Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad
Un informe del IPCVA mostró que los precios de los cortes bovinos se mantuvieron estables durante el cuarto mes del año aunque acumulan una suba interanual del 61,9%. El pollo volvió a aumentar y el cerdo mostró leves bajas. También se amplió la brecha de precios entre carnicerías y supermercados.
Poder Ciudadano, Unidos por la Justicia, FORES, Usina de Justicia y Fundación Nuevas Generaciones expusieron este jueves en el Consejo de la Magistratura. Todas apoyaron el proyecto aunque plantearon matices y mejoras
Que la suspensión del servicio de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas
El tribunal emitió una resolución para que un estudiante retome sus estudios después de que su registro fue revocado
El seguimiento realizado por la Sala Especial examinó el grado de ejecución de las órdenes impartidas en 2022, con énfasis en la capacidad administrativa de entidades territoriales para planificar y financiar soluciones temporales de reclusión
El IMDHD espera que la SCJN se pronuncie sobre pruebas sin estereotipos, plazo razonable y debida diligencia reforzada
El máximo tribunal consideró inadmisible el recurso. La solicitud había sido realizada por la Procuración del Tesoro.
El Ministerio de Capital Humano logró suspender temporalmente la aplicación de la ley aprobada por el Congreso de la Nación. La última palabra la tendrá el máximo tribunal.
Pasó hace años y nunca lo denunciaste: esto cambió con el fallo histórico de la SCJN esta semana
Un bebé de un año no recibió la prueba obligatoria para detectar enfermedades metabólicas graves y su madre recurrió a la justicia para exigir atención
Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para mantenerse informados sobre los sectores que experimentarán la suspensión del servicio
justicia
Una familia de Caballito sufrió interrupciones reiteradas durante tres años e inició una demanda. La sentencia determinó que no es necesario ser titular del servicio para reclamar una indemnización y priorizó al usuario efectivo por sobre la titularidad formal
El máximo tribunal de Guatemala informó que varias intimidaciones recientes han puesto en entredicho la autonomía y funcionamiento del organismo, lo que genera preocupación sobre la integridad institucional en medio de un ambiente de tensión social y política
Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad
¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio
La niña desapareció el 5 de mayo alrededor de las 17:45 en la alcaldía Miguel Hidalgo
La superintendente de Industria y Comercio confirmó que la entidad presentó una acción de nulidad contra la decisión del alto tribunal que dejó sin efectos la multa impuesta a la organización del fútbol profesional y a cinco clubes del fútbol profesional
En una importante decisión, el alto tribunal ordenó a una empresa de Medellín emitir disculpas públicas, implementar protocolos de riesgo y capacitar a todo su personal en atención a personas con discapacidad
EL CALAFATE.- La Corte Suprema decidió ir a fondo en el conflicto candente entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial y solicitó hoy, por segunda vez, en carácter de urgente, el envío de todas las causas vinculadas al conflicto desatado entre los tres poderes de la provincia por la reforma que amplió la corte del distrito. Pasaron dos semanas desde que el máximo tribunal del país solicitara la información al TSJ. Sin embargo, no hubo respuestas. Por eso, hoy reiteraron el pedido para que la Corte provincial envíe el material solicitado: "Cumpla de inmediato con la remisión, en formato digital, de las actuaciones principales y de los incidentes de la causa 917/2025 que fuera dispuesta con carácter de urgente en la resolución dictada en autos el 23 de abril de 2026" .La Corte Suprema será quien decida cómo se resuelve el conflicto desatado en diciembre pasado cuando el TSJ bloqueó la ampliación de la Corte impulsada por Vidal y declaró la inconstitucionalidad de la ley votada en agosto. Tras la aprobación de la ley, juraron en sus bancas cuatro vocales en la Corte. Pese a ello, cuatro de los cinco miembros del máximo tribunal cercanos al kirchnerismo desconocieron los nombramientos, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial. El conflicto escaló en los últimos meses. El gobernador, el vice Fabián Leguizamón y los cuatro nuevos vocales fueron en queja a la Corte y ahora sus integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, deberán expresarse sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el tribunal local de cinco a nueve miembros. Sin embargo, desde Santa Cruz no le envían la información para avanzar. Hoy, minutos después de la recepción de la orden, un funcionario de la Dirección General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos respondió por mail a la Mesa de Entradas de la Corte un mensaje casi automático -"informo que se está trabajando para dar cumplimiento con lo solicitado"-, según quedó registrado en la web oficial del Poder Judicial de la Nación.Tensa disputaLuego de aprobada la ampliación de la Corte con el voto del oficialismo y la negativa de los diputados kirchneristas, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, a la que el TSJ le hizo lugar, declaró la inconstitucionalidad e invalidó el proceso de designación y toma de juramento de los nuevos vocales.En paralelo, se abrieron expedientes conexos que hoy forman parte del análisis requerido por la Corte Suprema, que hoy exigió, por segunda vez, el envío urgente de toda la documentación para poder avanzar en la tramitación del caso.
