La modificación del Registro permite a las empresas solicitar de forma periódica el certificado negativo para sus trabajadores
La operación permitió arrestar a tres ecuatorianos, un chileno y un colombiano buscados por crímenes cometidos en Argentina, Chile, Ecuador e Italia
Advierte a candidatos y a quien infrinja las leyes en materia electoral
Con el paso de los días, las autoridades mexicanas continúan encontrando más datos sobre la zona del crematorio clandestino
Los señalamientos en contra del exsenador se realizaron de forma extraoficial, por lo que dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes
El 85,77% de los trabajadores separados por el sector de educación provienen de colegios públicos, mientras que el 14,23% restante corresponde a colegios privados
Tras ponerse en marcha el tercer juzgado de delitos leves, el Gobierno informa de que los otros cuatro nuevos órganos para celebrar juicios rápidos están a la espera de que el CGPJ seleccione a los jueces que se pondrán al frente
Los fiscales pidieron que los cuatro cabecillas queden presos. Detallaron la forma en la que siguieron vaciando al grupo pese al concurso de acreedores
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció la medida en busca de "concientizar al ciudadano".Los robos de cables o luminarias obligan a la comuna a reponer hasta cinco veces los artefactos
Dos especialistas emitieron un dictamen en el que recomiendan cambios en la legislación vigente. Abarcan nuevas problemáticas como la difusión de contenido sexual hecho con IA, el doxeo, acoso y fraudes digitales, entre otros temas
Sebastián Rey, abogado y autor de un nuevo libro que investiga el desarrollo de los derechos humanos en la década del 70, destacó que "la característica del crimen contra la humanidad es que la población civil es el objetivo principal". Leer más
El oficial de la Policía Federal había sido identificado por la víctima, Edith Aixa Bona, en el juicio 'Contraofensiva I' en la que declaró como testigo. Leer más
La Comisión de Pastoral Social sostuvo que la solución no está en reducir la edad de imputabilidad, sino en "de asumir cambios profundos" que abarquen las causas de la "realidad que nos interpela". Leer más
La Iglesia ratificó su rechazo al proyecto del oficialismo que propicia una baja en la edad de imputabilidad, como una medida que apunta a reducir los índices de violencia y de criminalidad en el país. Reclamó, en el mismo sentido, mayores "oportunidades de educación y formación laboral", así como de contención familiar y social.Con el título "Más oportunidades que penas", en momentos en que el gobierno de Javier Milei espera avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que "no se trata de bajar la edad de imputabilidad, sino de asumir cambios profundos" para atender "una realidad que nos interpela".Ya en agosto del año pasado, el papa Francisco se había pronunciado en contra de la propuesta del gobierno argentino para llevar a 13 años la edad de imputabilidad, al dejar entrever que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco en la "reinserción y la educación". Se pronunció en un encuentro que mantuvo con representantes de la justicia federal en la Biblioteca del Vaticano.Ahora, la comisión de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, expresó en la declaración que "desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y permitiera a todas las familias vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil".En medio del debate social y político sobre la baja en la edad de imputabilidad, una iniciativa que defendieron con énfasis los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), los obispos expresaron su "solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas por delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar"."Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos", alertaron los obispos, al referirse a una realidad que se experimenta a diario.Al remitir a estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal-Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, la declaración de Pastoral Social advierte que "los menores no son los que más delitos cometen" y que "los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total". Indican, por ejemplo, que en los hechos de robos de automotores los inculpados menores de 15 años fueron apenas el 4,74% del total y los acusados de 16 y 17 años representaban el 8,75% en 2023. Y añaden que en los homicidios dolosos los inculpados menores de 14 años fueron solo el 0,64% y los inculpados entre 15 y 19 años, el 13,12%.El régimen penal de la minoridad actual fue promulgado en 1980 y fija el umbral de imputabilidad en los 16 años. Hay consenso en torno a la necesidad de su reforma, como se reflejó en la campaña presidencial de 2023, y el debate se reactualizó a partir de recientes casos de inseguridad, particularmente en la provincia de Buenos Aires.Escuchar a todosLos obispos señalan en el pronunciamiento que en los debates públicos y mediáticos se escuchan los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y simples ciudadanos, muchos de ellos víctimas de delitos. "Pero la realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores, que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes. No aparecen con tanta frecuencia estas opiniones calificadas en los debates mediáticos", advierten los miembros de la comisión episcopal.Y añaden: "Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable".Los obispos expresan que "es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas".Señalan, por ejemplo, que hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas. "Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. Por ello, es necesario combatir el narcotráfico. Pero de esto se habla poco", dicen los obispos.Y advierten que, desde hace décadas, el narcotráfico "viene ganando territorio en nuestro país y ampliando sus negocios, dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes"."También podemos preguntarnos qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes", afirman los obispos. Y explican que "muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social", por lo que consideran imprescindible "comprender que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona".Tras señalar el deseo común de construir "un país viable, con paz, sin violencia y con posibilidades para todos", la Comisión de Pastoral Social concluye que el Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito."Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables", se expresa en la declaración.El pronunciamiento cierra con una cita del papa Francisco: "Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos".
El exsenador y miembro del gabinete del presidente la República, Gustavo Petro, está vinculado a un proceso en el que se le sindica de actuaciones, al parecer, ilegales cuando era concejal de Bogotá
Fue uno de los agentes de la Policía Federal que realizó acciones de tortura en el centro clandestino "El Olimpo". Era conocido por su antisemitismo y un fallo en su contra llevó a la Corte Suprema a declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Leer más
El funcionario destacó altas cifras relacionadas a los trabajos de detención, incautación y aseguramiento en el país
De acuerdo con el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía del departamento, los implicados también habrían cometido delitos de concierto para delinquir y extorsión
El incremento más destacado, según estima el Consejo General del Poder Judicial, se daría en los juzgados de Cataluña y Baleares, donde la carga de trabajo aumentaría un 20 y 19%, respectivamente
Para los migrantes que llegan a Estados Unidos, no solo es importante obtener la green card, sino también mantenerla, dado que existen varias acciones que pueden poner en riesgo este estatus. Ciertos crímenes considerados graves pueden resultar en la revocación de la residencia permanente o la visa, y en algunos casos, incluso en la deportación.Delitos de vileza moral, uno por unoLa American Immigration Lawyers Association detalló algunos de los crímenes que pueden significar la revocación de la green card. En particular, los delitos de vileza moral, que afectan directamente la integridad de una persona y sus principios éticos.Estos incluyen abuso sexual, fraude, robo y otras ofensas percibidas como especialmente dañinas desde el punto de vista legal. Una condena por estos delitos pueden hacer que una persona pierda su derecho a la residencia en Estados Unidos.Delitos de drogas y violencia doméstica: cuáles sonLa posesión, distribución o tráfico de drogas es uno de los delitos más severos cuando se trata de la inmigración en Estados Unidos. Tanto los ciudadanos indocumentados como aquellos con una visa o green card, pueden ser deportados si se les encuentra culpables de estos delitos.De igual manera, la violencia doméstica es otro delito que pone en riesgo el estatus migratorio. Si un residente permanente es encontrado culpable de este accionar, puede ser sometido a una deportación y la pérdida de la green card. Además, una condena por violencia doméstica puede afectar la elegibilidad para ciertos beneficios, lo que complica aún más la posibilidad de regularizar el estatus.Fraude en el proceso de solicitud de la green cardOtro crimen que puede afectar significativamente el estatus es el fraude en la obtención de visas o green card. Esto incluye situaciones como mentir sobre el estatus de un matrimonio, falsificar documentos para obtener beneficios o sobornar oficiales migratorios. Todos estos delitos federales pueden resultar en la revocación inmediata de la residencia permanente, así como en la deportación.Thought&Co expresó que es esencial que los inmigrantes sean transparentes en sus solicitudes y eviten involucrarse en cualquier actividad fraudulenta que ponga en riesgo su estadía en suelo estadounidense.¿Qué ocurre con los delitos menores?Además de los crímenes graves, algunos delitos menores también pueden tener un impacto en el estatus migratorio, especialmente si se repiten o se consideran como parte de un patrón de comportamiento criminal. Entre estos se encuentran la conducción bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés) u otros crímenes que pongan en riesgo la vida o salud de otros ciudadanos.Acciones preventivas para no correr riesgo de perder la green cardPara evitar consecuencias negativas, es indispensable que los migrantes mantengan una conducta respetuosa de la ley y busquen asesoría legal si enfrentan cualquier tipo de cargo criminal dentro de Estados Unidos. Consultar con un abogado especializado en inmigración puede ser clave para defender el estatus y evitar la deportación o la quita de beneficios.A su vez, aquellos ciudadanos extranjeros que se enfrenten a procedimientos legales deben actuar rápidamente para proteger sus derechos y explorar todas las opciones disponibles. Con las políticas migratorias cada vez más estrictas en el país norteamericano, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, infringir las normas sociales pueden traer consecuencias incluso mayores que en años anteriores.
