La medida fija condiciones para quienes integran la primera respuesta ante urgencias, con un marco legal que busca ordenar la atención prehospitalaria en todo el país
La decisión se tomó luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran versiones diferentes del proyecto y venciera el plazo para conciliarlas. El Ejecutivo aplicó el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para resolver el trámite
La decisión prevista para el 21 de octubre de 2026 reemplazará la aprobación legislativa inconclusa y fijará los gastos e inversiones de la próxima vigencia para las entidades estatales del país
Las disposiciones incluyen formación periódica en primeros auxilios, seguridad vial y manejo del comportamiento infantil. También fijan criterios para las paradas y establecen quién debe contratar a los conductores, según la modalidad en que se preste el servicio
El sector agrupa a 30 mil productores y más de 300 mil empleos. Los arroceros decidieron darle una oportunidad al presidente Abinader, aunque su líder admite que el impasse aún no está resuelto
El Gobierno prorrogó por un año el régimen que permite compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo formal de trabajadores rurales temporarios y estacionales. La medida quedó establecida en el decreto 1204/2026, publicado en el Boletín Oficial, y extiende la vigencia del sistema desde el 1° de septiembre de 2026.La norma, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli (jefe de Gabinete) y Sandra Pettovello (Capital Humano), extiende el esquema creado en 2021 para incentivar la registración laboral en el sector rural. El objetivo es facilitar la incorporación de trabajadores a empleos formales sin que, por ese motivo, pierdan automáticamente el acceso a determinados programas y prestaciones sociales.Boom a China: anticipan la exportación de 1,7 millones de toneladas de un cultivo argentino que caerá muy fuerte en dos potenciasEl régimen fue establecido por el decreto 514/2021, que dispuso medidas destinadas a promover el trabajo registrado y ampliar la cobertura de la seguridad social para quienes se desempeñan en actividades rurales temporales y estacionales, así como para sus grupos familiares.En los fundamentos de la nueva prórroga, el Poder Ejecutivo señaló que el sistema permite articular la protección social con la incorporación al empleo formal. En ese sentido, recordó que la norma original dispuso la "complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado", de modo que los titulares de determinados programas y prestaciones puedan mantenerlos cuando son contratados bajo las modalidades previstas.El costo de producir granos en la Argentina se acerca al de sus competidoresUno de los puntos contemplados en el régimen está relacionado con las asignaciones familiares. Según los considerandos del decreto, se garantizó que las prestaciones correspondientes a los trabajadores contratados bajo esas modalidades no resulten inferiores al equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, de acuerdo con las condiciones establecidas en las normas complementarias.La continuidad del sistema se fundamentó, además, en pedidos de distintos sectores vinculados con las economías regionales. El decreto señala que representantes de esas actividades, asociaciones sindicales y entidades de productores manifestaron la conveniencia de extender la medida para consolidar los resultados alcanzados.En los considerandos, el Gobierno sostuvo que las herramientas implementadas contribuyeron a la inclusión laboral de los trabajadores rurales, al aumento de sus ingresos y a una mejora en sus condiciones de vida y las de sus familias. Sobre esa base, consideró necesario mantener la vigencia del régimen y de sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables.La extensión quedó formalizada en el artículo primero del decreto que establece: "Prorrógase la vigencia del decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, en cuanto resulten aplicables, por el término de un año, contado a partir del 1° de septiembre de 2026".De esta manera, el esquema seguirá funcionando como una herramienta para favorecer la contratación formal en actividades que dependen de ciclos productivos y demandas de mano de obra estacionales. Entre ellas se encuentran distintas tareas rurales cuya contratación se concentra en determinados momentos de la campaña.La prórroga busca evitar que la finalización del plazo anterior interrumpa un mecanismo que apunta a reducir las barreras para acceder al empleo registrado. La posibilidad de mantener determinadas prestaciones sociales durante la contratación formal es uno de los componentes centrales del régimen, junto con las garantías vinculadas con las asignaciones familiares.El decreto recuerda que el sistema ya había sido prorrogado por el decreto 777/2025 por un año desde el 1° de septiembre de 2025. Ante el vencimiento de ese período, el Poder Ejecutivo resolvió extenderlo nuevamente, a partir de los planteos de los sectores involucrados y de los resultados que atribuyó a la medida.
