debate
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López Miras y Mazón exigen un debate sobre la financiación de las autonomías y "una equidad entre las comunidades"
El Gobierno hizo concesiones y llega al debate de la Ley Bases con más consenso para obtener la media sanción
El oficialismo resolvió a última hora del miércoles un conflicto por la reforma laboral y buscará un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones. Si bien confía en que tiene los votos necesarios, se enfrenta a nuevos desafíos
La universidad también se debe un debate en defensa propia
El sistema universitario debería estar agradecido con Milei. Le ha dado una buena excusa para abroquelarse y arroparse bajo la bandera sagrada de la educación pública, mientras encuentra un nuevo atajo para esconder sus fracasos bajo la alfombra y para clausurar cualquier debate sobre su eficiencia, su calidad y su financiamiento. Le ha dado, además, una coartada para no hablar de sus negocios y sus pactos corporativos, que han teñido a muchas casas de estudio de una inquietante opacidad.El Gobierno, en lugar de promover un debate audaz pero constructivo, ha avanzado con la motosierra y la brocha gorda sin reparar en matices ni en la complejidad de las cosas. Ha exacerbado la polarización y se ha sobregirado en una postura irritante, en lugar de esforzarse en la convocatoria a una discusión abierta y franca sobre la base de datos claros e información rigurosa, no de simplificaciones y prejuicios. Ha exhibido, además, falta de sensibilidad para calibrar los valores en juego y para evitar las generalizaciones injustas. Le ha dado, así, a la burocracia universitaria la oportunidad de victimizarse y de instalar, con una mezcla de cinismo y picardía, la idea de un riesgo inminente de cierre de las facultades. También le permitió liderar una protesta que, detrás de eslóganes y banderas, encubre sus privilegios y sus desmanejos. Y que, como si fuera poco, permite potenciar los dogmas que obturan cualquier revisión de fondo sobre la política universitaria.La impresionante marcha de esta semana fue promovida por "el partido de la universidad", donde el kirchnerismo y parte del radicalismo se dan la mano sin disimulo. Fue aprovechada, además, por sectores políticos radicalizados que fogonean el peligroso concepto de la "resistencia" frente a un gobierno democrático que acaba de asumir. Pero la movilización se nutrió, esencialmente, de amplios sectores sociales que defienden con buena fe los valores asociados a la educación pública, a la inclusión social, a las oportunidades y al progreso a través del estudio y del desarrollo científico. Tal vez deba aprovecharse ese estado de efervescencia para formular una pregunta: ¿por dónde pasa la verdadera defensa de la universidad pública?¿Defienden a la universidad quienes promueven en su seno la uniformidad y penalizan las discrepancias?, ¿la defienden quienes rechazan cualquier debate interno y se aferran al statu quo en función de sus propios intereses?, ¿la defienden quienes se atornillan a los cargos de poder e impiden la alternancia en el gobierno universitario?; ¿los que administran cajas millonarias por "trabajos a terceros" sin rendir cuentas ni brindar información?, ¿los que digitan o eluden los concursos para asegurarse obediencia y reelecciones indefinidas?; ¿la defienden quienes rifaron la autonomía en el altar de la obsecuencia al kirchnerismo?, ¿quienes han convertido algunas facultades en unidades básicas y en estructuras de militancia facciosa?Defender la universidad no debería ser solo defender su presupuesto, sino también sus valores: deberían promoverse marchas en defensa de la pluralidad ante hechos y situaciones en las que se vio abiertamente vulnerada. Y se debería reclamar por la calidad académica, que sufrió un evidente deterioro. ¿Y quién se moviliza por la transparencia ante un entramado de negocios que va muchos más allá de escándalos y denuncias puntuales?Es saludable el germen de rebeldía frente a discursos altisonantes y simplificadores que muchos leen, con razón, como una estigmatización injusta de la universidad pública. Pero la universidad merece, además, un debate honesto y profundo en defensa propia.En las últimas décadas, lejos de aceptar discusiones de fondo, e incluso debates incómodos, la universidad reforzó dogmas y prejuicios que clausuraron toda posibilidad de revisarse a sí misma. Ha descalificado cualquier intento de poner en discusión temas como el ingreso, el financiamiento y las condiciones de regularidad. Se negó a discutir sobre la necesidad de incentivar y priorizar determinadas carreras, aunque solo el 23% opta por estudios vinculados a ciencia o tecnología. Ha resistido las rendiciones de cuentas y los mecanismos de transparencia en el manejo de vidriosos y millonarios negocios por servicios a terceros. ¿Alguien miró con lupa las consultorías de la UBA? ¿Por qué la Universidad de La Plata no muestra las cuentas de un gigantesco negocio con decenas de municipios por el estacionamiento medido? ¿Cuánto recaudó esa misma casa de estudios por un megacontrato con los bingos bonaerenses para