La Comisión Nacional para los Refugiados no resolvió aún la situación del grupo de bolsonaristas. Enfrentan condenas de entre 13 y 17 años de cárcel. El juez Daniel Rafecas había ordenado extraditarlos
A casi diez años de la muerte la adolescente de 16 años, que generó una masiva reacción social, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata concedió la libertad condicional a Juan Pablo Offidani. Leer más
Juntos por el Perú ha incluido en sus listas a varios familiares del expresidente Pedro Castillo, algunos de ellos investigados por la Fiscalía
Para la Fiscalía, el móvil del hecho fue "sembrar temor; los involucrados "buscaron objetivos que eran personas inocentes".
Sus cuerpos luego fueron hallados calcinados en 2024. Las víctimas de entre 11 y 15 años salieron a jugar fútbol en el violento puerto de Guayaquil antes de ser detenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El fallo impone penas de cárcel e inhabilitación por el amaño de contratos de eficiencia energética entre 2012 y 2014
El domingo se votará al presidente de la comunidad autonómica, que afrontará el cierre previsto de los reactores de esta planta en 2027 y 2028
La Cámara Federal de Casación Penal coincidió con el tribunal de juicio en que no fue un homicidio simple.En el mismo fallo sentenciaron a uno los acusados que había sido hallado inocente en primera instancia.
El Senado aprobó este miércoles por mayoría un proyecto de ley que abre la puerta a reducir las penas de los condenados por delitos contra la democracia.El pasado 11 de septiembre, el Supremo lo condenó a 27 años y 3 meses de prisión por "liderar" un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 por un estrecho margen frente al actual presidente.
BRASILIA.- En una jugada de ingeniería política y jurídica, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta madrugada un proyecto de ley que reduce drásticamente el tiempo de reclusión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por intento de golpe de Estado. Aunque el texto final, que ahora pasa al Senado, descartó la palabra "amnistía" para evitar un choque frontal con el Supremo Tribunal Federal (STF), la nueva normativa reescribe la matemática carcelaria de forma tal que, Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de cárcel, podría ver reducido su encierro efectivo de casi una década a apenas dos años y cuatro meses.Con 291 votos a favor y 148 en contra, Diputados avaló la propuesta con una urgencia inusitada. La maniobra es el resultado de una negociación a contrarreloj que involucró a la cúpula del Congreso, partidos de centro derecha del denominado "Centrão" y a la propia familia Bolsonaro. "Decidimos subir un escalón en nuestra lucha, y el escalón hoy es el acuerdo hecho en nuestra bancada y con el presidente Hugo Motta para la reducción de penas, autorizada por el liderazgo de nuestro partido e, inclusive, dialogado con Bolsonaro", dijo Sóstenes Cavalcante, líder del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro a periodistas. Cavalcante aseguró que el PL, sin embargo, insistirá en el Congreso con una amnistía amplia e irrestricta en 2026. La votación del proyecto, titulado "Proyecto de Ley de la Dosimetría", se produjo sólo horas después de que el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, se reuniera con los líderes de los partidos Unión Brasil y Partido Progresistas, integrantes del "Centrão". Flávio había agitado el tablero político el viernes al lanzar su precandidatura presidencial, una postulación que poco después, advirtió, tenía un "precio" para ser bajada: la libertad de su padre. Para el gobierno de Lula, la correlación es obvia. Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en Diputados, calificó la sesión por el PL de la Dosimetría como un acuerdo transaccional. "Fue el primer paso del Centrão para llegar al precio que Flávio cobra para no ser candidato a presidente", disparó. É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo deâ?¦ pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025"No lo estoy suponiendo. Tengo información segura de que la votación fue combinada en esa reunión del lunes por la noche", aseguró Farias. Con Bolsonaro "aliviado" judicialmente, sería más fácil para la centro derecha convencer a Bolsonaro de transferir su capital político a un nombre más viable para la carrera por la presidencia en 2026, por caso el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, uno de los favoritos de ese sector y del mercado y quien aparece hoy en los sondeos como la figura más competitiva ante Lula. Ingeniería de las penasEl corazón del proyecto aprobado en Diputados, coordinado por el diputado Paulinho da Força, del partido Solidariedade, radica en cómo se calculan y se cumplen las penas. Actualmente, Bolsonaro enfrenta una condena de 27 años y tres meses por cinco delitos, incluyendo intento de golpe y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, por la trama golpista que culminó en los ataques a las sedes de los tres poderes, el 8 de enero de 2023.Bajo la ley vigente, por la sumatoria de estas penas y las reglas de progresión, implican que el expresidente debe pasar, como mínimo, casi ocho años en régimen cerrado antes de cualquier beneficio. De esta forma, Bolsonaro cumpliría su pena en régimen semiabierto apenas en abril de 2033. Pero el nuevo proyecto dinamita ese calendario mediante tres mecanismos. Por un lado, prohíbe sumar las penas por "intento de golpe" y "abolición del Estado" si ocurren en el mismo contexto. Apenas se pasa a aplicar la pena mayor, hecho que borraría de un plumazo seis años y medio de la condena de Bolsonaro. Además, reduce sensiblemente el tiempo de cárcel necesario para pedir la transición a un régimen semiabierto. Actualmente se exige el cumplimiento de un 25% de la pena. El proyecto, en tanto, reduce ese plazo a un sexto, incluso para delitos con violencia o grave amenaza. Por último, permite descontar días de pena por estudio o trabajo, incluso en prisión domiciliaria, algo hoy prohibido por la legislación brasileña. Según los cálculos de la oposición y el propio relator, aplicando estas variables, el tiempo de encierro real de Bolsonaro bajaría a dos años y cuatro meses. El proyecto se convirtió en la alternativa viable a la "amnistía" total que el bolsonarismo buscó durante meses, pero que no tenía posibilidades políticas de prosperar ante resistencias del Congreso y la eventual judicialización ante la Corte.El texto ahora pasará al Senado, donde el ritmo de tratamiento promete ser igual de frenético. El presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, ya anunció el martes su intención de votar el proyecto antes de fin de año, honrando un pacto con su par de Diputados, Hugo Motta. "Hice un compromiso con los líderes, conmigo mismo, con el Senado y con Brasil. Si la Cámara deliberaba, el Senado deliberaría", aseguró Alcolumbre. "Vamos a deliberar este proyecto este año todavía", sentenció ayer. Si el Senado lo aprueba, la última palabra la tendrá el presidente Lula, quien se enfrentará al dilema de vetar la ley -y victimizar aún más al bolsonarismo- o dejarla pasar como un gesto de "pacificación". Si bien el foco está en el expresidente, la ley tiene efectos inmediatos para los "soldados rasos". El texto crea una distinción para los delitos cometidos en "contexto de multitud". Así, aquellos que participaron en los destrozos del 8 de enero pero no financiaron ni lideraron el golpe recibirían una reducción de pena de entre un tercio y dos tercios.
