El Gobierno considera necesario ejecutar tareas destinadas a la prevención de toda actividad delictiva que amenace a los derechos y garantías constitucionales
Otro más. El parlamentario de Podemos Perú viajó en semana de representación a Ayacucho y, entre sus actividades, tuvo una reunión proselitista con los militantes de Pueblo Consciente.
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ampliar el objeto procesal y sumar el delito de lavado de activos en la causa que tiene como procesado al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otros 17 dirigentes piqueteros por una presunta maniobra de extorsión que habría implicado la desviación de fondos públicos destinados a la asistencia social hacia fines partidarios. Para el organismo que conduce Ignacio Yacobucci, el delito de administración fraudulenta abarca solo un "tramo" de la maniobra delictiva que es investigada por la Justicia."Con la presentación de las rendiciones de cuentas con gastos simulados se configuró la maniobra de defraudación al Estado. No obstante, a diferencia de lo sostenido por V.S. [en alusión al juez federal Sebastián Casanello], entendemos que algunos de los actos que siguieron con posterioridad no constituyen la continuación de la defraudación; sino el comienzo de ejecución del delito de lavado de activos", indicó la presentación del organismo antilavado.En mayo, el juez Casanello dio por probado que la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Ltda. desviaron parte de los fondos que recibieron en el marco del extinto Potenciar Trabajo. En total, suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social que conducía el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por un total de $361.087.500.A través de la utilización de facturas truchas, una porción de estos recursos que tenían por fin fomentar actividades socio-formativas y productivas fue destinado, según el juez de primera instancia, a financiar actividad partidaria. Sin embargo para la UIF, que tiene su primera intervención como querellante en la causa, la maniobra excede la actual tipificación."Entendemos que la maniobra investigada no constituye en su totalidad una administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, sino que solo un tramo de los hechos debe ser calificada en estos términos y a la vez ser considerada ilícito precedente de lavado de activos", sostuvo el escrito presentado por el director de litigios penales, Mariano Abel Ezeyza.Por ello, el organismo solicitó la declaración indagatoria de quienes administraron las cuentas del Polo Obrero y El resplandor -desde donde se giró el dinero- y de quienes estaban a cargo de las cuentas de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, una de las empresas que tras recibir el dinero habría emitido las facturas para completar la operatoria."La mecánica de transferir dinero producto de la defraudación a una empresa 'pantalla' trasciende la mera finalidad defraudatoria y da cuenta de una finalidad distinta: la de ocultar el origen de los fondos", señaló la UIF en su escrito.Asociación IlícitaA fines de agosto, el fiscal de la Cámara de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, solicitó agravar las penas contra los piqueteros y juzgarlos por el delito de asociación ilícita, que contempla hasta 10 años de prisión.Para el fiscal, hay muestras de que el presunto mecanismo de extorsión, sobre el cual los líderes piqueteros habrían montado un sistema de premios y castigos para empujar a los beneficiarios del programa a marchar en su favor, demandó un esquema de colaboración más amplio que podría configurar el delito de asociación Ilícita."La prueba colectada nos encontramos frente a un grupo de personas que actuaron de manera mancomunada y coordinada con el fin de cometer diferentes delitos. Las distintas acciones desplegadas y reiteradas en el tiempo encuentran subsunción legal en los tipos penales de administración infiel, coacción y extorsión", señaló el fiscal de Cámara.Para el fiscal, al procesarlos solo por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el juez Casanello realizó un "recorte arbitrario" de los hechos, valorados solo de manera "parcial", según dejó plasmado en el memorial presentado ante los jueces de la Cámara.
