Tras la caída de Ficha Limpia, un aliado del oficialismo presentó un proyecto para aumentar de 5 a 7 miembros el Máximo Tribunal."Lo propusieron opositores de todos los colores", aseguran en la Rosada.
El contenido fue hallado durante las obras que se están realizando para la creación del Museo del máximo tribunal. Leer más
El descubrimiento aporta más datos sobre la presencia de nazis en la Argentina. El presidente de la Corte, Horaco Rosatti, encabezó la apertura formal de las cajas en el Palacio de Tribunales, acompañado por autoridades de AMIA, el Museo del Holocausto y especialistas.
El legislador Juan Carlos Romero propuso elevar de cinco a siete la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal. Además, la iniciativa establece una representación mínima de dos mujeres entre sus miembros. Leer más
La propuesta incluye una cláusula que limita a cinco el número de jueces del mismo sexo, y se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la representación y la eficiencia del sistema judicial
La ministra Laura Sarabia enfrenta la primera investigación judicial en su contra, mientras crecen especulaciones sobre conflictos con el presidente Gustavo Petro
Propone que el máximo tribunal del país esté conformado por siete jueces y debe haber al menos dos mujeres.Entró el jueves cerca de la medianoche, un día más tarde de la sesión con polémica en el Senado.
El magistrado sostuvo que no existen motivos para apartarlo de la causa y pidió resolver el planteo en el próximo acuerdo. Si la recusación avanza, deberán sortear un conjuez. Leer más
Un fiscal de la ciudad de Buenos Aires investiga un presunto intento de hackeo del teléfono celular del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Fuentes judiciales informaron que, según la denuncia, el 5 de mayo pasado Sebastián Matías Bustamante, empleado de la Corte, recibió una llamada en su teléfono particular de un número privado. El hombre que se comunicó se identificó como un empleado de Movistar y afirmó que una línea le había sido reportada como robada; le pidió que procediera a bloquearla y le diera el número de PIN que le aparecía, relataron fuentes al tanto de los hechos denunciados.A Bustamante el llamado le pareció extraño. No hizo lo que le pidió su interlocutor y dio aviso de la anomalía a la Dirección General de Seguridad de la Corte, a cargo de Roberto Varela. La denuncia quedó radicada en la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para averiguar el ilícito, con la intervención del fiscal nacional en lo criminal y correccional Santiago Vismara, informaron las fuentes.Relataron que, por prevención, el juez ya tiene un nuevo número de teléfono.En el Palacio de los Tribunales creen que el intento no fue casual porque solo quisieron acceder al celular de Rosatti, quien hace dos años ya había denunciado maniobras de duplicación de líneas a su nombre. "El juez sufrió intentos de robos a su casa, extrañas pinchaduras de ruedas en el auto oficial y hasta un misterioso intento de intrusión en su vehículo en la puerta del Palacio de Tribunales", recordaron.
El episodio tuvo lugar el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área que mantiene contacto con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial. Leer más
Es por las causas de amenazas, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y extorsión. La líder de la Tupac Amaru ya lleva 9 años presa. Leer más
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que anuló la absolución del extitular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) durante el kirchnerismo Daniel Reposo, investigado por falsear una acta notarial durante una asamblea de Papel Prensa.La Corte rechazó, por no tratarse de un recurso que iba contra una sentencia definitiva, la presentación del exfuncionario.Reposo se hizo conocido porque consignó datos falsos en su currículum cuando Cristina Kirchner lo postuló como candidato a Procurador General de la Nación, en 2012. Luego, fue designado en la AFIP.Reposo y Fabián Trossero participaron de una asamblea de Papel Prensa y están acusados de falsificar un acta notarial a fin que sea la Sigen quien controlara los estados contables de esa empresa con participación estatal.El delito por el que ambos están imputados es falsificación de documento público agravada por comisión por funcionario público abusando de sus funciones. La Corte dispuso reenviar el caso al Tribunal Oral Federal N°8 para que dicte un nuevo fallo.Los hechos investigados ocurrieron el 20 de octubre de 2010, al celebrarse en la sede de Papel Prensa una asamblea general de accionistas para designar un contador certificante de sus estados contables.Se atribuyó a Guillermo Moreno, Daniel Reposo, Beatriz Montoya y Fabio Trossero haber intervenido en la confección de un acta notarial en la que se asentó un registro falso de lo ocurrido, para acreditar que se había aceptado la intervención de la Sigen como contador certificante.En realidad, la propuesta de los accionistas por el Estado había sido rechazada por la Asamblea General, y se había designado a un estudio contable privado para realizar esa tarea. Esto generó que el juez comercial cite a la Sigen y a los contadores privados elegidos por la Asamblea General, para certificar de modo conjunto los estados contables de Papel Prensa.Reposo y Trossero cuestionaron la decisión de la Cámara de Casación que revocó su absolución por falsificación de documento público agravada por ser cometida por funcionario público abusando de sus funciones. Ahora, con la decisión de la Corte, queda firme la resolución que anuló las absoluciones.La Cámara de Casación había anulado el 19 de septiembre del año pasado la absolución de Trossero y de Reposo. El fallo fue de la Sala IV de la Cámara de Casación y fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Se dispuso ahí realizar un nuevo juicio oral y dictar un nuevo fallo, lo que ahora es inexorable.La fiscalía en este caso estaba a cargo de Carlos Stornelli y Dafne Palopoli, y los querellantes eran Jorge Carlos Rendo, de Clarín, con el abogado Hugo Wortman Jofré.En el juicio se había pedido para Moreno, Reposo, Montoya y Trossero la pena de tres años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena.Los jueces Sabrina Namer, María Gabriela López Iñíguez y Nicolás Toselli absolvieron a los acusados el 11 de mayo de 2023, pero ese fallo fue revertido por la Cámara de Casación.Ahora, esos cargos se recrearán nuevamente en otro juicio oral. Esta asamblea de Papel Prensa ocurrió luego de una anterior donde Moreno exhibió guantes de box y desafió a pelear a los accionistas de Clarín y LA NACION, entre otros, bajo amenaza de no votar una moción en esa reunión.Moreno, en representación del Gobierno, participaba de la asamblea como tenedor de un porcentaje de las acciones que retuvo el Estado por la estatización de las AFJP.Moreno ya tiene una condena confirmada por la Casación a dos años de prisión en suspenso por "amenazas coactivas" cuando desafió a los accionistas a que eligieran entre casco o guantes para pelear en otra asamblea de la firma.Moreno también fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el delito de peculado, en una causa en la que fue denunciado por haber adquirido con fondos del Mercado Central cotillón que llevaba inscripciones contra el Grupo Clarín. Esa condena también está firme.Y ahora pesa sobre él una tercera condena, confirmada esta semana por la Cámara de Casación, por falsear los índices de inflación del Indec y dibujar un número inferior al que realmente existía.
El alto tribunal afirmó que los dos congresistas actuaron de forma insensible al, presuntamente, haber recibido dinero originalmente destinado para la atención de poblaciones vulnerables
La relación entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado Diego Cadena y el exparamilitar alias Víctor, fue el tema inicial de la cuarta jornada de comparecencia en el juicio del exmandatario
Las exposiciones públicas de los aspirantes serán fundamentales para influir en los magistrados que aún no han definido su voto
Los congresistas, que venían ejerciendo como miembros de órgano legislativo mientras se definía su situación judicial, deberán responder por los delitos de cohecho y peculado, debido a su presunta participación en el megacaso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
El jefe de cartera defendió su inocencia en un corto mensaje, pese las fuertes acusaciones de la Fiscalía sobre su posible participación en la adjudicación irregular de un contrato con un hospital público de Bogotá
"Llegó la hora de que se trate seriamente la inclusión de mujeres en la Corte", dice la autora y agrega que "la Corte debe ser representativa de todos los estratos sociales". Sin embargo, hay una razón más poderosa aún. Leer más
Al jefe de cartera se le señala de haber ejercido presiones para obtener supuestos beneficios políticos en un hospital público durante la administración del alcalde Samuel Moreno en 2008
La exvicepresidenta argumentó que laus declaraciones públicas del pasado jueves 1 de mayo en América 24, de Ricardo Lorenzeti "no hacen más que confirmar las veladas amenazas "en off" vertidas en el diario Clarín el día anterior a la votación del pliego del juez Ariel Lijo en el Senado de la Nación. Leer más
La Corte Suprema de Justicia cuestiona la respuesta del sistema judicial en delitos de violencia sexual y exige investigaciones integrales
Las grabaciones de 16 cámaras de seguridad, sumadas a registros financieros y declaraciones de renta, fortalecen la hipótesis de la Fiscalía sobre el rol de González en la presunta entrega de sobornos
En marzo del 2025 la Procuraduría General de la Nación le solicitó al alto tribunal que condenara al exservidor por el escándalo del caso de corrupción conocido como 'Las Marionetas'
La medida, que lleva meses siendo objetada por jueces federales, alcanzaría a unas 350.000 personas en el país
El ex mandatario fue hallado culpable por participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.El magistrado Alexandre de Moraes concedió el beneficio por "razones humanitarias" luego de que la defensa del exmandatario de 75 años haya alegado que padecía "graves" problemas de salud, como párkinson y trastorno afectivo bipolar.