Productores, molineros y empresas de insumos acordaron una mesa permanente con el Gobierno dominicano para buscar condiciones comerciales que protejan la oferta local y eleven su capacidad de competir en el mercado regional
El congresista advirtió que apartar esos objetos supone un intento de definir desde el poder qué hechos, víctimas y procesos sociales pueden permanecer en la memoria colectiva del país
La Fundación para la Libertad de Prensa indicó que el documento expedido por el Gobierno permite omitir etapas previas de diálogo y mediación ante ciertos hechos de violencia que se puedan presentar en las manifestaciones
Esta iniciativa será publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
La senadora denunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella debió haber convocado a una Mesa Nacional de Garantías, tal y como ocurrió durante el estallido social entre 2019 y 2021, y que terminó con la creación del Decreto 003 de 2021, que reemplazaría el Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente de la República
Jennifer Pedraza, Martha Peralta e Isabel Zuleta se pronunciaron en sus cuentas de X tras resolución del presidente Abelardo de la Espriella
El jefe de Estado aseguró que la determinación respeta y ofrece garantías para la protesta pacífica, pero no tolerará "la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos"
El gremio estatal marchará al congreso junto con la Marcha Federal Universitaria, el mismo día en que la oposición busca tratar en diputados el rechazo al megadecreto de Javier Milei Leer más
El anuncio se produjo después de un consejo de seguridad en Bogotá, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, con participación de las autoridades del Ministerio de Defensa
Esta iniciativa estará supervisada por la Agencia Digital y el Centro Nacional de Inteligencia, para casos relacionados con delitos de cualquier tipo
Los inquilinos deben estar al día con el pago y acreditar ocho meses de regularidad previa, mientras los propietarios solo pueden negarse si necesitan la vivienda para sí o un familiar directo
El presidente aseguró que la norma busca proteger las manifestaciones pacíficas y permitir la actuación de la Fuerza Pública frente a bloqueos prolongados, vandalismo y otras acciones violentas
Las autoridades concentrarán el monitoreo en el suroccidente del país, donde revisan posibles bloqueos en Nariño y preparan medidas para mantener el tránsito por la carretera Panamericana durante las movilizaciones previstas para esta semana
El texto, presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, estará abierto a observaciones ciudadanas hasta el 14 de octubre de 2026
La medida establece mecanismos para incentivar nuevas obras cuando se acerque el vencimiento de las concesiones, ampliar las inversiones relacionadas con la infraestructura portuaria y fortalecer la seguridad jurídica de los operadores privados
El Gobierno apeló la sentencia que lo obliga a cumplir de inmediato la ley de financiamiento universitario. Lo hizo con un escrito de 42 páginas en el que reiteró su postura sobre la necesidad de indicar con qué ingresos se va a solventar el aumento del gasto público que provocará su implementación.El juez Diego Martín Cormick aceptó la apelación del Gobierno y, por lo tanto, quedó suspendida su decisión anterior que declaraba inconstitucional el decreto de Javier Milei.Sin embargo, la obligación de pagar por parte del Estado sigue vigente porque aún queda en pie la medida cautelar que había dispuesto el propio juez y que exigía recomponer los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y girar los fondos de funcionamiento a las universidades.Efectivamente, en su decisión, Cormick informó a las partes del juicio que se dará "continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento" sobre las obligaciones de pagar.El recurso enviado al juez fue firmado por representantes del Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, y apunta contra el fallo del 6 de octubre que hizo lugar al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de los rectores de universidades públicas. Esa sentencia declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir "de inmediato" la ley de financiamiento, con las normas reglamentarias necesarias. Esto suma un nuevo capítulo a la historia del financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei, que no solo acumula episodios en Tribunales y en el Congreso, sino también movilizaciones en las calles. La apelación del Gobierno recuerda esa historia, cuando en octubre del año pasado el Parlamento aprobó la normativa. Sus artículos 3 y 4, según la apelación presentada, aluden a una "recomposición presupuestaria" correspondiente al ejercicio 2024, así como una "actualización presupuestaria bimestral" de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas para el ejercicio de 2025. "Por su parte, el artículo 7 prevé -sin brindar mayores precisiones- la asignación de una partida especial destinada a la carrera de Investigador Científico", continúa el racconto realizado por el Gobierno. Y agrega que el noveno artículo de la ley sostiene que el Poder Ejecutivo adecuará partidas.Menos de un mes después de que se aprobara la ley de financiamiento universitario, el Gobierno firmó el Decreto 759/2025, que es el declarado inconstitucional por la sentencia que ordenó el cumplimiento de la ley. El Ejecutivo citó en su apelación contra esa sentencia que el texto de este decreto menciona que "la ley se ejecutará cuando el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento". El Gobierno señaló "no "condicionó" o "suspendió" la vigencia de la Ley", sino que, según su punto de vista, quedó supeditada a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 24.629. Esta normativa establece que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos".No es la primera vez que el Gobierno sale a defender el decreto sobre la ley de financiamiento universitario en los Tribunales. En diciembre del año pasado, según manifestó en su apelación, el juzgado a cargo de Martín Cormick había resuelto "inaplicar" el decreto.El Gobierno cuestionó esa decisión y entonces debió intervenir la Cámara, que en marzo de este año mantuvo lo decidido en primera instancia. Entonces, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que el máximo tribunal desestimó.Luego de ese periplo judicial se llegó al fallo del pasado 6 de octubre que ordena al Gobierno cumplir la ley de financiamiento universitario, lo que fue recientemente apelado por el oficialismo.
