La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, había realizado el pedido contra el partido por "actividades contrarias a los principios democráticos"
El Gobierno aprobó aumentos en las tarifas de luz desde enero. El ajuste combina un aumento del precio mayorista de la energía y actualizaciones en los costos de distribución. Es de un 3,88% en el primer caso, y en cuanto a la suba del costo de distribución, será de 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur respecto a diciembre.Servicios con horarios especiales por fin de año. Dependencias nacionales no atienden al público, el transporte modifica su frecuencia y reduce unidades por la noche, mientras que el subte dejará de circular entre las 21 y 22. Esta noche no habrá recolección de residuos. Hoy y mañana no hay atención en las entidades bancarias. Las estaciones de servicio cierran desde las 22 hasta a las 6 de la mañana.Corte masivo de luz en medio de la ola de calor. Una falla en el sistema eléctrico dejó sin servicio a miles de usuarios en distintas zonas de la ciudad y el conurbano. Durante la madrugada la página del Enre dejó de funcionar, pero cerca de las 7 informaba que casi 30 mil clientes continuaban sin luz mientras sigue vigente la alerta naranja por calor extremo en Buenos Aires.Javier Faroni deberá declarar ante la Justicia por presuntos desvíos de fondos de la AFA en Estados Unidos. El juez Luis Armella lo citó para el 19 de enero: también deberá presentarse su esposa, Erica Gillete. La decisión del juez tuvo lugar tras distintos allanamientos que incluyeron las sedes de la AFA y la casa de Faroni en Nordelta. El exdiputado y productor teatral está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección en el exterior. Se patentaron más de 600.000 autos en 2025. Según datos de la Asociación de Concesionarias, la venta de 0 km tuvo un crecimiento interanual de casi 50%: en 2024 se habían vendido poco más de 414 mil unidades. Este año se patentaron 612.178 vehículos, la marca más alta desde 2018, cuando se habían vendido poco más de 803 mil. Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Hacienda reforzará el control sobre los ingresos de autónomos mediante pagos digitales, sin imponer nuevas obligaciones a los usuarios particulares
La crisis sanitaria en Loreto se agrava por el avance de la tos ferina, mientras comunidades indígenas exigen la declaración de emergencia para frenar la propagación de la enfermedad y evitar más muertes
Gobierno Regional de Tacna oficializó la emergencia sanitaria por sesenta días tras admitir que el hospital no puede garantizar una atención segura a los pacientes.
El juez principal sospecha de que la estructura del PSOE habría sido utilizada por algunos de los investigados para blanquear fondos de origen ilícito
El juez Ismael Moreno convoca a Patricia Uriz para ser interrogada por supuestas operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al 'caso Koldo', después de que la Fiscalía y la Guardia Civil aportaran pruebas sobre maniobras para ocultar fondos ilícitos
Burford Capital realizó una presentación pidiendo a la Jueza Loretta Preska que se cumpla con la entrega de mensajes de texto y correos electrónicos de funcionarios y ex funcionarios argentinos. Leer más
El precandidato presidencial crítico fuertemente la justificación del jefe de Estado sobre la medida fiscal tomada, al considerar que esta es solo una estrategia para financiar futuras campañas políticas
El viernes se tratará el proyecto en el Senado y, de aprobarse, aumentará el monto a partir del cual el contribuyente encuadra en el Régimen Penal Tributario. Los reclamos por las multas automáticas
Se presentó en Comodoro Py para ser indagada como parte del esquema de corrupción de su padre, Miguel Ángel Calvete, y del ex titular de ANDIS Diego Spagnulo.En su casa se encontraron 700 mil dólares y casi 20 millones de pesos.
En la investigación surgieron sugerentes conversaciones con su padre, Miguel Calvete, acusado de lobista entre las droguerías y el organismo.
La hija de Miguel Ángel Calvete se presentó ante el juez Sebastián Casanello acusada de integrar la banda que direccionaba compras de insumos. Las pruebas en su contra incluyen una fortuna en efectivo encontrada en su casa y mensajes donde advertía a su padre sobre el dinero en negro. Leer más
La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales
Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía e hija Miguel Angel Calvete -uno de los principales apuntados en la causa por estafa a la agencia de Discapacidad- llegó a los tribunales federales de Comodoro Py para ser indagada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Ornella Calvete, acusada de colaborar en la presunta organización que direccionaba compras de insumos médicos del organismo, llegó al cuarto piso con su abogado, 15 minutos antes de las 12, horario en el que fue citada por el juez.En uno de los allanamientos realizados en su domicilio, la Justicia secuestró cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos. Y en una de las conversaciones interceptadas, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. "Por si entran acá y me ven con mosssca", dijo. En su domicilio también se halló un sobre con llaves y anotaciones vinculadas a múltiples cajas de seguridad y la llave de una baulera. Para el fiscal Picardi, es un indicio de que la mujer disponía de lugares de guardado que podrían estar ligados al "grupo empresario" de su padre y personas de su confianza.Ornella Calvete forma parte del grupo de funcionarios que fueron desplazados por el Gobierno por la explosión del caso y a medida que la investigación avanzaba.Ayer fue el turno de otros dos implicados en la maniobra, Diego Martín D'Giano y Patricia Canavesio. Al igual que la mayoría de los indagados hasta el momento, evitaron declarar y no contestaron preguntas del juez ni del fiscal, confiaron fuentes al tanto del caso.Miguel Ángel Calvete ya fue indagado en esta causa y se negó a declarar. Está condenado y preso en el marco de otro proceso, por proxenetismo. Hasta el dictamen del fiscal Franco Picardi que reveló estos descubrimientos, Ornella fue directora de Desarrollo Regional y Sectorial en una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Tras el dictamen fue desplazada. Lo mismo ocurrió con su pareja, Javier Cardini, que era subsecretario en la misma cartera.
Micaela Sánchez presentó un escrito en el que señaló que no ocultó pruebas y dio su versión de los hechos. Los tres volvieron a pedir la libertad o la prisión domiciliaria.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha confirmado que la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'
La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla casos en los que es posible abstenerse de testificar si existe vínculo familiar o profesional con el investigado
Después de hacer este anuncio, ha dado un discurso escrito en el que ha defendido su "inocencia" y si que ha hecho diferentes comentarios a las preguntas de los senadores
La empleada de Ariel Vallejo fue sorprendida en un presunto intento de ocultar pruebas y por ahora guarda silencio. Le ofrecieron ser imputada colaboradora
Micaela Sánchez fue detenida durante el allanamiento a un depósito de Sur Finanzas en Turdera el jueves pasado. Tenía en su poder decenas de documentos y más pruebas para el caso, pero en la indagatoria con el juez Armella rechazó responder preguntas y mantuvo absoluto silencio.
La iniciativa impulsada por Vox para reprobar a Pedro Sánchez ha recibido apoyo clave del PP, desencadenando un fuerte debate político en Palma, donde la oposición cuestiona las acusaciones sobre deterioro institucional y demanda de elecciones anticipadas
La exfuncionaria Ornella Calvete fue llamada a indagatoria en una nueva ronda de citaciones ordenada hoy por la Justicia en la causa que nació con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo e investiga irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La mujer deberá presentarse en el juzgado de Sebastián Casanello el viernes de la semana próxima, al mediodía. Ornella es hija de Miguel Ángel Calvete, que ya fue indagado y está acusado por la fiscalía de haber sido una pieza clave en la maniobra de presunto direccionamiento de compras y fraude dentro de la agencia. Está condenado y preso en el marco de otro proceso, por proxenetismo. En un allanamiento al domicilio de Ornella Calvete la Policía secuestró cerca de 700 mil dólares y en conversaciones interceptadas por la Justicia, ella le preguntó a su padre si la empresa de ambos, Indecomm, tenía dinero en blanco. "Por si entran acá y me ven con mosssca", aclaró. Hasta el dictamen del fiscal Franco Picardi que reveló estos descubrimientos, Ornella fue directora de Desarrollo Regional y Sectorial en una secretaría dentro del Ministerio de Economía. Tras el dictamen fue desplazada. Lo mismo ocurrió con su pareja, Javier Cardini, que era subsecretario en la misma cartera.Junto con Ornella, el juez Casanello llamó a indagatoria a Diego Martín D'Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis y contaba con acceso al sistema de precios, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Miguel Angel Calvete.
La creadora de contenido para adultos negó las acusaciones en su contra.
La conductora de "Masterchef" fue convocada para este lunes a las 8 en la fiscalía de Benavídez.Su testimonio está vinculado a una denuncia por una deuda de 600 mil dólares a una letrada que trabajó durante su divorcio con Mauro Icardi.