Casi un mes después de que el Senado rechace el pliego de Ariel Lijo, Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte Suprema, respaldó su candidatura y dijo que hubiese sido "bueno" en el cargo pero que "tuvo mala suerte". Además planteó que existe una crisis en el mundo porque ahora "se gobierna con minorías" y sostuvo que la intención del máximo tribunal es resolver el fallo sobre Cristina Kirchner antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires."Yo creo que Ariel Lijo hubiese sido un buen juez. Tuvo mala suerte en un contexto difícil porque al principio tenía indudablemente los votos. Hay una crisis en el mundo, estamos viviendo un fin de ciclo. Toda la gobernabilidad que hubo hasta ahora, de los últimos 200 años, está girando en el vacío, por eso hay un discurso de la dirigencia global que la gente no escucha. Está viviendo otra realidad", expresó Lorenzetti.En línea con su cuestionamiento a la gobernabilidad, el juez declaró: "Hoy no hay nadie que gane una elección con más del 30% en ningún país del mundo. Se gobierna con minorías, lo que significa lo contrario a la democracia, que representa a la mayoría".También se refirió a la designación de Manuel García-Mansilla, sobre la cual destacó que "no fue ninguna desilusión". Al respecto, el magistrado consideró que el nombramiento por parte del Presidente fue un error ya que, después, el Congreso "opinó más sobre el decreto que los candidatos". "Las vías institucionales son así y yo creo que hay que respetarlas. Hay que acostumbrarse, si las instituciones funcionan, está bien, aunque no nos guste lo que decida", indicó en A24.Por otra parte, Lorenzetti señaló que en la actualidad la Corte Suprema "funciona normalmente", sin embargo, afirmó que defender a la democracia contra el autoritarismo requiere un desafío. "Implica un esfuerzo de diálogo porque hay diferencias que son legítimas, pero hay que consensuar. Tenemos muchos casos relevantes que necesitan ser decididos y que son muy importantes. Estamos haciendo un listado de los que son más importantes y tenemos de todo", recalcó.En tanto, se planteó: "Tenemos un gran tema para discutir hoy: ¿cómo defendemos la democracia? Hay un retroceso en todo el mundo. Ya no hay golpes de Estado sino deterioros por inanición. Empieza a perderse la fortaleza de la prensa y de los poderes judiciales, y se registra un dominio de redes sociales y tecnología".Lorenzetti manifestó que la Corte Suprema va a fallar sobre los recursos que presentó Cristina Kirchner en la causa Vialidad y dijo que debería hacerlo antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires -en las que la expresidenta anticipó que podría ser candidata- porque no hay motivo para demorar aún más. "Esto es una decisión interna", especificó.
El magistrado sostuvo que al Máximo Tribunal no lo afecta la cantidad de integrantes. Señaló que eso sucede gracias al "caudal de valores y principios" que generó a lo largo de los años y que marca su rumbo.
El máximo tribunal desestimó un planteo de la empresa brasileña, con sucursal en Argentina, y volvió efectiva la medida cautelar en un caso que analiza supuestos sobornos y direccionamientos de licitaciones en obras impulsadas por AySA durante el kirchnerismo
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra un exintendente del norte de Salta por el robo de 228 caños del inconcluso Gasoducto del Noroeste, una megaobra destinada a importar gas de Bolivia, que nunca se terminó. Se trata del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, sentenciado a seis años y medio de prisión efectiva, junto a dos empresarios, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la apelación de la defensa por considerarla inadmisible, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La causa se tramitó bajo el sistema acusatorio que rige en la provincia de Salta desde 2019. Allí se investigó la sustracción durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020 de alrededor de 228 caños del gasoducto pertenecientes al Estado Nacional del noreste argentino conocido como GNEA. El gasoducto fue declarado de interés público y concesionado para su realización a la empresa Enarsa, hoy Ieasa, con la finalidad de transportar gas desde Bolivia a Argentina, obra que según afirmó la acusación que representa la querella asciende a un monto de $2.000.000.000 y beneficiaría a 1.700.000 habitantes de las zonas aledañas al trazado de la obra.El veredicto se conoció en Salta, en diciembre del 2021. En su acusación la fiscalía pidió las condenas al considerar que el saqueo de caños del Gasoducto GNEA fue uno de los mayores casos de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional en la zona. Este plan consistió en la gestación de la Resolución Municipal N°1215, la cual fue urdida con el único fin de darle "ropaje legal" al traslado de los bienes que tenían proyectados saquear de una planta petrolera instalada en la finca de Ñacatimbay, en Aguaray. Ello se frustró por la resistencia del administrador de esa propiedad, dijo la acusación.El Tribunal Oral de Juicio Nro. 2 de Salta condenó así al exintendente Prado a seis años y seis meses de prisión y los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera recibieron penas de seis años y tres meses y de seis años y ocho meses, respectivamente, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda. El tribunal oral también dispuso absoluciones por el beneficio de la duda.Para el tribunal, Alos y Prado redireccionaron la maniobra hacia los caños ubicados en el paraje de Tonono, ubicado en el municipio de Tartagal, para lo cual cambiaron la resolución a fin de justificar la extracción y traslado de esos caños, siempre bajo el falso argumento que se trataba de pasivo ambiental. Esta maniobra les permitió el robo de 67 caños, pero volvió a naufragar el 7 de febrero de 2020, cuando se produjo el primer procedimiento y secuestro de un camión con caños robados del gasoducto. Ello derivó en que el exintendente y el empresario mendocino volvieran a reorientar el saqueo, esta vez hacia el paraje El Desemboque.En este segundo tramo del plan criminal, explicó el tribunal, Vera tuvo una intervención clave en materia de logística, pues se instaló en la zona y urdió todo lo necesario para el saqueo de otros 161 caños, de los cuales 123 fueron a parar a un predio de la empresa MYP y otros 5 a Perterser SRL. Para el tribunal de Salta, Prado, Alos y Vera fueron los principales responsables del robo de 228 caños, aunque no descartaron -como lo señaló la fiscalía- que hayan sido más.En julio del 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas al exintendente y los dos empresarios, y además revocó dos absoluciones.La defensa de Prado presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revisara en queja su condena. El máximo tribunal no entró a analizar la causa y desestimó por inadmisible el planteo.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme una decisión que obliga a actualizar el monto de embargos dictados contra la empresa Odebrecht en la causa que investiga el proceso de licitación de las obras de dos plantas potabilizadoras en Buenos Aires.El máximo tribunal desestimó el recurso por cuestiones formales, ya que la queja no respetaba los lineamientos fijados en la acordada 4/2007.La causa analiza presuntas irregularidades en el proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por AySA en 2007. Se trata, por un lado, de la planta de potabilización "Paraná de las Palmas", adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora "Sistema Berazategui", en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.Se investiga el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia. A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.Entre los acusados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, y los exdirectivos de AySA Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda. Sostuvo que los $405.200.000 fijados, que entonces representaban US$6.642.622,95, al momento de su solicitud -a menos de tres años de la determinación de esa cuantía-representaban en esa misma divisa US$1.796.895,78 oficiales o unos US$1.012.190,24, en su variable MEP. El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-. En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000. En agosto del 2023, la Sala III de la Cámara Federal de Casación por unanimidad rechazó la apelación de la firma Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A., que pretendía dejar sin efecto la actualización del embargo a la mencionada compañía. A fines de ese año se rechazó la queja. La Corte Suprema desestimó ahora el planteo de la firma.
La Sala de Instrucción del alto tribunal definirá una apelación presentada por la defensa del exdirector del Dapre, ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenaba la búsqueda selectiva de base de datos de su cliente
El alto tribunal declaró culpable al exmandatario por aprobar contratos ilícitos por un valor superior a los 24.000 millones de pesos que beneficiaron a un consorcio privado, sin garantizar el debido proceso
La empresa acusa prejuzgamiento, arbitrariedad y advierte sobre la parálisis operativa. También pidió suspender el inicio del cram down.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolviera rechazar el recurso extraordinario federal presentado por la cerealera Vicentin para que su caso pase al máximo tribunal del país, los exdirectivos de la empresa presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solicitaron que se anule el fallo provincial que dejó sin efecto la homologación de su acuerdo preventivo con acreedores y que, en su lugar, se confirme la resolución de la Cámara de Apelación que había convalidado el entendimiento.La presentación fue realizada con el patrocinio de los abogados Gabriel H. Fissore, Pablo A. Buey Fernández, Javier Alegría y Ricardo Gil Lavedra, quienes afirmaron que la resolución de la Corte santafesina provocó "un gravamen irreparable" con impacto no solo sobre la empresa, sino también sobre la comunidad y el sistema jurídico en su conjunto. "La sentencia que deja sin efecto la homologación del acuerdo concursal, de no ser revisada, adquiere el carácter de cosa juzgada material", dijeron. Por eso, pidieron a la Corte Suprema nacional que equipare esa decisión a una sentencia definitiva y que intervenga para "salvaguardar las garantías del debido proceso y defensa en juicio"."Mejor a los últimos años": se aceleran las compras de insumos para el trigo y en las empresas del sector hay optimismoLa disputa gira en torno a la aprobación judicial del acuerdo alcanzado en el concurso de la empresa. Pese a haber superado las mayorías requeridas por ley â??con el 62% de los acreedores que representan el 72% del capitalâ??, la Corte santafesina anuló la homologación del acuerdo por entender que existían irregularidades, a raíz de una presentación realizada por el acreedor Commodities SA.En su presentación ante la Corte nacional, los representantes legales de Vicentin dijeron: "Los fundamentos expresados por mi mandante son insuficientes para acreditar la existencia de gravedad institucional, precisamente cuando todos sus ministros reconocen tal gravedad al resolver, en contra de mi parte, el recurso de inconstitucionalidad". Y agregaron que la situación genera "una incertidumbre que vulnera la seguridad jurídica".Uno de los ejes del planteo es el supuesto prejuzgamiento de dos ministros de la Corte provincial â??Rafael Gutiérrez y Daniel Erbettaâ?? que, según la empresa, adelantaron opinión sobre la homologación antes de que se presentaran las conformidades de los acreedores. "Incluyeron argumentaciones acerca de la suerte que correría la homologación del acuerdo preventivo (â?¦) extralimitándose del marco del planteo", señalaron los abogados, que además recordaron que ambos jueces firmaron luego el rechazo a sus propios pedidos de apartamiento.Los letrados también criticaron la interpretación del tribunal respecto al principio de igualdad entre acreedores. La Corte provincial consideró que la propuesta de Vicentin beneficiaba injustamente a los acreedores en pesos. Para la empresa, esa afirmación es arbitraria: "Ninguna disposición legal existe que obligue al pago de intereses o impida la conversión de deudas en monedas duras", plantearon.Por otra parte sostuvieron que se incurrió en una "arbitrariedad por revocar la sentencia de Cámara por falta de fundamentación", ya que ese tribunal "analiza y funda en detalle la propuesta, el dividendo en caso de quiebra y el mejor dividendo que obtendrían los acreedores con la propuesta homologada"."Adecuarse". El Gobierno estableció un nuevo método para fijar los precios FOB de las exportaciones agrícolas: qué dice la resoluciónLa empresa también argumentó que se trata de un caso de gravedad institucional por su impacto económico y social. "La presente causa trasciende el interés particular de la concursada y tiene impacto directo en la comunidad y sus instituciones", se afirmó en el escrito. Mencionaron como ejemplo la decisión de la Cooperativa de Electricidad de Reconquista de cortar el suministro eléctrico ante una deuda acumulada, lo que â??según alertaronâ?? puso en riesgo de explosión una planta industrial. Tras la orden judicial, el servicio fue restablecido.En ese contexto, la firma solicitó que la Corte Suprema disponga "de forma inmediata la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida", a fin de evitar un escenario donde se avance con la apertura de un proceso de cramdown mientras la Corte evalúa el recurso de queja. "Ambas instancias no deberían avanzar en conjunto", advierten.El planteo ante la Corte nacional se presentó pocos días después de que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, dispusiera la intervención plena de la empresa y dictara una tutela inhibitoria judicial para impedir cortes de servicios esenciales, ante el riesgo inminente de parálisis total. Según los abogados, esa decisión judicial â??adoptada el mismo día que se conoció el rechazo de la Corte santafesinaâ?? es una muestra clara de las "consecuencias graves generadas por la dilación excesiva del proceso" y del perjuicio concreto que implica la falta de homologación para el funcionamiento de la compañía.Finalmente, la empresa insistió en que la anulación del acuerdo preventivo pone en jaque su funcionamiento y lleva a un camino de quiebra. "Sin recursos, la empresa no puede funcionar (pagar servicios, trabajadores, proveedores, etc.) y va camino a la quiebra", alertan.Los abogados concluyeron su presentación con una solicitud para que se admita el recurso de queja, se suspenda la sentencia de la Corte provincial y se ordene devolver las actuaciones "al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a derecho".