El Ministerio de Capital Humano comunicó este miércoles que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -organismo que depende de esa cartera-, presentó ante la Corte Suprema un recurso de queja, en un intento por lograr que se revoque la medida cautelar que le ordenó al Gobierno restituirle a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción, una de las varias veces millonarias prestaciones de privilegio que cobró hasta noviembre de 2024. La presentación se suma, así, a la concretada ayer, en representación del Ministerio Público Fiscal, por Juan Carlos Paulucci, fiscal general subrogante de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, tal como informó LA NACION.El miércoles 29 de abril, por dos votos contra uno, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso extraordinario contra un fallo dictado en febrero último. En consecuencia, la Anses quedó obligada a abonar la prestación reclamada por CFK. En noviembre de 2024, último mes en que se pagó, el ingreso en cuestión fue, luego de descuentos, de casi $12,5 millones. Tanto la Anses como el fiscal Paulucci habían solicitado la habilitación de un recurso extraordinario para que el tema llegara a la Corte.La decisión tomada en febrero por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, de la mencionada Sala III, implicó darle lugar a una medida cautelar solicitada por la exfuncionaria para volver a cobrar la pensión que recibía en calidad de viuda del expresidente Néstor Kirchner. El pedido de la expresidenta fue que se le pagara provisoriamente la pensión, mientras se resuelve el juicio en el que reclama la restitución permanente no solo de esa pensión, sino también de la asignación vitalicia que percibía por ser expresidenta.Baja de los beneficiosLos dos beneficios fueron dados de baja por una resolución de la Anses en noviembre de 2024. Eso ocurrió luego de la condena dictada por la Cámara de Casación Penal Federal, que consideró a Cristina Kirchner "autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Tal condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.En su comunicado, Capital Humano afirma que existen "múltiples razones legales" para elevar el recurso de queja a la Corte. "Resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio mientras reclama, además, el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional".Por su parte, el fiscal Paulucci sostuvo en su presentación que, en un dictamen previo en el marco de la causa, había expresado que la situación de CFK en el juicio sobre la causa Vialidad resulta determinante para una decisión sobre el cobro provisorio de una prestación, dado que la condena implica, mientras dure, "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar". Ello, más allá de lo que se decida en cuanto a la cuestión de fondo sobre la validez o no de la resolución 1092/2024 de la Anses, que dio de baja las dos asignaciones de privilegio.Una vez conocida aquella resolución, firmada por el entonces director ejecutivo Mariano de los Heros, CFK inició una demanda para recuperar las dos prestaciones, originadas en la ley 24.018. Si bien la normativa no las define como "de privilegio", son así conocidas debido a que, para acceder a su cobro, no se requiere ni una cantidad de aportes ni una edad determinada. Iniciado ese juicio, CFK pidió una cautelar para cobrar, mientras sigue el trámite, uno de los dos ingresos.Ese pedido fue rechazado en noviembre de 2025 por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Pero, tras la apelación, los jueces Russo y Fantini admitieron el pedido, alegando cuestiones alimentarias.Pedido denegadoTras esa decisión, la Anses y el Ministerio Público Fiscal hicieron presentaciones para que se habilitara un recurso extraordinario y la cuestión llegara al máximo tribunal. Ese pedido fue negado la semana pasada por los jueces Russo y Fantini, en tanto que la tercera integrante de la Sala, la jueza Nora Dorado, votó en favor de hacer lugar a la solicitud del Estado.La presentación del recurso de queja ante la Corte no tiene, en general, efecto suspensivo de la orden cuestionada. Es decir, debería cumplirse con el pago a la expresidenta. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que, "mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenderá el curso del proceso", aunque podría haber "casos muy especiales" en que se otorgue un efecto suspensivo, según un informe de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, publicado en diciembre de 2024.El importe total de las dos asignaciones cobradas hasta noviembre de 2024 incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, existe una denuncia penal. Se da por descontado que, con CFK cumpliendo prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, el adicional por zona austral no será repuesto. Sin considerar ese plus, el monto cobrado por la prestación que los jueces ordenaron reponer fue, 17 meses atrás, de $9.658.606,27. Fuentes cercanas al caso estimaron en una cifra similar lo que se debería pagar por la cautelar. No obstante ello, las prestaciones para expresidentes tienen actualizaciones según mecanismos no públicos."Carácter alimentario"En la sentencia de la Cámara previsional que en febrero de este año admitió el pedido de CFK, se sostuvo que "corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo" (en referencia a la resolución de la Anses que dispuso la baja).La expresidenta había comenzado en una primera etapa a percibir dos beneficios de privilegio a la vez luego de terminar su mandato presidencial. Aún en tiempos de su propia gestión, se le había otorgado la jubilación como expresidenta, al mismo tiempo que ya cobraba la asignación como viuda.Durante el gobierno de Mauricio Macri se le dejó de pagar una de las prestaciones, en una decisión justificada en las incompatibilidades fijadas en la ya mencionada ley 24.018.Sin embargo, en marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite sobre la cuestión, la entonces directora ejecutiva de la Anses y militante camporista, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida.El artículo 5 de la ley 24.018 indica que el cobro de la asignación de expresidente "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Si bien no hay mención explícita a una asignación vitalicia prevista por la misma ley, la misma ley define como una "pensión" a la asignación por ser viuda de un exmandatario.Más allá de esa discusión sobre el doble cobro, la resolución de baja de noviembre de 2024 argumenta que no corresponde el cobro de ninguna prestación, porque eso resulta incompatible con haber cometido un delito "en ejercicio de la misma función pública" por la cual se origina el beneficio.La cuestión del cobro del doble beneficio tiene su propia causa judicial aún abierta, luego de que la entonces diputada nacional Graciela Ocaña, presentara años atrás un recurso de queja ante la Corte Suprema (después de haber agotado otros recursos), para procurar que la cuestión no quedara archivada, tras la decisión del gobierno anterior (en el cual CFK fue vicepresidenta) de otorgarle administrativamente los dos beneficios de forma simultánea.
El pedido fue canalizado a través de la Anses y apunta al cobro como viuda de Néstor Kirchner.El recurso de queja llega luego de que la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social rechazó una apelación del Gobierno ante la restitución de la pensión a través de una cautelar.
A través de ANSES, el Poder Ejecutivo busca excluir a la ex presidenta de la jubilación honorífica por haber ejercido la primera magistratura del país. El argumento principal para el cuestionamiento es su condena penal por administración fraudulenta
El máximo tribunal sostiene que una acusada incurrió en responsabilidad por haber sometido a dos mujeres foráneas a explotación sexual mediante coerción
El alto tribunal determinó que las disposiciones vulneraban el principio de unidad de materia y la reserva de ley orgánica; los efectos regirán desde 2027 por razones institucionales y electorales