La congresista señaló que es necesario respetar el equilibro de poderes, por lo que exige que el Ejecutivo respete las decisiones adoptadas por el Legislativo
Germán Ávila explicó en rueda de prensa que están analizando todas las posibilidades después de la decisión del Congreso de la República
Los populares acusan a Pedro Sánchez de encubrirle y vinculan su papel al núcleo duro de las primarias del PSOE
Primero fue indagado Pablo Atchabahian y luego Miguel Ángel Calvete, ambos acusados de oficiar como directores "paraestatales" en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Después le llegó el turno a Diego Spagnuolo, extitular del organismo y presunto autor de los audios sobre coimas. A él lo siguió Daniel Garbellini, el otro funcionario que salió eyectado cuando explotó el caso. Ninguno dijo nada. Como si existiera un pacto, el silencio se replicó en las indagatorias de otros nueve imputados: la exfuncionaria Lorena Di Giorno; los presuntos operadores externos Luciana Ferrari y Federico Santich; la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz, y los directivos de las empresas que se habrían beneficiado con la maniobra, Patricio Rama, Noemí Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Gastón Fuentes AcostaEl mutismo prolongado que presenció la Justicia en estas últimas semanas y los vínculos societarios y afectivos entre los indagados instalaron la duda acerca de la existencia de un pacto de silencio para evitar darle a la Justicia detalles sobre la maniobra que revisa. "Somos familia", describía Atchabahian en el grupo de WhatsApp que compartía con Garbellini y Rama, entre otros, en donde se intercambiaban los avances para establecer negocios con el Estado."Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife", les decía Atchabahian, que está con prisión preventiva en su casa de Mendoza. Los defensores de los apuntados por la Justicia niegan haber delineado una estrategia conjunta de protección mutua. Sin embargo, reconocen que hubo entre ellos distintos tipos de contactos en el transcurso de la causa. Algunos de las últimas comunicaciones fueron "de cortesía", para felicitar al abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, por la decisión de la Cámara Federal, en respuesta a un planteo suyo, de ordenarle al juez Sebastián Casanello que investigue el origen de los audios que desataron el escándalo, una estrategia que puso en marcha Martín Magram, el abogado defensor de la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, y a la que Spagnuolo se sumó luego. Sin embargo, nadie habla de una planificación coordinada. Un letrado explicó que la elección de su cliente por no declarar obedecía a eliminar cualquier posibilidad de dar un paso en falso durante una declaración oral, pero que, analizada más en detalle la imputación, podría llegar a presentar eventualmente un descargo, por escrito.La mayoría, sin embargo, sostiene que elegir no declarar es la consecuencia "natural" de no contar con acceso a la totalidad de lo actuado. Aseguran que dentro del expediente existe una serie de legajos reservados cuyo contenido es una incógnita. Y nadie recomienda declarar sin saber qué pruebas acumuladas habitan el expediente. El misterio y la inquietud se acentuaron el lunes pasado cuando el exfuncionario de la Andis Roger Grant sí declaró y rasgó el manto de silencio que se extendió sobre la maniobra investigada. Según trascendió, Grant, que era coordinador de gestión de urgencias y estaba a cargo de las compras en el sistema interno que se revisa, sostuvo ante el juez y el fiscal que era su jefe, Garbellini, quien estaba al mando de la operatoria y le indicaba todo lo que debía hacer.De acuerdo a los audios que hicieron nacer la causa, Garbellini era la persona que habría puesto dentro de la agencia Eduardo "Lule" Menem, la mano derecha de Karina Milei. La noticia del señalamiento sobre Garbellini encendió alarmas en las defensas, porque la declaración de Grant no se cargó en el sistema al que tienen acceso todas las partes."No se sabe qué dijo", decía en la semana un abogado. "No existe el semisecreto de sumario", se quejaba otro, en alusión a Grant, a los legajos reservados y al silencio. Además de Grant, en la causa declaró Eduardo "Pino" González, que también resultó desplazado de la agencia tras el escándalo. Pero González no apuntó contra nadie en particular, dijeron fuentes judiciales, y se limitó a negar los hechos. CámaraLa resolución de la Cámara Federal trajo algo de alivio sobre las defensas, sorprendidas algunas por el ritmo del expediente. Fue en respuesta a un planteo de Magram, el abogado de la familia Kovalivker. Sostuvo que todo lo actuado en la causa debía anularse porque se desconocía el origen de los audios. Primero ante el juez Casanello y luego ante la Cámara Federal. Los jueces de la Sala II le dieron algo de razón cuando, sin hacer caer el caso, ordenaron el jueves esclarecer el origen de las grabaciones, algo que está bajo estudio. A esa estrategia se sumó Spagnuolo durante el tiempo que fue representado por la defensora oficial Florencia Plazas, su segunda defensa en la causa. Ese rumbo sería confirmado luego con la llegada de D'Alessandro. Antes del fallo del jueves, el abogado le advirtió a la Cámara en un escrito que los audios eran "falsos" y que el fiscal Franco Picardi los incluyó en dos de las tres pruebas que identificó al inicio del caso, cuando decidió impulsar la investigación.
El legislador Matías Chamorro impulsó una iniciativa que busca sostener el sistema previsional provincial y recuperar el 82% móvil para más del 85% de los jubilados, mediante un esquema de aporte solidario extraordinario. Leer más
Micaela Daiana Vargas, la sindicada "viuda negra" acusada de haber participado del homicidio del hombre que se había enamorado de ella, se negó a declarar durante la audiencia donde fue indagada. Dentro de los próximos diez días hábiles se definirá su situación procesal.Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Vargas fue indagada hoy por el juez nacional en lo criminal Martín Yadarola, magistrado a cargo de la causa, por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y para facilitar y consumar otro delito.La sospechosa, de 29 años, había sido detenida anteayer por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Lanús. Tenía un pedido de captura por el homicidio de José S, de 61 años. El crimen ocurrió el 5 de junio del año pasado en el departamento de Constitución donde vivía la víctima.Como informó LA NACION, José S. estaba convencido de que Vargas, a la que llamaba cariñosamente Cachorra, era su novia. Pero ella, en realidad, era una "viuda negra" y estaba en pareja con otro hombre, Leonardo Díaz, de 35 años y, juntos, habían planeado robar en la casa de la víctima. Pero cuando Vargas y Díaz decidieron concretar el plan criminal, todo terminó de la peor manera. El 5 de junio del año pasado, José S. fue asesinado de siete puñaladas en el cuello en el baño de su departamento, situado en la avenida San Juan al 1300, en Constitución.Para la Justicia, los autores del crimen fueron Cachorra y su pareja. Así se desprende de una resolución del juez Yadarola firmada el 14 de noviembre pasado, donde procesó con prisión preventiva a Díaz por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento, alevosía y para facilitar y consumar otro delito, a la que tuvo acceso LA NACION.Díaz fue detenido por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en Chaco el 1° del mes pasado. Vargas, la sindicada "viuda negra", estuvo prófuga hasta anteayer, cuando fue detenida por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes de la policía bonaerense en Lanús. "Se comprobó luego con la investigación, que el 5 de junio del año pasado, José S., había pactado un encuentro en su domicilio con Vargas, quien él creía era su pareja desde hace un tiempo. Ahora bien, a dicho encuentro Vargas se presentó con Díaz -quien sí resultaba ser realmente su pareja-, y si bien se desconoce con qué excusa o cómo lo presentó, lo cierto es que, aprovechándose de la confianza que había ganado con el damnificado al aparentar ser su novia, la víctima le permitió el ingreso del sospechoso a su departamento", explicó el magistrado en la citada resolución.Según se sostuvo en el expediente, los sospechosos mataron a la víctima a traición. Vargas y Díaz se llevaron como botín el teléfono celular de José S., su billetera y $165.000 que tenía para pagarle al mecánico que le había arreglado el auto.El homicidio fue descubierto al día siguiente, cuando los vecinos de José S. advirtieron una "pérdida de agua que registraba la vivienda desde la tarde noche anterior". Con las llaves aportadas por un amigo de la víctima abrieron la puerta del departamento, pero no pudieron ingresar en el baño porque el cuerpo lo impedía. En la escena del crimen se halló un cuchillo de mango negro de unos 34 centímetros de largo, con rastros de sangre."Llegado el punto de resolver, he de afirmar que los elementos probatorios reunidos hasta aquí, permiten a este juzgador tener por acreditada la materialidad de los hechos delictivos traídos a análisis, y por demostrada la vinculación de Díaz, con el grado de certeza que este estadio procesal requiere", afirmó el juez Yadarola.Cuando declaró como testigo, la encargada del edificio donde vivía José S. sostuvo que el día del crimen "escuchó lo que pareció ser un grito o un quejido y que luego de eso, no se escuchó más nada, solo el ladrido de perros del tercer piso, por lo que continuó con sus tareas".Un amigo de la víctima, a la que conocía desde hacía 30 años, aportó detalles de los momentos previos al crimen y detalles de la vida de José S., que fueron de suma importancia para los detectives judiciales y policiales.El día del crimen, el testigo y la víctima almorzaron en un restaurante de Monserrat. Durante la comida, José S. recibió varios mensajes de WhatsApp, según recordó su amigo."Antes de despedirse, mientras charlaban en la esquina de la avenida Independencia y San José, José S. le dijo a su amigo: 'me pega'. Frase a la que el testigo le restó importancia. Si bien no sabe a qué había hecho referencia la víctima, el testigo estima que hablaba de una pareja y que se trataba de una persona joven, quien de manera reiterada, por dichos de su amigo, le pedía regalos. Dijo que José S. la apodaba la cachorra", según el expediente judicial.También declaró como testigo la empleada doméstica de la víctima y dijo: "José S. le habría referido a su hija en medio de una charla que se encontraba en pareja con una chica menor que él, de unos 21 años, pero que no contaba mucho sobre la situación, ya que no quería que se sepa que salía con una persona menor que él".Cuando la víctima ya estaba muerta, su teléfono celular se activó, primero en Caballito y en Bajo Flores y después en La Matanza."Ello haría válidamente presumir que quienes tomaron intervención en el hecho se habrían descartado de tal aparato móvil, quedando a disposición de terceros", explicó el magistrado en la citada resolución.Pero, los investigadores pudieron reconstruir que el día del crimen la víctima había recibido una llamada desde una línea telefónica a nombre de Vargas. Se determinó que el domicilio de Cachorra estaba a 24 cuadras de la casa de su "enamorado", la escena del crimen.Al repasar la activación de la línea telefónica de Cachorra se determinó que después de la llamada con José S. su teléfono celular tuvo movimientos en las cercanías del departamento de la víctima, cerca de la hora estimada del homicidio. Además, se comunicó con el número de móvil utilizado por Díaz."El análisis practicado permitió establecer entonces que, de acuerdo al impacto de antenas registrados con relación al teléfono de Silva a las 16.44:25 horas, y el de Vargas a las 16.45, ambos se encontraban en el mismo lugar. Y volvieron a coincidir en la antena que se encuentra en la calle Valle 553 [mismo lugar de activación del móvil de la víctima cuando ya estaba muerta], a las 16:58, el perteneciente a Silva y a las 17.01 el de Vargas, lo que hace presumir que ambos aparatos móviles eran trasladados por quien o quienes habrían tomado intervención en el hecho que terminó con la vida de José S.", dijo Yadarola al explicar las pruebas contras los sospechosos.Tras el homicidio, Díaz y la sindicada "viuda negra" desaparecieron. Vargas habría viajado a Chaco, de donde es oriunda. Tiempo después lo hizo su pareja. Estuvieron prófugos hasta que fueron detenidos, cada uno a su momento.El expediente de Díaz ya está elevado a juicio. En los próximos diez días hábiles se definirá la situación procesal de Cachorra.