La Justicia llevó a cabo una serie de allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires en el marco de la investigación por fraude y administración fraudulenta contra exdirectivos de Vicentin.
El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida cierra el caso contra la antigua junta del Distrito de Mejoras de Reedy Creek, determinando que no hubo delitos penales en sus gestiones
El Tribunal condena no obstante a Alberto Luceño a tres años de cárcel y a una multa millonaria como autor de un delito contra la Hacienda Pública, y a ocho meses de prisión por falsedad en documento oficial
La citación se produce semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid
El juez Ángel Hurtado cita a Almudena Lastra y Julián Salto como testigos en la investigación sobre presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El presidente del Consejo de Ministros llamó al titular Morgan Quero de "merluzo" luego de pedir que se investigue a una persona cercana a Otárola que estaría vinculada a un caso de corrupción
El ente acusador prepara cargos contra Quintero, nueve exfuncionarios y tres particulares por presunta modificación irregular del uso de suelo para favorecer a privados
La Apif solicita al Supremo investigar al fiscal general por revelación de secretos, prevaricación y apoderamiento ilícito de información en el caso de la filtración del correo sobre fraude fiscal
La APIF solicita al juez investigar al fiscal general Álvaro García Ortiz por presuntos delitos de apoderamiento ilícito de información y prevaricación en relación a la filtración de datos sensibles
Una nueva legislación en Florida establece la pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados que comentan ciertos delitos. La medida, aprobada en febrero de 2025, generó un intenso debate sobre su impacto en la comunidad de extranjeros y en el sistema judicial del Estado Soleado. La ley especifica cuáles son los crímenes que conllevan la máxima sanción y redefine la aplicación de las condenas en estos casos.Ley Sb 4-C de Florida: pena de muerte para estos delitos cometidos por migrantes ilegalesEl proyecto de ley SB 4-C, firmado y aprobado en febrero de 2025, endureció las penas contra las personas que ingresan ilegalmente a Florida tras haber sido deportadas o rechazadas previamente en los Estados Unidos.Entre sus disposiciones, establece que quienes reincidan en este tipo de ingreso podrán enfrentar penas mínimas de prisión obligatoria. Sin embargo, la medida más severa se aplica a quienes sean declarados culpables de un delito clasificado como "delito capital".Según la sección 921.1426 de la ley:Un tribunal está obligado a sentenciar a pena de muerte a cualquier migrante indocumentado condenado por un delito capital.Se define como "indocumentado" a una persona que no cuenta con autorización legal para residir en el país norteamericano, según lo establecido en la sección 908.111 del estatuto estatal.No se permite la aplicación de programas para desviar el proceso judicial, como citaciones civiles o medidas alternativas antes o después del arresto.Esta normativa se alinea con otras leyes de Florida que buscaron reforzar el control migratorio a través de sanciones penales más estrictas. La aplicación de la pena capital en estos casos se considera automática, lo que elimina la posibilidad de una sentencia de cadena perpetua para los condenados.Qué es un "delito capital"En Florida, un "capital felony" o "delito capital" es un tipo de hecho grave que puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte. Estos crímenes se caracterizan por su gravedad y por el impacto que generan en la sociedad.Estos son algunos de los delitos se consideran capitales en Florida:Asesinato premeditado.Tráfico de drogas a gran escala.Secuestro con circunstancias agravantes.Delitos que involucran muertes o agresiones sexuales severas.El sistema judicial de Florida impone la pena de muerte en estos casos tras un proceso de sentencia donde se analizan agravantes y atenuantes. Aunque el jurado emite una recomendación, la decisión final sobre la pena recae exclusivamente en el juez. Mientras que para los ciudadanos estadounidenses esta sentencia es una posibilidad, para los inmigrantes ilegales es un hecho debido a esta nueva legislación.Qué factores son agravantes en los delitos capitales, según la ley de FloridaLos delitos considerados "capital felony" pueden verse agravados por ciertos elementos que incrementan la posibilidad de una condena a muerte. Entre estos factores se incluyen:Antecedentes penales violentos.Cometer el crimen por un beneficio económico.Asesinatos para eliminar testigos.Cometer el delito mientras el acusado estaba en libertad condicional o prisión.Cuando se presentan estas circunstancias, el tribunal tiende a imponer la pena máxima con mayor frecuencia. En el caso de migrantes indocumentados, la nueva legislación exige que la pena de muerte sea la única sentencia posible también en estos escenarios.Aplicación de la ley capital en FloridaFlorida fue históricamente uno de los estados con mayor cantidad de condenas a muerte, según explican desde la firma Ralph Behr. Los tribunales en ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach procesaron cientos de casos de delitos capitales anualmente y la introducción de esta ley podría incrementar esas cifras.Dada la complejidad del proceso judicial en estos casos, la legislación exige que los abogados que defiendan a acusados en delitos capitales cuenten con una certificación especial en la materia. Estos profesionales deben estar preparados para enfrentar juicios donde la posibilidad de una sentencia de muerte es alta.
Donald Trump se encuentra abocado a endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos. La Ley Laken Riley, la primera que firmó en su segundo mandato, establece que los inmigrantes sin estatus legal en el país pueden ser detenidos y deportados por delitos menores, sin necesidad de que exista una condena previa. La norma amplía las facultades de las autoridades para realizar arrestos y refuerza el poder de los estados para demandar al gobierno federal en casos específicos.Cuáles son los delitos menores que podrían llevar a la deportaciónDonald Trump firmó la Ley Laken Riley el 29 de enero, apenas nueve días después de haber llegado a la Casa Blanca por segunda vez. Según señala The New York Times, la norma -que ya entró en vigencia- enumera una serie de delitos menores que podrían ser motivo de detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Entre ellos se encuentran:Robo con allanamiento de moradaHurtoRobo en tiendasAgresión a un agente de policíaCualquier delito que cause muerte o lesiones corporalesA diferencia de otras normativas, esta ley no exige una condena previa para que un extranjero sin estatus legal pueda ser deportado. Basta con que haya sido arrestado, acusado o haya admitido haber cometido alguno de estos delitos.Asimismo, una de las disposiciones más relevantes de esta ley es que otorga a los fiscales generales de los estados la facultad de demandar al fiscal general de Estados Unidos o al secretario de Seguridad Nacional si un migrante con estatus legal irregular comete un delito que cause daño físico o económico a un estado o a sus habitantes. Esta demanda puede presentarse si el valor del perjuicio supera los 100 dólares.Las críticas a la ley Laken RileyLa implementación de esta norma generó preocupación en algunos sectores políticos y organizaciones de derechos civiles. Durante el debate en el Congreso, algunos legisladores advirtieron sobre los riesgos de que la ley pueda aplicarse de manera indiscriminada. Señalaron que, debido a que basta con una acusación para iniciar un proceso de deportación, lo que podría afectar a personas inocentes.Los críticos mencionaron, según indica el medio citado, que en un caso hipotético en el que un grupo de personas estuviera en una tienda y una de ellas cometiera un robo, la policía podría detener a todos los presentes antes de esclarecer los hechos. Si entre los detenidos hubiera alguien sin documentación legal, esa persona podría ser deportada incluso si no tuvo participación en el delito.Estos son los delitos que ya generaban la deportaciónAdemás de los delitos menores contemplados en la Ley Laken Riley, existen otras faltas que históricamente fueron motivo de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Algunos de ellos son:Asalto y violencia domésticaDelitos relacionados con drogas y armasRobo y asalto agravadoHomicidio vehicular involuntarioConducción bajo la influencia del alcohol (DWI)Tráfico de armas de fuegoSecuestro y sospechas de terrorismoEl ICE prioriza la detención de personas con antecedentes criminales y órdenes de deportación activas. Sin embargo, también puede arrestar a inmigrantes sin historial delictivo, pero que se encuentren en el país de manera irregular, como aquellos que reingresaron tras una deportación o que excedieron el tiempo permitido en su visa.
