corrupción

Petro habló de corrupción en la Rama Judicial ante libertad de Carlos Mattos: propuso una "asamblea nacional constituyente"

El expresidente de Hyundai Colombia fue condenado por el delito de cohecho por dar u ofrecer. El 20 de abril de 2026, una jueza de Ejecución de Penas le otorgó al libertad condicional

La justicia de Colombia ordenó la liberación de Carlos Mattos, empresario de Hyundai Colombia ligado a actos de corrupción

El empresario condenado por corrupción judicial depende aún de la verificación de las autoridades sobre posibles causas abiertas o nuevos impedimentos para recuperar su libertad

Polémica por presencia del expresidente ecuatoriano Rafael Correa en foro económico del Gobierno Petro: "Prófugo delincuente condenado por corrupción"

La presencia de un exmandatario extranjero con antecedentes judiciales avivó el debate sobre la legitimidad y el mensaje institucional del evento regional

El Gobierno podría reconfigurar la Cámara Federal porteña, clave para los casos de corrupción

El Gobierno enfrenta la chance de moldear la estratégica Cámara Federal porteña, un tribunal intermedio que interviene en todos los casos de corrupción, ya sea para confirmar sus avances y dejarlos llegar a juicio oral, o para frenarlos y evitar que continúen los procesos.La Cámara Federal tiene dos salas de tres jueces cada una y ahora está ante la posibilidad de que se generen tres vacantes para elegir tres nuevos magistrados encargados de decidir en los casos más sensibles, tanto para la gestión actual como para el kirchnerismo.Según deslizaron fuentes judiciales, los jueces en situación de fragilidad son Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integran el tribunal junto a Mariano Llorens, Roberto Boico y Eduardo Farah.Esta posibilidad se da porque un camarista histórico de la Cámara Federal, Martín Irurzun, cumplirá 75 años el 18 de julio. A esa edad los jueces deben dejar su cargo, según la Constitución Nacional, excepto que consigan un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más.Irurzun pidió hace un año y medio al Ministerio de Justicia que envíe su pliego al Senado para obtener un nuevo acuerdo por cinco años. Pero desde entonces el expediente no se movió. Está congelado.En el medio cambiaron las autoridades del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques, y el viceministro Sebastián Amerio por Santiago Viola.Con ello cambió el eje de poder sobre la Justicia, que pasó del asesor Santiago Caputo, que incidía en esa área, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, quien está actualmente tomando las decisiones de la gestión judicial mediante Mahiques y Viola.La renovación del acuerdo del Senado a Irurzun quedó atrapada en la interna Caputo-Karina, pues en este sector interpretan que el camarista está ligado al juez Ariel Lijo, que compite con el ministro Mahiques por el cargo de la Procuración General de la Nación.La lógica por la que el pliego quedó congelado, dicen en los tribunales federales, se relaciona con que el karinismo asocia a Irurzun con Lijo y Santiago Caputo, y por eso obtura su continuidad.En el Gobierno â??no obstanteâ?? dijeron a LA NACION que no hay una decisión tomada sobre Irurzun y que elevar su pliego al Senado "está a estudio" y que "todavía hay tiempo".Irurzun lleva 32 años como juez de la Cámara Federal; ingresó en tribunales en 1972 y fue el autor de numerosos fallos que sentaron las bases de cambios sustanciales en la forma de interpretar las leyes.Por ejemplo, firmó sentencias en defensa del derecho a la verdad de las víctimas para avanzar con las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos, cuando los indultos impedían seguir adelante.También fue uno de los impulsores de la doctrina que negaba las excarcelaciones de los exfuncionarios acusados de corrupción, al sostener que ostentaban un poder residual que les permitía hacer desaparecer evidencias o intimidar testigos.Irurzun fue presidente de la Cámara Federal durante años y dejó su impronta en la gestión del tribunal y se referenció con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. A coro, altos referentes de los tribunales se reunieron con funcionarios de la Casa Rosada para pedir por Irurzun. Desde altos magistrados hasta camaristas y jueces de primera instancia recorrieron los pasillos del poder. Muchos de los que lo trataron desde los años 90 en Comodoro Py 2002 llevaron su reclamo a oídos del Gobierno. Por ahora, sin éxito. Pero a ninguno le dijeron que el pliego no iba a prosperar, según cuentan los más optimistas.El padre del ministroEl caso de Irurzun es bien diferente al del camarista de Casación Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia y cercano al ala karinista del Gobierno. El pliego del juez Mahiques salió desde el Ministerio de Justicia al Senado, que le dio entrada y la semana pasada ya tuvo su audiencia en Comisión. Allí se aprobó el dictamen para darle nuevo acuerdo y solo resta que ahora se vote en los próximos días para que el camarista siga en el cargo cinco años más.Nada de este proceso comenzó para Irurzun. El recorrido demanda que el Poder Ejecutivo decida publicar sus antecedentes, que se abra un período de adhesiones e impugnaciones y finalmente que se decida enviar el pliego al Senado. Debería convocarse el cuerpo para darle ingreso, luego de una semana tratarlo en Comisión y, si obtiene dictamen, pasarlo al recinto para su votación.Si el proceso no se inicia en los próximos 15 días, no hay tiempo material para que se dé la renovación de su acuerdo, calculan en los tribunales.Pero no está dicha la última palabra. Irurzun, en la Sala II junto con Roberto Boico, tiene causas sensibles, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) donde está procesado el exfuncionario Diego Spagnuolo, luego de que se revelaran audios en los que el exabogado de Milei mencionaba supuestos retornos dirigidos a Karina Milei. Si llega el 18 de julio e Irurzun no obtuvo acuerdo, debería dejar su cargo para acogerse a la jubilación y quedaría su cargo vacante en la Sala II de la Cámara Federal.Bruglia y BertuzziEn la Cámara Federal hay otros dos cargos que están en una situación frágil. Son los que ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde otros tribunales a sus cargos en la Cámara Federal. La Corte dijo en un fallo que se debían hacer concursos para elegir jueces definitivos que ocupen los cargos de todos los jueces trasladados.Pero los concursos no se hicieron, excepto el de Bruglia y Bertuzzi. Ambos fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con su reclamo, denunciando que el Estado argentino solo busca removerlos y que está en riesgo su estabilidad como magistrados y su independencia. El Gobierno (en la gestión de Cúneo Libarona) se avino a intentar una solución amistosa y cerrar el asunto, sin mayores consecuencias para el Estado argentino. Pero ese intento de solución amistosa se abortó. Ahora, con la dupla Mahiques-Viola en el Ministerio de Justicia, se multiplicaron los rumores acerca de que se busca acelerar el concurso para reemplazar a estos jueces.En el Gobierno afirmaron que el concurso está avanzado. "El concurso está en el Consejo de la Magistratura, en etapa de definición. Se habían elevado en los últimos dos años tres o cuatros propuestas de orden de mérito definitivo pero no se consiguieron los votos", dijo una fuente oficial a LA NACION.En los tribunales creen que la historia previa que hay entre Bruglia, Bertuzzi y el ahora viceministro Viola ayuda a acelerar los tiempos para forzar la salida de los camaristas.Es que Bruglia y Bertuzzi confirmaron el procesamiento del entonces abogado Viola, acusado de armar testigos falsos para perjudicar al juez Sebastián Casanello e inventar que el magistrado visitaba a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos.Los testigos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en un juicio abreviado donde admitieron que mintieron para perjudicar a Casanello. Corizzo admitió ante el fiscal Carlos Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola. Viola fue luego sobreseído por esas acusaciones por la Cámara Federal de Casación, por un fallo de los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.Toda esta historia no ayuda a las aspiraciones de Bruglia y Bertuzzi de permanecer en sus cargos. De avanzar este concurso y en caso de que no se le dé un nuevo acuerdo a Irurzun, es probable que el Gobierno tenga entonces tres vacantes en la estratégica Cámara Federal para ocupar con candidatos afines o los que negocie con la oposición.

Prófugo Vladimir Cerrón amenaza a su amigo José Balcázar por aviones F-16: "Si firma contrato, será encausado (por corrupción)"

El líder de Perú Libre lanzó una advertencia pública al presidente interino por la posible adquisición de aeronaves estadounidenses. "Lo correcto es la nulidad", afirmó

Toma forma el plan privatizador de rutas de Milei con un festín para los empresarios acusados de corrupción en la obra pública