Los directivos de tres de las principales droguerías beneficiadas en el presunto direccionamiento de compras al interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se negaron a declarar hoy durante su indagatoria en Comodoro Py, en la causa que sobrevino a los audios del exdirector del organismo, el libertario Diego Spagnuolo. Se trata de Andrés Horacio Arnaudo, ejecutivo de Génesis, y de Silvana Vanina Escudero y Alejandro Fuentes Acosta, directores de New Farma y Droguería Floresta, respectivamente, quienes dieron a conocer a través de sus abogados que entregarán un descargo por escrito, una vez que analicen la imputación que les fue leída hoy. Las sociedades que presiden resultaron favorecidas en el proceso de compras "reducidas" que revisa la Justicia en la causa, en la que participaba solo un puñado de empresas. A New Farma y Floresta, en particular, el fiscal Franco Picardi las señala como las principales adjudicatarias de insumos auditivos dentro de la agencia, como audífonos o implantes. Entre septiembre de 2024 y agosto de este año, en ese rubro, las empresas ganaron más del 50% de las licitaciones y recibieron un total de $9.514.743.020. Además, el fiscal las acusa de haber sido una suerte de oferentes testimoniales, al presentar precios no competitivos en determinadas licitaciones para simular una falsa competencia con otras empresas que ya habrían tenido garantizado el contrato de antemano. A la droguería Génesis, por su parte, el fiscal Picardi la acusa de haber concentrado, junto con la droguería Profarma, el 93,11% de 21 órdenes de compra en ese mecanismo investigado de compulsas reducidas. Fue entre julio de 2024 y agosto de 2025.Por la empresa Profarma ya había sido indagada Ruth Noemí Lozano, que eligió no declarar. Lozano es, a su vez, accionista de la firma Indecomm S.R.L, cuyo titular es Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en el presunto esquema de direccionamiento. AudiosLa causa nació con la divulgación de los audios que describen un sistema de coimas al interior del organismo, atribuidos a Spagnuolo, que fue desplazado por el Gobierno cuando el tema se instaló en la agenda pública. La defensa de la familia Kovalivker -dueña de Suizo Argentino- pidió anular la investigación, argumentando que esas grabaciones furtivas podrían haber violado derechos fundamentales y ser ilegales. Luego, la defensa de Spagnuolo haría un planteo similar, esgrimiendo que ese material de origen desconocido no podía incriminarlo. Ayer, la Cámara Federal, por mayoría, le ordenó al juez Sebastián Casanello que investigue la procedencia y la veracidad de aquellos audios y que identifique los elementos que sustentan la causa por fuera de esos registros."Existen solo dos caminos posibles no excluyentes [en relación con los audios]: procurar establecer su origen y veracidad y exponer, entre tanto, que otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada si, como alegó la fiscalía, se ha omitido su utilización", dice el fallo de la Sala II. La puja en torno a los audios es acerca de si estos sirvieron de puntapié inicial para la investigación o constituyen la piedra angular del caso.
Pablo Atchabahian está detenido con prisión domiciliaria en Mendoza y su defensa pidió a la Cámara Federal porteña que lo libere para que pueda defenderse y declarar
El pronunciamiento de la entidad reavivó el debate sobre la protección de los derechos laborales en Colombia
La media sanción que obtuvo en el Senado santafesino un proyecto de ley que busca declarar plaga a las torcazas desató un fuerte conflicto entre el gobierno provincial y organizaciones proteccionistas. La propuesta impulsa un programa de control para disminuir la proliferación de estas aves, pero los grupos de defensa animal advirtieron que la medida podría derivar en métodos letales y "abrir caminos sin retorno". En respuesta, proponen alternativas no invasivas, como realizar un relevamiento previo de cantidad y hábitos y aplicar anticonceptivos a base de nicarbaniza â??un método ya utilizado en Rosarioâ?? que, según explicaron, interrumpe la fertilidad de los huevos sin afectar a otras especies.El expediente, remitido el jueves pasado a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento, establece la creación de un plan provincial para enfrentar la superpoblación de torcazas y otras especies similares. La iniciativa habilita al Ministerio de Desarrollo Productivo a firmar convenios con organismos nacionales, institutos de investigación, municipios, universidades, entidades agropecuarias y ONG para coordinar acciones de prevención y manejo.Los argumentos del proyectoSegún publicó el portal local La Capital, el senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, defendió la iniciativa y aseguró que se busca un esquema de trabajo sostenido, aunque todavía no está claro qué herramientas se aplicarán si la categoría de "plaga" se vuelve ley. "Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable", dijo en diálogo con LT8. También señaló que la paloma "es parte de la cadena alimentaria", pero remarcó que resolver el problema "no es fácil", aun después de distintos intentos implementados por municipios y productores rurales.Entre esas medidas, mencionó un repelente desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para reducir la presencia de palomas, aunque aclaró que "no está dando la solución que se estaba esperando". Por ese motivo, planteó que es imprescindible reunir a los equipos técnicos en una mesa común para definir estrategias y acciones conjuntas.En ese contexto, Borla buscó llevar tranquilidad al aclarar que el proyecto no pretende habilitar una eliminación masiva. "No vamos a salir mañana a matar a todas", afirmó. Sin embargo, no precisó qué mecanismos concretos se utilizarán para el control poblacional, lo que alimentó las dudas entre organizaciones animalistas.Rechazo de proteccionistas, alternativas y advertencias La media sanción encendió alarmas en asociaciones dedicadas a la defensa de los animales.Rosalia Aurascoff, coordinadora de Encuentro Proteccionista y miembro del Consejo Asesor del Concejo Municipal de Rosario, expresó su rechazo. "De ser aprobado, va a constituirse en un problema gravísimo para la provincia y los municipios", sentenció en diálogo con La Capital. Y agregó: "Cuando el exterminio se convierte en política pública, abre caminos sin retorno".Aurascoff sostuvo que cualquier intervención debe apoyarse en criterios "éticos, científicos y de gestión territorial" y rechazó la posibilidad de reducir la presencia de aves mediante métodos letales. Además, explicó que la expansión de las palomas se relaciona con la capacidad de adaptación de las especies que sobrevivieron a las transformaciones del ambiente. "Nosotros invadimos sus hábitats y nos apropiamos de su hogar y de sus formas de supervivencia", indicó.También resaltó que el proyecto "va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional", así como de diversas leyes nacionales y provinciales vinculadas a fauna nativa y protección animal.Como propuesta alternativa, propuso que la provincia realice primero un relevamiento de las poblaciones y hábitos de las aves. Entre las herramientas disponibles mencionó los anticonceptivos a base de nicarbaniza, un método que se utiliza en Rosario para disminuir la reproducción y que, según explicó, "interrumpe la fertilidad de los huevos sin causar efectos secundarios en otras aves", con aplicación posible tanto en zonas urbanas como rurales. View this post on Instagram En la misma línea, la asociación Protectora Santa Fe expresó su repudio al proyecto mediante una publicación en Instagram en la que afirmó: "Repudiamos firmemente cualquier iniciativa contra animales que sólo tenga como fin abordar las consecuencias, con soluciones antiéticas de exterminio e, incluso, inefectivas. Ya que el aumento de la presencia de muchas especies (hoy molestan las palomas, mañana serán otras) es principalmente por la pérdida de su hábitat natural causada por la deforestación, la expansión desordenada de la urbanización, la quema de pastizales y el avance de la explotación agrícola, obligándolas a moverse para sobrevivir".
Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, optó por no declarar en la causa que investiga presuntos direccionamientos y pagos ilegales en la ANDIS. La fiscalía sostiene que era pieza central en el manejo de dinero y la distribución de fondos.
El juez ordenó medidas que se mantienen en reserva. Implantó el secreto de sumario en la causa de lavado de activos debido a que hay medidas de prueba ordenadas en curso.
El diputado nacional en licencia está imputado por presunto lavado de dinero del narcotráfico.Tras el pedido de su defensa, la causa entró en secreto de sumario.
