Aumentó hoy el boleto de los colectivos en la Ciudad, provincia y el subte. En territorio porteño la suba es de 4,3%, por un 2,3% de inflación de octubre más un extra de 2 puntos porcentuales. En la provincia, las líneas urbanas del Gran Buenos Aires que no cruzan los límites hacia la ciudad de Buenos Aires aumentaron 14,8%. También aumentó el pasaje en subte y llega a $1206 por viaje.Patricia Bullrich oficializó su renuncia. La ahora ex Ministra de Seguridad publicó su dimisión al cargo y la difundió en sus redes sociales. Además, le agradeció al Presidente "la confianza para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo". El 10 asume su banca como senadora en el Congreso.El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción. Para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que va a enviar al Congreso en sesiones extraordinarias. En la actualidad, los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, y se relaciona con el derecho de las personas al ser juzgadas en un plazo razonable.Donald Trump reconoció que habló con Nicolás Maduro. "No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", afirmó el mandatario estadounidense cuando le preguntaron. La revelación de la llamada coincidió con una advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela, que provocó desconcierto en la región y que da lugar a interpretar la medida como un anticipo de acciones militares.Boca le ganó a Argentinos y se clasificó a las semis del Clausura. El equipo de Claudio Úbeda eliminó al club de La Paternal con un gol de Ayrton Costa, sumó su sexta victoria seguida y espera por el ganador entre Racing y Tigre. El sábado Estudiantes superó a Central Córdoba y también logró su pase a semis: su rival será el ganador entre Barracas Central y Gimnasia.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Según reveló LA NACION, ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Presentados en 2024, los tres proyectos que pretendían avanzar en la línea que ahora explora el Gobierno perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre, tras dos años sin tratamiento. Habían sido girados a Asuntos Constitucionales â??presidida por el libertario Nicolás Mayorazâ?? y a Legislación Penal, a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, hoy dentro del bloque oficialista. Pese al reciente interés del Gobierno, bajo su conducción ninguna de estas comisiones sometieron a debate las iniciativas sobre el tema. ð???ï¸? La diputada @GabrielaBrouwer (Córdoba), acompañada por otros diputados y diputadas, presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción.El primero busca incorporar al Código Penal de la Nación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (+) pic.twitter.com/jnHvL2vcIJ— Bloque de Diputados UCR (@diputadosucr) March 15, 2024Actualmente, los delitos de corrupción sí prescriben en la Argentina, y los plazos â??ligados a la pena prevista para cada figura penalâ?? oscilan entre dos y veinte años. La prescripción responde al principio de juzgamiento dentro de un "plazo razonable".Las iniciativas frenadas coincidían en un objetivo: que las conductas más graves vinculadas a corrupción estatal puedan perseguirse y sancionarse sin límite temporal. Todas proponían sumar un nuevo artículo â??en general, el 62 bisâ?? para declarar imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.En sus fundamentos, los proyectos coincidían en el argumento de fondo: planteaban que la corrupción no es un mero delito patrimonial sino un "flagelo" que erosiona la legitimidad del Estado. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de graves violaciones a los derechos humanos, en tanto desvían recursos públicos esenciales y afectan el desarrollo social. ð??¬ "La corrupción no solo es injusta, también nos sale cara.Aumenta costos, destruye la competencia y termina golpeando a todos nosotros.La corrupción mata."ð??? Por eso, desde la Coalición Cívica seguimos denunciando, investigando y proponiendo medidas para frenarla antes. pic.twitter.com/pDDtGxS9GH— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 1, 2025En particular, la UCR y Bianchetti apelaban a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento doloso en el ejercicio de la función pública con un atentado contra el sistema democrático.Blindaje contra el perdón políticoAdemás de la imprescriptibilidad, hubo iniciativas que apuntaron a impedir que, aun con sentencia firme, los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici â??entonces aún dentro de Proâ?? propone declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue estos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una propuesta muy similar.Ambos textos se apoyan también en el artículo 36 de la Constitución, que establece el máximo reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, cercenan la posibilidad de indulto o conmutación, del mismo modo que sucede con los actos de fuerza contra el orden institucional.La Constitución Nacional nos brinda una base muy clara. El artículo 36 establece que los atentados contra el orden democrático son delitos imprescriptibles, y que quienes los cometan no podrán ser indultados ni amnistiados.— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 19, 2025Ninguna de estas iniciativas avanzó. La de la CC, presentada en 2024, ya perdió estado parlamentario. La de Giudici y otros diputados de Pro â??la mayoría ya parte de la tropa de Milei en Diputadosâ?? aún conserva un año de vida legislativa, pero tampoco fue tratada. Todas fueron giradas a Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.Pese a que la corrupción ocupó un lugar central en la agenda pública durante los primeros dos años del gobierno de Milei â??con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actualesâ??, todos estos proyectos quedaron fuera de la discusión parlamentaria. Paradójicamente, prescribieron.
El Gobierno quiere declarar imprescriptibles los casos de corrupción y para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que enviará el Congreso en sesiones extraordinarias, dijeron a LA NACION fuentes oficiales.El texto del proyecto del nuevo Código Penal fue una tarea titánica que realizó una comisión de juristas y magistrados, coordinada por el juez Mariano Borinsky. Trabajaron además en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio y por estas horas está en los despachos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En esta última escala es donde se incorporó esta novedad que integrará el proyecto oficial que el Gobierno piensa enviar al Congreso, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad a LA NACION."Está a estudio", dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.Los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, a contar desde el día en que se cometió el hecho ilegal. Hay algunos delitos imprescriptibles, como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia. La prescripción se relaciona con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable. La reforma, en caso de ser aprobada, no regirá hacia atrás en el tiempo, sino que se podrá aplicar en los nuevos casos de corrupción denunciados y cometidos desde que el nuevo Código Penal esté en vigor. Es decir, en denuncias posteriores a la aprobación del nuevo Código y por hechos posteriores a su sanción en el Congreso.El proyecto de Código Penal agrava las penas para los hechos de corrupción hasta 15 años en los casos de enriquecimiento ilícito y 10 años en casos de coimas. Hoy las penas máximas son de seis años.Hubo un debate doctrinario acerca de si los delitos de corrupción son imprescriptibles. En octubre de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. En la causa se había presentado la diputada Elisa Carrió como amicus curiae en favor de la imprescriptibilidad.En 2018, los jueces de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. En disidencia, Borinsky votó a favor de la prescripción.Este fallo fue recurrido ante la Corte que, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, lo revocaron, en coincidencia con el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal. Ordenaron dictar un nuevo fallo.La Corte no descartó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sino que cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para arribar a esa conclusión, pues entendió que los dos votos por hechos ocurridos entre 1993 y 1995 no eran convergentes. Es decir, no conformaban una mayoría, debido a sus matices. La idea del Gobierno, en caso de que el presidente Javier Milei lo apruebe, es enviar el proyecto de ley al Congreso en sesiones extraordinarias, en diciembre, y que sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores.Es el mismo mecanismo que se usó con la probación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN), impulsado por una comisión presidida por Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. Esa comisión funcionó en 2012 y el Código se aprobó en 2014.Con este mecanismo, el Gobierno quiere ahorrar tiempo, pues podría salir un dictamen conjunto de integrantes de ambas cámaras, que facilitaría la discusión parlamentaria, pues evitaría el reenvío del proyecto de una cámara a otra en caso de haber modificaciones.El ministro del Interior, Diego Santilli -dijeron a LA NACION fuentes de esa cartera-, incluyó el tema del nuevo Código Penal en su gira con los gobernadores, con quienes se reunió para buscar consensos en la aprobación de la ley de presupuesto y la reforma laboral, los dos prioridades del Gobierno."Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal. Ahora, va a haber debate con el kirchnerismo, que se va a oponer a las reformas sobre legítima defensa, el rol de la policía y el agravante para la tenencia de armas de guerra o de uso civil", dijo a LA NACION una fuente del Ministerio de Justicia.Con las armas, la tenencia simple sin autorización se castiga con hasta cuatro años de cárcel y la portación se convierte en no excarcelable.Borinsky presentó este viernes el contenido del proyecto de nuevo Código Penal en Posadas, Misiones, junto al nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que regirá desde marzo en esa provincia.El contenido del nuevo Código Penal fue presentado en la cárcel de Ezeiza, el 2 de octubre pasado, por el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich ante un centenar de jueces y fiscales. La puesta en escena, en medio de la campaña electoral, incluía a los pabellones de los presos que se veían detrás del escenario.El proyecto plantea cuatro aspectos: el agravamiento de las penas en general, la imprescriptibilidad, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir la liberación anticipada del condenado.Por ejemplo, se elevan los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. El homicidio simple pasa de los actuales ocho a 25 años de prisión a 10 a 30 años. Y el agravado con prisión perpetua se aplica ahora si la víctimas del homicidio son el presidente, el jefe de gabinete, ministros, policías, maestros, niños o mayores de 65 años. Lo mismo si ocurre en una cancha de fútbol, en una escuela o en la cárcel.Se fortalece la protección a las víctimas, con mayor participación en el proceso penal. Se regula la "falsa denuncia" con penas más severas, especialmente en casos donde uno de los padres es acusado de delitos sexuales de modo de impedirle ver a sus hijos.Los delitos de pornografía infantil se agravan hasta los nueve años por la posesión y hasta 12 años a los que la tengan en su poder para distribuirla. Lo mismo pasa con la trata de personas: la pena se aumenta a 10 años y a 15 si es agravada.Se incorporan nuevas conductas, como el "stealthing", que consiste en sacarse subrepticiamente el preservativo en una relación sexual. Y se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia. También se agravan las penas por grooming y se tipifica la pornovenganza.Se reforma la figura del robo, en especial incorporando la modalidad de "motochorros" o "viudas negras", con penas no excarcelables de hasta 10 años de prisión cuando el delito se comete con violencia sobre las personas.También se incorpora como delito la estafa piramidal y crece el castigo para el delito de usurpación a 10 años.Se establece una pena de 2 a 5 años de prisión para las agresiones cometidas en manifestaciones o concentraciones de personas. Si la agresión estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de 3 a 9 años.Además, se consideran imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.Con el nuevo Código Penal, por otro lado, se reducen la penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años, para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados.El Código Penal vigente fue sancionado en 1921. En estos 105 años transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis dictaduras, se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron estableciendo modificaciones y parches.