Todos los individuos son de origen mexicano; deben cumplir penas que van desde 22 meses a cuatro años y medio de prisión
El exministro de Interior plantea una medida para restringir el acceso al sistema financiero a personas condenadas por actos ilícitos, como estrategia económica contra los políticos corruptos
Los brasileños estaban prófugos en Argentina a pesar de las graves penas que pesan sobre ellos. Leer más
El magistrado dispuso la entrega de cinco ciudadanos requeridos por Brasil, todos con condenas de hasta 17 años por su participación en el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado durante el intento de golpe contra Lula
Los imputados, sentenciados en su país a penas de entre 13 y 17 años, habían sido detenidos en Argentina tras fugarse de la Justicia brasileña. El fallo es apelable ante la Corte Suprema.
Asunción Benedict, hermana del diputado de La Libertad Avanza Beltrán Benedict, fue una de las organizadoras del evento y contó que mañana presentarán un petitorio al presidente Milei para solicitar un indulto. Poca convocatoria y divisiones en la familia militar. Leer más
Las recientes sentencias contra Pedro Castillo y Martín Vizcarra completaron un episodio histórico: por primera vez, cuatro exmandatarios purgan prisión efectiva al mismo tiempo
Parlamentario rechazó la sentencia de más de 11 años de cárcel contra el exmandatario, la calificó como "injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase"
El dúo de productores estaba a cargo de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que se reveló el episodio
Exdirectivos, asesores y políticos de alto nivel están involucrados en uno de los escándalos más fuertes del gobierno de Gustavo Petro
El expresidente, Francisco Carrapiso, tendrá que pagar una multa de 2.100 euros y el ex secretario general, Pedro Talavera, una multa de 3.600 euros
"Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)", comunicó uno de sus hijos tras visitarlo en la cárcel.El ex presidente está en una celda tras haber violado la prisión domiciliaria.
Junko Furuta tenía 17 años cuando la noche del 25 de noviembre de 1988 fue raptada por cuatro adolescentes. Para matarla la convirtieron en una pira humana y luego ocultaron su cuerpo en un barril lleno de cemento
La Corte Suprema explicó que fue elaborado un acuerdo de alimentos sin sustento real, presentado luego ante un juzgado de familia, trámite con el cual se consiguió detener el proceso que buscaba la venta de un inmueble embargado
Su estancia turística por Cusco y Lima terminó con una detención que lo llevó al pabellón. Allí convive con internos por secuestro, sicariato, robo y captación de burriers, mientras los operativos revelan armas artesanales y objetos prohibidos
Sobornos superiores a S/ 2,3 millones, 69 testigos y un autogolpe televisado son las principales piezas del expediente que podría llevarlos a prisión antes de que termine el 2025
El jurado popular declaró culpables a César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena y otros tres imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia. Cómo fue la participación de cada uno. Leer más
Tras más de dos semanas de juicio, el jurado popular asignado en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski dio a conocer este sábado su veredicto. Los doce integrantes declararon culpable de homicidio agravado a César Sena, la expareja de la víctima, y estableció como partícipes primarios a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Además, el tribunal condenó a tres de los cuatro acusados restantes por el delito de "encubrimiento". "Hecho número 1. Cesar Mario Alejandro Sena. Nosotros el jurado encontramos al acusado conforme al requerimiento de la acusación culpable como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo con violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime", informó la jueza Dolly Fernández al comenzar con la lectura del veredicto. Femicidio de Cecilia: condenaron al clan SenaActo seguido, la magistrada se centró en la condena de los padres de la expareja de Cecilia Strzyzowski, Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena, a quienes el tribunal popular declaró por unanimidad culpables de ser partícipes primarios "en el delito de homicidio agravado por el vínculo de violencia de género". Tras ello, la jueza se dispuso a leer lo establecido por el jurado en la relación a la situación del resto de los cuatro implicados en el caso, acusados de encubrimiento. En primer término, el jurado consideró culpable a Gustavo Obregón, por el delito de encubrimiento agravado. Mismo fue el caso de Fabiana Cecilia González, quien recibió la misma condena. Es que tanto González como Obregón eran colaboradores estrechos de la familia Sena, de hecho su defensa apeló a una estrategia similar a los principales acusados. La fiscalía cree que González siguió órdenes de la propia Acuña y que fue en varias ocasiones a la residencia familiar de los Sena, en Chaco, para limpiar áreas específicas y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que después se comprobó que era de Cecilia. Gustavo Melgarejo, en tanto, fue declarado por unanimidad culpable del "delito menor incluido en encubrimiento simple". Finalmente, la magistrada leyó el veredicto de la última acusada: Griselda Lucía Reynoso, quien fue encontrada inocente y resultó absuelta. El momento del veredicto Un paneo general de la sala dejó ver las expresiones de los acusados mientras esperaban el veredicto. La decisión del jurado sobre cada uno debía ser unánime para que se considere la condenaNoticia en desarrollo
Un juzgado de Antioquia impuso seis años de prisión domiciliaria a cuatro ejecutivos por sus aportes al Bloque Elmer Cárdenas: fallo histórico contra la impunidad empresarial en el conflicto armado
Un tribunal administrativo de Moscú condenó a dos colombianos a 13 años de prisión luego de ejecutar tareas de combate, tal como lo señaló el fiscal encargado del caso
Dos argentinos fueron condenados en Paysandú, Uruguay, luego de que la Policía detectara una maniobra que utilizaron para robar casi una tonelada de cables de la compañía estatal de telecomunicaciones Antel. Lo hacían con el objetivo de vender el cobre a un pequeño local de chatarra.El área de Investigaciones de la jefatura departamental comenzó su actuación luego de recibir denuncias por parte de vecinos, que aseguraban que delincuentes habían robado varios metros de cables. También fueron denunciados por Antel, debido a que las pérdidas significaban "perjuicios técnicos y presupuestales", explicó el Ministerio del Interior uruguayo en un comunicado.En el marco de la investigación, la Policía montó operativos de control en distintos puntos del departamento. Uno de ellos fue en la intersección de Avenida Salto y Juncal, donde los agentes detuvieron a dos ciudadanos argentinos que se dirigían hacia Salto.Se realizó una inspección al camión en el que se trasladaban, encontrando bolsas con cables de cobre. Como consecuencia, la Policía fue a la casa en la que residían los argentinos. Allí se incautó un camión de alquiler, ropa de trabajo, herramientas, dos cascos de seguridad, cuatro conos, planos, guantes y zapatos de seguridad.Estos elementos eran utilizados para simular que estaban trabajando y poder robar los cables sin levantar sospechas.En la vivienda se encontraron más cables pertenecientes a Antel, cortados en tiras de diez metros, así como 15 bolsas con cables quemados. Este procedimiento se utiliza para poder extraer el cobre, el cual vendían luego a una pequeña tienda de chatarra. En total, lo incautado superaba los 850 kilos.Los involucrados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, por lo que fueron condenados a 12 meses de libertad a prueba por un delito continuado de receptación.