La congresista criticó al jefe de Estado por su propuesta de denunciar a las personas que van en contra de la circular de la entidad estatal
Lima, La Libertad y Piura encabezan la lista de regiones más perjudicadas por la extorsión en Perú. Las cifras de denuncias van en alza, según datos de la Policía Nacional
El PAN, partido donde nació el término narcoterrorismo, propone tipificarlo como delito y pide apoyo a Morena para permitir la colaboración internacional contra el crimen organizado
Al menos siete bancadas apoyan la iniciativa legislativa que busca crear el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, con el fin de otorgar condenas mínimas de 20 a 30 años. El dictamen agrupa casi dos decenas de proyectos de ley. Por su parte, el Ejecutivo envió también proyecto de ley
La justicia archiva el caso del Vilaboa Uno tras determinar que no existen indicios de delito en el hundimiento que provocó la muerte de tres trabajadores y la desaparición de uno más
Las contraseñas débiles son el principal punto de entrada para delitos cibernéticos debido a la falta de seguridad adecuada. Leer más
Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha afirmado que "más allá de una sentencia u otra, la ley avanzará con toda normalidad y cumplirá su objetivo"
La Sala de lo Penal rechaza los recursos presentados por la Fiscalía, Abogacía del Estado y varios procesados en la causa por el referéndum del 1-O
Son número de 2023. Los crímenes ascendieron 14,8% y son cada vez más violentos. También creció la cantidad de expedientes abiertos por todo tipo de hechos. La Matanza es el distrito con mayor número de casos vinculados al tráfico de drogas y asesinatos
La abogada de Sabag busca demostrar que sin balas en la recámara y con el cargador supuestamente mal colocado, no podía cometerse el atentado contra CFK.
Hasta ahora el Registro Nacional de Delitos Genéticos contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena. Leer más
La conductora de televisión se refirió a Cristian Guadalupe, primo del exfutbolista, quien ha sido acusado de abusar sexualmente a una joven de 19 años en la casa de Jefferson Farfán
Un hombre de 43 años de origen guatemalteco perdió su ciudadanía estadounidense luego de ser acusado por haber cometido fraude en un documento de naturalización. El sujeto, identificado como Dorian Velásquez, mintió en un formulario que presentó ante el Servicio de ciudadanía e Inmigración de Estadios Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) el 11 de abril de 2014.Este tipo de fraude, no solo provoca que todo un proceso de naturalización quede desistido, sino que es considerado un delito ante la justicia estadounidense y sus consecuencias máximas van desde la deportación hasta la pena de prisión.La ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), norma que regula el procedimiento de naturalización de extranjeros, es muy clara respecto a este punto: todas las preguntas que se contestan durante este procedimiento tienen carácter de declaración jurada. Por lo tanto, mentir en cualquiera de ellas inhabilita y deja sin efecto el procedimiento en su totalidad.Qué es un fraude para la Ley de InmigraciónEn abril de 2020, la USCIS actualizó su política sobre declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense para alinearse con una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia, en un caso conocido como Matter of Zhang.Desde ese momento, la norma no solo considera que se incurre en un fraude cuando se expresan datos falsos, como por ejemplo, la cantidad de veces que se ingresó a Estados Unidos, si se poseen o no antecedentes penales o si se cometió algún delito en el pasado. La legislación establece que: "un extranjero es inadmisible o deportable si se representa falsamente a sí mismo como ciudadano de Estados Unidos para cualquier propósito o beneficio bajo la ley de inmigración o bajo otra ley federal o estatal".Además, el Manual de Políticas aplica esta misma decisión a casos de inadmisibilidad por falsas declaraciones de ciudadanía, ya que es motivo suficiente para solicitar la deportación, según explica la USCIS.Qué sucede cuándo se detecta un fraudeAunque las acusaciones de fraude en el proceso de obtención de la ciudadanía estadounidense no son muy comunes, la ley establece cuál es el procedimiento a seguir cuando se detectan.El primer paso que los organismos gubernamentales dan cuando un extranjero naturalizado es sospechoso de haber mentido en su proceso de naturalización, es emitir una Notificación de Comparecencia (NTA), lo que significa que la persona deberá presentarse ante un tribunal y enfrentar un juicio ante un juez de inmigración, donde se podría rescindir su ciudadanía.En situaciones sospechosas, las evidencias recopiladas por USCIS son enviadas al Departamento de Justicia (DOJ), cuyos abogados deciden si procederán con un juicio civil para eliminar la ciudadanía de las personas implicadas. Además, en algunos casos, los acusados podrían enfrentar cargos criminales por fraude.En tanto, el futuro del dominicano Velásquez será decidido el próximo 19 de noviembre, fecha en la que el Tribunal decidirá la pena a cumplir por su fraude, la cual podría ser de hasta diez años de prisión.