Primera y cuarta categoría. La nueva disposición beneficia especialmente a quienes alquilan inmuebles o cobran por recibos por honorarios, incluso después de ser notificados
La Dian le puso el ojo a más de 3.000 empresas por declarar el impuesto de renta por debajo de la tarifa que debían
El fallo protegió el fuero de paternidad del funcionario y coincidió con la investigación disciplinaria que avanza contra el gobernador de Santander y el alcalde encargado de Girón
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incautó 71.000 dólares que no habían sido declarados. El dueño intentó salir de ese país por el Puente Internacional Gateway de Brownsville, Texas, a bordo de un Kia modelo 2026. Las autoridades migratorias consideran esta omisión como un delito federal.La CBP incautó más de US$70.000 no declarados en la frontera de TexasSegún un comunicado, un conductor de un auto Kia modelo 2026 que se dirigía hacia el sur fue seleccionado para una inspección rutinaria de salida por los agentes. Durante esa revisión, se encontraron los miles de dólares sin declarar. El dueño cometió un delito, ya que la ley permite llevar sin declarar hasta US$10.000.Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville, en Texas, enfatizó: "Los oficiales de CBP continúan trabajando diligentemente y sus esfuerzos persistentes llevaron a esta incautación de dinero en grandes cantidades no declaradas".El hecho ocurrió el sábado 22 de noviembre. Durante la inspección, los oficiales descubrieron la irregularidad con la ayuda de una tecnología de inspección no intrusiva.Tanto el vehículo como el dinero fueron incautados por la CBP. En tanto, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional quedaron a cargo de la persona, mientras se determina cómo sigue su caso ante la Justicia.Las consecuencias legales de no declarar dinero ante la CBPLa CBP detalla en su sitio web que, si se transportan o se envían (incluso por correo u otros medios) divisas u otros instrumentos monetarios por un monto total superior a 10.000 dólares (o su equivalente en moneda extranjera) desde o hacia Estados Unidos, es obligatorio presentar un formulario de declaración. Omitir esta regla será considerado como un delito federal.Entre las principales consecuencias de omitir la declaración y ser descubierto, se encuentran un posible arresto y la incautación del dinero. De todas formas, el monto secuestrado puede ser recuperado mediante una solicitud en la cual se compruebe que su origen y el uso previsto eran legítimos.El gobierno federal advierte que se pueden aplicar hasta diez años de cárcel y hasta US$500 mil como multa, así como también distintos cargos criminales.Los instrumentos monetarios que siempre deben ser declarados ante la CBP si superan los US$10 milLa reglamentación de la CBP establece que existen ciertos instrumentos monetarios que se incluyen en la obligación de declararlos si superan el límite de US$10.000 al atravesar la frontera:Monedas o billetes de EE.UU. o de otro país.Cheques de viajero.Cheques de cualquier tipo.Pagarés y giros postales.Valores o acciones.Desde el sitio oficial del gobierno estadounidense advierten que la norma aplica tanto para las personas solitarias como para quienes lo hacen como grupo familiar.Cómo declarar los instrumentos monetarios ante la CBPEl sitio oficial del gobierno de Estados Unidos informa que hay diferentes métodos:Con el Formulario FinCEN 105: hay entregar el documento al agente de la CBP.Con el Formulario FinCEN en línea: se debe mostrar el número de confirmación o recibo al entrar o salir de Estados Unidos.Con una copia impresa del Formulario FinCEN: se puede solicitar directamente en la aduana al oficial de la CBP.
El hombre se vio obligado a pagar el equivalente a 20 euros en francos suizos por no haberlo detallado en el documento de las exportaciones
La sexta fue la vencida. Tras cinco postergaciones, el polémico presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moreti, se presentó al acto de declaración indagatoria por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Dijo ser inocente, se negó a declarar y en diez días se definirá su situación procesal.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de la causa que se había iniciado después de que una cámara oculta lo mostrara guardándose en el bolsillo del saco un fajo de miles de dólares que habría recibido para, supuestamente, fichar en las inferiores de la institución al hijo de una empresaria de medios periodísticos de La Plata.La última postergación de la indagatoria, prevista para el 6 de este mes, se debió a una presentación hecha por el abogado defensor de Moretti, Gastón Marano, que argumentó tener otras audiencias: una de ellas era por el inicio del jury que terminó con la destitución de Julieta Makintach como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. El letrado era parte de la acusación en representación de Julio César Coria, un agente penitenciario que en el malogrado juicio donde se debatían si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona terminó preso por falso testimonio. Finalmente fue sobreseído. Marcelo Moretti salió corriendo de la sede de San Lorenzo en un patrullero"Moretti se negó a declarar. No presentó ninguna prueba en su favor", dijo a LA NACION una calificada fuente judicial que estuvo presente en la audiencia, a cargo de la jueza nacional en lo criminal y correccional Laura Bruniard, y de la que participó la fiscal Mónica Cuñarro.Según el acta de la audiencia a la que tuvo acceso LA NACION, Moretti sostuvo: "Quiero decir que soy completamente inocente de lo que se me acusa. Mi intención es declarar, contestar preguntas, aportar pruebas, pero como aclaré también en la Fiscalía de la Ciudad, lo voy a hacer cuando esté resuelta la cuestión de competencia".La jueza Bruniard, cuando fijó la fecha para indagar hoy a Moretti, había advertido: "En caso de una nueva incomparecencia, para hacer efectivo el acto procesal en juego, se ordenará la medida coercitiva que por derecho corresponda". En otras palabras: si no se presentaba irían a buscarlo por medio de la fuerza pública, como había solicitado la fiscal Cuñarro. Antes, la indagatoria se había suspendido porque la defensa argumentaba en distintas presentaciones que no se había decidido si al mandamás azulgrana debía investigarlo la Justicia nacional o la de la Ciudad."Hemos presenciado un verdadero disparate desde la perspectiva procesal. Una persona [por Moretti] fue indagada exactamente por los mismos hechos en dos jurisdicciones distintas [el fuero penal, contravencional y de faltas porteño y la Justicia nacional en lo criminal y correccional], lo cual contraría la prohibición de la doble persecución penal, que eventualmente va a comprometer la responsabilidad del Estado argentino. Es absolutamente impredecible lo que va a pasar con esta situación. Por ejemplo, si en una sede lo sobreseen y en otra lo procesan, ¿cómo se resuelve? ¿Desempatan por penales? Es una cuestión increíble y que no he visto en toda la historia criminal argentina", sostuvo a LA NACION Marano después de la audiencia.En cuanto a la disputa entre los fueros nacional y porteño, la había revocado la resolución por la que se había suspendido "la convocatoria de Moretti a prestar declaración indagatoria en virtud de que se encontraba pendiente la resolución de un conflicto de competencia".Los jueces Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich así lo decretaron al hacer lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal general Mauricio Viera."Se advierte que esta Sala, con la actuación unipersonal del juez Guillermo Pablo Lucero, confirmó el 3 de septiembre último el auto que rechazó la inhibitoria del juzgado y reiteró la competencia material de este fuero. A su vez, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Moretti contra esa decisión fue rechazado el 30 de septiembre último, sin que hasta la fecha se hubiera acudido en queja ante el órgano superior. Por otro lado, en el juzgado local [de la Ciudad] no se ha adoptado ningún temperamento relativo a la inhibición requerida por esta jurisdicción. Así, planteado el estado actual del proceso, es dable advertir que no se advierte una inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia y, además -por el contrario-, la situación suscitada impediría el normal avance del trámite de las actuaciones, sin que puede verse afectada la garantía del juez natural", explicaron los camaristas Cicciaro y Pociello Argerich en fallo dictado a principios de mes.La anterior suspensión de la indagatoria se había originado cuando Marano pidió que el expediente llegue al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Ciudad para que decida si la causa debe quedar en la Justicia nacional o en la porteña.La presentación fue rechazada, como se dijo, por la Cámara del Crimen con un fallo del juez Lucero. Lo mismo sucedió con un recurso presentado ante Casación.En su resolución, el juez Lucero, firmante por la Sala 7 de la Cámara Penal, rechazó el pedido de inhibitoria planteado por la jueza de la Ciudad Rocío López Di Muro y el defensor particular de Moretti; ellos pedían a la jueza Bruniard que declinara su competencia, de modo que la investigación la llevara adelante el fiscal porteño Maximiliano Vence y no la fiscal Cuñarro, que ya había avanzado en la instrucción a partir de la denuncia presentada por César Francis, excandidato a presidente del Ciclón.Pero la cuestión de la competencia no está saldada. Por eso Moretti dijo que va a aportar pruebas y a contestar preguntas cuando se defina la cuestión. Hace dos semanas, la jueza en lo penal, contravencional y de faltas Bárbara Moramarco Terrabossa resolvió "trabar contienda positiva de competencia" entre el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño N°4, interinamente a su cargo, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, conducido por Bruniard, y elevó el incidente al Superior Tribunal de la Ciudad para que "dirima la cuestión".