Después de que la Secretaría de Energía volviera a bajar el precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, la industria insistió en su reclamo para que el Gobierno utilice herramientas legales para aumentar el corte y reducir el costo del combustible en el surtidor. Esta semana, a través de la resolución 107/2026 el organismo fijó en $1.808.425 por tonelada el valor para mayo, con un plazo de pago de siete días. La actualización representa una leve baja de $265 frente a abril, cuando el valor se fijó en $1.808.690. Desde febrero se consolida una tendencia descendente y aseguran que el biodiésel "mantiene contenido el precio del diésel en surtidor".La última medida que se encuadra en la ley 27.640 y en la metodología de la resolución 963/23, firmada por María Carmen Tettamanti, apunta a cubrir costos y asegurar una rentabilidad mínima para las plantas. Sin embargo, en la industria sostienen que el eje ya no pasa por el precio sino por el nivel de mezcla.Una importante delegación de Kazajistán busca en la Argentina miles de vacas"El biodiésel sigue bajando y mantiene contenido el precio del diésel en surtidor", afirmó Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), quien remarcó que existe margen para avanzar sobre el mercado interno. Desde febrero pasado, como se mencionó, se consolidó una tendencia descendente: el precio pasó de $1.842.796 a $1.808.425 por tonelada, lo que implicó una caída de $34.371, equivalente a un retroceso del 1,86% en los últimos cuatro meses.Según el dirigente, el esquema actual deja en manos de las petroleras la posibilidad de incrementar el corte del biodiésel en el gasoil â??hoy en 7,5%, con un techo técnico de hasta 20%â??, pese a que la ley habilita a la Secretaría a intervenir para sustituir importaciones. "La ecuación es de ganar-ganar para el Gobierno: más corte implica mejor precio en el surtidor, ahorro de divisas, pero también mantiene en alto el valor del grano y derivados por la mayor demanda de aceite para biodiésel. Por lo tanto mayor recaudación impositiva", planteó.El planteo se apoya en los artículos 16 y 17 de la ley 27.640, que estableció que el Gobierno puede aumentar la participación de biocombustibles para sustituir importaciones de gasoil cuando las condiciones de mercado lo permitan. En ese sentido, remarcaron que en un contexto de precios internacionales volátiles el diferencial es significativo: "El gasoil en paridad de importación llegó a rondar los $1950 por litro, frente a un biodiésel cercano a $1591â?³.En rigor, recordó que el artículo 16 señala: "De manera complementaria al corte obligatorio que se encontrare vigente, y cuando las condiciones del mercado lo permitan, la autoridad de aplicación arbitrará los medios necesarios para sustituir la importación de combustibles fósiles con biocombustibles, con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo. Las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión, pudiendo la autoridad de aplicación revocar la autorización de suministro mencionada en el párrafo precedente a las empresas que incumplan con el referido compromiso de abastecimiento".Además, las plantas que abastecen el mercado interno operan con más del 40% de capacidad ociosa, lo que refuerza el argumento de que hay margen productivo para aumentar la mezcla sin restricciones técnicas.En paralelo, destacaron que el cumplimiento de la fórmula de precios es un alivio reciente para las empresas. "El Gobierno cumple desde hace pocos meses con la resolución 963/23, luego de 16 meses de pérdida. Eso asegura rentabilidad, pero con un rezago: los costos se reflejan al mes siguiente", explicó Kusznierz. Destacaron que este esquema aseguraría una rentabilidad mínima para las plantas de biodiésel, siempre y cuando la fórmula se aplique mes a mes, es decir que las variaciones se aplican a mes vencido con lo cual aumentos y disminuciones de los insumos y materias primas se ven reflejados en el mes siguiente. Pese a esa normalización, el sector advierte que el esquema actual sigue siendo incompleto. Hoy, el corte obligatorio se mantiene en 7,5%, pero la normativa vigente habilita técnicamente una mezcla de hasta 20%. Esa posibilidad fue reforzada por la resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, que permitió incrementar los cortes, aunque de manera voluntaria y sujeta a acuerdos comerciales entre petroleras y proveedores. "La Secretaría tiene herramientas para hacerlo y bajar el precio en surtidor, pero hoy lo deja a acuerdos comerciales puntuales", cuestionó el titular de Casfer.En el sector consideran que esa decisión quedó a mitad de camino. "No hay limitaciones ni técnicas ni regulatorias para llegar al 20% en biodiésel", afirmó.El directivo también marcó la situación de las plantas integradas, cuyo mercado está orientado a la exportación, pero que actualmente buscan avanzar sobre el mercado interno. Según indicó una supuesta mayor eficiencia de ese sector "está fundada en el control del insumo esencial [la soja que se transforma en aceite], en beneficios impositivos y en condiciones cuasi monopólicas en la fijación de primas de precio sobre el aceite de soja". En ese sentido, advirtió que se generan distorsiones en la cadena, ya que "venden el aceite de soja más caro en el mercado interno del que venden al exterior", incluso cuando compiten con las mismas empresas que son sus clientes.
La Corte donde se ven los casos más sonados de corrupción y crimen organizado cuenta ahora con magistrados de segunda instancia con condición de titulares. La fundamentación en las calificaciones de las entrevistas de los postulantes brilla por su ausencia
La decisión se adoptó en Sala Plena con votación unánime y establece efectos retroactivos y compensatorios sobre los recursos recaudados y la energía suministrada en aplicación de la norma
Las interrupciones del servicio podrán durar hasta 10 horas consecutivas y afectarán sectores específicos, por lo que la empresa recomienda tomar medidas preventivas
El planteo del representante del Ministerio Público busca que el máximo tribunal analice la validez del restablecimiento de una prestación que beneficia actualmente a la exjefa de Estado, mientras se resuelve su situación judicial definitiva
ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander
¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la capital sufrirán recortes de agua
Después de varios meses de diálogo, la minera señaló que propuso opciones para evitar la suspensión. Sin embargo, el procedimiento continuó bajo jurisdicción canadiense
El organismo internacional celebra en el istmo su 189° Período Ordinario de Sesiones
La celebración culinaria presenta un corte inédito en el país, acompañado de diferentes preparaciones y actividades, con el objetivo de crear un espacio donde la comida y la convivencia sean el centro de la experiencia durante cinco días
Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad
Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas
Las sesiones del organismo internacional se dan en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826
Lejos de ser una solución frente al calor, cortar el pelo a los perros representa un riesgo para su salud
La demanda había sido impulsada por la ex legisladora Gabriela Neme, quien se molestó por ser abordada en un espacio común de los tribunales formoseños por un cronista y un camarógrafo. Los jueces resaltaron la libertad de prensa como principio
La Suprema Corte resolvió que el ISSSTE ya no podrá exigir cinco años mínimos de convivencia para otorgar pensión por muerte y servicios de salud a parejas en concubinato; se evaluarán pruebas de relación y dependencia económica
La industria minera vive lo que sus referentes describen como un momento bisagra. La reforma de la ley de Glaciares, aprobada en el Congreso durante el verano, abrió una ventana que el sector venía esperando hace años: la posibilidad de acelerar la inversión en proyectos de cobre y litio. La judicialización llegó rápido â??el gobierno de La Pampa presentó una impugnación y se esperan más adhesionesâ??, pero en la industria la leen con moderado optimismo. "Todas las causas van a confluir y llegarán a la Corte Suprema", señaló Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), quien confía en que el fallo final será favorable al sector. Si eso ocurre, estiman que las inversiones mineras podrían duplicarse a partir de 2028 y 2029.Mientras la disputa judicial sigue su curso, los números del sector ya muestran su mejor momento. Las exportaciones de la minería metalífera alcanzaron los US$6056 millones en 2025, un 30% más que en 2024 y el máximo histórico del sector, equivalente al 7% de las exportaciones nacionales totales. Para 2026, la CAEM proyecta superar los US$9000 millones, un 49% adicional sobre el año récord. El horizonte de largo plazo apunta más lejos: un potencial exportador de US$22.000 millones para 2035, solo en cobre y litio.El salto exportador de 2025 tiene dos explicaciones. La primera es el crecimiento sostenido de la producción de litio: de 35.000 toneladas de carbonato equivalente (LCE) en 2022 a 116.100 en 2025, un alza de 241%. La segunda â??y la más relevante en términos de valorâ?? es la mejora de los precios internacionales del oro y la plata. Las exportaciones de oro treparon de US$2159 millones en 2022 a US$4094 millones en 2025, pese a que la producción cayó de 1,3 millones de onzas a 1,18 millones. En plata, la baja productiva â??de 28,3 millones a 21,3 millones de onzasâ?? también fue compensada por los precios: las exportaciones prácticamente no se movieron, de US$802 millones a US$785 millones.Pero Cacciola no eludió la advertencia que subyace a ese dinamismo: "Si volvemos a los precios de 2022, todas las minas de oro y plata en la Argentina, con estos costos, no estarían operando". La situación es estructuralmente distinta para el litio y el cobre, minerales centrales de la transición energética global, con demanda creciente y reservas abundantes en el país. Son ellos los que sostienen las expectativas de largo plazo.Más allá de los datos económicos, en el sector destacan un cambio que consideran igualmente relevante: la sociedad argentina otorga hoy una licencia social a la minería que hace pocos años no existía. En ese giro confluyen la difusión de información sobre los impactos reales de la actividad, el involucramiento de las comunidades locales y, también, la visibilidad