El alto tribunal confirmó la condena de 8 años y 4 meses de prisión contra el exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del tribunal Superior de Bogotá Eduardo Castellanos Roso
Los magistrados del máximo tribunal manifestaron dudas sobre los límites de la inmunidad legal en operativos federales fallidos, lo que podría abrir la vía judicial a víctimas de intervenciones domiciliarias sin justificación
A la ex consejera para las Regiones le negaron el principio de oportunidad por su participación en el multimillonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
El alto tribunal reafirmó la centralidad de la justicia transicional al considerar que la reparación a las víctimas del despojo debe prevalecer sobre los intereses patrimoniales del Estado, marcando un precedente en los conflictos de tierras en el país
El exministro del Interior asistió como testigo ante el alto tribunal en el proceso que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos
La funcionaria pidió que en la rama judicial no se necesita que haya "hombres que eligen hombres", sino que se garantice la participación igualitaria de hombre y mujeres
La Sala Plena del alto tribunal citó a los candidatos para el próximo 8 de mayo de 2025 para que den a conocer sus propuestas y argumentos para ser incluidos en la terna final que será enviada al Senado
Mario Villar volvió a ir al máximo tribunal insistiendo en la responsabilidad penal del empresario en el caso Oil Combustibles.
La provincia reclama fondos ligados a su caja jubilatoria. El Máximo Tribunal convocó a una audiencia conciliatoria y las partes quedaron en volver a reunirse
CÓRDOBA.- "Vine a defender el interés de los cordobeses. No solo de los jubilados cordobeses, porque seguimos pagando los haberes con el esfuerzo de todos, con los recursos de todos. No se puede permitir un avasallamiento de la institucionalidad", dijo el gobernador cordobés Martín Llaryora a LA NACION, a la salida de la audiencia de conciliación entre Córdoba y al Estado Nacional citada por la Corte Suprema de Justicia. Discuten sobre una deuda de $1 billón que la provincia le reclama a la Anses por la caja de jubilaciones provincial no transferida.Dentro de 15 días habrá un nuevo encuentro entre las partes. El gobernador indicó: "No puede permitirse que se incumplan las leyes. La república tiene que tener institucionalidad. Si la Nación no cumple, las provincias podríamos hacer lo mismo y no lo hacemos".La audiencia fue con el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional. Llaryora subrayó que los cordobeses aportan "mucho en retenciones, en impuesto al cheque" y otros tributos ligados a la actividad económica. "Estamos poniendo recursos nuestros para cumplir con las jubilaciones porque la Nación hace más de un año que no manda un peso, cubrimos el Fondo de Educación que no existe más, no recibimos un centavo del impuesto al combustible que por ley debe enviarse para viviendas y obras", enumeró.Calificó de "valiente" el gesto de la Corte Suprema de convocar a una audiencia en el actual contexto "porque no se puede permitir que siga el avasallamiento a las provincias".Las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación son 13 y por eso la audiencia de hoy fue seguida con interés por otros mandatarios, que quieren conocer la disposición a negociar y pagar de la Casa Rosada. El cubrir con recursos propios los giros que por ley debe hacer Anses y no llegan, tensionan los números de las provincias.SimulacroHace unos días este diario publicó una simulación de cuánto serían, con los datos existentes a hoy, las cuotas mensuales en concepto de anticipo que debería hacer la Anses. Por ejemplo, la transferencia a la provincia de Buenos Aires rondaría los $65.000 millones; a Córdoba, $21.000 millones; a Santa Fe, unos $18.000 millones y a Entre Ríos, $12.000 millones. Esos son los distritos más importantes, pero Neuquén debería recibir unos $4800 millones; Formosa y La Pampa, $4.000 millones; Misiones unos $3.200 millones, y Corrientes unos $1600 millones."Podemos cumplir con las jubilaciones y poner los recursos porque tenemos superávit, sino sería imposible", insistió Llaryora. Los giros que no se están realizando tienen un esquema de actualización aprobado por el Congreso, deben ser corregidos siguiendo la movilidad previsional. El argumento de la Rosada es que Anses no terminó las auditorías y que por eso están suspendidas las transferencias. Ni siquiera se hacen a valores históricos.
La Corte Suprema avanza en el caso que involucra a 32 congresistas y a figuras clave de diferentes administraciones en Colombia
El titular del Interior responderá por un presunto tráfico de influencias con Fonade. Su homólogo de trabajo es procesado por un hecho similar cuando era concejal en Bogotá
SANTA FE.- Horas después de que el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenara la intervención judicial de Vicentin, desplazando al actual Directorio de la firma con la designación de nuevos administradores por 120 días, la Corte Suprema de Justicia provincial resolvió "rechazar el recurso extraordinario federal" presentado por la cerealera. La empresa buscaba llevar su causa a la Corte Suprema de la Nación, con el objetivo de revertir la anulación de la homologación del acuerdo preventivo con sus acreedores.Con esta decisión, el máximo tribunal provincial ratificó el fallo del pasado 18 de febrero, en el que había declarado procedente un recurso de inconstitucionalidad y ordenado a otro tribunal subrogante dictar una nueva sentencia. La resolución, firmada por los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, deja firme el rechazo al plan de salvataje presentado por la empresa.Según admitieron fuentes cercanas a la compañía, esto podría acelerar el desenlace judicial de una de las causas empresariales más complejas del país. La firma había argumentado que el fallo que anuló la homologación del acuerdo con sus acreedores causaba un daño de "imposible o insuficiente reparación ulterior" y, en los hechos, implicaba su "quiebra técnica"."Parálisis societaria": la Justicia dispuso la intervención de la cerealera Vicentin y desplazó al DirectorioVicentin denunció que la Corte santafesina actuó con arbitrariedad, incurrió en prejuzgamiento y se erigió como una "tercera instancia" al revisar cuestiones de hecho y prueba ya evaluadas por instancias inferiores. Pero los argumentos no prosperaron."En un año normal la planta de Vicentin recibe en los dos primeros meses el 50% del girasol a moler en el año; actualmente, luego del dictado de la sentencia recurrida, ha recibido apenas el 30%. De continuar la incertidumbre es probable que esta planta deba cerrar en mayo, cuando normalmente puede trabajar hasta julio o agosto", advirtió la empresa en su presentación."Enero se funcionó a menos del 50%, en tanto que durante el mes de febrero las plantas se pararon sin realizar los mantenimientos por falta de recursos", agregó, al describir el freno productivo generado por la parálisis judicial.En su voto, la Corte rechazó que el recurso cumpla con los requisitos de admisibilidad para ser elevado a la Corte Suprema nacional. "El recurso extraordinario federal deducido no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable", subrayó el tribunal.También desestimó la supuesta existencia de un caso de gravedad institucional. "Resultan insuficientes los fundamentos expresados con el fin de evidenciar el interés institucional (...) La recurrente se limita a poner de relieve la magnitud de la empresa que tiene cerca de 1200 empleados y genera otros miles de empleos indirectos, y donde 1692 acreedores estarían sin cobrar como consecuencia de la paralización del expediente", expresó la Corte en su fallo.La empresa había insistido en que su continuidad como compañía en marcha estaba en riesgo. "El plan que abarcaría todo el año 2025 acaba de ser pulverizado por la decisión de la Corte santafesina puesto que en un hipotético cramdown (...) Vicentin no tiene clientes que deseen hacer contratos de fazón con ella", sostuvo en su escrito.También remarcó que "con la notificación de las nuevas dificultades sobrevinientes aún más gravosas que ello trajo, [los trabajadores] han decidido ponerse en estado de alerta en defensa de los casi 1200 puestos".Sin embargo, la Corte respondió que "las postulaciones se exhiben como meramente conjeturales" y no alcanzan para cumplir el estándar requerido para abrir la vía federal. También rechazó que haya existido prejuzgamiento por parte de los jueces, como denunció Vicentin al señalar que dos ministros se habían pronunciado previamente sobre temas de fondo. "Pese a que su parte solicitó el apartamiento de los magistrados señalados (...) éstos se limitaron a indicar que no era la vía procesal", replicó la sentencia."Sensiblemente": los exportadores advierten que los productores bajarán sus ventas de soja si las retenciones vuelven a subir"La impugnante no demuestra que la intervención del cimero Tribunal nacional tenga otro alcance que el de remediar, eventualmente, los intereses de su parte", concluyó la Corte, desestimando también la posibilidad de que el caso afecte "la buena marcha de las instituciones".Por último, la sentencia reafirma que "la repercusión patrimonial de un asunto no basta para configurar gravedad institucional que autorice la apertura de la instancia excepcional".