Crónicamente se suceden distintas actividades ilegales que siguen degradando lo que queda de nuestros paisajes originales, con el consecuente impacto social. Ante cada episodio nuevo que llega a los medios se repite la angustia, la indignación, los pedidos de auxilio, la impotencia y las declaraciones volátiles de los políticos de turno.Hoy son los incendios intencionales que arruinan vidas de todo tipo, con personas obligadas a evacuarse y dejar atrás las cenizas de sus emprendimientos en lugares que eligieron justamente por sus valores naturales. Mañana volverá a ser noticia la pesca furtiva protagonizada por una flota internacional que hipoteca las poblaciones de calamares, langostinos y peces, con un descarte pesquero irracional. Y después de algún decomiso pintoresco tomará visibilidad que existen redes de crimen organizado para extraer maderas o animales para abastecer al mercado negro de vida silvestre, o los tours de cazadores de patos, que pasean con embarcaciones desde las cuales realizan sus jornadas de caza, sembrando muerte y plomo en el agua que muchos beben. Otros extractivismos ilegales o inmorales no tienen espectacularidad mediática y tienden a pasar desapercibidos. Un ejemplo es la extracción de litio en los frágiles salares jujeños, a los que vampirizan chupándoles el agua que necesitan las comunidades locales. Parecería que la minería acuñó la famosa regla de oro: "el que tiene el oro hace la regla", que se proyectó sobre otras formas de saqueo.Desde hace años, Interpol investiga todo esto. Por eso afirma que los delitos ambientales se convirtieron en el tercer sector más lucrativo para la delincuencia organizada transnacional, generando casi 300.000 millones de dólares al año. Ahí está el oro que impone las reglas y lo que explica la adormecida o permisiva actitud de funcionarios y políticos, siempre predispuestos a ablandar la normativa más que aplicarla. Y esto no se restringe a una ideología política. Está estudiado que las aplican los representantes de las derechas hasta de las izquierdas. La única diferencia estará en el posterior relato.El resultado está a la vista: economías quebradas, poblaciones vulneradas y ecosistemas silvestres cada vez más comprometidos en su capacidad productiva de bienes y servicios. Este "modelo" se aplica en distintas partes del mundo y, en particular, en América Latina, donde los derechos humanos siguen tan vulnerados como los ambientales. Las conclusiones reveladas por Global Witness recientemente son claras: cuatro de los cinco países con mayor número de ambientalistas asesinados en la última década están en nuestra región: Colombia (461), Brasil (401), Filipinas (293), México (203) y Honduras (149). Sin embargo, los gobiernos no documentan ni suelen investigar estos crímenes para neutralizar o amedrentar a quienes se oponen a proyectos mineros o construcción de represas en sitios sensibles, la deforestación ilegal o las operaciones del narcotráfico áreas silvestres.Este panorama requiere de algo más concreto que participaciones en reuniones internacionales. El "bla, bla, bla"; las fotos para aparentar y los gastos públicos de esos viajes no resuelven los problemas. Y es aquí donde los diputados y senadores de la Nación tienen una deuda que saldar con el pueblo y el resto de la naturaleza argentina. Hubo distintos proyectos de ley para incorporar la figura de "delito ecológico" en nuestro centenario Código Penal. Muchos fueron debatidos y "cajoneados". Ahora, se necesita consenso político para proteger el país de los autores materiales e intelectuales de los crímenes ambientales. Mientras ello no ocurra gozarán de impunidad o del beneplácito de las multas irrisorias.Investigador del Centro de Ciencias Naturales, Ambientales y Antropológicas de la Universidad Maimónides y Asesor Científico de la Fundación Azara
La pesquisa no encontró ninguna evidencia de que existiese un plan sistemático ilegal y eximió de toda sospecha a CFK y Soledad Quereilhac. La aprobación de la Auditoría General de la Nación.
