decreto

El ignorado decreto que restringiría fiestas ostentosas como la de Invías: Gobierno no sabría cómo se usa o aplica

La polémica surgió luego de que se conociera que el evento corporativo costó alrededor de $360 millones, mientras la entidad tendría responsabilidades de más de $400 millones con contratistas

El Gobierno hace un último intento para conseguir un acuerdo político por Lijo y García-Mansilla; si no prospera, avanzará por decreto

El Gobierno hará un último intento para alcanzar un consenso político para que el juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla asuman en la Corte Suprema con acuerdo del Senado. Altas fuentes de la gestión de Javier Milei aseguraron que la Casa Rosada está "escuchando a distintas voces" de la oposición y "sondeando" si es posible un acuerdo político que le permita tratar con éxito los pliegos en sesiones extraordinarias en febrero.Si esta última negociación no prospera, Milei gatillará el decreto -cuyo borrador ya está escrito en un despacho de la Casa Rosada- para nombrar a Lijo y a García-Mansilla en comisión por un año. "Queremos insistir con el acuerdo. Tenemos un mes de changüí porque está la feria judicial", dijeron a LA NACION muy cerca del Presidente.La decisión final está en manos del Presidente, que confía en su estratega, Santiago Caputo, para operativizar tanto los pormenores jurídicos como los aspectos políticos y comunicacionales del tema.En la Casa Rosada no quieren decir cuándo darán por agotada a la vía de la negociación. Solo insisten con que el Poder Ejecutivo "no va a resignar a ninguno de los dos candidatos". "No cambiamos a ninguno de los dos. No tenemos problema en discutir una ampliación del máximo tribunal, pero después", señaló una fuente oficial, como un mensaje para el kirchnerismo, contraparte ineludible de una eventual negociación por el volumen del peronismo en la Cámara alta.El escenario en el Senado cambió luego de la expulsión de Edgardo Kueider, el senador entrerriano detenido en Paraguay con 211.000 dólares no declarados. A partir de ese episodio, el oficialismo perdió la banca de un aliado -Kueider- en manos de La Cámpora.La gestión de Milei, así, se ve compelida a negociar con Unión por la Patria, que tiene 34 legisladores y ahora está más fortalecido porque quedó a tres votos del quorum propio. Es un escenario incómodo para el Gobierno, que quedó con todos los reflectores encima luego de quitarle apoyo al proyecto de "ficha limpia" que podía complicar a Cristina.El pliego de Lijo ya tiene nueve firmas en la Comisión de Acuerdos para poder pasar al recinto del Senado, donde requiere, a su vez, dos tercios de los presentes para conseguir el acuerdo definitivo. La candidatura de García-Mansilla no logró siquiera acuerdo de comisión.En las últimas semanas se especuló con que, si Lijo es nombrado por decreto en la Corte, debería dejar su estratégico juzgado en Comodoro Py para pasar a integrar el máximo tribunal. Un alto funcionario dijo a LA NACION que no sería necesario que Lijo renuncie, sino que sólo debería pedir una licencia. Es un permiso que debe ser otorgado por el máximo tribunal actual.La opción del decretoPese a que la vía de la negociación aún no se dio por cerrada, el Gobierno defendió hoy la alternativa de nombrar a Lijo y a García-Mansilla en la Corte Suprema por decreto. Luego de que el máximo tribunal emitiera una acordada en la que reglamentó la forma de funcionar con tres jueces, en la Casa Rosada prepararon el terreno y remarcaron que el Presidente tiene la "herramienta constitucional" para designar a los magistrados por un año, en comisión, a la espera del acuerdo del Senado.La Casa Rosada no quiere que el máximo tribunal funcione con tres miembros a partir del 29 de diciembre, cuando Carlos Maqueda cumpla 75 años y deje su sitial en el cuerpo. Con su jubilación, la Corte quedará integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que se viene pronunciando en disidencia. Para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes, por lo que se prevé una Corte trabada.Hoy, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, exhibió la mirada del Gobierno ante el escenario que se abre en la Corte. "Que un proceso en la Argentina hasta que obtenga el fallo de la Corte Suprema lleve 20 años, es una cosa increíble. Desde el punto de eficiencia procesal, me cuesta creer que podamos seguir teniendo una corte con tres miembros", dijo en Radio La Red.Luego, aclaró cuáles son las alternativas que tiene Milei: "Él sabe que la Constitución lo habilita a nombrar jueces por decreto en comisión. Generará, por supuesto, todas las discusiones que habitualmente generan este tipo de decisiones pero el Presidente sabe que tiene esa facultad y él decidirá si la utiliza o no".El ministro coordinador se pronunció luego de que la Corte emitiera ayer una acordada en la que reglamentó la forma de funcionar con tres jueces. Si uno de los jueces no está de acuerdo, se deberá convocar a un conjuez (los presidentes de las Cámaras Federales del país) designado por sorteo. El texto de la acordada del miércoles -que Lorenzetti no apoyó- establece un mecanismo rápido para el sorteo de conjueces con el objetivo de impedir que los expedientes se paralicen ante la falta de mayorías.Fuentes oficiales señalaron que en el Gobierno sabían de antemano que saldría esa acordada y que no lo interpretaron como un ataque al Poder Ejecutivo. "Es tema de ellos. No tiene nada que ver con nosotros", dijo un funcionario a LA NACION, en relación a la pelea intestina que existe en la Corte. Lorenzetti fue el principal promotor de la candidatura de Lijo y aspira a recuperar la presidencia del tribunal.Un colaborador de la Casa Rosada, no obstante, resaltó el sentido de los dichos de Francos: "La Corte dice que puede funcionar bien con tres jueces. Nosotros resaltamos que las causas duran 20 años".

El Gobierno busca reiniciar las negociaciones por Lijo y García-Mansilla, pero no descarta avanzar por decreto

Tras la acordada de Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda, en la Casa Rosada aseguraron que no hay cambios en la perspectiva del Presidente sobre la composición del cuerpo, pero deslizaron que quieren una salida institucional y retomar los diálogos con la oposición

No hubo acuerdo en el Consejo del Salario: el Gobierno nuevamente establecerá el sueldo mínimo por decreto

Salario mínimo: el Gobierno se encamina a definir el aumento otra vez por decreto

El Gobierno convocó a las tres centrales obreras y a las cámaras empresarias que integran el Consejo del Salario para definir la suba del salario mínimo, vital y móvil, que es actualmente de $270.000. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, las dos veces que se tuvo que negociar no hubo acuerdo y el Estado definió la suba por decreto. Es probable que suceda hoy lo mismo, teniendo en cuenta lo expuesto por cada sector en el primer tramo de la audiencia, que se desarrolla de manera virtual. De manera articulada, la CGT y las dos vertientes de la CTA exigieron un aumento de más de 100 por ciento del salario básico. Pidieron que se eleve de 270.000 a 572.000 pesos. La propuesta de los empresarios, sobre todo la de la Unión Industrial, en cambio, fue la siguiente: llevarlo a $278.000 en diciembre; a $284.000, en enero, a $290.000 en febrero, y $295.000 en marzo. Frente a estas posturas, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, dispuso un cuarto intermedio, aunque reconocen cerca suyo que difícilmente se alcance un trato. Es decir, el Gobierno podría definir el monto por decreto, como ya lo hizo en dos ocasiones. La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Salario Mínimo Vital y Móvil tuvo una caída real de 28%, según un relevamiento del think tank Fundar. El mayor retroceso en un ingreso está en el plan Volver al Trabajo (el ex Potenciar Trabajo), congelado en $78.000, con una caída del 46%. En el informe, se explicó que ese monto quedó paralizado por un cambio en la forma de calcular la asignación correspondiente. "El monto de esta transferencia en los hechos estaba vinculado a la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Tras el cambio de gobierno, el SMVM dejó de ser una referencia para la actualización".La negociación del Consejo del Salario se da en medio de las tensiones por los topes a las paritarias que busca imponer el Gobierno a través del Ministerio de Economía, que pretende acuerdos salariales de 1% mensuales. Hay conflictos abiertos con el Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, y con Sanidad, cuyo referente es Héctor Daer, otro de los jefes de la CGT. Las diferencias por las paritarias frustraron ayer una foto con la que el Gobierno pretendía blindar de cualquier conflicto el fin de año. Estaba previsto para ayer un encuentro de Cordero y su jefa, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los empresarios del G-6 y la cúpula de la CGT. La escenificación del diálogo tripartito se frustró nuevamente.

Salario mínimo 2025: este sería el aumento para el año entrante si Gustavo Petro lo define por decreto

Desde el Gobierno nacional han asegurado que buscan agotar todas las instancias antes de verse obligados a llegar a este punto

Podemos asegura que el Gobierno prorrogará por decreto la prohibición de desahucios y las ayudas al transporte

El decreto que Javier Milei tuvo que firmar para los empleados estatales

El presidente otorgará asueto administrativo a los empleados de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre. Leer más

La Corte Suprema despliega su as bajo la manga para conjurar decreto de Javier Milei: los conjueces

Reglamentó por acordada el mecanismo para designar reemplazantes cuando no hubiese mayoría de tres votos en el mismo sentido. Apunta a evitar el argumento de una eventual parálisis de expedientes a partir de la salida de Maqueda. Desafían decreto "en comisión".

El Gobierno finalmente dispuso que la SIDE devuelva el dinero que le entregó Milei por decreto y que el Congreso rechazó

Se tomó un tiempo pero, finalmente, el Gobierno dispuso aceptar la voluntad del Congreso. Un par de meses después de aquella sesión en la que el Parlamento rechazó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), se hizo efectiva la devolución del dinero que la Casa Rosada le envió a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) para gastos reservados.Mediante una modificación presupuestaria publicada hoy en el Boletín Oficial, se redujo el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en $88.486 millones. La gran pérdida se vio en la partida que cuenta los créditos para "Servicios No Personales", que tuvo una merma de $97.186 millones. Justamente este ítem es el que se usa para abastecer los gastos reservados del personal de inteligencia.En rigor, si bien la devolución del importe fue completa, en la misma partida se aumentó la posibilidad de hacer algunos gastos. Por caso, le entregaron $8100 millones para gastos en personal y otros $600 millones para bienes de consumo"."Esta modificación incluye la readecuación de los créditos de la Secretaría de Inteligencia del Estado en virtud del rechazo por ambas Cámaras del Congreso al incremento otorgado mediante el Decreto Nº 656/2024â?³, dice un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).La polémica con la partida empezó el 19 de julio, cuando la Casa Rosada dispuso, por DNU, de una partida de $100.000 millones para entregar a la SIDE. En esa norma, firmada por el presidente Javier Milei y que acompañó con su firma todo el Gabinete, sostuvo que era necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan "solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran".Además, tomo otra decisión que fue gran parte de la polémica que vino después. "Que en atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado", escribieron en los considerandos del decreto.Los cuestionamientos a la norma no tardaron en llegar. Pese a que Milei había logrado una mayoría de legisladores que lo acompañaron en la Ley Bases pocos días antes, pues las bancadas se reorganizaron y, finalmente, el 13 septiembre, en un hecho histórico, le rechazaron el DNU que había dado origen a la medida. De esta manera, se caía la medida que entregaba presupuesto para gastos reservados para la SIDE, el organismo que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.Igualmente, como cada vez que se puede mirar de reojo los números de la SIDE, la resolución no deja de ser curiosa ya que enumera algunas autorizaciones de aumentos de partida, más allá de que el resultado final sea negativo para la caja de los espías.Por caso, la SIDE podrá gastar en "productos alimenticios, agropecuarios y forestales" la suma de $399 millones, de los cuales $398 millones son "alimentos para personas, y el resto para "maderas, corcho y sus manufacturas". Además hay $686.215 para "hilados y telas", $2,7 millones para prendas de vestir y $637.525 para confecciones textiles.Los espías tendrán mejor andar en sus autos. El rubro cubiertas y cámaras de aire tiene autorizado un gasto por $11,47 millones y algo más de $200 millones para lubricantes y combustibles. Inquietos los servicios.Finalmente, si no hay autos, pues habrá transporte público. Se autorizó aumentar el gasto de pasajes en $26,8 millones, mientras que de viáticos serán $7,8 millones.

Salario mínimo 2025: cuándo fue la última vez que se incrementó por decreto presidencial

Si no se alcanza un consenso en las negociaciones, el primer mandatario podría decretar el aumento para el año entrante, vital para los trabajadores colombianos frente a la inflación

Gobierno expedirá decreto de cese al fuego con disidencia de Walter Mendoza en la última semana del 2024, afirmó Otty Patiño

El alto comisionado para la paz resaltó la voluntad de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) para frenar sus ataques contra la fuerza pública y la población civil

Vox Valencia, dispuesto a apoyar el decreto ley para aumentar deuda con el fin de que las ayudas por dana lleguen

Mazón busca el apoyo de portavoces de Les Corts, menos Compromís, a un decreto de la dana

Gobierno catalán impulsará un decreto para facilitar las valoraciones de dependencia y discapacidad

Salario mínimo 2025: ministra del Trabajo explicó las diferencias que hay y por las que el aumento se hará por decreto

El 15 de diciembre se venció el primer plazo para que empresarios y trabajadores acordaran el alza

Salario mínimo 2025: CUT advirtió riesgo de fijar el salario mínimo por decreto tras el vencimiento del primer plazo

La Ley 278 de 1996 indica que el plazo máximo para llegar a un acuerdo entre todas las partes es cada 15 de diciembre

Gustavo Petro quiere ponerle control a la operación de rifas del país: con decreto estableció nuevas "reglas del juego"

Tras el fracaso de la reforma tributaria, el presidente de la República quiere recaudar, por año, al menos $70.000 millones en transferencias para la salud, y reducir la operación ilegal de rifas, tanto físicas como a través de las redes sociales

Expulsión de Kueider: el Senado no puede sesionar en diciembre sin un decreto de Milei

El texto constitucional es muy claro sobre este punto y no admite mayores debates interpretativos

Desde las Naciones Unidas rechazan la designacion de jueces de la Corte Suprema por decreto

Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, cuestionó que el Gobierno analice designar por decreto a los jueces de la Corte Suprema."He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto", escribió Satterthwaite en su cuenta de X.Desde el mes pasado, el Gobierno se muestra dispuesto a nombrar por decreto a sus candidatos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla, ante la falta de acuerdo con la oposición para avanzar en el Senado."Recuerdo que el principio de legalidad exige que se sigan los procedimientos constitucionales al designar jueces, y que, en este sentido, se debe respetar la separación de poderes", advirtió la relatora especial de las Naciones Unidas.En realidad, la Constitución incluye la posibilidad de nombrar jueces por decreto, en comisión, en casos de receso del Senado. He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de #Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto. Recuerdo que el principio de legalidad exige que se sigan los procedimientos constitucionales al designar jueces,â?¦— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) December 13, 2024Actualmente la situación es la siguiente: el pliego de Ariel Lijo ya cuenta con 9 firmas y podría llevar a ser elevado para su votación en el Senado, donde aún no están asegurados los dos tercios. Cristina Kirchner habilitó la firma de la senadora Lucía Corpacci como un mensaje para acelerar un acuerdo, pero en el Gobierno creen que fue una forma de condicionarlo. Hay desconfianza mutua: los libertarios no confían en los peronistas y al revés.

Javier Milei adelantó que antes de fin de año designaría por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema

Juan Carlos Maqueda cumple 75 años el 29 de diciembre y dejará de integrar el tribunal."Si el Senado no resuelve, lo tendré que resolver yo", dijo el Presidente.