que le dio al sector el gobierno de Javier Milei.En 2025, Karina Milei â??secretaria general de la Presidencia y figura central del círculo de poder del presidenteâ?? viajó sin el Presidente a Canadá para representar al país en el Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el evento minero más importante del mundo. Ahora participará de un encuentro sectorial en San Juan junto a Diego Santilli, ministro del Interior â??a quien en la industria le reconocen un papel clave en la negociación parlamentaria de la ley de Glaciaresâ??, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Al evento asistirán también siete gobernadores: Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La nómina grafica el consenso transversal que el sector construyó: ninguno de esos mandatarios pertenece a La Libertad Avanza, pero todos respaldan la actividad minera como política de Estado.Ese alineamiento tiene sustento económico concreto en las provincias productoras. La minería representa el 93,2% de las exportaciones de Catamarca, el 86% de las de Santa Cruz y San Juan, y el 81% de las de Jujuy.En materia fiscal, las provincias perciben regalías del 3% del valor boca de mina en los proyectos existentes â??tope que el RIGI elevó al 5% para las nuevas inversiones, aunque varios gobernadores optaron por no aplicar el máximo para no desalentar inversionesâ??. Sobre el litio y la plata recaen además derechos de exportación del 4,5%, lo que implica que, combinados con las regalías y fideicomisos provinciales, esos minerales soportan cargas de hasta el 9,5% sobre el ingreso bruto. El cobre y el oro, en cambio, no pagan retenciones. "Hay una inconsistencia que se tiene que resolver", señaló Cacciola.En cuanto al empleo, el sector pasó de 105.000 puestos directos e indirectos en 2025 a 116.100 en lo que va de 2026 (10,6% de aumento), con un salario mínimo 2,5 veces superior al promedio de los asalariados privados registrados y una informalidad de apenas el 1,3%, detallan en la cámara minera. Cacciola fue explícito sobre los límites de la actividad: "La minería puede ayudar a sumar empleo, pero sería un grave error pensar que puede absorber todos los puestos que se pierden en otros sectores". La proyección es de 200.000 empleos directos e indirectos para 2032, impulsada por proyectos que en etapa constructiva requieren hasta 800 empresas proveedoras y en operación sostienen vínculos con unas 550 durante los 30 años de vida útil promedio de una mina.El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es hoy el principal instrumento para canalizar el interés inversor. Al menos 13 proyectos mineros fueron presentados al régimen, con una inversión total declarada de US$42.000 millones; siete ya obtuvieron aprobación, por un monto de US$7948 millones.Entre los aprobados figuran el proyecto Hombre Muerto Oeste (US$217 millones, litio, Galan Lithium, Catamarca), Rincón (US$2724 millones, litio, Rio Tinto, Salta), Los Azules (US$2672 millones, cobre, McEwen Mining, San Juan), Diablillos (US$760 millones, plata, Abrasilver Resources, Salta-Catamarca), Gualcamayo (US$665 millones, oro, AISA Group, San Juan), Veladero (US$380 millones, oro, Barrick/Shandong Gold, San Juan) y Fénix (US$530 millones, litio, Rio Tinto, Catamarca).Los seis proyectos que aguardan resolución concentran la mayor parte de la inversión potencial. El más grande es Vicuña â??que integra los yacimientos Filo del Sol y Josemaría bajo el paraguas de BHP y Lundin, en San Juanâ?? con una inversión prevista de US$18.104 millones en cobre. Le sigue El Pachón (US$9500 millones, cobre, Glencore, San Juan) y el proyecto MARA â??Minera Agua Rica Alumbreraâ?? (US$3800 millones, cobre, Glencore, Catamarca). Completan la lista pendiente Exar (US$1200 millones, litio, Ganfeng/Lithium Argentina, Jujuy), Sal de Vida (US$818 millones, litio, Rio Tinto, Catamarca) y Sal de Oro (US$633 millones, litio, Posco, Salta). El principal condicionante para que se aceleren las inversiones sigue siendo la resolución de la ley de Glaciares. Sin tener ese tema resuelto, el proyecto Vicuña invertirá de todos modos US$800 millones este año. Pero la apuesta mayor esperará las certezas jurídicas. "No van a enterrar US$18.000 millones si no hay certezas", concluyó Cacciola.
Las razones detrás de la paralización en varios distritos incluyen trabajos necesarios para mantener la calidad y seguridad del suministro según informó la empresa
El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales señala que la improvisación y la opacidad del gobierno venezolano facilitaron el avance de Guyana en la disputa por este territorio rico en petróleo y recursos naturales
"Lo va a definir el gobernador de acuerdo a criterios de oportunidad y mérito", dijo Carlos Bianco. El presidente del máximo tribunal había exigido cubrir los cuatro lugares vacíos y habló de "necesidad institucional impostergable"
Carlos Bianco no dio plazos ni precisiones sobre los nombres para cubrir los cuatro asientos vacantes en el máximo tribunal provincial. La respuesta llegó días después de que el presidente de la Suprema Corte exigiera públicamente una solución urgente.
El caso surgió por la demanda de una jubilada que había entregado su teléfono y mail a ANSES para tramitar su beneficio previsional.Buscaba evitar que otra dependencia estatal usara esos datos para contactarla con llamados o correos no solicitados.El fallo vincula la protección de datos personales con el derecho a la intimidad y a "ser dejado en paz".
¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la capital sufrirán recortes de agua
El mantenimiento, que comprende diversas localidades urbanas y zonas municipales, se implementará para preservar el suministro, evitando afectaciones prolongadas y garantizando la continuidad del recurso en los hogares
Con la llegada del otoño, muchas personas buscan renovar su estilo y apostar por un cambio de look que acompañe la nueva temporada, dejando atrás la frescura del verano. En ese contexto, el clásico flequillo recto, que fue uno de los grandes protagonistas en los últimos tiempos, comienza a perder terreno frente a nuevas propuestas. Para el otoño-invierno 2026, las tendencias en cortes de pelo se inclinan hacia estilos más pulidos y sofisticados, con capas suaves y largos prolijos que marcan el rumbo de la temporada.Los cortes pesados, rígidos y demasiado estructurados empiezan a quedar en segundo plano frente a propuestas más livianas y con movimiento. La tendencia apunta a un cabello que se vea cuidado, saludable y con intención, pero sin perder naturalidad ni caer en un acabado excesivamente armado.En esa línea, British Vogue anticipó que 2026 estará marcado por estilos más pulidos, brillantes y con aspecto sano, acompañados por el regreso de guiños inspirados en los años noventa y principios de los 2000. Por su parte, Vogue España destacó el avance de cortes como el flowing midi, el laser line bob y el silk bob, que comienzan a imponerse como los favoritos de la temporada. A continuación, los más destacados: 1. Bob graduadoEl bob graduado se posiciona como una de las opciones más representativas del cambio de temporada. Conserva volumen cerca del rostro, pero eleva la zona de la nuca y suma una terminación más definida.Su principal ventaja es el efecto inmediato que genera: ordena el cabello, resalta la mandíbula y se adapta muy bien a los looks de invierno. No necesita flequillo para destacarse, ya que su fuerza está en la estructura del corte.2. Flowing midiEl flowing midi surge como la alternativa ideal para quienes prefieren no ir por un corte tan corto. Se trata de una media melena liviana, pensada para tener movimiento y evitar el efecto pesado que puede endurecer el look.Su versatilidad es clave: puede llevarse lacio, con ondas suaves o con brushing, adaptándose a distintos estilos. Más que una forma fija, propone una idea de pelo flexible, brillante y fácil de manejar.3. Silk bobEl silk bob retoma la elegancia del corte recto, pero con un acabado más suave y natural. Suele llevarse con caída ligera, muchas veces detrás de la oreja, priorizando el brillo por sobre el volumen excesivo.Es una opción ideal para quienes buscan un cambio visible sin arriesgar demasiado. Además, en otoño-invierno se complementa bien con prendas como poleras o tapados, ya que deja el cuello y el rostro más despejados.4. Flequillo lateralEl flequillo no desaparece, pero sí se reinventa. La versión lateral gana protagonismo como una alternativa más cómoda y versátil, que permite jugar con la raya y adaptar el peinado sin tanto esfuerzo.También tiene una ventaja práctica: crece de forma más natural. A diferencia del flequillo recto, que requiere retoques frecuentes, el lateral se integra mejor con capas y largos medios sin perder forma.5. Pixie suaveEl pixie suave se suma a la tendencia de cortes cortos que seguirán vigentes en 2026. A diferencia de versiones más rígidas, propone un estilo con textura, movimiento y un aire más relajado alrededor del rostro.Este corte resulta especialmente práctico para el invierno, ya que evita el efecto aplastado del cabello por abrigos o humedad. Al tener menos largo, mantiene mejor su forma y permite jugar con productos livianos para definirlo.