Ildefonso Atahualpa Polanco fue sentenciado a prisión e inhabilitado por solicitar dinero a beneficiarias de un crédito grupal en una comunidad religiosa
El presidente de la República señaló a la congresista opositora y precandidata presidencial por el Centro Democrático apoyar la cuenta @Lykanista, que al parecer habría lanzado amenazas de muerte a miembros del Gobierno
El documento, firmado por el procurador general John Sauer, pide al tribunal superior que autorice la reanudación de los vuelos de deportación al país centroamericano y permita que los tribunales inferiores continúen con la evaluación del caso
La decisión fue toma en un inusual horario de madrugadaLo que sugiere la urgencia de la situación por la posibilidad del envio de más venezolanos a la temible cárcel de El SalvadorEl gobierno los acusa de ser delincuentes, pero sin evidencias ni procesos
El Máximo Tribunal desestimó un planteo para revisar un fallo provincial que había descartado el reconocimiento de posesión indígena sobre una estancia ocupada por una integrante de la comunidad Lof El Sosneado
â??Desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, Donald Trump, modificó las políticas migratorias de Estados Unidos y buscó restringir la ciudadanía por nacimiento. El efecto buscado es evitar que los niños inmigrantes indocumentados que nazcan en el país obtengan la ciudadanía solo por haber nacido en suelo americano.Ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, ¿a punto de desaparecer?Quienes defienden la ciudadanía por nacimiento, aseguran que en Estados Unidos es un derecho implícito en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución del país, adoptada en 1868. Por sí misma, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos". Aquella interpretación fue reafirmada por la Corte Suprema en el caso 'United States v. Wong Kim Ark (1898)', en donde se determinó que los hijos de padres extranjeros (incluso si estos no eran ciudadanos) que nacieran en territorio de EE.UU., tenían derecho a la ciudadanía estadounidense.â??La orden con la que Trump eliminaría la ciudadanía por nacimiento: fechas y momentos claveEl 20 de enero de 2025, en el marco de su toma de protesta como presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que buscaría negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en EE.UU., cuyos padres sean inmigrantes, independientemente de si estos son indocumentados o si tienen un estatus legal temporal en la nación. Si bien la medida argumenta que los niños no están "sujetos a la jurisdicción de EE.UU.", numerosos debates legales afirman que la acción atenta directamente contra la constitución. Por ello, el pasado 17 de abril de 2025, la Corte Suprema anunció que escuchará los diversos argumentos sobre la orden ejecutiva del presidente que se llevará a cabo el próximo 15 de mayo.Aunque los posicionamientos a favor o en contra de retirar la ciudadanía por nacimiento se llevarán a cabo a mediados del mes, la decisión final será tomada entre finales de junio o principios de julio de este mismo año. Por lo que todo el caso podría redefinir la historia de EE.UU. y de sus respectivas libertades en el corto plazo. Algunos analistas contemporáneos temen el alcance del Poder Ejecutivo en el futuro si esta orden llega a validarse. En la perspectiva de varios expertos en política, el desenlace de este caso conllevaría darle más poder a la figura presidencial en Estados Unidos, lo que representa un desafío para los futuros representantes de otras figuras de contrapeso. ¿Qué opinan los estadounidenses de la eliminación de la ciudadanía?La nueva orden ejecutiva que pretende impulsar Trump ha generado una ola de debate entre la población entre si se trata de una buena estrategia legal o no. De cuerdo con CNN, las estadísticas muestran que el 56% de los americanos se oponen a que la ciudadanía por nacimiento sea retirada; mientras que el 41% apoyarían la nueva medida, de ser llevada a cabo. El sondeo citado muestra que la idea de apoyar la eliminación de la ciudadanía a los niños que nacidos en EE.UU. ha ido a la baja, en comparación con años previos, donde 47% de la población apoyaba la propuesta en 2010; mientras que, en 1992, 53% de la población se mostraba a favor. Siendo este mismo año, el cual presentó la mayor aceptación en contra del mandato en los últimos 30 años. Según la encuesta, solo 4 de cada 10 estadounidenses apoyarían la orden ejecutiva incentivada por Trump. Y los partidos también están de acuerdo, ya que 51% de los demócratas se muestran en contra, sobre un 31% de los republicanos que sí apoyan la idea del actual presidente de EE.UU. Desafíos legales de la orden que pretende quitar la ciudadanía por nacimientoEntre los meses de enero y febrero de 2025, la orden ejecutiva de Donald Trump recibió varias críticas y reveses por parte de otras autoridades responsables a nivel estatal. Para empezar, 22 estados del país, liderados por el fiscal general de Nueva Jersey (Matthew J. Platkin) presentaron demandas para argumentar que la medida violaba precedentes ya establecidos en la Constitución. En el caso de los tribunales federales en Washington, Massachusetts y Maryland, éstos emitieron órdenes judiciales que bloquean temporalmente la implementación de la orden ejecutiva del mandatario. Lo anterior responde al hecho de que el gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema que permitiera la aplicación parcial de la medida mientras se resuelven los litigios (la Corte, sin embargo, mantiene la suspensión general hasta que se escuchen los argumentos). â??Aunados a los posicionamientos oficiales por parte de múltiples tribunales en el país, organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y diversos grupos de madres embarazadas (migrantes y ciudadanas) también interpusieron demandas contra la orden ejecutiva de Donald Trump. â??Mientras tanto, el concepto técnico y tangible de "ciudadanía" en EE.UU. podría transformarse por completo en el corto plazo.
"Me encanta cuando un plan se ejecuta con éxito", celebró la escritora británica J. K. Rowling en su cuenta de X el dictamen por unanimidad de la Corte Suprema del Reino Unido que establece que la ley británica define a una mujer como alguien que nació biológicamente de sexo femenino. "El concepto de sexo es binario, una persona es mujer o es hombre", sentenció el tribunal.Las mujeres transgénero -aunque cuenten con un certificado de reconocimiento de su género (CRG)- no cumplen con la definición de mujer de las leyes de igualdad británicas. En la sentencia se reconoce que las leyes actuales continuarán protegiendo contra la discriminación a las personas trans."El misterio del último Stradivarius": el prólogo que Vargas Llosa escribió antes de morirEl fallo reivindica un reclamo del grupo activista For Women Scotland (FWS) ante el gobierno escocés. "Por si no quedó claro: no te metas con las mujeres escocesas", recomendó la autora.In case it wasn't clear: don't fuck with Scottish women ð???ð?¤?ð???ð??´ó ?§ó ?¢ó ?³ó ?£ó ?´ó ?¿ pic.twitter.com/ozxXk1QNo6— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 17, 2025"Para quienes celebran que fumo un porro: es un puro. Incluso si decidiera identificarse como tal para esta celebración, seguiría siendo objetiva, demostrable y demostrablemente un puro", ironizó Rowling en X al usar la jerga del activismo de género. La escritora, que se asume como feminista, apoyó la campaña de FWS desde el inicio, en 2018.Winners in the UK Supreme Court today:Women and girls, including trans-identified women (continue to benefit from maternity rights etc)Gay peopleFreedom of speechFreedom of associationThose at risk of discrimination for a belief in the material reality of sex.1/2— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025Según la creadora de Harry Potter, que en varias ocasiones fue caracterizada de "transfóbica" y de "feminista transexcluyente" por opinar que las mujeres trans no son mujeres, los "ganadores" del fallo de la Corte Suprema del Reino Unido fueron "las mujeres y niñas, incluidas las mujeres trans (siguen beneficiándose de los derechos de maternidad, etc.), las personas homosexuales, la libertad de expresión y de asociación y aquellos que corren el riesgo de ser discriminados por creer en la realidad material del sexo", enumeró. I love it when a plan comes together.#SupremeCourt #WomensRights pic.twitter.com/agOkWmhPgb— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025"El hecho de que tantos activistas trans del Reino Unido se quejen de injusticia lo dice todo -sostuvo en X la escritora-. Nunca tuviste los derechos que ahora afirmas haber perdido; tenías exigencias. Tu sentido del derecho se descontroló porque cobardes e idiotas se doblegaron ante tu campaña de intimidación. Ya no". Y, en respuesta a un usuario de X, agregó: "Las personas trans siguen protegidas por la legislación del Reino Unido. La Corte Suprema ha confirmado que los hombres transidentificados no tienen derecho a los derechos basados â??â??en el sexo de las mujeres. Lamento que no tengas mejores temas de conversación".La batalla legal comenzó en 2018, cuando el Parlamento escocés aprobó un proyecto de ley que intentaba garantizar la proporción de mujeres en las juntas directivas del sector público; la norma establecía que una mujer trans con un GRC era legalmente una mujer. El grupo FWS argumentó que esos derechos debían regir en función del sexo biológico de la persona. Si el gobierno escocés consideraba mujeres a las mujeres trans, eso afectaría la gestión de espacios y servicios diferenciados por sexo. Sin embargo, la Corte expresa que no hay nada en la sentencia "que tenga como objetivo desalentar el nombramiento de personas trans en juntas directivas del sector público o minimizar la importancia de abordar su baja representación en dichas juntas".El fallo, que podría impactar negativamente para las personas trans en las áreas de salud, trabajo y seguridad social, tiene lugar en un contexto en el que los derechos de la comunidad trans están siendo cuestionados en varios países por gobiernos y partidos de derecha y ultraderecha.
Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también habló de la consulta popular, propuesta del presidente Gustavo Petro luego del hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República
El Gobierno oficializó la renuncia de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. A través de un publicación en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aceptó la salida del letrado, quien había interpuesto esta decisión luego de que el Senado denegara su designación por decreto y a pesar de haber sido avalado en comisión.La renuncia quedó efectiva a través del decreto 276/2025 publicado el miércoles por la noche en el suplemento que extendió la edición de ese mismo día. Allí, en su artículo primero se lee: "Acéptase, a partir del 7 de abril de 2025, la renuncia presentada por el doctor Manuel José García Mansilla(D.N.I. N° 21.389.235) al cargo de juez dela Corte Suprema de Justicia de la Nación".Este decreto pone punto final a la novela que se inició en el primer semestre de 2024 cuando se conoció que la administración de Javier Milei había presentado los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal de justicia con la intención de llenar los cupos faltantes en la Corte y ante la inminente salida de Juan Carlos Maqueda, en diciembre.Ambas designaciones se vieron envueltas en diferentes polémicas, en especial la del juez federal Lijo, a raíz de sus antecedentes con causas de gran magnitud. Durante 2024, el Gobierno no pudo convocar a una sesión en el Senado para que los pliegos fueran aprobados, lo que desencadenó en que a fines de ese año se incluyera el tema en las sesiones extraordinarias del Congreso para los meses de verano subsiguientes.El tiempo pasó y no hubo tratamiento. Por lo tanto, la Casa Rosada optó por designarlos mediante un DNU. Esta decisión fue sumamente cuestionada tanto por la oposición más dura -el kirchnerismo- como la oposición dialoguista de Pro y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).El ida y vuelta desencadenó en que el 3 de abril de 2025, en sesión parlamentaria, el Senado rechace el pliego de ambos candidatos. García-Mansilla había aceptado el cargo, y hasta se mostró junto a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti durante el discurso de Milei en el inicio de sesiones ordinarias. Lijo, por su parte, no se había pronunciado, en medio de la incertidumbre de si podría pedirse licencia en su juzgado federal.El Gobierno había intentado que, pese a la decisión del Senado, García-Mansilla se mantuviera en el cargo hasta el fin de las sesiones legislativas (en principio, el 30 de noviembre) y él dio señales de que podría intentar esa resistencia, pero finalmente desistió. Fue juez de la Corte durante 39 días.No obstante, García-Mansilla no solo tenía en contra el rechazo de su pliego; además, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó el jueves, justo después de la sesión del Senado, una medida cautelar que le impedía por tres meses dictar fallos y tomar decisiones administrativas en la Corte bajo apercibimiento de "sanciones penales y/o pecuniarias". La cautelar amenazaba también con castigar a todos aquellos que "no cumplieran" con ese "mandato judicial".La carta de renuncia de García-Mansilla"Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión, por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025â?³, empieza el texto de la renuncia.El texto completo de la renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte SupremaGarcía-Mansilla dijo en su carta de renuncia que asumió como juez en comisión porque entendió que el nombramiento era una decisión "de estricta constitucionalidad" y que él "debía asumir la responsabilidad de colaborar" con una solución a las vacantes en la Corte, "un grave problema institucional" -afirmó- que requería una solución urgente. "Podría haber adoptado una posición cómoda y no asumir la responsabilidad que la situación demandaba. Habría sido, sin dudas, el camino más fácil. Sin embargo, entendí que lo correcto era eso, pese a las críticas injustas e interesadas que recibí de aquellos que eligen cuestionar en lugar de involucrarse", afirmó.En cuanto a las razones de su renuncia, citó la decisión del Senado de rechazar su pliego. García-Mansilla sostuvo que "tanto el artículo 99, inc. 19, de la Constitución Nacional [que prevé los nombramientos en comisión] precedentes de la Corte le "permitirían continuar en el cargo hasta el 30 de noviembre, o hasta la fecha en que finalicen las eventuales sesiones de prórroga, o hasta que se nombre un reemplazo con acuerdo del Senado", pero dijo: "Sin embargo, estoy convencido que mi permanencia en el cargo no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema y actúen en consecuencia".García-Mansilla denunció la inacción de los políticos que tienen frenados los nombramientos de jueces, fiscales y defensores públicos de todas las instancias, y afirmó: "A eso hay que sumarle la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho".García-Mansilla dijo que había empezado su carta como juez y la terminaba como ciudadano. Les agradeció a los ministros de la Corte ("Me acogieron como a un par y me trataron con dignidad y respeto", relató) y le dedicó sus últimas líneas a Milei: "A Usted le agradezco la oportunidad que me diera de poder servir a mis conciudadanos. Aunque me hubiera gustado hacerlo por más tiempo y en otras circunstancias, mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data. Tenga la plena convicción que, durante el tiempo que me tocó cumplir las funciones que me fueron encomendadas, honré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma independiente, recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución Nacional".
Eduardo Casal deberá determinar si corresponde revisar o agravar la pena de seis años de prisión contra la expresidenta, al sumar el delito de asociación ilícita al de administración fraudulenta. Leer más
Enrique "Cable" Solís fue uno de los sicarios más buscados de Rosario. Se le atribuía haber matado a los hermanos Jonathan y Ulises Funes, entre otros engranajes del crimen organizado de Rosario. Fue detenido en febrero de 2018 en un amplio despliegue de la Policía Federal en Rosario, y condenado en abril de 2021, junto a Emiliano "Jija" Avejera y José Pucheta, por una serie de homicidios y ataques cometidos entre noviembre de 2016 y febrero de 2018, muchos de ellos en el marco de la feroz disputa territorial entre grupos criminales. Ahora la Corte Suprema de la Nación dejó firme su condena a prisión perpetua.Este sicario que trabajó para distintas bandas hizo historia como uno de los más sanguinarios de Rosario. No solo fue juzgado por aquellos homicidios, sino también por múltiples balaceras. Entre los asesinatos que se le adjudican figura un doble crimen en la zona sur de Rosario y el ataque a Lorena Ojeda, hermana de Brisa, testigo clave en el crimen de los Funes, a la que buscaban matar antes de que declarara en una causa sensible.El 10 de noviembre de 2016, en la esquina de Callao y Mr. Ross, Javier Lisandro Fleitas fue asesinado por error en un ataque que estaba dirigido a Lautaro "Lamparita" Funes. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, cerca de las 22.30, Fleitas iba en moto junto a su pareja y su hijo de 6 años cuando fue baleado desde un auto con vidrios polarizados. Por ese ataque se señaló como instigador a Emiliano Avejera -barra de Newell's-, quien habría ordenado el ataque a terceros por orden de Rubén Ariel "Tubi" Segovia, por entonces preso. Segovia fue asesinado luego en la cárcel de Coronda. Un mes después, en otro ataque que también habría sido ordenado por Tubi Segovia antes de morir, "Cable" Solís, junto con al menos otras cuatro personas, se presentó en la casa de Brisa Ojeda para matarla. La joven tenía que presentarse en una rueda de reconocimiento de personas por el homicidio de su novio, Jonathan Rosales. Pero el ataque también resultó fallido: quien abrió la puerta y fue asesinada por error fue la hermana de Brisa, Lorena Ojeda. Por este hecho "Cable" Solís fue acusado de ser partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de más de dos personas y para procurar la impunidad de otro.De acuerdo a la imputación de la fiscalía, a Solís también se lo acusó de haber intentado asesinar a Jorge Funes, el padre de Lautaro, Alan, Ulises y Jonatan Funes. El hecho sucedió a las 20.30 del 1 de enero del 2018. Según testigos, la víctima fue sorprendida en la localidad de Alvear por un auto del que se habría bajado Solís junto a otras tres personas para balearlo con intención ultimarlo. Funes quedó tendido en el piso y trasladado de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña. Allí le salvaron la vida. A las pocas horas de ese intento fallido, Solís arribó junto a otras tres personas a Abanderado Grandoli al 3611. José Damián Pucheta y otro de los ocupantes de un vehículo dispararon contra un grupo de cinco personas: mataron a Sofía Sabrina Barreto y Luis Hernán Tourn. Por este hecho Solís y José Pucheta quedaron acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. Una semana después, Solís volvió a arremeter contra el clan Funes y atacó dos de los hijos. En ese ataque fue asesinado Ulises Nicolás Funes.La acusación indicó que el 5 de febrero de 2018, Emiliano Avejera y Enrique Solís habrían interceptado a Jonathan Funes en el cruce de las rutas 14 y A 012 cuando volvía de visitar a sus hermanos Alan y Lautaro, presos en la cárcel de Piñero. Según la acusación Avejera, Solís y un tercero no identificado bloquearon el paso del Audi A3 en el que iba Funes, quien atinó a escapar corriendo. Sin embargo, un rato después fue asesinado por Avejera.El 22 de abril de 2021, el Tribunal Pluripersonal de juicio del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario, resolvió condenar a Emiliano "Jija" Avejera, Enrique "Cable" Solís y José Pucheta a la pena de prisión perpetua. El fallo también declaró a Solís reincidente por segunda vez y rechazó los planteos de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y del instituto de la reincidencia.El Tribunal del Colegio de Jueces de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de Santa Fe confirmó la condena. Pero la defensa oficial llegó en queja a la Corte Suprema de Santa Fe, que también desestimó el planteo. Una vez más la defensa apeló ahora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el planteo por inadmisible.
La decisión respaldó a una campaña de Escocia, a la que también adhirió el primer ministro de esa nación. Afirmaron que la base será la "protección de los derechos de todos".
La Corte Suprema de Justicia activó la causa en la que está condenada Cristina Kirchner por corrupción y la envió al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para que dictamine si corresponde revisar la pena de 6 años o agravarla a 12 años de prisión. Además, podría definir si es que la expresidenta queda imposibilitada de ser candidata a cargos públicos. Con este paso, la Corte con avanzó con el expediente que había llegado al tribunal el 31 de marzo pasado. Si la Corte confirma la condena, la expresidenta deberá cumplirla la pena en prisión y será inhabilitada la ocupar cargos públicos de por vida.Ahora, Casal debe opinar si apoya el recurso del fiscal de Casación Mario Villar, que reclamó revisar la condena a 6 años de prisión por fraude y elevarla a 12 años por asociación ilícita.Noticia en desarrollo
El Procurador Interino, Eduardo Casal, deberá pronunciarse sobre el pedido del fiscal, Mario Villar, que planteó ampliar a 12 años la condena contra la ex jefa de Estado
La definición legal de una mujer se basa en el sexo biológico y no en el género, dictaminó el Tribunal Supremo británico.Es una decisión muy sensible que podría tener consecuencias importantes para las mujeres transgénero en Reino Unido.