Las autoridades estadounidenses le encontraron al connacional, de 51 años, 686 videos y 1.392 imágenes con material de abuso sexual infantil, además de 19.000 imágenes clasificadas como "erótica infantil
El Ministerio del Interior informa que entre enero y septiembre de 2024 se registraron 1.854.283 delitos, destacando un aumento del 6,6 % en violaciones dentro de la criminalidad en España
La pareja de Alejandra Rubio se ha visto envuelto en varias polémicas que cambiaron por completo su día a día
Arthur Clinton Dodd, de 73 años, fue encontrado sin vida en su vivienda en la zona rural de Bello. Las autoridades investigan las causas del deceso, mientras se revelan detalles de su historial criminal en Tennessee
Podemos solicita investigar 223 presuntos delitos de homicidio imprudente tras la dana en Valencia, responsabilizando a Carlos Mazón y pidiendo informes de diversas autoridades sobre su actuación durante la emergencia
El instructor Leopoldo Puente solicita la suspensión de la inmunidad de José Luis Ábalos, investigado por presunta corrupción relacionada con contratos durante la pandemia y la trama Koldo
El juez Leopoldo Puente señala indicios de delitos graves en la actuación del exministro José Luis Ábalos, solicitando al Congreso el levantamiento de su inmunidad para proceder con la investigación
El Departamento de Policía de Antioquia realizó las diligencias en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Frontino, Rionegro, La Ceja, Andes, Concordia, Santa Bárbara, Yarumal, Yolombó, Cocorná, Santa Rosa de Osos y Jericó. Además, incluyó la ejecución de órdenes judiciales y capturas en flagrancia de los presuntos criminales
El actor que marcó una era vio su imagen desmoronarse tras las graves denuncias de abuso. Su condena, posterior liberación y el impacto en su carrera siguen generando debate
Con la aprobación de la nueva ley se concreta una nueva forma de abordar los casos de delitos de menores de edad no punibles. Con énfasis en evitar la reincidencia y dar contención para asegurar la reinserción social, la unicameral aprobó con un apoyo casi total la medida. Leer más
José Alberto García Vilano fue uno de los 29 capos que México trasladado al país de las barras y estrellas
Begoña Gómez, investigada por la contratación de software en su cátedra, vuelve a los juzgados de Plaza de Castilla junto a Juan José Güemes en semanas previas a la Navidad
Nadie frena la sucesión de asaltos cometidos por ladrones en motos en el conurbano bonaerense. Tan notable es la impunidad con la que se movilizan, que nada impidió que dos ladrones asaltaran a un vecino que regresaba a su casa. Pocos minutos después, los mismos delincuentes volvieron a la misma esquina e intentaron robarle a otro habitante del barrio.Los dos episodios violentos ocurrieron anoche entre las 20.51 y las 21 en la misma esquina: Pueyrredón y Bouchard, en la localidad de San Antonio de Padua, en el partido de Merlo. Ambos asaltos fueron grabados por la misma cámara de seguridad, instalada por los dueños de la vivienda en la que se refugió la última de las víctimas tras ser atacado por los delincuentes.Según quedó registrado en la cámara de seguridad, el primero de los hechos de inseguridad ocurrió a las 20.51, cuando dos ladrones en una moto de baja cilindrada interceptaron a un vecino y, a punta de pistola, le robaron todos los objetos de valor que llevaba encima.En ese momento, los habitantes de la zona hicieron sonar la alarma vecinal. Entonces, los asaltantes huyeron. Pero, a las 21, los mismos delincuentes regresaron a la esquina de Pueyrredón y Bouchard y, mientras todavía sonaba la alarma vecinal por el primer robo, asaltaron a otro muchacho que regresaba a su casa. A pesar de la conmoción provocada por ambos hechos de violencia, no apareció ningún móvil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco fueron detenidos los delincuentes que, hasta el momento, siguen prófugos.Un robo en 18 segundosLa secuencia se repite y más de una vez al día. Sin embargo, la reiterancia no le quita dramatismo a lo que viven vecinos del conurbano bonaerense que son atacados por motochorros que los desvalijan en pocos segundos.Aunque se conoció en las últimas horas, el violento robo ocurrió el miércoles de la semana pasada en la localidad de Pontevedra, en el partido de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense.En este caso, la víctima fue un hombre que iba a bordo de una moto al que, en solo 18 segundos, cuatro motochorros le robaron su vehículo y el celular en la puerta de un comercio y a plena luz del día.En el video de la cámara de seguridad del comercio, situado en la calle Alvarado entre Paz Soldán y La Place, captó el paso a paso de lo que fue un robo cronometrado.En la secuencia se observa cómo la víctima, que ya venía siendo perseguida por los cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos, sube a la vereda y "tira" la moto en frente de uno de los carteles de precios del comercio.Tras dejar la moto, se aleja y levanta las manos en señal de rendición. En ese momento, dos de los delincuentes se acercan y lo apuntan con sus armas. Uno de los motochorros se sube al vehículo de la víctima, mientras que el otro va directo sobre el hombre al que le apunta a la cabeza y le exige que le entregue el celular. La víctima, también sin oponer resistencia, le entregó el dispositivo móvil.Con la moto y las pertenencias de la víctima, los cuatro motochorros se alejaron del lugar a gran velocidad.
Se trata del procedimiento penal juvenil de la provincia. Los bloques opositores definen este miércoles sus posiciones. La lupa está puesta en las reglas aplicadas a menores -no punibles- ante la existencia de delitos graves. Se incorpora la medida de "resguardo institucional". Leer más
Las reformas legales impulsadas por el gobernador Ron DeSantis convirtieron a Florida en uno de los estados con políticas más estrictas contra los inmigrantes indocumentados que infrinjan la ley. Con estas modificaciones, las penas para delitos menores y graves aumentaron significativamente, con sanciones que incluyen más años de prisión e incluso la pena de muerte en ciertos casos.Aumentan las penas para delitos menores en FloridaTras el agravamiento de penas impuesto en Florida, faltas que antes eran consideradas menores, ahora tienen penas más severas si el infractor es un inmigrante en situación irregular.Por ejemplo, un delito menor de robo, que antes se castigaba con un máximo de un año de cárcel y una multa de 1000 dólares, ahora puede suponer hasta cinco años de prisión y una sanción económica de US$5000 para quienes no cuenten con estatus migratorio legal, señala Associated Press News.Al respecto, el gobernador republicano defendió la decisión y advirtió: "No vengan al estado de Florida ilegalmente. Esa es la premisa".Deportaciones y pena de muerte para ciertos delitosLa nueva legislación de Florida, además, refuerza el control migratorio con operativos conjuntos con agencias federales y un programa para reubicar inmigrantes indocumentados dentro y fuera de Estados Unidos.En la misma línea, introduce la pena de muerte obligatoria para aquellos sin documentación legal condenados en estos casos:Delitos capitales en Florida: crímenes que pueden recibir la pena de muerteEn Florida, algunos delitos son considerados capitales, lo que significa que pueden ser castigados con la pena de muerte. Entre estos se encuentran:Asesinato en primer grado: homicidio premeditado o cometido durante otro delito grave, como robo o secuestro.Violación infantil: desde mayo de 2023, la pena de muerte es aplicable a quienes violen a menores de 12 años.Delitos agravados que pueden derivar en la pena de muerteAlgunos crímenes no son capitales por sí mismos, pero si resultan en la muerte de la víctima, pueden conllevar la pena de muerte en Florida:Robo a mano armada: si la víctima muere durante el delito.Secuestro: si el secuestrado fallece.Incendio provocado: si el fuego causa la muerte de alguien.Tráfico de drogas: si la droga suministrada provoca la muerte de un usuario.Además, el gobernador propuso incluir el terrorismo y el tráfico de personas con resultado de muerte como delitos capitales, lo que endurecería las penas contra inmigrantes indocumentados involucrados en estos crímenes.Críticas y dudas sobre la constitucionalidadEstas disposiciones eliminan la posibilidad de que jueces y jurados consideren circunstancias atenuantes, lo que ha generado fuertes críticas.Al respecto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida advirtió que esta norma podría ser inconstitucional y recordó un precedente de 1976, cuando la Corte Suprema de EE.UU. anuló una ley similar en Carolina del Norte por considerarla un castigo cruel e inusual."Desde entonces, los estados permiten que los jurados evalúen factores agravantes y atenuantes antes de dictar una condena a muerte", señaló Kara Gross, directora legislativa de la organización, en declaraciones a AP.