controlar las tragamonedas? ¿Se tiene idea de lo que cobra la Universidad de San Martín por una extraña intermediación en el cobro de fotomultas de varios municipios? ¿Por qué en las páginas web de las universidades no hay ninguna información sobre contratos de asesoría? La autonomía debe funcionar como una garantía de independencia, no como un velo que oculte manejos dudosos y discrecionales. ¿No es llamativo que los propios claustros no se movilicen en demanda de información y transparencia? La respuesta tal vez deba buscarse en una atmósfera universitaria en la que la discrepancia y los pedidos de explicaciones pueden pagarse muy caros.La universidad pública argentina tiene una de las tasas de graduación más bajas de la región, según un registro del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Se reciben apenas el 30 por ciento de los ingresantes, cuando en Chile y Brasil, por ejemplo, ese mismo indicador es de más del doble. Sin embargo, ese dato se barre bajo la alfombra. No se cumple con el porcentaje de cátedras concursadas que exige la propia ley universitaria, pero de eso no se habla.El ingreso irrestricto, que no existe en ninguna universidad del mundo, se ha convertido en un dogma indiscutible, a pesar de sus graves consecuencias en la calidad académica y la formación profesional. Toda una generación de profesores de Medicina que se cansó de alertar sobre la imposibilidad de garantizar una buena formación con 5000 ingresantes por año fue acorralada y desalentada hasta "jubilarla" de la universidad. Eran voces que incomodaban, y la corporación universitaria se ocupó de callarlas.Desde hace décadas, la universidad fomenta un círculo vicioso: al no haber examen de ingreso, no hay incentivos para el esfuerzo de aquellos que quieren estudiar una carrera. Un alto porcentaje no se gradúa porque llega del secundario sin una preparación suficiente. Para disimular ese bache, las facultades bajan los niveles de exigencia, sacrifican calidad y excelencia. También es intocable la condición de estudiantes crónicos: menos del 20% se recibe en tiempo y forma en las universidades públicas. Pero la trampa de la demagogia se reviste de épica: "somos abiertos e inclusivos".A la oferta académica le cuesta seguir el ritmo de las transformaciones tecnológicas, pero además está teñida de ideologismo. Para muestra basta un botón: esta semana se presentó en la Universidad de La Plata una carrera nueva: "Diplomatura en Ambientalismo Popular". ¿Habrá un ambientalismo elitista?La gratuidad absoluta es otro tema tabú. Aunque solo llegan al nivel terciario los sectores de clase media y media alta, la universidad se niega a considerar, siquiera, la posibilidad de aportes voluntarios, de aranceles por recursadas, de contribuciones de los egresados o de cualquier otra modalidad que permita reforzar un financiamiento propio y orientar más recursos públicos a disminuir, por ejemplo, la tasa de deserción escolar en el nivel secundario, que ronda el 70 por ciento en los sectores más vulnerables.Cobrar un arancel a estudiantes que vienen del extranjero es otro tema que la universidad se niega a discutir, a pesar de que ningún estudiante argentino podría ingresar en las mismas condiciones a una casa de estudios de Chile, Uruguay, Venezuela o Perú, por citar solo algunas referencias. Son un 4% de la matrícula general (unos 120.000), pero en algunas facultades, como la de Medicina de La Plata, ya representan casi el 50% de los ingresantes. Ni siquiera se les exige el dominio del idioma español. Si se les cobraran solo mil pesos mensuales (un aporte apenas simbólico), alcanzaría para distribuir 120 millones por mes en centros de primera infancia.Los ingresos propios de las universidades no solo demandan transparencia, sino también un debate sobre su destino: ¿no deberían financiar un gran fondo de becas para estimular el acceso a la universidad de jóvenes en situaciones desfavorables?En un país con dramáticos niveles de pobreza y con un Estado quebrado, de la universidad también se esperan propuestas, además de reclamos que pueden ser justificados. Merecería otro debate la creación de nuevas universidades: ¿se necesitan más o mejores casas de estudios? ¿Responden a una visión estratégica o a necesidades de los caudillos políticos?La universidad tiene derecho, por supuesto, a defenderse de ataques, simplificaciones y prejuicios. Pero también tiene la obligación de dar ejemplo de pluralismo, de transparencia y de excelencia, además de cultivar un espíritu de comprensión sobre la realidad que la rodea. Muchos profesores e investigadores honran esa tradición con un esfuerzo silencioso y cotidiano. Pero no es lo que se refleja en estamentos del poder universitario, donde, con honrosas excepciones, se han enquistado el dogmatismo, la opacidad y los intereses partidarios.La universidad no puede reducirse a una colección de eslóganes. Merece un debate honesto, sin dogmas ni prejuicios. Ojalá la efervescencia de estos días sirva para promoverlo, y no para enmascarar los problemas y justificar lo injustificable bajo una bandera noble, como es la de la educación pública.