El presidente norteamericano aseguró que el país es susceptible a operaciones militares orientadas al combate del narcotráfico
La Cámara Alta la ha citado a comparecer el próximo 15 de diciembre
La Fiscalía de Paraguay imputó al ex legislador argentino por contrabando en grado de tentativa y llevará el caso a juicio oral en 2026
Aumentó hoy el boleto de los colectivos en la Ciudad, provincia y el subte. En territorio porteño la suba es de 4,3%, por un 2,3% de inflación de octubre más un extra de 2 puntos porcentuales. En la provincia, las líneas urbanas del Gran Buenos Aires que no cruzan los límites hacia la ciudad de Buenos Aires aumentaron 14,8%. También aumentó el pasaje en subte y llega a $1206 por viaje.Patricia Bullrich oficializó su renuncia. La ahora ex Ministra de Seguridad publicó su dimisión al cargo y la difundió en sus redes sociales. Además, le agradeció al Presidente "la confianza para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo". El 10 asume su banca como senadora en el Congreso.El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción. Para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que va a enviar al Congreso en sesiones extraordinarias. En la actualidad, los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, y se relaciona con el derecho de las personas al ser juzgadas en un plazo razonable.Donald Trump reconoció que habló con Nicolás Maduro. "No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", afirmó el mandatario estadounidense cuando le preguntaron. La revelación de la llamada coincidió con una advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela, que provocó desconcierto en la región y que da lugar a interpretar la medida como un anticipo de acciones militares.Boca le ganó a Argentinos y se clasificó a las semis del Clausura. El equipo de Claudio Úbeda eliminó al club de La Paternal con un gol de Ayrton Costa, sumó su sexta victoria seguida y espera por el ganador entre Racing y Tigre. El sábado Estudiantes superó a Central Córdoba y también logró su pase a semis: su rival será el ganador entre Barracas Central y Gimnasia.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
Durante los primeros dos años de la administración de Javier Milei llegaron al Congreso varios proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Uno fue impulsado por diputados de la Coalición Cívica, otro por la mayoría del bloque radical y un tercero por el misionero Emmanuel Bianchetti (Pro). El resultado fue el mismo para todos: no tuvieron movimiento alguno. Ni fueron tratados en comisión ni integraron los temarios de las sesiones.La parálisis contrasta con el impulso que muestra ahora el Gobierno para enviar su propia reforma del Código Penal, que incluiría entre sus ejes justamente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Según reveló LA NACION, ese texto fue elaborado por un equipo mixto de juristas, magistrados y funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Presentados en 2024, los tres proyectos que pretendían avanzar en la línea que ahora explora el Gobierno perdieron estado parlamentario el 30 de noviembre, tras dos años sin tratamiento. Habían sido girados a Asuntos Constitucionales â??presidida por el libertario Nicolás Mayorazâ?? y a Legislación Penal, a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, hoy dentro del bloque oficialista. Pese al reciente interés del Gobierno, bajo su conducción ninguna de estas comisiones sometieron a debate las iniciativas sobre el tema. ð???ï¸? La diputada @GabrielaBrouwer (Córdoba), acompañada por otros diputados y diputadas, presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción.El primero busca incorporar al Código Penal de la Nación la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (+) pic.twitter.com/jnHvL2vcIJ— Bloque de Diputados UCR (@diputadosucr) March 15, 2024Actualmente, los delitos de corrupción sí prescriben en la Argentina, y los plazos â??ligados a la pena prevista para cada figura penalâ?? oscilan entre dos y veinte años. La prescripción responde al principio de juzgamiento dentro de un "plazo razonable".Las iniciativas frenadas coincidían en un objetivo: que las conductas más graves vinculadas a corrupción estatal puedan perseguirse y sancionarse sin límite temporal. Todas proponían sumar un nuevo artículo â??en general, el 62 bisâ?? para declarar imprescriptibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.En sus fundamentos, los proyectos coincidían en el argumento de fondo: planteaban que la corrupción no es un mero delito patrimonial sino un "flagelo" que erosiona la legitimidad del Estado. Tanto la CC, como la UCR y Pro equiparaban su impacto al de graves violaciones a los derechos humanos, en tanto desvían recursos públicos esenciales y afectan el desarrollo social. ð??¬ "La corrupción no solo es injusta, también nos sale cara.Aumenta costos, destruye la competencia y termina golpeando a todos nosotros.La corrupción mata."ð??? Por eso, desde la Coalición Cívica seguimos denunciando, investigando y proponiendo medidas para frenarla antes. pic.twitter.com/pDDtGxS9GH— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) September 1, 2025En particular, la UCR y Bianchetti apelaban a la interpretación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara el enriquecimiento doloso en el ejercicio de la función pública con un atentado contra el sistema democrático.Blindaje contra el perdón políticoAdemás de la imprescriptibilidad, hubo iniciativas que apuntaron a impedir que, aun con sentencia firme, los delitos de corrupción puedan ser alcanzados por amnistías, indultos o conmutaciones. Un proyecto de Silvana Giudici â??entonces aún dentro de Proâ?? propone declarar la nulidad absoluta e insanable de cualquier acto que otorgue estos beneficios a condenados por corrupción. La Coalición Cívica presentó una propuesta muy similar.Ambos textos se apoyan también en el artículo 36 de la Constitución, que establece el máximo reproche penal para los delitos dolosos contra el Estado que impliquen enriquecimiento y, según esa lectura, cercenan la posibilidad de indulto o conmutación, del mismo modo que sucede con los actos de fuerza contra el orden institucional.La Constitución Nacional nos brinda una base muy clara. El artículo 36 establece que los atentados contra el orden democrático son delitos imprescriptibles, y que quienes los cometan no podrán ser indultados ni amnistiados.— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) June 19, 2025Ninguna de estas iniciativas avanzó. La de la CC, presentada en 2024, ya perdió estado parlamentario. La de Giudici y otros diputados de Pro â??la mayoría ya parte de la tropa de Milei en Diputadosâ?? aún conserva un año de vida legislativa, pero tampoco fue tratada. Todas fueron giradas a Asuntos Constitucionales, bajo control del oficialismo.Pese a que la corrupción ocupó un lugar central en la agenda pública durante los primeros dos años del gobierno de Milei â??con la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y denuncias graves contra funcionarios actualesâ??, todos estos proyectos quedaron fuera de la discusión parlamentaria. Paradójicamente, prescribieron.
El Gobierno quiere declarar imprescriptibles los casos de corrupción y para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que enviará el Congreso en sesiones extraordinarias, dijeron a LA NACION fuentes oficiales.El texto del proyecto del nuevo Código Penal fue una tarea titánica que realizó una comisión de juristas y magistrados, coordinada por el juez Mariano Borinsky. Trabajaron además en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio y por estas horas está en los despachos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En esta última escala es donde se incorporó esta novedad que integrará el proyecto oficial que el Gobierno piensa enviar al Congreso, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad a LA NACION."Está a estudio", dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.Los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, a contar desde el día en que se cometió el hecho ilegal. Hay algunos delitos imprescriptibles, como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia. La prescripción se relaciona con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable. La reforma, en caso de ser aprobada, no regirá hacia atrás en el tiempo, sino que se podrá aplicar en los nuevos casos de corrupción denunciados y cometidos desde que el nuevo Código Penal esté en vigor. Es decir, en denuncias posteriores a la aprobación del nuevo Código y por hechos posteriores a su sanción en el Congreso.El proyecto de Código Penal agrava las penas para los hechos de corrupción hasta 15 años en los casos de enriquecimiento ilícito y 10 años en casos de coimas. Hoy las penas máximas son de seis años.Hubo un debate doctrinario acerca de si los delitos de corrupción son imprescriptibles. En octubre de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. En la causa se había presentado la diputada Elisa Carrió como amicus curiae en favor de la imprescriptibilidad.En 2018, los jueces de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. En disidencia, Borinsky votó a favor de la prescripción.Este fallo fue recurrido ante la Corte que, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, lo revocaron, en coincidencia con el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal. Ordenaron dictar un nuevo fallo.La Corte no descartó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sino que cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para arribar a esa conclusión, pues entendió que los dos votos por hechos ocurridos entre 1993 y 1995 no eran convergentes. Es decir, no conformaban una mayoría, debido a sus matices. La idea del Gobierno, en caso de que el presidente Javier Milei lo apruebe, es enviar el proyecto de ley al Congreso en sesiones extraordinarias, en diciembre, y que sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores.Es el mismo mecanismo que se usó con la probación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN), impulsado por una comisión presidida por Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. Esa comisión funcionó en 2012 y el Código se aprobó en 2014.Con este mecanismo, el Gobierno quiere ahorrar tiempo, pues podría salir un dictamen conjunto de integrantes de ambas cámaras, que facilitaría la discusión parlamentaria, pues evitaría el reenvío del proyecto de una cámara a otra en caso de haber modificaciones.El ministro del Interior, Diego Santilli -dijeron a LA NACION fuentes de esa cartera-, incluyó el tema del nuevo Código Penal en su gira con los gobernadores, con quienes se reunió para buscar consensos en la aprobación de la ley de presupuesto y la reforma laboral, los dos prioridades del Gobierno."Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal. Ahora, va a haber debate con el kirchnerismo, que se va a oponer a las reformas sobre legítima defensa, el rol de la policía y el agravante para la tenencia de armas de guerra o de uso civil", dijo a LA NACION una fuente del Ministerio de Justicia.Con las armas, la tenencia simple sin autorización se castiga con hasta cuatro años de cárcel y la portación se convierte en no excarcelable.Borinsky presentó este viernes el contenido del proyecto de nuevo Código Penal en Posadas, Misiones, junto al nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que regirá desde marzo en esa provincia.El contenido del nuevo Código Penal fue presentado en la cárcel de Ezeiza, el 2 de octubre pasado, por el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich ante un centenar de jueces y fiscales. La puesta en escena, en medio de la campaña electoral, incluía a los pabellones de los presos que se veían detrás del escenario.El proyecto plantea cuatro aspectos: el agravamiento de las penas en general, la imprescriptibilidad, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir la liberación anticipada del condenado.Por ejemplo, se elevan los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. El homicidio simple pasa de los actuales ocho a 25 años de prisión a 10 a 30 años. Y el agravado con prisión perpetua se aplica ahora si la víctimas del homicidio son el presidente, el jefe de gabinete, ministros, policías, maestros, niños o mayores de 65 años. Lo mismo si ocurre en una cancha de fútbol, en una escuela o en la cárcel.Se fortalece la protección a las víctimas, con mayor participación en el proceso penal. Se regula la "falsa denuncia" con penas más severas, especialmente en casos donde uno de los padres es acusado de delitos sexuales de modo de impedirle ver a sus hijos.Los delitos de pornografía infantil se agravan hasta los nueve años por la posesión y hasta 12 años a los que la tengan en su poder para distribuirla. Lo mismo pasa con la trata de personas: la pena se aumenta a 10 años y a 15 si es agravada.Se incorporan nuevas conductas, como el "stealthing", que consiste en sacarse subrepticiamente el preservativo en una relación sexual. Y se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia. También se agravan las penas por grooming y se tipifica la pornovenganza.Se reforma la figura del robo, en especial incorporando la modalidad de "motochorros" o "viudas negras", con penas no excarcelables de hasta 10 años de prisión cuando el delito se comete con violencia sobre las personas.También se incorpora como delito la estafa piramidal y crece el castigo para el delito de usurpación a 10 años.Se establece una pena de 2 a 5 años de prisión para las agresiones cometidas en manifestaciones o concentraciones de personas. Si la agresión estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de 3 a 9 años.Además, se consideran imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.Con el nuevo Código Penal, por otro lado, se reducen la penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años, para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados.El Código Penal vigente fue sancionado en 1921. En estos 105 años transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis dictaduras, se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron estableciendo modificaciones y parches.