Erica Romero amplió su declaración en la Fiscalía Nº 3 y aportó datos que no habían sido evaluados en 2017. Su abogado, Pablo Vianello, confirmó que se conformó un equipo fiscal especial. Leer más
El cuestionado presidente de la institución de Boedo se presentó a la indagatoria, pero no declaró este martes. Así, la polémica se incrementa en torno a su situación por presunta administración fraudulenta y pedido de coimas.
En el corazón del Califato, una joven cristiana desafió las leyes de la apostasía. Aquel acto de suprema devoción dejó una huella imborrable en el martirologio mozárabe. Leer más
En Brownsville, Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que incautó un total de 70.000 dólares de un cargamento que quería atravesar la frontera. La agencia descubrió el paquete gracias al trabajo de la unidad canina.Incautación en Brownsville: así halló la CBP los US$70.749 no declaradosSegún el comunicado del ente gubernamental, los uniformados dieron con US$70.749 no declarados gracias a la intervención del equipo canino y de un sistema de inspección no intrusivo.El vehículo fue remitido a una revisión secundaria y allí fue cuando los agentes descubrieron la gran cantidad de dinero no declarado. Todo ocurrió el 18 de noviembre de 2025 en el Puente Internacional Gateway.El vehículo circulaba hacia el sur y fue seleccionado a modo de rutina por los oficiales. El efectivo fue confiscado y ahora el caso quedó en manos de los oficiales especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional.Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville, sostuvo: "Las funciones de los oficiales de la CBP no solo implican inspeccionar el tráfico entrante, sino también detener el transporte de grandes cantidades de divisas no declaradas, que a menudo son producto de actividades ilícitas, y sus esfuerzos condujeron a esta incautación de divisas no declaradas".Viajeros a EE.UU.: la regla de los US$10.000 y cuándo declarar dineroLa entidad federal aseguró que no es ilegal transportar más de US$10.000 al entrar o salir de EE. UU., siempre y cuando hayan sido declarados previamente ante las autoridades por su portador.En este caso ocurrido en Brownsville, la persona no había informado que llevaba un monto superior al límite, y por eso inmediatamente cometió un delito federal."No declararlos puede resultar en la confiscación de las divisas y/o el arresto. Una persona puede solicitar la devolución de las divisas confiscadas por agentes de la CBP, pero el solicitante debe demostrar que el origen y el uso previsto de las mismas eran legítimos", explica el organismo.Quiénes deben presentar una declaración de dinero ante la CBP y cómo hacerloSegún la CBP, cualquier persona que lleve, envíe o reciba divisas o instrumentos monetarios por un total superior a US$10.000 a la vez, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, debe declararlos. Este requisito incluye a quienes transporten por correo o remiten los artículos para sí mismos, o en nombre de otra persona o empresa. A su vez, cuando se trata de familias o grupos, el límite de US$10.000 se aplica al monto total que transportan o envían colectivamente, no por individuo.En el caso de los transportistas comunes de mercancías, también están sujetos a esta regla, a menos que el remitente indique explícitamente que el envío contiene divisas o instrumentos monetarios.Para presentar la declaración, se necesita completar el Formulario FinCEN 105, y hay diferentes maneras:Electrónicamente, en el sitio web del Formulario 105 de FinCEN (es la opción más recomendada por la agencia).Físicamente, presentado ante un oficial de la CBP antes de salir del país y habiéndolo impreso antes.Se puede obtener y completar el formulario antes de salir o al llegar a EE.UU.Con cuánto dinero se puede viajar hacia o desde Estados UnidosSegún el sitio oficial del gobierno estadounidense, los viajeros pueden llevar cualquier cantidad de dinero consigo cuando ingresen o salgan de EE.UU., pero siempre deben declararlo cuando el monto exceda los US$10.000.En la normativa, están incluidos los siguientes instrumentos monetarios:Monedas o billetes de EE.UU. o de otro país.Cheques de viajero.Cheques de cualquier tipo.Pagarés y giros postales.Valores o acciones.
Leer más
Con críticas al "embate constante" de la hija, se confirmó que una mujer de 87 años es plenamente capaz. La adulta mayor relató que ya "no aguantaba más" el proceso, que se extendió desde 2021 y la sometió a pericias, audiencias e inhibición de bienes
El hermano del expresidente respondió a las acusaciones fiscales contra Martín Vizcarra así como la posibilidad sobre un posible indulto
El fenómeno meteorológico dejó sectores rurales y urbanos bajo fuertes anegamientos, además de interrupciones en vías principales y rescates en zonas vulnerables
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra estima "indiscutible" es la reiterada voluntad de Salomé Pradas de mantener comunicaciones con el presidente de la Generalitat
Daniel María Garbellini no respondió preguntas porque su defensa asegura no haber accedido al expediente completo. Hasta ahora todos los imputados se mantuvieron en silencio
La FGR sigue investigación por posible lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado en BC
Daniel Garbellini es apuntado como pieza central de los presuntos sobornos.
Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que hablan de un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y máximo responsable del organismo en el período que investiga la Justicia, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Según el dictamen del fiscal, se acusa al exfuncionario de La Libertad Avanza de haber "permitido, consentido o supervisando" el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables. Spagnuolo llegó a los tribunales a las 13, media hora antes del inicio de su indagatoria. De saco azul y pantalón beige, ingresó por la puerta central y, acompañado de una persona, subió al cuarto piso del edificio rumbo al juzgado que subroga Casanello. Spagnuolo puede declarar oralmente, entregar un escrito o negarse a hacerlo y no contestar preguntas del juez ni del fiscal. Antes de su indagatoria, se habían negado a declarar Pablo Atchabian, que fue indagado la semana pasada, luego de ser detenido, y Miguel Ángel Calvete, que estuvo ayer en los tribunales federales.Ambos están acusados por el fiscal de actuar como directores extraoficiales en la agencia de Discapacidad a través de personas que sí eran funcionarios y le respondían a ellos.Spagnuolo, que supo ser el abogado del presidente Javier Milei, fue el director de la Agencia de Discapacidad que está bajo la mira de la Justicia. "La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia", señala Picardi en su dictamen.Y sigue: "[Funcionó] como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo".La causa nació al calor de una serie de audios en los que una voz que sería la de Spagnuolo describe con bastante nivel de detalle un presunto esquema de pagos ilegales que corre en paralelo a su figura y que involucraría a las droguerías y a la hermana del Presidente, Karina Milei. Por el momento, la investigación no alcanzó a otras áreas del Gobierno por fuera de la Andis. La validez de esas grabaciones furtivas está siendo cuestionada por la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las empresas investigadas, y por el propio Spagnuolo, que luego de permanecer en silencio en el expediente, se plegó a la estrategia defensiva de los empresarios. El asunto, junto con otro planteo de los Kovalivker, debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que celebró una audiencia hace dos semanas para escuchar a cada una de las partes. "Entendemos que esos audios violan el derecho a la intimidad, violan el derecho al debido proceso", dijo en la audiencia, Mauricio D'alessandro, el abogado defensor de Spagnuolo. "Fueron obtenidos, si fueran ciertos, los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueran editados, si fueron editados con inteligencia artificial, o si fueron parte de una maniobra de inteligencia, por ejemplo si la propia AFI o algún organismo de inteligencia ha estado organizando tareas sobre particulares sin la debida autorización judicial", siguió. D'Alessandro es el tercer abogado que tiene Spagnuolo en la causa. En un principio, el exfuncionario fue representado por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, pero los letrados renunciaron, al tiempo que la Justicia secuestraba 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados que Spagnuolo mantenía en una caja de seguridad. Los abogados alegaron "motivos personales", pero después trascendió que la relación con Spagnuolo estaba rota. Luego fue el turno de la defensora oficial Florencia Plazas, que fue luego reemplazada por D'alessandro, que en la audiencia insistió con que el origen de los audios era objeto de investigación en una causa paralela y violaba el derecho a la intimidad de su cliente. "Estamos hablando de un funcionario público que lo que relata son actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad", contrapuso el fiscal Picardi, quien subrayó que Spagnuolo describió a más de una persona el presunto sistema de coimas a distintas personas y fue echado del Gobierno. "No hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuol sufrió un acto de espionaje ilegal", añadió, aunque eso forma parte de otras actuaciones. Para el fiscal tampoco está claro cómo Spagnuolo encaró una "reforma sustancial y onerosa" en su casa del barrio Campos del Alto Grande, en Pilar, puesto que la obra no se tradujo en una disminución patrimonial. Como parte de su investigación surgió, además, que el exfuncionario recibió un pago de $5 millones por parte de Calvete para disponer de efectivo en un viaje a Israel que finalmente no se realizó.