La delegada del Gobierno en Ceuta, "escéptica" sobre el decreto ley de Clavijo para el reparto de menores

El Gobierno disolvió por decreto la CONAMI: "Los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene"

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial. La Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI) apoyaba a emprendedores sin acceso al sistema financiero formal. Leer más

El Gobierno avanza por decreto para controlar los gastos de las universidades

El Gobierno emitió tres decretos, uno de ellos de necesidad y urgencia, que se completarán con un cuarto en las próximas horas, con los que apuntan a lograr una mayor transparencia en las compras y contrataciones de las universidades nacionales. La decisión, en la que están involucrados el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación; el de Economía y el de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a modificar la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado.A partir de estos cambios, el Gobierno dispondrá que las universidades nacionales queden formalmente incluidas en las normativas y sistemas que regulan la administración financiera y las contrataciones públicas electrónicas del Estado, pese a la autonomía que las ampara. La información fue confirmada a LA NACION y otros medios por el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. Respecto de los gastos, Fariña sostuvo: "Tiene que ser en el mismo marco de igualdad que cualquier empresa. No tiene que existir la posibilidad de un camino indirecto que permita una vía de gasto de dinero poco transparente".En el Gobierno creen que en principio no habría oposición de las universidades, al afirmar que una parte de ellas ya tienen incorporado el sistema de compra, aunque no descartan que la Universidad de Buenos Aires (UBA) pueda presentar resistencia. De todos modos, Álvarez, al momento de la charla, estaba acompañado en su despacho por Víctor Morinigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a través de quienes se comunicarán todas las decisiones a las casas de altos estudios. Pese a estar en el momento de la charla, Morinigo no participó de la conversación. "No hay una oposición del Consejo", adelantó Álvarez.Las decisiones del Poder Ejecutivo establecen plazos y condiciones para que las 62 casas de altos estudios nacionales se incorporen a los sistemas vigentes que regulan estos aspectos en la administración pública nacional. El propósito, según explican desde el Gobierno, es garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, asegurando que las universidades, como todas las instituciones financiadas con fondos públicos, se rijan por normas y sistemas unificados.Buscan, según consignan, de esta manera, que se fomente la neutralidad en los procedimientos de contratación, compras, administración financiera para minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas, "habituales en los monopolios estatales", afirman.Otro de los decretos establece que a las instituciones superiores también les corresponde utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) para la administración de sus recursos. Con este marco legal se promueve la digitalización y automatización de los procesos, lo que aumenta la seguridad y reduce los tiempos en la ejecución de transacciones.Por último, el decreto sobre contrataciones elimina la posibilidad de que las reparticiones públicas contraten a las universidades de manera directa, a excepción de cuando se acredite que son el único proveedor disponible.A partir de estos cambios, las universidades nacionales quedarán formalmente incluidas en las normativas y sistemas que regulan la administración financiera y las contrataciones públicas electrónicas del Estado. La implementación será progresiva, conforme a lo dispuesto por la Oficina Nacional de Contrataciones y la Secretaría de Hacienda.Las reformas abarcan desde la compra de bienes y servicios hasta la contratación de obras públicas, incorporando además a efectores de desarrollo local y economía social, con el objetivo de fomentar una mayor competitividad y participación en el ámbito nacional. Desde el Gobierno sostienen que no buscan interferir en las decisiones de las universidades dentro del marco de su autonomía.Con dos grandes marchas en su haber durante la administración de Javier Milei, las universidades bajaron el tono de sus reclamos en el último tiempo. Desde el Gobierno siempre argumentaron la falta de rendición de cuentas y la opacidad de los gastos. El secretario Álvarez apuntó específicamente contra la UBA, al asegurar que tiene un 25% de la matrícula sin datos en el sistema. "La auditoría de alumnos no les está dando 300.000 alumnos. No quiero dar datos sin fundamentos, pero nosotros tenemos que el 25 por ciento de la matrícula no tiene registro", aseguró Álvarez.

Por decreto, el Gobierno obliga a las universidades a reformar la rendición de gastos y la facturación y prohíbe los contratos directos

Con tres decretos y un DNU, ordenó que la facturación de bienes y servicios se realice mediante plataformas que dependen del Ejecutivo. La medida involucra a las 62 casas de altos estudios, pero el foco está en la UBA. Si no cumplen, podrían limitar las transferencias de fondos públicos

El Gobierno prepara un decreto para modificar a la VTV

En el marco de los cambios que está impulsando con los Registros del Automotor y la desburocratización de la economía, el Gobierno trabaja en un proyecto para cambiar el funcionamiento de la VTV y las licencias de conducir, según anticipó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Esto formaría parte de una "revisión integral de la reglamentación del Código de Tránsito" que sería publicada, según estimaciones del Ministerio, antes de fin de año.Una pick up fabricada en la Argentina sacó la calificación más alta en un test de seguridadPor un lado, el foco está puesto en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En la actualidad, el trámite resulta obligatorio para circular y debe realizarse, según la antigüedad del vehículo, de manera anual. Para ello, los dueños de los vehículos deben sacar un turno en la jurisdicción correspondiente, abonar el trámite y acudir en día y horario seleccionado para cumplir con la inspección."El tema de la VTV fue una concesión de hace años que se fue prorrogando", le explicaron a LA NACION especialistas en el área. Son pocos los centros que cuentan con la habilitación para hacer la verificación y, añaden, "no se modifican hace 20 años". Hace poco, las administraciones de Axel Kicillof y Jorge Macri, en provincia y Ciudad de Buenos Aires, concretaron un nuevo aumento en el trámite de la verificación, números que representaron subas del 236% y 176,8% en este 2024, respectivamente.La principal modificación planteada por el Gobierno nacional, entonces, se enfoca en la ampliación de centros habilitados. Acorde a lo que fuentes oficiales le explicaron a este medio, "la idea es que la VTV se pueda hacer en concesionarios y/o en talleres autorizados a tal fin". Es decir, se rompería con la exclusividad de las plantas verificadoras actuales y se ampliaría a cualquier centro que cumpla con los requisitos.En la inspección, se revisa el estado de las luces, del chasis, sistema de seguridad y emergencia, el sistema de dirección y tren delantero, la suspensión, el estado de los neumáticos y el sistema de frenos y escape así como la emisión de gases, humo y ruido. Para todo ello se requiere un equipamiento especial para una correcta medición que, en caso de obtenerlo e instalarlo, cualquier taller podría permitirse ser un centro autorizado.En otra línea, Sturzenegger adelantó cambios en la duración y renovación de la licencia de conducir. "La licencia tiene una duración que está en el Código de Tránsito y nosotros lo que vamos a poner es que no sea necesaria la presencialidad para su renovación. La renovación tiene que ver con la verificación de tu capacidad auditiva, visual y psíquica", comentó el ministro.Y es ahí donde se prevén transformaciones que van en línea con un proyecto presentado en la Cámara de Diputados hace un tiempo. "Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool", decía el titular de la cartera de Desregulación en diálogo con Radio Mitre tiempo atrás. El texto que redactó la legisladora del Pro hizo foco justamente en la no presencialidad de la renovación de la licencia de conducir, punto en el que se habría inspirado el Gobierno para su futuro decreto.Si bien no hay demasiadas presiciones oficiales de cómo sería el nuevo funcionamiento, el proyecto da un indicio de lo que podría llegar a reglamentarse. Acorde a lo redactado por Vásquez, la idea sería modificar el artículo 13 de la ley N°24.449 y solicitarle a los conductores que presenten "cada cinco años una declaración jurada e informar su aptitud psicofísica para conducir mediante un certificado emitido por un médico acreditado por la autoridad de aplicación".Para ello, la legisladora propone crear un registro de médicos acreditados para que sean únicamente ellos los que expidan los certificados correspondientes. De esta manera, alcanzaría con ingresar de manera online la información requerida para tener de manera automática la licencia de conducir renovada."Hemos hablado mucho con Sturzenegger. Me dijo que íbamos a tener todo esto resuelto con un decreto de tránsito. Estimo que sale antes de fin de año y que va a contener el tema licencias, VTV y algo más", comentó Vásquez a LA NACION. Que exista su proyecto y haya sido evaluado por el ministro no significa que la reglamentación final coincida en su totalidad.Algo similar había ocurrido con los Registros del Automotor. A comienzos de este año, se presentó un proyecto en la Cámara Baja que planteaba su eliminación y reemplazo por un sistema íntegramente digital; algo que, tiempo después, el Gobierno modificó y anunció el cierre del 40% de las oficinas registrales. En diálogo con LN+, Federico Sturzenegger apenas adelantó que su objetivo es "que no sea necesaria la presencialidad para la renovación de la licencia" y "que dure más", en relación a los vencimientos.Ahora bien, algo que destacaron fuentes oficiales es que, si bien se va a modificar el Código de Tránsito, su aplicación depende de cada provincia. "Los distritos decidirán si adherir o no a dicha modificación", señalaron. Será potestad de cada gobierno provincial decidir si aplica, entonces, las nuevas normas.

El presidente de Corea del Sur defendió su decreto de ley marcial: "Lucharé hasta el final"

Yoon Suk-yeol apareció sorpresivamente en televisión y le habló a "las fuerzas y grupos criminales responsables de paralizar el gobierno del país". "No eludiré la responsabilidad en relación con la declaración de la ley marcial", apuntó.

Por decreto, así se hizo la condecoración del Gobierno Petro a los presidentes de las altas cortes

Diversos miembros de tribunales y juzgados fueron premiados por su compromiso ético y contribuciones significativas al desarrollo jurisprudencial durante una ceremonia oficial reciente

En un discurso desafiante, el Presidente de Corea del Sur defiende el decreto de ley marcial

El presidente Yoon Suk Yeol prometió "luchar hasta el final", a pesar de la presión de la oposición para destituirlo y la exigencia de su propio partido de que renuncie.

Ministerio de Minas firma decreto que facilita la importación de gas en Colombia

El decreto 1467 establece una política pública para desarrollar fuentes de gas natural costa afuera e impulsar la importación a través de infraestructura clave como la planta Spec Lng, buscando evitar racionamientos y garantizar el abastecimiento energético

La oposición busca judicializar el decreto de Javier Milei que limita el acceso a la información

Sectores de los aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados promueven que la justicia declare inconstitucional la decisión de del Gobierno de restringir la obligación de dar información a quien lo requiera.

El Gobierno evalúa quitar el mural de Eva Perón del edificio de la 9 de Julio amparándose en un nuevo decreto

En su abierta disputa contra la "herencia" del kirchnerismo, uno de los motores de su estrategia política, el gobierno de Javier Milei prohibió hoy por decreto la "propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado".La decisión publicada en el Boletín Oficial va en línea con otra idea desafiante que aún baraja el Gobierno: quitar el mural de Eva Duarte de Perón del frente del histórico edificio ubicado en la avenida 9 de julio, donde hasta diciembre pasado funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, y en el que aún hoy tiene su sede el Ministerio de Salud."Yo lo voté". Lo mejor, lo peor y lo que falta: apostaron por Milei y, a un año, cuentan qué opinan del Gobierno"La idea es despolitizar los edificios públicos, quitar la propaganda política que no esté estrictamente en los espacios asignados a sindicatos u otras organizaciones", explicaron a LA NACION desde el Ministerio de Capital Humano. La idea de quitar el enorme mural de Eva Perón, colocado durante el gobierno de Cristina Kirchner, se sostiene aún sin fecha precisa, afirmaron altas fuentes de la Casa Rosada. Lo que sí quedó descartado es la demolición del edificio, una idea que motivó un debate interno en el núcleo duro que rodea al Presidente."Es un proyecto muy caro, y este gobierno no se caracteriza precisamente por promover gastos extra", afirmó una fuente al tanto de las tratativas. "La imagen sí (la quitaremos), demoler el edificio es más complejo", confirmaron fuentes oficiales. Hace unos días el jefe de gabinete, Guillermo Francos, confirmó la iniciativa. "[La imagen] se puede sacar sin ningún problema. Creo que sería lógico, no parece razonable que dentro de un edificio público se ponga una imagen", dijo a TN el ministro coordinador.En relación a la demolición del edificio, Francos relativizó esa posibilidad, aunque no lo descartó: "Se está analizando que es un edificio demasiado grande para la función que cumple y que no está en buen estado". La chance más concreta, coincidieron las fuentes, es la de "actualizar" el antiguo edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, inaugurado por el entonces presidente Agustín P. Justo en 1936, y transformado luego en un emblema del primer gobierno peronista.Días atrás, el Gobierno quitó un busto del expresidente Néstor Kirchner de la sede central de la Anses. "No estaba inventariado, pero vino un sindicato, lo pidió y se lo dimos", afirmaron fuentes de Capital Humano, en referencia al homenaje al expresidente, "recuperado" por el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). En el caso del mural de la Eva Perón, también es una obra "inventariada", por lo cual "la decisión de quitarla o no es política", definieron desde Balcarce 50 y el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.En el decreto, el Gobierno explicó que su intención es evitar "personalismos antirrepublicanos y dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno". De todos modos, la imagen "institucional" del presidente Milei está presente en las paredes y escritorios de muchísimos despachos, incluidos los de la Casa Rosada.El decreto completoARTÍCULO 1°.- Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al ESTADO NACIONAL.ARTÍCULO 2°.- Prohíbese la denominación de los bienes mencionados en el artículo 1º de este decreto con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos DIEZ (10) años desde su fallecimiento o desaparición física o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar. Tampoco podrán asignarse denominaciones que correspondan a personas que hayan ejercido funciones como Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático.ARTÍCULO 3°.- Prohíbese a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del ESTADO NACIONAL con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar u homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal.ARTÍCULO 4°.- Todo ciudadano podrá denunciar ante las Autoridades Nacionales cualquier violación a las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del presente decreto, sin costo, a través de la plataforma Trámites a Distancia - TAD.ARTÍCULO 5°.- La violación por parte de un funcionario público de las prohibiciones establecidas en el presente decreto constituye una infracción grave en el ejercicio de la función pública, ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran caberle al mismo, conforme lo previsto en las normas vigentes.ARTÍCULO 6°.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Usurpaciones: el campo patagónico celebró un decreto de Milei que termina con el "avasallamiento a la propiedad privada"

Luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara, con el decreto 1083, el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida originalmente en la ley 26.160, de 2006, el campo patagónico celebró la decisión del Presidente de terminar, tras 18 años, con el "avasallamiento a la propiedad privada".Para Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Sociedades de Rurales de Chubut y productor en la zona de Sarmiento, al sur de esa provincia, este decreto es muy importante y marca un antes y un después de situaciones de conflictos, de inseguridad jurídica en la cual se encontraba el sector productivo.En la Rural: Milei prometió bajar las retenciones en 2025, pero lo condicionó a algunas variables"Lo que hizo Milei es dejar atrás una ley que desde el 2006 ha permitido todo tipo de avasallamiento y que llevó a que decenas de productores atraviesen escenarios conflictivos. Fueron casi dos décadas complejas con una ley que permitía directamente que la gente ingresara a tu propiedad privada y con solo cerrar una tranquera y ocupar ese lugar, establecía que esas hectáreas le pertenecían como propias, sin analizar nada", señaló a LA NACION.El decreto 1083, que lleva la firma del Presidente y todo su gabinete, fue publicado hoy en el Boletín Oficial y entrará en vigencia mañana. La decisión marca un punto de inflexión en una normativa que había sido prorrogada en múltiples ocasiones desde su sanción en 2006. Según el Gobierno, la prolongación de la emergencia generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales que afectaron derechos constitucionales, como el de propiedad privada y el control provincial sobre los recursos naturales. "Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños", señala el decreto."Aún falta avanzar": el campo reconoce los éxitos de Milei en su primer año, pero pide que cumpla una promesa claveLuján describió que fueron años de mucha angustia e incertidumbre, donde la Justicia hizo caso omiso o dormía las denuncias y sentencias a favor de los productores. "Una Justicia totalmente afín a esto, que convalidaba todos estos hechos de usurpación a la propiedad privada que nunca ejerció ningún tipo de prevención ni de freno a estas situaciones. Nunca se realizaron los procesos que se debían hacer. Fueron muchas familias que lo han padecido, principalmente en la zona de la Cordillera, porque en general siempre han sido zonas muy bien elegidas en la mayoría de las provincias patagónicas", describió.En este sentido, Leonardo Jones, expresidente de la Sociedad Rural de Esquel, contó que, durante mucho tiempo, abogaron y exigieron a los gobiernos nacionales como provinciales que se lleve adelante "el famoso relevamiento que ordenaba la ley 26.160 que en la mayoría de los casos nunca se hizo y en los pocos que se hicieron se realizó a medias, con muchos claroscuros, entre gallos y medianoche"."No solamente lo decimos nosotros, también lo decían hace algunos años miembros de comunidades indígenas. Todos sabían que los relevamientos estaban armados por determinado grupo de personas y de políticos que tenían relación directa con quienes estaban a cargo de hacer el censo. Entonces lo poco que se hizo estaba mal hecho y no tenía ningún tipo de credibilidad. Lo que pedíamos era que se constate si realmente era una comunidad y eso nunca se hizo. Hoy, se le da un final a una ley que solo le sirvió a un grupo de personas para ampararse bajo su paraguas y usurpar territorios, llamándose comunidad cuando en realidad no lo eran", afirmó.En rigor, en los considerandos de la norma se argumenta que las sucesivas extensiones de la ley facilitaron "abusos", incluyendo la "inscripción irregular de comunidades indígenas". Según las cifras que se mencionan en el texto, en la actualidad hay 1626 comunidades reconocidas, muchas de las cuales, según el Gobierno, "no cumplen con los requisitos mínimos" para ser consideradas como tales.Un caso que refleja cómo esta ley sirvió para que personas se autopercibieran indígenas y reclamaran tierras de propiedad de otras es lo que vivió Alicia Bordas en Esquel con un terreno fiscal que adquirió junto a otros socios al gobierno provincial. Este le fuera usurpado en el 2020 por la familia de un peón fallecido que había trabajado en el lugar. "No se querían ir del lugar sin que le pagáramos un millón de dólares. Como no lo hicimos, se vincularon con organizaciones indigenistas para que los declaren comunidad y obtuvieron la personería jurídica en 2021. Así fue que en una oportunidad mi hijo fue agredido, con simulacro de fusilamiento, por esta gente. Pero la mujer que realizó el delito fue absuelta porque, según la Justicia, estaba defendiendo su territorio ancestral. Una cosa muy ridícula", contó Eduardo Samamé, marido de Bordas.El decreto no solo pone fin a la emergencia territorial, sino que también revoca la suspensión de desalojos prevista en la ley 26.160. Esto implica que los propietarios afectados por ocupaciones podrán "retomar acciones legales" para recuperar sus tierras. En el mismo sentido, se busca garantizar el pleno ejercicio de dominio, uso y disposición de los bienes inmuebles involucrados.Para Jones, no es solo el tema de una usurpación real sino lo que se genera alrededor. "Es el miedo y la sensación de inseguridad jurídica que hubo todo este tiempo. Es una sensación que no la podés medir en los casos puntuales de usurpación porque lo que uno sentía era que en cualquier momento podía ser blanco de una usurpación, sumado a la metodología violenta que usaban en la mayoría de los casos, haciendo actos de terrorismo, a cara tapada. Vivíamos con miedo cuando andábamos por las rutas y seguramente hay muchísimas inversiones que no se hicieron o que están pendientes de hacerse, por ejemplo de forestación, porque estaba este temor constante. Todo al amparo de esta ley que suspendía cualquier desalojo, mientras alguien dijera que era de una comunidad indígena", describió.En este nuevo escenario, el Gobierno confía en que esta medida ayudará a resolver conflictos territoriales, pero el impacto de la decisión dependerá de su implementación y del manejo de las situaciones judicializadas.Para Luján, a partir de ahora al menos se va a limitar la enorme inseguridad jurídica y física que había. "El hecho de poder considerar que van a poder volver a sus propiedades en algunos casos, porque todavía no han sido restituidas, es realmente muy importante para todos. Porque básicamente no es solamente un tema productivo, sino que de seguridad jurídica de la propiedad privada. Lo vemos con mucha satisfacción, porque pasa a eliminar un tema que viene ya desde mucho tiempo atrás y que daba lugar a arbitrariedades, que eran avaladas además por la Justicia", remarcó.Para Jones, la expectativa está en qué van a hacer los ejecutivos provinciales y la Justicia al respecto ahora que no existe más la ley 26.160: "Hay sentencias de desalojo que no se podían llevar adelante porque estaba en vigencia esta normativa. Ahora, la Justicia debería ordenar a la policía el desalojo efectivo. Es una cuestión que requiere una decisión política y judicial casi en simultáneo".