El alto tribunal ordenó que los empleadores del servicio doméstico asuman el costo pensional de sus trabajadores no afiliados, incluso si no existía cobertura del ISS en su momento
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos desde el 31 de marzo pasado la causa en la que Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. El expediente entró en tiempo de descuento para saber si se confirma o no la condena. No sólo se define si la expresidenta debe cumplir su pena de prisión, sino también si puede ser candidata o no en las elecciones de este año. La Corte Suprema se reunió el jueves 10 de abril para analizar el caso Vialidad. Este martes los jueces se encontraron de manera virtual. Hay debate interno en el tribunal. Y el caso sigue sin resolverse.Cristina Kirchner podría postularse como legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, según hizo saber en reuniones con intendentes. De todas formas aún debe oficializar su candidatura. Como las PASO provinciales van camino a suspenderse, Cristina Kirchner tiene unas semanas más de tiempo para definir su postulación.Si la expresidenta es electa legisladora bonaerense, tendrá fueros que le darán inmunidad de arresto.El plazo de oficialización de su candidatura era el 24 de maryo. "Es imposible que la Corte falle antes del 24 de mayo", dijo una fuente de los tribunales a LA NACION. Ahora hay mas tiempo.Las fuentes señalaron que, aún cuando el máximo tribunal resuelva rechazar el recurso sin dar mayores explicaciones (aludiendo al articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que la habilita a hacerlo), la Corte Suprema hará un profundo análisis -dicen- de las cuestiones de arbitrariedad de hecho y prueba que planteó la defensa. Y esto lleva tiempo. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz buscan marcar el ritmo, pero llevar la causa con los tiempos normales para un expediente de esta complejidad, sin hacer excepciones al tratarse de una expresidenta condenada.Ricardo Lorenzetti tiene la idea de que se debe avanzar con velocidad, para desechar cualquier sospecha de que la Justicia está jugando en favor de la expresidenta.Ya hay rispideces, que no son nuevas entre los tres jueces. Lorenzetti tiene la idea de que la causa se resuelva en el primer semestre del año y sus colegas no quieren dejarse marcar la cancha ni que les impongan los tiempos.Rosatti y Rosenkrantz piensan que el asunto debe resolverse, pero que posiblemente se lleve buena parte del año. Son buenas noticias para Cristina Kirchner y es lo que pidió públicamente su abogado, Alberto Beraldi.En el acuerdo de la semana pasada no se llegó a una solución y tampoco se decidió todavía enviar el caso al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Tampoco se decidió esta semana, ingrensando ya en el feriado de Semana Santa. Tiempo la Cristina Kirchner.El camino de la causaEl caso Vialidad se inició en 2016 y fue investigado, en primer lugar, por el juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.La causa pasó luego al Tribunal Oral Federal N°2, conformado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los fiscales ante el TOF fueron Diego Luciani y Sergio Mola. El 21 de mayo de 2019 comenzó el juicio oral, que terminó el 6 de diciembre de 2022 con la condena contra la expresidenta por administración fraudulenta.La Sala IV, conformada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó la condena. Pero tanto los imputados como el fiscal general Mario Villar interpusieron recursos extraordinarios (para llegar a la Corte) que fueron denegados por la Casación. Ante esos rechazos, se presentaron directo, "en queja", ante el máximo tribunal.La Corte Suprema ya resolvió 24 recursos de queja de los imputados a lo largo del proceso. Actualmente, la Corte tiene pendiente resolver 17 recursos de queja más; entre ellos, los que cuestionan las condenas definitivas.Su queja ante la Corte es el último recurso que tiene Cristina Kirchner para evitar la pena de prisión e inhabilitación.Si la Corte rechaza el recurso, la expresidenta debe cumplir la pena, pues la sentencia quedará firme. Como tiene mas de 70 años, en caso de un rechazo de este recurso, puede pedir la prisión domiciliaria. Pero se activa la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.La gran incógnita es cuándo la Corte va a resolver este recurso. No tiene plazos para decidir.El primer paso que realizará la Corte es rechazar por abstracta la recusación que planteó la defensa de Cristina Kirchner contra Manuel García-Mansilla, que era juez de la Corte nombrado por decreto y renunció luego de que el Senado rechazara su pliego.Después, los jueces de la Corte deberán darle traslado del recurso del fiscal de Casación Mario Villar al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte.Casal deberá determinar si sostiene el recurso del fiscal Villar, que reclamó abrir la queja y que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años por asociación ilícita (hoy su sentencia es solo por fraude).Casal lo sostendrá y una vez que conteste la vista, con su dictamen, la Corte estará en condiciones de resolver.Pero la Corte todavía no dio el primer paso para iniciar este proceso. Puede resolver el caso de fondo en cuestión de semanas, apenas reciba ese dictamen, o puede tomarse meses e incluso años. El tiempo es una dimensión clave de la gestión judicial.Una sentencia contra Cristina Kirchner que confirme su condena y su inhabilitación para ocupar cargos públicos antes de la oficialización la dejará fuera de la carrera electoral.Si la Corte falla luego de esa fecha, se dará la discusión jurídica de si la inhabilitación le impide candidatearse, a pesar de que su candidatura ya fue oficializada porque no tenía objeciones al vencimiento del plazo.Y otra paradoja: puede que se decida permitirle competir como candidata, pero si le confirman la condena, de todos modos podría tener que cumplir su pena, en su casa o en la cárcel.Según la Constitución provincial, los legisladores bonaerenses tiene fueros ("completa inmunidad") desde el día de su elección y hasta el día en que cese su mandato.Si Cristina Kirchner fuera electa y su condena quedara confirmada, sus colegas de la Legislatura podrían decidir en todo caso quitarle sus fueros para que cumpla la sentencia. Sería otra prueba de fuego para la interna del peronismo.
Patrick Schmitz, presunto fundador del mercado ilegal "The Versus Project", es señalado de facilitar más de 300.000 transacciones ilícitas en un sitio donde se ofrecía desde heroína hasta pornografía infantil
Además, los exfuncionarios de la extinta EPS deberán pagar una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes
La investigación destaca que el señalado líder de la organización armada era el encargado de coordinar los envíos de cocaína desde Colombia hacia puntos estratégicos en Centroamérica y México
Esta decisión se conoce poco después de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de su investidura, en una decisión que ha sido apelada por la congresista
Alias Diana dijo que el dinero fue utilizado para transportarse a Bogotá, no para que cambiara su testimonio
El alto tribunal citó al funcionario por presuntas injurias contra la exdirectora del Icbf Lina Arbeláez, derivadas de una serie de publicaciones en redes sociales que podrían vulnerar su honra y buen nombre
Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sacudió la política migratoria de la administración Donald Trump. El máximo tribunal respaldó una orden de un tribunal inferior que obliga al gobierno federal a facilitar "lo antes posible" el retorno de Kilmar Abrego García, un hombre oriundo de El Salvador, residente en Maryland, que fue expulsado ilegalmente del país norteamericano. El fallo de la Corte Suprema que expuso la deportación ilegal de Kilmar Abrego GarcíaLa Corte Suprema respaldó este jueves 10 de abril una orden emitida en abril por la jueza federal Paula Xinis, del distrito de Maryland, quien exigió al gobierno "facilitar y efectuar" el regreso de Abrego García desde El Salvador, más precisamente desde la megacárcel de Nayib Bukele: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Aunque la Corte consideró ambiguo el término "efectuar", sostuvo que la orden judicial sí obligaba al Ejecutivo a tomar medidas concretas para permitir su retorno.Asimismo, la Corte pidió a la magistrada que aclarara el alcance de su resolución, aunque ratificó su facultad para intervenir en este caso. El pronunciamiento no incluyó disidencias. Según el tribunal:El gobierno debía facilitar la liberación de Abrego García, detenido en una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones inhumanas.Debía asegurarse de que su situación legal en EE.UU. se tratara como si nunca hubiese sido deportado.El fallo resaltó la falta de claridad en el mandato de "efectuar" el regreso y pidió modificar ese punto por respeto a la autoridad del Ejecutivo en política exterior.En pocas horas, la jueza Xinis ajustó su orden y eliminó el término "efectuar". Su nueva instrucción exigió que "los demandados tomen todas las medidas disponibles para facilitar el retorno de Abrego García a Estados Unidos lo antes posible".Un error administrativo con consecuencias graves para un inmigrante deportado a El SalvadorEl Departamento de Justicia admitió que la expulsión se realizó por "un error administrativo". No obstante, en sus alegatos, el gobierno de Trump insistió en que Abrego García es integrante de la pandilla MS-13, una organización criminal que Estados Unidos considera una amenaza a la seguridad nacional. El propio deportado, sus abogados y su entorno han negado de forma tajante cualquier vinculación con el grupo.Según informó NBC News, el abogado Andrew Rossman celebró la decisión de la Corte con un mensaje claro: "La ley ha triunfado hoy. Es hora de traerlo a casa". El letrado también envió una carta al procurador general, D. John Sauer, donde exige que se ejecuten de inmediato las acciones necesarias para liberar a Abrego del Cecot, en El Salvador, y que se disponga un vuelo para repatriarlo cuanto antes. La cadena ABC News explicó que la esposa de Abrego García es ciudadana estadounidense y vive en Maryland junto con sus tres hijos, todos con necesidades especiales. Desde su deportación, la familia llevó adelante una intensa campaña para su regreso.La defensa de Trump a la deportación de Kilmar Abrego García y la crítica de los jueces de la Corte SupremaEl Departamento de Justicia reaccionó al fallo con una postura defensiva. En una comunicación con NBC, afirmó que la decisión de la Corte "reconoció correctamente" que la política exterior es una prerrogativa exclusiva del presidente. Según la administración Trump:Las cortes federales no tienen autoridad para obligar al Ejecutivo a intervenir en asuntos internacionales.Los jueces no pueden interferir en la facultad presidencial de coordinar deportaciones con gobiernos extranjeros.El fallo, según su interpretación, reafirma los límites de la Justicia frente al poder del Ejecutivo.Sin embargo, la jueza Sonia Sotomayor cuestionó duramente ese argumento. En una opinión adjunta al fallo, a la que adhirieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, señaló:"El gobierno no ha citado ninguna base legal para el arresto sin orden judicial, la deportación ni el encarcelamiento de Abrego García".La orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión sigue vigente."En lugar de corregir su error, el gobierno lo minimizó como una 'omisión' administrativa".Sostener que los tribunales no pueden intervenir una vez ejecutada la deportación es "simplemente falso" y "peligroso".Sotomayor fue más allá y advirtió que el razonamiento del gobierno implicaría que "podría deportar e incluso encarcelar a cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre que lo haga antes de que un tribunal intervenga".
La Justicia denegó la presentación contra el fallo a 8 años de cárcel por las muertes de Silvina Luna y Christian Zarate. Leer más
El fallo lo responsabiliza de un esquema de corrupción que desvió más de 24.000 millones de pesos destinados a la construcción de colegios para comunidades vulnerables
El exdirector de la AFIP está condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta. Sin embargo, su sentencia aún no se encuentra firme. Leer más
Con firma de los tres jueces, el máximo tribunal rechazó el recuerdo para impugnar esa pena.Dijeron que aún no hay sentencia definitiva.
El máximo tribunal rechazó un recurso de defensa del médico cirujano. Está condenado a 8 años de prisión por lesiones a Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Graciela Trenchi.
Rubén Weder, propuesto por el sector de Perotti, asumió en el máximo tribunal provincial. "Eso no va a incidir en mi independencia ni imparcialidad", aseguró.
La Sala Penal del alto tribunal resolvió el conflicto que surgió entre los tribunales de Bogotá y Barranquilla para decidir la solicitud de traslado a Montería presentada por el ex jefe paramilitar
El abogado constitucionalista Juan Solá analiza la crisis en la Corte Suprema de Justicia y las implicaciones de su funcionamiento con solo tres jueces. Leer más
Comisión de Constitución aprobó proyecto que facilita la venganza política al "precisar" que aforados pueden ser separados de sus cargos indefinidamente si se les levanta el antejuicio político.