El Tribunal Oral Federal N° 7 les habilitó la apelación y al mismo tiempo rechazó un pedido para suspender el inicio del debate. Desde las 9.30 del jueves se leerá la acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 86 imputados
El respaldo público de Cadavid al discurso de Hernández avivó la polémica política, al sugerir que Iván Cepeda ya ha borrado chats con personas condenadas tras polémicos señalamientos en el Congreso
El agente sufrió una fractura durante una intervención policial, pero no existió agresión, delito ni procedimiento penal contra terceros
Un juzgado de Bogotá estableció que los uniformados alteraron un informe de inteligencia para inducir a error a un fiscal y obtener órdenes de interceptación telefónica contra las dos mujeres
Los autores son una mujer y un hombre, que se les ha impuesto las penas de 18 y 12 meses de prisión respectivamente
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron al Tribunal Oral Federal N° 2 porteño que avance "sin más demoras" con la ejecución de los bienes embargados, tras el vencimiento del plazo para el pago fijado en la condena
Ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Dos internos del penal y familiares de internos recibieron penas de prisión de entre 1 y 9 años y 6 meses.
El TOF 1 de Córdoba condenó a Ricardo Esteban Cupper, Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita fiscal que emitía facturación trucha y alteraba registros de Arca (exAfip). Dos de ellos fueron compañeros en el Santo Tomás. Leer más
En diciembre de 2024, la Justicia francesa condenó a más de 50 hombres por haber abusado de ella luego de que su ex marido, Dominique Pelicot, la drogara con somníferos. El Tribunal de Nimes reabrió el caso de Husamettin Dogan, el único que mantuvo su apelación. Leer más
Dos legisladoras presentaron un proyecto de ley para impedir las contrataciones en clubes, escuelas o instituciones de culto. También alcanza a quienes tengan antecedentes por violencia de género
Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como 'Barbie Gaza'
El fallo de primera instancia los obliga a restituir alrededor de 5 millones de dólares por haber pagado sobreprecios en la por el GNL. Leer más
Erick Hazael Ramos fue hallado culpable de asociación delictiva y homicidio calificado en grado de tentativa
La Justicia absolvió este jueves al exministro de Planificación Federal Julio de Vido del delito de fraude al Estado en la causa que investigó y juzgó el financiamiento estatal de la telenovela "Mamá Corazón", una producción que nunca llegó a emitirse en vivo.También fueron absueltos la actriz y productora de la tira, Andrea del Boca, exfuncionarios y autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que mediaron en el esquema de financiamiento investigado. La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y se comunicó este mediodía en una audiencia realizada vía Zoom, que puso fin al juicio oral iniciado en marzo de este año. La causa comenzó en 2016. Examinó el circuito por el cual fondos del Ministerio de Planificación, entonces a cargo de De Vido, fueron transferidos a la UNSAM mediante convenios diseñados para producir contenidos audiovisuales. En total, se movieron 344 millones de pesos.La Unsam celebró a su vez un contrato directo con la productora de Del Boca, A+A Group SRL, y le giró el 76% de los más de 36 millones de pesos destinados a la realización de la telenovela "Mamá Corazón", de la cual se filmaron 26 capítulos que nunca llegaron a ver la luz.Parte de la maniobra juzgada fue justamente esta tercerización, que en principio no estaba contemplada en los convenios. En la triangulación también quedó involucrado el Incaa, que firmó convenios con el Ministerio con el mismo fin. Hoy resultaron absueltos el exdirector de la Unsam, Carlos Ruta; el secretario de la universidad, Maximiliano Schwerdtfeger; los exfuncionarios Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada; María Lucrecia Cardoso, Hugo Jorge Nielson, Nadia Jacky y la expresidenta del Incaa, Liliana Mazure. La encargada de sostener la acusación del Ministerio Público en el juicio fue la fiscal Fabiana León, que había solicitado una pena de cuatro años y medio para De Vido por la autoría del presunto fraude y tres años y medio para Del Boca, por ser partícipe necesaria de la maniobra. En cambio, por la realización de la miniserie llamada El Pacto, la fiscal no sostuvo acusación. El TOF 7, sin embargo, no encontró elementos para condenar a ninguno de los implicados. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer por el mes que viene, en una nueva audiencia. GNLLos jueces del Tribunal, la fiscal León y el exministro De Vido volverán a verse las caras el próximo martes, en el veredicto final por el juicio que investigó presuntas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) en 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.Allí, la fiscal León pidió cuatro años y ocho meses de prisión para el exministro De Vido y cuatro años y seis meses para su mano derecha, el exfuncionario Roberto Baratta.