El Gobierno derogó un decreto clave y finalizó la emergencia en tierras indígenas

Con la medida publicada en el Boletín Oficial, finalizó la emergencia sobre la propiedad y posesión de esos territorios. "Se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión", señalaron desde el Ejecutivo

Petro ya firmó decreto que oficializa la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda: dejó en firme a su reemplazo

El presidente de la República aceptó la renuncia presentada por el funcionario, luego de que lo invitara, a través de las redes sociales, a dar un paso al costado, debido a la intención que tendrían sectores de oposición de "despedazarlo", cuando su nombre salió inmerso en el escándalo de corrupción de la Ungrd

La organización Human Rights Watch dijo que Milei no debería cubrir las vacantes de la Corte Suprema por decreto

WASHINGTON.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) dijo que el Presidente Javier Milei "debería abstenerse" de nombrar por decreto al juez federal Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema, una nueva advertencia sobre dos designaciones críticas en la Justicia."Al cumplirse un año de su gobierno, el presidente Milei debe demostrar que su gobierno respeta la independencia judicial siguiendo el proceso legislativo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema", señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado al que accedió LA NACION. "En lugar de designar a sus actuales candidatos por decreto, el presidente Milei debería nominar a candidatos de la mayor integridad y trabajar con el Senado para que sean aprobados", completó.En mayo de este año, Goebertus ya había cuestionado la elección de Milei al indicar que debería considerar seriamente "las serias preocupaciones planteadas sobre el juez Lijo y garantizar que todos los nominados a la Corte Suprema tengan la máxima integridad y cualificaciones". Goebertus había dicho además en una entrevista con LA NACION en marzo, al trazar un panorama sobre los derechos humanos en la Argentina, que el tema se iba a dirimir "en la fortaleza institucional, particularmente del Poder Judicial". También dijo que una medida de la fortaleza institucional era si un presidente puede tomar medidas que van en contra de la constitución. Y en enero, la misma organización había dicho también que le preocupaba que Milei quisiera gobernar por decreto.El comunicado de Human Rights Watch remarca que un artículo de la constitución argentina permite al presidente "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso". La organización consideró que, aunque la Justicia no se ha pronunciado sobre esta disposición en lo que respecta a jueces de la Corte Suprema, "algunos juristas señalan que las vacantes de la Corte Suprema no son "empleos", sino que la disposición se refiere únicamente a embajadores, militares y otros funcionarios del poder ejecutivo". Esa disposición, indicó la organización, tampoco parecería aplicarse a las vacantes que se producen antes del receso del Congreso en el que se dispone el nombramiento por decreto.Human Rigths Watch recordó el antecedente de Mauricio Macri, que intentó utilizar la misma disposición constitucional para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema por decreto presidencial. En ese momento, Human Rights Watch y otras organizaciones civiles y juristas criticaron esa decisión. Pero los dos jueces nombrados por Macri, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rossatti, no asumieron el cargo hasta que obtuvieron los dos tercios de los votos requeridos en el Senado gracias a un acuerdo del macrismo con el peronismo.Argentina ha ratificado tratados de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exigen asegurar la independencia e imparcialidad del poder judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en repetidas ocasiones que los jueces deben ser nombrados mediante un "adecuado proceso de nombramiento" que proteja su independencia, en particular frente a los poderes ejecutivo y legislativo.Human Rights Watch reiteró la preocupación de la sociedad civil por el historial de Lijo como juez federal, y por las posiciones de García-Mansilla sobre derechos sexuales y reproductivos. Lijo tiene cinco investigaciones disciplinarias pendientes en el Consejo de la Magistratura. "Según un estudio, se ha enfrentado a otros 29 procedimientos disciplinarios que fueron archivados, incluidos 16 sin ningún análisis. Algunos procedimientos se basaron en acusaciones de que Lijo atrasó o manipuló investigaciones por casos de corrupción", indicó el comunicado.Además de esos antecedentes, la organización también planteó sus reparos por la ausencia de una mujer en el máximo tribunal de la Argentina. "Una Corte Suprema exclusivamente compuesta por hombres corre el riesgo de perpetuar las barreras sistémicas que dificultan el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo en el poder judicial, socavando los esfuerzos más amplios hacia la igualdad de género y la diversidad en las instituciones públicas", indicó la organización.

Human Rights Watch advierte a Javier Milei que no debería nombrar a los jueces de la Corte Suprema por decreto

La organización de derechos humanos con sede en Washington afirma que esa medida amenazaría la independencia judicial. HRW ya había mostrado preocupación por la designación del polémico Airel Lijo.

Con demora, el Gobierno pule el decreto de llamado a sesiones extraordinarias y no descarta sumar nuevos temas al debate

Cuatro días después del anuncio a través de las redes sociales, el gobierno de Javier Milei aún define el temario de sesiones extraordinarias, que prometió convocar para este mes. Una reunión en la jefatura de gabinete, mañana por la mañana, será clave para saber si los temas anunciados el miércoles por el portavoz Manuel Adorni, elegidos por el Poder Ejecutivo para su discusión en el Congreso, forman finalmente parte de la convocatoria, y si habrá temas agregados a última hora.Altas fuentes del Gobierno afirmaron a LA NACION que "muy probablemente" el temario se defina en el mediodía de este lunes, cuando regrese a sus tareas el jefe de gabinete, Guillermo Francos, luego de su internación por una dolencia gastrointestinal. La reforma electoral, que incluye el fin de las Paso; la reforma política, el juicio en ausencia, la denominada ley anti-mafia y la reforma de los fueros son, además de la autorización formal al presidente Javier Milei para salir del país, fueron los temas que Adorni anunció a través de un posteo, en la noche del miércoles, aunque pasaron varios días y el decreto no apareció. En ese mensaje, que extendía las extraordinarias hasta el viernes 27 de este mes, se excluyeron dos temas clave: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema -no tiene asegurado el apoyo para ambos postulantes- y el Presupuesto 2025, presentado en el parlamento por el Poder Ejecutivo pero que contó con escasa voluntad del oficialismo para impulsar su tratamiento.Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente:- Reforma electoral - Reforma política - Juicio en ausencia - Ley anti mafia - Viajes del presidente -â?¦— Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2024¿Qué ocurrió? En medio de un debate interno por el momento discreto, el Gobierno analiza agregar otros proyectos. "Nos gusta marcar agenda", reconoció a este diario un legislador libertario al tanto de los debates en el seno del Gobierno. Casi al pasar, fuentes oficiales deslizaron que la implementación de un "Rigi para pymes" está en los planes, aunque evitó precisar si será parte del temario. En Balcarce 50 hacen hincapié en la apretada agenda del Presidente, que el viernes participó de la cumbre del Mercosur en Montevideo, y el sábado se ocupó personalmente de despedir a Florencia Misrahi como titular del Arca (ex Afip) y ungir a Juan Pazo, cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, como su reemplazante.En el oficialismo confían en tener apoyo para aprobar, en principio, la ley de juicio en ausencia-aplicable a los ex funcionarios iraníes, involucrados en el atentado a la AMIA-y la ley anti-mafias, presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, centrada en el combate a las organizaciones criminales. Ven más dificultoso aprobar en su totalidad la reforma política, más allá de la factibilidad de sancionar el fin de las primarias, una idea que no le cae mal al bloque kirchnerista de cara a las elecciones legislativas del año próximo.También aparece como sinuoso el camino de la denominada ley de fueros, que facilitaría que funcionarios de los tres poderes perdieran su inmunidad en caso de ser investigados por delitos graves. La ley anti-fueros fue la respuesta del Gobierno ante las durísimas críticas que recibió por la caída, por falta de quórum, de la ley de Ficha Limpia, impulsada por el Pro de Mauricio Macri y el radicalismo. Ocho de quienes se ausentaron en el debate en la Cámara de Diputados pertenecen al bloque de La Libertad Avanza. También surgió en la misma semana en la que explotó el caso del senador Edgardo Kueider, aliado del Gobierno desde el tratamiento de la ley Bases, y detenido en Paraguay por intentar ingresar al país vecino con más de U$S200.000 que no pudo justificar."Algunas cosas pueden salir, otras no vamos a llegar, hay muy poco tiempo. Salvo que sesionemos en enero", especulaban en el bloque oficialista, resignados a alguna sorpresa adicional en el calendario de sesiones en el Congreso. El último antecedente de trabajo del Congreso en enero data de 2002, en plena crisis social, económica y política.

Día de las Velitas en Colombia: decreto en Valledupar sancionará hasta con $26 millones a personas que sean sorprendidas manipulando pólvora

Los padres y madres que sean responsables de casos por quemados con pólvora se exponen, además de la multa, a perder la patria postedad de los niños, niñas y adolescentes que resulten involucrados. Lo mejor será pensarlo dos veces antes de hacerlo, si lo está considerando

Milei postergó la firma del decreto de convocatoria a Extraordinarias y dicen que se publicará el lunes en el Boletín Oficial

Tenían planeado que lo oficializara ayer y aseguraron que la internación del jefe de Gabinete provocó la demora. Sin embargo, algunos alfiles del Presidente están indecisos y vuelven a deslizar que es posible que el anuncio de Adorni sobre la reapertura del Congreso no se concrete. Aún no hablaron con todos los bloques opositores

Pearl Harbor y el decreto "NN": los hechos que, el mismo día y a kilómetros de distancia, sellaron el destino de la segunda guerra

Todo ocurrió el domingo 7 de diciembre de 1941, hace ochenta y tres años: el imperio japonés atacó la base naval estadounidense en la isla hawaiana y en Alemania, horas más tarde, el Tercer Reich emitía el decreto conocido como "Noche y Niebla", que legitimaba "un sistema de desaparición forzada de personas" y era parte del plan de exterminio. El día que la guerra tomó un curso irreversible

La Cancillería creó oficialmente 544 nuevos empleos en Migración Colombia: esto dice el decreto

El Gobierno nacional y los sindicatos de Migración Colombia alcanzaron un acuerdo para poner fin a la huelga que paralizó operaciones en los aeropuertos del país

Eliminan por decreto el Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales

El Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, creado durante el gobierno de Alberto Fernández, fue dado de baja este viernes por la gestión libertaria, que denunció arbitrariedades en la asignación de beneficios que iban a distintas provincias. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que explicó los alcances de la nueva normativa, el desmantelamiento de este plan "protege a los argentinos que pagan impuestos".La decisión se plasmó en el Decreto 1077/2024 que se publicó en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Este programa había sido también introducido por decreto, rubricado en ese entonces por Fernández; el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el exministro de Producción, Matías Kulfas.En ese momento, desde la gestión de Unión por la Patria (UP) aseguraron que, a través de ese plan, buscaban fomentar el desarrollo industrial e incidir en la planificación productiva de las localidades, bajo la idea de un desarrollo sustentable e inclusivo que potenciara el empleo.Sin embargo, otra fue la visión de las autoridades actuales, que siguen con un fuerte ajuste sobre las cuentas públicas. "Esto nos permite avanzar en la eliminación de una capa más de gasto que no correspondía al gobierno nacional y que era una fuente inagotable de corrupción", aseguró Sturzenegger.Pese a que aclaró que está "fenómeno" que las municipalidades creen parques industriales para alentar las inversiones a través de infraestructura y reducciones impositivas, el ministro de Desregulación contrastó: "Lo que no está fenómeno es que el gobierno nacional elija arbitrariamente algunas de estas ciudades para otorgar una compensación gratis (que era lo que hacían los decretos), compensando así la mala gestión local, o quizás pidiendo algo a cambio del 'regalito'". Tras esta acusación contra la gestión anterior, y aunque no hay denuncias judiciales, Sturzenegger dijo que en el último presupuesto, el de 2023 -ya que este Gobierno hizo su primer año de gestión con un plan prorrogado- se le asignaron recursos a cinco parques de Santa Fe, cuatro de la provincia de Buenos Aires, tres de Neuquén y dos en otras dos provincias, "sin saber el criterio usado para esta asignación"."Cabe la pregunta de por qué solo cinco provincias recibían esta ayuda y otras no. La arbitrariedad revela la incongruencia de la política", deslizó, para sembrar sospechas sobre la administración de Fernández.Bajo la premisa de que la Casa Rosada debe concentrarse en políticas nacionales y no en "hacer o vender favores discrecionales con el dinero del contribuyente", Sturzenegger indicó: "Cuando el gobierno nacional hace eso se convierte en 'una organización criminal', como ha dicho el Presidente, ya que usa el poder del Estado para sacarle recursos al contribuyente y transferírselos a otro (típicamente casta)".Para cerrar, el ministro acotó: "Desmantelar este sistema es proteger a quienes pagamos impuestos. ¡Afuera!".El Decreto 1077/24 firmado hoy por el presidente @JMilei y el Ministro @LuisCaputoAR derogando los decretos 915/10 y 717/20 que establecían el régimen de parques industriales nos permite avanzar en la eliminación de una capa más de gasto que no correspondía al gobierno nacional yâ?¦— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 6, 2024

El Gobierno avanza en un decreto para que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra el terrorismo y el narcotráfico

Las autoridades nacionales trabajan en las modificaciones de algunos artículos de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, para que los militares puedan actuar contra el terrorismo y el narcotráfico. La decisión se aceleró luego del video de sicarios contra la ministra

El Gobierno prepara el decreto para permitir el autodespacho de combustibles en estaciones de servicio

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger adelantó que la normativa comenzará a regir en los próximos días. Leer más

Crisis en Corea del Sur: qué es la ley marcial y qué pasó tras el controvertido decreto del presidente