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La Fórmula 1, la FIA y el debate de la lista de premios en el clasificador
A lo largo de la historia, la Fórmula 1 modificó pocas veces el sistema de puntuación para los campeonatos mundiales de Pilotos y de Constructores. El actual esquema se configuró en 2010 y premia a los diez mejores del clasificador de cada gran premio. En 2019, al igual que entre 1950 y 1959, quien registró el récord de vuelta en la carrera y se mezcla en el top ten al final del día se beneficia con un punto extra. Pero hubo también recompensa para los mejores ocho, entre 2003 hasta 2009; la gratificación fue para seis entre 1960 y 2002 y solo cinco en la primera década del Gran Circo, desde 1950 hasta 1959. Un nuevo debate propondrá la F.1, junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los diez Constructores, con el reto de definir retoques para la próxima temporada: la intención es extender el premio hasta la duodécima posición del clasificador, ensayando una rectificación en el reparto de los puntos. La medida necesitará de la aprobación de la mitad de las escuderías para entrar en vigencia en 2025.El nuevo sistema no alteará la cosecha de puntos de los siete mejores clasificados: el ganador recibirá 25 unidades; el segundo, 18; el tercero, 15; el cuarto, 12; el quinto, 10; el sexto, 8 y el séptimo, seis. Las variaciones surgirán a partir de la octava plaza, que dejaría de cosechar cuatro puntos para embolsar cinco; desde el noveno y hasta el decimosegundo, la escala irá en descenso de un punto por puesto. El análisis reviste que, en la actualidad, los diez cupos puntuables están prácticamente cooptados por cinco escuderías: Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston Martin, por lo que el resto de la grilla participa con escasas probabilidades de sumar para el mundial de Constructores, cuyas posiciones determinan el reparto de los premios económicos al final de la temporada, y también establecer las horas de utilización del túnel de viento, cuyo empleo está limitado y los porcentajes se revisan cada semestre.La reorganización de los puntos no afectará a las escuderías líderes desde lo competitivo y tampoco aumentará la cuota de inscripción por puntos que deben pagar a la FIA cada año. Los equipos no estarían en desacuerdo, según publicó el sitio especializado motorsport.com, que tuvo contacto con algunos de los jefes de las estructuras durante el reciente Gran Premio de China que tuvo a Max Verstappen como vencedor. "No estoy en contra. Antes de llegar a Ferrari trabajé en Alfa Romeo y entiendo a la perfección la frustración de estar desandando un gran fin de semana, pero también saber que si no hay un abandono terminarás undécimo en el clasificador y la recompensa es cero. Ahora, finalizar P11 o P20 es lo mismo", comentó Fred Vasseur, el líder de la Scuderia. La casa de Maranello y Red Bull Racing son los dos conjuntos que, si el sistema estuviera aprobado y en vigencia, no verían modificaciones en sus puntos. En Milton Keynes, Christian Horner, que está al frente de Red Bull Racing desde el instante en que la escudería ingresó en la F.1, en 2005, se enseñó imparcial: "Parece que hay dos grupos y la lucha es tan dura entre los que batallan entre los puestos seis y diez como aquellos que lo hacen entre los cinco primeros. Creo que hay que hacer números, analizarlos y preguntarse qué cambiaríamos", estipuló el británico.Para Aston Martin, el cambio significaría seis puntos más en el presente; para McLaren y Mercedes, el plus sería de cinco unidades. La variación más significativa la representaría Haas, que en lugar de cinco puntos tendría 17 en el mundial de Constructores y escalaría a la sexta plaza, superando a RB. La escuadra con sede en Faenza y que es una estructura satélite de Red Bull Racing aumentaría su cosecha de siete a diez puntos, aunque se retrasaría del sexto al séptimo puesto. Las tres escuderías que no sumaron en 2024 -Williams, Alpine y Sauber- no tendrían el casillero en cero si se aprueba la modificación: los de Grove contarían con cinco puntos de la mano de Alexander Albon (11mo en Arabia Saudita y Australia y 12mo, en China); los franceses, integrantes del Grupo Renault, disfrutarían de dos unidades, producto de la 11ma posición de Esteban Ocon el domingo en Shanghái, mientras que el chino Guanyu Zhou, que fue homenajeado por los fanáticos de su país en el reciente gran premio, facturaría los dos puntos de Sauber, tras terminar 11mo en el estreno del calendario en Bahréin."Los últimos cinco equipos son grandes organizaciones y es muy difícil explicar al mundo exterior, a nuestros socios y a los fanáticos, que luchamos por un P11 que en realidad no entrega puntos", comento Laurent Mekies, el ingeniero francés que tuvo un paso por Ferrari y se sumó a RB para reemplazar a Franz Tost. "El nivel de competitividad y fiabilidad de los autos provoca que la mayor parte del calendario luchemos, en teoría, por cero puntos. Y sería ventajoso que se premie hasta el puesto 12, porque evitaría que, si en una carrera sucede algo extraordinario, completamente asombroso, como que un piloto de la línea baja finalice cuarto o quinto, provocaría que ese único resultado no sentencie las posiciones finales de los equipos", alimentó Mekies, según consigna motorsport.com.También desde Haas se enseñaron entusiasmados de concretarse el cambio y así lo expresó Ayao Komatsu, el ingeniero japonés que tomó el control en lugar del carismático Guenther Steiner en 2024. "Sería una motivación para quienes trabajamos en los equipos de la mitad del pelotón recompensar con puntos a quienes terminan en los puestos once y doce", apuntó el asiático.El calendario 2024 de la F.1 recién desanda su quinto episodio, pero el Gran Circo ya proyecta el futuro y un retoque en el sistema de premios en el clasificador entra entre las variables.