En julio de 2022, la vida de Kendall Reed dio un giro inesperado. La joven compró de manera legal un aceite de cáñamo para vapear en una tienda comercial cerca de la casa de su madre, en la ciudad Garland, al noreste de Dallas, en Texas. Ella buscaba disminuir su ansiedad, según la recomendación de sus amigos que consumían el producto. Sin embargo, la adquisición de ese artículo provocó que la Policía de Plano la arrestara por un delito grave relacionado con sustancias controladas.De acuerdo con lo contado por la joven de entonces 21 años en diálogo con Dallas News, el producto lo adquirió en una tienda en Firewheel Town Center. Eligió un cigarrillo electrónico de vapeo delta-8 de Bake Carts. Antes de pagarlo, le preguntó repetidas veces al dueño del lugar si el producto era legal. "¿Estás seguro? No quiero nada por lo que pueda meterme en problemas", recordó."No lo vendería si no tuviera los resultados de laboratorio que respaldaran su legalidad", respondió el comerciante. Lo cierto es que en Texas, es legal la venta de productos de cáñamo que contengan menos de 0,3% de Delta 9 THC. Los artículos que se pasen de esa concentración están prohibidos en el estado.Arrestada por vapear un aceite ilegal en TexasLa joven guardaba el artículo en su auto. En la noche del 12 de julio de 2022, su novio de aquel momento, con quien compartía el vehículo, la fue a buscar después del trabajo para llevarla a su casa. A unos cuatro kilómetros del trabajo, un oficial de la Policía los detuvo por tener la licencia de conducir vencida. En ese momento, el oficial vio el producto de vapeo y preguntó a quién pertenecía. Kendall reconoció que era suyo.Durante la inspección, el oficial también encontró una pequeña bolsa de marihuana y algunos elementos para fumar, que pertenecían a la pareja de Reed. El joven fue detenido por órdenes de arresto pendientes por infracciones de tráfico y un delito menor por posesión de artículos de marihuana. Por su parte, Kendall también fue demorada por el vape de cáñamo.Kendall fue fichada y trasladada a la cárcel del condado de Collin, en McKinney. "Pensé: 'Dios mío, me siento como una criminal'", le comentó a Dallas News. Para probar su inocencia, la joven le pidió a los oficiales que revisaran el cartucho del vaporizador para comprobar que era legal. Sin embargo, un uniformado le comentó que la prueba inicial mostró que el cartucho contenía más concentración de THC de la legal.Entonces, se le fijó una fianza de 2500 dólares. Como no podía pagarla, el juez la liberó bajo fianza personal. Eso significaba que si no se presentaba a la cita en la corte, debería pagar el anterior monto asignado.Kendall volvió a la tienda donde había comprado el vape. Lejos de confrontar al vendedor, le comentó su situación para recibir una explicación. No obstante, el dueño se sorprendió: "No se supone que te arresten por eso". "Depende del fabricante hacerlo bien. Si las pruebas de laboratorio están manipuladas, es su responsabilidad", le comentó Sohail Ladhani, gerente del lugar, al medio estadounidense.Le emitieron una orden de arresto por errorEn septiembre de 2023, Reed recibió una carta de la Justicia de Collin informándole que había faltado a su cita de corte y se había emitido una orden de arresto contra ella. Desconcertada al no haber recibido ninguna otra carta previa con la fecha de cita, la joven contrató a la abogada Messina Madson de MC Criminal Law para tomar el caso.En sus investigaciones, la profesional descubrió que la carta de la cita no tenía el número de departamento y fue devuelta al condado de Collin. Además, Kendall fue acusada por el delito grave de drogas, debido a que el vapeo contenía un delta-9 THC de 2,53%.Tras presentar todas las pruebas correspondientes, logró que le retiraran la orden de arresto. En cuanto a su acusación, de acuerdo al medio local, "la mejor oferta de la oficina del fiscal del distrito era que Kendall pasara por su Programa de Desvío Previo al Juicio".Tiempo después, Kendall se mudó junto a su madre a la ciudad de Rowlett, una ciudad ubicada en el condado de Dallas. La joven tomó la decisión de no volver a depender de esos productos para el control de su ansiedad y su caso fue desestimado, aunque el arresto por delito grave continuará en su expediente hasta julio de 2025.