Los funcionarios admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado en un causa por defraudación al Estado por compra de panificados y obra pública. Leer más
El fallo judicial expuso la existencia de una estructura criminal jerárquica y la sistematicidad de los crímenes, abriendo un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y reparación para las comunidades indígenas y campesinas afectadas
La suma fijada por el tribunal oral, que es exactamente de 684.990.350.139,86 pesos, quedó confirmada. Leer más
Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, dos de los cuatro efectivos condenados por la violación y asesinato de la joven, seguirán detenidos. En agosto, la Justicia de Ejecución Penal también había rechazado el beneficio. Leer más
Por unanimidad, la Cámara Federal de Casación confirmó que el monto del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad es de 684.000 millones de pesos.Así lo dispusieron los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron el recurso de la expresidenta para reducir el monto de ese dinero. El fallo convalidó el avance del proceso de ejecución llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, de conformidad con lo planteado por los fiscales.Ahora resta avanzar con ese mecanismo. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya pidieron al tribunal que acelere el decomiso de bienes y elaboraron una lista de propiedades y vehículos a rematar.Los fiscales ofrecieron un listado donde señalan más de 140 bienes "decomisables" con los que es posible comenzar a cubrir los 684.000 millones de pesos que, al cambio oficial, equivalen a más de 530 millones de dólares. Son propiedades adquiridas por los condenados entre 2003 y 2015, el período juzgado en la causa.Es una lista no exhaustiva e incluye más de 100 inmuebles del empresario Lázaro Baez o de sus compañías; otros 20 de la expresidenta en la provincia de Santa Cruz -la mayoría cedidos a sus hijos Máximo y Florencia-; y una veintena de propiedades que son del resto de los funcionarios condenados. Por caso, el exsecretario de Obras Públicas, José López, figura con cinco inmuebles.El tema con Báez es que sus bienes ya fueron rematados en la causa comercial por la quiebra de Austral Construcciones. Con lo que ya no quedan inmuebles del más acaudalado de los condenados. Sólo restan rematar un obrador y un terreno en Río Gallegos.La ejecución de la pena comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme, en junio de este año, la sentencia emitida por el tribunal oral, en diciembre de 2022. El decomiso de los bienes, sin embargo, aún no se ejecutó.El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de "forma solidaria" por el monto actualizado venció el 13 de agosto, luego de una intimación por parte del Tribunal.En respuesta a un pedido de nulidad de la expresidenta, los fiscales pidieron entonces la "ejecución inmediata" de los bienes, tal como recordaron en su escrito.Los fiscales presentaron ese escrito en respuesta a la decisión del tribunal oral de correrle vista a cada una de las partes para que se expresen. "Pretender que las defensas puedan tener participación y opinar sobre la ejecución de una pena accesoria firme, recaída en su contra, se asemeja, en sus efectos, a habilitar una nueva instancia recursiva", dijeron y se opusieron. Entre las 20 propiedades de Cristina Kirchner identificadas por los fiscales se encuentra el terreno de más de 6000 metros que la expresidenta le cedió a en febrero de 2007 a Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez. El terreno había sido adquirido como tierra fiscal dos años antes y según los registros lo hizo valer 45 veces su precio original.La mayoría de los bienes de la expresidenta son fideicomisos destinados a la construcción, que cedió a sus hijos Máximo y Florencia.Allí no figura el departamento en el barrio de Constitución donde la ex jefa de Estado cumple prisión domiciliaria. El inmueble está embargado en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, donde sigue siendo investigada.Los bienes señalados, dijeron los fiscales en su escrito, "constituyen un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme".Ahora, con el fallo de la Casación queda liberado ese camino. La decisión fue de la Sala IV, que confirmó la actualización del monto de decomiso en la suma de 684.990.350.139,86 pesos.Esta suma había sido fijada por el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, cuando actualizó el monto establecido en la sentencia del juicio oral.Cristina Kirchner había atacado el sistema de actualización aplicado, ya que entendido que utilizar el índice de precios al consumidor (IPC), que elabora el Indec, era inadecuado.Señaló que resultaba más apropiado el criterio seguido por su perito contador de parte, quien calculó la actualización del decomiso en 42.494.357.845 de pesos y pidió que se suspenda la ejecución de los bienes.Adhirieron a ese recurso de casación las defensas de Báez, José López y Mauricio Collareda. La Casación, por unanimidad, sostuvo que la actualización efectuada sobre la base del IPC es un método idóneo para mantener el valor real del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria.Los camaristas desestimaron los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, al considerar que no lograron demostrar arbitrariedad ni error en la interpretación normativa. De esta forma, confirmaron lo resuelto por el tribunal oral.La resolución de los jueces remarca que el decomiso tiene naturaleza obligatoria y es una consecuencia legal accesoria de la condena penal, en cumplimiento de lo establecido por el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.Además la Cámara de Casación concluyó que devinieron abstractos otros planteos de la defensa, por ejemplo, con respecto a una nulidad rechazada por el tribunal oral y en contra de la decisión de conceder el recurso de casación sin efecto suspensivo.
La Sala IV del máximo tribunal penal ratificó el decomiso solidario y avaló el uso del Índice de Precios al Consumidor para actualizar el monto fijado por el Tribunal Oral Federal N°2
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los jóvenes condenados a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.Así lo informaron fuentes del máximo tribunal. La defensa de Benicelli, quien ahora tiene 25 años, había presentado, "sin interponer previamente el correspondiente recurso extraordinario federal que es lo que dispone la ley", un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema. Entonces, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se desestimó el planteo.El 6 de febrero de 2023, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores condenó a la pena de prisión perpetua a Benicelli, Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y Enzo Comelli s a prisión perpetua. Los encontró culpables del delito de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de Báez Sosa]".Habló Matías Benicelli, acusado por el crimen de Fernando Báez SosaLos otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli de 21, fueron condenados a la pena de 15 años de prisión. Para los jueces fueron "partícipes secundarios" de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves". Los ocho jóvenes condenados fueron defendidos, en su momento, por el abogado Hugo Tomei. La sentencia fue apelada.El 22 de marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar en forma parcial al planteo, confirmó la prisión perpetua, pero consideró que no existió alevosía.Tras la confirmación de la condena, Benicelli cambió a su defensa y comenzó a ser representado por Carlos Attías.Entonces, la nueva defensa presentó los recursos extraordinarios "locales" conocidos como de "nulidad" e "inaplicabilidad de ley", informaron fuentes judiciales.La Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense desestimó el planteo de nulidad y, por el contrario, admitió parcialmente el de inaplicabilidad de ley por la alegada errónea aplicación del artículo 80, inciso sexto del Código Procesal Penal bonaerense y lo desestimó por los restantes agravios.Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetuaLa defensa apeló esa decisión y, el 20 de febrero de 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó la queja por improcedente."El máximo tribunal bonaerense consideró, en primer lugar, que los motivos que fundaron la desestimación de la vía de nulidad no habían sido correctamente refutados. Respecto de la parcial desestimación del recurso de inaplicabilidad de ley, dijo que sus críticas expresaban una mera divergencia con lo resuelto y que la dimensión federal tampoco había sido fundamentada con la "(â?¦) carga técnica necesaria", según informaron fuentes judiciales.Contra esa decisión, y sin interponer previamente el correspondiente recurso extraordinario federal, que es lo que dispone la ley, la defensa presentó un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia, explicaron fuentes del máximo tribunal.Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, desestimó el planteo de la defensa de Benicelli.