Primera y cuarta categoría. La nueva disposición beneficia especialmente a quienes alquilan inmuebles o cobran por recibos por honorarios, incluso después de ser notificados
La Dian le puso el ojo a más de 3.000 empresas por declarar el impuesto de renta por debajo de la tarifa que debían
El fallo protegió el fuero de paternidad del funcionario y coincidió con la investigación disciplinaria que avanza contra el gobernador de Santander y el alcalde encargado de Girón
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos incautó 71.000 dólares que no habían sido declarados. El dueño intentó salir de ese país por el Puente Internacional Gateway de Brownsville, Texas, a bordo de un Kia modelo 2026. Las autoridades migratorias consideran esta omisión como un delito federal.La CBP incautó más de US$70.000 no declarados en la frontera de TexasSegún un comunicado, un conductor de un auto Kia modelo 2026 que se dirigía hacia el sur fue seleccionado para una inspección rutinaria de salida por los agentes. Durante esa revisión, se encontraron los miles de dólares sin declarar. El dueño cometió un delito, ya que la ley permite llevar sin declarar hasta US$10.000.Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville, en Texas, enfatizó: "Los oficiales de CBP continúan trabajando diligentemente y sus esfuerzos persistentes llevaron a esta incautación de dinero en grandes cantidades no declaradas".El hecho ocurrió el sábado 22 de noviembre. Durante la inspección, los oficiales descubrieron la irregularidad con la ayuda de una tecnología de inspección no intrusiva.Tanto el vehículo como el dinero fueron incautados por la CBP. En tanto, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional quedaron a cargo de la persona, mientras se determina cómo sigue su caso ante la Justicia.Las consecuencias legales de no declarar dinero ante la CBPLa CBP detalla en su sitio web que, si se transportan o se envían (incluso por correo u otros medios) divisas u otros instrumentos monetarios por un monto total superior a 10.000 dólares (o su equivalente en moneda extranjera) desde o hacia Estados Unidos, es obligatorio presentar un formulario de declaración. Omitir esta regla será considerado como un delito federal.Entre las principales consecuencias de omitir la declaración y ser descubierto, se encuentran un posible arresto y la incautación del dinero. De todas formas, el monto secuestrado puede ser recuperado mediante una solicitud en la cual se compruebe que su origen y el uso previsto eran legítimos.El gobierno federal advierte que se pueden aplicar hasta diez años de cárcel y hasta US$500 mil como multa, así como también distintos cargos criminales.Los instrumentos monetarios que siempre deben ser declarados ante la CBP si superan los US$10 milLa reglamentación de la CBP establece que existen ciertos instrumentos monetarios que se incluyen en la obligación de declararlos si superan el límite de US$10.000 al atravesar la frontera:Monedas o billetes de EE.UU. o de otro país.Cheques de viajero.Cheques de cualquier tipo.Pagarés y giros postales.Valores o acciones.Desde el sitio oficial del gobierno estadounidense advierten que la norma aplica tanto para las personas solitarias como para quienes lo hacen como grupo familiar.Cómo declarar los instrumentos monetarios ante la CBPEl sitio oficial del gobierno de Estados Unidos informa que hay diferentes métodos:Con el Formulario FinCEN 105: hay entregar el documento al agente de la CBP.Con el Formulario FinCEN en línea: se debe mostrar el número de confirmación o recibo al entrar o salir de Estados Unidos.Con una copia impresa del Formulario FinCEN: se puede solicitar directamente en la aduana al oficial de la CBP.
El hombre se vio obligado a pagar el equivalente a 20 euros en francos suizos por no haberlo detallado en el documento de las exportaciones
La sexta fue la vencida. Tras cinco postergaciones, el polémico presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moreti, se presentó al acto de declaración indagatoria por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Dijo ser inocente, se negó a declarar y en diez días se definirá su situación procesal.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de la causa que se había iniciado después de que una cámara oculta lo mostrara guardándose en el bolsillo del saco un fajo de miles de dólares que habría recibido para, supuestamente, fichar en las inferiores de la institución al hijo de una empresaria de medios periodísticos de La Plata.La última postergación de la indagatoria, prevista para el 6 de este mes, se debió a una presentación hecha por el abogado defensor de Moretti, Gastón Marano, que argumentó tener otras audiencias: una de ellas era por el inicio del jury que terminó con la destitución de Julieta Makintach como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. El letrado era parte de la acusación en representación de Julio César Coria, un agente penitenciario que en el malogrado juicio donde se debatían si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona terminó preso por falso testimonio. Finalmente fue sobreseído. Marcelo Moretti salió corriendo de la sede de San Lorenzo en un patrullero"Moretti se negó a declarar. No presentó ninguna prueba en su favor", dijo a LA NACION una calificada fuente judicial que estuvo presente en la audiencia, a cargo de la jueza nacional en lo criminal y correccional Laura Bruniard, y de la que participó la fiscal Mónica Cuñarro.Según el acta de la audiencia a la que tuvo acceso LA NACION, Moretti sostuvo: "Quiero decir que soy completamente inocente de lo que se me acusa. Mi intención es declarar, contestar preguntas, aportar pruebas, pero como aclaré también en la Fiscalía de la Ciudad, lo voy a hacer cuando esté resuelta la cuestión de competencia".La jueza Bruniard, cuando fijó la fecha para indagar hoy a Moretti, había advertido: "En caso de una nueva incomparecencia, para hacer efectivo el acto procesal en juego, se ordenará la medida coercitiva que por derecho corresponda". En otras palabras: si no se presentaba irían a buscarlo por medio de la fuerza pública, como había solicitado la fiscal Cuñarro. Antes, la indagatoria se había suspendido porque la defensa argumentaba en distintas presentaciones que no se había decidido si al mandamás azulgrana debía investigarlo la Justicia nacional o la de la Ciudad."Hemos presenciado un verdadero disparate desde la perspectiva procesal. Una persona [por Moretti] fue indagada exactamente por los mismos hechos en dos jurisdicciones distintas [el fuero penal, contravencional y de faltas porteño y la Justicia nacional en lo criminal y correccional], lo cual contraría la prohibición de la doble persecución penal, que eventualmente va a comprometer la responsabilidad del Estado argentino. Es absolutamente impredecible lo que va a pasar con esta situación. Por ejemplo, si en una sede lo sobreseen y en otra lo procesan, ¿cómo se resuelve? ¿Desempatan por penales? Es una cuestión increíble y que no he visto en toda la historia criminal argentina", sostuvo a LA NACION Marano después de la audiencia.En cuanto a la disputa entre los fueros nacional y porteño, la había revocado la resolución por la que se había suspendido "la convocatoria de Moretti a prestar declaración indagatoria en virtud de que se encontraba pendiente la resolución de un conflicto de competencia".Los jueces Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich así lo decretaron al hacer lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal general Mauricio Viera."Se advierte que esta Sala, con la actuación unipersonal del juez Guillermo Pablo Lucero, confirmó el 3 de septiembre último el auto que rechazó la inhibitoria del juzgado y reiteró la competencia material de este fuero. A su vez, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Moretti contra esa decisión fue rechazado el 30 de septiembre último, sin que hasta la fecha se hubiera acudido en queja ante el órgano superior. Por otro lado, en el juzgado local [de la Ciudad] no se ha adoptado ningún temperamento relativo a la inhibición requerida por esta jurisdicción. Así, planteado el estado actual del proceso, es dable advertir que no se advierte una inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia y, además -por el contrario-, la situación suscitada impediría el normal avance del trámite de las actuaciones, sin que puede verse afectada la garantía del juez natural", explicaron los camaristas Cicciaro y Pociello Argerich en fallo dictado a principios de mes.La anterior suspensión de la indagatoria se había originado cuando Marano pidió que el expediente llegue al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Ciudad para que decida si la causa debe quedar en la Justicia nacional o en la porteña.La presentación fue rechazada, como se dijo, por la Cámara del Crimen con un fallo del juez Lucero. Lo mismo sucedió con un recurso presentado ante Casación.En su resolución, el juez Lucero, firmante por la Sala 7 de la Cámara Penal, rechazó el pedido de inhibitoria planteado por la jueza de la Ciudad Rocío López Di Muro y el defensor particular de Moretti; ellos pedían a la jueza Bruniard que declinara su competencia, de modo que la investigación la llevara adelante el fiscal porteño Maximiliano Vence y no la fiscal Cuñarro, que ya había avanzado en la instrucción a partir de la denuncia presentada por César Francis, excandidato a presidente del Ciclón.Pero la cuestión de la competencia no está saldada. Por eso Moretti dijo que va a aportar pruebas y a contestar preguntas cuando se defina la cuestión. Hace dos semanas, la jueza en lo penal, contravencional y de faltas Bárbara Moramarco Terrabossa resolvió "trabar contienda positiva de competencia" entre el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño N°4, interinamente a su cargo, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, conducido por Bruniard, y elevó el incidente al Superior Tribunal de la Ciudad para que "dirima la cuestión".