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Para el abogado constitucionalista, Jorge Alfonso, "el rechazo de dos pliegos por parte del Senado es un hecho histórico". Leer más
La noticia fue vista como una victoria en el plan por reducir los gastos del Estado, del republicano y el multimillonario Elon Musk
De esta manera, el vacado expresidente continuará recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo desde donde afronta el proceso en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022
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La jueza de distrito Paula Xinis ordenó al gobierno de Trump que devuelvan a Kilmar Ábrego García antes del final del lunes. La solicitud fue finalmente parcialmente detenida por el máximo tribunal
Manuel García-Mansilla, designado como juez en comisión en la Corte Suprema por Javier Milei, presentó hoy su renuncia a ese cargo, después de que la semana pasada el Senado rechazara su pliego. La renuncia lleva fecha de hoy y está dirigida "al Señor Presidente de la Nación, Dr. Javier Gerardo Milei". A continuación, el texto completo:"De mi mayor consideración: "Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión, por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025. "Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente. Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones. "Existen quienes creen de manera errónea que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces. Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal. En primer lugar, porque el funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte. Tampoco con la coherencia técnica con que se lo puede hacer cuando está integrada. A partir de la ilusión de creer que el Tribunal está funcionando con cierta normalidad, se pierde de vista que eso es una mera apariencia y así se acumulan problemas sin resolver. Con el correr de los meses la demora causada por ese funcionamiento irregular afecta en concreto la actividad del Tribunal, y fundamentalmente la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión. No es casualidad que, por este y otros motivos, al día de la fecha la Corte Suprema tenga unos 90.000 expedientes pendientes de resolución. En segundo lugar, la errónea creencia de que el Tribunal puede funcionar de esta forma ayuda a sostener una actitud de verdadera indolencia e indiferencia de algunos sectores de la política. Por sostener esa creencia, se termina soslayando un problema institucional muy serio. Así es como, en definitiva, se oculta una realidad innegable: la integración de la Corte Suprema no admite más demoras. Es de carácter urgente. "Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado. Tampoco sería sensato que, como ya se ha hecho, se siga demorando su integración. Suponer que debía esperarse a que se configurara un escenario de parálisis del más alto Tribunal de la Nación habría sido, a mi juicio, no solo una imprudencia evidente, sino también una grave irresponsabilidad. No puede perderse de vista que si alguno de los tres integrantes actuales tuviera algún impedimento, fuera temporario o permanente, la Corte Suprema se vería imposibilitada de funcionar. Es irrazonable, e innecesario, correr ese riesgo. Por eso, no se podía ni se puede mantener hoy esta situación por mucho tiempo más. Por supuesto, podría haber adoptado una posición cómoda y no asumir la responsabilidad que la situación demandaba. Habría sido, sin dudas, el camino más fácil. Sin embargo, entendí que lo correcto era eso, pese a las críticas injustas e interesadas que recibí de aquellos que eligen cuestionar en lugar de involucrarse. "Valoré también que, en mi caso, el nombramiento en comisión era constitucional ya que se ajustaba estrictamente a cada una de las condiciones de validez que exige el art. 99, inc. 19, de la Constitución Nacional para que Usted pudiera ejercer esa atribución. "En la audiencia pública del 28 de agosto de 2024 en la Comisión de Acuerdos del Senado defendí la constitucionalidad de los nombramientos en comisión. En esa misma oportunidad, al ser consultado por un artículo que publiqué a fines de 2015 en el que había expuesto algunas de las razones por las que considero que esos nombramientos de carácter temporario son constitucionales, expliqué que existen numerosos antecedentes en nuestra historia constitucional y que incluso hay precedentes de nuestra Corte Suprema y del derecho comparado que tratan sobre el tema. Después de dejar en claro y reafirmar mi opinión jurídica sobre la cuestión, agregué que, a pesar de ello, ese tipo de medidas requerían también de un análisis de los contextos en los que se toman para poder valorar su impacto en las instituciones. Respondí que, en la hipotética situación de haber sido uno de los jueces nombrados en comisión en 2015, no habría aceptado ese nombramiento en comisión. Aclaré inmediatamente después que la valoración que hacía era a partir de una mirada retrospectiva, esto es, a partir de información posterior que me había permitido reflexionar sobre el impacto de un hecho concreto en el pasado. Cualquier persona intelectualmente honesta sabe que, por un sinfín de razones, la realidad de 2015 no es la misma que la de hoy en 2025. "A pesar de ello, en las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral. Mediante un recorte intencionalmente tergiversado de lo que contesté en ese momento, intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso. "Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera. Basta ver la versión taquigráfica completa de esa audiencia pública para comprobar de forma fehaciente lo que digo (y no un video recortado y editado, preparado sin dudas para engañar). Lo que sí hice en aquel momento fue dar una respuesta hipotética a una pregunta que también lo era, respecto de hechos que sucedieron a fines de 2015. "Aclaré expresamente que esa respuesta la daba a partir de una reflexión posterior "con el diario del lunes". Dos veces dije que no habría aceptado un nombramiento en comisión en un contexto como ese. Al final de mi respuesta, lo hice por tercera vez y utilicé el tiempo verbal condicional simple ("no aceptaría un nombramiento en comisión") que lleva implícita la idea de que hay circunstancias que impiden el cumplimiento de esa proposición (en este caso concreto, por ejemplo, que haya circunstancias objetivas â??tales como las que hoy existenâ?? que exigen asumir responsabilidades institucionales ineludibles). Por eso aclaré, inmediatamente después, "esto, con el diario del lunes", frase que, de manera llamativa, ha sido ocultada por quienes pretenden cuestionarme. Esa respuesta jamás puede constituir afirmación de un compromiso futuro, y esas circunstancias que destaqué no se volvieron a producir. No existen hoy, ni existieron al momento en que se dictó el decreto 137/25. "No hace falta abundar en la comparación entre el contexto en que se dictó el decreto 83/15 y el del decreto 137/25. Además del problema que advertí, causado por años de demora en cubrir una de las vacantes en la Corte, agrego solo una diferencia a modo ilustrativo: en diciembre de 2015, ni la ciudadanía ni el Senado habían podido opinar y actuar de forma previa al dictado del decreto 83/15 y escrutar como corresponde a los dos jueces nombrados en comisión. La situación actual es diametralmente opuesta: el 20 de marzo de 2024, el Poder Ejecutivo anunció la nominación de ambos candidatos para llenar las vacantes en la Corte Suprema. En el marco del decreto 222/03, todos los ciudadanos del país pudieron analizar los antecedentes de ambos candidatos, repasar su experiencia y trayectoria profesional, formular objeciones de todo tipo, hacer preguntas y cuestionar o apoyar de diversas formas a los candidatos. Esa participación se repitió y se extendió luego durante el trámite en el Senado. Miles de personas pudieron repasar esos antecedentes durante meses, firmar cartas de adhesión o rechazo, presentar objeciones y formarse una opinión fundada sobre la idoneidad de las personas propuestas. "Después de ese proceso de participación ciudadana, se siguieron puntillosamente todos los trámites previstos en el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación hasta concretar las audiencias públicas con ambos candidatos. Cada senador tuvo oportunidad de revisar los antecedentes académicos y profesionales, de estudiar las adhesiones e impugnaciones, de reunirse en persona con los candidatos si así lo deseaban, de formular preguntas en esas audiencias públicas e incluso de analizar todas las presentaciones efectuadas por las diversas partes interesadas. De esta forma, tuvieron tiempo más que suficiente para formarse un juicio de valor sobre ambas nominaciones mucho antes de que se dictara el decreto 137/25. "No había ningún otro trámite pendiente para que el Senado decidiera aprobar o rechazar mi pliego. A pesar de ello, no solo se dejó que terminaran las sesiones ordinarias de 2024 sin hacer nada concreto, sino que se hizo caso omiso al llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025. En mi caso, no hubo pronunciamiento alguno del Senado, ni siquiera de la Comisión de Acuerdos. ¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada. La responsabilidad institucional dictaba que debían pronunciarse de inmediato. La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política. "Luego del nombramiento en comisión, todos los jueces de la Corte Suprema me tomaron el juramento previsto en el art. 112 de la Constitución Nacional. Me integré inmediatamente a los acuerdos del Tribunal y resolví junto con mis colegas numerosas causas. La primera de ellas fue el rechazo al pedido de licencia presentado por el Dr. Ariel Lijo. Recién ahí, una semana después de que acompañara ese rechazo y ante de la posibilidad cierta de que interviniera en casos de trascendencia pública, es que se activó una definición en la Comisión de Acuerdos que derivó luego en la sesión del 3 de abril en la que se rechazó mi nominación. "Es evidente que no hay una real consciencia de la dimensión del problema que toda esta desidia institucional ha venido causando en los últimos años. La decisión que Usted tomó con el decreto 137/25 rompía con ese círculo vicioso. Por eso la acompañé, convencido de la estricta constitucionalidad de la medida y de que había que dar un paso en esa dirección. Sin embargo, es indudable también que hay una gran parte del sector político que acepta sin mayor cuestionamiento que queden sin cubrir cargos de trascendencia, incluidas las vacantes en la Corte Suprema. Basta ver lo que ocurre con la falta de nombramiento de un Procurador General de la Nación definitivo -que se demora hace más de siete años-, del Defensor del Pueblo -que está vacante hace más de 15 años-, o de la enorme cantidad de vacantes que también existen en fiscalías, defensorías y los más de trescientos cargos sin cubrir en juzgados de primera instancia y tribunales de cámara a nivel federal. En el caso del poder judicial federal, esa situación de verdadero vacío fue denunciada públicamente hace ya más de veinte años. "A eso hay que sumarle la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. La inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial, en todos estos casos, es francamente escandalosa. Toda esta situación genera una evidente falta de justicia que, entre otras cosas, es funcional al narcotráfico, a la explotación y trata de personas, así como a la corrupción crónica que padecemos. En definitiva, a todo aquello que nos condena de modo inexorable al fracaso y a la miseria del subdesarrollo. "A partir de la misma convicción con la que asumí el nombramiento en comisión con que Usted me honró, considero que, debido a la decisión tomada por el Senado de la Nación de rechazar el pliego oportunamente enviado en el marco del art. 99, inc. 4, de la Constitución Nacional, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema. No desconozco que