Ya se entregó un corredor vial, se viene la adjudicación de dos más en pocos días y en los escritorios de las constructoras se escriben los números para ofrecer por otros tantos. Así se completará el primer paquete de 9000 kilómetros de rutas nacionales que manejará el sector privado a cambio de cobrar peaje. Y, pese a que no esté terminada, esta primera etapa permite visualizar un común denominador: el histórico "club de la obra pública" se quedará con una caja millonaria alrededor de los peajes hasta alrededor de 2050.Sucede que los procesos licitatorios libertarios no incluyeron en ninguna parte de los pliegos algún tipo de requisito como para que las empresas participantes presenten antecedentes de buena conducta o algún plan de apertura de números de la concesión. Además, hay un artículo que se impuso por lobby de las constructoras y que no era de la partida cuando empezó el asunto: se requería que haya una empresa constructora en el consorcio con experiencia en obra pública, cosa de que no aparezca alguna de afuera del sector y rompa aquella onerosa cofradía.En estos días hubo novedades en la Etapa II, que incluye dos corredores que se entregarán a concesión y que suman 1800 kilómetros. Se trata del Tramo Sur (rutas 3, 205, un tramo de la 226 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas) y el Tramo Pampa (ruta 5 entre Luján y Santa Rosa, La Pampa). Allí el Gobierno desestimó varias ofertas y decidió cuál era el lote de las que siguen en camino. Entre las ofertas precalificadas para el tramo que corre sobre la ruta 5 aparecen Vial Agro-Fontana Nicastro; CN Sapag-Víctor M. Contreras; Merco Vial-Lemiro Pietroboni; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; CPC-Clear Petroleum y Construcciones del Oeste. De este lote, solamente la última no está en la causa Cuadernos. Las demás todas tienen algún ejecutivo en el banquillo de los acusados. Una situación particular. Una de las calificadas es la empresa CPC, la constructora de Cristóbal López. En el dictamen de la Comisión Evaluadora que firma Enrique Juan Eiras, un ingeniero civil que es asesor de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, surge que le preguntaron a un juzgado comercial por el estado del concurso preventivo de la firma. Sin embargo, parece que no se chequearon los antecedentes de la empresa con Vialidad, ya que acumula rescisiones contractuales (le quitaron la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas por retener una tasa vial que se cobraba con el peaje) y cancelaron varios contratos de obra pública por incumplimiento, como el de la ruta 3. Ahora, López y los suyos fueron calificados para manejar el peaje de un corredor en el que tienen una obra, la construcción de una autovía de 30 kilómetros entre Mercedes y Suipacha. Sucede que ese tramo está paralizado, con fuertes atrasos y con alguna discusión con Vialidad Nacional por los pagos y la calidad de la construcción. Pero ninguno de esos antecedentes fue calificado y CPC está habilitada para competir.Tanto en el Gobierno como entre las que compiten con la firma de López saben que seguramente tendrá muchas chances de quedarse con el corredor. Es que el modus operandi de la compañía es entregar una oferta económica muy por debajo de lo rentable. Apuesta a que, una vez que esté el contrato firmado y el manejo de la caja, siempre es posible negociar desde adentro con Vialidad o con el contralor. Viejos vicios con los que manejó las concesiones y la construcción de la obra pública en épocas kirchneristas.El otro tramo, el llamado Sur, que comprende las rutas 226, 3 y la atractiva autopista Ezeiza-Cañuelas, también tiene algunas particularidades. Allí hay jugadores similares. Vial Agro-Fontana Nicastro; Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco; CPC-Clear Petroleum y Construcciones del Oeste se repiten en los dos concursos. A ellos se suman Benito Roggio-José Chediack y Panedile-Supercemento-Eleprint. Como en el corredor Pampa, el consorcio que integra Construcciones del Oeste, que es acompañada por la empresa Creditech, es la única que no está en la causa Cuadernos. En los otros consorcios hay algunos dueños o directivos que están imputados, varios de los cuales son confesos de haber pagado coimas.En el Gobierno no están cómodos con esta selección de oferentes. Tenían idea de que vendrían empresas de otros rubros, interesadas en que mejore un determinado corredor. Por caso, se ilusionaban con petroleras, mineras, agropecuarias, logísticas o grandes compañías que vean en la mejora de una ruta un beneficio extra en su actividad. Pero no hubo caso. La cláusula en los pliegos de que los consorcios debían integrarse con una constructora con experiencia en obra pública vial que participe al menos en 30% de la sociedad no generó atractivo en esas compañías. Ese requisito, justamente, fue el que usó la comisión para descalificar a una oferente que se había convertido en una piedra en el zapato. Se trata de Aubasa, la compañía estatal bonaerense que maneja el gobernador Axel Kicillof a través de Luis Ceriani, el expresidente de Aerolíneas Argentinas en épocas de Alberto Fernández.La firma que administra los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata, la ruta 2 a Mar del Plata y el corredor interbalneario había hecho una oferta. Pero la comisión la dejó afuera de la contienda.El Gobierno sostuvo que Aubasa no pudo acreditar experiencia en la ejecución directa de obras viales. La documentación presentada demostró que la empresa actuó como "comitente" (quien contrata a otros para construir) y no como el contratista principal que realiza materialmente los trabajos. El Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) exige haber realizado las obras por sí mismo para demostrar la "expertise y sapiencia" necesarias para proyectos de gran envergadura. La participación indirecta o subcontratación no se considera válida para este fin.El requisito de la construcción directa parece, al menos, algo exagerado. Sucede que las obras que se requieren son básicas, ya que se reducen a bacheo, corte de pasto, mantenimiento y administración del peaje. No hay proyectos de ingeniería complejos ni obras viales importantes que requieran gran infraestructura o conocimiento específico. De hecho, la poca exigencia de obras es el gran punto débil del sistema que implementa el Gobierno. Como se dijo, hay cierta incomodidad entre los funcionarios que tienen que adjudicar. Ya pasó con el corredor del Mercosur, compuesto por las rutas 12 y 14, y con el puente Rosario-Victoria. Cartellone, adjudicatario del primero, y el consorcio que integran Pitón, Obring, Rovial, Edeca y Pietroboni tienen una particularidad: varios de los dueños de esas empresas tendrán que dividir sus tiempos entre la justicia federal con las audiencias de Cuadernos y el arreglo de los baches en las rutas. Por caso, en estos días se pueden ver las camionetas de la empresa Pitón en la concesión, a la vera de los arreglos básicos que se hacen a los corredores. En ese mismo tiempo, Daniel Pitón, uno de los dueños, declaró en la causa Cuadernos. El hombre se arrepintió de haberse arrepentido en la audiencia de la semana pasada. Dijo que entonces, allá en 2018, cuando confesó haber pagado coimas, tenía miedo de ir preso. Semejante argumento podría ser esgrimido por cualquier persona de todo el planeta involucrada en una causa penal, ya que, justamente, el derecho penal tiene como elemento constitutivo la administración de penas y la pérdida de la libertad como la más relevante.Ahora Pitón tiene otras urgencias y ya nada lo apremia. Sin temor de ir preso, prefiere decir que tenía temor entonces y que decidió mentir. Eso sí, no aceptó preguntas de nadie. Mientras tanto, ganó una licitación hasta 2056 para manejar un corredor y cobrar peaje.

Nueva encuesta con dos datos incómodos para Milei: Bullrich puntera y ranking de corrupción

Es el último estudio nacional de Jorge Giacobbe, uno de los consultores más polémicos. Midió las imágenes de cuatro oficialistas y cuatro opositores. Y preguntó por los gobiernos más corruptos desde la vuelta de la democracia.

Roberto Sánchez enfrenta denuncia constitucional por delitos de corrupción cuando lideró el Mincetur: Fiscalía presentó acusación

El caso involucra presuntos acuerdos irregulares entre altos funcionarios durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, reseña OjoPúblico. Entre los implicados figura además el congresista Guido Bellido

Corrupción en la AFA: más de una docena de autos de las empresas de Toviggino estaban en la mansión de Pilar

Así surge de una comparación entre el dictamen del fiscal de Santiago de Estero, que encontró 145 vehículos y los secuestrados en la mansión. Entre ellos la famosa camioneta con la que fue a tribunales. Es otro vínculo que une al tesorero de la AFA con el inmueble valuado en 17 millones de dólares.

El Consejo de la Magistratura analizará si cita a declarar a dos jueces federales investigados por corrupción y abusos

Uno de los casos es el de Gastón Salmain quien, si fuera destituido debería ser detenido. También se votará la citación a Alejandro Maraniello, el magistrado que censuró la difusión de audios atribuidos a Karina Milei

Feijóo asegura que "los récords en corrupción, deuda e impuestos" del Gobierno "han pasado por el Ministerio de Montero"

Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

Claudia López y Leonardo Huerta presentan su plan de gobierno centrado en la lucha contra la corrupción y la polarización política

En diálogo con Infobae Colombia, la fórmula detalló su hoja de ruta, que prioriza la creación de una fiscalía antimafia, un tribunal de aforados, la recuperación del sistema de salud y el impulso de políticas de empleo, educación y acceso a la justicia para la ciudadanía

Corrupción "artesanal" y la crisis de la clase media

El poder económico es indulgente con el caso Adorni, pero lo evalúa como un problema más en el cóctel recesivo. El regreso de los remarcadores y el diario de Yrigoyen para empleados del Estado.

"Sherpas del dinero negro": cómo operan los "facilitadores profesionales" detrás del lavado y la corrupción