Erica Romero amplió su declaración en la Fiscalía Nº 3 y aportó datos que no habían sido evaluados en 2017. Su abogado, Pablo Vianello, confirmó que se conformó un equipo fiscal especial. Leer más
El cuestionado presidente de la institución de Boedo se presentó a la indagatoria, pero no declaró este martes. Así, la polémica se incrementa en torno a su situación por presunta administración fraudulenta y pedido de coimas.
En el corazón del Califato, una joven cristiana desafió las leyes de la apostasía. Aquel acto de suprema devoción dejó una huella imborrable en el martirologio mozárabe. Leer más
En Brownsville, Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que incautó un total de 70.000 dólares de un cargamento que quería atravesar la frontera. La agencia descubrió el paquete gracias al trabajo de la unidad canina.Incautación en Brownsville: así halló la CBP los US$70.749 no declaradosSegún el comunicado del ente gubernamental, los uniformados dieron con US$70.749 no declarados gracias a la intervención del equipo canino y de un sistema de inspección no intrusivo.El vehículo fue remitido a una revisión secundaria y allí fue cuando los agentes descubrieron la gran cantidad de dinero no declarado. Todo ocurrió el 18 de noviembre de 2025 en el Puente Internacional Gateway.El vehículo circulaba hacia el sur y fue seleccionado a modo de rutina por los oficiales. El efectivo fue confiscado y ahora el caso quedó en manos de los oficiales especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional.Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville, sostuvo: "Las funciones de los oficiales de la CBP no solo implican inspeccionar el tráfico entrante, sino también detener el transporte de grandes cantidades de divisas no declaradas, que a menudo son producto de actividades ilícitas, y sus esfuerzos condujeron a esta incautación de divisas no declaradas".Viajeros a EE.UU.: la regla de los US$10.000 y cuándo declarar dineroLa entidad federal aseguró que no es ilegal transportar más de US$10.000 al entrar o salir de EE. UU., siempre y cuando hayan sido declarados previamente ante las autoridades por su portador.En este caso ocurrido en Brownsville, la persona no había informado que llevaba un monto superior al límite, y por eso inmediatamente cometió un delito federal."No declararlos puede resultar en la confiscación de las divisas y/o el arresto. Una persona puede solicitar la devolución de las divisas confiscadas por agentes de la CBP, pero el solicitante debe demostrar que el origen y el uso previsto de las mismas eran legítimos", explica el organismo.Quiénes deben presentar una declaración de dinero ante la CBP y cómo hacerloSegún la CBP, cualquier persona que lleve, envíe o reciba divisas o instrumentos monetarios por un total superior a US$10.000 a la vez, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, debe declararlos. Este requisito incluye a quienes transporten por correo o remiten los artículos para sí mismos, o en nombre de otra persona o empresa. A su vez, cuando se trata de familias o grupos, el límite de US$10.000 se aplica al monto total que transportan o envían colectivamente, no por individuo.En el caso de los transportistas comunes de mercancías, también están sujetos a esta regla, a menos que el remitente indique explícitamente que el envío contiene divisas o instrumentos monetarios.Para presentar la declaración, se necesita completar el Formulario FinCEN 105, y hay diferentes maneras:Electrónicamente, en el sitio web del Formulario 105 de FinCEN (es la opción más recomendada por la agencia).Físicamente, presentado ante un oficial de la CBP antes de salir del país y habiéndolo impreso antes.Se puede obtener y completar el formulario antes de salir o al llegar a EE.UU.Con cuánto dinero se puede viajar hacia o desde Estados UnidosSegún el sitio oficial del gobierno estadounidense, los viajeros pueden llevar cualquier cantidad de dinero consigo cuando ingresen o salgan de EE.UU., pero siempre deben declararlo cuando el monto exceda los US$10.000.En la normativa, están incluidos los siguientes instrumentos monetarios:Monedas o billetes de EE.UU. o de otro país.Cheques de viajero.Cheques de cualquier tipo.Pagarés y giros postales.Valores o acciones.
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Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que hablan de un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y máximo responsable del organismo en el período que investiga la Justicia, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Según el dictamen del fiscal, se acusa al exfuncionario de La Libertad Avanza de haber "permitido, consentido o supervisando" el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables. Spagnuolo llegó a los tribunales a las 13, media hora antes del inicio de su indagatoria. De saco azul y pantalón beige, ingresó por la puerta central y, acompañado de una persona, subió al cuarto piso del edificio rumbo al juzgado que subroga Casanello. Spagnuolo puede declarar oralmente, entregar un escrito o negarse a hacerlo y no contestar preguntas del juez ni del fiscal. Antes de su indagatoria, se habían negado a declarar Pablo Atchabian, que fue indagado la semana pasada, luego de ser detenido, y Miguel Ángel Calvete, que estuvo ayer en los tribunales federales.Ambos están acusados por el fiscal de actuar como directores extraoficiales en la agencia de Discapacidad a través de personas que sí eran funcionarios y le respondían a ellos.Spagnuolo, que supo ser el abogado del presidente Javier Milei, fue el director de la Agencia de Discapacidad que está bajo la mira de la Justicia. "La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia", señala Picardi en su dictamen.Y sigue: "[Funcionó] como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo".La causa nació al calor de una serie de audios en los que una voz que sería la de Spagnuolo describe con bastante nivel de detalle un presunto esquema de pagos ilegales que corre en paralelo a su figura y que involucraría a las droguerías y a la hermana del Presidente, Karina Milei. Por el momento, la investigación no alcanzó a otras áreas del Gobierno por fuera de la Andis. La validez de esas grabaciones furtivas está siendo cuestionada por la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las empresas investigadas, y por el propio Spagnuolo, que luego de permanecer en silencio en el expediente, se plegó a la estrategia defensiva de los empresarios. El asunto, junto con otro planteo de los Kovalivker, debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que celebró una audiencia hace dos semanas para escuchar a cada una de las partes. "Entendemos que esos audios violan el derecho a la intimidad, violan el derecho al debido proceso", dijo en la audiencia, Mauricio D'alessandro, el abogado defensor de Spagnuolo. "Fueron obtenidos, si fueran ciertos, los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueran editados, si fueron editados con inteligencia artificial, o si fueron parte de una maniobra de inteligencia, por ejemplo si la propia AFI o algún organismo de inteligencia ha estado organizando tareas sobre particulares sin la debida autorización judicial", siguió. D'Alessandro es el tercer abogado que tiene Spagnuolo en la causa. En un principio, el exfuncionario fue representado por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, pero los letrados renunciaron, al tiempo que la Justicia secuestraba 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados que Spagnuolo mantenía en una caja de seguridad. Los abogados alegaron "motivos personales", pero después trascendió que la relación con Spagnuolo estaba rota. Luego fue el turno de la defensora oficial Florencia Plazas, que fue luego reemplazada por D'alessandro, que en la audiencia insistió con que el origen de los audios era objeto de investigación en una causa paralela y violaba el derecho a la intimidad de su cliente. "Estamos hablando de un funcionario público que lo que relata son actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad", contrapuso el fiscal Picardi, quien subrayó que Spagnuolo describió a más de una persona el presunto sistema de coimas a distintas personas y fue echado del Gobierno. "No hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuol sufrió un acto de espionaje ilegal", añadió, aunque eso forma parte de otras actuaciones. Para el fiscal tampoco está claro cómo Spagnuolo encaró una "reforma sustancial y onerosa" en su casa del barrio Campos del Alto Grande, en Pilar, puesto que la obra no se tradujo en una disminución patrimonial. Como parte de su investigación surgió, además, que el exfuncionario recibió un pago de $5 millones por parte de Calvete para disponer de efectivo en un viaje a Israel que finalmente no se realizó.