Maximiliano Pullaro pidió un "profundo debate" sobre el sistema previsional en Santa Fe y elevó reclamos a Nación
El gobernador impulsa la creación de una comisión para evaluar la Caja Jubilatoria local. Además, exige que el Estado nacional pague una deuda con la provincia de $600.000 millones.
La Junta Electoral obliga a incluir a Vox en un debate organizado por estudiantes en la Pompeu Fabra de Barcelona
El cofundador del Templo Satánico desafía a Ron DeSantis a un debate público por la ley HB 931: "Discriminación"
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el jueves pasado una ley que permite que instituciones escolares incorporen capellanes voluntarios y aseguró que los satanistas no pueden formar parte del programa. En ese contexto, el cofundador del Templo Satánico invitó al mandatario estatal a debatir sobre libertad religiosa y remarcó que la institución a la cual pertenece está reconocida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés).El proyecto de ley en cuestión llevaba varios meses en discusión. En marzo pasado, debido a algunas imprecisiones en el texto, muchos advirtieron que los adoradores de satán estaban incluidos. Sin embargo, Ron DeSantis aclaró en conferencia de prensa que los satanistas no están calificados para participar. "Vamos a usar el sentido común, no tienen que preocuparse por eso", argumentó.Sucede que la ley contempla que cada escuela de Florida tiene la opción de incorporar capellanes escolares voluntarios, es decir, miembros de un servicio religioso que, en vez de realizar su labor en una iglesia, templo o capilla, lo hacen en una institución privada. En ningún apartado de la normativa se excluye explícitamente a miembros de alguna religión en particular. No obstante, se establece que los colegios deben informar a los padres sobre el servicio que se brinda, para que se brinde consentimiento.El cruce entre el cofundador del Templo Satánico y Ron DeSantisAl no estar explícito en la norma, desde el Templo Satánico (TST, por su sigla en inglés) amenazan con demandar al Estado si a alguno de sus miembros se le prohibía servir como capellán en el programa. El argumento que esgrimió Lucien Greaves, cofundador de esa iglesia, es que DeSantis hizo comentarios sobre la organización sin saber quiénes son y en qué creen.Además, hizo hincapié en el que el IRS los reconoce como una estructura oficial. Fue en 2019 cuando la organización que tiene sede en Salem, Massachusetts, recibió la clasificación de IRS, "iglesia o convención o asociación de iglesias". Dicho rótulo inclusive le concede la exención de impuestos, que el Templo utiliza para poder solicitar subvenciones gubernamentales para instituciones de la fe.Respecto del conflicto con DeSantis, Lucien Greaves le dijo a Fox News Digital que la exclusión del Templo en el programa "debería ser motivo de gran preocupación para cualquiera, independientemente de sus propias opiniones religiosas". Además, apuntó directamente contra el discurso del gobernador, porque no utilizó "ninguna teoría legal que respaldara su punto de vista".En tanto, Greaves sostuvo que en la legislación promulgada se permite que haya capellanes satánicos en las escuelas. "DeSantis desconoce cómo funciona la ley y desconoce el proyecto", remarcó.En su cuenta de X (ex Twitter), el cofundador del Templo Satánico publicó: "Si la administración republicana de Florida excluye deliberadamente al grupo del nuevo programa de capellanes escolares del estado, eso constituiría el tipo de discriminación que probablemente fracasaría en los tribunales".Invitaron a Ron DeSantis a un "debate público" sobre el Templo SatánicoPor su parte, la directora ejecutiva de operaciones del Templo Satánico, Rachel Chambliss, le envió un mail a la oficina de DeSantis: "Le escribo para preguntar si el gobernador estaría interesado en participar en un debate público con Lucien Greaves sobre el estatus del Templo Satánico como organización religiosa reconocida a nivel federal".En la carta, la directora sostiene que se encuentran en "respetuoso desacuerdo" y que "un debate público proporciona una excelente plataforma para discutir a fondo los principios de la libertad religiosa en Estados Unidos". En tanto, se mostraron abiertos y flexibles en cuanto a la fecha, ubicación, formato del intercambio, que quieren que se transmita por una cadena televisiva "que se alinee con las preferencias del Gobernador".