Un tribunal federal determinó que la principal pastilla utilizada para la interrupción voluntaria del embarazo solo podrá entregarse de manera presencial en clínicas autorizadas. La decisión, que altera la modalidad predominante de acceso en zonas rurales y afecta a millones de mujeres, genera incertidumbre
Estos dos activistas, que se declararon en huelga de hambre, comparecen ante el Tribunal de Magistrados de Ashkelon
La asociación DAUBMA ha formalizado actuaciones ante la Guardia Civil al considerar que las lesiones observadas apuntan claramente a la interacción con redes de deriva y a una manipulación violenta durante su liberación
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En la Confederación General del Trabajo (CGT) comienzan a observar con preocupación que su estrategia judicial para frenar la reforma laboral no está dando resultado. Hay dirigentes sindicales que creen que la Corte Suprema de Justicia, eventualmente, no objetaría la ley aprobada por el Congreso a pesar de tener dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos, entre ellos, los que limitan el derecho a huelga. La versión sobre la postura del máximo tribunal llegó a los oídos de los gremialistas a través de magistrados del fuero laboral que se jactan de tener contacto con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De intervenir la Corte con este posicionamiento, significaría un triunfo definitivo del Gobierno en su pulseada con el sindicalismo por la aplicación de la nueva normativa laboral. En una suerte de contraataque judicial, la CGT acudió esta semana a la Corte Suprema para pedir que sea el fuero laboral y no el contencioso administrativo el que revise los planteos sobre la posible inconstitucionalidad de la denominada ley de modernización laboral. Se trata del fuero en el que se mantiene vigente un fuerte lobby sindical y que el Gobierno, a través de la reforma de la ley, pretende traspasar al ámbito porteño para quitarle poder e influencia. La posibilidad de desmantelar el fuero del trabajo es una de las principales preocupaciones de los sindicalistas. La estrategia judicial de la CGT es ejecutada por el abogado Pablo Arnaldo Topet, que se presentó el martes pasado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porque ese fuero se declaró competente para intervenir en el caso. Para la CGT, la maniobra de arrebatarle el expediente a la Justicia del Trabajo para enviarlo al fuero Contencioso Administrativo representa una violación a las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso adjetivo y una arbitrariedad manifiesta. El argumento de los abogados es que el derecho laboral exige la intervención de jueces especializados. En caso de que no prospere este planteo, en la CGT creen que deberá intervenir la Corte. Todavía restan algunos pasos por dar en esta batalla por la competencia, que también esconde una puja de intereses entre los magistrados. La resistencia sindical tuvo también eco en la Justicia laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, que suspendió 81 artículo de la ley, apeló ante la Cámara del Trabajo la decisión de los camaristas de la Sala VIII que dejaron en suspenso su fallo y volvieron a poner en vigencia la normativa. Ojeda pretende que los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, los firmantes de la medida que revirtió su fallo, se pronuncien nuevamente para evitar que el fuero contencioso administrativo se quede con el caso. Pero ni Pesino ni González estarían dispuestos a pelear para que sea su fuero el que finalmente resuelva la cuestión de fondo, según informaron fuentes judiciales a LA NACION. A través de Topet, la CGT busca la recusación de los dos camaristas. Impugna a Pesino con el argumento de "falta de imparcialidad" tras conocerse que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por 5 años (cumple 75 años en junio) apenas un día después de su fallo a favor del Gobierno. Se alega en la presentación judicial que recibió un "beneficio de importancia" del Estado Nacional.A González, en tanto, se la acusa de prejuzgamiento, al haber adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión al afirmar que los trabajadores no son "sectores socialmente vulnerables" y que sus derechos no son de "naturaleza alimentaria", según la presentación judicial que hizo la CGT.La CGT sostiene que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir con el argumento de que "ya había intervenido previamente en causas conexas (como el amparo de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica), por lo que debía concentrar todos los recursos del caso para asegurar la coherencia judicial". Además, el asesor legal de los gremios señaló que la sala "dictó su resolución con una "insólita premura", sin dar traslado a la CGT y "sin esperar a que se consintiera su radicación".La CGT alega que suspender la cautelar permite la vigencia de normas que cercenan derechos constitucionales (como la huelga y la libertad sindical) antes de que se dicte una sentencia definitiva, y pide la intervención de la Sala I para que resuelva sobre la nulidad y la validez de lo actuado.La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral(FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de "modernización laboral".Pero Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión, por lo que ley volvió a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría ser con la intervención de la Corte Suprema de Justicia.Para los camaristas González y Pesino, "la medida cautelar [de Ojeda] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida". Ese mismo argumento es el que creen en la CGT que utilizaría la Corte para dejar firma la reforma laboral de Milei.
Graciela Sosa aclara que no tiene "nada que festejar" porque nada le va a devolver a su hijo, pero cree que el crimen de Fernando "no será en vano".Con esta decisión judicial se mantienen las perpetuas para cuatro de los condenados y las penas de 15 años de cárcel para los tres partícipes secundarios.
Se trata de un robo de identidad en el que un tercero se hace pasar por el usuario y ante la poca seguridad de las compañías telefónicas, puede solicitar acceso al número y acceder a información personal
Los usuarios deben asegurar una reserva suficiente de agua y organizar su consumo mientras se mantenga la suspensión temporal del servicio
La decisión marca un giro en la relación de Honduras con los organismos regionales y que, según el Gobierno, responde a la pérdida de funcionalidad del tribunal y a la necesidad de redirigir más de 720 mil dólares anuales hacia prioridades nacionales.