EL CALAFATE.- En el segundo día de temporal, en toda la provincia rige el alerta naranja por fuertes vientos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto que el gobierno provincial declarará en las próximas horas la emergencia climática para enfrentar las pérdidas y destrozos del fenómeno que en algunas localidades alcanzó ayer los 140 km/h. En Caleta Olivia, la ciudad más afectada, hay 150 personas evacuadas por voladuras de techos y tres barcos hundidos. El Comité de Operaciones de Emergencia, COE, definió para hoy las restricciones de circulación de tránsito sobre la ruta nacional 3. Se mantiene la suspensión de clases y de la concurrencia a los lugares de trabajo para toda la administración pública en 12 de las 15 localidades de la provincia. "El gobernador ha decidido avanzar en los instrumentos necesarios para declarar una ley de emergencia, para de esta manera solicitar al gobierno nacional el aporte necesario, para que acoplado a las herramientas que tiene la provincia, puedan llevar apoyo a los sectores que fueron tan fuertemente golpeados", expresó anoche en conferencia de prensa el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Daniel Alvarez.Mencionó entre las pérdidas más importante las tres embarcaciones de la Flota Amarilla â??de pesca artesanal- que se hundieron el puerto de Caleta Paula, "pérdidas que también significan el riesgo de la fuente de trabajo y un golpe muy fuerte para los empresarios que perdieron sus embarcaciones", afirmó el jefe de Gabinete. View this post on Instagram Por medio de las redes sociales, el gobernador Claudio Vidal agradeció a quienes están trabajando en la emergencia: "A nuestros bomberos, a la policía, a Protección Civil, servicios públicos, Vialidad Provincial, personal de salud, agentes municipales y comunales y a cada persona que está poniendo el cuerpo para asistir a nuestras familias en cada localidad".Por encontrarse cerrado el aeropuerto de Río Gallegos por refacciones, el aeropuerto internacional de El Calafate, es el único operativo en toda la provincia, y algunos vuelos ayer registraron atrasos. Fue necesario, además, suspender el uso de la manga de acceso a los aviones en otros dos servicios.Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil, aseguró que Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos concentran la mayor cantidad de intervenciones de asistencia a los vecinos a través de las fuerzas públicas que conforman el COE. Y destacó que en Caleta Olivia se registraron 150 evacuados por daños por desprendimientos de techos en sus viviendas.Los vientos alcanzaron picos de 133 km/h en Puerto Deseado; 140 km/h en Caleta Olivia; 127 km/h en Río Gallegos, y valores superiores a 130 km/h en Jaramillo, Las Heras y Pico Truncado. Durante la noche del lunes los vientos disminuyeron en la provincia, pero a partir de la mañana de hoy retomaron la intensidad con ráfagas que superan los 110 km/h.El Consejo Provincial de Educación informó anoche que, debido al alerta emitida por el SMN y ante las recomendaciones del COE se suspendieron las clases para hoy en todas las instituciones educativas.El Parque Nacional Los Glaciares, que ayer mantuvo sus portales de ingreso cerrados, hoy se procedió a la reapertura. Sin embargo, las autoridades advirtieron que por las intensas lluvias reinantes y la saturación del suelo, "los caminos, estacionamientos y senderos presentan zonas anegadas, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución y en lo posible, evitar largos recorridos". Y recordaron tener suma precaución dado que en áreas agrestes es habitual la caída de ramas y árboles, por lo que solicita especial cuidado bajo estas condiciones climáticas.
El caso que investiga una presunta estafa gigantesca al Estado con empresarios infiltrados en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tiene 15 imputados que ya empezaron a ser indagados y un empresario detenido, Pablo Atchabahian, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mendoza.El fiscal federal Franco Picardi había pedido las detenciones de seis acusados, pero el juez Sebastián Casanello consideró que sólo era necesario avanzar contra Atchabahian, a quien llevaban semanas buscado sin éxito para requisarlo y secuestrarle su celular. Al resto, le impuso otras medidas, como la entrega de pasaportes o la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.Pero con Atchabahian el trato fue distinto. Para el juez, su detención sí estaba justificada. De las intervenciones telefónicas que le hicieron, surgió que sabía de la causa y que "mantendría contacto con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional". Además, destacó el juez, tiene "una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice". Atchabahian es una pieza clave para la causa. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras. Garbellini era, además, el hombre al que aludirían los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, que en los papeles era el jefe de Garbellini en la Andis. "Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear", dice quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que fueron la génesis de esta causa. Lule es, todo indica, Eduardo Menem, de absoluta confianza de Karina Milei; el que le "metieron", Garbellini.Atchabahian -que le daba órdenes a Garbellini, según la investigación de Picardi- está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del "Grupo Museo", un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a pesca de negocios en el Estado.Atchabahian conocía el terreno: prestó funciones en la Andis en 2018, en el mismo cargo que le consiguieron a Garbellini en 2024. En una conversación, Atchabahian dijo: "Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife".Hoy, Atchabahian, de 59 años, está preso en un country de Las Heras, Mendoza. El viernes pasado fue indagado por orden del juez Casanello, pero se negó a declarar.La ronda de indagatorias de esta causa, que empezó con Atchabahian, sigue mañana, con la declaración de Miguel Ángel Calvete, el otro de los imputados que está preso. En este caso, la detención no la dispuso Casanello: Calvete fue condenado en una causa de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Si bien llevaba tiempo condenado, el tribunal que tiene su caso ordenó su detención el mes pasado, después de que se lo allanó en el marco de esta nueva causa.Calvete está citado a declarar este martes, pero no se le fijó horario a la audiencia. Hay que coordinar su traslado desde la cárcel.El miércoles será la indagatoria de Spagnuolo, que seguirá por ahora en libertad. Exabogado personal de Milei, Spagnuolo fue echado "de manera preventiva" del Gobierno en agosto, cuando se conocieron los audios. Está previsto que declare a las 13.Picardi pidió su arresto, pero Casanello dijo que tanto Spagnuolo como Garbellini, están "a derecho", presentaron abogados defensores, se les prohibió salir del país y sus patrimonios fueron congelados. No obstante, como medidas adicionales, el juez les ordenó que se presentaran el juzgado, hicieran entrega de sus documentos de viaje y asumieran el compromiso de volver a los tribunales cada quince días.Para el jueves está citado Garbellini. La ronda de indagatorias sigue con Eduardo Nelio González (28 de noviembre, a las 12), Lorena Di Giorno (28 de noviembre, a las 13), Roger Grant (1 de diciembre, a las 13), Luciana Ferrari (2 de diciembre, a las 11), Federico Maximiliano Santich (2 de diciembre, a las 12), Guadalupe Muñoz (3 de diciembre, a las 12), Patricio Gustavo Rama (4 de diciembre, a las 10), Ruth Noemí Lozano (4 de diciembre, a las 11) Andrés Horacio Arnaudo (5 de diciembre, a las 10), Silvana Vanina Escudero (5 de diciembre, a las 11), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (5 de diciembre, a las 12).Quién es AtchabahianAtchabahian es médico especializado en urología. En los años 90 fue jefe de residentes del Hospital Argerich y después trabajó en los laboratorios LKM y Raffo. Entró en la función pública en 2009, como director del Hospital Materno-Infantil de Pilar, cargo que ocupó durante dos años. Fue en la gestión municipal de Humberto Zuccaro, peronista que durante un tiempo fue aliado de Sergio Massa en el enfrentamiento con el kirchnerismo. En 2011, también con Zuccaro, asumió como secretario de Salud de Pilar.En 2015, Atchabahian se convirtió en funcionario provincial, en la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense. Fue nombrado subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud de la provincia. Como tal, tenía a su cargo licitaciones y compras de medicamentos e insumos para los hospitales provinciales. Siete meses ocupó ese cargo. Había asumido como supuesto hombre fuerte del ministerio, de acuerdo con las crónicas de la época, pero se fue por diferencias con la ministra de entonces, Zulma Ortiz. Lo acompañó en ese paso por la función pública bonaerense Garbellini, a quien Atchabahian nombró como director provincial. Garbellini venía de trabajar en el gobierno de la ciudad, con distintos cargos en los ocho años que Mauricio Macri fue jefe de gobierno.Cuando Atchabahian dejó el gobierno provincial, se fue también Garbellini.El primer rastro público de la relación de Atchabahian con Garbellini es en 2014, cuando Atchabahian era funcionario de Pilar y Garbellini, funcionario de la ciudad. Compartieron un viaje ecuménico a Israel y otros destinos con distintas personalidades, desde Adalberto Rodríguez Giavarini y el padre Guillermo Marcó, hasta Carlos Kunkel.La carrera de funcionario de Atchabahian siguió, en junio de 2016, en el gobierno nacional, como director de Asistencia Directa en el Ministerio de Desarrollo Social (la ministra era Carolina Stanley). Otra vez tenía a su cargo licitaciones y compras de medicamentos. En marzo de 2018, pasó a la Andis, como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud. A cargo del programa Incluir Salud, que se encarga de los medicamentos de alto costo. Se fue cuando Macri dejó el poder. Es el cargo en el que seis años después, según la investigación de Picardi, ubicó a Garbellini.Atchabahian ya estaba fuera de la función pública. En los últimos años, según el dictamen del fiscal, trabajó en el laboratorio Roche.
