Entre estas reformas se encuentran la Reforma al Poder Judicial y la Ley de Telecomunicaciones
La función principal de la SAC es determinar si proceden o no las denuncias contra altos funcionarios del Estado. En la última legislatura, archivó la denuncia contra la presidenta Boluarte por las muertes durante las protestas
El vocero presidencial Manuel Adorni defendió la decisión, diciendo "no podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares". El día anterior, había cuestionado duramente a la jueza Moira Fullana, calificándola de "militante" e "incompetente". Leer más
El abogado constitucionalista explicó el alcance legal de la prisión domiciliaria de la expresidenta y su impacto político y jurídico en plena tensión electoral. Leer más
Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, no descarta interpretación de que todo lo actuado por Delia Espinoza quede sin efecto
El decreto firmado por Gustavo Petro genera incertidumbre sobre el alcance de la Corte y la interpretación de la excepción de inconstitucionalidad en Colombia
Javier González-Olaechea señala que la cantidad de procesos legales en contra de Dina Boluarte socava la estabilidad institucional del cargo presidencial y distrae su enfoque de las tareas gubernamentales esenciales
Desde Quito, el exembajador en Ecuador y diputado del Parlasur dijo a PERFIL que hay "preocupación" por el decreto de Daniel Noboa que condiciona una región bastión del correísmo. A las 22:30 se conocerán los primeros resultados. Leer más
Los candidatos del gobernador Pullaro dominaron las encuestas, con el resto repartido y los representantes libertarios aspirando a un "papel digno". Los números de una elección que además del tema de la reforma constitucional definirá puestos legislativos en 139 localidades. Leer más
WASHINGTON.- Donald Trump sugirió nuevamente que podría optar por un tercer periodo de gobierno. El presidente estadounidense afirmó este domingo que no esta "bromeando" sobre la cuestión en la indicación más clara de que está considerando formas de violar la prohibición constitucional para continuar liderando el país después de que su segundo mandato termine a principios de 2029.Trump comentó en una entrevista telefónica con NBC News: "Hay métodos con los que podrías hacerlo". "Mucha gente quiere que haga esto", afirmó Trump . "Pero, básicamente les digo que tenemos un largo camino por delante, saben, es muy pronto en la administración".El multimillonario de 78 años dijo en varias ocasiones que puede aspirar a más de dos mandatos, pero sus declaraciones del domingo son las más concretas en lo referente a un plan para alcanzar ese objetivo.La 22º Enmienda, añadida a la Constitución en 1951 después de que el presidente Franklin D. Roosevelt fuera elegido cuatro veces consecutivas, establece que "ninguna persona será elegida para el cargo de Presidente más de dos veces".Cualquier intento de permanecer en el cargo sería legalmente sospechoso y no está claro cuán seriamente Trump desea realizar esa idea. No obstante, los comentarios fueron una extraordinaria expresión de un deseo de perpetuarse en el poder por parte de un presidente que ya violó las tradiciones democráticas hace cuatro años cuando intentó revertir la elección que perdió ante el demócrata Joe Biden.Reformar la Constitución de Estados Unidos para permitir un tercer mandato presidencial requeriría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, números que el partido Republicano de Trump no tiene.Kristen Welker de NBC preguntó a Trump si una posible vía para un tercer mandato sería que el vicepresidente JD Vance se postulara para el cargo principal y "luego te pasara el testigo". Trump respondió: "Bueno, esa es una", y añadió: "Pero hay otras también. Hay otras"."