EL CALAFATE.- En el segundo día de temporal, en toda la provincia rige el alerta naranja por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto que el gobierno provincial declarará en las próximas horas la emergencia climática para enfrentar las pérdidas y destrozos del fenómeno que en algunas localidades alcanzó ayer los 140 km/h. En Caleta Olivia, la ciudad más afectada, hay 150 personas evacuadas por voladuras de techos y tres barcos hundidos. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, definió para hoy las restricciones de circulación de tránsito sobre la ruta nacional 3. Se mantiene la suspensión de clases y de la concurrencia a los lugares de trabajo para toda la administración pública en 12 de las 15 localidades de la provincia. "El gobernador ha decidido avanzar en los instrumentos necesarios para declarar una ley de emergencia, para de esta manera solicitar al gobierno nacional el aporte necesario, para que acoplado a las herramientas que tiene la provincia, puedan llevar apoyo a los sectores que fueron tan fuertemente golpeados", expresó anoche en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Daniel Alvarez.Mencionó entre las pérdidas más importante las tres embarcaciones de la Flota Amarilla â??de pesca artesanal- que se hundieron el puerto de Caleta Paula, "pérdidas que también significan el riesgo de la fuente de trabajo y un golpe muy fuerte para los empresarios que perdieron sus embarcaciones", afirmó el jefe de Gabinete. View this post on Instagram Por medio de las redes sociales, el gobernador Claudio Vidal agradeció a quienes están trabajando en la emergencia: "A nuestros bomberos, a la policía, a Protección Civil, servicios públicos, Vialidad Provincial, personal de salud, agentes municipales y comunales y a cada persona que está poniendo el cuerpo para asistir a nuestras familias en cada localidad".Por encontrarse cerrado el aeropuerto de Río Gallegos por refacciones, el aeropuerto internacional de El Calafate, es el único operativo en toda la provincia, y algunos vuelos ayer registraron atrasos. Fue necesario, además, suspender el uso de la manga de acceso a los aviones en otros dos servicios.Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil, aseguró que Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos concentran la mayor cantidad de intervenciones de asistencia a los vecinos a través de las fuerzas públicas que conforman el COE. Y destacó que en Caleta Olivia se registraron 150 evacuados por daños por desprendimientos de techos en sus viviendas.Los vientos alcanzaron picos de 133 km/h en Puerto Deseado; 140 km/h en Caleta Olivia; 127 km/h en Río Gallegos, y valores superiores a 130 km/h en Jaramillo, Las Heras y Pico Truncado. Durante la noche del lunes los vientos disminuyeron en la provincia, pero a partir de la mañana de hoy retomaron la intensidad con ráfagas que superan los 110 km/h.El Consejo Provincial de Educación informó anoche que, debido al alerta emitida por el SMN y ante las recomendaciones del COE se suspendieron las clases para hoy en todas las instituciones educativas.El Parque Nacional Los Glaciares, que ayer mantuvo sus portales de ingreso cerrados, hoy se procedió a la reapertura. Sin embargo, las autoridades advirtieron que por las intensas lluvias reinantes y la saturación del suelo, "los caminos, estacionamientos y senderos presentan zonas anegadas, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución y en lo posible, evitar largos recorridos". Y recordaron tener suma precaución dado que en áreas agrestes es habitual la caída de ramas y árboles, por lo que solicita especial cuidado bajo estas condiciones climáticas.
El caso que investiga una presunta estafa gigantesca al Estado con empresarios infiltrados en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tiene 15 imputados que ya empezaron a ser indagados y un empresario detenido, Pablo Atchabahian, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mendoza.El fiscal federal Franco Picardi había pedido las detenciones de seis acusados, pero el juez Sebastián Casanello consideró que sólo era necesario avanzar contra Atchabahian, a quien llevaban semanas buscado sin éxito para requisarlo y secuestrarle su celular. Al resto, le impuso otras medidas, como la entrega de pasaportes o la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.Pero con Atchabahian el trato fue distinto. Para el juez, su detención sí estaba justificada. De las intervenciones telefónicas que le hicieron, surgió que sabía de la causa y que "mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional". Además, destacó el juez, tiene "una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice". Atchabahian es una pieza clave para la causa. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras. Garbellini era, además, el hombre al que aludirían los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, que en los papeles era el jefe de Garbellini en la Andis. "Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear", dice quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que fueron la génesis de esta causa. Lule es, todo indica, Eduardo Menem, de absoluta confianza de Karina Milei; el que le "metieron", Garbellini.Atchabahian -que le daba órdenes a Garbellini, según la investigación de Picardi- está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del "Grupo Museo", un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a pesca de negocios en el Estado.Atchabahian conocía el terreno: prestó funciones en la Andis en 2018, en el mismo cargo que le consiguieron a Garbellini en 2024. En una conversación, Atchabahian dijo: "Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife".Hoy, Atchabahian, de 59 años, está preso en un country de Las Heras, Mendoza. El viernes pasado fue indagado por orden del juez Casanello, pero se negó a declarar.La ronda de indagatorias de esta causa, que empezó con Atchabahian, sigue mañana, con la declaración de Miguel Ángel Calvete, el otro de los imputados que está preso. En este caso, la detención no la dispuso Casanello: Calvete fue condenado en una causa de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Si bien llevaba tiempo condenado, el tribunal que tiene su caso ordenó su detención el mes pasado, después de que se lo allanó en el marco de esta nueva causa.Calvete está citado a declarar este martes, pero no se le fijó horario a la audiencia. Hay que coordinar su traslado desde la cárcel.El miércoles será la indagatoria de Spagnuolo, que seguirá por ahora en libertad. Exabogado personal de Milei, Spagnuolo fue echado "de manera preventiva" del Gobierno en agosto, cuando se conocieron los audios. Está previsto que declare a las 13.Picardi pidió su arresto, pero Casanello dijo que tanto Spagnuolo como Garbellini, están "a derecho", presentaron abogados defensores, se les prohibió salir del país y sus patrimonios fueron congelados. No obstante, como medidas adicionales, el juez les ordenó que se presentaran el juzgado, hicieran entrega de sus documentos de viaje y asumieran el compromiso de volver a los tribunales cada quince días.Para el jueves está citado Garbellini. La ronda de indagatorias sigue con Eduardo Nelio González (28 de noviembre, a las 12), Lorena Di Giorno (28 de noviembre, a las 13), Roger Grant (1 de diciembre, a las 13), Luciana Ferrari (2 de diciembre, a las 11), Federico Maximiliano Santich (2 de diciembre, a las 12), Guadalupe Muñoz (3 de diciembre, a las 12), Patricio Gustavo Rama (4 de diciembre, a las 10), Ruth Noemí Lozano (4 de diciembre, a las 11) Andrés Horacio Arnaudo (5 de diciembre, a las 10), Silvana Vanina Escudero (5 de diciembre, a las 11), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (5 de diciembre, a las 12).Quién es AtchabahianAtchabahian es médico especializado en urología. En los años 90 fue jefe de residentes del Hospital Argerich y después trabajó en los laboratorios LKM y Raffo. Entró en la función pública en 2009, como director del Hospital Materno-Infantil de Pilar, cargo que ocupó durante dos años. Fue en la gestión municipal de Humberto Zuccaro, peronista que durante un tiempo fue aliado de Sergio Massa en el enfrentamiento con el kirchnerismo. En 2011, también con Zuccaro, asumió como secretario de Salud de Pilar.En 2015, Atchabahian se convirtió en funcionario provincial, en la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense. Fue nombrado subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud de la provincia. Como tal, tenía a su cargo licitaciones y compras de medicamentos e insumos para los hospitales provinciales. Siete meses ocupó ese cargo. Había asumido como supuesto hombre fuerte del ministerio, de acuerdo con las crónicas de la época, pero se fue por diferencias con la ministra de entonces, Zulma Ortiz. Lo acompañó en ese paso por la función pública bonaerense Garbellini, a quien Atchabahian nombró como director provincial. Garbellini venía de trabajar en el gobierno de la ciudad, con distintos cargos en los ocho años que Mauricio Macri fue jefe de gobierno.Cuando Atchabahian dejó el gobierno provincial, se fue también Garbellini.El primer rastro público de la relación de Atchabahian con Garbellini es en 2014, cuando Atchabahian era funcionario de Pilar y Garbellini, funcionario de la ciudad. Compartieron un viaje ecuménico a Israel y otros destinos con distintas personalidades, desde Adalberto Rodríguez Giavarini y el padre Guillermo Marcó, hasta Carlos Kunkel.La carrera de funcionario de Atchabahian siguió, en junio de 2016, en el gobierno nacional, como director de Asistencia Directa en el Ministerio de Desarrollo Social (la ministra era Carolina Stanley). Otra vez tenía a su cargo licitaciones y compras de medicamentos. En marzo de 2018, pasó a la Andis, como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud. A cargo del programa Incluir Salud, que se encarga de los medicamentos de alto costo. Se fue cuando Macri dejó el poder. Es el cargo en el que seis años después, según la investigación de Picardi, ubicó a Garbellini.Atchabahian ya estaba fuera de la función pública. En los últimos años, según el dictamen del fiscal, trabajó en el laboratorio Roche.
