constitucionales
El letrado del Congreso ve dudas constitucionales en la ley de amnistía, pero no tan palmarias como para frenarla
El letrado del Congreso ve dudas constitucionales en la ley de amnistía, pero no tan palmarias como para inadmitirla
Miembros de la JNJ serán citados en dos semanas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) reveló que el pleno de la Junta Nacional de Justicia deberá responder por las presuntas infracciones que realizó en el ejercicio de sus funciones.
Vox quiere obligar a que la ley de amnistía lleve informes de los órganos constitucionales
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El líder socialista se prepara para salir candidato de la ronda de consultas con el monarca en medio de la compleja negociación con Junts y ERC. La consulta de autodeterminación marca el límite para un Sánchez que busca evitar la reptición electoral
JNJ: Dan 15 días a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar denuncia contra miembros de Junta Nacional de Justicia
Acusan de cometer faltas muy graves a los integrantes de la institución encargada de designar jueces y fiscales.
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La fiscal general se refirió a la investigación sumaria aprobada por el Congreso, que busca la remoción de los integrantes de la JNJ. "A diferencia de mis críticos, sí creo que existe el debido proceso", señaló
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales definirá a los delegados de las denuncias contra las congresistas 'mocha sueldos'
Este lunes 4 sesionará el grupo de trabajo liderado por Lady Camones que verá los casos de Rosío Torres, Magaly Ruiz, María Acuña, Heidy Juárez y Katy Ugarte.
Los dilemas de Milei (II): ¿cómo implementar una agenda de reformas que requieren cambios constitucionales?
Para el gran Julio María Sanguinetti, Javier Milei, a quien considera una expresión de un electorado heterogéneo pero unido por un fuerte enojo más que un fenómeno ideológico, propone "una fantasía revolucionaria irrealizable". A juzgar por el contenido de la propuesta programática que La Libertad Avanza presentó ante la Justicia Electoral, parece estar en lo correcto en algunos de sus aspectos medulares, en especial en materia tributaria y en las áreas de salud y educación. Tal vez por eso, varios de sus principales y más acreditados colaboradores, como Diana Mondino o Carlos Rodríguez, reconocen que algunos de los principales ejes del programa de gobierno libertario son imposibles de implementar en el corto o aun en el mediano plazo: el célebre teorema de Baglini explica este giro discursivo, prematuro considerando que la elección general se celebrará el 22 de octubre y que el resultado de las PASO significa mucho, pero no cambia nada. Hablando de volantazos pragmáticos: Milei era hincha de Boca, pero quedó "decepcionado" cuando Daniel Angelici despidió a Julio Falcioni y a partir de entonces se considera "neutral". El riesgo de mezclar personas con instituciones.Pasado el vendaval mediático que se extendió por dos largas semanas luego de su inesperada performance del 13 de agosto, Milei ordenó un repliegue con la parcial excepción de la ciudad de Buenos Aires, donde hizo una elección mediocre y pretende respaldar a su candidato a jefe de gobierno, el financista Ramiro Marra. Sergio Massa apura sus cuestionadas medidas paliativas luego de la dura devaluación del lunes 14 (el decreto reglamentario habla de una "aceleración inflacionaria inesperada", cuando todo el mundo, incluido el Gobierno, se resistía a sincerar parcialmente el tipo de cambio oficial porque esa sería la consecuencia). Patricia Bullrich sube al ring a Carlos Melconian, que hace tiempo viene elaborando un plan económico integral desde la Fundación Mediterránea. Justo en este momento Milei cede el centro del escenario y espera los embates, confiado en que la dinámica electoral lo favorece. En un mes comenzarán los debates televisivos y ahí no podrá eludir los cuestionamientos, de forma y de fondo, que acumulan sus propuestas, más allá de la dolarización.A propósito, de acuerdo con un sondeo reciente de D'Alessio IROL-Berensztein, solo el 25% considera que es deseable y posible dolarizar, un 19% indica que es deseable pero no posible y un 50% se expresa de forma negativa en ambos casos (el 6% restante no sabe o no contesta). Conviene analizar otros de los temas más polémicos de la plataforma libertaria para evaluar su factibilidad y los potenciales impactos de una visión transformacional, ambiciosa y disruptiva.El propio Milei se refirió a un plan a 35 años, una especie de "larga marcha" con secuencias y ritmos específicos. Esto supone una