El funcionario que sabe de trampas suele salir impune. El que no sabe que no sabe, va preso. Y el que sabe que no sabe, acude a los "facilitadores profesionales". Contadores, abogados, financistas, empresarios, escribanos y otros expertos en el opaco arte de ocultar el origen y los movimientos de fondos ilícitos. Son los "sherpas" de la corrupción, la evasión y el lavado de activos. Algunos de esos "facilitadores profesionales" son conocidos e, incluso, han confesado sus crímenes. Como el financista Ernesto Clarens, clave para entender el trasiego de fortunas en efectivo durante el kirchnerismo. O el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares. O el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, que incluso articuló la cartelización del sector y el pago de sobornos. O el español Manuel Vázquez, quien le explicó a su socio en un correo electrónico que debían coordinar toda la operatoria paralela, de principio a fin, para beneficio del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de ellos: "Antes que nada quiero que tengas presente algo que creo que te he repetido en diferentes ocasiones: nuestro mandante y su séquito cercano son pueblerinos", le aclaró, "y aunque no parezca creíble: no saben cómo hacer esto". En sentido estricto, "facilitadores profesionales" son aquellos que "ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros", de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sea con estructuras offshore, fideicomisos y testaferros o circuitos informales de transferencia de valor. Pero en sentido amplio, también abarca, por ejemplo, a los "cueveros" que ayudan a mover fortunas por el circuito negro. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene, incluso, tipologías específicas sobre este fenómeno â??que denomina "professional money laundering"â?? y en sus evaluaciones mutuas más recientes ha señalado a la Argentina por la debilidad en la persecución de estos actores, pese a que la normativa local los alcanza: la Resolución UIF 156/2018 y sus actualizaciones imponen a contadores, escribanos y abogados la obligación de reportar operaciones sospechosas como "sujetos obligados". La Justicia investiga ahora, por ejemplo, si Orlando Rodolfo Mellino es un ejemplo de este tipo singular de "sherpas" o es solo un "pasamanos". Jubilado de 75 años, recibió más de US$ 1 millón en activos digitales de Hayden Davis el 30 de enero de 2025, apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en X que el estadounidense lo estaba "asesorando" en temas de blockchain junto a una "selfie" juntos. Y Mellino los transfirió a otras cuentas aún no identificadas. Miguel Ángel Calvete es otro ejemplo, con otro perfil. Dentro y alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se movió con dos sombreros simultáneos, según dictaminó el fiscal federal Franco Picardi. Actuó "como articulador de las adjudicaciones y beneficiario directo de los retornos derivados de las contrataciones" y se encargó de explicarles a los funcionarios cómo era el circuito ilegal, además de entregarles sumas de dinero, como al entonces titular de la agencia -y abogado particular de Milei-, Diego Spagnuolo. La mayoría de los "sherpas", sin embargo, niega un malhacer. Remarcan que se limitan a proveer servicios y que si alguien cometió un delito, fueron sus clientes, no ellos. Lo argumentó Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que antes prestó servicios para clientes que terminaron condenados por narcotráfico. Y lo mismo argumentó otro escribano, Juan Bautista Derrasaga, cuya firma aparece en la creación de sociedades "pantalla" vinculadas al Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y los Panamá Papers, con analfabetos y desocupados como parte de la maniobra, según distintas investigaciones judiciales y periodísticas. Ciertas empresas o bancos también prestan esa asistencia profesional. Como la filial en la Argentina del banco BNP Paribas, que montó una "cueva" en Alem y Córdoba para fugar del país dinero de sus clientes, según reconstruyó el juez Osvaldo Rappa. O HSBC, como expuso el filtrador o "whistleblower" Hervé Falciani. O el gigante brasileño Odebrecht, que compró la filial en Antigua y Barbuda del banco Meinl Bank para sus tropelías y las de los sobornados. O el JP Morgan, según reveló el otrora ejecutivo de ese banco, Hernán Arbizu. Otro "facilitador profesional" argentino que terminó contra las cuerdas en Estados Unidos fue el exCEO de Torneos, Alejandro Burzaco. "Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos, accionista directo en 2005 hasta 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen", resumió ante una Corte federal de Nueva York, a fines de 2017. Algunos profesionales tienen recorridos más turbulentos. La escribana Ana Cristina Palesa, por ejemplo, figura en la trama de Lázaro Báez y su familia, y antes apareció en otras causas criminales. Por ejemplo, "en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore", según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión a un condenado en la megacausa "Carbón Blanco", una de las mayores investigaciones por narcotráfico del país. El juez federal Sebastián Casanello es uno de los magistrados que más ha intentado avanzar sobre estos "sherpas", con suerte dispar. Además de procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, uno de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el lavado de cerca de US$ 1,5 millón a través de Uruguay, avanzó contra dos operadores financieros uruguayos, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, y los argentinos Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro. Sin embargo, tanto en el caso de Palesa, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que el trabajo que realizaron "no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas". En otras palabras, impusieron un estándar complejo: para condenar a un facilitador no bastaría con probar que estructuró una operación ilícita, sino que conocía el destino criminal de los fondos y actuó con dolo directo. Ese nudo gordiano -demostrar que sabían exactamente lo que hacían- es, en la práctica, el mayor escudo de los "sherpas". "No es responsabilidad nuestra" Ese fue el planteo exculpatorio del abogado de Derrasaga cuando lo consultó LA NACION. "Derrasaga se dedica a armar esqueletos societarios de acuerdo al marco jurídico establecido por la ley para que las empresas puedan funcionar", afirmó el letrado Adrián Rodríguez Díaz. Su cliente, remarcó, actuó "a requerimiento de personas que cuentan con el capital [para conformar una sociedad] y en base los requisitos legales para hacerlo". Por ese motivo, adujo, el escribano pudo "perfectamente no saber quiénes son las personas que van a usar esas empresas y cómo van a usarlas". Ese argumento es habitual entre los "facilitadores profesionales" cuando sus nombres salen a la superficie. "Nosotros vendemos sociedades vírgenes, sin movimientos, como los fabricantes de autos. Después, qué hace cada uno con el auto, si matan a alguien o salen campeones de una carrera, no es responsabilidad nuestra", argumentó otro contador uruguayo, Fernando Castagno Schickendantz, ante la consulta de LA NACION, en 2012, en plena investigación del "caso Ciccone". La prestación de estos servicios, cabe aclarar, atraviesa distintos gobiernos y signos políticos. Puede atestiguarlo el estudio contable uruguayo de la familia Macri, Lussich Torrendel y Asociados, que junto al buffet panameño Mossack Fonseca participó en la creación y gestión de la sociedad offshore BF Corporation, que derivó en un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por el UBS Deutschland y analizado por la Fiscalía de Hamburgo. ¿Por qué? Porque requirieron el traspaso de fondos que no habrían sido debidamente justificados al banco suizo J Safra Sarasin y proceder "a destruir toda la documentación" vinculada a esa cuenta. Sin embargo, no todos los "sherpas" profesionales salen indemnes. Por ejemplo, hubo dos ejecutivos del banco suizo Lombard Odier, Juan Alberto de Rasis y Martín Eraso, que terminaron condenados en la Argentina a 4 años y medio y 3 años de prisión, respectivamente, por su participación en "la conformación de la estructura societaria y bancaria en el extranjero y la expatriación del dinero a través de las financieras", que le permitió a Báez y su familia blanquear al menos US$ 60 millones. En ese gris legal -entre la prestación de un servicio y la participación en un delito- es donde los "facilitadores profesionales" encuentran, muchas veces, su mejor refugio. Y el camino opaco que ayudan a recorrer a sus clientes es, en definitiva, el que garantiza su propia impunidad.

Corrupción en la AFA: el pedido de detención de Tapia y Toviggino revela multimillonarias maniobras financieras y patrimoniales

En el dictamen del fiscal Pedro Simón también se descubrió que empresas vinculadas al Tesorero de la AFA giraron 650 mil dólares a TourProdEnter de Javier Faroni.Y que varias de estas firmas tuvieron en estos últimos años un aumento de su capital que va desde el 22 mil al 116.552 por ciento, más 35 inmuebles y 145 autos.

Sargento del Ejército denuncia que lo "echaron como un perro" por hacer denuncias sobre maltrato y corrupción

Jhon Anderson Hernández Vergara asegura estar indignado por el trato que recibió luego de 22 años de servicio

Tellado entona en Ibiza el "Armengol dimisión" porque "está cercada por la corrupción"

"Acusaciones de corrupción" y "malestar económico": el Wall Street Journal, duro contra Milei y el Gobierno

Según el medio estadounidense, un conjunto de factores pone en riesgo tanto la continuidad del plan económico oficial como las posibilidades del mandatario de buscar la reelección en 2027. Leer más

Fuertes críticas del Wall Street Journal al "cambio radical" de Milei: "Acusaciones de corrupción, problemas legales y malestar económico"

El diario estadounidense especializado en economía y finanzas publicó un duro artículo en el analizó la coyuntura y las denuncias en su contra que atraviesa el gobierno argentino.La nota publicada por el periódico de Nueva York describe factores sobre Javier Milei que "representan una amenaza para su reelección en 2027".

Juan Fernando Cristo aseguró que Abelardo de la Espriella tiene que rectificar acusaciones de corrupción que hizo en su contra

El exministro del Interior exigió públicamente el 16 de febrero de 2026 que el candidato rectificara de manera explícita declaraciones que -según sostiene- han afectado su honra a través de imputaciones sobre presuntos contratos y sociedades con el Estado colombiano

Bendodo acusa a Montero de ser la "actriz principal" en la corrupción que "rodea" al PSOE

Bendodo dice que el 17M se elige entre "la Andalucía que lidera" o volver a la de la "corrupción" del PSOE

Corrupción en el penal de Bouwer: una "empresa" de estafas funcionaba bajo un cogobierno carcelario

El fiscal Enrique Gavier elevó a juicio a nueve guardiacárceles, presos y colaboradores externos. Es una de las líneas investigativas que aborda la compleja trama delictiva, que fue posible por la crisis institucional durante la gestión de Juan María Bouvier. Leer más

Revelan el contenido de la solicitud para reactivar la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González por "graves delitos de corrupción"

El exdirector del Dapre permanece en Nicaragua, pese a que se le impuso una medida de aseguramiento en Colombia. Es requerido por el escándalo de la Ungrd del Gobierno Petro

El PP pide la dimisión de Armengol por abrir la puerta "a la corrupción" en Baleares

Poder Judicial rechaza pedido de Pedro Castillo para frenar investigación por casos de corrupción

A pesar de estar recluido en el penal de Barbadillo, Pedro Castillo mantiene presencia en la escena política. Su figura continúa siendo utilizada como bandera por algunos sectores, especialmente en el actual contexto electoral

Padre de Luis Andrés Colmenares arremetió contra la justicia: "Está llena de cuotas políticas y corrupción"

El pronunciamiento se produjo tras la decisión de la Corte Suprema que dejó en firme la absolución de Laura Moreno y cerró el proceso contra Jessy Quintero, en el marco de la investigación por la muerte del joven universitario en 2010

Fiscalía radicó escrito de acusación contra Olmedo López por corrupción en la Ungrd: se someterá a sentencia anticipada

El exfuncionario es señalado como responsable del direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía como objeto la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira

La Casa Rosada, cercada: entre las denuncias de corrupción y las internas libertarias

Karina Milei brindó otra muestra de respaldo al jefe de Gabinete en una actividad en Neuquén. En medio de la crisis institucional, los trolls del Gobierno atacaron a Sebastián Pareja, hombre de confianza de la hermana del Presidente.

ASF tendrá nuevas facultades en combate a la corrupción: así es la reforma aprobada en la Cámara de Diputados

Entre otros temas, la reforma faculta a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar sin límites de tiempo

Corrupción en la Ungrd: Fiscalía se opuso a la libertad de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz por vencimiento de términos

El ente acusador señaló que los argumentos presentados fueron rechazados por la judicatura en al menos siete ocasiones

Paloma Valencia se pronunció tras la elección de Daniel Quintero como superintendente de Salud: "No puede volverse otro ruido de corrupción de este gobierno"

De acuerdo con la candidata presidencial, la designación de el exalcalde de Medellín no tiene como objetivo la estabilización del sector

La justicia de El Salvador inicia nuevo proceso contra el expresidente Antonio Saca por deuda pendiente con el Estado tras corrupción

El sistema judicial salvadoreño analiza si el expresidente y su esposa han cubierto con bienes cautelados la cuantía ordenada por sentencia tras su condena por enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos

La Justicia volverá a indagar a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa por supuesta corrupción en ANDIS

Según el juez Ariel Lijo "la organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público". Leer más

El juez Lijo ordenó una nueva indagatoria a Diego Spagnuolo en la causa por supuesta corrupción en la Andis

La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Orlando Spagnuolo y otras 34 personas acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías. La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.Según las evidencias, el extitular de la Andis utilizó su poder y su capacidad de supervisión para generar las condiciones estructurales necesarias que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas.El mecanismo consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo (conocidos como PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en perjuicio de personas extremadamente vulnerables que carecen de otra cobertura médica.A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo recibía "retornos" en la hipótesis de la fiscalía.El empresario Miguel Ángel Calvete -uno de los principales articuladores privados de la maniobra- habría canalizado sobornos hacia Spagnuolo que incluyeron entregas en mano de cinco millones de pesos en efectivo, así como el pago de deudas personales millonarias que el funcionario mantenía con una mueblería.Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que están empresarios y prestadores como Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García y los miembros de las familias Capello, Sagués y Bernat, entre otros. Finalmente, la lista se completa con otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, como Alan Poccovi y Sergio Daniel Mastropietro, señalados por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas. Las maniobras detalladas en la investigación penal sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) revelan un esquema de corrupción y fraude al Estado Nacional perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios del sector privado, habría manipulado el sistema informático. Los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI). Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo al general, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas a dedo.El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano. En el sistema, simulaban una competencia legal invitando a diversas firmas vinculadas a la misma red, pero muchas de estas actuaban como oferentes "pantalla": figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder. Esta mecánica se reprodujo en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas, según sostuvo el fiscal Picardi.Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público. Los funcionarios de la Andis, como Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, o el director de Gestión Descentralizada, Patricio Denholm, le filtraban información confidencial sobre las cotizaciones, los expedientes y los pagos, señaló el fiscal.Con esta ventaja, Calvete sugería quiénes debían ganar las compulsas y coordinaba la agilización de las transferencias de dinero.La contraprestación, según Picardi, era el pago de "retornos" a los funcionarios públicos implicados.La tarifa de estos sobornos oscilaba entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis. Para ocultar la ruta del dinero de los retornos y darles apariencia de legalidad, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro. Inventaron comprobantes por conceptos comerciales completamente falsos; por ejemplo, la firma aeronáutica Baires Fly S.A. emitió facturas por cientos de millones de pesos bajo el concepto de "kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves" a favor de las droguerías, mientras que la empresa Indecomm SRL facturó cifras exorbitantes simulando la venta de "camas ortopédicas reacondicionadas".Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro. Se realizaba la movilización de dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares. Operadores financieros de la banda, como Alan Poccovi, se encargaban de recibir el dinero supuestamente ilícito proveniente de las empresas para desvincularlo de su origen, llegando incluso a invertir parte del botín en criptomonedas a través de aplicaciones digitales, borrando así toda trazabilidad financiera.El cronograma establecido por el juzgado para que los 35 imputados presten su declaración indagatoria arrancará el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini.Al día siguiente están citados Calvete y Andrés Horacio Arnaudo. En tanto, el 30 de abril asistirán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín.Las indagatorias seguirán hasta el 26 de mayo, cuando están convocados Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Mientras el Gobierno afronta denuncias de corrupción, la oposición no kirchnerista busca reflotar la ficha limpia