La magistrada incorpora al sumario las grabaciones del Cecopi y amplía la ronda de testigos del entorno de Presidencia
AIDESEP denunció que más de 3,000 toneladas de mercurio han sido vertidas en los ríos amazónicos por la minería de oro. Piden intervención urgente y trazabilidad del oro para frenar la crisis sanitaria y ambiental
España aplicará la nueva normativa europea mediante la app PescaRec, que obligará a registrar cada jornada de pesca no profesional, incluso si no se han dado capturas
La fiscal deberá presentarse ante la Junta el 17 de noviembre por un proceso disciplinario por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides, pese a una medida cautelar a su favor
Fue una declaración concisa. Emotiva. Ante el jurado de enjuiciamiento, Gianinna Maradona, una de las hijas del astro mundial del fútbol, afirmó que la jueza Julieta Makintach, magistrada que enfrenta un jury, le juró por sus hijos que no había un documental sobre el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de su padre."Estábamos buscando a los asesinos de mi papá. Mi papá se merecía tener justicia por su muerte. Me pareció todo muy injusto", sostuvo Gianinna al comenzar su declaración testimonial ante el jurado de enjuiciamiento, presidido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan.Contó que cuando se enteraron de la existencia de un documental, que después se supo se iba a llamar Justicia Divina, discutieron con su hermana Dalma y el abogado que las representa a ambas, Fernando Burlando, porque no podían creer lo que estaba pasando.Gianinna reveló que se comunicó con Makintach. "Ell me dijo que me lo juraba por los hijos, que no había nada". Y, entre lágrimas, afirmó: "Yo le creí por empatía. Yo estaba con mi hijo".Antes de retirarse dijo: "Todavía no puedo creer que haya personas que puedan alardear con la muerte, por más que sea Diego Maradona, que es mi papá, que es un abuelo".Y para finalizar sostuvo: "Queremos la verdad, que paguen todos los que tienen que pagar, que somos una familia que estamos sufriendo".
Cada caso de clientes afectados por préstamos referenciados al índice oficial deberá evaluarse individualmente en tribunales para determinar si existe falta de transparencia o abusividad
Fiscalía revisará actuación del cuerpo de seguridad del alcalde de Uruapan
La magistrada está siendo juzgada por grabar un documental durante el juicio que investigaba la muerte de Maradona. Hoy también declaran Dalma y Gianinna.
La excongresista, Tania Pariona, envió una carta a la Junta de Fiscales Supremos para retirar del cargo al fiscal de la Nación interino por estar implicado en el caso Cuellos Blancos
"Juro decir la verdad", dijo apenas se sentó en la silla para comenzar a declarar en el juicio político contra su colega Julieta Makintach. Pero la declaración de Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro tuvo que ser interrumpida a poco de su inicio por un corte de luz y una filtración de agua en la sala audiencias del subsuelo del edificio anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.Finlamente, la declaración de Savarino fue postergada para el lunes próximo y el jury pasó a un cuarto intermedio, anunció Ulises Giménez, a cargo de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense."Vengo las veces que sean necesarias. Tengo mucho por declarar", dijo Savarino antes de levantarse de la silla. Su declaración era esperada con expectativa. Se trata del magistrado que estuvo a cargo de la presidencia del malogrado juicio donde se debatían si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, juicio que fue declarado nulo después de que quedara al descubierto la producción del documental Justicia Divina, con la participación estelar de la jueza Makintach.Las expectativas por el testimonio de Savarino habían aumentado porque a la mañana había declarado como testigo Mariana Parbst, una abogada adscripta a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que fue designada como secretaria del TOC N°3 de San Isidro, y entre otras cuestiones afirmó: "Makintach insistía que tenía que tomar la dirección del debate". También hizo referencia a la intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia bonaerense por este tema.Y dijo que el juez Savarino habló de que pensó que si Makintach hacía una presentación ante el máximo tribunal bonaerense podía ir con "mentiras" y ante una pregunta puntual del abogado Gastón Marano, representante de Julio César Coria, un excustodio de Maradona que en medio del juicio había sido detenido e imputado de falso testimonio, si sabía a que se había referido Savarino con la cuestión de las "mentiras" repondió: "A cuestiones de género".De todas maneras, como se consignó, la audiencia se tuvo que suspender por un corte de la energía eléctrica. Si bien fue breve, se sumó otro inconveniente: una filtración de agua, presuntamente líquido de los aires acondicionados que caía justo en el lugar donde estaba sentado Savarino.Para hoy también estaba prevista la declaración de la jueza Verónica Di Tommaso, también integrante del TOC N°3 de San Isidro. La magistrada estaba en un sala contigua esperando su momento para declarar.Antes, al mediodía, había declarado el fiscal del Departamento Judicial de San Isidro José Amallo, quien participa de la investigación penal donde Makintach está imputada cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.Primero hizo un relato detallado de cómo fue identificado el camarógrafo Jorge Huarte, quien fue contratado para filmar las alternativas de la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona.Después recordó cómo fue el allanamiento en la produtcora La Doble, que participaba de la preparación del documental Justicia Divina, situada en le barrio Saavedra, donde se secuestró material fílmico y registros contables y documentos del proyecto audiovisual."Pudimos encontrar elementos que sostenían que la productora estaba detrás del documental", dijo Amallo e hizo referencia al hallazgo del guion de la producción, donde se explicaba que se iba a contar de seis capítulos."Estábamos detrás de un guion hecho y derecho. Era un guion que mantenía una idea original y luego se agregaba a partir de la información que aportaban las personas que estaban en el juicio, María Lia Vidal Aleman y Juan Manuel D'Emilio. A mi impresión, estaba en conocimiento la doctora Makintach [del proyecto audiovisual]", afirmó Amallo.El representante del Ministerio Fiscal dijo que cuando se sumó a la investigación que llevaban adelante sus colegas Cecilia Chaieb y Carolina Asprella, pensó que alguien había interpretado mal los hechos, que no podía ser cierto que la jueza Makintach estaba detrás de un documental porque sería un bochorno."Pero cuando empecé a tomar conocimiento de las imágenes, pensé: ¿Cómo se prestó a esto?. Pero cuando analicé el material supe que hubo un protagonismo que la doctora Makintach ha decidido tener", afirmó mirando al jurado de enjuiciamiento.Y fue más allá: "Ha participado de la producción. Makintach no solo fue protagonista, también fue productora del documental".El fiscal Amallo explicó que para él "producir un documental" no solo es aportar dinero, sino también tomar decisiones, dar autorizaciones o habilitaciones y eso, según dijo, hizo la cuestionada jueza."El documental tenía un fin económico, era un negocio", sostuvo.Para la defensa, el testimonio de Amallo "es parcial" y así lo afirmó Urrutia ante el jurado de enjuiciamiento. Ya antes de que comenzara la declaración, el abogado defensor había sostenido que la imparcialidad del representante del Ministerio Público estaba comprometida, ya que estaba recusado en la investigación penal.A partir de una serie de preguntas que realizó el abogado Urrutia sobre cuestiones de la causa penal y donde , la presidenta del Jurado de Enjuciamiento, Hilda Kogan -titular de la Suprema Corte bonaerense-,le recordó: "No estamos en el un juicio penal, estamos en un juicio político"Urrutia hacía referencia a que en el expediente penal se le restringieron durante tres meses pruebas. Amallo explicó que, por distintas cuestiones, hay elementos se mantienen en reserva y en el sistema se ponen en privado. Y afirmó, según su visión, que la investigación que lleva adelante Amallo es nula."Es una reserva temporal", explicó Amallo. Y respecto a una serie de declaraciones testimoniales que estuvieron en reserva y que fueron cuestionadas, el fiscal recordó que la defensa estuvo presente en las audiencias.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han enviado una orden al hermano de Carlos III para que este cuente "la verdad" sobre los cargos que pesan en su contra
En una carta enviada al ex duque de York el jueves, los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman creer que podría tener información crucial sobre los cómplices y facilitadores de los crímenes del magnate.No tendrá necesidad de viajar a Washington. Puede responder desde Gran Bretaña porque es un ciudadano británico.