Toma precauciones y conoce donde serán los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad
El máximo tribunal de Justicia declaró inconstitucional una parte de la Ley de Protección de Datos Personales, por "limitar excesiva e injustificadamente los derechos a la privacidad y a la autodeterminación informativa".
El riesgoso proceso al que se sometió el luchador de UFC.El protagonista del video es Carlos Prates, referente brasileño las artes marciales mixtas.
El presidente de la República profundizó sobre el supuesto desvío de recursos estatales por redes de corrupción atrincheradas que obstaculizan el destino legítimo
ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander
El alto tribunal concluyó que el ente acusador no justificó de manera suficiente la negativa de reconocer a las víctimas ni el acceso a información clave dentro de la investigación
El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el inicio de una nueva fase de trabajos en el entorno de la Autopista Dellepiane, fundamentales para la modernización y mejora de la conectividad vial. A partir del próximo martes 5 de mayo, los usuarios de esta importante arteria que conecta el centro porteño con la zona sur y la provincia de Buenos Aires deberán contemplar restricciones al tránsito debido a la ejecución de obras hidráulicas clave.Según el informe oficial, la afectación se localizará específicamente en la colectora Dellepiane Norte, en el tramo comprendido entre la Avenida Piedra Buena y la calle Los Olmos. Estos trabajos se enmarcan dentro del plan integral de renovación de la traza, una serie de intervenciones que buscan optimizar el drenaje y la seguridad vial de los miles de conductores que transitan diariamente por allí.La obra hidráulica, si bien necesaria, requerirá cortes parciales que obligarán a los automovilistas a planificar sus recorridos con antelación. Durante el período de intervención, las autoridades recomiendan estar atentos a la señalética colocada en el sector para evitar demoras innecesarias. Esta medida se suma a una extensa serie de intervenciones que transformaron la circulación en la zona durante los últimos meses y años, en el marco de un proyecto de gran escala que incluyó el despliegue de estructuras pesadas, montaje de vigas y demolición de puentes antiguos. El objetivo de fondo, según fuentes oficiales, es la modernización completa de la infraestructura, fecha estimada para la habilitación definitiva de nuevos nodos de cruce.Al analizar el cronograma de los meses precedentes, la Autopista Dellepiane experimentó numerosas modificaciones que alteraron la rutina de los usuarios. Recientemente, se realizaron cortes nocturnos intensivos con el fin de hormigonar los nuevos puentes vehiculares y peatonales instalados a la altura de la calle Río Negro. Durante aquellas jornadas, el tránsito hacia Ezeiza debió ser desviado obligatoriamente por la Avenida Argentina, para luego canalizarse a través de las avenidas Larrazábal y Eva Perón. Del mismo modo, el sentido hacia el centro capitalino sufrió cierres programados entre la General Paz y la Avenida Argentina, lo que forzó a los conductores a optar por rutas alternativas a través de la Avenida 27 de Febrero, la Autopista 7 Cámpora o el sistema de avenidas internas como Roca y Directorio.El historial de obras, que se remonta a finales del año pasado, incluyó intervenciones complejas como la demolición del antiguo Puente Río Negro, una obra que inició su proceso en diciembre de 2024 y que marcó un antes y un después en la circulación del área. Durante esas semanas, los cortes totales obligaron a implementar desvíos de gran envergadura, lo que derivó el tránsito de largo alcance hacia la Autopista Perito Moreno y la Avenida General Paz.Asimismo, el sector entre Murguiondo y Aquino, y los accesos de las calles Montiel y Piedrabuena, fueron escenarios de cierres totales que, durante extensos periodos, impidieron el ingreso y egreso de vehículos particulares, lo que también forzó la modificación de los recorridos de las líneas de colectivos 50, 56, 86, 101 y 117. La constante reparación de veredas, el ensanche de puentes como el de la Avenida Escalada y las tareas de piloteo bajo los puentes Murguiondo y Larrazábal fueron parte del día a día en este sector estratégico.La gestión de estas obras requirió un esfuerzo logístico coordinado con el transporte público, que tuvo alteradas sus paradas y paraderos temporales en múltiples ocasiones, lo que afectó a miles de pasajeros que dependen de las líneas 185, 80, 114, 180 y 193. A medida que avanza la modernización, el compromiso del gobierno porteño es mantener el flujo vehicular operativo a pesar de las restricciones parciales necesarias para finalizar cada fase del proyecto, con el objetivo de garantizar una infraestructura más moderna, segura y eficiente para todos los ciudadanos que utilizan la Autopista Dellepiane en su vida cotidiana.
Los ministros refrendan la legalidad del decreto y disponen que se analicen las posibilidades de ayuda económica
La compañía sugirió a los residentes verificar si su área se encuentra incluida entre los sectores involucrados y tomar las precauciones correspondientes
Las autoridades provinciales desplegaron fuerzas de seguridad e impidieron que se interrumpiera la circulación, garantizando el tránsito tras una manifestación con participación de comunidades originarias en la intersección de las rutas provinciales 3 y 4
La central obrera marchará desde las 15 contra la reforma laboral y la política económica del gobierno de Javier Milei.Seguí todas las novedades de la movilización en este minuto a minuto.