¿Puedes decirme otra?" preguntó ella."No", replicó Trump.Si Trump no busca enmendar la Constitución a través del Congreso, necesitaría conseguir el apoyo de dos tercios de los 50 estados del país para llamar a una convención constitucional que propusiera cambios a la Carta Magna.Ya sea por una u otra vía, necesitaría luego la ratificación de tres cuartos de todos los estados. Las dos alternativas parecen poco posibles, teniendo en cuenta el actual número de estados y congresistas bajo control republicano."Mostrar tanta fuerza como sea posible"Derek Muller, profesor de derecho electoral en Notre Dame, señaló que la 12º Enmienda, ratificada en 1804, dice que "ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de Presidente será elegible para el de Vicepresidente de los Estados Unidos".Muller explicó que eso indica que si Trump no es elegible para postularse nuevamente para presidente debido a la 22º Enmienda, tampoco es elegible para postularse para vicepresidente."No creo que haya forma de eludir los límites de mandato presidencial", señaló Muller.Además, buscar un tercer mandato requeriría un consentimiento extraordinario por parte de los funcionarios federales y estatales, sin mencionar a los tribunales y a los propios votantes.Sugirió que Trump está hablando de un tercer mandato por razones políticas para "mostrar tanta fuerza como sea posible". "Un presidente saliente como Donald Trump tiene todos los incentivos del mundo para hacer parecer que no es un presidente saliente", afirmó.A Trump, quien tendría 82 años al final de su segundo mandato, se le preguntó si querría seguir sirviendo en "el trabajo más difícil del país" en ese momento. "Bueno, me gusta trabajar", dijo el presidente.Aprobación y popularidadSugirió que los estadounidenses aceptarían un tercer mandato debido a su popularidad. Afirmó falsamente tener "los números de encuestas más altos de cualquier republicano en los últimos 100 años".Los datos de Gallup muestran que el presidente George W. Bush alcanzó un 90% de aprobación después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Su padre, el presidente George H.W. Bush, llegó al 89% tras la Guerra del Golfo Pérsico en 1991.Trump alcanzó un máximo del 47% en los datos de Gallup durante su segundo mandato, a pesar de afirmar estar "en los altos 70 en muchas encuestas, en las encuestas reales".Trump ha reflexionado antes sobre servir más de dos mandatos, generalmente con bromas a audiencias amistosas. "¿Se me permite postularme de nuevo?", dijo durante un retiro de legisladores republicanos en enero.Agencias AP y Reuters
Exigir formación y conducta para cargos electivos o por designación política protege, dignifica y fortalece a la ciudadanía, a la gestión pública y a las instituciones
El jefe de Gabinete de la Nación aclaró que el próximo acuerdo con el organismo crediticio "es diferente a otras oportunidades que no implica mayor deuda para el país".
Mientras la oposición todavía debate cómo reaccionar ante el decreto del Poder Ejecutivo, en el Senado se analizan múltiples escenarios en torno a la suerte que podrían correr los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia que el presidente Javier Milei envió en mayo del año pasado a la Cámara alta y que todavía siguen sin reunir el consenso necesario para su aprobación.A priori, la primera reacción de varios legisladores, sobre todo de la UCR y del kirchnerismo, fue anunciar su intención de llevar al recinto ambas postulaciones para rechazarlas como castigo por haber aceptado las designaciones en comisión, sin esperar el acuerdo del Senado que establece la Constitución Nacional.Sin embargo, con el paso de las horas desde el anuncio presidencial y, sobre todo, con la decisión de los miembros de la Corte de tomarle juramento a García-Mansilla, el panorama se ha complicado.Por ejemplo, ya hay quienes sostienen en la Cámara alta que la decisión del máximo tribunal blindó al catedrático ante cualquier intento del Senado de rechazar su nominación. Según esta teoría, la Corte convalidó con su gesto el decreto del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, el único procedimiento válido para remover a García-Mansilla sería el del juicio político, que exige un largo procedimiento que incluye audiencias de acusación y de defensa y el voto de una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras legislativas. Es la teoría del Gobierno.Como contrapartida, el que sí estaría a tiro del rechazo del Senado es Lijo, a quien la Corte todavía no le tomó juramento ya que decidió postergar hasta el próximo jueves una definición sobre si lo incorporará a la Corte en uso de licencia de su condición de juez federal o si le exige que renuncie al cargo para poder aceptar su nombramiento "en comisión" .Además, hay otra situación que