Los senadores de Unión y Libertad presentaron el proyecto que permita una serie de medidas para los productores agropecuarios. Estiman que hay más de cinco millones de hectáreas afectadas por las intensas lluvias
Sala Penal Especial asevera que expremier tiene pleno conocimiento del proceso. Advierten de una actuación maliciosa
La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo. La segunda de Mario Lugones había ingresado al gobierno de Javier Milei en mayo de 2024 y fue una figura clave para el Poder Ejecutivo en el conflicto en el Hospital Garrahan. La viceministra dejará su cargo tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, funcionario con quien mantenía una relación de confianza. La salida de Francos, que se anunció el viernes por la noche, generó que Lisandro Catalán, ministro del Interior, también presente su renuncia.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes los proyectos de Presupuesto, la Ley Impositiva y una norma de financiamiento para el año próximo, que en rigor implica una toma de deuda de 3000 millones de dólares considerada como algo "imperioso" por el mandatario. Lo hizo con un pedido especial para que la Legislatura declare en emergencia económica al distrito que administra desde 2019.En una nueva señal de respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, le expresó al flamante canciller, Pablo Quirno, "el apoyo de Estados Unidos a las históricas reformas del presidente Javier Milei" luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.Una pareja murió y sus tres hijos terminaron internados el viernes por la noche luego de que el Renault 12 en el que viajaran fuera embestido por una camioneta Volkswagen Amarok en el municipio bonaerense de José C. Paz. La tragedia ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. Al volante de la Amarok iba Michael Carballo, de 18 años, quien tenía 3 gramos de alcohol en sangre.María Belén Ludueña confirmó este lunes por la noche estar embarazada y a la espera de su primer hijo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En un posteo de Instagram, Ludueña escribió: "¡Todo este amor y más es para vos mi vida!". El funcionario porteño sumó horas después: "Soy padre ya de 3 maravillosos hijos que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén", dijo.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Bajo los lineamientos macro de Nación, la provincia destinará la mayor parte del presupuesto a obra pública. Además impulsa ley de Financiamiento y otra impositiva. Leer más
LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes los proyectos de Presupuesto, la Ley Impositiva y una norma de financiamiento para el año próximo, que en rigor implica una toma de deuda considerada como algo "imperioso" por el mandatario. Lo hizo con un pedido especial para que la Legislatura declare en emergencia económica al distrito que administra desde 2019. El nuevo paquete de leyes se comenzará a debatir en medio de una fuerte tensión con Máximo Kirchner por la conducción del peronismo bonaerense: del resultado de la negociación en la Legislatura podría terminar de definirse una nueva apuesta a la unidad o la definición de una ruptura.El tercer actor en la negociación interna de Fuerza Patria es Sergio Massa, quien podría estar más dispuesto a apoyar mientras que se renueve la presidencia de la Cámara de Diputados en manos de Alexis Guerrera. Toda la negociación incluirá además otros cargos a cubrir en la administración del bloque de Diputados y del Senado, en el gabinete provincial, en el Banco Provincia y hasta en la Suprema Corte de Justicia. Para más adelante podría quedar la presidencia del Partido Justicialista bonaerense que ocupa Máximo Kirchner y cuyo mandatoe vencerá el 18 de diciembre, pero podría prorrogarse hasta marzo. La ley de Financiamiento requiere autorización para tomar nuevo crédito por 1.900 millones de dólares más 1045 millones de dólares que estaban de autorización pendiente este año. Junto con la deuda se creará un Fondo para los Municipios. "Necesitamos refinanciar los vencimientos de la deuda. Si no podemos hacerlos recaerá sobre el presupuesto general. Es imperioso", destacó Kicillof, ante legisladores e intendentes reunidos en la Gobernación.Kicillof no esperó hasta el 10 de diciembre, cuando tendrá mejor representación de Fuerza Patria -quórum propio en el Senado y un bloque con más volumen como primera minoría en Diputados-, para intentar separar los debates de las leyes y de los cargos bajo una premisa: del apoyo o entorpecimiento que encuentre en los socios dependerá la unidad, según se escuchó en la Casa de Gobierno. En concreto el mandatario busca posicionarse como antónimo al presidente Javier Milei -a quién le envió una carta para pedir una audiencia el sábado último- y espera que los socios de Fuerza Patria se definan como aliados o como opositores internos. Ningún bloque opositor que acompañe a Kicillof si antes no lo hace en unidad la mayoría de los aliados del peronismo, tal como sucedió en los últimos períodos. La derrota electoral del domingo 26 de octubre lejos de propiciar un dialogo entre las partes propició nuevos reproches entre los aliados internos a los que deberá seducir Kicillof antes que a la oposición.NúmerosEl gobernador no tiene un presupuesto aprobado desde 2023. Gobernó los últimos tres periodos con presupuesto prorrogados. Este año tampoco logró que se aprobara un pedido de endeudamiento enviado por fuera de la ley de leyes, a mitad de año. En la presentación de la ley de Leyes el gobierno de Kicillof volvió a reclamar al gobierno nacional deudas pendientes por casi 13 billones de pesos. Hoy Kicillof insistió en ese reclamo al presentar sus números ante representantes de los 135 municipios, y las autoridades de las dos cámaras reunidas en el Salón Dorado. "Estamos en una verdadera emergencia", dijo el ministro de Economía Pablo López. "Es realmente grave: la actividad económica esta 10 puntos abajo que 2023â?³, remarcó. Tenemos 172 nuevos desempleados en la provincia", recalcó. "Esta situación no puede escindirse de la política de ajuste del gobierno nacional". El ministro de Economía precedió a Kicillof en la presentación. Los dos funcionarios estuvieron acompañados por la vicegobernadora Verónica Magario -presidenta del Senado- y Alexis Guerrera -presidente de la Cámara de Diputados-. También por el ministro de Gobierno Carlos Bianco.Alícuotas patrimonialesLópez precisó que cayó la recaudación en 3 billones de pesos desde 2023. Aún así dijo: "No habrá aumento de carga tributaria. No se modifican alícuotas de Ingresos Brutos. Los impuestos patrimoniales serán más justos: habrá mayor equidad. Sostenemos urbano y rural y disminuyendo al automotor. Y disminuyendo a los sellos". López destacó que en el presupuesto se prevé Inversión capital 3.2 billones; Salud 1.7 billones; Educación 1.3 billones y seguridad.Desde La Cámpora acompañaron intendentes como Mariel Fernández (Moreno) y Mayra Mendoza (Quilmes). Estuvieron también presentes legisladores aliados a Cristina Kirchner como Teresa García - presidente del bloque de Senadores, que dejará el cargo para asumir como diputada nacional- e integrantes del gabinete referenciados con La Cámpora que podrían ser removidos en caso de que fracase una negociación. "La provincia necesita estas herramientas para poder seguir trabajando con los 135 municipios. Es imperioso" destacó Kicillof. "Hay una crisis profunda y el gobierno nacional se borra. Deserta. El gobierno de la provincia y sus intendentes damos la cara", insistió el mandatario.
Un grupo de regidores ha enviado una misiva en el que solicita la suspensión de las fiestas de aniversario de Huacho
El ministro Ernesto Álvarez indicó que el estado de emergencia decretado ha cumplido "objetivos primarios" y que se trasladará a criminales a penales como Ancón y Lurigancho
Vilaplana será interrogada sobre su encuentro con el president valenciano el 29 de octubre de 2024
El alcalde Marlem Mogollón advirtió que Sullana enfrenta una crisis de inseguridad que supera la capacidad de respuesta local. Exige al Ejecutivo intervenir de forma urgente ante el aumento de asesinatos y la infiltración del crimen en la Policía.
Está basada en el caso real de la artista plástica Natalia Kohen. Sus hijas la internaron con un falso diagnóstico de demencia frontotemporal por temor a que dilapidara su fortuna. Qué dicen los profesionales del derecho sobre estos conflictos familiares judicializados
El congresista colombo-estadounidense aseguró que los grupos armados tienen la capacidad de llevar a cabo acciones terroristas y que, por eso, constituyen un peligro para Estados Unidos
Tras el cierre del calendario tributario, muchos contribuyentes pueden recuperar dinero pagado de más
El objetivo de su testimonio es aportar información relevante sobre los hechos investigados en el mencionado caso, en el marco de los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz
La mandataria señaló que aún está en puerta que la Unión Americana cierre una serie de negociaciones con el secretario de Economía
CÓRDOBA.- Pablo Laurta, preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Entre Ríos, será indagado de forma presencial en el edificio de Tribunales 2 de esta ciudad. Con un nuevo operativo especial de seguridad fue trasladado desde la cárcel de Cruz del Eje, a 140 kilómetros, a donde está detenido. Se espera que antes del mediodía esté ante el fiscal Gerardo Reyes.Lo asistirá la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, que había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado.Si el acusado decide hablar, será la primera vez que lo haga ante la Justicia. Se mantuvo en silencio en Entre Ríos, adonde fue detenido el domingo 12 de octubre pasado el mediodía, poco más de un día después del doble femicidio y el rapto de su hijo. En aquella provincia ya le dictaron la prisión preventiva por 120 días. Los fiscales de Concordia acusaron a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre. Según la imputación de los representantes del Ministerio Público, Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal que establece la prisión perpetua para quienes maten "para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito".El lunes pasado llegó a Córdoba. Al ingresar en la Jefatura de Policía dijo: "Estoy en paz; mi hijo ahora está seguro". Y agregó: "Hice lo necesario para rescatar a mi hijo".En análisisLaura Giardina, hermana de Luna, una de las víctimas de Laurta y tía de P. el niño al que el uruguayo se llevó después del doble femicidio, se constituyó como querellante. Aunque vive en Chile, sigue en Córdoba, adonde viajó inmediatamente después de tomar conocimiento del crimen. "En la querella adelantamos que si se analizan otros elementos, hay que derivar la investigación para que tramiten las actuaciones que correspondan", explicó Marina Romano, la abogada. Añadió que su clienta insiste con que el femicidio de su hermana fue la "crónica de una muerte anunciada", ya que la acechaba como una hiena, como un depredador, instalándose en el techo de su casa".En octubre de 2023, Luna Giardina radicó una denuncia en la Unidad Judicial N°19, en el barrio Argüello. Dijo que Laurta la presionaba económicamente y que quería sacarle la casa donde vivía con su madre, Mariel Zamudio, la otra víctima del doble crimen.Incluso mencionó que los hechos de violencia databan de 2020. Precisó que ese año Luna pensó que estaba embarazada y él le dijo que la obligaría a abortar. La denuncia fue remitida a la fiscal Jorgelina Gutiez, quien dispuso una restricción de acercamiento. En paralelo, el Juzgado de Violencia Familiar, a cargo de Victoria Jalil, ordenó la entrega de un botón antipánico a la víctima.El 8 de enero de 2024, Laurta fue detenido; estuvo preso un mes y fue sometido a un peritaje psicológico y psiquiátrico que concluyó que "comprendía la criminalidad de sus actos" y "no presentaba peligrosidad". Al quedar en libertad se fue a Uruguay antes de que pudiera colocársele la tobillera electrónica, como había ordenado Jalil para controlar que no se acercara a su expareja.