A casi un año de que la iniciativa fracasara en el Senado, diputados de la oposición dialoguista buscan reinstalar Ficha Limpia en la agenda parlamentaria. Provincias Unidas ya presentó un proyecto para impedir candidaturas de personas condenadas, entre otros, por casos de corrupción, mientras que la Coalición Cívica y una legisladora radical preparan sus propios textos para volver a dar la discusión en el Congreso."Junto a Diputados de Provincias Unidas presenté un proyecto para que quienes tengan condenas por delitos graves no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales", anunció Gisela Scaglia, presidenta del bloque Provincias Unidas en la Cámara baja."No partimos de cero: ya tuvo media sanción en Diputados y en Santa Fe lo incorporamos a la Constitución como política de Estado. No podemos dejar caer lo que ya avanzamos", agregó. Argentina necesita debatir Ficha Limpia. Este es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos.Junto a diputados de @ProvUnidas_Dip presenté un proyecto para que quienes tengan condenas por delitos graves no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.Noâ?¦ pic.twitter.com/xsPLvTxBsL— Gisela Scaglia (@GiScaglia) April 13, 2026El proyecto -enviado el lunes al Congreso- propone una reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos para prevenir que se postulen a cargos electivos personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción, delitos en perjuicio de la administración pública y crímenes de guerra y lesa humanidad. La restricción también alcanza a condenados por lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, delitos contra el orden constitucional y deudores alimentarios, entre otros."El proyecto incluye a los delitos de corrupción, criminalidad grave y el incumplimiento de obligaciones alimentarias, como estándar integral de integridad pública. No se trata de una sanción penal, sino de una condición razonable de elegibilidad", explican los autores de la iniciativa en sus fundamentos. Además de Scaglia, el proyecto lleva la firma de María Inés Zingarán, Carolina Basualdo y José Nuñez.Según detalla el texto presentado, la inhabilitación para competir en elecciones regirá mientras subsista la condena o hasta transcurridos 10 años desde el cumplimiento de la pena. "La inhabilitación prevista en el presente inciso resultará aplicable independientemente de la interposición de recursos extraordinarios o pendientes de resolución, sin requerir sentencia firme ni autoridad de cosa juzgada", establece el proyecto.La iniciativa de Provincias Unidas llega a casi un año de que Ficha Limpia naufragara por última vez en el Congreso. En febrero del año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del oficialismo, pero, dos meses más tarde, fue rechazado en la Cámara alta, donde cosechó 36 votos a favor y 35 en contra. Por tratarse de una reforma electoral, la Constitución exige para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, lo que en el Senado representa 37 votos afirmativos.Tras el fracaso de 2025, el presidente Javier Milei confirmó en enero pasado que volvería a insistir con la ley, pero aún no hubo avances en esta dirección. En este contexto, y en medio de las investigaciones que enfrenta el oficialismo por el aumento patrimonial de Manuel Adorni y el caso $LIBRA que salpica a los hermanos Milei, la oposición busca reinstalar el tema en la agenda parlamentaria.Además de Provincias Unidas, otros diputados de la oposición dialoguista tienen previsto presentar en los próximos días sus propios textos para reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En redes sociales, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, confirmó que su partido llevará al Congreso un proyecto de Ficha Limpia. Según indicó a LA NACION, por estas horas ultima los pormenores de su propuesta y tiene previsto enviarla a la Cámara baja antes del fin de semana.Tal como me comprometí con el movimiento ciudadano de @FichaLimpia y con @gastonmarraOK, en los próximos días, desde la Coalición Cívica vamos a presentar el proyecto de Ficha Limpia.Vamos a hacerlo en conjunto, con el mismo espíritu y la voluntad que impulsaron los proyectosâ?¦— maxi ferraro ð???ï¸? (@maxiferraro) April 15, 2026En tanto, la legisladora Karina Banfi -hoy en un monobloque que juega en tándem con Pro y parte del radicalismo que decidió no adherir a Provincias Unidas- anticipó a LA NACION que presentará esta semana una iniciativa más estricta.En su caso, que replica la iniciativa que había impulsado la senadora radical Carolina Losada, la restricción aplica para todo delito penal: el espectro abarca, por ejemplo, desde casos de corrupción hasta homicidios y lesiones leves o graves por motivos de género u orientación sexual. La inhabilitación se extenderá, aún cuando la condena no se encontrase firme, hasta que fuera revocada o se hubiera cumplido en su totalidad."Es imperioso echar un manto de moralidad al ejercicio de la función pública; es imperioso darles calidad a las instituciones y a quienes las integran, y por eso deviene indispensable que aquellos a quienes se los ha encontrado culpables de cometer delitos previstos en la legislación penal estén 'cautelarmente' inhabilitados para postularse para ocupar cargos públicos de elección popular", argumenta Banfi en el proyecto al que accedió este medio.Según pudo saber LA NACION, aunque comparte interbloque con Banfi, Pro tiene previsto volver a insistir con el proyecto original de la bancada amarilla que había impulsado la exdiputada nacional Silvia Lospennato y se limitaba a delitos de corrupción. Esa versión había conseguido dictamen de comisión en 2024, pero nunca llegó a debatirse en el recinto por falta de quórum. En noviembre de ese año, Milei aseguró a la ahora legisladora porteña que presentía un proyecto propio en la misma dirección. Ese nuevo texto es el que rechazó el Senado el año pasado.Los proyectos de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Banfi a presentar esta semana se suman al que ya había enviado al Congreso la Neuquinidad, el espacio político que responde al gobernador Rolando Figueroa, en enero pasado. Además de casos de corrupción, su iniciativa abarca condenas en segunda instancia por delitos dolosos comunes o federales -salvo delitos contra el honor-, del Régimen Penal Tributario, contra la Administración Pública y tráfico de estupefacientes.

Gira por África: el papa pide "un examen de conciencia" a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

Lo dijo durante un discurso ante el presidente Paul Biya, de 93 años de edad y desde hace 43 años presidente del país.El país tiene un alto índice de corrupción, que lo sitúa en el puesto 142 de los 180 que integran la tabla elaborada por Transparencia Internacional.

Jorge Iván Ospina, recién designado interventor de Nueva EPS, enfrenta once investigaciones en la Fiscalía: fue llamado a juicio por presunta corrupción

Las autoridades judiciales adelantan procedimientos contra el actual interventor de la entidad de salud tras identificar múltiples irregularidades asociadas al manejo de millonarios convenios públicos ejecutados durante su paso por la administración de Cali

Supersociedades sancionó a empresas vinculadas a 'El Pastuso' por manipular contrato de carrotanques, en el caso de corrupción de la Ungrd

La entidad impuso una multa de más de $569 millones, inhabilidad para contratar con el Estado y otras medidas tras establecer responsabilidad por actos de corrupción en contratos relacionados con emergencias

Dirección contra la Corrupción cita a Piero Corvetto en medio de investigaciones a la ONPE por irregularidades en elecciones

El general PNP Walter Ramos Gómez, jefe de la Dircocor de la Policía Nacional, llegó a las instalaciones del ente electoral para notificar la citación programada para este viernes

Corte negó la libertad por vencimiento de términos a Iván Name y a Andrés Calle, investigados por corrupción en la Ungrd

La defensa de los expresidentes del Senado y la Cámara argumentaron que, pasados seis meses, no ha culminado la audiencia pública de juzgamiento. El alto tribunal concluyó que, en este caso, el término de libertad aplicable es otro

Corrupción Ungrd: Tribunal Superior de Bogotá rechazó el preacuerdo celebrado entre Olmedo López y la Fiscalía

El alto tribunal resolvió un recurso de apelación y confirmó el auto proferido el 16 de mayo de 2025 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Olmedo López revelará más información sobre el caso de corrupción de la Ungrd: "Si la justicia requiere más, habrá más"

El exdirector de la entidad afirmó que está comprometido con exponer la verdad ante la justicia, así el Tribunal Superior de Bogotá no apruebe un preacuerdo que suscribió

Claudia López insistió en sus críticas a Carlos Amaya por crisis en la Alianza Verde: "La corrupción y el clientelismo compran al que tiene precio"

La candidata presidencial declaró en diálogo con Infobae Colombia que el sector del gobernador de Boyacá se unió con políticos afines a Gustavo Petro para, según ella, cooptar la colectividad independiente

Encuesta: el desgaste de la imagen de Javier Milei, la percepción de corrupción y el impacto del caso Adorni

Un nuevo informe de Giacobbe & Asociados revela un escenario político atravesado por altos niveles de rechazo, una fuerte carga simbólica sobre la corrupción y un episodio reciente â??el escándalo que involucra a Manuel Adorniâ?? que vuelve a poner en tensión la relación entre oficialismo, opinión pública y medios. Leer más

"Despreciable": Víctor Hugo lapidario con Milei y Adorni por los escándalos de corrupción

En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana analizó lo que dejaron los audios revelados por Página/12 donde se explica de dónde salieron los fondos para el recital que dio el presidente Javier Milei en el Movistar Arena en octubre pasado.