Las cárceles deben ser lugares donde aquellos que cumplen condenas encuentren la manera de recapacitar sobre el daño cometido y puedan al final de la pena reintegrarse de la mejor manera posible a la sociedad. Nunca los penales deberían ser un espacio para seguir delinquiendo o para ingresar en una trama mafiosa. Sin embargo, sobran ejemplos en nuestro país sobre la desvirtuación de aquel principio inobjetable. Lo ocurrido en Rosario es un ejemplo grave, pero no el único.Experiencias internacionales también dan fe de que, muchas veces, de los pabellones carcelarios surgen nuevas amenazas. Así lo ejemplifica el Primer Comando Capital (PCC), la banda narcocriminal que, desde unas pocas celdas en San Pablo, transitó un sangriento camino para convertirse en la más temible organización delictiva de la región, con miles de integrantes y operaciones en varios países. El año pasado, Chile dio cuenta del ingreso a su territorio de criminales de esa banda. También en 2024, agentes de Interpol detuvieron en la localidad bonaerense de Campana a un importante miembro del PCC, sobre quien pesaba un pedido de captura con notificación de "índice rojo" por homicidio, requerido por el 1er Tribunal Juri de São Paulo.Con esos antecedentes a la vista y habiendo evaluado la situación de nuestro país, se considera positiva la decidida acción de las autoridades nacionales para poner orden dentro de los penales con el objetivo de que narcos locales no sigan transformando los presidios en centros de transmisión de directivas a delincuentes fuera de los muros.En ese sentido, el programa de control de presos de alto perfil que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende desde diciembre de 2023 el Servicio Penitenciario Federal, aparece como una herramienta válida para aislar a los jefes de bandas actualmente detenidos.La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para bloquear aún más los intentos de esos presos dirigidos a continuar con su actividad criminal, transmitiendo directivas desde donde nunca debieron hacerlo. No solo tienen vedado ahora el uso de comunicaciones telefónicas, sino que también se les restringió el contacto con familiares, con solo una posibilidad de charla directa durante 60 minutos cada 15 días. Un vidrio especial separará al preso del visitante para evitar, incluso, el acercamiento físico. Esa precaución está sustentada en un hecho concreto: nueve familiares y dos abogados de presos de alto perfil fueron detenidos en los últimos meses por recibir durante las visitas instrucciones escritas sobre delitos, las que debían trasladar desde la cárcel a los cómplices en libertad.Delincuentes como Ariel "Guille" Cantero, el jefe de la banda narcocriminal Los Monos, estaban acostumbrados a que las cárceles fueran sus verdaderos centros de comando, control y comunicaciones, continuando así el funcionamiento de las bandas pese al arresto de los cabecillas y de sus principales laderos. Cantero se encuentra en prisión desde 2013 y pasó por numerosos establecimientos penitenciarios de Santa Fe y federales sin que pudiese ser obturado su liderazgo en el clan que llevó a Rosario a ser una de las ciudades con mayores tasas de homicidios en nuestro país.Alojado en el penal federal de Marcos Paz, Cantero ve desde el año pasado por primera vez reducida su capacidad de mando. Antes contaba hasta con un teléfono fijo en su celda. Ahora pasa el tiempo aislado, como otros presos que tienen peso propio dentro de las estructuras criminales. Debe destacarse que ese cambio en la prisión se notó en las calles rosarinas, donde el año pasado cayó 65 por ciento la cantidad de asesinatos.Esta clase de criminales aprovechan cada ventaja, cada resquicio que encuentran para seguir delinquiendo. Incluso con este sistema de aislamiento, Guille Cantero usaba a un primo para transmitir directivas. Ese joven de 21 años visitó 24 veces en 2024 al líder de Los Monos, que desde abril pasado estaba dentro del régimen conocido en el Servicio Penitenciario Federal como Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo. Cumplía la norma de ser un familiar del detenido y no tener antecedentes. Ya no podrá hacerlo: fue apresado como parte de una asociación ilícita que conducía la barra brava de Newell's, en cuyo entorno se produjeron varios crímenes y amenazas.La experiencia penitenciaria marca, además, que las bandas rosarinas están acostumbradas a la conducción remota, siguiendo jerarquías en la transmisión de órdenes desde las cárceles. Maximiliano Pullaro fue secretario y ministro de Seguridad provincial antes de convertirse en gobernador de Santa Fe. A partir de ese conocimiento, tomó dos decisiones ya como mandatario. Por un lado, replicó en las prisiones provinciales el modelo federal de aislamiento de presos peligrosos. Ahora busca ir un paso más allá: anunció el comienzo del camino para la construcción de una cárcel de máxima seguridad que podrá alojar a 1150 reclusos de alto riesgo. Los funcionarios provinciales le pusieron un mote a ese proyecto: El Infierno.Más allá de la alegoría, que los presos sientan que la cárcel no es un aguantadero ni una guarida en la que consiguen protección contra otras bandas es un paso positivo. El ejemplo de Los Espartanos muestra que el encierro puede derivar en la construcción de nuevos sueños. Pero para eso el recluso debe tener la real voluntad de un cambio, algo que los jefes narco detenidos están lejos de expresar y, menos, de concretar. Para aquellos que quieren usar las celdas como un punto de difusión de la violencia criminal, el aislamiento se presenta como una de las respuestas más acertadas por parte del Estado.El crimen organizado representa un enorme problema en muchas partes del mundo y se convierte en verdadero flagelo cuando los Estados ceden terreno ante él. Eso es lo que claramente ha venido ocurriendo en nuestro país. Rosario es apenas la punta de un iceberg que se cierne amenazante sobre nuestra sociedad. Evitemos el naufragio.
La Suprema Corte calificó la decisión de denunciar si se vivió violencia sexual en su niñez o adolescencia como un gran acto de valentía
El capo estuvo 28 años en varios penales de alta seguridad mexicanos, como lo fue Almoloya de Juárez y Puente Grande, Jalisco
La capital del país se mantiene como la entidad más violenta contra diversidades sexuales y de género
Las especies se encuentran resguardadas hasta que se defina su destino legal
Alexander Westwood, reconocido por su participación en Sex Education, una de las series más importantes de Netflix, fue condenado a 15 años de prisión por 26 delitos sexuales, entre los cuales dos fueron contra niños y alumnos a los que daba clases de actuación.Según el fiscal Andrew Wallace KC, el actor de 24 años podría haber sido acusado de 77 agresiones sexuales, sin embargo, se redujo a 26 para facilitar la sentencia. "Cuando la fama lo llamaba, conoció a dos jóvenes de 16 años y usó su privilegiada posición para abusar de ellas", sostuvo el fiscal y continuó: "Si tuviéramos que enumerar todos los casos, habría cientos de cargos".Por su parte, el juez Neil Chawla se dirigió al acusado: "Usted utilizó su condición de celebridad como actor para aprovecharse de jovencitas impresionables, inocentes e ingenuas". En ese sentido, se refirió a los cargos de los que se lo acusó y mencionó la imposibilidad de darle la libertad bajo fianza: "Sin embargo, el jurado rechazó sus negaciones y rechazó su historia de culpar a las víctimas, y, en cambio, encontró que, de hecho, como afirmó la fiscalía, usted es un depredador serial y que los delitos sexuales se convirtieron en parte de su estilo de vida. Pensé mucho en la libertad bajo fianza, pero como un acto de misericordia hacia sus padres, se esperaba que se quedara en su domicilio. La semana pasada lo encontraron en un hotel en clara violación de los términos de su libertad bajo fianza tan misericordiosamente otorgados por este tribunal".Asimismo, el juez habló de la falta de arrepentimiento que vio por parte del acusado. "Debo condenarlo por una gran cantidad de delitos sexuales cometidos a lo largo de una década de su vida. No mostró ningún remordimiento y sigue siendo un peligro para el público. El jurado lo puso en evidencia como un depredador y un manipulador", señaló.Entre los delitos que se le imputan Westwood, se encuentra el caso de una de sus alumnas de la que él se aprovechó en sus clases de actuación para agredirla sexualmente durante ocho años. Asimismo, el tribunal sostuvo que tenía una "fascinación por la pornografía desde muy temprana edad".Tal y como señaló la justicia, aquel hecho se produjo entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, cuando "violó y agredió sexualmente a la alumna que asistía a la escuela de teatro, además de incitarla a participar en actividades sexuales".El segundo adolescente que se presentó para declarar fue víctima del actor entre mayo y agosto de 2021. Además, fue condenado por "incitar a otro menor de diez años a participar en actividades sexuales".Como si esto fuera poco, entre las denuncias de una de las víctimas, trascendió que una adolescente fue violada al intentar interpretar una de las escenas de la serie Bridgerton. Mientras que a otra alumna la convenció de desnudarse para una escena de mitología griega. Fue allí cuando le tocó el pecho y su zona íntima.