La decisión judicial abre espacio para nuevas prioridades en contratación y recursos docentes y siembra dudas sobre los mecanismos de devolución establecidos por el gobierno
ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander
Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal
El fallo establece que existen medidas para garantizar la igualdad procesal, brindando a cualquier parte afectada alternativas jurídicas
La Sala Plena adoptó la medida cautelar dentro del control automático del Decreto 0174 de 2026, mientras se estudia su constitucionalidad; tres magistrados presentaron salvamentos y aclaraciones de voto
El alto tribunal solicitó informes urgentes a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio de Hacienda tras conocer reportes sobre los recursos destinados a la atención durante 2026
La determinación obliga a reparar económicamente el perjuicio con la finalidad de evitar beneficios indebidos
Durante 34 horas, habitantes de varias zonas de la capital y Cundinamarca deberán tomar medidas ante la suspensión temporal del suministro
El Gobierno formalizó el nuevo contrato de concesión de AySA, una pieza clave para avanzar con la privatización. El nuevo marco introduce cambios de fondo en la forma en que se financia y se gestiona el servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El esquema insiste en los cortes por mora de usuarios residenciales, establece multas por falta de pago y fija un sistema de tarifas orientado a cubrir costos e inversiones, en línea con el objetivo oficial de eliminar subsidios.El texto, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por la empresa, tendrá una vigencia de 30 años, con posibilidad de una prórroga por otros 10, y reemplaza el esquema vigente desde 2010. La concesión mantiene el carácter de monopolio del servicio en el área regulada y, además, es gratuita, es decir, no prevé el pago de un canon al Estado. Esto implica que la rentabilidad del operador dependerá de los ingresos tarifarios."El cambio no es cosmético: es el marco jurídico que hace permanente la transformación", señaló el presidente de AySA, Alejo Maxit. Según explicó, desde 2024 la compañía ya cubre el 100% de sus costos operativos con facturación propia, sin aportes del Tesoro.En ese contexto, las tarifas ya venían de un proceso de fuerte recomposición. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la boleta de agua en el AMBA acumuló un aumento del 418% desde diciembre de 2023, en línea con la reducción de subsidios y el intento de llevar el servicio a un esquema autosustentable.En materia tarifaria, el contrato establece que durante el primer ciclo â??que se extenderá hasta 2031â?? no habrá revisiones integrales de precios, aunque se mantienen los mecanismos de actualización periódica y la posibilidad de aplicar revisiones extraordinarias ante cambios en los costos. El esquema parte de la premisa de que los ingresos tarifarios deben cubrir costos, inversiones y una rentabilidad sobre el capital, lo que apunta a garantizar la sustentabilidad económica del servicio.En paralelo, el Gobierno decidió moderar el ritmo de subas. Luego de un esquema con aumentos de hasta 4% mensual entre enero y abril, el nuevo tope será de hasta 3% mensual entre mayo y agosto, según informó la empresa. La medida apunta a sostener la adecuación tarifaria "de manera gradual y controlada", acompañar la evolución de los costos y dar previsibilidad a la ejecución de obras.Uno de los cambios más sensibles para los usuarios es el endurecimiento del régimen de cobro. El contrato habilita de manera explícita el corte del servicio por falta de pago cuando la mora supere los 60 días corridos para los usuarios residenciales y los 15 días corridos para los no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura. Además, prevé el cobro de cargos por aviso de corte, corte, reconexión e inspecciones posteriores, y permite aplicar cortes sucesivos si la deuda no se regulariza o si se viola la suspensión del servicio.El endurecimiento del régimen de cobro se inscribe además en un cambio previo del marco regulatorio. A través del DNU 493/2025, el Gobierno había habilitado por primera vez la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago a usuarios residenciales, una facultad que hasta entonces estaba limitada a usuarios no residenciales y que, en el caso de los hogares, solo permitía la restricción del suministro pero no su interrupción total.Sin embargo, esa modificación se encuentra actualmente suspendida por una medida cautelar de la Justicia Federal, que ordenó dejar sin efecto la aplicación de ese régimen para inmuebles residenciales, en especial cuando se trate de viviendas habitadas por personas en situación de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad.El nuevo contrato también establece recargos -o multas- por mora. Para todos los usuarios se aplicará un recargo resarcitorio equivalente a la tasa activa del Banco Nación a 30 días, que se incrementará en un 50% para los usuarios no residenciales. Además, se sumarán recargos punitorios: del 5% para residenciales y baldíos después del primer mes de mora, y de entre 5% y 10% para no residenciales, según el plazo de atraso. También se prevén recargos adicionales si la empresa inicia gestiones de cobranza por apoderado o por vía judicial.La formalización del contrato se realizó a través de una resolución del Ministerio de Economía y se inscribe en el proceso de reorganización del sector iniciado tras la aprobación de la Ley Bases, que declaró a AySA sujeta a privatización. El nuevo marco era una condición previa para avanzar con la venta del paquete accionario estatal, ya que fija reglas más claras sobre tarifas, inversiones y obligaciones del operador.En ese sentido, el esquema prevé la incorporación de un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional. La intención oficial es vender el paquete mayoritario en manos del Estado â??con al menos el 51% del capitalâ?? a un inversor con capacidad técnica y financiera, mientras que el remanente podría colocarse en el mercado de capitales en una etapa posterior. En paralelo, se mantendría el 10% del capital en manos de los trabajadores.El diseño del contrato apunta justamente a reducir el riesgo regulatorio y mejorar el atractivo del activo de cara a la licitación. El esquema combina el monopolio del servicio, reglas tarifarias más claras, financiamiento de inversiones vía tarifa y menor discrecionalidad en la fijación de precios, factores que podrían incidir en la valuación de la compañía.El nuevo modelo también redefine el financiamiento de las obras. Las inversiones necesarias para expandir y mantener la red â??incluidas en planes quinquenales obligatoriosâ?? podrán ser incorporadas a la tarifa. Esto implica que una mayor cobertura o mejoras en la infraestructura tendrán impacto directo en la factura de los usuarios, en un contexto en el que el sistema presenta desafíos estructurales: cerca del 28% de la red de agua y el 50% de los sistemas cloacales se encuentran obsoletos y más del 40% del agua producida no se registra o se pierde.El cambio llega después de un período de fuerte ajuste en la empresa. En 2024, AySA registró superávit por primera vez en más de una década y en 2025 cerró con un saldo positivo de $237.000 millones, al tiempo que redujo su deuda en un 85%. Las transferencias del Tesoro pasaron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, concentradas exclusivamente en obras. La dotación de personal, en tanto, se redujo un 22%, de 7790 empleados a 6069.En los hechos, el nuevo contrato redefine el vínculo entre el usuario, el Estado y el servicio: el costo deja de estar socializado vía subsidios y pasa a concentrarse en la tarifa, en un esquema que busca asegurar la sostenibilidad económica de la concesión y preparar el terreno para la entrada de capital privado. El Gobierno espera sumar cerca de US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda.
La decisión, adoptada por mayoría en Sala Plena, frena temporalmente el recaudo previsto para mayo de 2026 mientras se emite un fallo definitivo sobre la legalidad de la medida tributaria
Capital Humano busca revertir el fallo que la habilitó a la doble pensión.
Las colectivas advirtieron que sigue pendiente el acceso pleno al aborto y libre de estigma a pesar de los cambios judiciales
En el marco de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, se dispuso un operativo especial de seguridad en los alrededores del Congreso que incluye cortes de tránsito y accesos restringidos.Según informaron fuentes oficiales, el dispositivo contempla vallados y bloqueos totales o parciales en distintas calles que rodean el Palacio Legislativo, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el ingreso del personal acreditado.Calles cortadas y puntos afectadosLas intersecciones alcanzadas por el operativo:Av. Entre Ríos y AlsinaAv. Rivadavia y CallaoAv. Rivadavia y AyacuchoCombate de los Pozos y AlsinaEn estos puntos se registran restricciones a la circulación vehicular, con presencia de personal de seguridad y desvíos en la zona.Accesos habilitados para personalAdemás, se establecieron ingresos y egresos específicos para quienes cuentan con autorización:Riobamba y Bartolomé Mitre: acceso y salida peatonal, además de cocherasSarandí e Hipólito Yrigoyen: salida peatonalEl esquema fue diseñado por la Dirección de Seguridad y Control de la Cámara de Diputados y se mantendrá durante el desarrollo de la actividad en el recinto.