Tras la polémica en el Senado y la búsqueda de apoyo del Gobierno, comienza el debate por la Ley Ómnibus
Además del megaproyecto, a partir de este miércoles se discutirá el Acuerdo Fiscal. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, sostuvo que están "más cerca" de un acuerdo que la última vez. Leer más
La Rioja: se debate una nueva Constitución que impediría a Martín Menem a postularse como candidato a gobernador
CÓRDOBA.- Antes del 22 de julio próximo la convención constituyente debe sancionar la nueva Constitución de La Rioja. En estos días comenzó un debate sobre las condiciones para ser electo gobernador y la posibilidad de forzar un tercer mandato para Ricardo Quintela, según advierten desde la oposición. Los cambios de condiciones para poder aspirar a ser mandatario afectarían a Martín Menem, exlegislador provincial y quien ya se postuló el año pasado.Los legisladores Gustavo Canteros y Paulina Carmona, integrantes de bloque Sumar (un desprendimiento de Juntos por el Cambio), impulsaron un proyecto para que se aplique en la próxima elección a gobernador en la que fijan, entre otros requisitos, que el postulante tenga "10 años de residencia inmediata y efectiva" en La Rioja.Un duro informe de la unidad antilavado alertó sobre el origen y el crecimiento exponencial de la fortuna del "Señor del Tabaco"LA NACION le preguntó directamente a Canteros si era un proyecto "hecho a medida" para bloquear la postulación de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. "No, en absoluto; ya hay un artículo en la actual Constitución que crea la figura del Defensor del Pueblo y la ley que lo reglamenta exige 10 años de residencia efectiva. Data del 2008. Tomamos esa idea", respondió.El convencional admitió diferencias con Martín Menem: "Yo soy liberal, él es peronista de derecha, así se definió siempre. A lo mejor se avino a ser libertario. Sí es conocido que tengo diferencias políticas con él. En la campaña lo denuncié en el Inadi porque en una propaganda discriminaba al colectivo LGTBQ que integro. Pero no hago nada a medida de nadie".Martín Menem, quien fue diputado provincial en La Rioja, fue el único candidato a gobernador del país de los libertarios que tuvo el apoyo explícito de Javier Milei, quien incluso hizo campaña con él en La Rioja. El actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación realizó la mayor parte de su vida en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que vota en su provincia natal. En la elección provincial logró 14% de los votos y quedó tercero.Quintela fue reelegido este año con el 50% de los votos y consiguió hacerse de 27 de los 36 constituyentes que van a modificar la Constitución; comenzaron a sesionar en julio pasado y el 22 de ese mes se cumple el plazo legal de un año para tener nuevo texto.En noviembre del año pasado, Canteros anunció que apoyaría a Sergio Massa en la segunda vuelta contra Milei porque "trabajar" con el libertario "en La Rioja es ponerse a las órdenes del clan Menem". En esa línea planteó que su partido Unite La Rioja, acompañaría a Massa "porque si gana Milei es empoderar a Martín Menem que llegó a reírse de nuestra comunidad al publicar un video en el cual decían que si una persona (trans) que llegaba a votar con ropaje de mujer había que mandarlo a cambiar".Canteros enfatiza que también impulsó una iniciativa junto a otros convencionales por la que "se inhabilita al actual gobernador" a un tercer mandato. El texto sostiene que a todos los funcionarios que están cumpliendo funciones en la Provincia se les aplique la cláusula transitoria que quieren aprobar "para que quede claro que este es el segundo mandato".Cristina Salzwedel, radical presidente del bloque de convencionales de JxC, explica a LA NACION que "crecen" las sospechas de que el oficialismo apunta a que Quintela pueda tener un tercer mandato.Repasa que en la reforma constitucional del 2008, el entonces gobernador Luis Beder Herrera cursaba el segundo mandato y se hizo una cláusula transitoria donde se le ponía un límite a las reelecciones, pero "se interpretaba que ese mandato en curso era el primero"."Ahora no hay un proyecto que habilite a Quintela -advierte-, pero se sumó en el artículo 120 la exigencia de paridad para la fórmula del Ejecutivo. Eso habilita a que se aplique la claúsula transitoria o que judicialmente se interprete que Quintela no tuvo las mismas reglas en el período que está en marcha".
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Aunque el abanderado naranja, Salomón Chertorivski, también se hizo tendencia en redes sociales, fueron los representantes de Morena y la coalición del PRI, PAN y PRD quienes generaron mayor número de interacciones entre internautas 'chilangos'
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Este domingo la candidata y los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX se verán las caras nuevamente en el Segundo Debate Chilango
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A mano alzada y sin debate, los senadores aprobaron un fuerte aumento de sus dietas
Sobre tablas y sin debate, el Senado aprobó este mediodía un aumento de las dietas de sus legisladores. El proyecto 615/24 se coló en la sesión en la que se trataron pliegos de embajadores y tratados internacionales. Con este incremento, los senadores pasarán a cobrar el doble de lo que perciben actualmente."La casta se juntó para aumentarse los sueldos", señaló el jefe de bloque oficialista, Ezequiel Atauche a LA NACION después de la sesión. Los siete senadores de La Libertad Avanza (LLA) no acompañaron la medida.Mientras se buscaban los votos para la formalización de un grupo de embajadores en destinos estratégicos, se gestaba una jugada en las sombras. Senadores de diferentes espacios políticos planificaron colar en la sesión un proyecto de resolución por el que se estableció un incremento de sus dietas así como un mecanismo de actualización, atado al valor del módulo que perciben los empleados legislativos.Si bien el oficialismo no acompañó con su voto, LA NACION confirmó que estaba al tanto de la idea, esbozada durante la reunión de Labor Parlamentaria y motorizada por la insatisfacción que generó la disposición de ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, entre los que se encuentra la promoción a secretario de Estado del vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario percibirá un diferencial en su sueldo ("Creo que hay una diferencia", se limitó a decir en la habitual conferencia de prensa matutina). Según pudo reconstruir este medio, el aumento ronda los $200.000."Ayer se conoció el Senado lo que cobra el vocero al ser ascendido y es el doble que un senador. Eso disparó esta inquietud. Se habló en Labor porque justo se conoció cuando estaban reunidos", confiaron cerca de un senador que rubricó el proyecto con su firma.Actualmente, los senadores perciben una dieta de aproximadamente 1,7 millones de pesos. Con el incremento planteado en la resolución aprobada podrían empezar a percibir alrededor de 4 millones de pesos en mano. A partir de ahora, cada senador tendrá una retribución de 13 dietas anuales -una por mes más un adicional correspondiente al aguinaldo-, Cada dieta representa 2500 módulos, equivalente a algo más de $1802, sumado a un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.Tras la polémica que se desató cuando se conoció el aumento del 29,92% otorgado en febrero por Villarruel y su par de Diputados, Martín Menem, la vicepresidenta se despegó del relato libertario. Ante el tirón de orejas del Presidente y una rápida respuesta del titular de la Cámara baja, Villarruel manifestó públicamente su desacuerdo con el pedido de Milei y consideró que debería ser una decisión de los propios senadores. Si bien intentó resistir la contramarcha, debió ceder ante la presión pública y ante la necesidad de no confrontar con el primer mandatario.
Los senadores se aumentaron las dietas en plena sesión, a mano alzada y sin debate
Votaron un proyecto de resolución minutos antes de finalizar el encuentro de este jueves en la Cámara alta. Les quedarán más de $4 millones en mano
Sin debate y sobre el final de la sesión, los senadores aprobaron una resolución para aumentarse los sueldos
Una resolución busca la suba de salarios de los senadores. Días atrás, la titular de la Cámara Alta había dicho que los legisladores "no ganan bien".
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Diputados: el oficialismo acelera y mañana arranca el debate del proyecto de leyes fiscales, pero no pudo destrabar Juicio Político
Con el proyecto ya ingresado formalmente en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocó para mañana a las 11 a la primera reunión informativa con funcionarios del Ministerio de Economía y de la AFIP para iniciar el tratamiento del paquete tributario, denominado "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes". El objetivo del oficialismo es acelerar el debate para llevar el proyecto al recinto a más tardar en la primera semana del mes próximo.La comisión, que preside el diputado oficialista José Luis Espert, recibirá este jueves al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a José Salim, de la AFIP, quienes brindarán precisiones sobre algunos de los aspectos claves de la iniciativa: la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias; un nuevo blanqueo de capitales; reformas al régimen de monotributo y modificaciones en el impuesto a los bienes personales.Los bloques dialoguistas de la Cámara baja se reunirán esta tarde para analizar punto por punto la iniciativa. La ley fiscal contiene, entre los aspectos más importantes, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. La actualización de este piso como de las escalas será anual, según el índice de precios al consumidor (IPC), reza el proyecto. Si prospera esta medida, casi un millón de asalariados volverán a pagar el tributo.Con respecto al blanqueo, tendrá plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese año. Los bienes a regularizar podrían ir desde dinero e inmuebles a acciones o títulos y hasta criptomonedas. Se habilita el blanqueo de hasta US$100.000 sin ninguna penalidad.Por otra parte, se anticipó que la semana próxima las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto comenzarán a analizar el proyecto de reforma laboral, la cual fue presentada por el bloque de diputados radicales la semana próxima. Juicio PolíticoCon la prioridad puesta en el arranque del debate del paquete de leyes fiscales, mañana a las 11, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió desactivar la citación a la Comisión de Juicio Político, que estaba convocada para la misma hora. En rigor, el presidente del cuerpo no tenía garantizado el quorum suficiente para nombrar nuevamente a sus autoridades, tal como pretendía.En efecto, Menem insiste en desconocer la validez de la reunión del miércoles pasado, cuando intentó interrumpir unos minutos antes de su inicio. Sin embargo, no pudo evitar que se vote a Marcela Pagano como su presidenta. A instancias de Karina Milei, el titular de la Cámara busca correr a Pagano de ese rol e imponer a una persona cercana al círculo de la secretaria General de la Presidencia.Por eso, Menem trató en los últimos días de convencer a cada uno de los integrantes de la comisión para que avalen su estrategia. No obstante, los legisladores de Unión por la Patria, UCR y Hacemos Coalición Federal le hicieron saber que no estaban dispuestos a inmiscuirse en la interna libertaria ni tampoco de asumir el costo político de acompañar una jugada "al borde de la ilegalidad". Pro, bloque satélite de las iniciativas de La Libertad Avanza, podría haber actuado de manera funcional al presidente del cuerpo, a pesar de la incomodidad de muchos de sus integrantes.Como medida de última instancia, Menem llamó ayer por la noche a Pagano. La idea era persuadir a la diputada para que asista a la comisión, a contramano de lo que ella misma había firmado en el acta constitutiva. En el oficialismo especulaban que su presencia arrastraría al resto de los integrantes. No obstante, Pagano se negó de plano.
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El Gobierno envía el proyecto fiscal al Congreso, pero aplaza el debate para pulir el "poroteo fino"
El Gobierno necesita más tiempo para asegurarse los votos para la ley Bases y "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes". Eso explica por qué aplazó -de mínima- para la próxima semana el inicio del debate de los proyectos en Diputados. El Poder Ejecutivo giraría mañana a la Cámara baja el proyecto con el paquete fiscal. Pero la Casa Rosada quiere terminar de zurcir algunos acuerdos y "contar las cabezas" antes de habilitar el tratamiento de los textos.Tras la fallida experiencia de enero, esta vez la gestión de Javier Milei pretende tener un poroteo fino de los votos para evitar contratiempos durante el debate y lograr un trámite exprés de las iniciativas. Los distintos bloques "amigables" vienen expresando que tienen intención de darle al Gobierno las herramientas legislativas. Pero, a la hora de explorar las voluntades con la letra chica en la mano, siguen apareciendo discrepancias. Todavía hay ruidos en torno de temas sensibles, como la reforma laboral o el impuesto a las ganancias (rebautizado impuesto a los ingresos personales). Y hay un conflicto en puerta por el capítulo del tabaco.El único reloj que corre para la gestión de Milei es el que termina en el Pacto de Mayo, previsto para el Día de la Patria en la ciudad de Córdoba. Faltan algo más de cinco semanas y todavía no se inició el debate de los dos proyectos que son condición sine qua non para habilitar el "gran acuerdo nacional". Funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia ya están explorando locaciones en la capital cordobesa para ganar tiempo, mientras se aguarda la votación de los proyectos en ambas cámaras."No tenemos un apuro, creemos que llegamos bien al 25 de Mayo. Estamos terminando de contar las cabezas antes de iniciar el debate", dijo a LA NACION un estrechísimo colaborador del Presidente.Según fuentes de la Casa Rosada, en las próximas horas se remitirá a Diputados la ley fiscal, que contiene, entre otros puntos, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con un mínimo no imponible en $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. Según pudo saber LA NACION, hoy el Ministerio de Economía le dio las puntadas finales al texto y luego quedaban por cubrir algunos pasos burocráticos: la revisión formal por parte de la Secretaría Legal y Técnica, la firma del Presidente y los ministros y el giro de parte de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a cargo de Omar De Marchi. En la Casa Rosada aseguran que el texto no tiene cambios sustanciales respecto de la última versión que se conversó con gobernadores y bloques parlamentarios. Aún hay mandatarios patagónicos que se oponen al capítulo del impuesto a las ganancias.Ejes conflictivosEn el caso de la ley Bases, el Gobierno no enviará un proyecto nuevo sino que reflotará la iniciativa original que regresó a fojas cero en comisiones cuando Milei decidió levantar la sesión de enero. El proyecto aún tiene estado parlamentario y el oficialismo propondrá un nuevo dictamen, preacordado con los aliados, con un tercio de los artículos y múltiples cambios en la letra chica.Mientras las áreas técnicas terminan de darle forma a los textos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, intenta cerrar acuerdos con actores que pueden marcar el éxito de los proyectos. El funcionario recibió hoy al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal -los senadores de su provincia vienen siendo escurridizos para el oficialismo- y viajó a Santa Fe para encontrarse con Maximiliano Pullaro y con sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba). Cerraba su raid en Santiago del Estero para encontrarse con Gerardo Zamora. Viejo aliado de Cristina Kirchner y artífice de la candidatura de Sergio Massa en 2023, el cacique santiagueño se convirtió en un factor clave porque controla a los tres senadores de su provincia.Mañana, en tanto, Francos recibirá al bloque Innovación Federal, donde abrevan nueve diputados de Salta, Misiones Río Negro y Neuquén.Hay dos capítulos que todavía generan controversia en los bloques más proclives a acompañar (Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal). El primero es el de la reforma laboral. Llamativamente, la gestión de Milei dejó en manos del radicalismo la redacción de ese capítulo, que originariamente el Gobierno había introducido en el DNU 70/2023 y que luego fue frenado por la Justicia. El titular de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, redactó un proyecto de amplio alcance que incluyó temas espinosos, como la no obligatoriedad de las cuotas solidarias para los gremios. Es un texto que genera algunas resistencias en Pro y en el sector del radicalismo que responde a Facundo Manes, además de cortocircuitos con el sindicalismo.Pero el capítulo más controvertido es el vinculado a los impuestos al tabaco, en medio de una guerra entre las compañías internacionales y la Tabacalera Sarandí de origen nacional, con fuerte poder de lobby. El Gobierno había incorporado en el primer proyecto un capítulo para que todas las empresas del sector pagaran los mismos impuestos, un cambio que perjudica al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.En la nueva versión, la gestión de Milei voló los artículos que regulan los impuestos al tabaco. Esa omisión hizo reaccionar a algunos diputados que creen que Otero logró imponer sus intereses. El diputado radical Martín Tetaz le reclamó a Milei que repusiera el capítulo tabacalero. Y, según fuentes del bloque radical, una mayoría de sus integrantes se encolumnaría detrás del reclamo de Tetaz."El gran problema de la ley hoy es lo de las tabacaleras. Dejar para después el debate de este tema ya es visto como jugar para Otero", reconoció un colaborador libertario.Una alta fuente de la Casa Rosada, no obstante, aseveró a LA NACION: "Lo de la reforma laboral se va a incluir en el dictamen. Lo del tabaco, no".Ruidos propiosLos conflictos de convivencia interna que viene exhibiendo el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados también suman barullo para el tratamiento de los proyectos. Afectan, de mínima, la imagen del oficialismo, que se exhibe desprolijo mientras busca el voto de los aliados. El papelón que se vivió la semana pasada con la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque todavía deja esquirlas, porque aún el oficialismo no logró resolver la presidencia de la comisión de Juicio Político. Allí en los papeles asumió la diputada Marcela Pagano, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, la desconoce y convocó a otra reunión de comisión para este jueves.El problema es que el acta que designó a Pagano lleva la firma de diputados como Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal), Leopoldo Moreau y Cecilia Moreau (Unión por la Patria). "Quieren desconocer la firma de tipos que fueron presidentes de la Cámara. Es poco serio", reconoció un referente libertario. El oficialismo quiere forzar a Pagano a que renuncie a su lugar.Cuando todavía faltan constituir una docena de comisiones, el oficialismo también haría cambios en una comisión ya constituida y crucial para el debate de las leyes, la de Legislación General. Allí se espera que Gabriel Bornoroni, flamante jefe del bloque de LLA, le deje su lugar al diputado Santiago Santurio.
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