Los otro cuatro acusados en el juicio han sido absueltos de todos los delitos que se les acusaba
En la pendamia de covid-19 Cristián Bejarano y Milton Cano, que eran jefes de la Subdelegación de la Policía Federal en La Quiaca, intentaron pasar a Bolivia un camión con insumos sanitarios y otras mercaderías.
Angélica Monsalve aseguró que el estatus de certificación o descertificación otorgado por Estados Unidos no ha generado cambios sustanciales en la lucha contra las drogas
El fiscal Mario Villar le solicitó a la Cámara de Casación Penal rechazar los recursos presentados por la defensa de los condenados, que objetó la suma de $684 mil millones que calcularon los peritos de la Corte Suprema
Así lo manifestó el fiscal Villar en audiencia clave en Casación. Deberán pagar más de $684 mil millones.
Lo hizo Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación, en una audiencia donde se debaten los decomisos del caso.
Todos, excepto los abogados de los cinco absueltos, presentaron recursos de casación. La Provincia cuestionó la declaración de "violencia institucional" y las indemnizaciones a las víctimas. Leer más
Las familias de los líderes ashéninkas asesinados denuncian que, pese a la sentencia de 28 años de cárcel, los responsables siguen fuera del alcance de las autoridades
El joven debía estar en un destacamento ubicado sobre la costa del río Uruguay, en Corrientes.Como hacía mucho tiempo que no veía a la mujer, le permitieron salir, pero se accidentó cuando volvía en la ruta nacional 14.Allí se puso en marcha una maniobra para evitar que saliera a la luz la irregularidad, pero un agente se quebró y contó la verdad.
Por unanimidad, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliaria al extitular de la Dirección de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, un hombre de 74 años condenado en la causa Vialidad a 4 años y 6 meses de prisión, que se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, conectado por las noches a un aparato que evita la apnea del sueño.La decisión fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.Pavesi había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, junto a la expresidenta Cristina Kirchner, a cuatro años y seis meses de prisión y se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.En el juicio, los declararon culpables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ese fallo fue confirmado por la Sala IV de Casación y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo dejó firme.Por eso, el tribunal oral dispuso la inmediata detención de los condenados a penas de cumplimiento efectivo, como es el caso de Pevesi. El exfuncionario, en la instancia de ejecución de la pena, Pavesi solicitó que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, ya que es mayor de 70 años, y por su estado de salud.Explicó su defensa que Pavesi tiene 74 años y está acreditado que tiene múltiples patologías, entre ellas diabetes, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño que requiere el uso permanente de un dispositivo CPAP (de presión positiva continua en la vía aérea) que le suministra aire de manera continua mientras duerme. Asimismo sufre un trastorno neurocognitivo.La defensa destacó además que, durante su permanencia en prisión, se produjeron episodios que afectaron directamente su integridad física y psíquica, entre ellos agresiones por parte de otro interno. Señaló que el complejo penitenciario de Ezeiza no reúne las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de sus tratamientos, ni la seguridad indispensable para su estado clínico.La Cámara Federal de Casación Penal tuvo en cuenta las constancias médicas y socioambientales aportadas, así como las circunstancias actuales vinculadas al complejo de Ezeza, el delicado estado de salud de Pavesi, sus 74 años y consideró que correspondía otorgar el beneficio solicitado.Así le concedieron por unanimidad a Raúl Gilberto Pavesi la posibilidad de que cumpla su pena en prisión domiciliaria en su casa de Mar del Plata. El tribunal oral federal N° 2 le había negado el beneficio de la prisión domiciliaria y el fiscal Diego Luciani también se había opuesto. Estimaron que la edad no es un requisito automático y que los informes médicos concluyeron que el encausado puede ser atendido en la cárcel.En su fallo, el juez Jorge Gorini había señalado que la edad para la prisión domiciliaria "no opera de forma automática", sino que la ley marca que es una facultad del magistrado acordarla. Sobre el estado de salud del ex funcionario, el juez se había basado en los informes del Cuerpo Médico Forense que, en una de las consultas realizadas sobre si su cuadro se podría agravar por estar detenido en un penal, dijo que desde el punto de vista de su estado físico, la respuesta era negativa, en tanto se mantengan los criterios nutricionales correspondientes a su patología.
Eran inmigrantes italianos. Eran anarquistas en los Estados Unidos de la década del 20. Sus condiciones precarias de existencia y la conciencia de clase los llevaron a unirse a los seguidores de Luigi Galleani, un célebre ácrata italiano que incitaba a la revolución violenta. Cuando muchos integrantes de los galleanistas fueron deportados, Sacco y Vanzetti se ocultaron para eludir la cárcel y el exilio. Pero poco tiempo después los inculparon por un robo y un asesinato en los que no estaban involucrados. El 23 de agosto de 1927 serían ejecutados al finalizar un juicio infame, con los trabajadores del mundo clamando por su libertad
A 3 años de su histórico alegato en ese caso, Luciani criticó a la ex presidenta por "banalizar" la Justicia y reveló que para poder investigar en 2018 decidió "la estrategia del submarino: en silencio y tratando de que no nos detecten". Contó las "siniestras operaciones de inteligencia" que sufrió durante el juicio oral.