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó el pasado viernes 21 de febrero al ciudadano británico Mark Adrian Vicars, momentos después de que saliera del Centro de Detención Metropolitano de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos en Brooklyn. El hombre de 58 años había permanecido ilegalmente en Estados Unidos y tenía antecedentes por hacerse pasar por un alguacil aéreo federal y por posesión ilegal de armas de fuego.El ICE arrestó a Mark Adrian Vicars tras su liberación en Nueva YorkLas autoridades migratorias ejecutaron la orden de detención contra Mark Adrian Vicars como parte de su estrategia para deportar a extranjeros con antecedentes penales."Vicars no solo deshonró a nuestra comunidad de aplicación de la ley federal y violó nuestras leyes de inmigración, sino que también representó una amenaza al estar armado ilegalmente", declaró en un comunicado William P. Joyce, director interino de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Nueva York.El historial criminal de Mark Adrian Vicars: múltiples condenasMark Adrian Vicars tiene un largo historial delictivo en Estados Unidos:En 2017, el Tribunal del Condado de Nassau lo condenó a seis años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego. El cargo incluía la posesión de un arma cargada y otras cinco adicionalesTambién recibió un año de prisión por tener un documento falsificado.En 2024, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por proporcionar información falsa en una solicitud de pasaporte, además de dos años de libertad supervisada.Tras cumplir su condena y quedar en libertad en febrero de 2025, el ICE lo clasificó como un "objetivo prioritario" por sus antecedentes. Esto llevó a su arresto inmediato. Actualmente, Vicars permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Federal de Batavia, Nueva York, mientras se define su proceso de deportación.El arresto de Vicars se enmarca en una estrategia del ICE para reforzar la seguridad y acelerar la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales. La agencia informó que incrementó sus operativos en diversas ciudades, una medida que incluyó al estado de Nueva York.Nueva York demanda a Trump por fondos migratorios retenidosEn paralelo a estas acciones, la ciudad de Nueva York, bajo el liderazgo del alcalde Eric Adams, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, a la que acusó de retener ilegalmente 80 millones de dólares destinados a la gestión de la crisis migratoria. La alcaldía calificó la medida como un "despojo ilegal" de recursos, en medio de lo que parecía un acercamiento entre Adams y Trump en semanas previas.Según el Departamento de Leyes de la Ciudad de Nueva York, el gobierno federal retiró unilateralmente fondos ya aprobados y desembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). La medida se justificó con una carta de "incumplimiento" enviada el 19 de febrero de 2025, pero la ciudad alega que no se presentaron pruebas concretas de violación de los términos del programa de Subvenciones para Refugio y Servicios (SSP, por sus siglas en inglés).La demanda tiene varios objetivos clave:Exigir la devolución de los 80 millones de dólares retenidos por la administración federal.Impedir la retirada de fondos adicionales relacionados con las subvenciones del SSP.Garantizar que el proceso de revisión y desembolso de fondos se realice conforme a la ley federal.Desafiar la presunta arbitrariedad y abuso de autoridad por parte del gobierno federal.Proteger a los migrantes y a los contribuyentes de la ciudad, que han soportado costos significativos en la crisis migratoria.
Las tres últimas tuvieron lugar recientemente en las comunas de Manrique, San Javier y Belén, según datos de la Policía
El dirigente político lo hizo en una audiencia en la que uno de los acusados reclama la exención de prisión
Miguel Ángel Aguilar García destaca la necesidad de formación obligatoria antirracista para jueces, enfatizando su relevancia en la lucha contra el racismo y la protección de los Derechos Humanos en España
Feijóo critica a Sánchez por su "debilidad judicial" y le exige claridad sobre el costo de su permanencia en el poder, advirtiendo que ni el independentismo ni los jueces perdonarán sus acciones
Las denuncias por este tipo de delitos siempre generan controversia al chocar con la libertad de expresión
El magistrado Pablo Llarena dicta el sobreseimiento provisional de la causa contra Javier Armas, investigado por presunta omisión de deberes en la gestión de vertederos en El Hierro
Gonzalo Boye critica la falta de protección institucional para independentistas, mientras recibe reproches de PP, Vox, IU y ERC por su defensa de Carles Puigdemont en el Congreso
Detenidos tras emplear el "hurto mágico" en múltiples comercios, la Guardia Civil alerta sobre esta técnica de estafa que confunde a los empleados durante el proceso de pago
Dicho sujeto aparece en documentos judiciales de EEUu y en trabajos periodísticos
Un ciudadano cubano fue condenado a 13 años de prisión en Estados Unidos tras ser encontrado culpable por los delitos de tráfico de personas y posesión de material visual explícito de menores. El migrante había ingresado al país norteamericano en 2022 bajo un permiso de parole humanitario y un año más tarde fue arrestado en Arizona y sometido a un proceso judicial que derivó en su sentencia.Quién es el cubano detenido en Arizona y condenado a 13 años de prisiónRubén Sánchez Martínez ingresó legalmente a Estados Unidos con un permiso de permanencia temporal, también conocido como parole humanitario, mientras se resolvía su situación migratoria. Un año después de su arribo a los EE.UU., en 2023, fue detenido en el estado de Arizona por oficiales de la Ciudad de Casa Grande. Era buscado por cargos de tráfico de personas y posesión de material visual explícito de menores, según informó El Periódico Cubano.Tras su arresto, las autoridades federales iniciaron una investigación que resultó en su procesamiento judicial. Fue hallado culpable y sentenciado a una pena de 13 años de prisión.El Jefe de la Patrulla Fronteriza de Tucson, Sean McGuffin, destacó el papel de sus agentes en el caso. "El trabajo en equipo hace realidad los sueños. Los agentes de Casa Grande colaboraron con HSI para obtener una sentencia de 13 años para Rubén Sánchez Martínez", indicó en un mensaje publicado en la red social X.La sentencia contra Sánchez Martínez se da en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Su administración intensificó las medidas contra la inmigración ilegal y ordenó acciones más severas contra migrantes con antecedentes criminales, como las redadas y deportaciones masivas.Desde el inicio del nuevo gobierno federal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza operativos de control migratorio en las principales ciudades del país norteamericano, que derivaron en la detención de migrantes con historial delictivo.Asimismo, con el objetivo de combatir la inmigración ilegal, Trump dispuso el fin del parole humanitario para cubanos, venezolanos y nicaragüenses y busca revocar el estatus legal de muchos de los migrantes que llegaron a Estados Unidos bajo este programa de permiso de permanencia temporal implementado por su antecesor, Joe Biden.Otros operativos y detenciones de migrantes en ArizonaEn otro operativo realizado por la Patrulla Fronteriza de Tucson el domingo 16 de febrero, los agentes interceptaron a una familia cubana de cuatro integrantes que había ingresado de manera irregular a Estados Unidos desde la frontera con México.McGuffin confirmó la detención a través de sus redes sociales y afirmó que los detenidos ahora enfrentarán un proceso de deportación. "Aparentemente, no recibieron el memorando, pero cualquiera que cruce la frontera ilegalmente se enfrenta a la detención o expulsión", aseguró, sin dar mayores precisiones sobre los arrestos.En los últimos días, se conoció el caso de un veterano de la guerra de Irak y residente legal permanente en Estados Unidos, detenido por agentes del Ice en la localidad de Laveen, Arizona. Marlon Parris, originario de Trinidad y Tobago, fue interceptado por los agentes cuando iba a retirar dinero a un cajero automático.Cuando su mujer llegó al lugar del operativo les preguntó a los oficiales por qué habían arrestado a su esposo y le explicaron que Parris "estaba en una lista".
Hay denuncias por estafa, fraude y negociaciones incompatibles con la función pública.
Lo hizo a través de la Resolución 227/2025, publicada en el Boletín Oficial. Esta medida se suma a la iniciativa aplicada en Rosario en 2024
El presidente Javier Milei fue denunciado en la justicia federal por estafa. El artículo 172 del Código Penal, que podría imputársele, dice: "Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".Milei podría ser investigado como "partícipe necesario" de ese delito, con el argumento de que sin su intervención no se hubiera cometido el presunto fraude. La pena para el partícipe necesario es equivalente a la del autor.En la denuncia que hoy fue asignada por sorteo a la jueza María Servini, Milei fue acusado además de haber integrado una asociación ilícita y de haber incurrido en posibles "negociaciones incompatibles" con su cargo de Presidente (delito previsto en el artículo 265 del Código Penal). También, de haber violado la Ley de Ética Pública.El delito que castiga la asociación ilícita es el 210 del Código Penal, que dice: "Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión".El artículo 265 (sobre negociaciones incompatibles) prevé: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de dos a cinco veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido".Especialistas en derecho penal advierten que el Presidente podría ser investigado también por alguno de los delitos vinculados con hacer subir o bajar valores negociables u otros instrumentos financieros.El artículo 309 del Código Penal dice: "Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio; b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas".El artículo 310 dice: "Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente. El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva".