Desde enero no se registraron piquetes. Es decir, interrupción total de arterias y hubo 939 "manifestaciones sin cortes". De los 22.578 detenidos en ocho meses, la mitad está en libertad. El 46% fue procesado por robos y hurtos
Con el inicio del nuevo curso escolar, los agentes vuelven a los colegios e institutos para proporcionarles herramientas ante las principales amenazas en Internet
De acuerdo con la cartera, tienen un plazo de 30 días, que vence el próximo 30 de octubre para implementar este nuevo mecanismo
Más de $28.000 millones habían recaudado las compañías. Se vieron afectadas 400 personas que cayeron en el engaño
Ante las graves acusaciones en contra del conductor de televisión, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso la recopilación de la declaración del investigado y de testigos. Entre ellos, Javier Miu Lei y Ana Siucho
La iniciativa la presentó Verónica Razzini, diputada nacional del PRO y cofundadora del "Movimiento Empresario Anti-Bloqueos". En lo que va del año ya hubo 17 y se evitaron 71. Además, el grupo participa en la elaboración de un protocolo para prevenir e impedir ese tipo de acciones
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha anunciado este viernes un decreto dando instrucciones a los fiscales ante el nuevo protocolo aprobado por el Gobierno regional
Las medidas actualizadas redefinen cómo se deben proceder los fiscales en casos relacionados con protestas, con énfasis en la descriminalización de manifestaciones y separando delitos comunes de actos de protesta
Este miércoles se realizó la segunda subasta de bienes decomisados en Santa Fe en lo que va del año, en la que participaron más de 3700 personas de 23 jurisdicciones del país y se recaudaron más de 700 millones de pesos, ya que se vendieron todos los lotes disponibles. Se desarrolló a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y, según aseguraron desde la gestión de la provincia, el dinero juntado se utilizará para resarcir a las víctimas.Al respecto, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó: "La recuperación de bienes decomisados al delito es una política pública clave que volvimos a poner en marcha. Seguimos demostrando que el Estado tiene más fuerza que las organizaciones criminales".Además, continuó: "Autos, propiedades, joyas y otro bienes ya no estarán al servicio del crimen, ahora se subastan y los recursos recaudados se destinan a fines que beneficien a la sociedad. Seguimos trabajando por una Santa Fe que quiere y merece vivir en paz. En Santa Fe no solo se persigue a los delincuentes, también vamos por sus bienes"."Sepan las personas que cometen delitos que los bienes no se los van a quedar ni ellos, ni su familia, sino que van a ir a este tipo de subastas. Es un mensaje muy fuerte el que estamos dando al crimen organizado y a quienes creen que pueden tener impunidad", cerró el funcionario.La recuperación de bienes decomisados al delito es una política pública clave que volvimos a poner en marcha. Seguimos demostrando que el Estado tiene más fuerza que las organizaciones criminales. Autos, propiedades, joyas y otro bienes ya no estarán al servicio del crimen,â?¦ pic.twitter.com/7p782RSCpg— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 11, 2024En cuanto a los objetos, se remataron 41 vehículos (entre autos, motos y una lancha), dos inmuebles (ubicados en Funes y Roldán) y tres lotes de joyas. Cabe señalar que la puja por cada bien comenzó entre un 30% y un 40% del valor de mercado.Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de la subasta como gobierno provincial. "Es parte de una política pública que va más allá de lo económico, que implica resarcir a las víctimas de delitos y, con donaciones y afectaciones, a escuelas, clubes de barrio, vecinales", sostuvo.Cómo se dividió el dinero recaudadoDe los inmuebles, uno se vendió en $91.000.000 y el otro en $50,5 millones.Entre los tres lotes de joyas se consiguieron $39.700.000.Los vehículos más caros se vendieron en $45.000.000; $38.000.000; y $36.000.000.Se remató una lancha en $40.000.000.
La interrupción del embarazo es uno de los principales tópicos en los que busca fortalecerse la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Choca así frente a la postura opositora del líder republicano, Donald Trump, en materia de salud pública. Leer más
El embajador de Colombia ante la FAO aseguró que nunca amenazó a su compañera sentimental, Adelina Guerrero, con un arma blanca. Además, se refirió a los escándalos por la financiación de campaña de Gustavo Petro y el caso de la exniñera Marelbys meza
El diputado nacional de LLA sostuvo que la visita de legisladores de su bloque a represores "no constituye un delito" y, aunque considera que "hay que dar vuelta la página", afirmó que se reabrió la discusión sobre una etapa especialmente dolorosa para "familiares de las víctimas de la subversión". "Los que mataron a sus familiares gozaron de millonarias indemnizaciones, se pasean por el mundo y han sido gobierno de la República Argentina", denunció. Leer más
El delantero no ha acudido hoy al entrenamiento con su equipo
La propuesta para retirar al parlamentario de Vox no consigue el apoyo de tres quintos de la cámara y ha sido rechazada con 25 votos a favor, siete en contra y 27 abstenciones