La magistrada incorpora al sumario las grabaciones del Cecopi y amplía la ronda de testigos del entorno de Presidencia
AIDESEP denunció que más de 3,000 toneladas de mercurio han sido vertidas en los ríos amazónicos por la minería de oro. Piden intervención urgente y trazabilidad del oro para frenar la crisis sanitaria y ambiental
España aplicará la nueva normativa europea mediante la app PescaRec, que obligará a registrar cada jornada de pesca no profesional, incluso si no se han dado capturas
La fiscal deberá presentarse ante la Junta el 17 de noviembre por un proceso disciplinario por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides, pese a una medida cautelar a su favor
Fue una declaración concisa. Emotiva. Ante el jurado de enjuiciamiento, Gianinna Maradona, una de las hijas del astro mundial del fútbol, afirmó que la jueza Julieta Makintach, magistrada que enfrenta un jury, le juró por sus hijos que no había un documental sobre el juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de su padre."Estábamos buscando a los asesinos de mi papá. Mi papá se merecía tener justicia por su muerte. Me pareció todo muy injusto", sostuvo Gianinna al comenzar su declaración testimonial ante el jurado de enjuiciamiento, presidido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan.Contó que cuando se enteraron de la existencia de un documental, que después se supo se iba a llamar Justicia Divina, discutieron con su hermana Dalma y el abogado que las representa a ambas, Fernando Burlando, porque no podían creer lo que estaba pasando.Gianinna reveló que se comunicó con Makintach. "Ell me dijo que me lo juraba por los hijos, que no había nada". Y, entre lágrimas, afirmó: "Yo le creí por empatía. Yo estaba con mi hijo".Antes de retirarse dijo: "Todavía no puedo creer que haya personas que puedan alardear con la muerte, por más que sea Diego Maradona, que es mi papá, que es un abuelo".Y para finalizar sostuvo: "Queremos la verdad, que paguen todos los que tienen que pagar, que somos una familia que estamos sufriendo".
Cada caso de clientes afectados por préstamos referenciados al índice oficial deberá evaluarse individualmente en tribunales para determinar si existe falta de transparencia o abusividad
Fiscalía revisará actuación del cuerpo de seguridad del alcalde de Uruapan
La magistrada está siendo juzgada por grabar un documental durante el juicio que investigaba la muerte de Maradona. Hoy también declaran Dalma y Gianinna.
La excongresista, Tania Pariona, envió una carta a la Junta de Fiscales Supremos para retirar del cargo al fiscal de la Nación interino por estar implicado en el caso Cuellos Blancos
"Juro decir la verdad", dijo apenas se sentó en la silla para comenzar a declarar en el juicio político contra su colega Julieta Makintach. Pero la declaración de Maximiliano Savarino, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro tuvo que ser interrumpida a poco de su inicio por un corte de luz y una filtración de agua en la sala audiencias del subsuelo del edificio anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.Finlamente, la declaración de Savarino fue postergada para el lunes próximo y el jury pasó a un cuarto intermedio, anunció Ulises Giménez, a cargo de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense."Vengo las veces que sean necesarias. Tengo mucho por declarar", dijo Savarino antes de levantarse de la silla. Su declaración era esperada con expectativa. Se trata del magistrado que estuvo a cargo de la presidencia del malogrado juicio donde se debatían si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, juicio que fue declarado nulo después de que quedara al descubierto la producción del documental Justicia Divina, con la participación estelar de la jueza Makintach.Las expectativas por el testimonio de Savarino habían aumentado porque a la mañana había declarado como testigo Mariana Parbst, una abogada adscripta a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que fue designada como secretaria del TOC N°3 de San Isidro, y entre otras cuestiones afirmó: "Makintach insistía que tenía que tomar la dirección del debate". También hizo referencia a la intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia bonaerense por este tema.Y dijo que el juez Savarino habló de que pensó que si Makintach hacía una presentación ante el máximo tribunal bonaerense podía ir con "mentiras" y ante una pregunta puntual del abogado Gastón Marano, representante de Julio César Coria, un excustodio de Maradona que en medio del juicio había sido detenido e imputado de falso testimonio, si sabía a que se había referido Savarino con la cuestión de las "mentiras" repondió: "A cuestiones de género".De todas maneras, como se consignó, la audiencia se tuvo que suspender por un corte de la energía eléctrica. Si bien fue breve, se sumó otro inconveniente: una filtración de agua, presuntamente líquido de los aires acondicionados que caía justo en el lugar donde estaba sentado Savarino.Para hoy también estaba prevista la declaración de la jueza Verónica Di Tommaso, también integrante del TOC N°3 de San Isidro. La magistrada estaba en un sala contigua esperando su momento para declarar.Antes, al mediodía, había declarado el fiscal del Departamento Judicial de San Isidro José Amallo, quien participa de la investigación penal donde Makintach está imputada cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.Primero hizo un relato detallado de cómo fue identificado el camarógrafo Jorge Huarte, quien fue contratado para filmar las alternativas de la primera audiencia del juicio por la muerte de Maradona.Después recordó cómo fue el allanamiento en la produtcora La Doble, que participaba de la preparación del documental Justicia Divina, situada en le barrio Saavedra, donde se secuestró material fílmico y registros contables y documentos del proyecto audiovisual."Pudimos encontrar elementos que sostenían que la productora estaba detrás del documental", dijo Amallo e hizo referencia al hallazgo del guion de la producción, donde se explicaba que se iba a contar de seis capítulos."Estábamos detrás de un guion hecho y derecho. Era un guion que mantenía una idea original y luego se agregaba a partir de la información que aportaban las personas que estaban en el juicio, María Lia Vidal Aleman y Juan Manuel D'Emilio. A mi impresión, estaba en conocimiento la doctora Makintach [del proyecto audiovisual]", afirmó Amallo.El representante del Ministerio Fiscal dijo que cuando se sumó a la investigación que llevaban adelante sus colegas Cecilia Chaieb y Carolina Asprella, pensó que alguien había interpretado mal los hechos, que no podía ser cierto que la jueza Makintach estaba detrás de un documental porque sería un bochorno."Pero cuando empecé a tomar conocimiento de las imágenes, pensé: ¿Cómo se prestó a esto?. Pero cuando analicé el material supe que hubo un protagonismo que la doctora Makintach ha decidido tener", afirmó mirando al jurado de enjuiciamiento.Y fue más allá: "Ha participado de la producción. Makintach no solo fue protagonista, también fue productora del documental".El fiscal Amallo explicó que para él "producir un documental" no solo es aportar dinero, sino también tomar decisiones, dar autorizaciones o habilitaciones y eso, según dijo, hizo la cuestionada jueza."El documental tenía un fin económico, era un negocio", sostuvo.Para la defensa, el testimonio de Amallo "es parcial" y así lo afirmó Urrutia ante el jurado de enjuiciamiento. Ya antes de que comenzara la declaración, el abogado defensor había sostenido que la imparcialidad del representante del Ministerio Público estaba comprometida, ya que estaba recusado en la investigación penal.A partir de una serie de preguntas que realizó el abogado Urrutia sobre cuestiones de la causa penal y donde , la presidenta del Jurado de Enjuciamiento, Hilda Kogan -titular de la Suprema Corte bonaerense-,le recordó: "No estamos en el un juicio penal, estamos en un juicio político"Urrutia hacía referencia a que en el expediente penal se le restringieron durante tres meses pruebas. Amallo explicó que, por distintas cuestiones, hay elementos se mantienen en reserva y en el sistema se ponen en privado. Y afirmó, según su visión, que la investigación que lleva adelante Amallo es nula."Es una reserva temporal", explicó Amallo. Y respecto a una serie de declaraciones testimoniales que estuvieron en reserva y que fueron cuestionadas, el fiscal recordó que la defensa estuvo presente en las audiencias.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han enviado una orden al hermano de Carlos III para que este cuente "la verdad" sobre los cargos que pesan en su contra
En una carta enviada al ex duque de York el jueves, los miembros demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirman creer que podría tener información crucial sobre los cómplices y facilitadores de los crímenes del magnate.No tendrá necesidad de viajar a Washington. Puede responder desde Gran Bretaña porque es un ciudadano británico.
Los senadores de Unión y Libertad presentaron el proyecto que permita una serie de medidas para los productores agropecuarios. Estiman que hay más de cinco millones de hectáreas afectadas por las intensas lluvias
Sala Penal Especial asevera que expremier tiene pleno conocimiento del proceso. Advierten de una actuación maliciosa
La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó su renuncia al cargo. La segunda de Mario Lugones había ingresado al gobierno de Javier Milei en mayo de 2024 y fue una figura clave para el Poder Ejecutivo en el conflicto en el Hospital Garrahan. La viceministra dejará su cargo tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, funcionario con quien mantenía una relación de confianza. La salida de Francos, que se anunció el viernes por la noche, generó que Lisandro Catalán, ministro del Interior, también presente su renuncia.El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes los proyectos de Presupuesto, la Ley Impositiva y una norma de financiamiento para el año próximo, que en rigor implica una toma de deuda de 3000 millones de dólares considerada como algo "imperioso" por el mandatario. Lo hizo con un pedido especial para que la Legislatura declare en emergencia económica al distrito que administra desde 2019.En una nueva señal de respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, le expresó al flamante canciller, Pablo Quirno, "el apoyo de Estados Unidos a las históricas reformas del presidente Javier Milei" luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.Una pareja murió y sus tres hijos terminaron internados el viernes por la noche luego de que el Renault 12 en el que viajaran fuera embestido por una camioneta Volkswagen Amarok en el municipio bonaerense de José C. Paz. La tragedia ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. Al volante de la Amarok iba Michael Carballo, de 18 años, quien tenía 3 gramos de alcohol en sangre.María Belén Ludueña confirmó este lunes por la noche estar embarazada y a la espera de su primer hijo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En un posteo de Instagram, Ludueña escribió: "¡Todo este amor y más es para vos mi vida!". El funcionario porteño sumó horas después: "Soy padre ya de 3 maravillosos hijos que son lo más lindo que me pasó en la vida. Ahora llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén", dijo.Qué es "Lo que hay que saber" y dónde lo podés escucharLo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.