El estado de Illinois, en Estados Unidos, dio un paso significativo en la protección de víctimas de violencia doméstica con la aprobación de la Ley Karina, firmada por el gobernador Jay Robert 'JB' Pritzker. Esta normativa busca prevenir futuras tragedias mediante medidas directas contra potenciales agresores.Cambios principales de la Ley Karina en IllinoisLa ley surge como una respuesta al feminicidio de Karina González, quien había obtenido previamente una orden de protección contra su esposo José Álvarez. A pesar de esta medida cautelar, el hombre perpetró un ataque violento en julio de 2023, disparando hacia la mujer y su hija, Daniela.El hijo de la mujer, Jesús "Manny" Álvarez, quien sobrevivió al ataque y que fue herido de bala, se convirtió en un actor clave para impulsar la legislación. Motivó a la Asamblea General a aprobar la ley en memoria de su madre y como un intento de prevenir futuros casos de violencia doméstica.Lo que implica la nueva medida es:Retiro obligatorio de armas de fuego en casos de órdenes de protecciónÓrdenes de allanamiento ejecutables en 96 horasProtección prioritaria para víctimas y sus familiasSegún el gobernador Pritzker, la nueva legislación representa un "cambio de juego" para las víctimas. La norma obligará a las autoridades a retirar armas de fuego de viviendas de personas con órdenes de protección en su contra. Además, permitirá solicitar órdenes de allanamiento que se ejecutarán en un plazo máximo de 96 horas.Por otro lado, la senadora estatal Celina Villanueva destacó la importancia de comprender "el impacto que las leyes tienen en nuestras comunidades". Ante ello, Manny Álvarez manifestó que su familia transformó el dolor en acción."Mi familia tuvo que pasar por el dolor más inimaginable, pero creo que lo que nos hace diferentes es que tomamos ese dolor y lo convertimos en acción", sostuvo en la conferencia de prensa que se realizó el pasado lunes, en el marco de la sesión en la que se aprobó la propuesta.¿Desde cuándo tendrá vigencia la Ley Karina en el estado de Illinois?La ley entrará en vigencia a partir del 11 de mayo, la cual marca un precedente en la protección de víctimas de violencia doméstica, con énfasis en la seguridad de las familias vulnerables. "Se lo debemos a Karina y Daniela, a Manny y a todas las víctimas y sus familias, seguir brindando todo el apoyo y la protección que podamos", expresó el gobernador.El proyecto HB 4144 (ahora convertido en ley) permite a las agencias policiales locales encontrar de forma rápida las armas de fuego de cualquier persona cuya tarjeta de identificación de propietario (FOID, por sus siglas en inglés) haya sido revocada debido a una orden de restricción.Según expresó en un comunicado la representante demócrata de Batavia y principal patrocinadora del proyecto, Maura Hirschauer, muchas investigaciones demostraron tener un arma de fuego en una vivienda en la que se produce violencia doméstica aumenta en un 500 por ciento el riesgo de asesinato. En ese marco, la nueva ley de Illinois ayudará a proteger a las familias que viven en ese tipo de entornos.
Los centros de detención de corto plazo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) operan bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión. Estas normas regulan tanto el tiempo de permanencia de los detenidos como las condiciones en que deben ser retenidos hasta que se determine su situación migratoria.Tipos de centros de detención de corto plazo de CBPDe acuerdo con lo informado por la CBP en un documento, existen dos tipos de instalaciones de detención de corto plazo: las permanentes y las temporales.Instalaciones permanentes: cuentan con infraestructura fija y servicios básicos. Son las más utilizadas y disponen de personal uniformado y médico. La supervisión es constante mediante monitoreo electrónico y revisiones periódicas.Instalaciones temporales: no cuentan con infraestructura fija y se han implementado para manejar el alto volumen de detenciones en la frontera sur en los últimos años. Al igual que las instalaciones permanentes, cuentan con personal de seguridad y servicios médicos.Tiempo promedio de detención de CBPEl tiempo de detención de los extranjeros en estos centros varía según el tipo de instalación:Instalaciones permanentes: 61,57 horas en promedio.Instalaciones temporales: 74,24 horas en promedio.En el caso de menores de edad no acompañados, el tiempo de retención suele ser más bajo, con un promedio de 26,56 horas en 2023.Condiciones de detención y cumplimiento del Acuerdo FloresVale destacar que, el CBP debe garantizar que todas las instalaciones de detención cumplan con el Acuerdo Flores, el cual establece estándares básicos de bienestar para menores retenidos. Entre las medidas implementadas destacan:Suministro de agua potable y alimentos adecuados.Control de temperatura de las salas de retención.Entrega de artículos de higiene personal.Provisión de ropa de abrigo y mantas para menores de cinco años.Derecho a realizar una llamada diaria en el caso de menores no acompañados.Delitos que pueden llevar a la detención de migrantesSegún el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un migrante puede ser enviado a un centro de detención por la comisión de diferentes delitos, entre las cuales destacan:Entrada ilegal al país: personas que ingresan sin pasar por un punto de control fronterizo autorizado son detenidas mientras se evalúa su situación migratoria.Violaciones de visa: personas que han excedido el tiempo permitido por su visa o incumplido sus términos pueden ser detenidas.Procesos de deportación: personas con órdenes de deportación pendientes o procedimientos en curso pueden ser retenidas en espera de resolución.Consideraciones de seguridad pública o nacional: personas que representen una amenaza para la seguridad pueden ser detenidas, especialmente si tienen antecedentes penales.Riesgo de fuga: persona que podría no presentarse a futuras audiencias migratorias pueden ser detenidas en estos centros.No obstante, las autoridades de las Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) evalúan cada caso individualmente.Monitoreo y seguridad en las instalacionesLas instalaciones de las agencias federales cuentan con tecnología de videovigilancia y control de acceso para garantizar la seguridad de los detenidos y del personal. En este sentido, desde el CBP destacan que las condiciones de detención y los tiempos de permanencia están sujetos a revisiones constantes con el fin de mejorar la operatividad de estos centros y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
La vinculación de la empresa Kosmos en los acuerdos firmados por Arabia Saudí puede ser clave en la investigación de la jueza. El exjugador deberá declarar como imputado
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) emite órdenes de retención a migrantes que considera removibles de ese país. Conforme a su criterio, hay una lista de delitos que considera para aplicar estas solicitudes.¿Cuáles son los criterios para emitir una orden de retención?Las órdenes de retención buscan que agencias policiales locales, estatales o federales notifiquen a ICE sobre la liberación de un detenido o lo mantengan bajo custodia hasta por 48 horas adicionales para que la agencia federal pueda asumir su custodia.Por lo general, ICE emite las órdenes cuando sus oficiales determinan que un extranjero es removible, generalmente después de una condena judicial. Este proceso se basa en la revisión de antecedentes criminales, verificación del estatus migratorio y evaluación de riesgos.La agencia prioriza a personas que representan una amenaza para la seguridad pública o nacional, como aquellas con condenas por delitos violentos, vinculaciones con organizaciones criminales o antecedentes de reincidencia en actividades ilícitas. También se consideran casos de individuos que han cometido infracciones migratorias graves o han evadido previamente la aplicación de la ley.Delitos que ICE considera para aplicar una orden de retenciónEntre los delitos que pueden motivar una orden de retención se encuentran:HomicidioSecuestroTráfico de drogasTráfico de personasAgresión sexualDelitos con armasRobos y hurtosEstos casos se consideran de alta prioridad para ICE, ya que la agencia busca asumir custodia en un entorno controlado en lugar de realizar arrestos en la comunidad, lo que podría representar un riesgo para el público y los oficiales.Procedimiento de ICE para la emisión de órdenes de retenciónICE envía una solicitud formal a la agencia que tiene bajo custodia a un migrante para que lo mantenga detenido por un período adicional. Esta petición no es obligatoria para las agencias policiales y depende de su disposición a colaborar con ICE.Cuando una agencia cumple con la orden de retención, ICE asume custodia del individuo en la misma instalación donde estaba detenido, lo que evita operativos en la comunidad. Si una entidad no cumple con la solicitud, ICE puede proceder con arrestos en espacios públicos.Derechos de los detenidos por el ICELas personas sujetas a una orden de retención tienen derecho a debido proceso. En la mayoría de los casos, ICE solo puede remover a un extranjero mediante una orden legal, como una decisión final de deportación emitida por un juez de inmigración.Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), cualquier persona detenida por ICE tiene derecho a comunicarse con su consulado o solicitar que un oficial lo haga en su nombre.Es fundamental memorizar el número de inmigración (número "A") y proporcionarlo a un familiar de confianza para facilitar su localización en caso de necesidad. También se recomienda mantener una copia de los documentos migratorios con una persona cercana.Si un detenido no es ciudadano estadounidense, debe consultar con un abogado sobre las posibles implicaciones de una condena penal en su estatus migratorio. No se recomienda discutir la situación migratoria con nadie que no sea el abogado.En caso de errores en la emisión de una orden de retención, los afectados pueden contactar el ICE Law Enforcement Support Center al (855) 448-6903 para presentar su reclamación.