continuidad programática inédita para un país como la Argentina, que siempre careció de consensos sobre cuestiones elementales en materia de reglas económicas y políticas. O incluso algo más utópico: un extenso ciclo político hegemonizado por Milei y sus eventuales sucesores. La alternancia en el poder fue una de las características salientes en estas cuatro décadas de democracia. Más: los líderes internacionales en los que se referencia, como Jair Bolsonaro o Donald Trump, fracasaron a la hora de lograr sus reelecciones. Tal vez el economista argentino aspire a que se cumpla la máxima de "la tercera es la vencida", en el hipotético caso de que logre la victoria en este turno electoral. Suponer que el país tolerará un unicato libertario remite a la misma ingenuidad que caracterizó a otro proceso autopercibido "revolucionario": el liderado por el general Juan Carlos Onganía luego del golpe de Estado de 1966, con su planificación en secuencias "económica, social y política". Esa fantasía se desvaneció con el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969. Al año siguiente, asumió Roberto Levingston y poco tiempo después Alejandro Lanusse, el hombre fuerte de esa época.Al margen de esta inconsistente planificación temporal, muchas de sus propuestas requieren una reforma de la Constitución Nacional o, por lo menos, de algunos de los principales criterios que caracterizaron la gestión pública en la Argentina desde el regreso de la democracia, como el federalismo o el principio de subsidiariedad. La idea de que la mayor parte de los ingresos que obtendrá el Estado ante un eventual gobierno de Milei provendrían de concesiones y regalías ligadas a explotaciones de recursos naturales (como minería y energía) choca con el hecho de que nuestra carta magna especifica que estos pertenecen a las provincias y no al Estado nacional. Modificar este statu quo no solo representaría costos enormes, sino que además pondría al flamante gobierno de Milei en un aprieto. ¿Podría obtener los apoyos necesarios para convocar una convención constituyente, en especial cuando la iniciativa consiste en buena medida en quitar dinero a las provincias, vulnerando su autonomía? ¿Aprobaría el próximo Congreso la necesidad de una reforma con esos objetivos? El recorte de las atribuciones provinciales propuesto en el programa de LLA abarcaría al menos otras dos dimensiones claves de la política pública: la educación, a través de los ya famosos vouchers, y la salud, para la que se plantea un modelo de arancelamiento. ¿Resignarán las provincias la administración de esas áreas?Su concepción de restricción de los derechos provinciales entra en flagrante contradicción con la estrategia llevada a cabo nada menos que por Trump. El movimiento conservador de Estados Unidos desarrolló su doctrina de defender la autonomía de los estados provinciales desde el New Deal de FDR en la década de 1930 y luego lo reforzó con el objetivo de revertir el fallo Roe versus Wade, de 1973, que habilitaba la despenalización del aborto. Para lograrlo, el expresidente estadounidense designó de manera paulatina jueces afines en la Corte Suprema, al tiempo que se realizaba un trabajo puntual y meticuloso en cada uno de los estados para generar precedentes en esta cuestión.El énfasis que pone el programa de LLA en el pensamiento liberal y el principio de tolerancia a las minorías y hacia los que piensan distinto, también consagrado en nuestra Constitución, tampoco se visualiza en el comportamiento cotidiano del líder del espacio: Milei suele tener una postura agresiva y hasta degradante con quienes no concuerdan con él, incluidos ataques sistemáticos a la prensa. La pirotecnia verbal abarca a múltiples dirigentes de la oposición, tanto aquellos con los que estuvo históricamente enfrentado como -y particularmente- con quienes mantuvo algún tipo de cercanía y que con el tiempo se transformaron en enemigos por haber cuestionado sus formas y criticado su intolerancia, como Ricardo López Murphy.También llama la atención la distancia y la ecuanimidad que Milei intenta establecer respecto de la judicialización de los casos de corrupción que involucran a funcionarios del kirchnerismo. Si bien declara que la burocracia estatal involucrada en la vida privada de los ciudadanos para acotar la libertad y la creatividad de la sociedad es la fuente principal de corrupción y se muestra como un férreo respetuoso del principio de presunción de inocencia, se resiste a condenar los casos, incluso aquellos que fueron probados en primera instancia. ¿Se vincula esto con su reivindicación del menemismo como intento de estabilización y modernización capitalista?