Pedro Sánchez habló luego de que procesaran a su esposa por corrupción y malversación

Luego de que la Justicia española procesara a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, el presidente del Gobierno español habló desde China y defendió la inocencia de su pareja."Ayer conocimos esta nueva noticia. Yo lo dije siempre: le pido a la Justicia que haga justicia", expresó en una conferencia de prensa luego de su encuentro con Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Y sentenció: "Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más".Pedro Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña GómezDe esta forma, apeló a la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien aseguró que la primera dama utilizó su cercanía con el presidente español para provecho personal con características "más propias de regímenes absolutistas como el del rey Fernando VII". El magistrado ya adelantó a sus superiores que pretende que la mujer de Sánchez sea juzgada ante un jurado popular, una medida que la Audiencia de Madrid tendrá que valorar en las próximas semanas.La esposa del presidente se encuentra actualmente en China, acompañando a Sánchez en una gira oficial, mientras el caso sigue en desarrollo y a la espera de definiciones sobre un eventual juicio.Aunque será juzgada por cuatro delitos, el tráfico de influencia es la principal acusación contra la mujer de 55 años. El magistrado sostuvo que desde que Sánchez tomó posesión como presidente, el gobierno tomó decisiones en favor de su esposa y su entorno.La causa contra GómezGómez fue nombrada directora del "África Center" de la universidad IE de Madrid, poco después de que Sánchez asumiera como presidente. Una de las denuncias principales contra ella apunta a este período. Una investigación de El Confidencial vinculó el trabajo de Gómez en la organización con la empresa española de turismo Wakalua, del grupo Globalia, que a su vez es propietario de la compañía Air Europa.Según lo revelado, Wakalua financió dos becas del África Center y pagó pasajes de avión para Gómez y otra autoridad del IE en 2019. A fines de 2020, durante la pandemia, el gobierno de Sánchez financió y "rescató" a la empresa aérea, que había sido afectada por la caída del tráfico aéreo debido a la crisis sanitaria.En 2023, Gómez volvió a la Universidad Complutense de Madrid (donde desde 2014 codirigía el Máster Propio de Fundraising) para codirigir un máster de Transformación Social Competitiva. Por este vínculo también le pesa una sospecha: porque, por su cargo en la Complutense, firmó cartas de apoyo a un empresario tecnológico para que consiguiera subsidios del Estado para realizar cursos destinados a jóvenes y desempleados.

Operativo revancha de Tapia y Toviggino: con un juez amigo buscan vengarse de un denunciante que aportó pruebas de la corrupción de la AFA

Se trata del juez de garantías con asiento en Pilar, Walter Saettone, cercano al tesorero de la AFA.El magistrado indagará este martes a Matías Yofe, principal denunciante del escándalo de la entidad del fútbol.

Alberto Fernández pidió la nulidad de su procesamiento por corrupción en el caso Seguros, pero el fiscal ya lo rechazó

El expresidente está acusado de haber beneficiado a brokers cercanos a él con contratos millonarios.El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, manifestó su desacuerdo.

Carrió sobre el caso Adorni: "Es una película de Almódovar sobre la corrupción, ¿a quién se le ocurre ir en avión privado a Punta del Este?

"Es una corrupción de Almodóvar. El look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto", afirmó. Leer más

Procesan a la esposa de Pedro Sánchez por presunta corrupción y tráficos de influencias

La justicia española imputó a Bergoña Gómez por cuatro delitos, se dio por finalizada la etapa de instrucción y la dejó a un paso del juicio oral. Leer más

Quién es Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, procesada por corrupción y malversación

Procesada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, Begoña Gómez se enfrenta a una causa en la que quedó señalada por presuntamente haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios. La esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había mantenido un bajo perfil político hasta el 2024, cuando se inició el caso.La mujer de 55 años â??nacida en el municipio de Bilbao y criada en Leónâ?? es especialista en marketing, tiene un máster en Administración de Empresas y trabajó en la recaudación de fondos para distintas ONGs, como Oxfam y Amnistía Internacional. También se desempeñó como consultora comercial del Grupo Inmark hasta que Sánchez asumió la presidencia por primera vez en 2018, cuando pidió una licencia a la compañía para evitar un posible conflicto de intereses. Sus trabajos siempre fueron en el ámbito privado y nunca habían tenido que ver con la política. Una vez que Sánchez llegó al gobierno, Gómez ratificó su interés en mantener su trabajo. "Tengo intención de seguir trabajando y por supuesto mantener la vida que he hecho siempre. Creo que puedo ayudar y dar visibilidad a cuestiones solidarias", dijo en su primer acto solidario como mujer del presidente de España.Poco después de que su marido asumiera como presidente, Gómez fue nombrada directora del "África Center" de la universidad IE de Madrid â??una iniciativa enfocada en potenciar la innovación, el liderazgo, el emprendimiento y la acción social en el continente africanoâ??, un puesto que mantuvo hasta 2022.Denuncias en su contraUna de las denuncias principales contra Gómez apunta a este período. Una investigación de El Confidencial vinculó el trabajo de Gómez en la organización con la empresa española de turismo Wakalua, del grupo Globalia, que a su vez es propietario de la compañía Air Europa. Según lo revelado, Wakalua financió dos becas del África Center y pagó pasajes de avión para Gómez y otra autoridad del IE en 2019. A fines de 2020, durante la pandemia, el gobierno de Sánchez financió y "rescató" a la empresa aérea, que había sido afectada por la caída del tráfico aéreo debido a la crisis sanitaria.En 2023, Gómez volvió a la Universidad Complutense de Madrid (donde desde 2014 codirigía el Máster Propio de Fundraising) para codirigir un máster de Transformación Social Competitiva. Por este vínculo también le pesa una sospecha: porque, por su cargo en la Complutense, firmó cartas de apoyo a un empresario tecnológico para que consiga subsidios del Estado para realizar cursos para jóvenes y desempleados.Ahora, Gómez quedó imputada por los cuatro cargos según la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien dejó fuera una de las acusaciones iniciales â??intrusismo profesionalâ?? al considerar que no había indicios suficientes para sostenerla. El magistrado dio ahora un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, en un paso que deja a Gómez más cerca de enfrentar un proceso judicial.La esposa del presidente se encuentra actualmente en China, acompañando a Sánchez en una gira oficial, mientras el caso sigue en desarrollo y a la espera de definiciones sobre un eventual juicio.

Golpe judicial a Pedro Sánchez: procesan a su esposa Begoña Gómez por corrupción en España

La investigación por presunta corrupción y tráfico de influencias entra en una etapa decisiva y profundiza la tensión política en España.

Procesaron a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por malversación, tráfico de influencias y corrupción en España

La esposa del presidente español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fue procesada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El juez Juan Carlos Peinado, sin embargo, dejó fuera uno de los cinco delitos que se le atribuyen: el de intrusismo profesional.Gómez, en tanto, está de viaje oficial junto a su marido, el presidente del Gobierno español, en China.El caso contra la mujer de Sánchez se inició en 2024, cuando un grupo privado denominado Manos Limpias la denunció por haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios. Noticia en desarrollo

El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida

También se procesa a su asesora, María Cristina Álvarez, por los mismos delitos y a Juan Carlos Barrabés por los dos primeros

Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

Pese a recibir masivos fondos europeos, el premier Orbán deja a Hungría con bajo nivel de crecimiento. Y una red de negocios que beneficia a su familia y a amigos.

Quién es Peter Magyar, el ganador de las elecciones en Hungría que denunció la corrupción del gobierno de Viktor Orban

El candidato del partido TISZA y antiguo directivo de organismos estatales desafió al actual mandatario tras un ascenso meteórico impulsado por su conocimiento interno de la estructura de poder en Budapest. Leer más

Corrupción en la AFA: sociedades vinculadas a Toviggino le compraron dos inmuebles de lujo a la empresa del helicóptero y aviones que usaba Chiqui Tapia

Es Flyzar, del empresario Gustavo Carmona y su esposa, Silvia Schippert.Le vendió dos propiedades en Puerto Madero -una en el Complejo Faena y otra Torre del Yacht- a las firmas Servicios Neurus y Servicios Lindor, relacionadas con el tesorero de la AFA.

El director de la Uiaf, Wilmer Mejía, ofreció apoyo a Jorge Iván Ospina para desmantelar corrupción en la Nueva EPS: "No habrá contemplaciones"

La Presidencia confirmó la designación del exalcalde de Cali como interventor de la entidad, tras el vencimiento de la prórroga de la medida iniciada en 2024

Bendodo dice a Sánchez que "no intente escapar": "La corrupción del sanchismo la conocen ya hasta en China"

Bendodo dice que a Montero "le falta campaña" para explicar "los casos de corrupción "que le rodean"

El PP cree que Sánchez "intenta escapar" pero su "corrupción" se conoce "hasta en China"

El Kicillof de clase media y sin acusaciones de corrupción puede ser un valor en las elecciones

Entre los asesores del gobernador empieza a crecer un consenso: hay algo en su estilo austero que le llega a un electorado cansado del enriquecimiento de los políticos y de las causas de corrupción. El gobernador de la provincia de Buenos Aires sabe que es un diferencial entre muchos de los propios y los extraños. El paradigma de la campaña con un Clio puede transformarse en modelo de acumulación política más allá de las fronteras del kirchnerismo. Una estrategia más fruto del estilo del dirigente que de una decisión de marketing político. Leer más

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Convertido en el rostro de la oposición tras destapar presuntas irregularidades al más alto nivel, ha sabido canalizar la indignación social y posicionar a su partido como refugio para los descontentos con el oficialismo

Corrupción en AFA: la salida uno de los veedores del Gobierno expuso el poco interés para investigar a Tapia y Toviggino

El abogado Agustín Ortiz de Campo sostuvo que tenía mucho trabajo, pero la razón de su salida sería otra. Cerca suyo marcan que nunca nadie del Gobierno se comunicó con él para empezar a trabajar. El rol de Mahiques.