Les tenían trabajando sin estar dados de alta en el sistema público de la seguridad social
El Tribunal Oral Federal 2 rechazó "in límine" el recurso que presentó la defensa de la ex mandataria, que cuestionó los montos del embargo pero concedió la apelación: ahora debe definir la Cámara de Casación. Leer más
El proceso de remate de los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados por corrupción en la causa Vialidad avanza más allá de las objeciones legales que realizó la expresidenta.El Tribunal Oral Federal N°2 rechazó los pedidos de nulidad que planteó la expresidenta sobre la manera en la que la Justicia calculó el monto del decomiso en $684.990 millones por del daño cometido al defraudar al Estado con el direccionamiento de las obras viales en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Al mismo tiempo, el tribunal concedió el recurso de apelación para que ahora la Cámara de Casación Penal revise esa decisión. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso aclararon que la concesión de ese recurso no suspende el proceso de remate de los bienes.En tanto, los magistrados del tribunal oral le dieron traslado de los escritos de Cristina Kirchner y de Lázaro Baez a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para que dictaminen acerca de los planteos de incompetencia que realizaron los dos condenados.Cristina Kirchner dijo que no son los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 los que deben decomisar sus bienes, sino que esa tarea es del juzgado civil y comercial federal donde tramita una demanda por daños y perjuicios que presentó Vialidad Nacional en 2018 contra los condenados. En ese expediente se les reclama 22.300 millones de pesos, una cifra mucho menor. Lázaro Báez, en tanto, también planteó una cuestión de competencia, ya que dijo que el Tribunal Oral Federal N°2 que lo condenó no le puede decomisar su fortuna, porque su pena por el caso Vialidad y la condena por "la Ruta del dinero K" fue unificada en 15 años de prisión por los jueces del Tribunal Oral Federal N°4.Sostuvo Báez que son esos jueces los que tienen derecho a ejecutar sus bienes. De hecho el Tribunal Oral Federal N°4 ya avanzó y el juez Néstor Costabel decomisó y ordenó transferir a la Argentina 3 millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que el empresario kirchnerista tenía en un banco suizo.Además, dispuso que sean decomisadas para su remate 56 propiedades de Báez y de su hijo Martín Báez, también condenado, que incluyen lotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos, casas y otros inmuebles (46), más unas 10 quintas, chacras y estancias que se encuentran en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut. Además de esas cuestiones que ahora decidirá el tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner (el TOF2), empezará en paralelo una nueva intervención de la Cámara Federal de Casación. Allí deciden los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Los magistrados convocarán a una audiencia para que los abogados de Cristina Kirchner expliquen los motivos por los que cuestionan el monto del decomiso.Además, argumentarán acerca de si se debe incluir entre los bienes a rematar las propiedades de Cristina Kirchner que fueron entregadas a sus hijos Máximo y Florencia en 2016, como adelanto de herencia.Este trámite puede que lleve unas dos o tres semanas. No obstante, el tribunal oral podría avanzar con el proceso de remate.La Casación debe resolver también otro recurso de la expresidenta que se opuso a que le pongan una tobillera electrónica y que restrinjan sus visitas mientras cumple su condena firme a seis años de prisión en su departamento de San José 1111, en Constitución. La determinación del lugar para que se cumpla su condena en arresto domiciliario quedó firme, al igual que el monto de la pena de seis años, su inhabilitación perpetua y el decomiso de sus bienes.
Un jurado federal declaró culpables a Leonardo Báez y Nora Ávila Guel, una pareja de mexicanos con residencia legal en Estados Unidos, por albergar y ocultar a empleados indocumentados que no contaban con autorización para trabajar en ese país. El fallo se emitió en Texas, luego de un juicio que se resolvió en apenas tres días.Redada del ICE en una panadería en Texas: por qué arrestaron a sus dueñosLeonardo Báez, de 55 años, y Nora Ávila Guel, de 46, ciudadanos mexicanos con green card, fueron arrestados el 12 de febrero durante una redada que llevó a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los agentes irrumpieron en Abby's Bakery, la panadería de la que son propietarios en Los Fresnos, en Texas, y encontraron a ocho empleados migrantes sin permiso legal para trabajar en EE.UU.Según documentos judiciales citados por The Associated Press, seis de los trabajadores habían ingresado a EE.UU. con visas de turista y se quedaron más tiempo del permitido, mientras que los dos restantes estaban de manera ilegal en ese país. Ninguno de ellos tenía permisos laborales vigentes. Los investigadores detallaron que todos vivían en un espacio reducido con seis camas y dos baños, ubicado en el mismo edificio donde funcionaba la panadería. Por su parte, Báez y Ávila Guel fueron detenidos y acusados formalmente de violar leyes federales por albergar y contratar a personas sin documentación.Arrestados por emplear indocumentados en Texas: juicio exprés y condena en TexasEl juicio contra el matrimonio se llevó a cabo en Brownsville, una ciudad fronteriza de Texas situada a unos 20 minutos en automóvil de la panadería. Durante el proceso, el jurado escuchó el testimonio de cinco testigos presentados por la Fiscalía, entre ellos un agente del ICE que participó de la redada. Por su parte, la defensa de la pareja no presentó testigos. Durante el juicio, se reprodujeron videos de entrevistas con los dos empleados de la panadería que no tenían visa ni autorización de trabajo. Ambos dijeron que no fueron retenidos contra su voluntad y que recibían un salario por su empleo.Tres días después de iniciado el proceso, el juez federal de distrito Fernando Rodríguez declaró culpable al matrimonio.Qué pasará con el matrimonio mexicano condenado: la postura de sus abogadosA pesar de haber sido declarados culpables, la pareja mexicana continuará en libertad bajo fianza hasta su audiencia de sentencia, que fue programada para noviembre de 2025. Esa fecha, se conocerá cuál será la pena que recibirán. En específico, enfrentan hasta diez años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. El abogado de Báez, Sergio Luis Villarreal, calificó el veredicto como "desgarrador" y aseguró que el caso carecía de pruebas sobre cualquier intento de encubrimiento. "No hubo explotación, no hubo abuso. Nadie estaba allí contra su voluntad", enfatizó. En la misma línea se expresó el representante legal de Ávila Guel, César de León, quien cuestionó el criterio utilizado por el magistrado para definir el delito. "Simplemente, sentimos que, en este caso, realmente no hubo albergue de indocumentados", consideró.Además, sostuvo que su clienta no debía haber sido arrestada y condenada por contratar personal. "La ley no fue creada para ir tras personas como Nora", concluyó.