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Costos millonarios y limitaciones constitucionales detrás del plan de Milei para avanzar con medidas a través de plebiscitos
Javier Milei, el candidato más votado en las elecciones primarias del último domingo, tiene entre sus propuestas fundamentales en materia económica la de reducir el gasto público en un 15%. También la de instrumentar el "plebiscito", una herramienta de la Constitución Nacional, con la que, pese a las limitaciones que tiene para lo que él apunta, asegura que intentaría introducir varios de los cambios que quiere llevar adelante, como cerrar el Banco Central, realizar modificaciones a nivel de seguridad o dar marcha atrás en lo relativo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ante su posible debilidad numérica en el Congreso para lograr cambios por esa vía. Sin embargo, entre una y otra idea, y a la par de las limitaciones constitucionales entre lo que quiere y lo que se puede, parece haber otra incompatibilidad: la organización de un plebiscito le costaría al Estado, al día de hoy, según pudo reconstruir LA NACION, entre 25.000 y 30.000 millones de pesos, incluyendo materiales, logística, autoridades de mesa, escrutinio, lo que demanda el Poder Judicial y el Comando General Electoral.Tras las PASO, Milei mejoró su imagen, Bullrich se mantuvo y Massa retrocedióEl sistema que se utiliza para un plebiscito es el mismo que se implementa para las votaciones generales. Las únicas dos diferencias que implicarían un costo algo inferior a los que demandó el armado de los últimos comicios está, en primer lugar, en la cantidad de boletas a imprimir. En el caso de un plebiscito solo es entre el sí y el no, a diferencia de las elecciones, que requieren impresión de las boletas de las diferentes fuerzas. La otra diferencia es que el escrutinio se haría con menos gente, pero el resto de los costos son prácticamente idénticos a una elección general. Así, las cifras se ubican entre 25.000 y 30.000 millones de pesos, teniendo como referencia el gasto de las últimas elecciones.Para la realización de un plebiscito se deberían garantizar, al día de hoy, casi 105.000 urnas, el Correo Argentino debería transmitir un total de más de 106.000 telegramas, más de 17.000 locales de comicios y de 1100 sucursales electorales habilitadas. En los últimos comicios solo el Comando Electoral movilizó más de 85.000 efectivos para garantizar la seguridad de todo el proceso y el número asciende drásticamente con las autoridades de mesa y empleados en el Correo, encargado de la transmisión."Javier ya dijo que va a plebiscitar muchos temas", adelantó días atrás la candidata a gobernadora bonaerense por el espacio de Milei, Carolina Píparo. Lo que implica que, de poder concretarse, la erogación millonaria se repetiría y difícilmente contribuya a bajar el gasto que se propone la fuerza.Eso sin contar que la herramienta no es de libre disposición y tiene limitaciones para uso. De hecho su utilización es tan excepcional que la última vez que se hizo un plebiscito en el país fue el 25 de noviembre de 1984, durante el gobierno de Ricardo Alfonsín. Fue en tren de definir si se aceptaba o no el Tratado de Paz con Chile por el Canal del Beagle y la respuesta de la población fue a favor de la respuesta pacifista.Una herramienta constitucionalAdemás de los costos millonarios, la idea de introducir la herramienta del plebiscito tiene restricciones claras a nivel constitucional. Consultado por LA NACION, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que: "La Constitución Argentina establece, como regla de la representación, que el pueblo no delibera, ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución, tal cual lo establece el artículo 22 de nuestra Constitución". Tras lo que detalló que "la reforma de 1994 estableció, como una excepción a esta regla de representación, la incorporación de la "iniciativa legislativa" en artículo 39 y la consulta popular en el artículo 40 en la variable vinculante y no vinculante". Y detalló que "ambas son excepciones a la regla general de la representación, con lo cual no se puede gobernar permanentemente a través de la utilización del mecanismo de la consulta popular, porque se estaría desvirtuando, desconociendo la regla de la representación que es que el pueblo no gobierna, ni delibera sino a través de sus representantes electos".Solo esta semana, tras haber ganado las elecciones, Milei aseguró que plebiscitaría la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada a fines de 2020. Dijo que haría un plebiscito y en caso de que la respuesta mayoritaria esté en contra, "eliminaría la ley". Algo que no puede hacer, porque solo el Poder Legislativo tiene la facultad de sancionar y derogar leyes.Las restricciones de la herramienta también lo limitan para hacer consultas populares en temas de materia penal, o en otras cuestiones que requieren de una mayoría especial en el Congreso o en áreas como las tributarias para Diputados o Coparticipación para el Senado, que requieren facultades propias.El equipo de Milei no respondió a los llamados de LA NACION.