Diego Alejandro Manrique, imputado por irregularidades en el mantenimiento de helicópteros Mi-17, señaló a otros cuatro funcionarios por corrupción, incluyendo un exviceministro

El exasesor del despacho ha implicado a altos funcionarios, empresarios extranjeros y ha motivado la apertura de nuevas causas judiciales sobre contratos estatales

Exconsejero de Melilla pide amparo al CGPJ por "desidia" de la jueza en caso de corrupción

"Se les llamó y no fueron a sacar a las personas, al contrario, los apoyaron": Doña Carlota señala corrupción en su caso

En el podcast Penitencia, María Carlota Alfaro compartió su experiencia tras ser acusada de homicidio luego de intentar recuperar su vivienda en el Estado de México

Perú espera romper el domingo el ciclo de inestabilidad política, corrupción y delincuencia

LIMA. - En medio de una crisis política que ha visto desfilar a ocho presidentes durante la última década, Perú celebrará elecciones generales el próximo domingo que reconfigurarán su sistema político.Además de elegir a presidente, los peruanos votarán a los miembros de un Congreso que volvió a ser bicameral luego de más de 30 años que contempla un poderoso Senado que tiene garantizados amplios poderes durante su mandato.Los sondeos coinciden en una dispersión del voto entre los candidatos presidenciales que se ubican en los primeros lugares, de los que nadie llega al 15% de intención de voto, lo cual según los expertos una señal casi inequívoca de que habrá una segunda vuelta el 7 de junio.Los últimos sondeos confirman la ventaja de la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori para pasar a la segunda vuelta y revela un cuádruple empate técnico en la segunda posición entre cuatro candidatos: Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, situados en distinto orden según las consultoras.Las encuestas realizadas en los últimos meses han mostrado altos niveles de preocupación entre los peruanos por la delincuencia y la corrupción, lo que centró el discurso de los candidatos en la campaña. Según los expertos y la policía, la llegada en los últimos diez años de organizaciones criminales extranjeras ha introducido al país nuevos métodos de violencia. En un último esfuerzo por sumar adhesiones, la mayoría de los candidatos a la presidencia cerraba este jueves su campaña en distritos estratégicos y plazas simbólicas de Lima, en la antesala de la veda electoral, luego de recorrer distintas regiones del país.Keiko Fujimori eligió cerrar con un mitin en Villa El Salvador, uno de los distritos más populosos de Lima sur. Se trata del mismo lugar donde concluyó su campaña de segunda vuelta en el 2021, en la que fue derrotada por el izquierdista Pedro Castillo.Rafael López Aliaga, uno de sus seguidores inmediatos, designó en cambio la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, un predio a cuyo alrededor están ubicadas las sedes de algunas de las más importantes instituciones públicas. En los días previos intensificó sus actividades en distintos puntos de la capital y en el norte del país.Además del voto presidencial, también están en juego las bancas del influyente Congreso peruano, cuyo poder ha superado con creces al del jefe de Estado de turno. Perú arrastra una grave crisis política con una sucesión de ocho presidentes desde 2016. El Parlamento destituyó a cuatro y empujó a la renuncia a otros dos.Según el Tribunal Electoral, más de 6000 candidatos se postulan para diputados y otros 3000 para senadores. La boleta de votación es la más grande que ha tenido Perú y mide 42 cm de ancho por 21 de largo.Con las nuevas reglas el Senado no puede ser disuelto, pero sí puede remover a un presidente. Destituir al mandatario será todavía más fácil: antes se requerían 87 votos de 130 parlamentarios del Congreso unicameral y ahora el Senado necesitará 40 votos del total de 60 senadores.Observadores internacionalesAnte lo cerrado que se anticipa el voto, y en virtud de eventuales denuncias de fraude, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) agradeció la presencia de observadores internacionales, entre ellos de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que en estos comicios el país marcará "su nuevo destino"."Este domingo 12 de abril no solo es el día de las elecciones sino el día en que el Perú marca su nuevo destino", dijo el presidente del JNE, Roberto Burneo, y aseguró en rueda de prensa que los organismos electorales peruanos "garantizan la autenticidad, la transparencia y la legitimidad del proceso".La OEA informó, por su parte, que su misión de observación electoral (MOE) está encabezada por el boliviano Víctor Rico Frontaura y que comenzó su despliegue final en Perú, con un equipo técnico integrado por más de 90 observadores y especialistas provenientes de 22 países.Según el último sondeo de la firma Datum, todavía hay un 10% de indecisos entre los votantes de los comicios del domingo que no se identifican con ninguna ideología ni bandera política, entre ellos numerosos jóvenes. Decisivos pero desencantados, los jóvenes serán claves en las elecciones, pero sin opciones que los entusiasmen. Los menores de 30 años forman el grupo de votantes más numeroso del país, con un 26% del padrón electoral, y son una fuerza con el peso suficiente para inclinar la balanza de unos comicios en los que no se prevén victorias arrolladoras."Ninguno convence", dijo Ainhoa Hurtado, una estudiante de 21 años. Dará su voto a uno de los primeros candidatos en las encuestas, al que considera el "mal menor" entre ellos. "Si no, mi voto no valdrá nada", añadió.Lucía Nuevo, experta en marketing político, dijo que los jóvenes peruanos configuran un electorado "poco informado" debido a la excesiva fragmentación de las candidaturas (hay 35 candidatos a la presidencia) y a la desconfianza en una clase política que "no permite que se generen simpatías".El desapego de los jóvenes peruanos con las élites en el poder no implica un desinterés por lo que ocurre en el país. En octubre pasado, la generación Z, conformada por peruanos de entre 18 y 29 años, protagonizó fuertes protestas contra la clase política que desencadenaron la destitución de la presidenta Dina Boluarte, pero también contra su sucesor, José Jerí.Por otra parte, a nivel de desempeño económico, el Banco Mundial ajustó esta semana al alza su proyección para Perú, pero la mantiene por debajo del Ministerio de Economía y del Banco Central, en medio del encarecimiento de los combustibles y la presión sobre los alimentos.El Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento económico para Perú en 2026 de 2,5% en enero a 2,7% en abril, según el Panorama Económico de América Latina y el Caribe. En 2025 la economía peruana creció 3,4%.Pese al ajuste al alza, la previsión se mantiene por debajo de las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva del Perú, que apuntan a una expansión optimista de 3,2%.Agencias AFP, AP y ANSA

Corrupción en la Andis: Spagnuolo y Calvete serán nuevamente indagados junto a otras 27 personas

El fiscal Franco Picardi volvió a llamar a indagatoria a Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini como parte de una nueva ronda de citaciones que amplía la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad que, de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo, se habrían extendido desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75 mil millones de pesos provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial. Para el fiscal Picardi, existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas para direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público. Spagnuolo, la máxima autoridad de la entidad durante el periodo investigado, ya fue indagado y procesado en la causa, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.Está acusado de haber sido uno de los presuntos jefes de una "asociación ilícita", según la hipótesis que sostiene el fallo de Sebatián Casanello, el anterior juez del caso, que hoy está en manos de Ariel Lijo. Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados, son Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Calvete y el médico Pablo Atchabahian."Las personas involucradas -dice Picardi en su nuevo dictamen-, actuando de manera articulada y con roles claramente definidos, conformaron una estructura delictiva que les permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y, en particular, a un colectivo especialmente vulnerable: la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura médica que la que brinda el Programa Federal "Incluir Salud"". En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos."Las compulsas de precios sobre medicamentos e insumos fueron direccionadas intencionalmente hacia determinadas personas jurídicas y funcionarios/as públicos/as de la ANDIS brindaron información sobre las fechas de las compulsas", sostuvo Picardi. "[Los funcionarios] dieron cuenta de fechas de pagos e incluso brindaron claves de usuarios de funcionarios/as del organismo para que personas de las firmas que comercializaban con ANDIS ingresaran directamente al SIIPFIS, mecanismo mediante el cual se administraban las prestaciones PACBI", agregó. Los llamados a indagatoria en esta nueva ronda son Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués. También Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.Los nuevos hallazgos de la fiscalía buscan demostrar que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Calvete y Atchabahian.La investigación judicial que lleva Picardi hace siete meses determinó que la Andis funcionó como una "verdadera ventanilla administrada discrecionalmente" para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.

Vox lamenta la imagen "deplorable" de PP y PSOE "declarando por sus casos de corrupción"

Torres pide al PP que "actúe como el PSOE" ante la corrupción y aparte a Fernández Díaz de la militancia

Vuelve a suceder: hackean redes de Semovi CDMX y exhiben a trabajadores por presunta corrupción

El ataque a TikTok e Instagram incluyó contenido que señala irregularidades internas, mientras autoridades ya investigan

SRE inició investigación por presunta corrupción en embajada en Reino Unido, confirma Roberto Velasco

Las indagatorias derivan de denuncias sobre posibles irregularidades administrativas y financieras en Londres

Sondra Macollins criticó el papel de la Fiscalía en casos de corrupción: "La justicia en Colombia está muy politizada"

En diálogo con Infobae Colombia, la candidata presidencial indicó que la Fiscalía tiene más poder del que debería en Colombia

El Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia contra Capuchetti y acorraló a dos jueces por corrupción y maltrato

En una jornada de alta tensión política, la Comisión de Disciplina cerró el expediente contra la jueza del caso de intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, mientras avanzó con el proceso de remoción del magistrado Gastón Salmain por sobornos. A su vez, citaron a indagatoria al juez Hernán Papa por violencia laboral. Leer más

"Abandonen la sala esto si los va a afectar": la trágica muerte de Budd Dwyer tras ser acusado de corrupción