tanto el artículo 99, inc. 19, de la Constitución Nacional, como, entre otros, la doctrina de los precedentes "Dura" (Fallos: 163:309), "Lastra" (Fallos: 206:130), "Montero" (Fallos: 241:151) y "Venini" (Fallos: 286:23), me permitirían continuar en el cargo hasta el 30 de noviembre, o hasta la fecha en que finalicen las eventuales sesiones de prórroga, o hasta que se nombre un reemplazo con acuerdo del Senado. Sin embargo, estoy convencido que mi permanencia en el cargo no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema y actúen en consecuencia. "Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Resulta imperioso que se eviten en el futuro las notorias demoras que se dieron en el Senado en el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Los poderes políticos tienen una responsabilidad institucional ineludible. La República Argentina necesita un Poder Judicial fuerte e independiente y no uno que sea funcional a sus intereses coyunturales, sean políticos o personales. Nuestro país debe estar por encima de todo y de todos. "Empecé la carta como juez; la termino ahora como ciudadano. Creo que el proceso de transformación que la República Argentina depende de una condición indispensable para que tenga éxito, se consolide y se encarne en cada uno de los argentinos: que exista un Poder Judicial recto, decente e independiente, integrado por jueces que apliquen estrictamente el derecho vigente tal cual es y no tal como les gustaría que fuera. El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado. "Agradezco a aquellos colegas de la Corte Suprema que me acogieron como a un par y me trataron con dignidad y respeto. Agradezco también a todo el personal del Tribunal que todos los días trabaja con el orgullo de defender una de las instituciones más importantes del país. No los voy a olvidar. "A Usted le agradezco la oportunidad que me diera de poder servir a mis conciudadanos. Aunque me hubiera gustado hacerlo por más tiempo y en otras circunstancias, mi permanencia en el cargo no va a facilitar la integración de la Corte Suprema, sino todo lo contrario: será una excusa más para distraer la atención de aquellos que tienen que aportar una urgente solución a un problema que ya es de larga data. Tenga la plena convicción que, durante el tiempo que me tocó cumplir las funciones que me fueron encomendadas, honré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma independiente, recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución Nacional. "Que Dios lo ilumine y que el futuro de la República Argentina sea, finalmente, el que todos nos merecemos. "Sin otro particular, saludo al Señor Presidente con distinguida consideración, José Manuel García-Mansilla
A 40 días de su asunción, el magistrado propuesto por Javier Milei formalizó su salida del máximo tribunal. Leer más
Manuel García-Mansilla, nombrado en comisión por Javier Milei en la Corte Suprema, presentó su renuncia al máximo tribunal después de que el Senado le rechazó, el jueves pasado, su pliego con los votos de más de dos tercios de los senadores."Me dirijo a Usted a fin de presentar la renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el que fui nombrado, en comisión, por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025â?³, empieza el texto de la renuncia.El Gobierno había intentado que, pese a aquel revés, se mantuviera en el cargo hasta el fin de las sesiones legislativas (en principio, el 30 de noviembre) y él dio señales de que podría intentar esa resistencia, pero finalmente desistió. Fue juez de la Corte durante 39 días.García-Mansilla no solo tenía en contra el rechazo de su pliego; además, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó el jueves, justo después de la sesión del Senado, una medida cautelar que le impedía por tres meses a García-Mansilla dictar fallos y tomar decisiones administrativas en la Corte bajo apercibimiento de "sanciones penales y/o pecuniarias". La cautelar amenazaba también con castigar a todos aquellos que "no cumplieran" con ese "mandato judicial".Si bien el Gobierno sostenía que el juez nombrado por decreto tenía mandato hasta fin de año y que solo podrían sacarlo con un juicio político, destacados constitucionalistas afirmaban lo contrario: que como el Senado rechazó su pliego, García-Mansilla debía dejar de inmediato la Corte.En el mismo sentido se pronunciaron organizaciones como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y un grupo de profesores de derecho que dieron a conocer una solicitada.La Corte vuelve a funcionar ahora con tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Lo hizo este mediodía, a través de un escrito, en medio de una intensa controversia política y judicial: el viernes el Senado rechazó su pliego por amplia mayoría y un juez dictó una medida cautelar en su contra
El magistrado presentó su dimisión a través de un escrito. El jueves la Cámara alta rechazó su pliego por amplia mayoría y el juez federal Ramos Padilla dictó una medida cautelar en su contra.
Un repaso de los principales temas del día junto a un equipo de columnistas. El derrumbe de los mercados globales, el futuro del juez Manuel García Mansilla y la degradación de la clase media. Leer más
El juez, que lleva apenas 40 días en su cargo, tomó la decisión el fin de semana y formalizará su dimisión en las próximas horas. Había sido designado por decreto, pero la semana pasada el Senado rechazó su pliego
El juez lleva apenas 38 días en el cargo tras ser designado por decreto presidencial en comisión hasta el 30 de noviembre. El Gobierno presentó un per saltum ante el máximo tribunal para que pueda seguir firmando fallos hasta que defina su futuro
Pasaron más de 48 horas desde que el Senado rechazó los dos pliegos de Javier Milei para la Corte Suprema y -pese a que hasta ahora optó por el silencio público- hay indicios claros de que Manuel García-Mansilla (que fue nombrado en comisión por decreto y prestó juramento en el máximo tribunal) renunciaría a su sillón en el cuerpo. El Gobierno sufrirá así una derrota completa, sin premio consuelo, y dará por terminada la trama que inició un año atrás con este tema.Obligado a dar vuelta la página después del duro revés que sufrió en la sesión del jueves en la Cámara alta, en la cúpula del Gobierno comenzaron a evaluar el camino a seguir. Hasta ahora solo hay conversaciones preliminares, mientras los libertarios digieren el cimbronazo en el plano judicial. Milei, además, está totalmente concentrado en la cuestión económica, que viene igualmente convulsionada. Hoy, la mayor prioridad del Presidente está en conocer cuál será el monto del adelanto que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI), dato que será crucial para definir el sendero de la salida del cepo.Muy cerca de Milei señalaron: "En base a lo que decida García-Mansilla se definirá una nueva estrategia. En medio de este revuelo no tiene sentido pensar o delinear nada".La mesa chica del Presidente, no obstante, comenzó a hacer las primeras evaluaciones. Según pudo reconstruir LA NACION, hay dos opiniones sobre la mesa. Una considera la idea de soltar la cuestión de la Corte Suprema hasta fin de año, cuando cambie la composición de la Cámara alta luego de las elecciones legislativas. Los libertarios confían en que tendrán una buena performance en los comicios y que a partir del 10 de diciembre ganarán bancas en el Senado.Hay que tener en cuenta que este año solo renuevan senadores nacionales Río Negro, Salta, Neuquén, CABA, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco. Es decir que, aunque a La Libertad Avanza le vaya bien en las urnas a nivel nacional, lo que cuenta en este caso es sus resultados en estas provincias. Aún con un buen desempeño, podrán sumar un puñado de bancas (hoy tienen seis senadores) y el peronismo seguirá sosteniendo la mayoría en el Senado. Los jueces de la Corte deben aprobarse con dos tercios de los presentes en una sesión.Con este panorama, la otra alternativa que se está considerando en el Poder Ejecutivo es la de enviar dos nuevos pliegos. Es decir, seguir mostrando iniciativa y continuar dando la pelea con nuevos nombres. Si García-Mansilla efectivamente se aparta, el máximo tribunal quedará con tres integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) y deberá apelar a un conjuez para dirimir sentencias cuando no haya unanimidad."Una alternativa es esperar hasta diciembre. La otra posición es que avancemos con dos nuevos candidatos", dijo una alta fuente oficial al tanto de las tratativas por este tema.En caso de que se opte por esta vía, en la Casa Rosada admiten que no podrán ir con dos nombres con un perfil emparentado con el ideario liberal y conservador. "Habría que consensuar alguno. Hay juristas que son admisibles para casi todos. Pero todavía hay que analizar todas las variantes. Estamos en eso", dijo la fuente oficial.Capítulo finalEl Gobierno hizo intentos hasta el último minuto para evitar la derrota en el Senado, pero la cuestión se le escurrió. Con los rechazos parlamentarios, la Casa Rosada dio por cerrado el caso de Ariel Lijo, el otro candidato que había elegido Milei cuando hizo suyo un plan de Lorenzetti, que le propuso postular a su ahijado en los tribunales de Comodoro Py.A García-Mansilla, un catedrático de perfil conservador, la candidatura a la Corte se la ofreció el asesor presidencial, Santiago Caputo. Después, el Presidente delegó en su estratega la operación política para que los pliegos llegaran a buen puerto.García-Mansilla siempre fue el juez que Milei realmente quería para integrar la Corte por una cuestión ideológica. Lijo, en cambio, aparecía como un vehículo para cosechar los apoyos políticos para ambos. Por eso la premisa original era "los dos o ninguno".El plan, está a la vista, falló. De todas maneras, dado que García-Mansilla llegó a jurar e integrarse al tribunal, pese al rechazo en el Senado el Gobierno pretende que é se sostenga en el máximo tribunal, en comisión."Los argumentos jurídicos por los cuales fue designado vía decreto no se alteraron por la votación en el Senado", dijo un colaborador muy al tanto de las tratativas de los últimos días.Según pudo reconstruir LA NACION, hubo mínimos contactos de la Casa Rosada con García-Mansilla en las últimas horas. Al juez le transmitieron que, siempre de acuerdo al análisis oficial, la Constitución le permite seguir siendo ministro de la Corte porque el decreto extiende su mandato en comisión hasta el fin del año parlamentario. También le hicieron saber que, en términos políticos, el hecho de que él renuncie le podría ingringir "un daño adicional al Gobierno".La Casa Rosada entiende que García-Mansilla asumió un compromiso cuando aceptó ser nombrado por decreto y que siempre estuvo dentro de las posibilidades que sobreviniera un rechazo de parte del Senado.García-Mansilla pretendía que sus colegas de la Corte se pronunciaran sobre en qué estatus queda su investidura. Hasta ahora no les trasladó la consulta. En el interín, el juez federal de primera instancia de La Plata, Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a una cautelar y le prohibió a García-Mansilla firmar fallos por tres meses.Con la presión política y judicial sobre sus espaldas, que pone en duda su legitimidad como miembro del máximo tribunal, todos los indicios indican que García-Mansilla podría dar un paso al costado próximamente. Hasta ayer no se había presentado en su despacho.
El jefe de Gabinete contestó con sarcasmo al juez del máximo tribunal, luego de que este cuestionara la designación por decreto de García-Mansilla. "Habrá estado en la toma de juramentoâ?¦", lanzó Francos, en alusión a la participación de Lorenzetti en el acto oficial. Leer más
La Corte Suprema no puede seguir siendo un espacio dominado por varones. La incorporación de mujeres con trayectorias reconocidas en la defensa de derechos fundamentales no es un capricho, sino una necesidad democrática. Leer más