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Las reformas constitucionales, de Jujuy a La Rioja
Junto a los comicios para elegir gobernador y legisladores en las provincias de Jujuy y La Rioja, se votaron convencionales constituyentes con el objeto de promover sendas reformas constitucionales.En el caso de Jujuy, se aprobó la semana última una reforma de la Constitución provincial que, a diferencia de otros procesos similares registrados en otros distritos, no tuvo como objetivo forzar una reelección indefinida del gobernador ni modificar el sistema electoral en beneficio del oficialismo.No se puede dejar de recordar que, a partir de la reforma constitucional de la provincia de Córdoba, aprobada en 1987 por impulso del entonces gobernador Eduardo Angeloz, hubo una carrera de reformas que, con el pretexto de garantizar supuestos nuevos derechos, buscaron fundamentalmente implantar la reelección de los mandatarios provinciales, al igual que sistemas electorales tendientes a que disminuyera la representación de las minorías en las legislaturas locales.Debe celebrarse que la reforma constitucional que se aprobó recientemente en Jujuy dejase de lado deformaciones del sistema electoral como los periódicos intentos de algunos gobernadores de imponer instrumentos que muchas veces distorsionan la voluntad popular, como la ley de lemas aplicada en San Luis. Otro avance ha sido la limitación del alcance de los fueros y el de las reelecciones de intendentes y legisladores. Evitar la prolongación en el poder fortalece la institucionalidad republicana.Del mismo modo, se limitó la facultad del gobernador jujeño para conceder indultos a los culpables de delitos de corrupción.También se estableció la prohibición del corte de rutas, preservando el derecho a la libre circulación por el territorio nacional que dispone la Constitución nacional. Se trata de un paso adelante en la medida en que no se afecta el derecho de reunión y se preserva el necesario equilibrio entre la libertad de los ciudadanos y la responsabilidad de asegurar el orden.Es trascendente que, pese a que la fuerza política oficialista, liderada por el gobernador Gerardo Morales, contaba con amplia mayoría propia en la Convención Constituyente, se consensuó la reforma con el bloque justicialista. De esta manera, se abandonó la idea inicial de restablecer el sistema de lista incompleta que puede asegurar una mayoría al gobierno, aunque triunfe siendo una primera minoría, y se mantuvo la representación proporcional. Este mecanismo permite reflejar en la Legislatura la representación de los partidos de acuerdo con su caudal electoral, sin dar lugar a mayorías artificiales como las existentes en otras provincias con sistemas que desvirtúan la voluntad popular. Otro acuerdo logrado fue desistir del propósito inicial del gobierno jujeño de concluir con las elecciones de medio término.Entre los alrededor de 60 detenidos en Jujuy, había muchos con graves antecedentes delictivos. Llamativamente, todos fueron liberadosFrente a las disidencias manifestadas por representantes de pueblos originarios, el gobernador y los convencionales accedieron a suspender dos de los artículos que contemplaba el proyecto reformista: uno referido a la restitución de propiedades a sus dueños, y otro sobre derechos y garantías de las comunidades indígenas, según el cual el Estado promovía la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.Ni el hecho de que imperara el diálogo y se alcanzaran amplios consensos políticos para determinar el contenido de la reforma constitucional evitó la reacción violenta de grupos sediciosos que el 20 de junio intentaron incendiar la sede de la Legislatura, donde se estaba aprobando y jurando la nueva Constitución, además de destruir automóviles particulares y protagonizar enfrentamientos con efectivos policiales, sobre quienes descargaron varias toneladas de piedras.La jornada de violencia concluyó con unos 70 heridos y alrededor de 