también complica a Lijo. En una paradoja de los tiempos políticos que corren, el dictamen de la Comisión de Acuerdos que el Gobierno intentó mostrar como una señal de fuerza hace casi dos semanas, ahora le podría jugar en contra al juez federal. Esto es así porque al tener despacho su pliego puede tratarse sin más trámite que pedir su discusión en una sesión.Sin embargo, al no contar con dictamen de comisión, el tratamiento en el recinto del pliego de García-Mansilla obligaría a quienes quieren impugnarlo a reunir el voto de los dos tercios de los presentes para habilitar su debate sobre tablas en una sesión.Los rechazosMás allá de las discusiones constitucional y reglamentaria que por estas horas es la comidilla de varios despachos, en la Cámara alta no son pocos los que sacan cuentas sobre los números con los que contaría Lijo ante la eventualidad de que su pliego se convierta en los próximos días en eje de un debate en el recinto.Por lo pronto, la designación por decreto de ambos postulantes no hizo más que cambiar las tornas. Ahora, en el Senado, ya no se habla de los dos tercios que necesitaría Lijo para convertirse en juez de la Corte, sino en los 25 votos (un tercio más uno el total de miembros de la Cámara alta) que se necesitan para cerrarle las puertas del máximo tribunal.El jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans (Formosa), aseguró el año pasado que tenía los 25 votos en su bloque para rechazar a ambos candidatos. Más aún, en noviembre último le entregó un escrito al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el compromiso de los por entonces 33 senadores kirchneristas (hoy son 34 tras la expulsión del Senado de Edgardo Kueider) de bajar al recinto a vetar el pliego del postulante que aceptara asumir en la Corte por decreto.Los peronistas que apoyan a LijoSin embargo, aquella nota no refleja la realidad política que vive la principal bancada de oposición. Es que al menos una decena de legisladores peronistas estarían dispuestos a votar a favor de Lijo, aún cuando asuma por decreto. Algunos hablan de que serían 14 los que estarían dispuestos a sacar los pies del plato. Así, el número de senadores de Unión por la Patria que se sumarían el rechazo del pliego del juez federal fluctúa entre los 20 y los 16 votos.Pero Lijo todavía no puede cantar victoria ya que hay casi una decena de senadores de la UCR, el Pro y fuerzas provinciales que también estarían dispuestos a bloquear su acceso al máximo tribunal. Aquí confluyen quienes rechazan la figura del juez federal por considerarlo un mal candidato con aquellos que cuestionan su decisión de aceptar la designación por decreto.Así, en el radicalismo ya anunciaron su rechazo los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe), pero se sospecha que podrían sumarse al menos un par. En el bloque Frente Pro también lo hicieron Luis Juez (Córdoba), Carmen Alvarez Rivero (Córdoba) y Alfredo De Angeli (Entre Ríos) a quienes podrían sumarse otros dos legisladores.La lista de opositores declarados a Lijo la completa el exoficialista Francisco Paoltroni (Formosa), que fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza justamente por su firme y abierta oposición a la postulación del juez federal. Tras el decreto del Poder Ejecutivo, también estaría dispuesta a rechazar la nominación la cordobesa Alejandra Vigo.Los voceros de Lijo y del Gobierno se muestran optimistas en que, a la hora de la verdad, estarán los dos tercios. Gran parte de esa confianza se basa en los contactos que el juez federal tejió a lo largo de su carrera y que le permitieron trajinar despachos para sumar apoyos.
La defensa sostiene que las autoridades no cumplieron con los procedimientos legales al momento de su arresto, lo que podría afectar el curso del proceso judicial y la validez de las pruebas en su contra
El registro para estos programas se llevará a cabo del 17 al 28 de febrero; contempla adultos mayores y personas con discapacidad
La concepción que abraza la Constitución de 1994 no es una más, o una cualquiera, sino una de las más exigentes, la "igualdad real de oportunidades", no solo "ante la ley".
De acuerdo con el líder de Morena en la Cámara de Diputados, la presidenta de la República podría enviar de dos a tres propuestas de reforma