La jueza de Catarroja la cita tras recibir la orden de la Audiencia de Valencia, que considera su testimonio "pertinente" para esclarecer la gestión de la catástrofe
El juzgado italiano decidió no designar a un tutor especial para la representación del menor
Esta iniciativa genera sospechas sobre su finalidad, debido a la coincidencia con el cumpleaños del expresidente
A más de cinco meses de su anuncio la iniciativa no se pudo implementar. La oposición avanza con otro proyecto en el Congreso y la postura de los tributaristas
El Congreso colombiano aprobó propuestas que instan al Gobierno a reconocer oficialmente al cartel como red criminal internacional y a coordinar acciones conjuntas con aliados para combatir su influencia en la región
El ex ministro de Planificación Federal sostiene que se cumplió el plazo para que su condena quede firme. La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el planteo y ahora define la Corte Suprema
La población de jabalíes en España se ha duplicado en los últimos cinco años
Un ataque con coche bomba frente al domicilio del periodista es el culmen de una larga lista de amenazas en su contra por su trabajo de investigación sobre la Cosa Nostra y otras mafias italianas
Corriendo bajo la lluvia, asediado por la prensa y sin hacer declaraciones. Así abandonó Cristian Graf este viernes su domicilio ubicado en la calle Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan. Acompañado por su esposa y luego de abordar una Renault Kangoo roja, el imputado por el encubrimiento del asesinato de Diego Fernández Lima se encaminó hacia los tribunales donde esta mañana brindó su declaración indagatoria.La salida de Cristian Graf desde su domicilioPara el fiscal Martín López Perrando, el encubrimiento de Graf comenzó el día que hallaron los restos óseos de Fernández Lima, el joven visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984. Durante la juventud de ambos, Graf y Fernández Lima habían sido compañeros en la escuela secundaria.En la causa, Graf, de 58 años, está imputado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. En palabras de López Perrando, el acusado "llevó a cabo una serie de maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente [por el homicidio]"La indagatoria a Cristian GrafEntre esas "maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente", el fiscal resaltó "la generación de explicaciones inverosímiles, como la existencia de una iglesia o un establo o que los huesos habían llegado en un camión con tierra cuando hicieron la pileta". También "la conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades para desviar la investigación", y "la pasividad ante el hallazgo y la incipiente investigación"."Sé que lo mataron"Este viernes habló por primera vez Irma -de sobrenombre "Pochi"-, la madre de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años asesinado en 1984, cuyo cuerpo fue descubierto enterrado en una casa del barrio porteño de Coghlan, justo pegada a la vivienda del músico y líder de Soda Stereo Gustavo Cerati.En un desesperado pedido de justicia por el homicidio de su hijo, Irma Lima pidió también la detención de Cristian Graf, excompañero de escuela de la víctima y residente de la casa donde fue hallado el cuerpo.En el marco de la declaración que prestó Graf este viernes, quien está imputado por encubrimiento agravado, Irma Lima apuntó directamente contra Cristian y su padre -ya fallecido-, dueños de la casa donde se encontraron los restos óseos 41 años después. "Sé que lo mataron, nada más, pero, ¿por qué? Quiero saber qué pasó", dijo la madre de Diego en diálogo con radio Mitre.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido pretendió declarar prescripta la causa por la tragedia de Once, y donde murieron 52 personas y por la que está condenado a cuatro años de prisión. Sin embargo, rechazaron su pretensión y ahora la Corte Suprema debe revisar el monto de la pena para que quede firme.La Sala III de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, resolvió â??por mayoríaâ?? declarar inadmisible el recurso de Casación interpuesto por la defensa de De Vido.El exministro está condenado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación se estrelló contra los paragolpes de contención de la estación terminal.El planteo había sido rechazado en junio de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, que sostuvo que la condena de octubre de 2018 había interrumpido el plazo de prescripción. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación, que fue rechazado.Votaron por el rechazo del tratamiento del recurso Hornos y Barroetaveña, con la disidencia de Carlos Mahiques, quien consideró que el recurso era admisible, pero al quedar en minoría dejó constancia de su criterio.El juez Barroetaveña sostuvo que la resolución impugnada contaba con fundamentos jurídicos válidos y que la defensa no logró demostrar defectos graves ni arbitrariedad que habilitaran la competencia de Casación. Recordó que tanto la sentencia dictada por la Sala III el 22 de diciembre de 2020, como la de la Corte Suprema del 1° de agosto de 2024, fueron adoptadas antes del vencimiento del término legal, por lo que la acción penal no se encontraba extinguida. Por su parte, el juez Hornos sostuvo que el recurso debía declararse inadmisible, ya que el pronunciamiento recurrido no constituye una sentencia definitiva ni equiparable a tal, en tanto no pone fin a la acción ni a la pena, ni hace imposible la continuación del proceso. Señaló que solo de manera excepcional podrían revisarse resoluciones de este tipo si causaran un agravio irreparable o involucraran una cuestión federal, circunstancias que no se verificaban en este caso.Hornos recordó que el Tribunal Oral Federal N° 4 condenó a De Vido el 10 de octubre de 2018 a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, y lo absolvió del delito de estrago culposo. Esa sentencia fue confirmada por la Sala III en diciembre de 2020 y revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 1° de agosto de 2024, que mantuvo firme la declaración de responsabilidad penal y ordenó solo un nuevo examen del monto de la pena. En cumplimiento de ese reenvío, la Sala dictó un nuevo pronunciamiento el 30 de abril de 2025, fijando la pena en cuatro años de prisión, decisión que actualmente se encuentra recurrida. La Corte debe nuevamente pronunciarse para que quede firme.La condena de 2018 interrumpió el plazo de prescripción y sostuvo que hubo un grosero abuso defraudatorio en perjuicio del Estado Nacional.Entendió que De Vido consintió un sistema que favorecía a la concesionaria TBA, controlada por Cometrans S.A., y que derivó en el deterioro del servicio ferroviario y en la tragedia. Por ello, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de De Vido, manteniendo firme el rechazo del planteo de prescripción formulado ante el tribunal de juicio.
