, como chairman de Global Banking & Markets, reside desde hace años Estados Unidos, en Greenwich, Connecticut, a menos de una hora en tren desde Manhattan. En septiembre de 2023 cobró notoriedad al organizar un encuentro entre asesores económicos de Milei e inversores locales.El evento tuvo lugar apenas días después de que el entonces candidato sorprendiera con su triunfo en las PASO presidenciales de agosto. En representación de La Libertad Avanza viajaron a Nueva York Darío Epstein, director de la firma financiera Research for Traders, y Juan Nápoli, presidente del banco VALO y excandidato a senador por la provincia de Buenos Aires.Meses más tarde, Burford retomó el vínculo con Mato para tender puentes con el nuevo Gobierno. El objetivo del fondo es resolver el conflicto judicial, que ya lleva una década, y alcanzar un acuerdo de pago con la Argentina, que podría incluir una quita sobre el monto de la indemnización y pagos mediante bonos.Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español (equivalentes a unos 19 millones de euros actuales), además del 30% de la eventual indemnización que surja de la sentencia, a cambio del derecho a litigar. Las empresas Petersen habían quebrado en España, país donde fueron constituidas.El Estado argentino, representado por el buffet Sullivan & Cromwell LLP, apeló el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York y, luego de presentar todos los escritos, se está a la espera de que designen un panel de tres miembros y se resuelva la fecha de una audiencia para tratar el caso.Las empresas Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, quien dice que es totalmente ajeno a la demanda, habían comprado las acciones de YPF a Repsol el 21 de febrero de 2008, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% del paquete accionario y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, de acuerdo con los valores de mercado de entonces. Para financiar la operación, tomaron créditos de un consorcio de bancos europeos, que iban a ser devueltos con las utilidades generadas por los dividendos. Sin embargo, cuando la Argentina asumió el control de YPF, suspendió el pago de dividendos, lo que precipitó la quiebra de las compañías.Por su parte, el fondo Eton había adquirido el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por US$458 millones. En mayo de 2014, el entonces ministro Axel Kicillof acordó con Repsol el pago de una indemnización de US$5000 millones por el 51% de las acciones que la empresa española poseía al momento de la expropiación.
WASHINGTON.- La decisión de la Justicia de Estados Unidos, que ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, generó inmediatas repercusiones en Wall Street, donde los actores del mercado que siguen de cerca los vaivenes del país lo tomaron como una noticia negativa -aunque no como un factor de pánico-, mientras que también señalaron que la medida empujaría al Gobierno a negociar para poner fin al litigio.La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar a los fondos demandantes -Burford y Eton Capital- el 51% de las acciones de la petrolera con control estatal como forma de pago por la sentencia en primera instancia de US$16.100 millones más intereses, que se había determinado en 2023 en el marco del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF en 2012. Rápidamente, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la decisión."Obviamente el mercado reaccionó negativamente. Pero, me pregunto, ¿qué información nueva tenemos hoy que no teníamos el viernes producto de este fallo? La sentencia ya estaba en firme y nada cambió. Lo que el fallo hace es darle un canal a Burford para tratar de cobrarse. Canal que, por cierto, es difícil de hacerlo cumplir. En definitiva, lo que el país debía ya había quedado establecido y hoy sabemos que la jueza está molesta y quiere que encontremos la forma de pagarle a Burford. Para eso les otorga el derecho a cobrarse, si pueden, con las acciones de YPF", explicó a LA NACION el economista Guillermo Mondino, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y asesor de fondos de inversión.El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo, había pedido en abril del año pasado el control de las acciones que ahora le fue otorgado por Preska. También había solicitado embargos y otras medidas como forma de presión para sentar al Gobierno a una mesa de negociación."La otra cosa que sabemos es que si la Argentina no entrega las acciones en dos semanas, y sospecho que no las entregará, la jueza puede declarar al país como incumplidor de una orden judicial. Eso podría tener consecuencias para la