SEÚL.- El presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur declaró la ley marcial de emergencia en la noche del martes, acusando a la oposición de conspirar para "insurgir" y "tratar de derrocar la democracia libre". Fue la primera declaración de ley marcial en más de cuatro décadas en Corea del Sur, que vio el fin de una dictadura militar a finales de los años 80.Yoon Suk Yeol, quien fue elegido presidente en 2022, ha estado en un casi constante enfrentamiento político con la oposición, que controla el Parlamento, y su gobierno enfrentó una drástica caída en su aprobación pública. En el discurso en el que declaró la ley marcial la noche del martes, dijo que tomaba esta medida para "defender la libre República de Corea de las amenazas de las fuerzas comunistas de Corea del Norte y erradicar a las desvergonzadas fuerzas pro-Norte que están saqueando la libertad y felicidad de nuestro pueblo, y para proteger el orden constitucional libre. A través de esta ley marcial de emergencia, reconstruiré y defenderé la libre República de Corea, que está cayendo en la ruina".¿Qué significa la declaración de ley marcial?La Constitución del país establece que el presidente puede proclamar la ley marcial cuando "sea necesario para hacer frente a una necesidad militar o para mantener la seguridad pública y el orden mediante la movilización de las fuerzas militares en tiempos de guerra, conflicto armado o emergencia nacional similar". El general del ejército Park An-Su, quien fue designado comandante de la ley marcial por Yoon Suk Yeol, prohibió "todas las actividades políticas", incluidas las actividades de los partidos políticos y las manifestaciones ciudadanas. "Todos los medios de comunicación y publicaciones están bajo el control del mando de la ley marcial", dijo el general Park.Su edicto también prohibió las actividades laborales y la difusión de "noticias falsas". Aquellos que violen el decreto pueden ser arrestados sin una orden judicial. Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el comando de la ley marcial señaló que todos los medios y editores deben estar bajo su control y ordenó que todo el personal médico, incluidos los médicos en formación, muchos de los cuales habían estado en huelga, regresaran al trabajo en 48 horas.¿Quién es Yoon Suk Yeol?Yoon Suk Yeol, un exfiscal quien ganó una elección presidencial muy reñida en 2022, devolvió al poder a los conservadores del país con llamados a adoptar una postura más confrontativa contra Corea del Norte y una alianza más fuerte con Estados Unidos. Sustituyó al presidente Moon Jae-in, un líder progresista que cumplió un único mandato de cinco años. Cuando asumió el cargo en mayo de ese año, Yoon Suk Yeol prometió defender valores como la libertad y la democracia liberal.Sin embargo, poco después de ser elegido, comenzó a recurrir a demandas, reguladores estatales e investigaciones penales para frenar los discursos que él calificó de desinformación, esfuerzos que estuvieron en gran medida dirigidos a las organizaciones de noticias. En lo que podría denominarse una persecución política, la policía y los fiscales realizaron varias redadas en las casas y salas de redacción de periodistas a quienes su oficina acusaba de difundir "noticias falsas".En abril, el Partido Poder del Pueblo de Yoon Suk Yeol sufrió una amarga derrota en las elecciones parlamentarias, lo que le dio a la oposición una mayoría abrumadora. Se convirtió en el primer presidente surcoreano en décadas en tener que lidiar con un Parlamento controlado por la oposición durante todo su mandato.¿Cómo reaccionaron los partidos políticos de Corea del Sur?Han Dong-hoon, líder del propio Partido Poder del Pueblo de Yoon, dijo que la declaración de la ley marcial es "incorrecta" y que "la bloqueará", según informó la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur.Lee Jae-myung, líder de la oposición surcoreana, grabó un video en su auto de camino a la Asamblea Nacional, pidiendo a los ciudadanos que se reunieran allí. "No hay razón para declarar la ley marcial. No podemos dejar que el ejército gobierne este país", dijo. "El presidente traicionó al pueblo. La declaración ilegal de ley marcial de emergencia del presidente Yoon Suk Yeol es nula y sin valor. Desde este momento, Yoon Suk Yeol ya no es el presidente de Corea del Sur", dijo. Lee Jae-jung, una legisladora surcoreana del Partido Democrático, escribió en Facebook que se dirigía a la Asamblea Nacional. "Vamos a detener esto a toda costa", dijo.Las transmisiones de los medios de comunicación estatales mostraron a soldados y policías empujando a los ciudadanos que intentaban entrar en el edificio de la Asamblea Nacional, mientras los manifestantes gritaban: "¡Terminen con la ley marcial! ¡Terminen con la ley marcial!"¿Cómo podría levantarse la ley marcial?Según la ley surcoreana, la ley marcial puede levantarse con un voto mayoritario en el parlamento, donde el Partido Democrático de la oposición tiene la mayoría. Cuando "la Asamblea Nacional solicite el levantamiento de la ley marcial, el presidente deberá hacerlo sin demora y anunciarlo", establece la ley.Poco después de la declaración del mandatario, el presidente de la Asamblea Nacional convocó en una declaración de emergencia publicada en su canal de YouTube a todos los legisladores a reunirse en la Asamblea Nacional. Instó al personal militar y de las fuerzas del orden a "mantener la calma y mantener sus posiciones".Los 190 legisladores que participaron en la votación apoyaron el levantamiento de la ley marcial. Imágenes de televisión mostraron a soldados que asignados al Parlamento abandonando el sitio después de la votación.

Como en EEUU: el Gobierno publicará un decreto para que los conductores puedan cargar nafta solos en las estaciones de servicio

Lo anticipó este martes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante un almuerzo organizado por los empresarios del Club del Petróleo. Las otras medidas en carpeta y la promesa de "acelerar la motosierra"

El Gobierno avanza con el decreto que da a las Fuerzas Armadas más injerencia en Seguridad Interior

Será una nueva reglamentación de la ley de Defensa.Impulsan una "actuación coordinada" con las fuerzas policiales en las fronteras.

Unef pide un real decreto específico para las comunidades energéticas para impulsarlas

La Unión Española Fotovoltaica solicita un marco regulatorio que impulse las comunidades energéticas mediante seguridad jurídica, financiación accesible y reconocimiento de interés público para facilitar la participación municipal

El sector hotelero pedirá la suspensión cautelar del decreto sobre el registro de viajeros

Sheinbaum firma decreto para que Universidad Nacional Rosario Castellanos sea nacional y programas del Bienestar "un derecho"

La Cámara de Diputados aprobó en noviembre elevar a nivel constitucional los programas sociales del Bienestar

La Corte Suprema envía señales negativas ante la posibilidad de que el Gobierno nombre jueces por decreto

En medio del cruce de mensajes entre el Gobierno, el Congreso y la Justicia, la Corte Suprema reflotó esta semana antecedentes que siembran dudas acerca de si efectivamente les tomará juramento a Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como nuevos jueces del máximo tribunal, si es que el presidente Javier Milei los nombra por decreto en comisión por un año. Y envió señales de su interés en opinar sobre el futuro del máximo tribunal, en vez de solo presenciar la negociación.En el Gobierno descreen de la posibilidad de que la Corte Suprema no les tome juramento a los magistrados y argumentan que tanto el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, como el juez Carlos Rosenkrantz son personas "razonables" y evitarían un escándalo institucional.En la Corte Suprema, en tanto, el juez Ricardo Lorenzetti, que motorizó el pliego de Ariel Lijo, no ve inconvenientes para que les tomen juramento y sigue confiando en que a la larga, su recomendado llegará al máximo tribunal.En el Gobierno sostienen que esta suerte de resistencia que se esboza en la Corte Suprema es parte de los mensajes que se intercambian en este juego en el que nadie muestra completamente las cartas y, por las dudas, cantan retruco. "Si la Corte no les toma juramento, se los va a tomar Milei, que está decidido a que ambos jueces lleguen; porque a esta altura es una cuestión personal", dijo a LA NACION una alta fuente del Gobierno.Actualmente la situación es la siguiente: el pliego de Ariel Lijo ya cuenta con 9 firmas y podría llevar a ser elevado para su votación en el Senado, donde aún no están asegurados los dos tercios. Cristina Kirchner habilitó la firma de la senadora Lucía Corpacci como un mensaje para acelerar un acuerdo, pero en el Gobierno creen que fue una forma de condicionarlo. Hay desconfianza mutua: los libertarios no confían en los peronistas y al revés.Ambas partes exploraron la opción de avanzar en la Cámara de Diputados con un proyecto para ampliar la Corte, no a 15, ni a 9 jueces, sino a 7, como una escala en la negociación, mientras se votan los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado. No alcanzó. Nadie confía en nadie. Las conversaciones siguen y los kirchneristas desfilan ante Santiago Caputo. Entre los interlocutores aparecen Juan Martín Mena, Wado de Pedro y hasta a Oscar Parrilli.El pliego de Garcia-Mansilla tiene 6 firmas, le faltan tres para estar en condiciones de ser elevado al recinto. Y está demorando el pliego de Lijo, porque el Gobierno sigue firme en su idea de que van los dos o ninguno. En este escenario, el Gobierno quiere recurrir al decreto para nombrar a Lijo y García-Mansilla para tener en 2025 una Corte Suprema con 5 jueces.Ante este escenario, la Corte recordó antecedentes: exhumó un comunicado del Centro de Información Judicial del 16 de diciembre del 2015 cuando Mauricio Macri nominó a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, y el juez Ricardo Lorenzetti presidía el tribunal. En ese comunicado, la Corte defendió su posibilidad de opinar sobre las designaciones y sostuvo que no solo "balconea", como hace ahora.Además señala que las incorporaciones no deberían hacerse durante la feria judicial, que el los candidatos debían pasar por el Senado y que el máximo tribunal tenía un rol en el tema, junto a los otros poderes del EstadoEstos asuntos, dice el parte de prensa de ese momento, "fueron motivo de consenso en una reunión que se ha realizado en el día de hoy entre el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti".El texto de diciembre de 2015 parece sugerir que la Corte busca ahora una acercamiento con el Gobierno como entonces. Pero en la Corte aclaran que de ninguna manera, que la selección de candidatos para el máximo tribunal es un asunto de la política y del presidente MIlei y que en estos 8 meses ni se metió en este proceso, ni realizó ningún comentario.La toma del juramento a Lijo y García-Mansilla, aún nombrados por decreto, no es un asunto menor, ya que debe ser resuelta por mayoría por la Corte. Y se suma la complejidad de que Lijo es juez, y para asumir en la debería renunciar a su condición o pedirle licencia a la propia Corte, para integrarla, lo que suena muy raro."Hoy el asunto está trabado: los senadores de Unión por la Patria firmaron un acta donde dicen que van a buscar remover a los jueces nombrados por decreto y la Corte, que amenaza con no tomarles juramento", analiza un encumbrado camarista de Comodoro Py.No se sabe si Lijo aceptaría que lo designen por decreto, pero al parecer si. Garcia Mansilla estaría dispuesto, hasta el punto de que cuando algún abogado constitucionalista habla en los medios de la facultad presidencial para hacerlo le acerca un artículo de un colega, amigo suyo de la Universidad Austral, que recuerda cuando Juan Perón y Arturo Frondizi usaron este mecanismo.La relación del Gobierno con la Corte está determinada por los vínculos personales que tanto el presidente Milei, como el ministro de Justicia Cúneo Libarona, su viceministro Sebastián Amerio (que ejecuta las políticas de Santiago Caputo) han construido con los jueces, considerando ademas el enfrentamiento de Lorenzetti con el resto.Así Milei desconfía de Horacio Rosatti, hasta el punto de que no se reunieron.Milei lo escuchó en la campaña electoral hablar contra la dolarización y repetir una consigna de campaña de Sergio Massa y bastó para que le hiciera la cruz. Sí hubo una reunión con Luis Toto Caputo y el ministro Cuneo Libarona, por asuntos de plata para el tribunal.Por contraste creció en su consideración la figura de Lorenzetti que en aquel momento se acercó con ideas sobre la independencia judicial, la división de poderes y otra media docena de puntos. Esa idea se consolidó cuando le propuso el pliego de Ariel Lijo y de otro candidato mas, bochado por Caputo y Cúneo Libarona.Con Carlos Rosenkrantz en cambio se reunió y entendió de su seriedad y vocación por sacar sentencias sin tener ingerencia en las decisiones de la política. Así están las cosas, el vínculo entre la Corte y el Gobierno lo llevan Amerio, Cúneo Libarona, con Toto Caputo y con Guillermo Francos, como jefe de gabinete.Juan Carlos Maqueda, ya de salida porque cumple 75 años el 29 de diciembre, esta firmando las últimas sentencias donde se conforman mayorías con sus colegas. Estas cuatro semanas, de acá a fin de año, serán de máxima productividad en la Corte: el anteúltimo acuerdo firmaron casi 600 fallos, y el último mas de 300.La otra deuda pendiente en ese escenario es la elevación al Senado de las ternas de los 150 jueces que el Gobierno prometió enviar para cubrir la mitad de las vacantes de la justicia. La pelota la tiene el Poder Ejecutivo porque los concursos ya terminaron y ahí están los candidatos. El presidente debe elegir uno de cada terna.Hace tres semanas el vocero Manuel Adorni y el viceministro Amerio prometieron el envío de los nombres en una conferencia de prensa. Pero nada pasó. Hoy en el gobierno afirman que son parte de este ajedrez donde todo se negocia con mutua desconfianza: los pliegos de al Corte, los pliegos de los jueces inferiores y otros asuntos de los que se encarga la política en el Congreso como ficha limpia, la desaparición de las PASO y o la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados.

Un bloque de ONGs se prepara para objetar en la Justicia los nombramientos de jueces por decreto

Un frente de organizaciones de la sociedad civil se está armando por esta horas para enfrentar en la justicia la estrategia del Gobierno de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión por un año, si es que no logra obtener los votos necesarios en el Senado.La organización Poder Ciudadano, preocupada por la transparencia y la institucionalidad, está trabajando en esta idea a la que ya se sumaron otros organismos como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y está evaluando sumarse el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que preside el exjuez Ricardo Gil Lavedra.El principal argumento es que la Constitución prevé un mecanismo específico para designar jueces de la Corte, que ya se puso en marcha con el envío de los pliegos al Senado, las impugnaciones y apoyos obtenidos por Lijo y García-Mansilla, y las audiencias públicas a las que fueron sometidos ambos candidatos.Por eso, las organizaciones señalan que si bien la Constitución permite designar "empleados" que requieran acuerdo por decreto en comisión por un año, cuando el Congreso está en receso, no se puede acudir a este mecanismo alternativo porque el mecanismo específico, ya puesto en marcha, no dio resultado.Aún están en conversaciones para ajustar una estrategia, pero algunas de estas organizaciones, que en general aparecen en la vereda opuesta del peronismo, festejaron cuando el bloque de senadores de Unión por la Patria estampó la firma de sus 33 legisladores, en un acta donde le advertía al Gobierno que iba a remover a aquellos jueces que fueran designados por decreto en comisión.

En un año, Milei modificó casi cien leyes por decreto

El Presidente firmó DNU para evitar la validación en el Congreso de temas relevantes, como cambios en la Ley de Ministerios, actualización de la Ley de Presupuesto con cambios en el capítulo de deuda pública, y otro que modificó la Ley de Movilidad Jubilatoria. A partir de allí, el Congreso buscó avanzar con una ley que fue posteriormente vetada por Milei y convalidada por el oficialismo parlamentario. Flexibilizó, además, las condiciones para el canje de deuda, pese a que la oposición intentó hacer esta semana una sesión para voltear el DNU, sin éxito. Los principales temas en los que se manifestó de manera "exprés". Leer más

Diputados rechazó el decreto de Javier Milei que limita el acceso a la Información Pública

La radical Karina Banfi presentó un apartamiento de reglamento que fue acompañado con el voto de 167 legisladores. Expectativas por el amparo que se presentó en la Justicia luego de que Aerolíneas Argentinas se negara a brindar información a PERFIL. Leer más

Antecedente clave: qué hizo la Corte cuando Mauricio Macri quiso imponer dos jueces por decreto

Fue a fines de 2015, apenas asumió el presidente de Cambiemos. El tribunal también tenía entonces tres miembros.

Mostosierra a full en el Estado, sin presupuesto y con supremos por decreto

El ministro volvió a cargar contra universidades, el INCAA y discapacitados; pregonó la desregulación como "la absoluta libertad" para el sector privado pero pidió avanzar con reformas al sistema previsional y las leyes laborales.