La medida oficializada por la entidad facilita el cumplimiento fiscal, reduce trámites y reconoce los movimientos bancarios como prueba suficiente ante cualquier requerimiento de la administración de impuestos
El exasesor del exministro de Transportes estaba citado a declarar este jueves a las 10:00
La mayoría de acusaciones piden su ingreso en prisión provisional, mientras que la Fiscalía Anticorrupción mantiene la solicitud de las medidas actuales
La DIAN recordó que los plazos para presentar la declaración de renta 2025 terminan este mes. Los contribuyentes deben revisar su número de NIT o cédula para evitar sanciones económicas por extemporaneidad
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) realizó una advertencia para sus contribuyentes acerca de la fecha límite para presentar su declaración de impuestos. Es que este 15 de octubre de 2025 termina la prórroga establecida por el organismo para aquellos que la hayan solicitado.Se acerca el límite para presentar impuestos de 2024 en EE.UU. Los contribuyentes que recibieron una extensión de seis meses, sin importar la razón, tendrán hasta las 23.59 hs del miércoles 15 de octubre para completar y presentar la declaración de impuestos.En caso de no hacerlo, el organismo cobrará el 5% del monto adeudado por cada mes o parte del mes de retraso, hasta un máximo del 25%. Desde la agencia, recomiendan hacerlo a través de su sitio web. De acuerdo con IRS, la declaración impositiva no puede extenderse más allá de los seis meses de la fecha oficial, que fue el pasado 15 de abril. Desde entonces, comienzan a imponerse intereses en los montos, salvo que la persona haya pedido una extensión, que se otorga automáticamente. Se trata de un recurso válido para preparar la documentación con más tiempo.¿El cierre del gobierno afecta la presentación de la declaración de impuestos?Como consecuencia del cierre del gobierno, el IRS decidió suspender temporalmente a casi la mitad de su fuerza laboral, lo que representa unos 34.000 empleados, según CNBC. Aunque se esperan retrasos en la atención al cliente, eso no modifica de ninguna manera la fecha límite del 15 de octubre para la declaración de impuestos.En diálogo con CBS News, un portavoz del organismo enfatizó que "los contribuyentes deben continuar la presentación, depósito y pago de impuestos federales sobre la renta como lo harían normalmente"."El retraso en las asignaciones no altera las responsabilidades fiscales federales sobre la renta", subrayó.El IRS elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capitalEntre los cambios más relevantes para 2026, el IRS elevó los límites de ingresos para las tasas de ganancias de capital, lo que permitirá a algunos estadounidenses ganar más dinero y aun así calificar para porcentajes impositivos más bajos, incluso del 0%, según consignó CNBC.El IRS suele aplicar estos ajustes en octubre o noviembre con el propósito de evitar el llamado "arrastre de tramo" (en inglés, bracket creep), fenómeno que se produce cuando la inflación impulsa a los contribuyentes hacia niveles impositivos más altos e incrementa su carga fiscal.El IRS suspende a casi la mitad de su personal por el cierre del gobiernoEl IRS atraviesa al mismo tiempo el cierre de las declaraciones impositivas y la suspensión de la mitad de su personal. La agencia realizará esto en el marco del cierre gubernamental en curso, según un plan de contingencia publicado el miércoles en su sitio web.De acuerdo a lo recopilado por The Associated Press, la decisión llega luego de que el presidente Donald Trump y el Congreso no se pusieran de acuerdo para financiar las operaciones federales. A principios de año, el IRS había anunciado despidos masivos bajo la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Tras el proyecto presentado por la correntina Sofía Brambilla, legisladores del Chaco elevaron una nueva iniciativa en el Congreso que propone destinar fondos urgentes para reparar y modernizar el puente que une Resistencia y Corrientes, además de eliminar el peaje mientras duren las obras Leer más
La diputada nacional Sofía Brambilla presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia de la vía interprovincial. Qué busca la iniciativa. Leer más
Dependiendo del caso la cita puede llegar a ser voluntaria u obligatoria
"No lo voy a pedir para que me sirva como marco conceptual o periodístico", mencionó el presidente del Consejo de Ministros
Los supuestos integrantes de una organización narco a la que le secuestraron 281 kilos de cocaína en Ituzaingó y Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense, se negaron a declarar cuando fueron indagados por la Justicia. Se sospecha que se trata de proveedores de bandas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Santa Fe y San Luis.El sindicado jefe de la organización es un ciudadano peruano que hasta su detención vivía en el partido bonaerense de Moreno, dijeron a LA NACION fuentes judiciales. Los otros cuatro sospechosos capturados son tres argentinos y un uruguayo.Los 281 kilos de cocaína fueron secuestrados el jueves pasado por detectives de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA) en una serie de allanamientos ordenados por el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, a cargo de la causa. De la investigación participan el fiscal federal de Villa Mercedes, Danilo Miocevic, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), representada por su titular, el fiscal federal Diego Iglesias y la auxiliar fiscal Florencia Compaired, y detectives de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA."De acuerdo con la imputación, la organización funcionó entre agosto de 2023 y octubre de 2025, con base en distintos puntos del AMBA. Su actividad principal consistía en la comercialización de clorhidrato de cocaína entre revendedores asentados en el AMBA y en diferentes provincias del país, como San Luis, Buenos Aires y Santa Fe, a través de personas conocidas como 'mulas', que transportaban la sustancia por vía terrestre", se informó en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.Como informó LA NACION tras los allanamientos, la investigación había comenzado meses antes cuando se puso bajo la lupa a una organización narcocriminal que vendía estupefacientes en Villa Mercedes, San Luis. En mayo pasado se detuvo a la mayoría de la banda."La investigación continuó para intentar identificar a los proveedores de la cocaína. Tras tareas investigativas e información surgida de intervenciones telefónicas, los detectives de PFA lograron identificar a los distribuidores de la droga, quienes utilizaban las denominadas 'mulas' para enviar los estupefacientes a distintos puntos del país", explicaron calificadas fuentes judiciales.En 2023, una de las denominadas "mulas" de la organización fue detenida después de tomarse un ómnibus en Liniers con la intención de viajar al interior. Llevaba tres kilos de cocaína.La semana pasada, el juez Nacul ordenó ocho allanamientos en Ituzaingó, Moreno, Florencio Varela y en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de detener a los proveedores de la cocaína.El jueves pasado, tras los allanamientos, el Ministerio de Seguridad Nacional informó que detectives de la PFA interceptaron en Comandante Peredo al 500, en Ituzaingó, un Toyota Etios. En el vehículo se secuestraron 65 kilos de cocaína. En ese procedimiento se detuvo a dos sospechosos, un ciudadano argentino y otro peruano. "Los cinco apresados permanecían detenidos a disposición del juez Nacul, quien en los próximos días deberá resolver su situación procesal", según publicó el MPF.
El médico especialista José Anicama del establecimiento declaró, que el banco de sangre del hospital opera sin la debida categorización sanitaria, por lo cual no descartaron una movilización
La Justicia electoral citó a declarar para este lunes a la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, y a su padre, Antonio Montenegro, ambos responsables financieros del partido Unite, con el que José Luis Espert se postuló a la presidencia en 2019, y que luego fue sancionado por no poder justificar fondos de campaña. Tras rechazar las rendiciones de cuentas presentadas por el partido, la Justicia le prohibió a Unite recibir aportes públicos y, en virtud de lo establecido por la ley de financiamiento a los partidos, se activó un proceso administrativo, de tipo acusatorio, que investiga a los responsables financieros de los partidos. Son Antonio Montenegro, su hija Lucía, y José Bonacci, que también fue citado por el fiscal electoral Ramiro González, pero su declaración se postergó, luego de que Bonacci solicitada una prórroga por haber cambiado de abogado, confiaron fuentes al tanto del caso.Montenegro era el tesorero de Unite y Bonacci el "primer responsable económico", según consta en los documentos de la Cámara Nacional Electoral de aquel año. Por estos días, Bonacci protagonizó un cortocircuito público con Espert, que, antes de reconocer el pago de 200 mil dólares, en medio una creciente presión por la falta de explicación respecto a su vínculo con Fred Machado, había sostenido que era el partido quien se ocupaba de los fondos. "Nosotros no le proveímos ningún medio ni locomoción, ni camioneta, ni avión", contrapuso Bonacci, respecto al transporte utilizado durante la campaña, en declaraciones a Radio Rivadavia. La hija de José Bonacci, Rocío, es diputada nacional por La Libertad Avanza. Fue noticia por visitar, en julio de 2024, a militares condenados por delito de lesa humanidad por su rol en la última dictadura; y más recientemente por sufrir un accidente en la Autopista que une Rosario con Buenos Aires. Los demás expedientesEsta causa administrativa corre en paralelo a la que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde se investiga el uso de distintos aviones durante la campaña en 2019, donde se confirmó que Espert y Machado volaron juntos en un avión, los días 15 y 18 de abril de 2019. Un tercer proceso tramita en la Justicia de San Isidro. Fue iniciado por Juan Grabois el viernes pasado, a partir de los 200 mil dólares que Espert recibió de una empresa ligada a Fred Machado, tal como denunció y confirmó luego LA NACION, con el documento oficial de Bank of America que dio a conocer ayer. Espert no forma parte de esta investigación, por no tener responsabilidades financieras dentro partido por el cual fue candidato. El proceso podría culminar con un eventual juicio oral, aunque sin sanciones penales, por ser un proceso de índole electoral. Si fueran encontrados culpables, sobre ellos caería una inhabilitación para ocupar cargos públicos, en una escala que va de los 6 meses a los 10 años. La citación de Montenegro y Bonacci en este otro expediente se conoce luego de la publicación de LA NACION tras la cual Espert reconoció públicamente haber recibido el pago de US$200.000 por parte de una de las empresas de Machado.En el video que difundió en sus redes, Espert remarcó que recibió ese monto después de haber "perdido como en la guerra" en las elecciones y como "producto de su actividad privada".Respecto al vuelo compartido con Machado, Espert dijo en su descargo público: "A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La sociedad cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente".
Tras ser extraditado desde Perú, se esperaba su palabra ante el fiscal Arribas. Ahora resta el peritaje de los celulares y será derivado a una unidad penitenciaria en la provincia de Buenos Aires.
Matías Ozorio, el supuesto ladero de Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, se negó a declarar cuando fue indagado por el fiscal Adrián Arribas como coautor de los homicidios.Tras la audiencia, bajo estrictas medidas de seguridad, Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).Así lo informó el abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Del Castillo, tras la audiencia."Si realmente tienen alguna forma de salvarse de lo que se les viene, es declarando y aportando elementos para que la investigación avance. Esperábamos que Ozorio se negara a declarar", afirmó Burlando después de conocer la decisión del sindicado lugarteniente de Pequeño Z. Burlando dijo que Ozorio, en el caso de declarar, podría detalles concretos de cómo engañaron a las víctimas, cómo las emboscaron y cómo las mataron. "El sospechoso tuvo un rol [en el plan criminal], equiparable al de Pequeño J", afirmó el abogado.Ozorio había llegado anoche a la Argentina en un avión de la Fuerza Aérea después de ser expulsado de Perú, donde había sido detenido el martes pasado a la mañana.Noticia en desarrollo