capacidad del soberano de financiarse en el exterior. Y todos sabemos que 2026 es un año donde vamos a necesitar mucho financiamiento", añadió Mondino, que como otros analistas consultados por LA NACION apuntó a algún tipo de negociación con los fondos demandantes."La noticia es que se abre una ventana en la que el Gobierno va a tener que buscar la forma de resolver el tema Burford. Finalmente, no es un fallo que afecte a YPF como compañía y su capacidad de financiarse, ni a ninguna compañía privada argentina. Es un fallo en contra del soberano. Por lo tanto, debería tener mayor efecto sobre los bonos. Aunque, obviamente, lo que ocurra con el soberano impacta en todos los activos del país", destacó el economista.Respecto de lo que pueda hacer el Gobierno más allá de la apelación anunciada, Alberto Ades, director de investigación y estrategia del hedge fund NWI Management, en Nueva York, señaló a LA NACION que "lo más lógico es que se sienten a negociar"."El monto de US$16.000 millones es absurdo, ridículo. Toda la gente que hace un análisis más o menos detallado de eso dice, 'no, el número final tiene que ser una fracción de eso'", agregó Ades, que hizo foco también en una primera reacción de los mercados con la caída de las acciones de YPF en Wall Street."El feeling del mercado a medida que nos vamos acercando a las elecciones [legislativas de octubre] es que se torna más cauto, porque hay una historia muy larga en la Argentina de personas que acumulan dólares antes de los comicios. Entonces es natural que los inversores empiecen a reducir posiciones y se empiecen a mandar informes un poco más cautos", ahondó, en referencia al momento en el que se dio a conocer esta decisión judicial en Estados Unidos.Otro agente de Wall Street -que prefirió mantener el anonimato-, que sigue muy de cerca las posiciones argentinas y los juicios en Nueva York, dijo a LA NACION que "el mercado sobrerreaccionó" en un primer momento a la noticia del fallo de Preska, pero que luego se impuso la cautela por lo que pueda pasar en los próximos días."El Presidente ya anunció que apelará. Lo más probable es que se lo aprueben, y seguiríamos como hasta ahora, pero con la diferencia de que el el revólver está más cerca de la cabeza. Y esto me parece que va a ser un motivador para el Gobierno para negociar y tratar de sacarse el problema de encima", dijo la fuente, en referencia a cómo podría seguir el litigio con el fondo Burford. También hizo foco en el monto multimillonario establecido en la primera sentencia."Entre malos manejos legales del Gobierno anterior, esto es de dimensiones ridículas. Los US$16.000 millones están muy mal valuados. Creo que el Gobierno tiene un fuerte argumento ahí para que revisen el monto, porque a pesar que legalmente los demandantes tienen su argumento, me parece que es un exceso, un número que no tiene ni pies ni cabeza", añadió.Según publicó la agencia Bloomberg, la orden de Preska podría obligar a la Argentina a sentarse a la mesa de negociación, especialmente si la transferencia de las acciones interfiriera en los planes de YPF -la petrolera más grande del país- con sus socios para avanzar en la exportación de las reservas de petróleo y gas de Vaca Muerta, según Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de Grit Capital Group, con sede en Buenos Aires."Con las acciones en el limbo, estos procesos podrían retrasarse de manera significativa. Esto debería llevar al equipo económico a acelerar el proceso de negociación para llegar a un acuerdo financiero", señaló a Bloomberg."Milei ha intentado en gran medida hacer la vista gorda al caso. Aunque ha dicho que la Argentina estaría dispuesta a pagar si tuviera el dinero, los abogados del país han seguido luchando con uñas y dientes. Entre bastidores, en marzo, Milei y sus principales asesores ni siquiera se habían puesto en contacto con los negociadores de Burford para llegar a un acuerdo extrajudicial", apuntó la agencia especializada.En tanto, el economista Arturo Porzecanski, investigador de la American University, en Washington, y experto en finanzas internacionales, señaló a LA NACION que el Gobierno actuó de manera "muy desprolija" sobre este asunto. "En todas estas cosas usted tiene la opción de negociar. Pero en general usted negocia antes de que haya un fallo, porque una vez que está, obviamente se termina jugando a la defensiva", dijo.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos de litigio y ganó un juicio por u$16.099 millones. La historia del caso, qué alcance tiene el fallo y el verdadero botín en juego (Vaca Muerta).
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