Corte Suprema | El kirchnerismo le advirtió a Milei que rechazará la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla

En un nuevo round de la pulseada política del Gobierno con el Senado por la integración de la Corte Suprema de Justicia, el bloque kirchnerista de Unión por la Patria le advirtió al Gobierno que rechazarán las nominaciones del Ariel Lijo y Manuel Garcia-Mansilla si el presidente Javier Milei los designa en comisión por decreto sin esperar a que la Cámara alta le otorgue su acuerdo a los candidatos tal como lo establece el mecanismo contemplado en la Constitución Nacional.La postura del principal bloque de oposición de la Cámara alta, que ya había sido anticipada por LA NACION, fue oficializada por el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), quien le entregó en mano una nota firmada por la totalidad del bloque de Unión por la Patria al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el final del informe que brindó durante más de siete horas en el recinto del Senado."Que se sepa públicamente que la persona que acepte ser designada por decreto, inmediatamente nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución", afirmó Mayans, antes de pararse y dirigirse a la mesa donde se encontraba el jefe de Gabinete para entregarle la misiva.El alineamiento en el rechazo de la totalidad de los 33 senadores kirchneristas pone al Gobierno ante una encrucijada, ya que sin el aporte de Unión por la Patria, o de una parte de la bancada, le será imposible nombrar a Lijo y a García-Mansilla. La Cámara alta tiene 72 miembros y con 25 legisladores alcanzan para cerrarle la puerta de manera definitiva al apoyo de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para designar a un juez de la Corte. Fue lo que le pasó a Roberto Carlés cuando Cristina Kirchner fracasó, en 2015, en su intento por designarlo en el máximo tribunal.El kirchnerismo pretende con esta jugada obligar al Gobierno a sentarse a negociar la integración de la Corte. Tal como lo dijeron públicamente varios senadores con línea directa con el Instituto Patria, la expresidenta pretende ubicar ahí a una persona de su extrema confianza, reclamando que el Gobierno resigne a uno de sus candidatos o acepte ampliar el tribunal. La elegida sería la exsenadora María de los Angeles Sacnun.Hasta ahora, las pretensiones de Cristina Kirchner se encontraron con la negativa del asesor Santiago Caputo, que tomó de parte del Gobierno el timón en la discusión por la Corte, que pretende que el Senado le dé acuerdo a Lijo y Garcia-Mansilla -"los dos o ninguno" es el mantra que se repite en la Casa Rosada-, antes de sentarse a negociar.Apenas unas horas antes y en el mismo recinto de la Cámara alta, el jefe de Gabinete había confirmado que la designación por decreto de jueces en la Corte Suprema era una opción que barajaba el Poder Ejecutivo ante la "urgencia" de que se produjera una "situación de acefalía" en el máximo tribunal."No descarto que el Presidente pueda designar a los ministros de la Corte por decreto en caso de estar cerca de la acefalía. Sería de manera transitoria hasta que logren el acuerdo del Senado", había dicho Francos ante una consulta formulada por la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).El jefe de Gabinete se refirió, así, de manera elíptica a la situación en la que quedaría el tribunal supremo si el Senado no le da acuerdo a, al menos, uno de los dos candidatos propuestos por Milei antes del 29 de diciembre, fecha en la que el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y se verá obligado a jubilarse, tal como lo establece la Constitución Nacional.En la última semana de mayo el Gobierno envió al Senado los pliegos nominando a Lijo y a García-Mansilla para completar los cinco miembros que establece la ley vigente que debe tener la Corte. Al juez federal lo postuló para ocupar la vacante que dejó Elena Highton con su renuncia en octubre de 2021. Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral está propuesto para reemplazar a Maqueda cuando pase a retiro.Lijo defendió su postulación en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos el pasado 21 de agosto. Garcia-Mansilla lo hizo una semana después. Desde entonces, sus pliegos permanecen estancados a la espera de que se alcance un acuerdo político que les permita convertirse en jueces de la Corte.

El peronismo suma presión por la Corte Suprema y advierte que no apoyará a jueces nombrados por decreto

Senadores de Unión por la Patria advirtieron a Guillermo Francos a través de un escrito firmado por diversos legisladores. Se tensan las negociaciones.

Diputados: la oposición le exigió al Gobierno que derogue el decreto que limita el acceso a la información pública

En lo que implica un fuerte señalamiento institucional al Gobierno, los bloques opositores de la Cámara de Diputados, a instancias de la UCR, aprobaron por amplia mayoría una resolución en el que le exigen al Gobierno que derogue el decreto reglamentario 780/24 por el cual restringió los alcances de la ley de acceso a la información pública. La iniciativa no fue acompañada por el oficialismo, que quedó casi en soledad."Si queremos respetar la libertad de expresión y si queremos ser un país que respeta la libertad de pensamiento y la libertad de opinión por sobre todas las cosas tenemos que respetar este acuerdo y esta concertación que logró este Congreso a través de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública", enfatizó la diputada radical Karina Banfi, autora de la iniciativa.Guillermo Francos admitió que Milei podría nombrar una mujer en la Corte si el Senado no aprueba a Lijo y García-MansillaMás duros, desde el kirchnerismo la diputada Carolina Gaillard propuso que la Cámara de Diputados declare nulo dicho decreto. Empero, los bloques dialoguistas -Pro, la UCR- al igual que la Coalición Cívica entienden que esa vía -la nulidad de un decreto reglamentario- es una facultad que no le compete al Congreso y que, en todo caso, debe ser primero la Justicia la que defina si el Poder Ejecutivo se excedió o no en sus facultades reglamentarias."Si la Justicia, en virtud de los pedidos de amparo ya presentados, nos da la razón, vamos a proponer la derogación del decreto en el Congreso si el Gobierno no lo hace antes", anticipó Banfi.Por de pronto, los opositores dialoguistas le enviaron una señal de advertencia al Gobierno para disuadirlo a que dé marcha atrás con el polémico decreto. Advierten, junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil, que la medida desnaturaliza la ley 27.275 de acceso a la información pública, pues impone excepciones restrictivas o discrecionales respecto de lo que se considera información pública o privada.En efecto, el decreto establece que el Estado no está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica", una categoría no prevista en la norma que regula el proceso.Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici insistió en que la principal responsable de que el Poder Ejecutivo haya dictado este decreto es la presidenta de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena: sostuvo que la funcionaria no dio cumplimiento con su intervención legal para realizar las observaciones pertinentes previo al decreto, ni realizó, posteriormente, ninguna presentación o intervención en el marco de sus funciones.Giudici anticipó que pedirá, también vía resolución de la Cámara, que el Poder Ejecutivo inicie el procedimiento para su remoción. Sin embargo, Unión por la Patria no acompañará su propuesta, por lo que no prosperará.

El gobierno podría derogar el decreto que habilita los DNI no binarios

El Gobierno derogó un decreto que reconocía a Cadra como única entidad para negociar derechos de reproducción

Por medio del decreto 1036/2024 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la norma sancionada por el expresidente Alberto Fernández en el último "día hábil" de su gestión, que reconocía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas, científicas y fotográficas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras, las clásicas fotocopias que todos los estudiantes conocen (actualmente adaptadas a PDF o archivos de Word).Cadra fue considerada "entidad única" para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado por el Ministerio de Cultura de la Nación (actualmente Secretaría de Cultura). La entidad, creada en 2020 y con más de dos mil asociados, quedaba habilitada para llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual. En aquella ocasión, el expresidente de Cadra, el editor Luis Quevedo, había dicho a este diario que el decreto beneficiaba no solo a escritores y editoriales, sino también a traductores, ilustradores y fotógrafos. "Al incluir a los fotógrafos, se consiguió una ampliación de derechos, dado que estos no tenían una sociedad de gestión colectiva que los protegiera". El actual presidente de Cadra es el abogado Federico Polak, exfuncionario de la embajada argentina en Madrid y extitular del PAMI.Boletín Oficial: el presidente Milei deroga el Decreto 736/23 que daba a CADRA exclusividad en derechos de reproducción de obras escritas y potestad para establecer forma e importe de recaudación, así como su distribución entre autores.Me parece bien ð???https://t.co/DxGFQrEMR7— Martín Becerra (@aracalacana) November 25, 2024En ese momento, la decisión había sido criticada porque la norma autorizaba a Cadra a cobrar un canon a universidades y otros centros de enseñanza por el acceso a materiales de lectura. Por presión de las entidades de bibliotecarios, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos quedaron eximidos del pago del canon que establecía aquel decreto.Se derogó el decreto que otorgaba a CADRA el monopolio de la recaudación por derechos de copia (fotocopias, digitalizaciones). Una excelente noticia. Acá repito un hilo que hice cuando, eludiendo todo debate, ese decreto se firmó https://t.co/WWQSnmTMRT— FedericoR (@joandemena) November 25, 2024En el nuevo decreto, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no escasean los adjetivos y se considera que el régimen aprobado a finales de 2023 constituía "una regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes".Por otro lado, se observa que la retribución estipulada por Cadra y la Secretaría de Cultura era fijada "sobre una base presunta, sin ninguna relación con los ingresos que esos comercios minoristas obtienen del servicio de fotocopiado". Y agrega que "resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido".La exclusividad otorgada por el gobierno anterior, afecta, según la actual gestión, "la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores". "Es preciso señalar que cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo", se remarca."El decreto de Fernández le daba a Cadra una potestad monopólica de ir a cobrar de forma genérica licencias por el acceso a materiales vía fotocopias en papel o reproducciones digitales basado en una licencia per cápita de estudiantes -dice a este diario la docente y activista por la cultura libre Beatriz Busaniche-. Es decir que si una universidad pública tiene cincuenta mil alumnos debe pagarle a esta asociación civil un monto fijo por estudiante. Era un despropósito total en general, pero aún más en un momento de severo ajuste de las universidades públicas. Es una buena noticia que se haya derogado ese decreto inconsulto y carente de toda legitimidad en el sector al que afectaba".Cadra "deplora" la derogación del decretoEn un comunicado difundido hoy, Cadra "deplora" la derogación del decreto 736/23 y sostiene que "atenta contra los creadores culturales del país". Al perder la exclusividad para administrar los derechos de autor en todo el país, la entidad asume que "solo deberá intervenir en los casos en los que se vean afectados sus socios".Se recuerda además que Cadra forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), junto con 158 entidades "que cumplen la misma función en los distintos países, y que representa a través de los convenios suscriptos, a los autores y editores extranjeros así como esas entidades protegen las obras de autores y editores argentinos en el resto del mundo". El comunicado incluye una declaración que lleva la firma del presidente de Cadra, Federico Polak, titulada "El conocimiento, el amor al arte, los derechos de autor y el lucro ajeno"."Existen pocas actividades más nobles que las culturales, que enriquecen el espíritu con el conocimiento, el arte y la belleza -afirma Polak-. Partimos de la convicción de que el trabajo intelectual y artístico genera derechos para el autor y las compañías que editan tales trabajos. [...] En tal marco, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de propiedad intelectual. Evitar el plagio y las reproducciones 'piratas' son tareas imposibles para individuos aislados. Pueden llevarlas a cabo los Estados o las sociedades de gestión colectiva, que están compuestas por sus socios: los titulares de derecho de propiedad intelectual"."Una sociedad civil sin fines de lucro que NO demanda nada del estado nacional -subraya- es la encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor de autores y editoriales. Nuestra Comisión Directiva trabaja 'ad honorem' en defensa de los derechos de los creadores. En los últimos años, grandes compañías envían a las redes el producto de ese esfuerzo, sin retribuirlo. En realidad, reemplazan a los autores y editores, por la vía indirecta de percibir ingresos publicitarios por creaciones ajenas"."Lamentablemente, ese ataque a los derechos de los creadores acaba de ser apoyado por el insólito decreto 1036/24 del Poder Ejecutivo [...], tratando de quitarle a Cadra la legitimación para la defensa de tales derechos de autor -evalúa-. Una norma que estimula la apropiación indebida de material ajeno por grandes conglomerados que no sólo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen".Según el presidente de Cadra, la economía del conocimiento es "el área de mayor crecimiento en la Argentina y una fuente creciente de divisas" y la desprotección del sector tendría "efectos no solo injustos sino también económicos y financieros para el país ya que el respeto a la propiedad intelectual es un requisito básico de todo acuerdo de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos"."De hecho, la protección efectiva de la propiedad intelectual es una política comercial que está siendo encarada en todo Occidente, con la creciente defensa de los verdaderos autores y editores en diversos países de Europa occidental, Australia y Estados Unidos, entre otros", remarca antes de concluir en tono diplomático: "En Cadra seguiremos trabajando en defensa de los intereses de los creadores y, como siempre, estamos dispuestos a encontrar caminos comunes para llevar adelante nuestra tarea, haciendo un llamado urgente a las autoridades para revisar el Decreto 1036/24â?³. De este modo, la situación de la entidad vuelve a ser la misma que antes de finales de 2023.También esta tarde, la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado en el que rechaza "los recientes decretos que perjudican la actividad del Fondo Nacional de las Artes y de Cadra".

Frossasco: nombrar por decreto a Lijo y García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia es un medida "excepcional"

Algunos constitucionalistas salieron al cruce y cuestionaron esa probable decisión presidencial. El especialista cordobés Diego Frossasco indicó que la regla general es el nombramiento con acuerdo del Senado y solo se admite cuando el Parlamento está en receso. Leer más

Por decreto, el Gobierno suprimió la facultad de ANSES de otorgar créditos

El presidente Javier Milei ordenó suprimir la capacidad del organismo para otorgar préstamos. Aseguran que es una función que debe cumplir el sector privado.

Francos confirmó que consideran nombrar a Lijo y Mansilla por decreto y admitió la tensión con Villarruel

El jefe de Gabinete aseguró que "hay preocupación" por la conformación de la Corte Suprema, mientras que consideró que Javier Milei "no es demasiado diplomático". Leer más

Guillermo Francos admitió que el Gobierno analiza designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema

El jefe de Gabinete reconoció que se estudia esa posibilidad por los problemas para lograr su aprobación en un Congreso.En diciembre el máximo tribunal quedará con sólo tres miembros cuando Maqueda llegue al límite de edad.

Guillermo Francos admitió que "está en análisis" nombrar jueces en la Corte Suprema por decreto

En medio de los idas y vueltas por la negociación para la integración de la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la intención del Gobierno de nombrar por decreto en el máximo tribunal al juez federal Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla si la oposición no da los votos necesarios en el Congreso para fin de año. "Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto", reconoció."Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada", expresó.En diálogo con Radio Mitre, el funcionario ratificó sus deseos de que la designación sea finalmente determinada por la Cámara alta pero lamentó: "Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más. Ojalá pudiera funcionar. Es una discusión; me imagino los debates sobre estos pliegos, las negociaciones. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida".Los comentarios del jefe de Gabinete llegan luego de que el kirchnerismo diera muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte al darle esta semana la novena firma que le faltaba al dictamen para designar a Lijo. El avance se dio cuando la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucia Corpacci, puso la última firma necesaria para el dictamen del pliego en el Senado.Con estas nueve firmas, el pliego el Gobierno estaría en condiciones de ser sometido a votación de los senadores, aunque no están actualmente garantizados los dos tercios de los votos necesarios para designarlo juez de la Corte Suprema.Noticia en desarrollo

El kirchenrismo se acercó al Gobierno para nombrar a Lijo, pero sigue la amenaza de designar a los jueces de la Corte por decreto

El kirchnerismo dio muestras de acordar en la negociación para la integración de la Corte Suprema de Justicia al darle la novena firma que le faltaba al dictamen para designar al juez federal Ariel Lijo. Sin embargo, el Gobierno se muestra dispuesto a nombrar por decreto a Lijo y al académico Manuel García Mansilla, si la oposición no le da los votos en el Congreso para fin de año.Esta semana, el avance se dio cuando la senadora kirchnerista por Catamarca, Lucia Corpacci, puso la novena firma y la última necesaria para el dictamen del pliego del juez Lijo en el Senado. Corpacci, distanciada del gobernador Raúl Jalil, es vicepresidenta del PJ. Acompañó en la elección interna a Cristina Kirchner y está casada con Ángel Mercado, sobrino de Armando "Bombón" Mercado, exmarido de Alicia Kirchner, cuñada de la expresidenta.Con estas nueve firmas, el pliego el Gobierno estaría en condiciones de ser sometido a votación de los senadores, aunque no están actualmente garantizados los dos tercios de los votos necesarios para designarlo juez de la Corte Suprema.El Gobierno sigue insistiendo con la idea de que avancen juntos los dos pliegos de Lijo y García-Mansilla. Pero este último tiene solo 6 firmas en su dictamen y es indigerible para el kirchnerismo.La misma semana en que la justicia confirmó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, un enviado de la expresidenta visitó al asesor presidencial Santiago Caputo con la siguiente propuesta: el kirchnerismo estaba de acuerdo con apoyar a Lijo y ayudar a que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se transforme en Procurador, pero el oficialismo debía bajar el pliego de García-Mansilla y reemplazarlo por María de los Ángeles Sacnun, exsenadora de Santa Fe, valorada por Cristina Kirchner.Caputo rechazó la oferta porque sigue siendo el objetivo del Gobierno que avancen juntos ambos pliegos, el de Lijo y García-Mansilla. Y se afirma en la decisión de enviar los pliegos de ambos por decreto cuando el Congreso entre en receso, como lo habilita el artículo 19 de la Constitución Nacional. Las sesiones ordinarias terminan esta semana. Los tiempos se acortan.La amenaza de nombrarlos por decreto está más firme que nunca y, en efecto, Santiago Caputo tiene la convicción que en 2025 la Corte Suprema de Justicia tendrá cinco integrantes, a como dé lugar: Lijo y García-Mansilla llegarán con los votos del Senado o serán designados por decreto en comisión por un año.En el Ministerio de Justicia, el viceministro Amerio que ejecuta las directivas de Santiago Caputo, tiene la instrucción de seguir con la estrategia inicial; reunir los votos de los senadores para los dictámenes y eventualmente conversar con el kirchnerismo para una eventual ampliación de la Corte Suprema a cambio de los votos necesarios para aprobar los nombres en el Senado.Los escenarios que describen en el gobierno son tres: o los pliegos se votan en el Senado; o los pliegos se envían por decreto en el receso del Congreso; o se retiran, y esta última opción, no está en carpeta, por lo que se trabaja en las otras dos alternativas.En el Gobierno, dijeron a LA NACION, que "la Corte no está diseñada para funcionar con tres jueces, es un esquema anormal, que no es deseable". Se refieren a las dos vacantes que se abrirán a partir de diciembre, cuando se jubile Juan Carlos Maqueda. "La Corte no puede quedar incompleta; con tres jueces queda complicada en su funcionamiento porque obliga a recurrir a conjueces", insistieron esta semana en la Casa Rosada para abonar la estrategia del nombramiento por decreto.En el Poder Judicial relativizan esos problemas. Sostiene que la Corte tiene "aceitado" el sorteo de conjueces cuando no hay una mayoría para sacar los casos importantes.No obstante, en la Casa Rosada responden que están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance para evitarlo. Por eso es una posibilidad cierta y firme: si no hay avances en los pliegos de García-Mansilla y Lijo en el Senado, serán nombrados en comisión por decreto.La firma de Corpacci es la evidencia de que las conversaciones con el kirchnerismo siguen sobre la mesa. Una alta fuente del gobierno habló de intermitencias en la intensidad de las negociaciones.Las charlas entre los enviados del kirchnerismo se dan con Caputo, mientras Amerio recibe y visita a gobernadores y senadores. Sobre todo, a aquellos senadores que responde necesariamente a un gobernador o donde perciben diferencias en el bloque de Unión por la Patria, donde una veintena dicen que tienen libertad de acción y no responden a Cristina Kirchner.Mientras tanto, en el Palacio de los Tribunales, en el cuarto piso, los jueces de la Corte Suprema miran con expectativa las negociaciones políticas que se desarrollan en el Congreso y la Casa Rosada. Con Juan Carlos Maqueda ya de salida, les quedan cuatro semanas para firmar las sentencias, en las que tienen mayoría de tres votos.De hecho este jueves pasado, en el último acuerdo, se firmaron mas de 600 fallos. Y se espera que las próximas semanas salgan fallos en causas complicadas y de impacto político o judicial, aprovechando que aún están los cuatro ministros en funciones.Cuando se anunció el nombre de Lijo como candidato a la Corte, el Gobierno mencionó que quien acercó su nombre al presidente Javier Milei fue el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que está enfrentado con sus colegas Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda. De hecho el propio Lijo trabajó para reunir los votos de los senadores.Por eso ahora, ante la emergencia en que se encuentra el Gobierno, que ve acercarse a la próxima semana el fin de la sesiones ordinarias y esgrime la amenaza de los pliegos por decreto, murmuran en la Corte que "el estratega se equivocó". El mismo optimismo tenía el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.

Si Milei nombra a los jueces de la Corte por decreto aumentará la "ajuricidad", dijo el juez Slokar

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, afirmó que negar que el nombramiento de jueces por parte del poder Legislativo es uno de los pilares de la división de poderes es "un regreso a un absolutismo autocrático". Leer más

La motosierra llegó al Fondo Nacional de las Artes: qué dice el decreto firmado por Javier Milei

El Decreto 1029/24 firmado por el Presidente implementó una profunda reestructuración del Fondo Nacional de la Artes. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger Leer más

La oposición insiste con rechazar el decreto sobre canje de deuda mientras los dialoguistas buscarán reabrir el diálogo por el presupuesto

Frente al escenario de intransigencia que plantea el Gobierno, que dejó trascender que no avanzará en el debate del presupuesto 2025 si los gobernadores aliados de Pro y de la UCR no deponen sus demandas, el sector más duro de la oposición decidió cortar por lo sano y convocó nuevamente, esta vez el martes próximo, a rechazar uno de los decretos dilectos del ministro de Economía Luis Caputo: el que le permite realizar canjes de deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso.La sesión especial fue convocada para el martes próximo -en la última semana previo al cierre de las sesiones ordinarias- y es impulsada por legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que aglutina a los radicales críticos del oficialismo. Será el segundo intento tras haber fracasado el jueves pasado en reunir el quorum ante la reticencia de los gobernadores aliados de llevar la ofensiva al extremo.Sin embargo, tras la súbita decisión del oficialismo de suspender la firma del dictamen del presupuesto, sumada a la versión de que el Poder Ejecutivo no incluiría este tema en sesiones extraordinarias del Congreso, los ánimos de los gobernadores se caldearon.Durante una reunión por zoom que mantuvieron este miércoles con los jefes de bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo; de Pro, Cristian Ritondo, y de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, los mandatarios provinciales hicieron una larga catarsis y analizaron las vías de acción disponibles para presionar al Gobierno a sentarse a negociar el texto del presupuesto. Como primera medida intentarán que el oficialismo reabra la vía del diálogo y, por esa razón, no suscribieron -aún- el pedido de sesión especial de la oposición dura. "Los próximos días van a ser claves: vamos a intentar que el oficialismo recapacite y no cierre el Congreso sin agotar las negociaciones -relató uno de los legisladores presentes en el encuentro-. Si el Gobierno no reacciona, volveremos a reunirnos para evaluar cómo seguir. En ese escenario no descartamos nada, desde convocar a una sesión especial para discutir el presupuesto hasta presionar con el rechazo al decreto 846 como última instancia."Otro de los legisladores que participó del encuentro relató que los gobernadores no quieren llevar los niveles de tensión al extremo y que buscarán, hasta el lunes próximo, reabrir las negociaciones. "Por ahora parece difícil", se sinceró.Los gobernadores de la UCR y de Pro sintetizan sus demandas en cinco puntos: que se acuerde un mecanismo que garantice el financiamiento de las 13 cajas de jubilaciones no transferidas a la Anses (este año las transferencias fueron nulas) y el pago de las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.Además, reclaman que la Nación elimine las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles, que están dirigidas a obras públicas y transporte; aducen que estos fondos están subejecutados y piden que vuelvan a las provincias. Además, promueven la reducción del presupuesto de la AFIP (actual ARCA), que se nutre del 1,9% de toda la recaudación tributaria y aduanera, y la coparticipación de los Aportes de los Aportes del Tesoro (ATN) que la Nación concentra pero no reparte entre las provincias.Desde la Casa Rosada esgrimen que las demandas de los gobernadores implicarían un impacto fiscal de 3700 millones de dólares. "El año próximo dejaremos de recaudar $10.000 millones por la caída del impuesto PAIS. No entienden que no hay plata", repiten, y agregan que los mandatarios provinciales reciben actualmente, por coparticipación, unos 40 mil millones de dólares, cifra que podría trepar a 57 mil millones si la economía crece cinco puntos, como prevén las estimaciones oficiales.Desde las provincias replican que la Nación concentra recursos que les corresponde a las provincias. "Es fácil llenarse la boca con el superávit fiscal cortándole a las provincias lo que les corresponde por ley y quedándose con fondos que se deben ejecutar", despotrica un ministro de Hacienda provincial.

Un decreto del Gobierno habilita una nueva forma de comprar los remedios sin receta en las farmacias

Permite que ahora todos los medicamentos de venta libre sean ubicados en las góndolas.Es para que la gente elija el que crea más conveniente sin mediación del farmacéutico.Admiten que la medida será aplicable sólo en locales que disponen de esa infraestructura.

Putin firmó un decreto que habilita el uso de armas nucleares en ataque convencional contra Rusia

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este martes una doctrina nuclear revisada que declara que un ataque convencional contra Rusia por parte de cualquier nación que esté apoyada por una potencia nuclear será considerado una agresión conjunta contra su país. Con este cambio lo que el líder ruso autoriza es que cualquier ofensiva aérea masiva pueda desencadenar una respuesta nuclear.La medida se conoce luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que el gobierno de Volodimir Zelensky ataque objetivos dentro de Rusia con misiles de mayor alcance suministrados por su país. Y llega en el día 1000 desde del inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022.Tras conocerse la noticia desde el Kremlin indicaron que ampliar el ámbito de uso de las armas nucleares en Rusia es una respuesta "necesaria" ante lo que Putin considera "amenazas" de Occidente a la seguridad de su país. "Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual", declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov.Noticia en desarrolloAgencias AP y AFP

Surgen trabas inesperadas al plan de Milei de nombrar por decreto en la Corte a Lijo y García-Mansilla

El Presidente necesitaría que Rosatti les tome juramento. ¿Lo haría?Los dos candidatos objetarían la forma.

Renovación de la Corte | El Senado, en pie de guerra ante la posibilidad de que Milei nombre jueces por decreto

Si algo faltaba para complicar aún más el ya de por sí complejo trámite de los pliegos que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, el rumor no desmentido por Javier Milei de que el Poder Ejecutivo podría nombrar por decreto a los dos postulantes cayó muy mal en gran parte de los bloques del Senado, en particular en el sector kirchnerista de la bancada de Unión por la Patria.Con la piel sensible por las malas noticias que acumuló durante la semana en la que la Cámara de Casación confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la posibilidad de que Milei eluda la debida aprobación del Congreso para designar a sus candidatos en el máximo tribunal de Justicia no hizo más que endurecer la negativa de los legisladores que responden al Instituto Patria a darle luz verde a Lijo y García-Mansilla.Se entiende el malestar kirchnerista. Si los pliegos se encuentran estancados en la Comisión de Acuerdos desde fines de agosto es porque el Gobierno se viene negando a aceptar las presiones del principal bloque de oposición en la Cámara alta, que exige designar a una mujer de lealtad irreprochable al peronismo en la Corte Suprema a cambio de sumar su apoyo para que, al menos uno de los dos postulantes, puedan alcanzar los dos tercios de los votos de los presentes que exige la Constitución para darle acuerdo a un juez supremo.Pero la versión del nombramiento por decreto suma un obstáculo más a la negociación política, ya que el kirchnerismo hizo punta a la hora de criticar a Mauricio Macri cuando siguió ese camino en diciembre de 2015 con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz."Es una decisión propia de un dictador", sentenció en aquel entonces la diputada Juliana Di Tullio (Buenos Aires), hoy miembro conspicuo de la conducción de la bancada de Unión por la Patria de la Cámara alta. De hecho, la senadora bonaerense se encargó de traer el recuerdo de aquel incidente durante las audiencias públicas en las que Lijo y García-Mansilla defendieron sus nominaciones ante la Comisión de Acuerdos.Repasar las versiones taquigráficas de esas audiencias cobra hoy una relevancia distinta a la luz de los rumores que el propio Gobierno se encargó de lanzar al ruedo y que Milei no se preocupó por desmentir cuando, en un reportaje radial, le preguntaron en dos oportunidades si desmentía la veracidad de esas versiones.En su presentación del pasado 28 de agosto, García-Mansilla fue obligado por el kirchnerismo -Di Tullio y la mendocina Anabel Fernández Sagasti lo apestillaron sobre el punto en dos oportunidades distintas- a dar una definición sobre la decisión adoptada por Macri a poco de haber asumido la presidencia de la Nación.La definición de García-MansillaLa respuesta del abogado y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Austral fue reveladora. "Hay determinadas medidas que son constitucionales, pero dependiendo del contexto en el que se tomen pueden generar una afectación. Por eso, la respuesta es que no aceptaría una designación en comisión", replicó García-Mansilla.En otras palabras, el postulante a reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que debería abandonar la Corte el próximo 29 de diciembre, cuando cumplirá 75 años, dijo con absoluta claridad que no está dispuesto a jurar como miembro del máximo tribunal si su designación se produjera por decreto y no por el proceso establecido por la Constitución.Una semana antes, Lijo tuvo la suerte de que nadie le preguntara en su audiencia pública sobre la designación de jueces en la Corte por decreto del Poder Ejecutivo. Eran otros tiempos, todavía en ese momento el juez federal era, según el rumor que nadie desmentía, el candidato que el Gobierno había elegido para convencer al kirchnerismo de votar a los dos postulantes y los senadores de Unión por la Patria no fueron tan incisivos como lo serían siete días después con García-Mansilla.El rechazo a una eventual designación por decreto de jueces en la Corte también encontró eco en el radicalismo, aunque en un sector de la bancada del centenario partido, sobre todo aquellos que tienen lazos con gobernadores de sus provincias, prefirieron guardar silencio y no anticipar opinión. "Es algo que no corresponde, que no está previsto en la Constitución, pero no me sorprende la actitud que pueda tener el Presidente, que hace caso omiso a la Constitución", afirmó Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) ante la consulta de este diario.El legislador, que fue de los pocos radicales que había anticipado su rechazo a la nominación de Lijo, le pidió a Milei que reflexione y que evite cometer el mismo error del líder de Pro. "Espero que respete la institucionalidad, así como Macri nombró jueces por decreto, fue cuestionado y tuvo que revertirlo, espero que aprenda de ese error que cometió Macri, ya que tanto se junta a comer asado con él, y no haga lo mismo", remató Blanco.En el Pro también primó el silencio, aunque el rumor no hizo más que sumar inquietud e incertidumbre en la bancada que preside Luis Juez (Córdoba). "Se llevan puestas las instituciones; no sería la señal de fortaleza institucional que está requiriendo un cuerpo como la Corte", opinó un legislador de la escudería amarilla ante la consulta sobre el eventual uso de un decreto para designar jueces en el máximo tribunal del país.El problema es más grave para Pro, que quedaría atrapado en una encrucijada entre la decisión del expresidente de rechazar el pliego de Lijo y su ejemplo de hace nueve años, cuando abrió el camino que hoy quiere seguir Milei. "Me encantaría saber qué va a hacer, qué va a decir Macri si designan a los jueces por decreto", se preguntó un senador, deseoso de ver cómo se las arreglaría el exjefe del Estado para salir de este atolladero.

Pro vuelve a la carga contra el decreto de Milei que limita el acceso a la información pública y pide remover a una funcionaria

Después de haber colaborado con el gobierno de Javier Milei a debilitar la ofensiva opositora en la Cámara de Diputados que intenta limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y derogar el decreto 846 -que flexibiliza las condiciones para canjear deuda-, la fuerza que lidera Mauricio Macri decidió volver a la carga para que el Presidente revea la reglamentación "restrictiva" de la ley de acceso a la información pública, que fue sancionada durante la gestión de Cambiemos.En un nuevo intento de reforzar su agenda parlamentaria para preservar la identidad de Pro ante la posibilidad de que Milei termine de absorber su base de sustentación electoral, los diputados nacionales del macrismo presentaron un proyecto de resolución para reclamarle al Poder Ejecutivo que inicie el proceso de remoción de Beatriz de Anchorena, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), a quien acusan de haber incurrido en la causal de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después de las frustradas negociaciones para que el Gobierno revise el decreto 780/24, que fijó nuevos límites a los datos que pueden ser solicitados a través de la ley de acceso a la información pública, la bancada de Diputados que conduce Cristian Ritondo optó por redoblar la presión contra la Casa Rosada.Vialidad | La secuencia de mensajes que revelan el rol de Cristina Kirchner en la defraudaciónLos planteos para modificar la norma llegaron a oídos de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, durante las reuniones de coordinación parlamentaria de los lunes en Balcarce 50, y de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico, quien trabajó en la redacción del decreto 780 y responde a Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente. Sin embargo, las tratativas para consensuar una modificación se estancaron. Frustrados, los diputados amarillos retomaron la ofensiva por la vía legislativa. "Que alguien se haga cargo", dijeron en la cúpula de Pro.Con ese trasfondo, los macristas optaron en las últimas horas por apuntar contra De Anchorena, quien, durante su exposición del 8 de octubre último ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, aseguró que no "redactó ni avaló" el decreto reglamentario que estableció que deben preservarse los datos del ámbito "privado" de los funcionarios.Con Silvana Giudici a la cabeza, los diputados de Pro se mostraron insatisfechos con las explicaciones que brindó la funcionaria, designada por Alberto Fernández en marzo de 2022 al frente de la AAIP. De Anchorena, una politóloga que supo integrar el Instituto Patria, la usina de Cristina Kirchner, tiene mandato hasta 2027. Para removerla de su cargo se requiere de la intervención del Congreso. Según el artículo 27 de la ley 27.275, el Poder Ejecutivo debe iniciar el procedimiento de apartamiento de la directora de la agencia y darle intervención a una comisión bicameral del parlamento, la cual debe emitir un dictamen vinculante.A diferencia de Karina Banfi, vicetitular de la bancada de la UCR, quien propone derogar el decreto reglamentario ante la resistencia de Milei a dar marcha atrás y atender los reclamos de la oposición, Giudici sostiene que la agencia que preside De Anchorena tiene la competencia para modificar la ley de Acceso a la Información Pública, que Macri considera como un activo de su gestión nacional, o dictar normas interpretativas. "Lo estudiamos, pero no hay forma de derogar un decreto reglamentario. Sería inmiscuirse en otro poder o abrir la puerta para que el kirchnerismo pueda bajar decretos simples", argumentan en la bancada de Ritondo.Durante su exposición ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), De Anchorena reconoció que no intervino de manera "formal" en el expediente y que elevó el asunto sin que la Agencia emitiera un dictamen técnico-jurídico o una resolución. Además, sostuvo que la Dirección de Contenido y Normativa de la AAIP "redactó comentarios sobre los puntos críticos del decreto a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible una reunión".Giudici, quien protagonizó este miércoles un tenso cruce con Maximiliano Ferraro durante el debate sobre la regulación de las apuestas online, interpreta que la funcionaria no puede desconocer su responsabilidad en la elaboración del decreto de reglamentación. "Aun advirtiendo que la materia del Decreto 780/2024 era de su competencia, y el mismo podría resultar contrario, o excesivo a lo reglado por la Ley 27.275, la misma no dio cumplimiento con su intervención legal para realizar las observaciones pertinentes, ni realizó, posteriormente, ninguna presentación o intervención en el marco de sus funciones donde las expresara formalmente", fundamentaron los diputados de Pro en el proyecto de resolución.Por lo tanto, las espadas legislativas de Pro creen que el accionar de De Anchorena configura un "grave incumplimiento de los deberes" de funcionario público. Dado que la jefa de la AAIP admitió que no intervino en el proceso, Giudici, una dirigente cercana a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, subraya que el trámite que derivó en la elaboración del decreto 780/2024 quedó "viciado de nulidad". En consecuencia, insisten en Pro, ese decreto de Milei debe "adecuarse y sostenerse a lo estrictamente establecido en la norma de origen". Es decir, reclaman que Milei revise su decisión y la propia AAIP modifique la medida para preservar el espíritu original de la ley 27.275, que Macri considera una de las banderas de su administración nacional.La nueva norma que dictó Milei establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario". También introduce el concepto de "buena fe", que permite sanciones a quienes la Justicia considere que abusan de los pedidos de acceso a la información. En el macrismo entienden que el decreto 780/2024, que firmaron Francos y Milei, "representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia". La medida también despertó el rechazo de organizaciones de la sociedad civil especializadas, como Fopea y Poder Ciudadano.Incómodo ante la disyuntiva política que plantea Milei a Pro, Macri decidió reforzar el pedido al Gobierno para que fortalezca la institucionalidad. Después de la cumbre de la mesa ejecutiva del lunes, el bloque de Ritondo elevó junto con La Libertad Avanza y la bancada de la UCR, que conduce Rodrigo de Loredo, un pedido de sesión especial para el miércoles próximo con el objetivo de darle media sanción a los proyectos de Ficha Limpia, el voto de argentinos en el exterior y la reforma del Código Penal en materia de reincidencia y reiteración. Es parte de la lista de iniciativas que Ritondo había llevado a Karina Milei durante la cumbre del 9 de septiembre pasado en la Casa Rosada.Pese a que representantes de Pro presentaron varios proyectos para modificar la ley que regula el tratamiento de los DNU en el Congreso, los macristas estimaron que podían pagar un costo excesivo ante su electorado si se sumaban a la ofensiva de la UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal para limitar el uso de esa herramienta. Interpretaron que no era el momento para modificar una norma que podría afectar la gobernabilidad de Milei, quien no controla ninguna de las dos cámaras del Congreso. El lunes también evaluaron que Pro podía perder poder de fuego en la negociación con el Gobierno si la oposición avanzaba con la reforma. "Nuestra fortaleza está en Diputados, en el Senado solo tenemos siete senadores", admiten en el macrismo.Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro.— Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 13, 2024Entre tanto, la Casa Rosada hizo un gesto para contentar a sus socios de Pro. Los altos mandos del partido están al tanto de una reunión entre el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y Ritondo para conversar sobre los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores que enviará el Poder Ejecutivo al Senado. En el encuentro del lunes también participó -de manera virtual- el exministro de Justicia Germán Garavano, uno de los consejeros judiciales de Macri. En la cúpula de Pro pretendían revisar los nombres de los candidatos para ocupar vacantes en puestos estratégicos de la Justicia.

El PRO pidió remover a la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública tras el polémico decreto

A través de un proyecto encabezado por Silvana Giudici, el espacio solicitó apartar a Beatriz Anchorena por sus explicaciones acerca de la norma que establece una serie de restricciones al acceso a la información pública. Leer más

La oposición no logró quórum y la sesión en Diputados para tratar el decreto se postergó

La oposición decidió levantar la sesión en Diputados para discutir la ley del DNU, lo que llevó a su suspensión por falta de quórum. Leer más

Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: la oposición busca sesionar en Diputados para modificar la ley del DNU y rechazar el decreto de canje de deuda

Dicen tener los votos, pero el Gobierno busca que no haya quórum.La sesión está convocada para este martes a las 16.Ayer, a última hora, el PRO se alineó con el oficialismo.

El Gobierno planea "cerrar el Congreso" si se rechaza el decreto 846 en la cámara de Diputados

"Se va a cerrar el Congreso porque lo más importante es mantener esta capacidad que tiene Caputo de renegociar la deuda", detalló el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel. Leer más

Sturzenegger explicó los alcances del decreto que desreguló el servicio de correos

En una publicación de este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de correos con el objetivo de ampliar la oferta de courriers, entre otros servicios. "Es un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico", dijo Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en un posteo en el que se propuso explicar los alcances del decreto 1005 firmado por Javier Milei.Me gustaría explicar los alcances del Decreto 1005/24, firmado por el presidente @JMilei, que desregula el mercado de correos y encomiendas postales, un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico. El correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahoraâ?¦— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2024Para detallar la importancia de la nueva medida dispuesta por la gestión, Sturzenegger hizo un breve repaso por la historia, a la que calificó de "interesante". "En el siglo XVIII, el correo era una herramienta para integrar una nación. Así, la Constitución de los EE. UU. establecía como una de las obligaciones del gobierno federal la gestión de los correos. Nuestra constitución se lo delegó al Congreso en su Art. 75. El gobierno de [el expresidente, Juan Carlos] Onganía (que armó el sistema de las castas) emitió la ley 20.216 que establecía el monopolio absoluto del correo oficial", repasó.Sturzenegger dijo que, "entre otras barbaridades", esa medida le permitía no entregar la correspondencia que consideraba que podía contener información impropia o abrir aquella en caso de sospechar de sus contenidos. "Como una suerte de 1984, a esa ley no le interesaban los usuarios, sino el control del Estado de la información que manejaban sus ciudadanos", criticó.El ministro, en su cuenta de la red social X, prosiguió: "Por suerte, llegó la onda desreguladora de los 90 y Domingo Cavallo, con el decreto 1187/93, suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector. Sin embargo, persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de complicados sistemas de registración y habilitación. Como siempre estos sistemas son eminentemente anti pymes y anti innovación".Sturzenegger dijo que el decreto que lleva la firma de Milei elimina estas trabas porque no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. "En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; el negocio pasa a ser libre", agregó."Se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal. La no exigencia de comprobar vehículos en mensajería urbana implica que cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas", detalló.La desregulación del servicio de correoLos objetivos del decreto aprobado por el Gobierno son fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio. Para ser operador postal las personas jurídicas deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera electrónica, gratuita y declarativa. Ese trámite se realizará una sola vez al inicio de la actividad y podrán iniciar automáticamente sus actividades a partir de los cinco días desde entonces.Los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad.Con esta medida se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.En un inicio, el correo formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

"Superpoderes" a Caputo: la oposición amenaza con rechazar el decreto que amplía las facultades para canjear deuda

El Congreso amenaza con propinarle un duro cachetazo al ministro de Economía, Luis Caputo. Este martes la oposición en la Cámara de Diputados buscará rechazar el DNU 846/2024 por el cual el ministro pretende flexibilizar las condiciones para canjear deuda en moneda extranjera; si el kirchnerismo en el Senado avanza en idéntico sentido -como ya anticipó- y voltea el decreto, Caputo se quedará sin la herramienta para sortear, con más facilidad, los duros vencimientos del año próximo.La oposición advierte que el decreto en cuestión le otorga "superpoderes" al ministro Caputo para los futuros canjes de deuda, ya que lo libera de las exigencias que fija la ley de administración financiera en cuanto a mejorar montos, plazos y/o intereses a favor del Estado (al menos dos de estas tres condiciones). Con este decreto, el ministro podrá renegociar deuda en condiciones de mercado -no a su valor nominal- sin los criterios que fija la ley ni pasar por el Congreso, sostienen.La alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri, en fase crítica: "ya cumplimos" con el Gobierno, dicen en ProEl escenario para 2025 es complejo. Según los datos de la consultora Quantum, el Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por US$17.285 millones entre capital e intereses, de los cuales 55% corresponde a títulos públicos y 45% a obligaciones con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID.La preocupación de los opositores -ya advertida por expertos en finanzas- es que, con el decreto, el Gobierno estaría habilitado -por ejemplo- a estirar los plazos de vencimiento de la deuda -por la debilidad de las reservas- ofreciendo títulos con mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de la deuda reestructurada.Ante este peligro, tanto en el bloque de Encuentro Federal como en el radicalismo crítico del Gobierno proponen rechazar el decreto y, durante la discusión del proyecto de presupuesto 2025 -todavía en ciernes-, reformular el artículo que se refiere a esta cuestión."El Poder Ejecutivo podrá realizar reestructuraciones y/o canjes de deuda siempre que no aumente el valor presente de la deuda -es la propuesta de Encuentro Federal-. En cambio, un canje que aumente el valor presente deberá ser específicamente autorizado por el Congreso".Presión a los gobernadoresEl Gobierno, sin embargo, apuesta a mantener vigente el decreto sin las limitaciones que, sabe, le impondrá la oposición en el presupuesto. Cuando los opositores formalizaron su intención de derogar el DNU el martes próximo en sesión especial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, accionó todas las alarmas para boicotear la ofensiva.La preocupación del oficialismo es máxima. Los opositores no solo pretenden voltear el decreto 846; en el temario sumaron el proyecto de ley para limitar el uso constitucional del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sobre este último punto el Gobierno no demuestra demasiada inquietud, ya que no darían los tiempos parlamentarios para que el Senado sancione la ley (restan tres semanas para que finalice el período ordinario). Además, el Presidente la puede vetar, lo que ya anticipó que hará.En cambio, el rechazo del DNU 846 sería letal para la estrategia financiera de Caputo. Frente a un pronunciamiento en ese sentido del Congreso, el Poder Ejecutivo nada puede hacer, salvo publicarlo en el Boletín Oficial.Menem, encargado de frustrar la ofensiva opositora, comenzó por aplicar el manual: presionar a los gobernadores aliados para que sus legisladores no avalen el rechazo del DNU. Por medio de sus voceros hizo trascender que, de lo contrario, las modificaciones que esperan incorporar en el presupuesto 2025 serán ignoradas.Luis Caputo con José Del Rio - Comunidad de NegociosEn rigor de verdad, el Gobierno se limitó hasta ahora a recibir las demandas de los mandatarios provinciales dialoguistas, pero no se comprometió a conceder nada todavía. El petitorio de los gobernadores consta de cinco puntos: que el presupuesto oficialice la transferencia ya acordada de las obras públicas nacionales a las provincias (con los respectivos fondos); que se acuerde un mecanismo para financiar las cajas previsionales no transferidas a la Anses, y que se eliminen las asignaciones específicas del impuesto a los combustibles afectadas a obras y subsidios al transporte (estos fondos están subejecutados por la Nación y los gobernadores pretenden que se giren a las provincias).Asimismo, los mandatarios provinciales reclaman el pago de la compensación del Pacto Fiscal firmado en el 2017 y que se distribuyan entre las provincias los fondos coparticipables que la Nación retiene para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)."Hasta ahora el resultado de las negociaciones fue magro. La semana que viene va a ser clave", deslizan los legisladores que negocian con la Casa Rosada en nombre de los gobernadores.Milei y el dilema del opositor deseadoEn medio de este juego de presiones mutuas, la oposición propone derogar el decreto 846, clave para el Gobierno. Los convocantes a la sesión ruegan que los gobernadores de sus espacios no claudiquen: les advierten que si el decreto sigue vigente, el Gobierno no tendrá incentivo -como viene demostrando hasta ahora- para sancionar el presupuesto 2025."Si logramos rechazar en ambas cámaras este DNU, el Gobierno va a estar obligado a sentarse a negociar con los gobernadores la ley de Presupuesto, donde podrá abordarse la reestructuración de la deuda pero sin cheque en blanco a Caputo", insisten.

Nueva ofensiva. La oposición insiste en derogar el decreto presidencial que limita el acceso a la información pública

Ante la decisión del Poder Ejecutivo de no dar marcha atrás con el decreto presidencial 780/24 que restringe el acceso a la información pública, un amplio sector de la oposición -con la UCR como punta de lanza- quiere avanzar con la derogación de la medida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.La ofensiva se llevaría adelante luego de varias semanas de negociaciones infructuosas que mantuvieron representantes de los distintos bloques y delegados del Poder Ejecutivo, encabezados por María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico e ideóloga del decreto. La funcionaria actúa bajo órdenes directas de Santiago Caputo, el asesor de mayor confianza del presidente Javier Milei y máximo responsable de la estrategia comunicacional del Gobierno."Frente a un decreto que ya es operativo y está cercenando el acceso a la información pública, el Congreso debe dar una señal clara ante la Justicia. Estamos frente a un decreto a todas luces inconstitucional: el Poder Ejecutivo no puede reglamentar una norma arrogándose una facultad que le corresponde a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es autónoma y autárquica", explicó Karina Banfi, vicejefa del bloque.Banfi se enrola en el sector dialoguista del radicalismo que encabeza Rodrigo De Loredo, quien acompaña su iniciativa de derogación. Participó, junto a Silvana Giudici (Pro), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Carolina Gaillard (Unión por la Patria), Juan López (Coalición Cívica) y Cristian Castillo (Frente de Izquierda) en las reuniones con los delegados de la Casa Rosada para intentar acordar una salida que deje sin efecto el polémico decreto. Pese a la presión opositora, el Gobierno se mantiene renuente.No solo la oposición cuestiona el decreto; decenas de organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la medida desnaturaliza la ley 27.275 pues impone excepciones restrictivas o discrecionales respecto de lo que se considera información pública o privada. En efecto, el decreto establece que el Estado no está obligado a dar los datos que "por su propia naturaleza" hacen "al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica", una categoría no prevista en la norma que regula el proceso.Diferencias con PROA pocas semanas del fin del año parlamentario, la ansiedad de los opositores es creciente. Banfi le reclamó ayer al oficialismo que la Comisión de Asuntos Constitucionales, que comanda el libertario Nicolás Mayoraz, se reúna cuanto antes para abocarse al tema; su planteo, sin embargo, no tuvo eco. Frente a esta encerrona y con el reloj corriendo, los opositores planean o bien emplazar al oficialismo para que convoque a la comisión de manera urgente o bien plantear, en la próxima sesión, la derogación lisa y llana del decreto.Esta última alternativa, sin embargo, no garantiza éxito ya que, sin dictamen, el proyecto necesitará una mayoría agravada. "Es difícil que alcancemos los votos", admiten los opositores.La jugada solo podría prosperar si Pro sumara sus voluntades. Después de todo, la ley de acceso a la información pública se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri y es una de sus normas dilectas. Sin embargo, en el bloque que conduce Cristian Ritondo creen que la derogación del decreto no es la solución."El Congreso no puede, con una ley, derogar un decreto", insiste la diputada Giudici, para quien la mejor alternativa es que la medida sea modificada por la propia Agencia de Acceso a la Información, que es el área natural que debe dar solución al problema.Sin embargo, dicha Agencia no da señales en ese sentido y su titular Beatriz Anchorena -designada por el expresidente Alberto Fernández- prefiere desentenderse del entuerto, lo que desató la furia de Giudici."En un acto irregular, Anchorena giró el expediente al Poder Ejecutivo para que éste avanzara en su proyecto de decreto, cuando la reglamentación era de su estricta competencia. Cometió una falta muy grave y el decreto está viciado de nulidad. Ahora corresponde que éste sea modificado por la misma Agencia", enfatizó.

"El que calla, otorga": las claves del decreto que busca desburocratizar los trámites en el Estado

El Gobierno comunicó cómo se implementará el decreto, que viene a reemplazar un esquema de 1972 de "silencio administrativo negativo".

El silencio "positivo", Milei eufórico y ¿un decreto para Lijo?; Cristina, Kicillof y la cáscara vacía

El Gobierno busca anular el peso del Congreso y aprovechar el "veranito" financiero.Antes de fin de año Mariano Cúneo Libarona sería reemplazado por Sebastián Amerio, su segundo.

Un decreto con olor a negociado

Son seis parcelas en Puerto Norte que suman 80 mil metros cuadrados. Para la exintendenta Fein es "un negocio para los amigos".

El Gobierno por decreto busca terminar con los cargos por herencia en el Estado

Javier Milei prepara una nueva medida que anunciaría en las próximas horas: el fin de los cargos hereditarios en el Estado. Leer más

Nuevo decreto de Milei: un Golpe más al Derecho de Refugio

Ante el aumento de solicitudes de refugiados, el gobierno modificó la ley existente argumentando que abre las puertas al terrorismo internacional. La procedencia de los solicitantes es de países latinoamericanos y en quinto puesto, rusos. Se reduce a 5 días el tiempo de apelar en caso de ser denegado. Leer más

Un decreto presidencial puso fin a una insólita situación en la embajada argentina en Viena

Durante dos meses hubo dos embajadores en forma simultánea, uno que ocupó el cargo sin decreto de confirmación y el saliente no quería dejar la sede.

El Gobierno volvió a utilizar "Día de la Raza" pese a un decreto de Cristina que le cambió el nombre en 2010

En un nuevo 12 de octubre, el Gobierno decidió desoír el decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en 2010, cuando cambió el nombre de la fecha patria por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y volvió a la vieja denominación de Día de la Raza. Lo presentó así en la gacetilla oficial y en un video que se publicó en las cuentas de la Casa Rosada, y que después compartió el presidente Javier Milei, como así también en los mensajes que dejaron funcionarios, como la canciller Diana Mondino.En estos materiales que salieron desde el Ejecutivo, asimismo exaltaron la figura de Cristóbal Colón, el navegante español cuyo rol con respecto a las poblaciones originarias se puso en cuestionamiento sobre todo en las épocas del kirchnerismo.En las redes oficiales de Balcarce 50 postearon un video, que luego compartió Milei en su muro, que comienza con el arribo de las tres carabelas. "Con la llegada de Cristóbal Colón a América se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América", indicó una voz en off sobre imágenes de la conquista. Además, en el mensaje de la administración de Milei dijeron que el desembarco de Colón "representó un cambio de paradigma global" y que el navegante fue "símbolo de la expansión y el progreso". Sobre él acotaron: "Nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización". Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. pic.twitter.com/ZPYvP0UcFN— Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2024Pero no fue solo eso. "Cada 12 de octubre se recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos. Esta fecha evoca el momento histórico en que España consolidaba su identidad como Estado y comenzaba a expandir su cultura a América con el llamado 'Descubrimiento'. Más allá de un evento geopolítico, este día ha evolucionado para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura", aseguraron desde el Ejecutivo en la gacetilla oficial que titularon Día de la Raza.Recordaron, además, que esta forma de llamar a la fecha fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, como "una celebración que uniese a España e Iberoamérica" y que en 1917 el expresidente argentino Hipólito Yrigoyen la declaró "fiesta nacional". No obstante, la gestión mileísta dejó de lado el decreto 1584 emitido por Cristina Kirchner en 2010 para cambiar el nombre. "Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, queriendo destacar y rememorar las muertes de los pueblos originarios, y dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos", destacó esa normativa, que desde ahí en adelante selló el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.En la jornada de este año, en cambio, en la publicación de la Casa Rosada dijeron que "el Día de la Raza es un reflejo de los lazos culturales y humanos que han perdurado entre España y América a lo largo de los siglos" y, asimismo, "una ocasión para reflexionar sobre los valores compartidos que unen a los pueblos de habla hispana, mostrando que, más allá de las fronteras políticas, existe una profunda unidad cultural y lingüística que sigue vigente".Para cerraron acotaron: "Este día es una oportunidad para celebrar ese legado común, mirando al pasado con orgullo y al futuro con esperanza, en un mundo cada vez más interconectado". Tras esto, distintos personajes del oficialismo se sumaron al viejo concepto. "¡Feliz día de la raza!", tuiteó Mondino, al igual que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Feliz día de la raza!— Diana Mondino (@DianaMondino) October 12, 2024Se sumó el presidente del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, siempre más polémico. "Feliz día de la raza", dijo. Pero le sumó un dibujo de representantes de pueblos originarios que asesinaron a otro de los suyos y que ven la llegada de los españoles. "Oh, mira, ahí viene la extrema derecha", dice la representación, en boca de los primeros pobladores y con alta carga irónica. Feliz Día de la Raza pic.twitter.com/5gKhf1cvap— Agustín Romo (@agustinromm) October 12, 2024

Javier Milei cambia por decreto el nombre del CCK: pasará a llamarse Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento

El Presidente realizará un acto este sábado para oficializar el cambio de nombre del ex Correo Central, meses después del anuncio que realizó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Leer más

Por decreto, el Gobierno le cambia el nombre al CCK, que pasa a llamarse Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento

Meses después de que el vocero presidencial Manuel Adorni informara que el Centro Cultural Kirchner (CCK) cambiaría de nombre, el presidente Javeir Milei anunció ayer en su cuenta de X que el CCK llevará el nombre de Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, como ya lo llamaban varios funcionarios, entre ellos, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli. "El Gobierno oficializa el cambio de nombre del CCK por PALACIO LIBERTAD y celebra un acto con la presencia del Presidente Milei -se lee en la red social-. Este sábado una orquesta sinfónica tocará el himno a Domingo Faustino Sarmiento. Los trabajadores del lugar ya están sacando toda la cartelería. VLLC!".El Gobierno oficializa el cambio de nombre del CCK por PALACIO LIBERTAD y celebra un acto con la presencia del Presidente Milei. Este sábado una orquesta sinfónica tocará el himno a Domingo Faustino Sarmiento.Los trabajadores del lugar ya están sacando toda la cartelería.VLLC! pic.twitter.com/1QMmusJu0Q— Javier Milei (@JMileiElecto) October 9, 2024El sábado se conmemora el 150° aniversario del final de la presidencia de Sarmiento (1868-1874). Ese día, en una ceremonia exclusiva para miembros del gabinete e invitados, se celebrará a las 19 el acto de cambio de nombre, que se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de Casa Rosada. La prensa que se acredite puede acceder a un sector en explanada, pero no ingresar al -ahora sí- ex CCK.Como pasaba con el CCK, en el nuevo nombre del centro cultural más importante del país resuenan ecos partidarios, en esta ocasión, de La Libertad Avanza. El Gobierno lidera la "batalla cultural" en distintos frentes, incluido el simbólico. El cambio de nombre se hizo por decreto de necesidad y urgencia, y no por ley, un día después de que el Gobierno lograra sostener el veto al financiamiento universitario con el apoyo de legisladores justicialistas y de Juntos por el Cambio."Cari-manos": rescatan de un archivo retratos de grandes personajes de la cultura argentinaEl oficialismo concreta así otra de las aspiraciones que el macrismo no pudo realizar durante su gobierno, cuando intentó reemplazar el nombre del CCK. Desde la Secretaría de Cultura informaron a LA NACION que los cambios en el edificio (la fachada, por ejemplo, donde aún se lee "Centro Cultural Kirchner") comenzarían a verse de manera gradual.Horas después del triunfo en las urnas de LLA, en noviembre de 2023, el diputado provincial Agustín Romo había propuesto el nombre de Julio Argentino Roca para el CCK. Otros sugirieron que se llamara Astor Piazzolla, René Favaloro, Jorge Luis Borges o que se volviera a usar el nombre original -Centro Cultural del Bicentenario- que el kirchnerismo sustituyó en 2012 por ley 26.794. En marzo, por primera vez, Adorni anunció que harían el cambio y en mayo por primera vez se habló de Palacio Libertad.

Por decreto, Javier Milei le cambia el nombre al CCK: desde este jueves el centro cultural se llamará Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento

La modificación será oficializada a la medianoche en el Boletín Oficial.El Presidente hará un acto el próximo sábado en el hall del ex Correo Central.

Por decreto del gobernador, los funcionarios de San Luis deberán someterse a un narcotest

En una medida poco común, el gobierno de San Luis dispuso que todos los funcionarios del Ejecutivo deberán someterse a un "narcotest". Tras la firma del decreto, el gobernador Claudio Poggi invitó a los demás poderes públicos a sumarse a la iniciativa."Tiene que ver con la ejemplaridad y la coherencia que deben ostentar quienes ejercemos políticas públicas", sostuvo el mandatario provincial.Según publicó el portal elpuntano.com, Poggi lamentó la imposibilidad de alcanzar el consenso entre los distintos espacios políticos para que esta disposición pudiera convertirse en ley y alcanzar también al Poder Legislativo y al Judicial.En tanto, el titular del gobierno provincial advirtió que, en caso de que algún funcionario tenga resultados positivos en las pruebas, se procederá a otro examen que hará "una institución pública independiente" y -si se confirma el diagnóstico- "cesará en su función"."Son controles para ayudarlos en su trabajo, se harán de una manera aleatoria, incluso podría ser por sorteo, con total reserva de identidad y evitando la discrecionalidad", remarcó Poggi, quien apunta a tener "un amplio control del personal de la salud pública, el policial y del Servicio Penitenciario.Ejemplificadora decisión del gobernador de San Luis @claudiojpoggi: estableció la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo para determinar la presencia de sustancias ilegales -mientras dure la función pública- de las máximas autoridades políticas provinciales. pic.twitter.com/8thU6GN2Q2— Julio Cobos (@juliocobos) October 8, 2024De acuerdo a la información oficial, "la legislación vigente se aplicará en cada área para ayudar a quien dé positivo en su recuperación, con licencias o las medidas que se deban tomar de acuerdo a la reglamentación de cada cartera, tanto la de Seguridad como la de Salud".Puntualmente, en el texto oficial, Poggi instó "a aplicar similares controles toxicológicos en los otros poderes del Estado: al Poder Judicial, a sus magistrados y a sus funcionarios; al Legislativo, a sus diputados y senadores; al Tribunal de Cuentas, a sus vocales y funcionarios; y a los intendentes y a sus funcionarios.Desde la provincia vecina de Mendoza, el diputado radical Julio Cobos celebró el proyecto y definió como "ejemplificadora" la decisión de la administración puntana, que "estableció la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo para determinar la presencia de sustancias ilegales -mientras dure la función pública- de las máximas autoridades políticas provinciales"."Esta medida es un gran ejemplo a seguir por todos los poderes y por el resto de las provincias, como una forma de aportar en la lucha contra el narcotráfico. Espero que Mendoza avance en igual sentido e incluso que lo discutamos en el Congreso de la Nación", escribió el exvicepresidente en su cuenta de X.

Diputada del PRO sumó críticas al decreto de Milei que reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública

Silvana Giudici cuestionó este martes a la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz Anchorena, diciendo que "no puede ahora desconocer su responsabilidad en la elaboración" del decreto 780/24. Leer más

San Luis: por decreto, todos los funcionarios públicos deberán someterse a un narcotest aleatorio

Lo dispuso el gobernador Claudio Poggi, luego de no lograr consenso en la Legislatura.Los exámenes toxicológicos podrían ser por sorteo.El mandatario invitó a otros poderes del Estado provincial a replicar la medida.

"Falencias": Milei eliminó por decreto un fondo fiduciario de casi $15.000 millones para protección de bosques nativos

CÓRDOBA.- Por decreto y en una medida en que se incluyeron varios fondos fiduciarios, la administración de Javier Milei eliminó el destinado a la "Protección Ambiental de los Bosques Nativos" (Fobosque) que para este año es de $14.710 millones (el mismo monto que en 2023, más los intereses generados por esos recursos). Ya hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la necesidad de "defender y reforzar la importancia de mantener el fideicomiso". También unas 25 entidades ambientales se expresaron en el mismo sentido. Alertaron que se pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias. El Gobierno, que tomó la medida con el argumento de la ley bases, argumentó, entre otras cosas, que se observaron "falencias".Hace unos días, la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, planteó que una eliminación del fondo provocaría "un enorme perjuicio a las provincias y a beneficiarios de la Ley de Bosques que mantienen bosques nativos y reciben una compensación por los servicios ambientales que estos prestan". La funcionaria, que fue presidenta del Cofema tres períodos, subrayó que "esto representaría un retroceso en la política de conservación de los bosques nativos que hoy, en el contexto de la crisis climática, es una de las más urgentes, prioritarias y necesarias". Dejó en claro que existe una "gran preocupación" en todas las provincias. Récord: las importaciones de soja de septiembre marcaron un registro histórico para ese mesLa medida adoptada por el Gobierno no sorprende porque ya se venía barajando la posibilidad y, además, porque es pública su posición de rechazo a las políticas que tratan de frenar el cambio climático, tema que ni siquiera mencionó en su última presentación ante Naciones Unidas.El fideicomiso se creó en 2018 a través de la ley 27.431; funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se estableció que las partidas presupuestarias "no podrán ser inferiores al 0,3%" del total; 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal y préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e Internacionales. Además, de donaciones, ventas de servicios y o publicaciones. El proyecto de presupuesto 2025 que hoy empieza a tratarse en el Congreso le asignó al fideicomiso $9090 millones y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $909.090 millones. Desde Greenpeace remarcan que esos montos son "apenas al 2,5% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente", una situación que se viene repitiendo hace varios años.Ese fiduciario permitía administrar los fondos destinados a la Ley de Bosques Nativos, tanto los que se destinan a las autoridades locales de aplicación, como los que financian las compensaciones a las personas titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos (art. 35, Ley 26.331), y el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos implementado por la autoridad nacional de aplicación.En el decreto de Milei, que lleva el número 888, se consigna que "en el caso del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), previo a la transferencia al Tesoro Nacional de las sumas resultantes, corresponderá la aplicación de las sumas de dinero de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 26.331â?³. Es la norma de protección de los bosques nativos.Respecto de los fundamentos de la medida, el decreto consignó que "del Informe de Auditoría realizado al efecto por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) surgen importantes observaciones respecto del desenvolvimiento del referido Fondo"."Que, entre otras cuestiones, en dicho Informe se señalaron deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) originalmente aprobados", dice el decreto. Agrega: "Que, asimismo, del aludido informe surge un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores y la inexistencia de un Manual Operativo".Situación"La falta de fondos pone en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales que hacen las provincias, ya que el 30% del presupuesto de la Ley de Bosques se destina a apoyo institucional de las mismas para esa función. Es grave teniendo en cuenta que más de la mitad de los desmontes son ilegales, y es por eso que venimos reclamando se penalicen", dijo a LA NACION Hernán Giardini, responsable del área de Bosques de Greenpeace.Encontrá acá toda la información sobre los próximos remates ganaderos Por su lado, unas 25 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado hace unas semanas, pidiendo conocer el "proyecto superador" si se eliminaba el fiduciario. Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, repasó que en mayo solicitaron a la Subsecretaría de Ambiente de Nación información relativa a los fondos destinados para la implementación de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. "Este pedido de información aun no fue respondido hasta la fecha", añadió.

Petro firmó decreto con nuevas directrices para el uso de fuerza por parte de la Policía: estos son los cambios

La nueva normativa prohíbe a la Policía Nacional emplear fuerza letal para proteger objetos de menor valor que la vida. El enfoque busca el respeto a los derechos humanos

Gobernar por decreto

Hay una deformación del sistema republicano de gobierno definida como "hiperpresidencialismo", que consiste en una excesiva acumulación de poderes y de prerrogativas en la figura del Presidente.

David Luna dice que decreto de Ministerio de vivienda para subsidiar casas usadas es "mala idea"

El senador del partido Cambio Radical realizó un hilo en su cuenta de X en el que argumenta que por medio de dicha iniciativa se "golpearía" al empleo constructor además argumenta que se aumentaría el precio de los arriendos