La primera acusación la lanzó un técnico en seguridad informática por la comisión de distintos delitos incluidos en el Código Penal. La oposición avanzará en sus propias denuncias. Juan Grabois será uno de ellos, que además impulsará una acción colectiva en representación de ciudadanos que se puedan ver damnificados. También podrían aparecer denuncias desde el exterior de compradores estafados en distintas partes del mundo. Leer más
El Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de reforma en donde propondrían endurecer las penas en delitos de corrupción y usurpación de tierras, entre otros. Además, las estafas piramidales y la compraventa de niños como nuevos delitos penales. Por último, el respaldo para las fuerzas de seguridad. Leer más
El ministro de Justicia enviará al Congreso el proyecto que sintetiza la propuesta que se había elaborado durante el gobierno de Macri.Suben las penas para figuras como coimas, enriquecimiento ilícito malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La 'influencer' explicó que su sentencia es arbitraria, pues para ella la palabra "terrorismo" en los delitos por los que fue acusada le da un tinte extremo a su caso
Hasta el momento, el joven de 18 años no ha sido detenido y tampoco se le ha deslindado responsabilidad alguna por el crimen
La Legislatura de Florida se encamina hacia la aprobación de un paquete de leyes que busca reforzar las políticas migratorias del estado. Con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, la propuesta incluye medidas que endurecen las sanciones contra inmigrantes indocumentados, entre las que se incluye la imposición obligatoria de la pena de muerte para quienes sean condenados por delitos capitales.Las claves del proyecto de pena de muerte impulsado por Ron DeSantisLa Legislatura de Florida debate esta semana una ley que impondría la pena de muerte obligatoria a inmigrantes ilegales condenados por cometer delitos capitales. En Florida, un delito capital es aquel que puede ser castigado con la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.Estos son los delitos capitales en FloridaEn Florida, estos crímenes se consideran delitos capitales, es decir, pueden recibir la pena de muerte:Asesinato en primer grado: homicidio premeditado o asesinato durante la comisión de otro delito grave (como robo o secuestro).Violación infantil: desde mayo de 2023, la ley de Florida permite la pena de muerte para los condenados por violar a menores de 12 años.Otros delitos graves que pueden considerarse capitales si causan una muerteAlgunos delitos no son capitales por sí mismos, pero si resultan en la muerte de una persona, pueden ser castigados con la pena de muerte en Florida:Robo a mano armada: (si causa la muerte de la víctima.Secuestro: si la víctima muere durante el delito.Incendio provocado: si el fuego provoca la muerte de alguien.Tráfico de drogas: si se demuestra que la droga suministrada causó la muerte de un usuario.El gobernador de Florida solicitó que el terrorismo y el tráfico de personas con resultado de muerte sean incluidos entre los delitos capitales que conllevan sanciones para inmigrantes.Ley migratoria en Florida: un paquete legislativo controvertidoEl proyecto de ley forma parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la lucha contra la inmigración ilegal en Florida. En enero, la Legislatura aprobó la Ley Trump, un ambicioso paquete de reformas migratorias que, sin embargo, fue criticado por DeSantis por restringir su poder para manejar fondos.Ahora, los legisladores, tras largas negociaciones, retomaron el debate con propuestas más agresivas, en línea con las exigencias del gobernador, según informó Tallahassee Democrat.Entre las disposiciones más destacadas del nuevo paquete se incluyen penas más severas para delitos cometidos por inmigrantes indocumentados y la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración, compuesta por DeSantis y otros funcionarios estatales. Esta entidad supervisaría la aplicación de las leyes migratorias y distribuiría fondos para fortalecer la cooperación entre agencias estatales y federales en la materia.Inmigración y pena de muerte en Florida: respaldo y resistencia políticaMientras el Partido Republicano refuerza su ofensiva contra la inmigración ilegal, los demócratas denunciaron la medida como "inhumana y extrema". El representante demócrata José Álvarez, inmigrante cubano, expresó su indignación durante el debate legislativo. "Este país no fue creado para esto. Todos ustedes deberían estar avergonzados", expresó según declaraciones retomadas por Newsweek.Por su parte, DeSantis defendió el endurecimiento de las leyes migratorias como una respuesta necesaria para garantizar la seguridad de los floridanos. En una publicación en sus redes sociales, el funcionario aseguró que la legislación "permitirá a Florida liderar con el ejemplo en la lucha contra la inmigración ilegal".
Estas medidas forman parte de la intensificación de los operativos policiales a nivel nacional dentro del Plan Control Territorial, lo que también facilitó el desmantelamiento de bandas criminales dedicadas a distintos crímenes
Aunque se desconocen los motivos detrás del ataque, de acuerdo a la hipótesis inicial, respondería a un ajuste de cuentas
En medio del temor por las redadas de las autoridades migratorias, un latino en situación irregular se puso a disposición de los agentes federales y advirtió que se volvería un criminal si no lo detenían
En el marco de los múltiples operativos de detención que se llevan a cabo en todo Estados Unidos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron en Texas a dos criminales extranjeros que eran buscados por delitos graves. Los delincuentes, oriundos de México y Guatemala, contaban con antecedentes relacionados con abusos sexuales contra menores.Cómo fue la detención de los dos criminales latinos en la frontera de EE.UU.Según informó la CBP en un comunicado, la aprehensión de estos prófugos de la justicia ocurrió en distintas operaciones llevadas a cabo por el Sector Laredo el pasado 4 de febrero. Ambas personas intentaron evadir a las autoridades mientras se encontraban en situación migratoria irregular en EE.UU.De acuerdo con el parte oficial, el primer caso ocurrió aproximadamente a las 13.30 hs (hora local), cuando agentes de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) realizaron una inspección vehicular en el kilómetro 20 de la carretera interestatal I-35. Durante el operativo, detuvieron a una inmigrante guatemalteca identificada como Vianey García-Velázquez, quien no estaba autorizada para estar en el país norteamericano.Al revisar su historial, los oficiales descubrieron que la conductora tenía antecedentes penales por un delito de agresión sexual contra un menor y estaba bajo libertad condicional. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades para su procesamiento conforme a las leyes de inmigración vigentes.Intento de fuga, persecución y arrestoEn tanto, la segunda aprehensión ocurrió algunas horas más tarde cuando agentes asignados a la Estación de Cotulla realizaban sus tareas de patrullaje en la carretera interestatal I-35. Durante un control vehicular, intentaron detener una camioneta Ford que se negó a acatar la orden de alto. Posteriormente, los pasajeros del vehículo intentaron huir hacia una zona cercana de matorrales.Tras la persecución, las autoridades lograron la captura de cinco personas en condición irregular. Entre ellos, se encontraba Héctor Olvera-Espinosa, un ciudadano mexicano con antecedentes criminales en Estados Unidos. Según el informe de CBP, el sujeto contaba con condenas previas por sodomía y violación de un menor, además de posesión de un arma letal con intención de agresión. Otro hombre detenido por agresión sexual contra un menorCabe destacar que la CBP registró anteriormente otros casos similares en lo que va de 2025. En otro operativo llevado a cabo el pasado 1° de febrero en el Puente Internacional de Progreso, los agentes detuvieron a un ciudadano estadounidense con una orden de arresto pendiente por agresión sexual agravada contra un menor.El sujeto, identificado como Gumaro Rodríguez, de 40 años, fue interceptado en un control migratorio cuando intentaba cruzar la frontera. Durante la inspección secundaria, los agentes verificaron su identidad mediante sistemas biométricos y bases de datos federales. De esa forma, confirmaron que tenía una orden de captura emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Nueces, en Corpus Christi, Texas.Tras su arresto, Rodríguez fue entregado al Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, donde permanecerá bajo custodia hasta que se realicen las diligencias judiciales correspondientes. Mientras tanto, los operativos de la CBP continúan en toda la frontera estadounidense.
Aunque el país conoció la decisión del alto tribunal del 6 de febrero que envió a juicio al nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, la posible condena sería mucho menor a la de otros involucrados en el caso
Para huir, aprovecharon momento de las visitas y tomaron de rehén al jefe de guardia de la dependencia.Ya recapturaron a dos y buscan intensamente a los otros cuatro.