"Por favor, cuenten mi historia", pidió Robert Budd Dwyer, tesorero de Pensilvania en los 80, el 22 de enero de 1987. Había organizado una conferencia de prensa en el edificio de Finanzas del estado. Las cámaras y los periodistas ya estaban adentro cuando apareció en la sala. Durante casi media hora leyó, sin pausas, de unas hojas mecanografiadas. Cada tanto, se tocaba la cabeza, se secaba la transpiración de la frente. Habló mucho y se expresó sobre la pena de muerte: "Lamento que, en varias ocasiones, cuando era miembro de la legislatura, voté a favor de la pena de muerte. Como resultado de lo que me pasó a mí en este caso, estoy convencido de que gente inocente fue declarada culpable y fue ejecutada". Hacia el final, dijo: "Le agradezco al Señor por haberme dado 47 años de desafíos excitantes, experiencias estimulantes, momentos de felicidad y, más importante, la mejor esposa e hijos que un hombre pudiera desear". Leía casi sin puntación. Los periodistas esperaban su renuncia: al día siguiente sería condenado por recibir sobornos, aunque hasta ese mismo momento Dwyer insistió en su inocencia. Algo raro pasaba, y la gente empezó a notarlo. Cuando terminó, repartió cartas que había dejado en su maletín abierto sobre el escritorio. Llamaba a sus colegas para que se acercaran. Por último, agarró un sobre más grande de papel madera. "Por favor, abandonen la sala si esto los va afectar", advirtió mientras sacaba un revólver Magnum .357. Apenas se lo escuchaba, las súplicas de los presentes sonaban más fuertes: "Por favor, Budd, no lo hagas". "Por favor, no se acerquen, esto puede lastimar a alguien", fue su respuesta. El arma apuntaba al techo, pero enseguida la llevó a su boca y apretó el gatillo. Una pesadilla que no desaparece"R. Budd Dwyer, tesorero del estado de Pensilvania, cuya condena por soborno el mes pasado conmocionó al Partido Republicano del estado [al que pertenecía], se suicidó hoy de un disparo en una conferencia de prensa en su oficina en Harrisburg, la capital del estado", escribió The New York Times (NYT) al día siguiente. Por su parte, el Washington Post explicó: "El mes pasado, Dwyer fue declarado culpable de otorgar un contrato de 4,6 millones de dólares a Computer Technology Associates (CTA) a cambio de un soborno de 300.000 dólares. No hubo intercambio de dinero. Se enfrentaba a una pena de hasta 55 años de prisión por fraude postal, transporte interestatal para facilitar el crimen organizado, perjurio y conspiración para cometer soborno".Sin embargo, las acusaciones siguen, hasta hoy, siendo dudosas. Hasta ese momento, Dwyer no había atravesado grandes conflictos en su carrera. Había sido maestro, legislador estatal y, finalmente, tesorero de Pensilvania desde 1981. "Una vez que conocías a Budd Dwyer, votabas a Budd Dwyer", resumió su director de campaña en el documental Honest Man: The Life of R. Budd Dwyer, una frase que, con el tiempo, funcionaría casi como un contraste brutal con la imagen que terminaría imponiéndose.El punto de inflexión llegó en 1984 a partir de una decisión administrativa: el Tesoro de Pensilvania debía gestionar la devolución de millones de dólares en impuestos de la Seguridad Social que, contaba el NYT, habían sido indebidamente pagados por distritos escolares de Pensilvania entre 1979 y 1981. Para procesar esos datos, habían contratado a la empresa de computación californiana sin licitación previa. Ese detalle encendió las alarmas, y una exempleada de la firma declaró que la adjudicación se obtuvo mediante un soborno de 300.000 dólares. El nombre de Dwyer apareció rápidamente en el centro de la acusación.Desde el primer momento, él negó cualquier irregularidad. "Es como una pesadilla que no desaparece", declaró entonces también al NYT aquel año, cuando el caso empezaba a ganar dimensión pública y a instalarse como un escándalo. Pero la investigación avanzó y, en mayo de 1986, un jurado federal lo acusó formalmente de conspiración, fraude, perjurio y asociación ilícita. La fiscalía le ofreció una salida que, en términos judiciales, era habitual: declararse culpable de un cargo menor, pagar una multa y evitar una condena extensa. Si rechazaba ese acuerdo, se exponía a una pena que podía llegar a 55 años de prisión. Dwyer no aceptó.Según el Daily Mail, de haberlo hecho habría recibido, como máximo, una pena de cinco años, aunque también habría significado su ruina económica, ya que se estipulaba que pagara el mismo monto al que supuestamente había recibido: 300.000 dólares. Además, significaba admitir su culpabilidad, como ya habían hecho otros implicados en el caso."Me atribuyo el suicidio y la muerte de Budd Dwyer"En la trama que terminó con la vida de Dwyer, William Smith fue una figura bisagra. Según los medios locales, el director de CTA había acudido a él, que entonces trabajaba como abogado de la firma, para "convencer a Dwyer y al presidente republicano del comité estatal del partido, Bob Asher, de que le permitieran cerrar el trato, ofreciéndoles un soborno", repasa el Daily Mail. De esta forma, Smith se movió como intermediario entre el sector privado y el Estado. En el juicio, afirmó que el tesorero aceptó la "contribución" y se declaró culpable de haber entregado el sobornos, por lo que fue condenado a tres años y medio de prisión por manipulación de licitaciones.Décadas más tarde, el papel de Smith tomó otra importancia cuando se retractó públicamente de lo que hizo. "Di falso testimonio bajo juramento durante el juicio de 1986, por lo tanto, me atribuyo el suicidio y la muerte de Budd Dwyer", confesó en Honest Man. También remarcó que, en ese entonces, había recibido amenazas directas contra la vida de su hijo por parte del director de CTA. En 2022, 35 años después del hecho, el periodista John Luciew entrevistó a Greg Penny, quien fue subsecretario de prensa de Dwyer en ese momento, y se encontraba presente en la última conferencia del tesorero. Penny fue uno de los que recibió un sobre aquel día. La carta decía: "Adjunta está mi tarjeta de donante de órganos. Asegúrense de que llegue al Hershey Medical Center". "En cuanto leí el sobre, levanté la vista", recordó Penny. "Para entonces, Budd estaba detrás de la mesa, y había sacado un arma de un sobre. Solo recuerdo lo largo que se veía el cañón."Además, contó sobre ese momento: "[Dwyer] Tenía la mesa ahí para impedir que la gente llegara a él rápidamente. Se puso el cañón en la boca y apretó el gatillo. Me sorprendió que el disparo no fuera fuerte. Estaba amortiguado por su boca. No vi mucha sangre desde donde estaba, como en la pared o lo que fuera. Pero me sorprendió lo rápido que cayó. Estaba ahí, y simplemente se desplomó al suelo. Tu cerebro ya no está controlando tus músculos. Ese es un recuerdo persistente: lo rápido que un hombre tan grande como él cayó"."Por favor, cuenten mi historia"Dwyer tenía esposa, un hijo, Robert Jr., y una hija, Dyan (a la que llamaba, cariñosamente, Dee Dee). Los sobres también contenían cartas para ellos. En una entrevista de 2017 con Daily Mail, Robert ahondó sobre la familia en aquellos momentos. "Ese día me pidió que lo llevara en auto a la oficina, porque yo iba a clases y era un día de mucha nieve. Insistió mucho cuando lo dejé. Me dijo: 'Después de clase, andá directamente a casa, directamente a casa'".Pero cuando finalmente volvió a su casa, donde estaban su madre Joanne y su hermana Dyan, que entonces tenía 18 años, descubrió que su padre había enviado a dos de sus empleados, presumiblemente para consolar a su familia. En ese momento se enteró del suicidio. Sobre las cartas, relató: "Para mi madre, fue más bien una explicación de lo que hizo y por qué lo hizo en ese caso, para llamar la atención sobre la injusticia que se había cometido. Básicamente, un resumen de lo que habían vivido juntos y de cuánto había amado su vida con ella"."La mía era una carta en la que expresaba lo que esperaba de mí en el futuro, lo orgulloso que estaba de mí y lo difícil que era todo esto para él, pero sabía que era lo mejor, porque quería demostrar lo mal que funcionaba el sistema judicial", agregó.Aquel 22 de enero de 1987, la decisión fatal de Dwyer no era solo terminar con su vida, sino también llamar la atención sobre el funcionamiento de la Justicia, según sus propias palabras y las de su hijo."En mayo pasado, les dije que después de este juicio les daría la historia de la década", había anunciado en la conferencia. "Para aquellos de ustedes que son superficiales, los acontecimientos de esta mañana serán esa historia. Pero para aquellos de ustedes con profundidad y preocupación, la verdadera historia será lo que espero y rezo que resulte de esta mañanaâ?¦ el desarrollo de un verdadero sistema de Justicia en los Estados Unidos.""Por favor cuenten mi historia en cada estación de radio y televisión y en cada periódico y revista de los Estados Unidos", rogó antes de gatillar.

Bolaños dice que le asquea y repugna toda corrupción y más si está relacionada con el PSOE

Se reanuda investigación contra exfuncionarios del AMVA y bomberos de Itagüí por presunta corrupción millonaria

Varios implicados buscan beneficios judiciales aportando pruebas inéditas, mientras la Fiscalía incorpora nuevos testimonios que podrían ampliar la investigación a otros procesos de contratación pública en la región

Empieza el juicio por corrupción contra un exministro de Pedro Sánchez que sacude al gobierno español

MADRID.- En un nuevo golpe para el gobierno español, comienza el juicio contra el exministro de Transporte José Luis Ábalos, exmano derecha del presidente Pedro Sánchez, acusado de irregularidades en la compra de barbijos durante la pandemia.El juicio comenzó esta mañana pasadas las 10 (hora local), en el Tribunal Supremo de Madrid y se prevé que se alargará hasta final de mes. La audiencia, que arrancó con la lectura de los testimonios de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y del ministro Ángel Víctor Torres, tiene lugar ocho años después de que los socialistas llegaran al poder tras una moción de censura contra el gobierno conservador de Mariano Rajoy, impulsada por los casos de corrupción que lo afectaban.Se trata del primer gran caso de corrupción en llegar a los tribunales, que recae sobre el gobierno de izquierda. Ábalos, que se declara inocente y apareció con semblante sereno, ocupó la cartera de Transportes entre 2018 y 2021 y afronta acusaciones de corrupción, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.La Fiscalía pide para él hasta 24 años de prisión. Junto a Ábalos, son juzgados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El juicio oralUno de los primeros testigos en subir al estrado es Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, a la que presuntamente le otorgaron cargos en sociedades públicas para cobrar sin trabajar.El caso lleva meses alimentando las críticas de la oposición, que suele aprovechar cada avance judicial para exigir la renuncia de Sánchez, al argumentar que varios de sus colaboradores más cercanos también están siendo investigados.La causa En el caso de Ábalos, el exministro permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2025 y renunció a su banca como diputado a fines de enero. Según el ministerio público, los tres acusados integraban un "convenio criminal" orientado al enriquecimiento personal, al aprovechar el cargo de Ábalos para favorecer adjudicaciones a empresas vinculadas a De Aldama.En conversaciones privadas que trascendieron a los medios, se los puede escuchar a los imputados hablar con frecuencia de dinero en efectivo y de prostitutas, un elemento que suma presión sobre el PSOE, que ha hecho de la agenda de género uno de sus ejes de gestión. Más de 75 testigos y una veintena de peritos están citados en el proceso, que se extenderá previsiblemente hasta fin de mes. Por ahora, el tribunal no abordará otras derivaciones del caso que también alcanzan a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como número tres del partido, investigado en un expediente paralelo.Ábalos, García y Cerdán fueron figuras clave en el retorno de Pedro Sánchez al liderazgo socialista en 2017, tras la llamada "gira del Peugeot", con la que el actual presidente reconquistó el apoyo de las bases. Ese pasado común llevó a la oposición a bautizarlos como "la banda del Peugeot".En este contexto, el Partido Popular y Vox intensificaron sus críticas y reclaman la dimisión de Sánchez y la convocatoria a elecciones anticipadas, una opción que el mandatario descarta.La reacción de Sánchez Por su parte, Sánchez aseguró que desconocía las maniobras investigadas y niega que el PSOE se haya beneficiado de una financiación irregular. Tras la imputación de Cerdán, pidió disculpas y tomó distancia de los acusados.En paralelo, Sánchez enfrenta otros frentes judiciales: su hermano, David, será juzgado a fines de mayo por presunto tráfico de influencias, mientras que su esposa, Begoña Gómez, está imputada en una causa independiente por corrupción.Agencia AFP

España: comienza el juicio por corrupción al ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez

José Luis Ábalos está acusado de haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia de covid.Durante el proceso, tendrán que declarar varios miembros del actual gobierno español.