En un juicio abreviado recibieron esa condena por el delito de caza de animales silvestres cuya captura está prohibida. Tres de ellos cumplirán prisión efectiva domiciliaria. Leer más
La justicia federal de Texas halló culpables a los propietarios de Abby's Bakery, señalados por dar trabajo y cobijo a empleados sin papeles durante años
Ni la expresidenta Cristina Kirchner ni ninguno de los otros ocho condenados por el fraude de Vialidad Nacional depositó un peso de los 530 millones de dólares que la justicia les reclama como producto del delito cometido.La Justicia intenta recuperar el dinero de la corrupción para reparar el daño causado al Estado. Tras la intimación desoída, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben disponer el decomiso y el remate de los bienes embargados para cobrarse la suma que le reclaman a los condenados. La ley dice que, con el decomiso de los bienes de los condenados, lo que se busca es secuestrar "las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito" y que este debe quedar en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios. Pero antes de decidir esto, los jueces deben resolver un nuevo planteo que el martes realizó Cristina Kirchner. La expresidenta pidió suspender el decomiso, que el tribunal se declare incompetente y que le den intervención a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner para evitar que se rematen sus bienes, recibidos en 2016 como adelanto de herencia.El 15 de julio pasado, el tribunal resolvió abrir una cuenta e intimar a todos los condenados al pago de 684.990.350.139 de pesos, "bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines". Llegó ese momento. Pero por ahora nadie pagó.El fallo del TOF 2 estableció que también se deben decomisar los bienes del empresario Lázaro Báez, del exsecretario de Obras Públicas, José López (condenado a seis años de prisión); los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (cinco años), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).Lo primero que deben resolver los jueces es el planteo de la expresidenta que les dijo que eran incompetentes y que habían decidido "un disparate jurídico".Además, se quejó de que el fiscal Diego Luciani hubiera reclamado incorporar a los bienes a decomisar aquellos que les cedió a sus hijos como adelanto de herencia de su marido en 2016. Por eso pidió al tribunal que convoque al proceso a Máximo y a Florencia Kirchner para defenderlos. Entre estos bienes hay terrenos, chacras, casas, inmuebles, departamentos, hoteles, las sociedades que los administran y 6 millones de dólares en efectivo.Otro planteo a resolver es el de Lázaro Báez, que dijo que sus bienes ya fueron decomisados por el tribunal que lo condenó en la Ruta del Dinero K y que se unificaron sus condenas en 15 años. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a esta interpretación porque dijeron que lo que se unificó son las penas y no el monto del decomiso.Además, antes de que se ejecute una decisión definitiva sobre el remate de los bienes, la Cámara de Casación penal debe decidir sobre la apelación de Cristina Kirchner ante la intimación económica.La expresidenta pidió a los jueces de Casación suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación deben resolver si hacen lugar a la apelación o si la rechazan. La expresidenta recurrió el monto del decomiso y dijo que no se puede ejecutar porque el cálculo no es producto de una sentencia firme.Eventualmente, Cristina Kirchner puede intentar seguir con su reclamo de este asunto económico en la Corte Suprema.Al cuestionar el índice de actualización, la expresidenta solicitó que se declare la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar el dinero. Y señaló que, "dada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto", corresponde "que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas".Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, la expresidenta sostuvo: "Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima". Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.Cristina Kirchner insistió: "No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables".La expresidenta dijo que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir y sostuvo que deben resolver los jueces del fuero civil y comercial federal, donde tramita una demanda paralela por daños y perjuicios que planteó la Dirección Nacional de Vialidad. Allí le reclaman 1100 millones de dólares de indemnización.La expresidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.Dijo que al usar el IPC para actualizar el monto determinado tras la sentencia del juicio de diciembre de 2022 se incrementó "en cien veces el monto", lo que evidenciaría un "proceso de carácter confiscatorio" prohibido por la Constitución Nacional.La presentación subraya que existió una "clara confusión" entre el decomiso y la reparación de perjuicios".
Este miércoles a las 9:30 vencía el plazo para que los nueve condenados en la causa aporten en forma "solidaria" 648.000 millones de pesos (530 millones de dólares) en concepto de reparación. La ex presidenta apeló la medida. Leer más
Los nueve condenados por defraudar al Estado con los contratos de obra pública vial en Santa Cruz deben responder por el monto actualizado que robaron.Si no lo hicieran, el TOF 2 se prepara para ejecutar sus bienes hasta alcanzar el monto establecido.
Este miércoles a las 9:30 finaliza el plazo para que los condenados en la causa "Vialidad" hagan el aporte "en forma solidaria". Leer más
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi cinco meses de que la Justicia dictara la prisión perpetua para los cuatro imputados por el homicidio de la adolescente Otoño Uriarte -ocurrido en 2006 en Fernández Oro-, el Tribunal de Impugnación revocó la condena y absolvió a Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Ángel Antilaf.Tal como informaron desde el Poder Judicial de Río Negro, la decisión se fundamentó en objeciones vinculadas a la valoración de la prueba genética, la prueba odorológica y algunos testimonios que habían sido utilizados como sustento central de la sentencia condenatoria. La sentencia previa, que había impuesto penas de prisión perpetua por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, fue impugnada por las defensas de los cuatro hombres. Los abogados indicaron que se había efectuado una interpretación inadecuada de elementos probatorios relevantes.Uno de las controversias se vinculó con la valoración del ADN hallado en un cabello identificado como "pelo 17": la sentencia original sostuvo que existía una coincidencia significativa con el perfil genético de Jafri. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación destacó que esta conclusión no se correspondía con el testimonio brindado en el juicio por la perito genetista Belén Rodríguez Cardozo, quien afirmó que las características genéticas observadas excluían categóricamente a Jafri y a cualquier integrante de su línea paterna como posibles contribuyentes de la muestra.También se cuestionaron las conclusiones extraídas respecto de la muestra genética levantada del nylon que cubría el cuerpo de Uriarte. Según el Tribunal de Impugnación, la sentencia condenatoria habría atribuido indebidamente perfiles genéticos concretos a la víctima y a los acusados, mientras que el informe pericial advertía que la degradación de las muestras impedía establecer perfiles identificables con certeza.Otro de los puntos debatidos fue la prueba odorológica realizada con perros rastreadores. El tribunal de juicio de Cipolletti había sostenido que esta prueba ubicaba a los cuatro imputados en contacto con el nylon. El Tribunal de Impugnación advirtió que la pericia odorológica carecía de rigor científico suficiente, debido a las condiciones ambientales extremas a las que estuvo expuesto el nylon y la presencia admitida de falsos positivos. A su vez, señaló que esta prueba indiciaria no fue adecuadamente contrastada con los resultados genéticos que evidenciaban una importante degradación.Asimismo, el tribunal revisó el peso asignado a ciertos testimonios indirectos, especialmente aquellos aportados por testigos que refirieron versiones "de oídas" y cuyas declaraciones presentaban inconsistencias o imprecisiones. En ese sentido, entendió que esos testimonios "carecían de sustento probatorio autónomo y no se encontraban corroborados por otras evidencias objetivas que permitieran afirmar la participación de los acusados con el grado de certeza requerido".Luego de que el Tribunal de Impugnación, por unanimidad, revocara la sentencia condenatoria y absolviera a los imputados, se ordenó la inmediata libertad de Lagos, Jafri y Cau. Antilaf permanecerá en prisión porque cumple condenas por otros delitos.A más de 18 años del crimen que conmovió a Río Negro, el proceso judicial comenzó el año pasado con trece audiencias realizadas entre noviembre y diciembre. En esa instancia, el tribunal encontró culpables a los imputados por el homicidio de Otoño Uriarte, ocurrido el 23 de octubre de 2006 en Fernández Oro. Según la reconstrucción de los hechos, la víctima -de 16 años- fue interceptada en una zona oscura y poco transitada, privada de su libertad y posteriormente asesinada. Su cuerpo fue arrojado al canal principal de riego, donde fue hallado el 24 de abril de 2007.Durante la audiencia del 6 de marzo pasado, tanto la fiscal jefa Teresa Giuffrida como la abogada querellante Gabriela Prokopiw, representante de Roberto Uriarte (padre de la víctima), solicitaron la imposición de prisión perpetua para los cuatro acusados. Finalmente, el tribunal dio a conocer la sentencia el 20 de marzo.El fallo del tribunal se basó en una combinación de pruebas testimoniales, periciales e indiciarias. Además, el tribunal (integrado por las juezas María Florencia Caruso y Amorina Sánchez Merlo y el juez Juan Puntel) valoró los testimonios que evidenciaron un patrón de hostigamiento hacia Otoño por parte de algunos de los imputados, la sustracción de su bicicleta como parte de un plan premeditado y los rastros de material encontrados en la zona del canal de riego, los cuales reforzaron la hipótesis de la intervención de los cuatro condenados en la desaparición del cuerpo.En diciembre del año pasado, al efectuar los alegatos de clausura, la fiscalía había expresado que aunque "el paso del tiempo conspira para obtener detalles del hecho, hemos podido acreditar la culpabilidad de cada uno de los señalados como autores".
El periodista deportivo afirmó que los precandidatos de oposición al gobierno de Gustavo Petro deberían tener un director técnico para "evitar la derrota" en las elecciones de 2026
Hace 533 años partía de Huelva, al mando de tres naves, con el convencimiento de que tomaría un ruta por la que llegaría en forma más directa a las Indias. Las características de su proyecto y los escollos que debió vencer para dar inicio a la aventura
La jueza federal de Río Gallegos declaró inconstitucionales dos artículos de los Códigos Penal y Electoral y fijó el domicilio de la expresidenta en esa ciudad, lo que la habilitaría a votar. Leer más
La sentencia, que llega a tan solo dos meses de que el caso prescribiera, representó una decisión judicial sin precedentes en el país
Cristina Kirchner y el resto de los responsables en la causa Vialidad fueron intimados por la Justicia a depositar $684.990 millones â??equivalentes a US$530 millonesâ?? por el daño que causaron al erario público por hechos de corrupción.La cifra es elocuente, pero lo es aún más si se piensa en qué podría hacerse con ese dinero. Por caso, permitiría multiplicar por 3,5 el presupuesto que Nación le destina al Hospital Garrahan ($169.445 millones) o por 4,6 lo destinado a educación superior ($126.000 millones), resolviendo dos de los reclamos que más estado público tuvieron en el último año. El tipo de cambio utilizado para la conversión es de $1172.Cómo queda la actualización salarial para el personal de casas particularesEl importe, sin embargo, no alcanza para cubrir, por ejemplo, la sentencia por la expropiación de YPF (US$16.100 millones más intereses) ni los aumentos extraordinarios para los jubilados votados por el Senado, que implicarían unos US$15.000 millones. Aunque, si se toma el monto estimado de corrupción por la causa Cuadernos â??US$42.500 millonesâ??, podría pagarse casi tres veces el aumento definido por el Congreso.El cálculo de los US$42.500 millones corresponde a Ariel Coremberg, economista e investigador del Conicet, que en 2018 realizó un estudio sobre el impacto económico de la corrupción en el caso Cuadernos."De acuerdo con el testimonio de los empresarios arrepentidos, se cobraba un 15% sobre la inversión pública y un 5% sobre los subsidios de gas y transporte. En tanto, según José López, exsecretario de Obras Públicas, el esquema regía para Nación, provincias y municipios. Es decir, el acumulado calculado en base a la ejecución del gasto público en esos tres niveles llegó a US$36.000 millones. Actualizado a hoy serían alrededor de US$42.500 millones", detalló."Solo US$36.000 millones sin actualizar serían equivalentes a lo que hoy hay en las reservas del Banco Central. De no haber existido esta corrupción, con impacto directo en la estabilidad macroeconómica argentina, el país tendría el doble de reservas, la mitad de ellas legítimas, producto del ahorro de los argentinos. Así, hoy Argentina es más pobre, tuvo que devaluar su moneda como consecuencia del impacto de esta corrupción kirchnerista en las reservas del BCRA y en la salida de capitales", completó.El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal oral que condenó a Kirchner y compañía, y su colega Rodrigo Giménez Uriburu notificaron ayer a todos los condenados para que, solidariamente, reúnan los $684.990 millones. Si en 10 días hábiles no se cumple con el depósito a cuenta y orden del tribunal, la Justicia comenzará a decomisar y rematar los bienes que están embargados.En rigor, el plazo final vence en las dos primeras horas de atención del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. El tribunal dispuso tomar como válida la actualización de los bienes realizada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema, y descartó el cálculo presentado por el perito de Cristina Kirchner, que estimaba el perjuicio en apenas $42.000 millones.En cambio, los expertos de la Corte determinaron que el monto total del perjuicio provocado y la suma a reintegrar es de $684.990.350.139.Los jueces ordenaron cobrar ese dinero "de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público, que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción". Ese decomiso se ejecutará "bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes" ya embargados.En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes será un proceso largo y complejo que incluye la disposición de sumas en efectivo y el remate de propiedades. Pero no estará exento de dificultades, ya que Lázaro Báez â??el más acaudalado de los condenadosâ?? también está siendo ejecutado por otro tribunal, el federal 4, en la causa conocida como Ruta del Dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de $355 millones por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.Otro obstáculo surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso, los jueces pidieron al Juzgado Comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Además, requirieron el detalle de la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas.