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Kicillof tiene preparado el decreto para desdoblar las elecciones, pero aún espera negociar la fecha con el kirchnerismo
LA PLATA.- El decreto para desdoblar las elecciones de la provincia de Buenos Aires ya está redactado. Aunque el gobernador Axel Kicillof espera poder negociar con sus socios de Unión por la Patria (UP) antes de firmarlo. El mandatario aspira a que esos comicios provinciales se adelante y considera que la fecha ideal sería el 13 de agosto, revelaron a LA NACION fuentes de la administración bonaerense.Pero no firmará el decreto de manera unilateral, a menos que la Legislatura opte por convocar a elecciones concurrentes de manera inconsulta con el Poder Ejecutivo. Hay referentes de La Cámpora y del Frente Renovador que intentar consensuar la jugada con La Libertad Avanza y Pro. E introducir ese artículo a último momento, junto a la suspensión de las PASO.En ese caso aparecerá el decreto, seguramente con una fecha previa a la elección general del 26 de octubre. El dato se filtró desde la Casa de Gobierno en La Plata justo cuando el círculo allegado de la expresidenta Cristina Kirchner alzó la voz para advertir está dispuesta a jugar fuerte. El kirchnerismo reclama que sea la Legislatura la que fije fecha de los comicios provinciales.Teresa García, presidenta del bloque de senadores de UP, llegó a deslizar que sería "inconstitucional" que esa fecha la fije el Poder Ejecutivo y no la Legislatura. García es secretaria del Partido Justicialista nacional, que encabeza Cristina Kirchner. E invocó en público a la expresidenta para argumentar a favor de que la Legislatura fije las elecciones provinciales, concurrentes con las nacionales, el 26 de octubre.En La Plata, la tensión entre Kicillof y Cristina ya no se oculta. Y cada vez hay muestras de una mayor pulseada por la conducción del proceso electoral, antes que por un acuerdo. El jueves, de hecho, Kicillof se mostrará en público a pocas cuadras de la Cámara de Diputados, donde se debaten cinco proyectos para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.El acto está convocado una hora después de la sesión, lo que no es causal. El gobernador está dispuesto a fijar posición casi en sintonía con la Cámara baja presidida por un hombre de Sergio Massa, Alexis Guerrera, y ante un bloque de UP con mayoría de La Cámpora que busca marcarle la cancha al titular del Poder Ejecutivo.Guerrera anunció que el jueves se votará la suspensión de las PASO. "Hay prácticamente unanimidad", dijo el jefe de Gabinete, Carlos Bianco en las últimas horas. Sólo los legisladores de izquierda y de Juan Grabois se opondrían, manifestó. También hay un sector de la UCR reacio a acompañar, pero de igual modo se podría llegar a los dos tercios de los votos en caso que UP llegue a un acuerdo sobre ese punto.Hay consenso mayoritario para suspender las primarias, pero en el interior del bloque de UP persisten posturas contrarias por la fecha que debería establecerse para votar legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La pulseada es tan fuerte que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo (en primera minoría desde el bloque de UP en el Senado) se arrogan la facultad constitucional de fijar esa fecha.El Gobernador seguirá con atención los movimientos de la Cámara de Diputados. Y en caso que se vote algún proyecto que además de suspender las PASO, convoque a elecciones generales, -concurrentes el 26 de octubre- hará conocer su decreto. Es una tensa pulseada, por la conducción del PJ, bajo discusiones constitucionales como argumentos formales para sostener el enfrentamiento.El poder Ejecutivo invoca el artículo artículo 144, inciso 7, otorga atribución al Ejecutivo en materia electoral. Allí tiene ancla Kicillof para el decreto redactado para convocar a elecciones desdobladas. Pero hay otros artículos con materia electoral: el 61 establece que la Legislatura dictará la ley electoral. Y el 83 dice que 'Las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años, en la fecha que la ley establezca.' Estos puntos son invocados por García para sugerir que podría ser "inconstitucional" un decreto del Gobernador.Este proyecto irritó al Poder Ejecutivo bonaerense, que hasta ahora no se atrevía siquiera a pensar en desdoblar sin que antes se eliminen las PASO. Menos aún si eso suponía antes ir a una primaria con el kirchnerismo. Hoy nada está descartado cerca del Gobernador. Tampoco ir internas antes de comicios desdoblados, en caso que el kirchnerismo se atornille a la idea de sólo suspender las primarias atadas a fijar fecha de elecciones concurrentes. "Si es necesario se votará tres veces", se oyó decir al caer la tarde en la Gobernación.
Kicillof prepara el decreto para desdoblar la elección si la Legislatura no suspende las PASO esta semana
El golpe por golpe es total dentro del peronismo bonaerense. En La Plata hablan de la inviabilidad de hacer una elección concurrente, como pide el kirchnerismo. El jueves hay sesión en la Cámara de Diputados
El Gobierno acelera el decreto sobre nuevas universidades para aprobarlo antes del verano
Sheinbaum pone fecha a firma de decreto para condonar "deudas impagables" de maestros al FOVISSSTE
La presidenta anunció que con el decreto también comenzará la construcción de viviendas por parte del FOVISSSTE
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Petro lanzó pulla a Donald Trump por su idea de recuperar el control del Canal de Panamá: "Promoveremos un decreto que proteja su soberanía"
El jefe de Estado se reunió con su homólogo del vecino país para discutir asuntos migratorios y de transición energética
Mariano Altamirano, vinculado al asesinato de Paul Flores de Armonía 10, ya había sido condenado por extorsión, pero fue liberado por decreto de Dina Boluarte
El joven vinculado al atentado del bus perteneciente a la conocida agrupación musical de cumbia ya había sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión. Sin embargo, se acogió al Decreto Legislativo 1585 emitido por el actual Gobierno
Ayuso recurre ante el Constitucional el decreto de reubicación de menores migrantes
Así firmó Clara Brugada decreto de prohibición de corridas de toros con violencia en CDMX
La mandataria capitalina celebró el acto y expresó que con esto se protegerá a los animales y erradicación de la violencia
El Gobierno prepara un decreto para alentar el voto argentino en el exterior
Con la mente puesta en las elecciones legislativas de octubre, pero sobre todo en las presidenciales de 2027, el gobierno de Javier Milei puso sus ojos en los casi dos millones de argentinos que residen en el Exterior.Según pudo saber LA NACION, y a través de la Cancillería y la jefatura de gabinete, el Gobierno prepara una serie de reformas por decreto para regular y promover una mayor participación electoral en el Exterior, que ha orillado entre un 5 y un 10 por ciento del padrón en promedio en las últimas citas electorales de los países con población de argentinos, y que en el balotaje de 2023 se inclinó, en su mayoría, por el candidato de La Libertad Avanza.Fernando Espinoza irá a juicio oral acusado de haber abusado sexualmente de una secretaria privadaEl objetivo principal del proyecto, por ahora en forma de borrador, tiende a facilitar la logística para que los argentinos que así lo deseen, puedan votar. La obligación de llegar en forma personal a los consulados, muchas veces distantes a cientos de kilómetros de sus domicilios, disuade a muchos eventuales votantes a la hora de concretar el sufragio, recuerdan fuentes oficiales.La idea, cuentan funcionarios con acceso al proyecto, es la de quitar o morigerar esas trabas, a fin de aumentar el caudal de votantes, y de paso, subir el porcentaje de eventuales apoyos al Gobierno. La reposición del voto por correo es una de las iniciativas que evalúan en el Poder Ejecutivo.Durante la gestión de Cambiemos, el Ministerio del Interior que encabezaba Rogelio Frigerio llevó adelante, vía decreto, un empadronamiento automático para aquellos argentinos que hubiesen realizado su cambio de domicilio. En segundo lugar, se estableció el voto por correo, que se sumaba como posibilidad al voto presencial, con el objetivo de atraer el voto de argentinos en Estados Unidos y España (los dos países con más inmigrantes argentinos), al tope de una larga lista. Ambas iniciativas, salidas de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior que encabezaba Adrián Pérez, estuvieron vigentes hasta que el gobierno de Alberto Fernández las derogó.Ahora, el proyecto que diseñan en el Palacio San Martín y la Casa Rosada le daría la competencia a la Cámara Nacional Electoral para que implemente el voto por correo, comentó otra fuente al tanto de las discusiones. A la vez, según pudo saber LA NACION, desde la Cancillería se envió semanas atrás una circular a los consulados para que recuerden a sus ciudadanos en el Exterior que no podrán votar si no tienen el cambio de domicilio ya realizado, un trámite que demora la aparición en el padrón aproximadamente seis meses. Se trata de un dato clave, ya que solo un treinta por ciento de los argentinos que viven en el Exterior suelen tener sus papeles al día y el cambio de domicilio hecho.Estadísticas y antecedentesEl voto en el exterior es de carácter voluntario, y fue establecido por ley durante el menemismo, en 1993. Permite sufragar en las elecciones nacionales a todos los ciudadanos argentinos inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.Un dato concreto alienta las iniciativas oficialistas: según encuestas recientes, como la de la empresa zr/desjardins, consultora de la firma Quality Group, casi ocho de cada diez argentinos que viven fuera del país de modo permanente aprueban el rumbo económico del Gobierno, y son optimistas en relación al futuro del país.En las legislativas de 2013 votaron menos de 4000 argentinos en el exterior. En 2017, ya con el empadronamiento automático (unos 360.000 electores), votaron cerca de 15.000. En las presidenciales de 2019 que dieron el triunfo al Frente de Todos, votaron casi 50.000 personas, y aunque la mayoría fue presencial, casi 10.000 de ellos votaron por correo. En las legislativas de 2021, en las cuales Milei fue electo diputado nacional, se revirtió la tendencia y el caudal de votantes disminuyó notablemente a poco más de 17.000, aunque en 2023 hubo mayoría de votos para la Libertad Avanza. Un ejemplo: en Madrid y Barcelona, Milei obtuvo el apoyo de más del 65 por ciento de los votantes en la segunda vuelta contra el peronista Sergio Massa.En respuesta a las consultas de la oposición, el jefe de gabinete Guillermo Francos dio algunos datos concretos durante su exposición en el Congreso. "Se ha considerado el padrón electoral de 2023 (450.697) como base cierta y, aplicando un índice de 4 a 1 sobre el mismo, se infiere una comunidad potencial de 1.803.000 ciudadanos argentinos residiendo en el exterior en el año 2023â?³, fue la explicación de Francos, a fines de noviembre."Es difícil que el voto en el Exterior defina una elección presidencial. Pero suelen tener peso en las categorías de legisladores cuando hay paridad", analiza un funcionario del gobierno de Cambiemos, atento a los cambios que, desde el Poder Ejecutivo, apuntan a recibir ansiados votos de argentinos desde distintos rincones del mundo.
García-Mansilla defendió la legalidad de su designación por decreto en la Corte
El juez Manuel García-Mansilla defendió ante la justicia la "legalidad" de su designación por decreto como juez de la Corte de Justicia.Al presentar un escrito ante el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, que analiza la constitucionalidad del decreto presidencial que lo designó, García-Mansilla dijo que no se advierte "ilegalidad manifiesta" en esa norma y, por lo tanto, no puede prosperar el recurso de amparo que pretende su nulidad.Asimismo, dijo que las ONGs que pretenden impugnar ese decreto no están legitimadas para accionar ante la justicia.Noticia en desarollo
Las pruebas clave que enfrentará Daniel Quintero el 25 de marzo por escándalo de Aguas Vivas en Medellín: "Ese decreto puso en bandeja de plata el terreno"
Funcionarios y excolaboradores revelan presiones, cambios en el equipo jurídico y decisiones que habrían favorecido intereses privados. La Fiscalía avanza en la imputación contra el exalcalde y 12 exfuncionarios por presuntas irregularidades en la gestión del predio
Clavijo dice no tener "miedo" a los recursos del PP con el decreto ley, una norma "muy trabajada" en plano jurídico
Moreno sopesa recurrir el decreto de reubicación de menores migrantes, aunque lo cumplirá
Alcaldía publicó decreto sobre el toque de queda para menores en Cali: esto es lo que dice la medida
En respuesta a la violencia en el oriente de la capital vallecaucana, la Alcaldía pretende proteger a los menores de edad de situaciones de riesgo y actividades delictivas
Francisco Barbosa criticó duramente a Rtvc y le contestó a Petro: "El primer decreto para expedir el 7 de agosto de 2026 es el desmonte de esa fábrica de mentiras"
El exfiscal General contestó a una publicación del presidente Gustavo Petro en la que defendía al medio de comunicación público, después de que se conocieran recientemente denuncias en contra de Hollman Morris
Trump ordena por decreto cerrar el Departamento de Educación en Estados Unidos
Se espera que lo haga este jueves. Lo considera "derrochador" y contaminado por la ideología progresista.Sin embargo, su desmantelamiento no será fácil.
El Gobierno realizó una serie de cambios en la Ley Nacional de Turismo: qué dice el decreto
El documento, publicado en el Boletín Oficial, establece la disolución del Comité Interministerial de Facilitación Turística y del Programa Nacional de Inversiones Turísticas. También suprime funciones atribuidas a la Secretaría de Turismo, en particular aquellas vinculadas al desembolso de recursos para el incentivo de la actividad.
Qué es un DNU y cómo funciona este decreto en la Argentina
El Decreto de Necesidad y Urgencia: una herramienta clave de la Constitución NacionalPor qué está prohibido el DNU en determinadas áreas.
Acuerdo con el FMI: qué dice el decreto que aprobó la Cámara de Diputados
El oficialismo logró blindar el DNU de Javier Milei que autoriza un nuevo acuerdo con el FMI. Los fondos se usarán para cancelar la deuda con el Banco Central y cubrir vencimientos con el organismo internacional. Leer más
Milei logra aval parlamentario argentino a su decreto para firmar nuevo acuerdo con el FMI
Mineros de Santander hicieron plantón en el Ministerio de Ambiente para que 'tumbe' el decreto que definió zona de reserva en Santurbán
Más de quinientas personas manifestaron en Bogotá pidiendo a la ministra Lena Estrada revisar una medida que consideran amenazante para su sustento y su futuro
DNU del FMI en Diputados, EN VIVO: el debate en el Congreso por el decreto de Javier Milei y el acuerdo con el Fondo este 19 de marzo
A partir de las 10 comienza la sesión que fue convocada por el oficialismo. El Gobierno apuesta a tener los 130 apoyos para blindar el acuerdo.Todas las instancias de la sesión y las novedades de la agenda política, minuto a minuto.
Designaron por decreto al nuevo titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Eduardo Rodolfo Montamat, quien formó parte del organismo como vocal, pasa a ocupar el lugar del magíster en Finanzas Alexis Pirchio
Transición lanza un real decreto para asignar ayudas directas a dos proyectos de hidrógeno
El Ministerio para la Transición Ecológica presenta un real decreto para otorgar fondos del Plan de Recuperación a proyectos de hidrógeno renovable de Airbus y Evolution Synergetique Automotive en el marco del IPCEI Hy2Move
Claudia Sheinbaum emite decreto para fortalecer procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas
Las acciones anunciadas por la presidenta el 17 de marzo ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación
Procuraduría respaldó decreto de conmoción interior en el Catatumbo ante la Corte Constitucional
Gregorio Elijach, en cabeza del Ministerio Público, solicitó al alto tribunal mantener la medida argumentando que la norma se ajusta a la Constitución para enfrentar la escalada de violencia en la región
Clara Brugada compara a Sheinbaum con Lázaro Cárdenas, tras firmar decreto de leyes secundarias de Pemex
Noboa establece por decreto al dólar como "único medio de pago oficial" en Ecuador
Más facilidad para importar autos y autopartes, licencia de conducir digital y peajes inteligentes: modificaron por decreto la Ley de Tránsito
Se publicó este martes en el Boletín Oficial: se trata de una simplificación general que busca abaratar costos, abrir la competencia y modernizar los sistemas de emisión de licencias y cobro de peajes en las rutas. Fue elaborado por el ministerio de Desregulación y la secretaría de Transporte.
Exfiscal Francisco Barbosa invitó a los colombianos a desobedecer decreto de día cívico firmado por Gustavo Petro
El exjefe del organismo de investigación se sumó a los cuestionamientos al decreto 0302 de 2025, con el que el Ejecutivo oficializó la jornada en la que exhorta a las entidades públicas a cesar actividades para salir a marchar por las reformas sociales
Reforma contra maíz transgénico es oficial; Claudia Sheinbaum publica decreto en el DOF
El decreto que modifica los artículos 4 y 27 de la Constitución entrará en vigor el próximo martes 18 de marzo
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Esto dice el decreto de estado de emergencia por 30 días que regirá desde mañana
Luego de ser anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, el documento ya fue publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano
Día cívico en Colombia: este es el decreto con el que el Gobierno Petro oficializó la jornada en la que habrá marchas
A través del documento 0302 del lunes 17 de marzo de 2025, el Ejecutivo le dio marco legal a la iniciativa de declarar jornada especial en Colombia, para que los ciudadanos que deseen respaldar las iniciativas del jefe de Estado lo hagan
Senador de Cambio Radical anunció que demandará decreto del día cívico de Gustavo Petro: "No es el dueño de las calles"
El legislador expresó su rechazo al decreto de un día cívico emitido por el presidente Petro, mediante el cual el mandatario invitó a los colombianos a manifestarse en apoyo a sus reformas
El Gobierno defendió ante la Justicia las designaciones por decreto en la Corte Suprema
Los abogados del Ministerio de Justicia respondieron los pedidos para suspender el decreto 137 de nombramiento de Lijo y García-Mansilla
Sheinbaum firma decreto que prohíbe maíz transgénico en México: ¿De qué va la reforma?
El decreto quedará consignado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el señalamiento de las reformas de los artículos 4 y 27 de la Constitución Política del país
El Gobierno valenciano aprueba el decreto para la prórroga del Presupuesto de la Generalitat de 2024
El Consell establece una prórroga técnica del presupuesto de la Generalitat para 2024, asegurando los fondos necesarios para la recuperación y planificando el nuevo presupuesto para 2025
Podemos no apoyará el decreto de prorroga del impuesto a las energéticas, al incumplirse el pacto de hacerlo permanente
Podemos critica la prórroga del impuesto energético por incumplimiento de acuerdos con el PSOE y rechaza la subida del impuesto al diésel que afecta a las clases trabajadoras
Expectativa por la decisión de Ramos Padilla, quien podría suspender el decreto que nombró a Lijo y García Mansilla
La ex diputada Elisa Carrió hizo un planteo contra la decisión del Presidente de nombrar en comisión a los jueces de la Corte Suprema, y se sumó así a otras tres presentaciones. Esta semana vence el plazo para que el Gobierno defienda el decreto 137
Alcalde de Sincelejo, a la espera del decreto de Gustavo Petro sobre el día cívico del 18 de marzo para acatar decisión: esto dijo
El documento que reglamenta la jornada todavía no ha sido expedido por el Gobierno, pero uno de los mandatarios locales de la Costa Atlántica adelantó que cumplirá lo dispuesto por el jefe de Estado, que convocó a esta jornada para que sus simpatizantes salgan en respaldo de sus reformas
El Gobierno prepara un decreto para desregular el turismo en los parques nacionales
El gobierno de Javier Milei prepara un decreto que avanzará con la desregulación del turismo en los 39 parques nacionales que hay en la Argentina, considerados áreas protegidas. El presidente del organismo estatal, Cristian Larsen, confirmó a LA NACION que junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, coordinaron gestiones para eliminar al menos 12 reglamentos, entre ellos se destaca la no obligatoriedad de la prestación de guías en recorridos convencionales. Fuentes del sector rechazaron la medida debido al impacto laboral y ambiental.La gestión de Larsen -dirigente cercano al diputado de Pro Hernán Lombardi, con carrera en medios públicos y ahora volcado a los libertarios- ya introdujo en octubre del año pasado el aumento del 50% de los precios para el ingreso a los parques con el objetivo de que sean "autosuficientes", en línea con la visión de Milei de bajar el gasto público. Ahora, el funcionario apuesta a desregular reglamentos vinculados al mantenimiento, inversión y el turismo de los parques.Según detalló Larsen a este medio, las más de 12 regulaciones que quiere eliminar tienen que ver con normas de actividades particulares como el reglamento de fotógrafos, de guías turísticos y de prestadores de actividades con caballos. Esto es algo que se viene delineando desde octubre y ya se están ultimando los últimos detalles para que sea publicado en el Boletín Oficial en las próximas semanas.El objetivo para él es claro: "Simplificar la excesiva burocracia en tramitación de los permisos turísticos, estableciendo al mismo tiempo pautas más claras y objetivas en materia de seguridad y cuidado ambiental". Todo esto en sintonía con la gestión de Sturzenegger, que busca desregular y achicar el Estado.El punto más importante, destaca, es la no obligatoriedad de la contratación de guías por parte de las agencias de turismo que desarrollen actividades dentro de los parques, por lo que los turistas podrán recorrer libremente ya sean argentinos o extranjeros, aunque sí será obligatorio en aquellas que sean riesgosas, como el rafting, canotaje y actividades de montaña.Hasta el momento, la intervención de guías está regulada por el Reglamento de Guías de las Áreas Protegidas Nacionales desde el 2011 en parques de difícil acceso, que requieran excursiones o que demanden cuidados complejos; no en todos es obligatorio.Seguimos avanzando en la desregulación y simplificación normativa en Parques Nacionales, brindando más libertad a los turistas y a las empresas. Ahora, la contratación de guías será opcional para actividades convencionales y obligatoria solo para actividades de riesgo comoâ?¦— Cristian Larsen (@CristianGLarsen) March 13, 2025"Con estas modificaciones se procura atraer inversiones privadas para desarrollar el turismo de naturaleza en los Parques Nacionales. Se apunta a la incorporación de nuevos prestadores que ofrezcan más actividades turísticas sustentables para mejorar el servicio y la experiencia que se brinda a los visitantes", dijo Larsen a este diario.Respecto a cómo el Gobierno garantizará el cuidado ambiental con esta desregulación, el funcionario nacional habló de "un turismo de naturaleza sostenible" y que esta desregulación es con el fin de "desarrollar más y mejores servicios cuidando al ambiente".RechazoVarias organizaciones turísticas manifestaron su rechazo, un reclamo que incluyó marchas y pedidos de reunión con intendentes del interior. Desde la organización de Profesionales de Turismo de Chubut (que trabajan en el Parque Nacional los Alerces y Lago Puelo) indicaron que "atenta directamente con los servicios" que brindan los guías.Por su parte, fuentes del sector expresaron a este medio que la decisión de la administración libertaria es "un verdadero atropello a la profesión y un total desconocimiento del rol del guía en el turismo"."Si pensamos en pasajeros libres de visitar parques, sitios y lugares que preservan patrimonios intangibles, especies autóctonas, fauna protegida, y la sola presencia del turista sin la debida conciencia que les hacemos tomar nosotros con nuestra intervención, puede generar basura, incendios, cometer excesos, por el simple hecho de dejarlo librado a su libertad de visitar sin ningún guía", insistieron así sobre el impacto ambiental de la desregulación que pretende Larsen.En tanto, advierten que la medida, que por ahora aplica a parques nacionales, podría implementarse en aquellas áreas protegidas que dependen de las provincias si las autoridades locales lo someten a consideración.Por su parte, desde el Gobierno respondieron a la queja de los guías: "Todas las medidas que implican un cambio del estatus quo generan reacciones. La sobre reglamentación protege a unos pocos en detrimento de la mayoría de los argentinos. Lo hemos visto con infinidad de normas que el ministro Sturzenegger está eliminando o simplificando".
Un juez suspende el decreto de Milei para privatizar el Banco Nación
La Justicia suspendió por seis meses el decreto que transformó al Banco Nación en sociedad anónima
La Justicia suspendió el decreto que transformaba el Banco Nación en sociedad anónima
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla confirmó este viernes la medida cautelar que frenó la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. En un nuevo fallo contra el Gobierno de Javier Milei, la Justicia dice que la medida de la administración libertaria no acreditó que "el ente resulte deficitario, ni demostró el perjuicio concreto que produciría en los contribuyentes o en el funcionamiento del Estado".En su fallo, al que accedió LA NACION, el juez resolvió: "Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos del Decreto 116/2025, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes. Ello, por el plazo de seis meses, conforme lo dispuesto en el art. 5 de la ley 26.854â?³. Además, Ramos Padilla sostuvo que con la transformación del ente, el Poder Ejecutivo "asumiría el riesgo de desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado, que ha tenido un rol fundamental para mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país, como más adelante se desarrollará, así como dejar de prestar funciones esenciales en materia de administración de fondos de jubilaciones y pensiones".Esta decisión se tomó en el marco de una causa iniciada el 11 de junio pasado, en la que se pedía que se declarara "la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA Nº 348 así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización" del Banco Nación. Se trató de un planteo de la Asociación Bancaria, el gremio que reúne a los empleados del sector y que es encabezado por Sergio Palazzo, actual diputado nacional y uno de los interlocutores sindicales de la expresidenta Cristina Kirchner.Noticia en desarrollo
Derrota judicial para Trump: ratifican la suspensión del decreto que pretendía eliminar la ciudadanía por nacimiento
El presidente Donald Trump sufrió otro revés judicial en su intento de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El martes, una corte de apelaciones rechazó la solicitud de su administración de suspender una orden judicial que impide la implementación de su decreto. Esta decisión refuerza la postura de tribunales previos que consideraron inconstitucional la medida del republicano.Tercer revés judicial para Trump en su batalla legalLa Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, rechazó el pedido del gobierno de Trump para detener la medida cautelar emitida por un juez federal en Massachusetts. Dicha orden judicial fue solicitada por fiscales generales demócratas de 18 estados y grupos en defensa de los derechos de los inmigrantes.De acuerdo con Reuters, esta es la tercera vez que un tribunal de apelaciones falla en contra de la administración Trump en este caso. Tribunales del Cuarto Circuito, en Richmond, y del Noveno Circuito, en San Francisco, también rechazaron solicitudes similares en semanas recientes. Se espera que el litigio llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.El decreto Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimientoTrump firmó la orden ejecutiva el 20 de enero, en su primer día de regreso a la presidencia. La norma disponía que los niños nacidos en Estados Unidos después del 19 de febrero no serían ciudadanos si sus padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales.El decreto fue impugnado de inmediato por organizaciones defensoras de los inmigrantes, así como por los fiscales generales de Nueva Jersey y otros estados. Si la medida hubiera sido implementada, se habría negado la ciudadanía a más de 150 mil niños cada año.Fundamentos de la decisión judicial contra TrumpEl juez federal Leo Sorokin, del distrito de Massachusetts, dictaminó que la orden de Trump era inconstitucional. Se basó en la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda. Esta garantiza la nacionalidad a cualquier persona nacida en suelo estadounidense."Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos", se lee en la Enmienda 14. Sorokin citó el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), donde la Corte Suprema estableció que los niños nacidos en EE.UU. tienen derecho a la ciudadanía sin importar el estatus migratorio de sus padres.Argumentos de la Administración Trump y su rechazoLa Administración Trump argumentó que los estados demandantes no tenían legitimidad para impugnar la orden ejecutiva. Sin embargo, el tribunal determinó que los estados sí tenían derecho a demandar debido al impacto financiero que supondría la medida.El juez David Barron, en representación del panel de tres magistrados, explicó que el gobierno de Trump "no presentó un argumento desarrollado" para demostrar que la orden era constitucional. Además, señaló que la medida pretendía "alterar prácticas gubernamentales establecidas por más de un siglo".¿Qué sigue en la batalla legal por la ciudadanía por nacimiento?El caso, conocido como State of New Jersey v. Trump, podría llegar a la Corte Suprema de Justicia, esto si la administración federal vuelve a apelar el fallo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Mientras tanto, las cuatro medidas cautelares impuestas a nivel nacional seguirán bloqueando la implementación del decreto.La Administración Trump, por su parte, continúa en la defensa de su decreto con el argumento de que la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda está equivocada. Sin embargo, con tres tribunales en su contra, su lucha legal enfrenta serios obstáculos en su camino hacia la Corte Suprema, que cuenta con una nueva conformación de mayoría conservadora.
Seis años de plazo: por decreto, crean un plan de regularización de deudas para distribuidoras eléctricas
En el marco del decreto en el que concretó la más reciente modificación al Presupuesto 2025, el Gobierno definió hoy el esquema por el cual apunta a regularizar las millonarias deudas que empresas distribuidoras y cooperativas mantienen con Cammesa, la firma mixta encargada de operar el sistema eléctrico mayorista.Se trata de un régimen mediante el cual el Gobierno apunta a "recomponer la cadena de pagos" del sector eléctrico, que hace años acumula deudas y saldos impagos por parte de distribuidoras. Estas firmas cobraron las tarifas por parte de sus clientes por el servicio y sus consumos, pero al mismo tiempo no pagaban a Cammesa por esa energía recibida. Ese mecanismo, que acumuló saldos pendientes por más de US$1000 millones, también afectaba a toda la cadena, en tanto que Cammesa incurría en deudas con las generadoras.La propuesta alcanza a las deudas que no estuvieran regularizadas hasta el 30 de noviembre de 2024. Para esos saldos remanentes, se creó un esquema que contempla hasta 12 meses de gracia y un pago en hasta seis años (72 cuotas mensuales), con una tasa de interés que será equivalente a hasta el 50% de la que se cobra en el mercado eléctrico mayorista (MEM).A su vez, el esquema creado por el DNU 186/2025 incorpora un "incentivo de buenos pagadores", mediante un régimen de "créditos" que alcanza a distribuidoras y cooperativas que cancelaron la totalidad de las transacciones el año pasado y no tengan deuda no regularizada a diciembre de 2023.El plan de regularización de deudas, confirmado en el DNU, cuenta con la aprobación del directorio de Cammesa, y estipula que las empresas deberán suscribir en el acuerdo de forma particular para acceder a los beneficios. Desde el Gobierno aclararon además que "la adhesión al régimen debe hacerse de manera integral, no pudiendo hacerlo por partes ni condicionado a ninguna ocurrencia de hecho futuro".El esquema creado establece que las distribuidoras que adhieran al régimen perderán todos los beneficios incluidos y serán pasibles de multas en el caso de que no cumplan "en tiempo y forma" con el pago de la facturación corriente con Cammesa. Es decir, impone, además de la cuotificación de saldos pendientes, la obligación de regularidad con los flujos futuros, además de "cualquier otro acuerdo suscripto con anterioridad" al presente régimen.A su vez, se definió que la Secretaría de Energía introducirá "diferentes mecanismos que promuevan la ejecución de inversiones para lograr mejoras en el sistema eléctrico".Según información oficial, las cuatro empresas con mayor deuda acumulada con Cammesa son las distribuidoras que operan en la provincia de Buenos Aires: Edea, Edelap, Eden y Edes, que a diciembre sumaban en conjunto más de $260.000 millones impagos, según informó LA NACION. En tanto, el segmento de cooperativas representaba un rojo ante Cammesa por $350.000 millones.Desde el Gobierno plantean que, hasta diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de Cammesa había caído al 48%, con las cooperativas y distribuidoras que acumulaban ese pasivo argumentando que el atraso tarifario afectaba su funcionamiento y su flujo de caja. "Los importes no cobrados se cubrían con aportes del Tesoro nacional en un círculo vicioso que se traducía en más emisión, más inflación y una descapitalización del sistema eléctrico", afirmaron desde el Gobierno en un comunicado que introduce el nuevo régimen. Allí detallan que la tasa de cobrabilidad actual es del 97%.
Collboni satisfecho de que el TC avale el decreto que permite suprimir pisos turísticos
El Gobierno aumentó por decreto el presupuesto para inteligencia y amplió los gastos reservados
Mientras la protesta por el ajuste a los haberes de los jubilados convertía al Congreso y sus adyacencias en un verdadero infierno de violencia, el gobierno de Javier Milei daba los últimos retoques al decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el que amplió el presupuesto 2025 y le destinó más de $7000 millones de pesos al área de inteligencia. Luego de recordar que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no pudo ser aprobado el año pasado, y considerando que "dada la emergencia, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones", el Gobierno dispuso un amplio abanico de aportes adicionales a áreas como las empresas de energía, pago de créditos a organismos internacionales o al Poder Legislativo. También aparece una ampliación de algo más de $7000 millones en los gastos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre ellos $1650 millones en gastos reservados [no requiere de informar en qué se utilizaron], según lo publicado hoy en el Boletín Oficial. El Gobierno tampoco tuvo ánimo de debatir el proyecto de presupuesto en el Congreso ya que no lo incluyó en el paquete de temas de las sesiones extraordinarias del verano. En el anexo 1 del decreto-firmado por el Presidente y la totalidad de sus ministros-se establecen los aportes adicionales para la SIDE, comandada por Sergio Neifert y donde tiene una gran influencia el asesor presidencial todoterreno Santiago Caputo.El total previsto es de 7.366.286.591, de los cuales 6.344.120.048 corresponden a gastos corrientes y el resto a gastos de personal. El rubro "gastos reservados" aparece en el final del listado de erogaciones presupuestadas, y alcanza los $1.625 millones.Altas fuentes del Gobierno, consultadas por LA NACION, justificaron el aumento en las partidas, y afirmaron que "lo necesario" serían "mil millones de dólares", sin precisar en qué se invertiría tamaña cantidad de dinero. Otras fuentes prefirieron no responder sobre el asunto, y hasta afirmaron que desconocían los detalles del decreto.En agosto pasado, y con el voto de distintos partidos opositores y el Pro de Mauricio Macri, el Congreso rechazó el DNU que asignaba $100.000 millones adicionales al presupuesto de la SIDE, en concepto de gastos reservados. Se trató de un duro golpe al Gobierno, en el primer rechazo a un DNU enviado por el Poder Ejecutivo desde la reforma constitucional de 1994, aunque los fondos habían sido gastados casi en su totalidad en el mes que medió entre la salida del decreto (19 de julio) y su rechazo parlamentario. En diciembre, el Gobierno aceptó la decisión del Congreso y devolvió los $88.000 millones que ya habían sido utilizados.En aquel momento, desde el Gobierno se justificaba la necesidad de aumentar las partidas para la SIDE, con el argumento de hacer más eficaz la lucha contra el crimen y los denominados ciberataques. Para la oposición, en la voz del diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI), "el presupuesto de gastos reservados de $3.194 millones, fue aumentado en $100.000 millones, lo que representa un incremento del 3.131%, el equivalente a más de 350.000 jubilaciones mínimas. La SIDE pasa de tener un presupuesto donde los gastos reservados eran el 8.6% del total, a un presupuesto con 75% de gastos reservados, discrecionales y sin control. 100.000 millones de pesos para espionaje. Para algunas cosas sí hay plata", se quejaba el legislador, que impulsó el rechazo por nulidad del decreto.El actual DNU presidencial, que lleva el número 186/2025, también establece el envío de fondos adicionales al Congreso ($1726 millones, la mayoría para gastos en personal); la jefatura de gabinete ($2500 millones, previstos para el mismo propósito); el Ministerio de Justicia (poco menos de $1000 millones); el Ministerio de Seguridad ($8.860 millones, la mitad en personal, y unos $200 millones en gastos reservados); Salud ($30.000 millones), entre otros rubros.En el anexo 2, el DNU del Gobierno dispone el otorgamiento de avales a distintas provincias para que tomen créditos en dólares para obras. Santa Fe (con tres préstamos por un total de US$ 600 millones), Córdoba (dos préstamos por cerca de US$ 400 millones) y la ciudad de Buenos Aires ( US$ 300 millones) son las administraciones con los montos más elevados.
Gobierno modifica la jornada escolar con un nuevo decreto: estos son los cambios
Las medidas fueron bien recibidas por numerosos maestros, en especial por los docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode)
El Gobierno ultima un decreto para mejorar el sistema de protección de menores tutelados, pero no aborda los centros de vigilancia pese al asesinato de Badajoz
Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia explican que el reglamento podrá servir para "abrir la puerta" a mejorar las condiciones de los trabajadores de este tipo de dispositivos
Gustavo Petro implementará parte de la reforma laboral por decreto tras hundimiento virtual de la iniciativa en el Congreso
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro afirmó que tramitará por decreto lo que se pueda hacer, pero también recurrirá a la consulta popular
Torres duda del apoyo de Junts al decreto de menores migrantes y lamenta que el PP dé "carpetazo" a la reforma de la ley
Ángel Víctor Torres expresa dudas sobre el respaldo de Junts al decreto de menores migrantes y critica al PP por abandonar la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería
Diputados de Unión por la Patria rechazan el acuerdo por decreto con el FMI: "Infames traidores"
El bloque legislativo lanzó un comunicado en contra del DNU 179/2025 que firmó Javier Milei. "Quienes convaliden este mecanismo condenarán al pueblo argentino a más ajuste, hambre y represión", advirtieron. Leer más
Mauricio Macri criticó a Javier Milei el uso de un decreto para el acuerdo con el FMI
El expresidente lamentó la falta de un presupuesto y el uso del decreto en la gestión de Milei, mientras mantiene una relación cordial con el líder libertario. Leer más
El Gobierno se apoya en su plan y el respaldo de Trump para avanzar por decreto con el FMI
WASHINGTON.- La difusión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ofreció un primer y muy escueto vistazo al programa que se prepara para sellar el Gobierno, pero no llegó a despejar todas las dudas sobre el futuro programa y además dejó abierto el interrogante acerca del impacto que tendrá la decisión -novedosa- de la Casa Rosada de buscar el respaldo pleno del Congreso con un decreto en vez de una ley ante la férrea oposición que enfrenta el presidente Javier Milei, sobre todo en el Senado.Aunque el Fondo fue muy claro que la decisión de buscar el respaldo del Congreso responde a una exigencia legal de la Argentina, y no un pedido concreto del organismo, también reiteró uno de sus mensajes más recurrentes: un "amplio apoyo" social y político es crucial para asegurar el éxito del nuevo programa económico. Una rúbrica del Congreso al acuerdo enviaría una señal al board del Fondo de que el plan del Gobierno tiene respaldo, y además el oficialismo tiene la suficiente envergadura política para aprobar reformas e implementar con éxito su hoja de ruta.Macri criticó el decreto para avanzar con el acuerdo con el FMI: "Demuestra la debilidad institucional"Pero la decisión del Gobierno de avanzar con un DNU en vez de una ley conlleva una novedad que planteó el interrogante de si esa estrategia será suficiente para terminar de convencer a los directores del Fondo de firmar un nuevo cheque para la Argentina, el principal deudor del organismo.El expresidente Mauricio Macri dijo que la decisión de mover el acuerdo por el parlamente con un decreto en vez de una ley -una búsqueda de apoyo que su administración nunca ensayó- "demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza". La oposición argentina también ha sido muy crítica con la falta de detalles sobre el nuevo pacto con el Fondo, un mar de dudas que comenzará a despejarse cuando el organismo difunda el acuerdo técnico, o "staff level agreement", que permitirá conocer el monto total y algunas de las políticas acordadas entre el Fondo y el Gobierno.Pero en Washington le restan importancia a los vaivenes y los matices políticos que desató la decisión de avanzar con un decreto en vez de una ley para mostrar respaldo del Congreso al plan oficial. El DNU tiene fuerza de ley, y la Casa Rosada solo necesita la aprobación de una de las cámaras para sostenerlo. Si el Gobierno logra una votación favorable en la Cámara de Diputados -algo factible-, el decreto quedará en pie y la administración libertaria podrá llevarlo al board. El Directorio del Fondo ya aprobó en su momento el plan de Alberto Fernández y Martín Guzmán aun cuando el kirchnerismo de paladar negro, incluidos Máximo Kirchner y Cristina Kirchner, que era vicepresidente, le bajaron el pulgar. Y el Directorio también aprobó el mayor préstamo de la historia del Fondo a Macri, aun cuando la administración macrista nunca buscó el apoyo del Congreso.Superávit y apoyo de TrumpA diferencia de Fernández y Macri, Milei llega al nuevo acuerdo con varios pergaminos: un superávit fiscal consolidado, una baja de la inflación y una recuperación de la economía. Además, Milei ya tomó medidas que están mucho más alineado con las exigencias y las condicionalidades del Fondo que las dos administraciones anteriores. Y una diferencia que no es menor: sea cual sea el monto final del programa, todo indica que será mucho menor al monto que pidieron y obtuvieron Alberto Fernández y Mauricio Macri.Milei cuenta además con una as de espadas en el board: el apoyo del gobierno de Donald Trump. El presidente norteamericano le ha dedicado ya varios elogios públicos, y el Tesoro puso por escrito sus loas al programa económico que lidera el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Estados Unidos es el único país con poder de veto en el directorio, y su respaldo es mucho más determinante que el del resto de los socios más grandes, como Japón o Alemania.Milei también ha cosechado además elogios de la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, que además ha tejido una buena relación con el Presidente en sus encuentros cara a cara y ha dado también continuas muestras de sintonía y apoyo con la política económica oficial.Y un dato sobre el contexto político general en el que se tomará la decisión sobre el préstamo de la Argentina: Trump es el presidente que más decretos firmó en el inicio de su gobierno en la historia, y, de momento, su administración ha ignorado ampliamente al Congreso para implementar las principales medidas de su nueva administración.
Decreto del FMI: qué datos del acuerdo revela y qué omite el DNU que aprueba el futuro préstamo
Aún se desconoce el monto y la tasa.Tampoco despeja la duda de a qué valor se recomprarán las letras del Banco Central.
Mauricio Macri criticó el decreto para avanzar con el acuerdo con el FMI: "Demuestra la debilidad institucional"
SAN NICOLÁS (Enviado especial).- El expresidente Mauricio Macri apoyó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que avanza la gestión de Javier Milei, aunque cuestionó la decisión de hacerlo vía decreto y reforzó sus diferencias con el libertario. "El Gobierno evitó la catástrofe que había dejado puesta Alberto Fernández, bajo la última dirección de [Sergio] Massa, que hizo cosas criminales. Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible. Sería bueno volver a poner el presupuesto sobre la mesa", dijo hoy Macri en la inauguración de Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto que se desarrolla en la ciudad de San Nicolás. Ante una consulta puntual sobre el decreto al que apeló el Presidente, sostuvo: "Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza". Macri dijo que mantiene la buena relación personal con Milei, y evitó definiciones sobre una candidatura propia y sobre la pelea con Patricia Bullrich, que lo acusó la semana pasada de haber administrado la Ciudad de Buenos Aires "como un botín". Señaló que las definiciones políticas vendrán "después del 20â?³, cuando regresará de Bologna, donde viajará para dar clases en una universidad.Aplausos y ovación para Mauricio Macri @mauriciomacri en la EXPOAGRO 2025 pic.twitter.com/fMu2VZa2Kd— Gustavo (@gabruzo) March 10, 2025Las diferencias que planteó Macri con La Libertad Avanza sumán tensión en la disputa electoral en la Ciudad de Buenos Aires, el bastión macrista desde 2007. Las elecciones porteñas son el 18 de mayo, pero el reloj para las definiciones ya comenzó a correr: según el cronograma, el próximo martes deben inscribirse las alianzas y a fin de mes se cierran las listas. Ni Pro ni los libertarios definieron los candidatos para encabezar la lista de legisladores locales, pero una posible alianza se anticipa cada vez más lejana. En su recorrida por Expoagro, Macri se solidarizó con la ciudad de Bahía Blanca, afirmó que el Gobierno debe sentarse a tratar el tema con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof (aunque dijo que no es agradable hablar con el gobernador), y aseveró que la gestión Milei deberá hacer los trabajos necesarios "por obra pública". Lo acompañan, entre otros dirigentes, Francisco Cabrera y el senador de Pro Alfredo De Angeli. Noticia en desarrollo
Qué dice el decreto de Javier Milei sobre el acuerdo con el FMI
Con la firma del presidente Javier Milei y de todos sus ministros, este martes salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto 179/2025, que habilita al Gobierno a sellar un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La polémica con esta medida surgió desde antes de que se rubricara, ya que existe una ley -la de sostenibilidad de la deuda- que exige que haya un proyecto que pase por el Congreso y sea aprobado por las dos Cámaras para que el Poder Ejecutivo logre habilitar cualquier nuevo entendimiento con el organismo.En base a distintos justificativos que aparecen en los considerandos del texto, que no informa el monto, desde la Casa Rosada intentaron detallar por qué hubo "necesidad y urgencia" para sancionar este DNU, que tiene fuerza de ley y que solo con ser refrendado por una de las Cámaras podría quedar validado. Incluso, tanto Diputados como el Senado podrían evitar tratarlo y de esa forma se mantendría vigente tal como salió desde Balcarce 50.Para esta renegociación del acuerdo inicial stand by que la Argentina firmó con el FMI el 20 de junio de 2018 durante el macrismo, y que luego fue reperfilado en las épocas de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentaron una serie de ítems con el objetivo de alegar "circunstancias excepcionales" que le impidieron sacarlo con un proyecto de ley.AntecedentesEn un primer término, en el texto del Decreto 179/2025 desde la Casa Rosada recordaron que operaciones anteriores a esta se enmarcaron en el artículo 60 de la Ley N°24.156, que establece que "en materia de crédito público, no resulta necesaria la sanción de una ley para aquellas operaciones que formalice el Poder Ejecutivo con organismos financieros internacionales de los cuales la Nación forme parte".No obstante, aceptaron la existencia de la Ley N°27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que emanó del Congreso en épocas de Fernández conocida como "ley Guzmán", y que en su artículo 2 dispuso que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de tales programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. Esto sería lo que el Gobierno incumple con el DNU publicado este martes y que despertó la reacción de la oposición.En el contenido del decreto, también hizo un repaso por el año 2022, cuando Guzmán selló su programa de facilidades extendidas con el FMI y fue sancionado por ley del Congreso. Sin embargo, el Gobierno aportó una mirada crítica de lo que pasó con ese pacto a pesar de haber sido respaldado por el Palacio Legislativo y dijo que en la evaluación ex post del FMI -la que se hizo después de finalizada la ejecución del programa-, el "enfoque gradualista" de esa administración "no obtuvo los resultados esperados". Asimismo, dijo que el directorio del organismo tuvo que hacer "dispensas" por la "profundización de los controles cambiarios y de capitales, en contra de las disposiciones del organismo".Entre lo que alegaron, también trazaron un panorama de cómo estaba la economía en 2023, en una "situación crítica", según su visión. Como suele hacer Milei en cada uno de sus discursos, se marcaron las variables económicas de cómo recibieron el Estado y se aseguró que el gobierno actual implementó un "plan de estabilización efectivo", acompañado por un "fuerte ajuste fiscal, una corrección del tipo de cambio oficial para atender los desequilibrios externos y un conjunto de medidas de emergencia", como así también "decisiones orientadas a eliminar el desequilibrio financiero del Sector Público Nacional y el compromiso de eliminar todo tipo de financiamiento monetario del déficit fiscal". Esto para mostrar la implementación de un plan acorde con lo que suele exigir el Fondo.Como parte de los considerandos también se incluye que en el decreto 70/2023 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, y también que en la Ley Bases se determinó la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que les daría un plafón para la "situación excepcional" que los llevó al DNU.En eso, se indica que es "imperativo seguir profundizando" la "flexibilización de los controles cambiarios", en un claro guiño a la necesidad de abandonar el cepo, que el Presidente prometió eliminar este año. "La reconstrucción de la Argentina exige adoptar, de manera sostenida, medidas que permitan consolidar la estabilización de la macroeconomía", según puntualizaron.Complicaciones con las reservasEntonces, ahondaron en el problema de las reservas internacionales netas del Banco Central y en principio indicaron que las recibieron en un nivel negativo de US$11.200.000.000, mientras que "a partir del programa económico implementado" se incrementaron en US$7.034.000.000 al 6 de marzo de 2025. Pese a esto, todavía continúan en rojo. Acto seguido, en el texto del DNU presentaron los motivos por los cuales sería necesario intervenir con fondos frescos del FMI en las reservas del Banco Central, para cambiar las letras intransferibles por deuda con el organismo internacional, y además cancelar las obligaciones del programa sellado en 2022."Es indispensable revertir la situación de las reservas internacionales del Banco Central a través de la cancelación de las Letras Intransferibles del Tesoro Nacional y cancelar las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyos vencimientos operen dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo a celebrarse", enfatizaron. Según el Gobierno, entre 2005 y fines de 2023 (durante el kirchnerismo y el macrismo) se produjo un "grave deterioro en la calidad de los activos del Banco Central", con una creciente participación de los activos vinculados al Tesoro Nacional, a través de las letras intransferibles en dólares. Asimismo, plantearon que con las reformas que se hicieron a la carta orgánica del banco se aumentó la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Estado y de que las reservas se aplicaran a la cancelación de deuda externa oficial bilateral."Los estados contables al 31 de diciembre de 2023 del banco arrojaron un patrimonio neto nulo y un resultado del ejercicio negativo. Es imperioso para el orden público económico cancelar de manera urgente una parte sustancial de la deuda que mantiene el Estado con el Banco Central a fin de mejorar la posición financiera y liquidez de sus reservas internacionales", destacaron, sobre esa deuda del Tesoro que se cancelaría con la plata que llega desde el Fondo. Para dar algunos detalles, adelantaron que para el enroque de las letras en dólares que están en la entidad "se tomarán en cuenta los valores existentes en los mercados o los mecanismos usuales específicos para cada transacción a efectos de la fijación de las operaciones de administración de tales pasivos"."Contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la Argentina al mercado de capitales internacional. La baja calidad del activo del Banco Central impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico", plantearon, siempre para justificar la intervención de la entidad con fondos del FMI."Las referidas limitaciones en el margen de acción de la entidad monetaria se agravan cuando, como en el presente, las restricciones al mercado de cambios deben continuar siendo liberalizadas", dijeron, en otro pasaje vinculado a la salida de los controles cambiarios, y siguieron: "El denominado 'cepo cambiario' reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo. Para impulsar el referido proceso sin comprometer los logros alcanzados es condición necesaria que el Banco Central cuente con un nivel deseable de reservas internacionales que le permitan el pleno ejercicio de sus facultades y obligaciones legales".Según plantearon en el decreto, hay una "estrecha vinculación entre la exigencia de reducir la inflación y el interés de que el Banco Central sea capaz de mantener un balance equilibrado" y acotaron: "La falta de adecuación entre los pasivos de la autoridad monetaria y los activos externos líquidos con los que cuenta para hacerles frente puede repercutir en la disminución del valor esperado de la moneda doméstica y, en consecuencia, en un posible aumento de la inflación". Todo esto último pese a que desde el Gobierno dijeron que no se van a utilizar estos dólares para intervenir en la brecha y así lo dejaron claro en este decreto también, más adelante."Atento al compromiso inclaudicable de esta administración por trabajar en la disminución de la inflación y su posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria", indicaron, tal como había dicho la semana pasada en LN+ el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien refirió que parte de los ingresos del Fondo se utilizarían para eso.Asimismo, dijeron que "para extender el horizonte de vencimientos, despejar la carga de pagos del Tesoro en los próximos años, dar más certidumbre a los tenedores de bonos y afianzar la perspectiva de mejora en la sustentabilidad del proceso de estabilización y crecimiento" es "imprescindible" cancelar las operaciones de crédito de las épocas albertistas. Ese será el otro destino que tendrán los nuevos montos.El acuerdo"A los efectos de llevar adelante lo expuesto, es necesario que el Poder Ejecutivo celebre un acuerdo con el FMI que permita al Estado nacional cancelar parte de la deuda que mantiene con el Banco Central y cancelar las operaciones de crédito público citadas anteriormente", justificaron sobre el nuevo entendimiento, que será -establece el decreto- un Programa de Facilidades Extendidas [EFF, por Extended Fund Facility], la misma figura que en 2022.En base al nuevo pacto, desde el gobierno libertario solo detallaron: "La operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos, y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses. En atención a la decisión del Gobierno de no comprometer su política económica de déficit cero, los fondos recibidos por el Estado por medio del nuevo programa deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y deudas con el FMI". En este pasaje dejaron en claro que, supuestamente, los fondos que lleguen no serán destinados a intervenir en el mercado cambiario, en pleno año electoral. No obstante, no desglosaron en ningún momento los montos que recibirá la Argentina.Por qué por decretoDespués, en el texto de la norma expusieron los motivos para oficializar este acuerdo por decreto y no por ley. Primero, dijeron que la Constitución Nacional determina que al Presidente le corresponde la responsabilidad política de la administración general del país, concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, mientras que al Congreso solo le compete contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior.Luego, intentaron dar de baja el artículo 2 de la ley de sostenibilidad, que es el que exige que el pacto pase por el Congreso como proyecto de ley, y marcaron que esto no implica que el Palacio Legislativo se tenga que hacer cargo "de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular", sino que entendieron que "únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público" que celebre el Gobierno. "Así lo ha interpretado el propio Congreso en 2022 al tratar el Programa de Facilidades Extendidas acordado entre el Poder Ejecutivo y el FMI para la cancelación del acuerdo stand by celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario", indicaron, basándose en el Diario de Sesiones de aquel entonces, ya que citaron intervenciones en ese sentido por parte de distintos diputados -Paula Oliveto, Pedro Galimberti, Luciano Laspina y Mercedes Joury-."La competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley", marcaron desde la Casa Rosada y tras eso detallaron por qué entienden que hay "circunstancias excepcionales" en este caso para ir a través de un DNU. "La necesidad manifiesta de cancelar operaciones de crédito público vigentes con el FMI y cancelar una parte sustancial de la deuda asumida con el Banco Central para fortalecer su posición financiera, garantizar la estabilidad macroeconómica, el acceso de la Argentina a los mercados de crédito internacionales, la disminución de las restricciones cambiarias y la reducción de la inflación hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas a ser celebrado con el referido organismo internacional", sostuvieron como uno de los motivos.Dijeron, además, que la "volatilidad de las variables económicas" que se genera por la "incertidumbre" que provoca la "baja calidad del activo" del Banco Central "impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica".Entonces, enfatizaron que "la gravedad de la situación descripta" -esto aunque los referentes del Gobierno hablan constantemente de los éxitos de estabilización de su plan-, y la necesidad de "solucionar de manera inmediata" el activo del Banco Central y de cancelar deuda con el FMI configuran "circunstancias excepcionales" que justifican el dictado del DNU. Además, que la "exigencia imperiosa" de dictar el decreto "se desprende de la naturaleza de las medidas económicas involucradas, que requieren de su adopción inmediata para evitar el impacto que de otro modo podrían traer consigo en el escenario económico presente". Caputo la semana pasada aseveró que en el Congreso el tratamiento iba a tardar mucho porque el kirchnerismo intentaría voltear el acuerdo en el Senado. Mientras, desde el Gobierno dijeron que las cuestiones de deuda pública no están vedadas por la Constitución para ir por decreto y tildaron a esto como una "práctica institucional consolidada". Indicaron, además, que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso se expidió "a favor de la validez" de los decretos, "bajo el entendimiento de que se encontraban cumplidos los requisitos formales y sustanciales establecidos en la Constitución para su dictado"."De todo lo hasta aquí expuesto se extrae que la presente medida es razonable, se encuentra debidamente motivada y cumple con todos los requisitos formales y sustanciales exigidos por la Constitución y demás normativa aplicable", enfatizaron desde el gobierno de Milei y dijeron que ahora la Comisión Bicameral Permanente del Congreso tiene la competencia para pronunciarse sobre si este decreto es válido o inválido. Después de eso quedaría habilitado para ir a recinto. No obstante, con su sola publicación, el DNU ya entra en vigencia."El presente decreto se dicta en virtud de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por medio del artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución", concluyeron desde la Casa Rosada. Esa parte del texto determina que el Presidente es el "jefe supremo de la Nación" y que está habilitado a emitir disposiciones de carácter legislativo "solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".
Gobierno Petro tendrá que responder en el Congreso por el decreto de conmoción interior en el Catatumbo
Los líderes de las carteras de Agricultura, Defensa, Hacienda y Justicia serán quienes responderán sobre los avances que han tenido los decretos expedidos para enfrentar la ola de violencia que se presenta en el departamento de Norte de Santander
Javier Milei firmó el decreto para sellar el nuevo acuerdo con el FMI
El documento no incluye detalles sobre las características del esperado respaldo del Fondo Monetario, ni precisa el monto del nuevo préstamo con el FMI. Leer más
Los detalles del decreto que habilita un nuevo acuerdo con el FMI: los fundamentos de la medida
El Poder Ejecutivo oficializó, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, la aprobación de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, se esclarecen detalles centrales del mismo, tales como el plazo de reembolso, el monto mismo y para qué se podrá utilizar el dinero que enviará el organismo internacional.El decreto establece que los fondos obtenidos a través del nuevo Programa de Facilidades Extendidas serán destinados a la cancelación de dos tipos de obligaciones: por un lado, las letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del BCRA, priorizando aquellas con vencimientos más próximos; y por otro, los pagos de deuda previamente tomada con el FMI cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.Por otra parte, la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses.La justificación del Ejecutivo para avanzar mediante un DNU radica en la "necesidad manifiesta" de cancelar vencimientos con el FMI y fortalecer la posición financiera del BCRA. En este sentido, se argumenta que mejorar el nivel de reservas internacionales es fundamental para reducir el riesgo país, facilitar el acceso al mercado de crédito y aliviar las restricciones cambiarias. "Contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional", indica el texto de la norma.Según el mismo, "existe una estrecha vinculación entre la exigencia de reducir la inflación y el interés de que el Banco Central de la República Argentina sea capaz de mantener un balance equilibrado". En este contexto, la cancelación de compromisos vigentes busca dotar de mayor margen de maniobra a la autoridad monetaria y reforzar la estabilidad macroeconómica.Por otra parte, en cuanto a las críticas recibidas por el Gobierno en relación a la utilización de la vía del decreto para aprobar la medida, el propio decreto cita antecedentes para respaldar la división de responsabilidades entre el Congreso y el Ejecutivo en materia de endeudamiento.En el texto de la norma se indica que, según lo dispuesto por los artículos 99, incisos 1 y 11, y 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional, "mientras que al Presidente de la Nación le corresponde, entre otras, la responsabilidad política de la administración general del país, concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, al Honorable Congreso de la Nación le compete contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior". En consecuencia, la aprobación del acuerdo con el FMI no requiere la intervención del Congreso en los términos y condiciones del mismo, sino solo la ratificación de la operación de financiamiento.El decreto también señala que, si bien la Constitución establece que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo salvo en circunstancias excepcionales, la urgencia de la medida y la necesidad de garantizar la estabilidad justifican su implementación. En este marco, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso tendrá competencia para analizar la validez del decreto y elevar su dictamen para su eventual tratamiento en ambas cámaras.Finalmente, la norma publicada este martes establece en su artículo 3° que la normativa entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y por todo su Gabinete de ministros: Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.
Javier Milei firmó el decreto del nuevo acuerdo con el FMI: el convenio será a 10 años
El dinero del préstamo será destinado totalmente a cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central. Se espera que el DNU sea genérico y no incluya detalles sobre las características del respaldo esperado del Fondo Monetario. Leer más
El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia para sellar el nuevo acuerdo con el FMI
Cuatro días después del anuncio oficial, el presidente Javier Milei firmó este lunes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin necesidad de que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso.La firma del decreto, anunciada el jueves pasado por el Gobierno a través de un comunicado, busca conseguir "de modo urgente" el respaldo parlamentario para viabilizar los desembolsos por parte del organismo internacional de crédito, en momentos de escasez de dólares y con el objetivo primordial de terminar de derrotar la inflación y salir del cepo cambiario.Los argumentos oficiales, criticados por la oposición y buena parte de los economistas, se centran en que el nuevo acuerdo no implicará un aumento en la deuda argentina, dado que -según argumentan fuentes oficiales- se cambia "deuda vieja por deuda nueva", y a la vez se fortalece al Banco Central."Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central", informó la Oficina del Presidente ese mismo jueves para respaldar la operación, que según fuentes oficiales ya cuenta con el acuerdo del FMI."El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado", explicó el Presidente en una columna publicada en LA NACION, el sábado pasado.Fue el mismo argumento que utilizara el oficialismo el año pasado, a través del DNU que habilitó al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a renegociar deuda sin pasar por el Congreso sin atarse a las condiciones de la "ley Guzmán".El propio Milei había anunciado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, que "dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, en los próximos días" le pediría al Congreso "que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario".No fue, como había trascendido, a través de un proyecto de ley, que hubiera implicado el apoyo de ambas cámaras. Por tratarse de un DNU, alcanzará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que quede vigente.La comisión bicameral de Trámite Legislativo se encargará de revisar el DNU, y está presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto. A partir de la firma, el Gobierno tiene diez días para remitirlo al Congreso y la comisión otros tantos para tratarlo. En caso de que no haya dictamen cumplido ese plazo, quedaría abierto el debate en los recintos de Diputados y el Senado.Entre los argumentos que sostiene la oposición para oponerse al envío del decreto está la denominada "ley Guzmán", aprobada a principios de 2021, y que en su artículo 2 afirma que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". En base a este artículo, distintos economistas alejados de la postura oficial creen que la vía del DNU no podría aplicarse en este caso, y que hace falta una ley. Para el Gobierno, el decreto tiene fuerza de ley, por lo que no habría según su visión, inconvenientes jurídicos para avanzar.El DNU resuelve, la vez, la urgencia del oficialismo, y su imposibilidad de lograr la aprobación legislativa, sobre todo en el Senado y con la previsible oposición del bloque kirchnerista que encabeza José Mayans y responde a la expresidenta Cristina Kirchner. "En Diputados los votos están", afirma otra optimista voz oficial.
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Carlos Mazón solicita respaldo a los portavoces de Les Corts para un decreto que permite la deuda por la dana, excluyendo a Compromís, que exige su dimisión por falta de diálogo
Gobierno catalán impulsará un decreto para facilitar las valoraciones de dependencia y discapacidad
El Govern implementará un sistema de triaje y un programa de contratación temporal para optimizar las valoraciones de dependencia y discapacidad, mejorando la atención en servicios sociales locales
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El Consell autoriza un incremento de deuda de 700 millones de euros para financiar la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre, buscando apoyo unánime en Les Corts para su ratificación
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El nuevo real decreto de subvenciones en cooperación internacional tiene como objetivo mejorar la transparencia y reducir la burocracia, reemplazando la normativa de 2010 y creando el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible
Clavijo dice que no se logró "nada" en Santander y mantiene la vía de Junts para aprobar el decreto
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La vía del decreto: una fuga hacia adelante para impedir o dilatar una derrota política
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El Gobierno de Canarias elabora un decreto ley para abordar la crisis de menores migrantes, con propuestas aún pendientes de respuesta del Ejecutivo español tras la reciente Conferencia de Presidentes
La oposición se une en el Senado para apurar una sesión especial contra las designaciones por decreto de Lijo y García-Mansilla
La decisión de la Corte Suprema de exigirle a Ariel Lijo que renuncie como juez federal antes de tomarle juramento como miembro "en comisión" del máximo tribunal de Justicia dejó al polémico magistrado expuesto a la definición del Senado, en donde una "multipartidaria" opositora se prepara para pedirle a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión especial para darle un punto final a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.El decreto del Poder Ejecutivo que designó a Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces "en comisión" en la Corte Suprema cayó como una bomba en el Senado y logró unificar posiciones entre amplios sectores de la oposición dialoguista (UCR, Pro, peronistas disidentes) y el ala kirchnerista de Unión por la Patria. La intención de la oposición es enviarle a Milei una señal clara de que el paso que dio está "al filo de la Constitución" y de que la potestad de darle acuerdo a los miembros del máximo tribunal es de la Cámara alta, como lo establece la Carta Magna. "Si no le ponemos un límite, esto va a empeorar. ¿Si como dice el principio jurídico que el que puede lo más puede los menos, qué le impide ahora al Gobierno nombrar jueces federales por decreto?", alertó un legislador kirchnerista.La idea de que el Poder Ejecutivo se equivocó al apurar el nombramiento de jueces en la Corte por decreto es compartida incluso por legisladores de la oposición dialoguista que responden a gobernadores dispuestos a alinearse con los deseos de la administración libertaria.La jugada no se limitará al pliego de Lijo. El pedido de sesión también incluirá la nominación de García-Mansilla, aún cuando desde el oficialismo sostienen que su ingreso a la Corte la semana pasada lo blindaría hasta la finalización de la presente legislatura, ya que, sostienen, la forma de remover a un juez del máximo tribunal es a través del juicio político."Su designación en comisión implica que está supeditada a la definición de un trámite; ese trámite es la aprobación o el rechazo de su pliego en el Senado", le dijo a LA NACION un senador que participa de las conversaciones para que la Cámara alta tome cartas en el asunto y defina el entuerto constitucional provocado por el Gobierno.Por esa razón, y en simultáneo con la intención de pedir una sesión especial, en algunos despachos del Senado se trabaja por estas horas en la idea de avanzar con la firma del dictamen de García-Mansilla para poder llevarlo al recinto sin la necesidad de tener que reunir el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar su debate.Se sabe que el jefe de la bancada libertaria de la Cámara alta, Ezequiel Atacuhe (Jujuy), tiene un proyecto de dictamen con cuatro firmas. Habría que ver si el senador jujeño, que responde a las órdenes de Santiago Caputo, está dispuesto ahora a aceptar que se sumen otros legisladores en un contexto tan negativo para las nominaciones del Gobierno.El caso de Lijo es diferente. Como ya tiene despacho de comisión, el tratamiento de su designación en una sesión está habilitado sin necesidad de reunir una mayoría agravada. En una jugada que intentó dar una señal de fortaleza política, Caputo ordenó, tres semanas atrás, presentar ante la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), el dictamen a favor de la nominación del juez federal. Como reveló LA NACION en su momento, el despacho tenía las nueve firmas desde el pasado mes de noviembre.La jugada del Gobierno de presentar el dictamen contemplaba forzar una sesión el pasado 21 de febrero, último día del período ordinario de sesiones, para cumplir con la idea de Caputo de que Milei se presentara ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo último, con la Corte completa con sus cinco miembros. Pero el estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA tuvo un efecto devastador para la movida del estratega de la Casa Rosada.Si hace dos semanas el affaire que protagonizó el presidente Milei con la meme coin se convirtió en un lastre para la suerte de Lijo, la designación como juez de la Corte por decreto con su anuencia no hizo más que profundizar la situación del juez federal que, al menos por el momento, perdió algunos de los votos que tenía asegurados antes de que la situación se acelerara la semana pasada."El ya pidió licencia en su juzgado, aceptando el nombramiento por decreto, por lo que también desestimó al Senado, vulnerando la Constitución", respondió un senador kirchnerista ante la consulta de LA NACION acerca de si el hecho de que todavía no hubiera jurado, como sí lo hizo García-Mansilla, le daba a Lijo una posibilidad de evitar el rechazo que impulsan los sectores más duros de la bancada de Unión por la Patria.Una situación similar registra García-Mansilla, que perdió algunos de los votos que tenía en el Senado antes de que aceptara ser juez de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo. Así, agravó la endeble situación que siempre tuvo su postulación, que por el rechazo cerrado del kirchnerismo nunca estuvo cerca de reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que le hubiesen abierto las puertas del máximo tribunal por el camino que establece la Constitución Nacional.
Inmigrantes en EEUU enfrentan cambios tras decreto del gobierno que declara el inglés como idioma oficial
El reciente anuncio de la administración federal introduce restricciones en la prestación de información en otras lenguas, lo que podría dificultar la integración de diversas comunidades que residen en el país
Un nuevo golpe a la estrategia de Javier Milei para meter al juez Ariel Lijo en la Corte por decreto
El rechazo a la licencia extraordinaria supone dejar a Lijo a la suerte de complicadas negociaciones con la oposición en el Senado en un año electoral. Se trata de una decisión administrativa pero luego vendrán los cuestionamientos judiciales a través de cautelares pedidas en la Justicia.
Ventaja para las pymes: nuevo decreto sobre aportes empresariales
El decreto 249/2025 elimina la obligatoriedad de los aportes a cámaras empresariales y otorga mayor libertad a las empresas para destinar esos fondos a su desarrollo. Leer más
"Es ilegal" que asuman los jueces por decreto
"Estamos asistiendo al funeral de la democracia", dijo el ministro del máximo tribunal santafesino sobre la asunción de García Mansilla y el nombramiento de Lijo.
Fin de los aportes obligatorios a cámaras empresarias: las claves del decreto 149/2025
"El empleador debe abonar esta suma sin haberlo acordado previamente y sin necesariamente estar afiliado a la cámara correspondiente", explicó el especialista Sebastián Domínguez. Leer más
Con el decreto de baja en los aportes patronales, el Gobierno puso en alerta a la CGT: hablan de un operativo "cerrojo" a Sturzenegger
El decreto que da de baja los aportes por capacitación impactaría en pocos gremios.Pero en la central obrera temen una avanzada.
"Violencia institucional": repudio por la designación de jueces de la Corte por decreto
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat calificó de "desmadre institucional" el decreto presidencial que desginó a los jueces.
El Tribunal de Catania rechazó las restricciones impuestas por decreto a la ciudadanía italiana Ius sanguinis en 2024
La resolución impulsada por el Ministerio del Interior de Italia impone obstáculos inconstitucionales a la vía por reconstrucción. La magister en derecho Constitucional italiano Katherine Muñoz Tufro y el especialista en inmigración Claudio Campolattan, dialogaron con PERFIL sobre el escenario actual de la normativa. Leer más
Sturzenegger explicó el decreto que prohíbe aportes a las cámaras empresarias
En un nuevo explicativo de las medidas que se toman desde su cartera, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ahondó sobre el Decreto 149/25, que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial y que prohíbe los aportes obligatorios a cámaras empresariales para compañías no afiliadas. Según sus planteos, los convenios colectivos de trabajo (eje de las negociaciones salariales en la Argentina y donde se fijaron esas contribuciones) son un "instrumento central del modelo de la casta" y, por eso, alegó que esta decisión es justamente "anti-casta" y para evitar "impuestos privados".Además, reveló que ya les habían comunicado que avanzarían en ese sentido al Grupo de los Seis -integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Sociedad Rural, afectadas por esta normativa- y que por eso se estableció un plazo de 90 días para que entren en vigencia los efectos del decreto."El Decreto 149/25 con firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer 'impuestos privados' para beneficio de privados", introdujo Sturzenegger y siguió: "Nuestras negociaciones salariales, regidas por la Ley de Convenios Colectivos N°14.250 de Perón, actúan como el instrumento central de la construcción del modelo de la casta".Como ejemplo, dijo que la "base de la arquitectura del poder sindical" es el artículo 9 de esa ley, que obliga a los trabajadores no sindicalizados a aportar a un gremio que no eligió. En tanto, siguió sobre esta cuestión que embate contra las patronales colegiadas. "Pero en el modelo de la casta, tanto empresarios (no todos) como gremialistas, han logrado ir 'colando' otras contribuciones para fines totalmente ajenos al objeto de la negociación salarial. Así fueron incorporando cargas obligatorias para financiar asociaciones empresarias, 'institutos de capacitación' y demás objetos variopintos que empezaron a operar como verdaderos 'impuestos privados'", insistió.Ese fue el punto sobre el que se basó para la publicación de este nuevo decreto que prohíbe que en las negociaciones colectivas se impongan aportes, contribuciones o cualquier carga en favor de las cámaras empresarias, asociaciones o agrupaciones empleadoras a aquellas firmas que no estén afiliados o asociados a esas entidades, a no ser que las acepten de manera voluntaria. Además, recordó que la nueva medida establece que la Secretaría de Trabajo, en este momento a cargo de Julio Cordero, no va a homologar ni registrar ningún convenio que contenga cláusulas de este tipo. De acuerdo a Sturzenegger, esto último asegurará que los convenios "solo regulen condiciones de trabajo" y "no se utilicen para imponer cargas económicas ajenas a la relación laboral".Además, dijo que está mal pensar que los convenios colectivos de trabajo pueden ser usados para permitir "la imposición de contribuciones obligatorias", ya que esto "vulnera el principio constitucional de libertad de asociación" debido a que "impone cargas económicas a sujetos que no han elegido voluntariamente participar de esas entidades"."La creación de cargas patrimoniales solo puede surgir de una norma con rango de ley y no de un acuerdo entre partes privadas que se hace extensivo a terceros sin su consentimiento. El tema no es menor. En el comercio, por dar uno de los muchos ejemplos posibles, estas contribuciones alcanzan los ¡6000 millones de pesos por mes! Y ¿quién paga esto? ¡Todos nosotros! cada vez que compramos en un comercio", indicó.Dijo también Sturzenegger que, gracias a esta medida, "sonríe" el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, por la baja de costos "generalizada" que acarreará. "Junto al jefe de Gabinete hace unos meses le avisamos a lo que se conoce como el Grupo de los Seis (una serie de organizaciones empresarias) que avanzaríamos en el sentido de este decreto y nos comprometimos a establecer un plazo de transición para que las cámaras se adecúen y pasen a ofrecer un servicio que sus representantes puedan querer voluntariamente aceptar", reveló sobre este período que va a ser de 90 días."Este decreto anti-casta fue producto de los muchos pedidos de ayuda de empresas y comercios de todo tipo y color, que fueron llegando a mi correo o al sistema de Reportá la burocracia (gracias a la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas por ser la primera institución en levantar la voz)", dijo y después, como cada una de las veces, agradeció al equipo del Gobierno que trabajó en este decreto. "Con este cambio les devolvemos a millones de empresas, consumidores y trabajadores un dinero que se les había sacado compulsivamente", concluyó.El Decreto 149/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @SPettovelloOK termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer "impuestos privados" para beneficio de privados. Explicamos. Nuestras negociaciones salariales, regidas por la ley de Conveniosâ?¦— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 5, 2025
Niño con cáncer cumple su sueño de ser agente del Servicio Secreto gracias a un decreto presidencial
Devarjaye Daniel fue diagnosticado con cáncer cerebral; sus médicos le dieron cinco meses de vida, sin embargo, aquel diagnóstico ocurrió hace más de seis años
Centenares de veterinarios comienzan la protesta contra el decreto del medicamento
El Gobierno ultima un decreto para aumentar la plantilla de los juzgados de violencia
Paloma Valencia envió carta a la Corte Constitucional para tumbar decreto de conmoción interior para el Catatumbo
La senadora del Centro Democrático presentó una intervención ciudadana en la que argumentó que el Gobierno nacional no cumplió con los requisitos legales para imponer medidas de excepción en regiones críticas
Euskadi y Canarias pactan pedir una distribución "equitativa" y "extraodinaria" de menores migrantes vía decreto
Euskadi y Canarias proponen en la Conferencia de Presidentes un decreto para una distribución equitativa y extraordinaria de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, priorizando el interés superior del menor
Este es el decreto con el que se oficializó a Armando Benedetti como nuevo ministro del Interior: ya no hay marcha atrás
El documento, firmado por el titular de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejó en firme la llegada del polémico exembajador y exasesor del presidente de la República, que ahora será el ministro de la política
Tras la polémica por los cargos en la Corte, advierten que Milei no puede designar al Procurador por decreto
Desde la Procuración aseguran que existen trabas normativas para que el Presidente nombre al reemplazante de Casal con el mismo mecanismo que designó a García Mansilla y Lijo en el máximo tribunal.
Milei defendió la designación por decreto de los jueces de la Corte y dijo que va a cubrir los juzgados vacantes
Lo hizo al asegurar que la política no debe entrometerse en la aprobación de los pliegos que se envían al Senado. También dijo que va a impulsar que se cubran las designaciones en el 40 por ciento de los juzgados federales vacantes. Hubo un fuerte cruce con Facundo Manes
El juez Alejo Ramos Padilla revisa las designaciones por decreto para la Corte
Dijo que se trata de una situación compleja porque Manuel García-Mansilla ya juró como integrante del máximo tribunal en una ceremonia que se hizo a puertas cerradas.
Artistas y músicos apuntaron contra el Gobierno por el decreto que modifica la forma en que cobraban por su trabajo
A través de comunicados institucionales o publicaciones en redes sociales, referentes musicales criticaron el decreto impulsado por Federico Sturzenegger.
El juez K Ramos Padilla analiza si suspende del decreto de Javier Milei que metió a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte
La medida cautelar fue pedida por una ONG de La Plata que recusó sin causa al juez Alberto Recondo. Así el caso pasó a ese magistrado vinculado al kirchnerismo quien pidió la opinión del fiscal y luego podría decidir sobre el amparo.
Richard Coleman insultó y cargó contra Sturzenegger por el decreto sobre Sadaic: "Mentirosos"
"Están engañando a la gente que no sabe ni tiene idea de la seguridad que significa para nosotros tener una organización que nos ayude a recaudar nuestros derechos de autor", aseguró el músico. Leer más
Rechazo en Salta a la designación por decreto de los jueces en la Corte Suprema
La calificaron como una muestra del desprecio de Javier Milei a la institucionalidad, una acción "manifiestamente inconstitucional", un retroceso de los estándares democráticos y republicanos y un atropello más al estado de derecho.
Un desacertado decreto y un claro retroceso institucional
La decisión del presidente Javier Milei de designar en comisión como miembros de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla hasta la finalización del próximo período legislativo es un error político que afecta la legitimidad republicana y un claro retroceso en materia institucional.El antecedente más inmediato se produjo a pocos días de asumir la presidencia de la Nación Mauricio Macri, en diciembre de 2015, cuando este nombró en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir los dos cargos que estaban vacantes en el máximo tribunal de la Nación. En tal ocasión, desde esta página editorial, LA NACION expresó su rechazo a ese procedimiento, adoptado también en pleno receso del Poder Legislativo. Al igual que en aquella ocasión, sostenemos que el nombramiento de los jueces solo puede hacerse, conforme lo dispuesto por la Constitución nacional, con el acuerdo del Senado. El hecho de no contar con los dos tercios de la Cámara alta para ratificarlos de ningún modo puede habilitar al Presidente a obviar el procedimiento constitucional.Cabe recordar que ni Rosatti ni Rosenkrantz asumieron los cargos que actualmente ocupan en la Corte hasta que contaron con el aval del Senado. El propio Mauricio Macri, en una implícita admisión de su error, expresó en las últimas horas su reprobación por el decreto emitido por Milei. "La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta", expresó el expresidente.Al justificar las designaciones de los jueces en la Corte en comisión y por decreto, el gobierno de Milei esgrimió el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, según el cual, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, figura "llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Existe, sin embargo, un amplio consenso en que el término "empleos" podría aludir en ese artículo a embajadores o militares, que requieren la conformidad de la Cámara alta, pero no a titulares de otro poder del Estado, como el Judicial.El hecho de no contar con los dos tercios del Senado para ratificar a los jueces de ningún modo puede habilitar al Presidente a obviar el procedimiento constitucionalEl decreto presidencial encierra además un peligroso precedente, ya que si cualquier titular del Poder Ejecutivo pudiese nombrar hasta el 30 de noviembre jueces durante el receso parlamentario y un año después repetir ese procedimiento, en ocasión del siguiente receso legislativo, podría tener magistrados sin acuerdo del Senado por tiempo indeterminado. La división de poderes quedaría así herida de muerte.Un capítulo adicional merece la designación de Lijo, que resulta más grave aún, por cuanto su postulación había sido rechazada por una enorme cantidad de prestigiosas organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico, de los derechos humanos, sindicales y sociales; por juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional, y por la ciudadanía en general. Sus lamentables cualidades éticas; las denuncias y sospechas que acumuló en su contra en los últimos años, que apuntan tanto a su patrimonio como a su lentitud en el manejo de causas de corrupción, sin olvidar sus limitados antecedentes académicos y su falta de independencia respecto del poder político, justifican aquel rechazo.Cuando el Poder Ejecutivo remitió, el 28 de julio último, al Senado el pliego de Lijo, nada señaló en sus fundamentos acerca de esas fundadas críticas. Por el contrario e incomprensiblemente, el Gobierno destacó en su escrito que el postulante tenía "acreditadas su idoneidad, trayectoria, solidez y vastedad de antecedentes", y que había "demostrado solvencia jurídica, seriedad intelectual y objetividad de criterio en cada una de sus decisiones". Da la impresión de que el Poder Ejecutivo estuviera refiriéndose a otra persona: Lijo no encaja en ninguno de esos elogiosos argumentos.Del mismo modo, resulta inadmisible que, en lugar de renunciar a su cargo de juez federal, Lijo haya solicitado una licencia extraordinaria en ese cargo, ante la posibilidad de no obtener más adelante el acuerdo del Senado para su designación en la Corte, tal como lo acaba de puntualizar en un comunicado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Según esta prestigiosa entidad, en homenaje a su propia jurisprudencia, la Corte no le debería tomar juramento si el juez no renuncia a la función que hasta ahora desempeña. Llamativamente, la Cámara Federal le otorgó dicha licencia, que la Corte deberá refrendar o rechazar.Resulta incomprensible afectar la seguridad jurídica otorgándole un sitial en el más alto tribunal a un hombre como Lijo, sobre quien recaen tantos reparos insalvablesEl presidente Milei afirmó más de una vez que brega por una Justicia independiente y habló de "pegarles un cañonazo en la cabeza" a los corruptos. Puntualizó hasta el cansancio, desde su campaña electoral, que "una Argentina diferente es imposible con los mismos de siempre". Pero, extrañamente, ha optado por nominar para el máximo tribunal de la Nación a un juez que personifica el statu quo.Si uno de los argumentos más fuertes que utilizó el actual gobierno nacional para conseguir la sanción de la Ley Bases, con especiales beneficios fiscales para grandes inversiones, fue la seguridad jurídica, resulta incomprensible afectarla otorgándole un sitial en el más alto tribunal a un hombre sobre el que recaen tantos reparos insalvables.Lijo jamás debería integrar la Corte, por cuanto no reúne una serie de condiciones no negociables, como sólida formación jurídica; independencia de los poderes político, económico y sindical, y una trayectoria éticamente irreprochable.Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, solo cuando existe independencia de criterio los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno, su función más importante en una democracia.Es de esperar que el sano funcionamiento de las instituciones de la República pueda frenar este atropello y garantizar la división de poderes que ordena nuestra Constitución. Estamos frente a la invalorable oportunidad de sentar las bases para afianzar la Justicia.
Un decreto presidencial trata a las personas discapacitadas como "idiotas"
¿Qué sucede cuando una condición se utiliza como agravio? ¿Qué sucede cuando esas formas naturalizadas en la sociedad son avaladas desde el gobierno? Pronunciar palabras como minusválido o mogólico habilita un prejuicio desvalorizante que nos empobrece como sociedad. En estas líneas, una invitación a repensar los modos de decir y de entender las diferencias.
Una ONG de juezas rechazó por "inconstitucional" la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla en la Corte
La sorpresiva jura del Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema reavivó los cuestionamientos de entidades y organizaciones que habían objetado su designación, y la del juez federal Ariel Lijo, por la vía del decreto presidencial. Entre ellas, la Red de Mujeres para la Justicia -una ONG que reúne a juezas de todas las provincias- reclamó, a través de un recurso de salto de instancia (per saltum), que el máximo tribunal se expidiera sobre la constitucionalidad de los nombramientos oficializados por Javier Milei."[El Decreto 137/2025] no solo viola principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, como la división de poderes y la independencia judicial, sino que también perpetúa una histórica discriminación estructural contra las mujeres en el acceso a los más altos cargos del Poder Judicial", indicaron las juezas en el escrito, al que tuvo acceso LA NACION. La ONG preparaba este jueves por la tarde una reunión de análisis ante el hecho consumado por la jura de García-Mansilla.La agrupación había presentado, a principios del año pasado, un amparo colectivo en contra de las candidaturas impulsadas por el Gobierno. Según argumentaron, la postulación de dos varones viola el deber del Estado de garantizar la paridad de género de cargos públicos, contemplada en la Convención de Discriminación contra la Mujer. Dicha presentación fue rechazada por la Justicia en primera instancia, lo que llevó a la ONG a interponer un recurso per saltum, aceptado el 26 de agosto de 2024, para que fuera la propia Corte Suprema la que abordase la cuestión.Ayer, luego de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto de designación de Lijo y García Mansilla, la red decidió ampliar, una vez más, la presentación y pidió que "se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable" de la decisión presidencial "por resultar violatoria de convenciones internacionales, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación y el principio de progresividad". El documento presentado también exigía que se dictara una medida cautelar urgente para frenar la jura y posesión efectiva de los cargos por parte de los jueces designados.El recurso extraordinario interpuesto por la ONG no solo estuvo pendiente de resolución, según denuncian en el escrito, durante seis meses, sino que, hoy, la Corte Suprema avanzó en sentido contrario a la ampliación presentada al tomar juramento a García Mansilla. El accionar del Máximo Tribunal también va en contra de lo denunciado por el abogado Andrés Gil Domínguez, quien había solicitado una "medida de tutela constitucional" para prohibir la asunción de ambos jueces.Los argumentos Para impugnar las candidaturas de Lijo y García-Mansilla, la ONG esgrime dos argumentos centrales: por un lado, la violación al derecho a la igualdad de género y, por otro, el incumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional en torno a la división de poderes y las facultades de cada uno de ellos."Al designar dos varones para integrar un tribunal ya compuesto exclusivamente por varones, el decreto perpetúa la discriminación estructural histórica contra las mujeres en el acceso a los altos cargos judiciales", advirtió el abogado Francisco Verbic, que acompaña la presentación judicial, en sus redes sociales.15) Al designar dos varones para integrar un tribunal ya compuesto exclusivamente por varones, el Decreto 137/2025 perpetúa la discriminación estructural histórica contra las mujeres en el acceso a los altos cargos judiciales.— Francisco Verbic (@verbicfrancisco) February 26, 2025Según detalló, la elección de Lijo y García-Mansilla como reemplazantes de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton contradice abiertamente lo estipulado en la Constitución Nacional y la Convención de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Tampoco respeta lo establecido en el decreto 222/2003 que, en su articulado, dispone que, a la hora de cubrir nuevas vacantes, se debe tomar en cuenta la composición del Máximo Tribunal para alcanzar el equilibrio de género.Respecto de la división de poderes, Verbic argumenta que el artículo 99 inciso 19 de la Carta Magna determina que las designaciones de jueces por decreto solo puede ocurrir cuando la salida de alguno de los miembros del tribunal se da durante el receso del Congreso. Se trata de una condición que, según afirma, no se cumple en este caso, por lo que el gobierno de Javier Milei debería haber avanzado con los nombramientos mediante el proceso ordinario de aprobación de los pliegos en el Senado.6) Aún si aplicase, la literalidad del texto constitucional es inequívoca al exigir que las vacantes "ocurran durante" el receso, no que "continúen vacantes durante" el receso. Cualquier interpretación en contrario importaría una inadmisible manipulación interpretativa.— Francisco Verbic (@verbicfrancisco) February 26, 2025"La literalidad del texto constitucional es inequívoca al exigir que las vacantes 'ocurran durante' el receso, no que 'continúen vacantes durante' el receso. Cualquier interpretación en contrario importaría una inadmisible manipulación interpretativa", planteó. "No existe situación alguna de emergencia institucional que justifique apartarse del mecanismo regular de designación, especialmente cuando el Congreso reanudará sus sesiones ordinarias la semana que viene". La apertura del año legislativo se realizará este sábado.A estos mismos argumentos apelaron los abogados Andrés Gil Domínguez, Lucía Spagnolo y Soledad Deza en su presentación judicial, quienes calificaron el decreto del Presidente como un "claro ejemplo de violación del principio de buena fe republicana" que "implica un abuso del derecho público, desconoce la división de poderes, atenta contra el ordenamiento institucional y conculca la fuerza normativa de la Constitución".
El establishment critica a Javier Milei por nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y Argentina, e IDEA coinciden en que nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema afectará a la Argentina. En silencio, la Cámara de Comercio Argentina. Leer más