La presidenta indicó que buscará dialogar con las plataformas digitales previo a la publicación del decreto
Este viernes la mandataria mexicana anunció un decreto para la prevención de los actos violentos contra niñas, niños y jóvenes
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
El jefe de la cartera del Interior explicó los cambios fundamentales que trae el nuevo decreto, que ha suscitado críticas en medio de la oposición al Gobierno De la Espriella
La Federación Nacional de Comerciantes presentó sus alegatos finales contra el Decreto 1469 de 2025, al sostener que la administración anterior omitió explicar la valoración de los factores económicos y laborales exigidos por la ley
El organismo advirtió que la iniciativa estatal incidiría en la autonomía, el gobierno propio, la representación y la seguridad de los pueblos originarios, por lo que reclamó concertación en la Mesa Permanente de Concertación
El documento modificaría las normas de muelles y embarcaderos; sin embargo, enfrenta observaciones por posibles duplicidades institucionales, permisos temporales sin detalle y efectos sobre inversiones privadas
El decreto saldrá este 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación
Los recursos, provenientes de crédito externo, quedaron asignados al Ministerio de Hacienda y serán movilizados como transferencias corrientes a otras entidades del Gobierno
La agremiación de futbolistas pidió su reconocimiento como parte en el litigio e interpuso un recurso contra el fallo que frenó la norma, en su afán de sentarse a negociar con los clubes directamente, por primera vez en su historia
La disputa por el financiamiento universitario se arrastra desde 2025, cuando el Gobierno de Javier Milei vetó la ley y el Congreso insistió con su sanción, y ahora la Justicia volvió a fallar a favor. Leer más
El juez Martín Cormick anuló la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado los recursos para las casas de altos estudios. La resolución dispuso que el Poder Ejecutivo ejecute la norma sobre salarios, becas, investigación y partidas para las instituciones
La Justicia Federal exigió nuevamente la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año pasado.El gobierno de Javier Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca la puso en práctica. Al igual que ocurrió con la ley de Emergencia en Discapacidad, argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de donde surgirían los recursos y que, por lo tanto, incumplía la Ley de Administración Financiera.El juez Martín Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un "mecanismo extraconstitucional" y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional. Además, remarcó que el artículo 9° de la propia ley universitaria otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.En la sentencia se intimó al Gobierno a cumplir de manera inmediata la ley y a garantizar los fondos destinados a salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas. Según estimaciones del sistema universitario, esto implicaría una recomposición salarial cercana al 33%. La decisión de fondo respalda la cautelar que obligaba a la actualización de salarios y becas, que había sido ratificada por la Corte Suprema.Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido de la administración libertaria para levantar la cautelar al considerar que el acuerdo firmado en junio no alcanzaba para demostrar que el conflicto estaba resuelto. Además, había intimado al Estado a detallar y documentar el nivel de cumplimiento alcanzado que luego consideró no probado.El derrotero judicial de la ley, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado tras la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.Cormick ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a las actualizaciones salariales y de las becas. El Gobierno apeló y la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades. El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante la presentación de un recurso extraordinario que fue aceptado. El máximo tribunal luego dejó firme la medida cautelar.A eso se sumó una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que pedía incluir en la cautelar la actualización presupuestaria de los gastos de funcionamiento, incluyendo las partidas para hospitales universitarios y de ciencia. El camino de la ley también ya había sido extenso. Fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo.Dos meses después del acuerdo de junio, el conflicto universitario se reactivó cuando los gremios docentes y no docentes volvieron a parar en reclamo por el financiamiento. Denunciaban un triple incumplimiento por parte del Gobierno: por no aplicar la ley de financiamiento aprobada, no cumplir con la cautelar y tampoco con el acuerdo firmado con los rectores.El Gobierno pagó el aumento salarial -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y el aumento para las becas Manuel Belgrano, pero no pagó el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones) porque no se desactivó el reclamo judicial.Presupuesto 2027 y nueva marcha federalEl presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.Mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Los rectores fueron nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables en una reunión convocada por Unión por la Patria. Luego comenzaron a reunirse con diputados y senadores. Luego de haber rechazado el 3% de aumento que ofreció el Gobierno en las dos reuniones paritarias de septiembre, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria era el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar "en defensa de la universidad pública argentina".Los rectores fueron la semana pasada nuevamente a buscar apoyo a su pedido en el Congreso. Explicaron su presupuesto y pidieron modificaciones razonables. Lo hicieron en una reunión convocada por Unión por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento.La semana pasada también se reunieron los gremios con el Gobierno. En la reunión paritaria, volvieron a ofrecerles un aumento del 3%, la misma oferta que en la reunión anterior, a inicios de mes. Luego, los gremios anunciaron nuevas medidas de fuerza y la Quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Ante la consulta de LA NACION, varias fuentes universitarias contestaron que la convocatoria sigue vigente.A diferencia de las medidas de fuerza anteriores, donde la movilización tuvo como escenario principal la Plaza de Mayo, el destino final de esta convocatoria es el Palacio de Tribunales. La propuesta fue ratificada por el CIN, que convocó a movilizar "en defensa de la universidad pública argentina". Después trasladaron la movilización al Congreso, porque la fecha coincide con la sesión especial que busca activar la oposición en la Cámara de Diputados para tratar el rechazo al DNU 70/2023 por lo que también habrá movilizaciones en contra del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
La norma extiende hasta 2030 la protección de los hogares vulnerables y moviliza 10.000 millones de euros para facilitar el acceso a la primera vivienda
Sánchez anunciaba la convocatoria de elecciones generales este lunes, un día después de comunicárselo al rey Felipe VI y tres más tarde de que el Congreso tumbase los dos reales decretos que conformaban el 'Maricarmen' con el rechazo de PP, Vox y Junts
La medida se anunciará oficialmente en los próximos días y la inscripción comenzará en noviembre. Abarcará a trabajadores de la administración pública nacional centralizada y organismos desconcentrados. Los grupos a los que apuntan y los recortes ya hechos
El alto tribunal ordenó detener provisionalmente la aplicación de las reglas adoptadas por el Gobierno para organizar la negociación colectiva en niveles superiores a la empresa, mientras se define de fondo si el decreto se ajusta a la Constitución y la ley
Tras la implementación de estas acciones se han premiado 695 obras cinematográficas nacionales en festivales de México y alrededor del mundo
La propuesta dada a conocer por Rodrigo Lara, ministro del Interior, conserva la mediación como mecanismo inicial, aunque permite la intervención de la fuerza pública ante hechos violentos, delitos, ataques contra terceros o bloqueos que afecten, entre otros, el paso de ambulancias
El fracaso del Ejecutivo deja la puerta abierta a que Sánchez adelante los comicios
El rechazo de los tres partidos deja sin efecto las nuevas protecciones frente a determinados desahucios, la regulación estatal de los alquileres de temporada y por habitaciones y los incentivos fiscales para contener las rentas
"El inquilino solo tiene preferencia para comprar cuando el propietario decide venderla", explican desde Lexway Abogados, despacho especializado en derecho inmobiliario
El Distrito reconoció la trayectoria del grupo surcoreano y destacó el impacto cultural, turístico y económico de sus dos fechas en la capital
La afectada, vecina del distrito de Sant Andreu, ya había evitado un primer intento de desalojo en julio gracias a la presión vecinal
La norma dispone que los recursos vinculados con actos u omisiones del jefe de Estado lleguen primero a la máxima corte administrativa
La norma, pendiente de su convalidación en el Congreso, también incluye el traspaso de miles de inmuebles del Estado a Casa 47
El máximo tribunal ratificó el DNU del Gobierno y derogó la Ley N° 26.737. La explicación del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez
El proyecto establece que el diálogo y la mediación serán mecanismos prioritarios frente a una manifestación, pero no impedirán actuaciones individuales contra quienes cometan actos violentos
Las entidades alertan de que la norma permitiría impedir la permanencia en España de solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos
El texto publicado en el BOE matiza el anuncio de la prohibición de compra para estas sociedades, fija un umbral de precio como único requisito para determinar si la compra es especulativa y reserva la suspensión de lanzamientos solo para casos de vulnerabilidad sin alternativa habitacional
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda"
El Decreto 973 de 2026 será retirado por razones jurídicas. MinAmbiente anunció una nueva propuesta con énfasis en seguridad jurídica y conservación
La decisión se da luego de la derrota que el oficialismo había sufrido en el Congreso por la Ley de Tierras. Ahora, el máximo tribunal dejó sin efecto un fallo que había frenado el DNU 70/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)
La nueva regulación cambia el trámite que desde 2025 enviaba estos procesos a los jueces del circuito y establece excepciones para que determinados casos sean conocidos en primera instancia por la máxima jurisdicción de lo contencioso administrativo
El Estado adelantará parte de la entrada a familias que no logran ahorrar, aunque aún no se han fijado las condiciones para acceder a esta ayuda
El Ministerio de Trabajo anunció un primer incremento de S/ 100, al que se sumará una segunda etapa de S/ 70 durante el primer semestre del 2027