60 detenidos. Entre estos últimos, había muchos activistas con graves antecedentes delictivos, tales como tenencia ilegal de armas, robo, hurto, amenazas, violencia de género y hasta abuso sexual y violación. Llamativamente, todos fueron liberados por orden judicial, pese a que el fiscal de la causa abierta había solicitado que quedaran en prisión preventiva. Una decisión que puede relacionarse con el vergonzoso acompañamiento que tuvieron los violentos activistas de parte del gobierno nacional, cuyas autoridades repudiaron la represión policial sin expresar ni una sola frase de condena al accionar delictivo de los manifestantes, algunos de los cuales fueron movilizados desde otras provincias. Como señalamos en esta columna editorial una semana atrás, el episodio y las posteriores interpretaciones hechas públicas desde el kirchnerismo tuvieron todos los condimentos de un ensayo destituyente. Una suerte de amenaza anticipatoria de lo que podría esperar un hipotético gobierno de signo opositor a la actual coalición que gobierna el país, a partir del 10 de diciembre.La provincia de La Rioja también se apresta a reformar su Constitución, en un contexto de desconfianza por parte de la oposición acerca de las posibles intenciones del gobernador Ricardo Quintela de modificar la cláusula que permite solo una reelección. Las declaraciones de este gobernador muestran un notorio desapego de la tradición republicana argentina.Quintela ha colonizado el poder judicial riojano con familiares directos y las opiniones que ha vertido en los medios de comunicación muestran sus simpatías por las autocracias, que no reconocen límites al poder. El mandatario de La Rioja cree en una prensa subordinada al poder y una Justicia que siga ciegamente los dictados y caprichos del gobernante y aspira a que esos despropósitos queden plasmados en la letra del nuevo texto constitucional, mezclados con supuestos nuevos derechos como el derecho al agua o a la energía y la conectividad, al igual que a una renta básica que solo podría concretarse con más subsidios desde Buenos Aires, dado que la recaudación de esta provincia solo alcanza para pagar poco más de una quincena de los sueldos de su numerosa plantilla de empleados públicos. El 90% de los pueblos de La Rioja carecen de agua potable, porque esos problemas no se solucionan con la inclusión de un artículo en la Constitución, sino con inversión en infraestructura.Se plantea establecer períodos de permanencia en el cargo a la Justicia similares a los de los legisladores, afectando la independencia judicial, y se pretende introducir normas sobre libertad de prensa, violando la Constitución nacional. Son conocidas las declaraciones del gobernador Quintela acerca de la necesidad de impedir el acceso de los medios nacionales a las provincias, por la razón de que son los únicos que informan sobre los atropellos de los regímenes patrimonialistas que imperan en casi todo el norte del país.No se plantea, en cambio, establecer un régimen electoral que garantice a las minorías la representación legislativa acorde con sus caudales electorales. El vigente solo concede una escasa representación a la segunda fuerza, aunque pierda los comicios por un par de votos.Es lamentable que en la provincia que dio al país un notable estadista como Joaquín V. González, autor del famoso Manual de la Constitución, que educó a miles de ciudadanos en el aprecio y respeto de la Constitución nacional de 1853/60, y gobernador de La Rioja hacia 1888, se haya dado, como en otros distritos con características feudales, la degradación de la política que encumbra a estos personajes menores que desmerecen esas tradiciones.
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El director ejecutivo de la compañía, Bob Iger, consideró que cualquier acción que tomen las autoridades estatales que pongan en peligro los empleos o la expansión en su complejo turístico no solo es "antinegocios", sino también "anti-Florida"