Una familia reclamó por daños materiales y morales tras las interrupciones sufridas entre 2021 y 2024. Aunque se probó que el servicio falló, la Cámara Federal confirmó la desestimación del reclamo y obligó a los usuarios a pagar los gastos judiciales. Un fallo que define criterios para exigir un resarcimiento
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La Sala Plena concluyó que no se acreditó un interés directo que comprometiera la imparcialidad de los togados en el análisis de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno
Un fallo reciente ordena que no se apliquen sanciones penales a quienes practican interrupciones voluntarias del embarazo en el estado
El tribunal declaró procedente que menores afiliados reciban cobertura para dispositivos de salud
"Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante", planteó el presidente, Sergio Torres, en la presentación de un proyecto de ley que busca la autarquía del Poder Judicial, otra demanda hacia el Poder Ejecutivo y Legislativo
LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos reclamó a Axel Kicillof la cubertura de cuatro cargos vacantes en el máximo Tribunal al presentar hoy un proyecto de autarquía que será elevado a la Legislatura.La Corte de la provincia tiene sólo tres miembros: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, que está en la presidencia y que estuvo a cargo de la presentación del proyecto de autarquía que será enviado a la Legislatura.El procurador General Julio Conte Grand asistió también a la presentación que se realizó en el Palacio de Tribunales ante miembros del Poder Judicial. En un discurso sin precedentes, en el que se señaló la extrema gravedad institucional, Torres denunció: "Los ministros de este Tribunal debiéramos ser siete. Este Tribunal de encuentra inéditamente desintegrado".Ante magistrados, camaristas, abogados y representantes del ministerio público, Torres reclamó por la cobertura de las cuatro vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia. "Una Corte incompleta limita la capacidad de conducción. Postergar las designaciones es debilitar el sistema", exhortó Torres. En ese marc reclamó tanto a Kicillof como al Senado a que se "aboquen a la urgente cobertura de las vacantes".Los postulantes deben ser propuestos por el gobernador Axel Kicillof ante el Senado bonaerense. Pero el trámite se dilata dado que el mandatario no tiene dos tercios de los votos suficientes para imponer a sus candidatos."La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor. Es una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del poder judicial y el ejercicio pleno de las competencias de la Constitución", señaló Torres.El juez argumentó que el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación crítica. Pero recordó que aún falta cubrir más de 200 vacantes en distintos lugares del Poder Judicial del distrito bonaerense. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires está incompleta hace más de seis años. Desde entonces se acumularon cuatro vacantes. La última se generó en 2024, con la renuncia de Luis Genoud.Torres recordó que hay un plazo de quince días para postular reemplazos desde que la vacancia ocurrió."El mandataron inconstitucional fue desoído acumulando incumplimientos", apuntó. "La cobertura de vacantes en el Superior Tribunal no debe ser una cuestión diferible ni accesoria", reclamó Torres. "Es indispensable", completó.En el mismo acto anunció que se elevará un proyecto a la Legislatura para lograr la autarquía financiera y funcional del Poder Ejecutivo.
El presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, advirtió que llevan más de 2.200 días con el tribunal incompleto y acumularon 152 incumplimientos constitucionales.
El alto tribunal concluyó que la SIC no permitió una prueba clave para la defensa. El caso vuelve a etapa probatoria y la multa queda sin efecto por ahora
Plus Energía recomendó a los usuarios tomar precauciones, desconectar equipos eléctricos y mantenerse informados ante posibles cambios en el cronograma de cortes
El sistema de gas natural empezó a mostrar sus primeras señales de tensión con la llegada de las bajas temperaturas. Las distribuidoras Metrogas y Naturgy activaron desde este martes a las 6 limitaciones en el suministro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que alcanzan a estaciones de GNC y empresas.La medida recae sobre usuarios con contratos interrumpibles â??más económicos, pero sin garantía de abastecimiento en picos de demandaâ??, un mecanismo habitual del sistema para priorizar el consumo residencial en los días de mayor frío. Así lo confirmaron a LA NACIÓN fuentes privadas y del Gobierno.Desde Metrogas, la principal distribuidora del AMBA y del país, lo ratificaron: "Se restringió el suministro interrumpible a empresas y GNC por la suba de la demanda ante las bajas temperaturas". "No significa que se queden sin gas. El contrato en firme lo siguen teniendo", agregaron.En el sector añadieron que no hay un plazo definido para normalizar la situación, ya que depende de la evolución del clima y de la presión en los gasoductos.Desde el Gobierno explicaron que la medida responde a un patrón estacional. "Con las bajas temperaturas, sube fuerte el consumo residencial. Es algo normal: se cortan los contratos interrumpibles, que justamente son más baratos por eso", indicaron fuentes oficiales. La clave está en el clima: cada descenso abrupto dispara la demanda â??sobre todo en calefacciónâ?? y tensiona el sistema en cuestión de horas, por lo que las restricciones pueden activarse y levantarse con rapidez.En el sector señalan que, si se confirma el pronóstico de una suba de temperaturas en los próximos días, la presión del sistema podría recuperarse y permitir una normalización progresiva del suministro.Detrás de estos episodios hay un factor estructural. Aunque la producción local creció fuerte en los últimos años, especialmente en Vaca Muerta, el problema no es solo de oferta, sino de transporte. En los días de mayor frío, los gasoductos operan al límite de su capacidad y la presión del sistema cae, lo que obliga a priorizar la inyección hacia hogares por sobre otros consumos. Es un fenómeno recurrente: incluso con más gas disponible en boca de pozo, la infraestructura no siempre alcanza para trasladarlo a los centros urbanos en picos de demanda.El orden de cortes sigue una lógica estricta. Primero se restringen los contratos interrumpibles, como el GNC y parte de la industria. Luego pueden aplicarse recortes sobre consumos firmes con ventana, que permiten interrupciones parciales y programadas. Recién en escenarios extremos se afecta la demanda prioritaria â??hogares, hospitales y escuelasâ??, una instancia que el sistema busca evitar. El año pasado hubo cortes a hogares en gran parte de Mar del Plata.Esa limitación es la que obliga todos los años a complementar la oferta local con importaciones de gas natural licuado (GNL), un recurso más caro que se utiliza para cubrir esos picos estacionales. En los meses más fríos, el gas importado no reemplaza la producción local, sino que actúa como una válvula de alivio para evitar cortes más profundos.En ese contexto, el Gobierno ya definió que la estatal Enarsa volverá a concentrar este año la importación de GNL, en lugar de delegarla en un operador privado, como estaba previsto. La decisión, adelantada por LA NACION, estuvo atravesada por la volatilidad de los precios internacionales tras la guerra en Medio Oriente y por la necesidad de evitar un impacto mayor en tarifas.En paralelo, la compañía avanzó en los últimos días con la licitación de los primeros cargamentos para mayo, en un proceso que el mercado seguirá de cerca para evaluar qué precios deberá convalidar la Argentina en plena temporada alta. En el sector anticipan que, como todos los años, el grueso de las compras se concentrará entre junio y julio, cuando el sistema opera al límite.Por eso, lo que ocurre en estos días funciona como un anticipo de la dinámica invernal. Con temperaturas todavía moderadas, el sistema ya recurre a sus mecanismos de ajuste más flexibles. El desafío será sostener el abastecimiento cuando lleguen las semanas de mayor frío, con un mercado internacional más volátil y un calendario de importaciones que recién empieza a definirse.