Llegó al cargo como sustituto de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien falleció en agosto de 2024
SAN SALVADOR.- El Congreso salvadoreño, de amplia mayoría oficialista, aprobó una ley anticorrupción y reformó el Código Penal para castigar esos delitos y otros, como homicidios y robos, con más años de prisión, extendiendo la política de mano dura que hizo popular al presidente Nayib Bukele entre la derecha de la región más allá de la crisis de la violencia y las pandillas.La ley fue aprobada el viernes con los votos de 59 de los 60 diputados del Parlamento unicameral, que es dominado por Bukele, quien el año pasado asumió un segundo mandato tras un arrasador triunfo en las urnas pese a que la reelección consecutiva estaba prohibida por la Constitución. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se unieron a la iniciativa del mandatario. El único voto que no se alineó a la mayoría fue el de la diputada Claudia Ortiz del partido conservador Vamos, quien se abstuvo.La nueva norma obliga a los funcionarios y empleados públicos del Estado a presentar, además de su declaración jurada anual, un informe sobre los activos y pasivos de su patrimonio, los cuales serán publicados por el Ministerio de Hacienda luego de 15 días. La obligación incluye a hijos y al cónyuge, ya sea por matrimonio o por concubinato.En septiembre de 2021, el Congreso salvadoreño reformó el Código Procesal Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y se pueda investigar a los exfuncionarios por actos cometidos en los últimos 30 años.Con esta nueva modificación, el enriquecimiento ilícito se castigará con penas de entre 5 y 15 años de prisión (antes eran de entre 3 y 10) y el peculado, que conllevaba condenas de hasta 8 años, recibirá sentencias de hasta 12 años.Para quien preste su nombre para adquirir bienes con dinero proveniente de la corrupción, se creó el delito de testaferrato, que tendrá una pena de 3 a 6 años de cárcel.El fiscal general salvadoreño Rodolfo Delgado, quien emitió su opinión ante la Comisión Política del Congreso, sostuvo que con esta ley se reforzarían medidas que den prioridad a la transparencia, la probidad de los funcionarios y el endurecimiento de las penas relacionadas con los delitos de corrupción.Durante el debate legislativo, el jefe de la bancada del partido oficialista, Christian Guevara, destacó que la persecución penal de los delitos no va a prescribir. Además, señaló que la Asamblea Legislativa "en anteriores legislaturas fue el epicentro de la corrupción", y que la nueva ley será un "modelo y ejemplo en toda la región". Les advirtió a los políticos acusados de actos de corrupción que se han asilado en otros países que sus delitos "jamás van a prescribir" y "hasta allá va a llegar el brazo de la ley".La reforma incluye nuevos delitos y establece que la acción penal en los casos de enriquecimiento ilícito será independiente y podrá iniciarse sin ningún requisito previo de responsabilidad civil.Penas más durasEn la misma sesión, el Congreso reformó el Código Penal con el fin de incrementar las penas de prisión para una veintena de delitos, estableciendo hasta 35 años tras las rejas por el delito de homicidio simple, hasta 60 años por homicidio agravado, hasta 20 años por robo, y hasta 30 años por robo agravado.Las sanciones de prisión más severas anunciadas este viernes serán para los casos de homicidio agravado, que antes recibían condenas de 20 a 30 años y ahora se elevarán hasta los 60, mientras que los de homicidio simple (sin agravantes) pasarán del rango de 15 a 20 años al de 25 a 35. Los delitos de privación de libertad, violación, agresión sexual, hurto o robo también incrementaron sus penas.La Asamblea Legislativa también hizo una reforma para ampliar la prisión preventiva de un imputado hasta la media pena del delito por el cual es acusado. La prisión preventiva tenía hasta un máximo de dos años y podía prorrogarse por un año más.Entre las novedades, también se permitirá la "excusa absolutoria", es decir, se eximiría la pena â??una sola vez para una personaâ?? a quien repare integralmente el daño en el delito de hurto.En la reforma se incluye el delito de "dilaciones procesales", que tendrá penas de entre cuatro y ocho años de prisión, y que será aplicado tanto a la autoridad pública que retarde o permita el retraso de un proceso judicial indebidamente, así como para quienes en cualquier calidad dentro de un proceso judicial "paralicen el curso ordinario del proceso" con conductas negligentes o litigaciones temerarias que suspendan audiencias o interpongan recursos reiterativos, entre otros.Bukele bajó a mínimos históricos los homicidios en El Salvador con su ofensiva antipandillas basada en un régimen de excepción que, desde marzo 2022, ya suma unos 83.000 detenidos, de los cuales unos 8000 fueron liberados. Organismos de derechos humanos critican el régimen porque permite arrestos sin orden judicial y denuncian torturas y muertes bajo custodia policial.Agencias AFP y AP
Hay cerca de 150 que están en condiciones de ser deportados. Algunos tienen condena firme pero nunca se notificó a Migraciones.Es una de las medidas para descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas, donde hay alojados 2.269 presos, según un informe al que accedió Clarín.
Gustavo Adrianzén lamentó la postura de Nicolás Maduro de no recibir a sus ciudadanos expulsados. "Seguiremos con la política de deportación [...] No solamente en Lima o en Arequipa, sino también en Lambayeque y cualquier otra región", afirmó
Según el Código Civil y Comercial argentino, los menores adquieren derechos y responsabilidades gradualmente, según su madurez. Es válido en la toma de decisiones médicas, vinculares y patrimoniales. ¿Podría también ser aplicable en el fuero penal? Leer más
Dicho hombre cuenta con antecedentes penales y actualmente está en el penal de Santiaguito
El Presidente invocó una figura contemplada en el Estatuto de Roma para justificar la retirada del organismo mundial de salud. Qué implicancias tendrá la decisión y cuáles son los costos de alinearse con Trump. Leer más
Tras la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal, al menos tres personas fueron arrestadas en diferentes estados de EE.UU. por hacerse pasar por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los casos más recientes se registraron en Carolina del Sur, Filadelfia y Carolina del Norte, donde los sospechosos detuvieron ilegalmente a migrantes latinos y amenazaron con deportarlos.Carolina del Sur: simuló ser agente del ICE, tomó las llaves de un conductor latino y lo detuvoSean Michael Johnson, de 33 años, fue arrestado en Carolina del Sur tras hacerse pasar por un agente del ICE y detener a un conductor latino. Según publica The Washington Post, la policía de Sullivan's Island, en el condado de Charleston de ese estado, inició la investigación luego de recibir una denuncia sobre un hombre que conducía un vehículo sin licencia.Sin embargo, al llegar al lugar, los efectivos descubrieron que quien había cometido un delito era el denunciante: había simulado ser agente del ICE y le había quitado las llaves del coche a un inmigrante latino, a quien amenazó con deportar a México.Luego de entrevistar a testigos del hecho, la policía obtuvo órdenes de arresto en su contra y lo acusó de hurto menor y secuestro. Johnson se entregó a las autoridades, pero tras pagar una fianza quedó en libertad.Filadelfia: estudiantes universitarios simularon ser agentes de migraciónTres jóvenes fueron denunciados por presentarse como agentes del ICE en una residencia de la Universidad de Temple. De acuerdo al equipo de seguridad de la institución, vestían camisetas negras con la palabra "Policía" en el frente y "ICE" en la espalda.Poco después, agrega el citado medio, fueron vistos en un local de Insomnia Cookies. Cuando la policía llegó, intentaron escapar. Dos de ellos lograron huir en una camioneta. El restante, identificado como Aidan Steigelmann, de 22 años, fue arrestado y acusado de hacerse pasar por un funcionario público.Asimismo, la Universidad de Temple suspendió al alumno y advirtió que otros estudiantes involucrados en hechos similares podrían ser expulsados. Su abogado, Fortunato Perri Jr., afirmó que su cliente solo grabó un video y nunca afirmó ser un agente del ICE.Carolina del Norte: amenazas de deportación y agresión sexualUn hombre de 37 años fue arrestado el 26 de enero en Carolina del Norte, acusado de múltiples delitos: hacerse pasar por un agente de la ley, secuestro, violación en segundo grado y agresión. Según la investigación, utilizó una tarjeta de visita falsa con la imagen de una placa oficial y amenazó a una mujer en un motel con deportarla si no tenía relaciones sexuales con él.Días antes, otro hombre fue visto en Durham con un uniforme falso del ICE y un camión similar a los que usa la agencia.Qué condenas enfrentan los detenidos que fingieron ser agentes del ICELos tres hombres apresados en los hechos ocurridos en Carolina del Sur, Filadelfia y Carolina del Norte enfrentan distintas acusaciones según la gravedad de sus delitos y las leyes de cada estado.Sean Michael Johnson fue acusado de hurto menor y secuestro, cargos que pueden derivar en penas de prisión y multas. Fue puesto en libertad tras pagar una fianza, pero deberá presentarse ante la Justicia.