Donald Trump dice que esta noche termina una era en Irán: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin"

El Presidente de los Estados Unidos resalta la posibilidad de transformaciones profundas en Irán e incluye advertencias sobre las consecuencias para la región: "Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás"

El Gobierno defiende cómo actuó el PSOE ante corrupción frente al PP que destruía pruebas

Vox acusa a PP y PSOE de "edificar" un sistema de corrupción para "aprovecharse del poder"

Comienza el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por presunta corrupción en mascarillas

Arranca el juicio al exministro Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarillas

Procesaron a un empresario por abuso sexual agravado y corrupción de menores: hay al menos 10 víctimas

La causa reúne al menos diez denuncias y expone una mecánica reiterada en ámbitos de confianza. El empresario no logró frenar el avance del caso pese a solicitar un bozal legal contra los medios. Leer más

La metamorfosis de José Domingo Pérez: de perseguir la corrupción a streamer y abogado del encarcelado Pedro Castillo

El retirado fiscal anticorrupción asumió la defensa del expresidente condenado por su fallido autogolpe y señalado como cabecilla de una organización criminal, a quien califica como "preso político"

Procesaron al empresario Marcelo Porcel por abuso y corrupción de menores y por producir pornografía infantil

El caso Porcel dejó de moverse en el terreno de las denuncias y las cautelares cruzadas para ingresar de lleno en una etapa judicial distinta. Después de más de un año y medio y de una decena de denuncias de excompañeros de sus hijos, la Justicia procesó, sin prisión preventiva, al empresario Marcelo Porcel por corrupción y abuso sexual agravado de menores, además de haber producido material de contenido sexual, un delito que es una de las maneras de ejercer o promover la prostitución infantil.Además, avanzó con medidas concretas como la prohibición de salir del país, restricción de movimientos y entrega del pasaporte bajo apercibimiento de detención. En un expediente que ya había escalado por el intento del acusado de frenar la difusión periodística, el cambio de etapa es evidente: de la disputa por el relato, a la consolidación judicial de los hechos.El juez Carlos Bruniard dispuso el procesamiento de Marcelo Porcel en la causa CCC N° 36627/2024, al considerar acreditados â??con el grado de probabilidad que exige esta etapaâ?? una serie de delitos de extrema gravedad. Según la resolución, el empresario quedó imputado como autor penalmente responsable de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, cometido contra menores de trece años y en un contexto de guarda ya que los menores estaban en su casa al ser compañeros de alguno de sus hijos. El magistrado acreditó que se trató de hechos reiterados que involucran al menos a diez víctimas. A esa figura se le suma, en concurso ideal, el delito de corrupción de menores, también en múltiples oportunidades, y en uno de los casos, la producción de representaciones sexuales de un menor de edad. Este último delito deriva de las pericias que se hicieron en el celular del empresario en el que se encontraron grabaciones que, a escondidas, realizaba en el baño de su domicilio cuando los compañeros de sus hijos se duchaban.La resolución no sólo avanza sobre la calificación penal sino que también fija límites concretos a la situación personal del acusado. El magistrado, si bien no dictó la prisión preventiva como pedía la querella, le impuso a Porcel la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, lo que en los hechos implica un impedimento para salir del país sin autorización judicial. Además, deberá entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de detención inmediata en caso de incumplimiento. La medida fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones, en un intento por asegurar la sujeción del imputado al proceso en una causa que, por su volumen y gravedad, empieza a consolidarse como uno de los expedientes más sensibles del fuero criminal.Marcelo Porcel es un poderoso empresario que fue concesionario de Oh! Buenos Aires -habría salido del emprendimiento hace unos meses-, el predio donde antes funcionó el Design, en el corazón de la Recoleta. Además, con esa marca compró un lote en la zona de Nordelta donde también tiene el proyecto de construir un centro comercial de similares características al porteño. Eshijo del histórico fundador de Argencard, la tarjeta de crédito que en los años noventa se vendió al Grupo Exxel. Además, la familia es dueña de varios campos en la zona de Cañuelas.El expediente empezó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado, todos alumnos del Colegio Palermo Viejo. El procesamiento se apoyó en las evidencias y testimonios de al menos 10 menores que se presentaron frente a un tribunal para denunciar los abusos que tuvieron como escenario la lujosa torre Le Parc, en Godoy Cruz y Cerviño, otro departamento frente a este edificio, y la oficina de Porcel, a pocos metros del Obelisco porteño, por hechos cometidos entre 2022 y 2024.La denuncia, del 5 de julio de 2024, dio origen a la causa número 36.627/2024, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano. El expediente inició entonces un peregrinaje silencioso de un grupo de padres del colegio Palermo Chico que, a pedido de sus hijos que decidieron contar su verdad y denunciaron a Porcel. Iniciada la causa, el magistrado dispuso una medida cautelar que prohíbe al imputado cualquier tipo de contacto â??directo o indirectoâ?? con las presuntas víctimas y sus familias. Esa perimetral impidió a Porcel acercarse al Colegio Palermo Chico y también al club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), donde varios de los denunciantes juegan en un equipo de fútbol. Más allá de estas medidas, recién hoy lo procesó. En diciembre, LA NACION contó por primera vez el caso que tramitaba con paso lento en la Justicia. Inmediatamente después, 3 menores más decidieron denunciar a Porcel. En las páginas que constituyen las pruebas en las que se basó el juez quedaron plasmados los duros relatos de los compañeros de sus hijos. Porcel participaba activamente de actividades deportivas, organizaba encuentros en su casa, se ofrecía para trasladar chicos y se mostraba permanentemente disponible. Esa disponibilidad, que en un primer momento fue interpretada como generosidad, cambió con el tiempo. Esas reuniones terminaban casi siempre en su domicilio con los chicos invitados a dormir. Se trataba de una participación constante del adulto en espacios que suelen pertenecer al mundo adolescente.En el expediente, los menores declararon que había provisión de alcohol en reuniones de adolescentes, además de incentivos económicos: dinero a cambio de consumir bebidas alcohólicas, premios por "aguantar más", transferencias a billeteras virtuales. En los testimonios, hubo menciones de que los indujo a ingerir alcohol a cambio de figuritas del Mundial 2022. En otra oportunidad, relataron, habría compensado con dinero a quienes dieran una vuelta en calzoncillos alrededor de la mesa de directorio en una oficina.Los testimonios de los chicos, qyue se tomaron en cámara Gesell fueron coincidentes. Todos describieron una metodología que se basaba en la complicidad de un adulto con un grupo de adolescentes de 13 o 14 años en el que el procesado ocupó, durante años, un lugar central.El 19, 20 y 21 de enero, después de la publicación de LA NACION, tres compañeros más de sus hijos se sumaron a las denuncias existentes y declararon en Cámara Gesell. Las audiencias se tomaron sin representantes del juez. Entonces, los menores relataron que todos eran víctimas de una modalidad ya descripta en las audiencias anteriores. Dijeron que el alcohol, los incentivos y los "masajes" a los que los sometía Porcel eran la forma en que se manifestaba el acoso. Varios los localizaron en los mismos lugares como la oficina del centro porteño o el departamento de la calle Cerviño, en la lujosa Torre Le Parc, donde vive el empresario y su familia.En enero, además, Porcel intentó un "bozal" a la prensa. Presentó pedidos de medidas cautelares contra 13 empresas periodísticas, entre ellas LA NACION, América TV, Grupo Telefé, Editorial Perfil, Infobae, Crónica, Grupo Clarín y C5N.De ese total, trascendió que solo tres cautelares habrían sido concedidas por diferentes juzgados. En esos tres casos, los jueces habrían habilitado expresamente la feria judicial para avanzar con los planteos. Sin embargo, las resoluciones nunca fueron notificadas. Finalmente, la Justicia movió sus fichas. Lo procesó, aunque no le dictó la prisión preventiva, como pedía la Justicia. Pasó más de un año y medio, y aquel peregrinaje de los padres que condujeron a sus hijos para que cuenten su verdad, empezó a dar sus frutos.

Plan de Gobierno de Fuerza Popular 2026-2031: promesas de orden, economía, lucha contra la inseguridad y la corrupción

La propuesta liderada por Keiko Fujimori apuesta por restaurar el orden nacional a través de un Estado fortalecido, reformas sectoriales, digitalización masiva y políticas de mano dura en seguridad. Con metas claras en empleo, salud, educación y transparencia, el partido busca capitalizar el recuerdo de los noventa y responder al desencanto ciudadano

114 procesados por delitos de corrupción en 2025 en España, seis más que en 2024

Vladimir Meza, dueño del partido de Carlos Álvarez, fue procesado por corrupción en Huaraz y sentenciado por violencia familiar

El fundador de País para Todos y candidato al Senado enfrenta dos juicios: uno por peculado doloso y colusión agravada, vinculado a la obra de agua y desagüe de Huaraz, por el que la Fiscalía pide 10 años de prisión, y otro proceso por colusión agravada, con un pedido fiscal de 12 años de cárcel

Corrupción en el fútbol: la Corte presiona a jueces y fiscales para que renuncien a organismos vinculados con la AFA

El Máximo Tribunal de la Nación propició la salida de tres jefes de Cámaras Federales del Tribunal de Disciplina.La Corte bonaerense también les recordó a sus magistrados la prohibición de trabajar en esos entes.Ocurre en medio de las causas que tiene bajo investigación a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

Corrupción estructural y democracias frágiles: el círculo vicioso latinoamericano

En América Latina, la corrupción no es una anomalía del sistema democrático, sino un engranaje estructural que lo debilita y reproduce la desigualdad. Leer más

La misión que el Papa Francisco les dio a los adultos mayores: "Denunciar la corrupción humana en la que se vive"

"Hago un llamamiento a todas las personas que tienen una cierta edad, por no decir ancianos" a "estar atentos" al "modo de vivir relativista" como "si todo fuera lícito", decía. Y proponía una convergencia entre la fuerza de la juventud y la sabiduría de la vejez

Periodista que destapó red de corrupción en la Ungrd lanzó fuerte crítica contra Petro: "La dignidad de la mujer no puede ser selectiva"

Paula Bolívar le recordó al presidente que todas las denuncias de violencia de género deben ser atendidas por el Gobierno, sin hacer distinciones ni seleccionar cuáles casos merecen acción

Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el "Chiqui" Tapia

TourProdEnter LLC compró el Gulfstream G400 por USD 6 millones, en agosto de 2023, y la registró en el paraíso fiscal de San Marino, con la matrícula T7-SUE. Y luego pusieron como operador a una empresa paraguaya. Se pagó en siete transferencias. La nave también la usó el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Corrupción en la PNP: detienen a cuatro policías en Huaura por exigir S/10 mil a mujeres bajo amenaza de sembrarles droga

Los miembros de la institución pertenecen a la Unidad de Servicios Especiales (USE), quienes permanecerán detenidos hasta que el Poder Judicial decida su futuro

Empresas públicas: qué necesitan hoy para poder cumplir y prevenir la corrupción

La corrupción en este tipo de organizaciones no es solo un riesgo legal o de buena reputación. Es una amenaza directa a la confianza pública, a la equidad y a la calidad del servicio que se brinda. Leer más