Álex Kouri, Félix Moreno, Dante Mandriotti y Ciro Castillo comparten algo en común: todos han sido procesados por presuntos delitos cometidos en sus gestiones al frente de la región chalaca
En la última jornada del año de la megacausa que involucra a empresarios, a Cristina Kirchner y a ex jerarcas del kirchnerismo, se ventiló el esquema de recaudación de coimas en el sistema de corredores viales.
Luis Enrique Calla Rodríguez jefe de arrendas de la Municipalidad Provincial, fue denunciado por un empresario. La institución aclaró que no había ninguna diligencia ni acción de fiscalización programada
El organismo fue cuestionado por corrupción a partir de la filtración de audios de su ex director ejecutivo, Diego Spagnuolo. Leer más
La expresidenta no participará porque sigue internada tras la intervención por una apendicitis aguda.Cómo sigue el juicio en febrero.Todas las novedades de la jornada, minuto a minuto.
Tras ser procesado y embargado, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se salvó de quedar detenido gracias a su inmunidad de arresto. Lo acusan de facilitarle 10 millones de dólares a un financista a cambio de una coima. La maniobra se habría echado a perder por la devaluación de diciembre de 2023
Seis metros cuadrados bastaban para que el jefe moviera la estructura: una celda de la Unidad Penitenciaria N° 1 de San Luis fue convertida en base de operaciones, con teléfonos, una notebook, pendrives, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de pagarés, estupefacientes y una balanza de precisión. Desde allí, y con trato preferencial dentro del penal, organizaba compras, transporte y distribución de cocaína que, según pudieron comprobar los investigadores, llegaba desde Villazón, Bolivia, y se canalizaba hacia la ciudad puntana de Villa Mercedes. La estructura financiera incluía el lavado de activos mediante empresas y lugares detectados durante la pesquisa, y se sostenía con coimas dirigidas a las máximas autoridades penitenciarias para asegurar que la "oficina" funcionara sin obstáculos. La maniobra descubierta en 2023 terminó en juicio y condena: el Tribunal Oral Federal de San Luis impuso penas de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con lo publicado en su web fiscales.gob.ar.La investigación comenzó el 31 de agosto de 2023, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en Jujuy a una persona que estaba por entregar un bolso con 5,263 kilogramos de cocaína, cuyo destino final era Villa Mercedes. Ese primer hallazgo desató allanamientos en San Luis: se detuvo a otros implicados y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo, según informó el MPF. En esa misma línea, se ordenó allanar la celda del principal sospechoso â??que se encontraba detenido por una causa de violencia de géneroâ?? y se corroboró que había montado un esquema de trabajo con elementos prohibidos que facilitaban la continuidad del delito desde el establecimiento carcelario.La pesquisa permitió establecer que el liderazgo desde la cárcel se apoyaba en beneficios internos y en la connivencia de funcionarios. De acuerdo con el parte oficial, la cabeza de la organización era Rafael Dante Churquina y la operatoria fue posible gracias a la participación del director y del subdirector del penal, quienes aceptaban dádivas y otorgaban un trato diferencial a él y a otros integrantes de la organización durante las visitas. Esa estructura administrativa corrupta resultó indispensable para que la organización siguiera operando con la celda como centro de mando.El hilo del dinero fue clave para reconstruir la cadena de provisión. Según el MPF, Churquina y sus colaboradores enviaron a Jujuy la suma de US$12.500 â??US$10.000 aportados por Daniel Hedel Becherâ?? para adquirir poco más de cinco kilos de cocaína. La compra se efectuó con US$6000 dólares, a razón de US$1200 por cada "ladrillo", y el resto se destinó a mantener la logística del tráfico. Ese esquema económico se complementaba con el lavado de activos: se identificaron empresas, lugares y testaferros que servían para blanquear bienes y ganancias ilícitas, información que se consolidó gracias al aporte de un imputado colaborador en los términos de la ley 27.304.Con el avance de la causa, el Juzgado Federal de San Luis dictó el procesamiento con prisión preventiva para el líder y otros miembros de la organización por transporte y comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, lavado de activos y cohecho. En paralelo, se detuvo y procesó a dos funcionarios del servicio penitenciario provincial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cobro de dádivas y participación en el transporte agravado de estupefacientes. La etapa de procesamiento fue informada oficialmente por fiscales.gob.ar el 18 de diciembre de 2023, con el detalle de los hallazgos en la celda y la hipótesis de dirección desde el lugar de detención.El juicioEl expediente derivó en debate oral dos años más tarde. El 26 de diciembre pasado, el Tribunal Oral Federal de San Luis, integrado por las juezas María Carolina Pereira, María Paula Marisi y Gretel Diamante, condenó a tres acusados con penas que llegaron a 15 años de prisión. Según la acusación del fiscal federal subrogante de la Unidad Fiscal San Luis, Cristian Rachid, y del fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona, se acreditó que Churquina organizó y financió el tráfico ilícito desde su celda, lavó los bienes generados por la actividad y pagó coimas al director y al subdirector del penal para operar sin controles, todo ello en concurso real de delitos. El tribunal le impuso 15 años de prisión y una multa de $50.000.000.Becher, identificado como financista y partícipe en el lavado de activos, también quedó incluido en el pago de dádivas a funcionarios penitenciarios. Fue condenado a 13 años de prisión y a una multa de $48.000.000. En tanto, Efraín David Cortez recibió 4 años de prisión como partícipe secundario en el transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.La sentencia oral se apoyó en evidencia reunida por la PSA, en audios y conversaciones de los acusados y en el testimonio del imputado colaborador que permitió conocer la dinámica interna de la organización. Los fiscales hicieron hincapié en la gravedad de que el delito se ejecutara desde un establecimiento penitenciario, lo que exigió la cooptación de autoridades para garantizar el funcionamiento de la estructura criminal dentro del penal.Antes del inicio del debate, se celebraron acuerdos de juicio abreviado con otros siete acusados del proceso. Entre ellos estuvieron el director y el subdirector de la Unidad Penitenciaria N° 1 de San Luis, Jorge Ángel Orozco y Mario Ojeda, condenados por cohecho pasivo en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Orozco recibió 3 años y 6 meses de prisión y Ojeda, 3 años y 3 meses. Para ambos se dispuso la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Esos acuerdos fueron homologados el 31 de julio de 2025.El decomisoAdemás de las penas, el tribunal ordenó el decomiso de bienes vinculados a la actividad delictiva: dos inmuebles, dos fondos de comercio, 15 automóviles, motos, bicicletas, electrodomésticos, dinero y dispositivos electrónicos. A instancia del MPF, se resolvió también dar intervención al Servicio Penitenciario Federal para evaluar la incorporación de Churquina al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, un protocolo que apunta a administrar a quienes representan particular peligrosidad dentro del sistema.En su alegato, los representantes del MPF remarcaron que el caso "no es uno más", por la modalidad desde la cárcel y por la necesidad de una estructura administrativa corrupta que lo hiciera posible. La frase se inscribe en una línea de trabajo que la Procuración General de la Nación impulsa desde 2021 para abordar el fenómeno del delito complejo gestionado desde establecimientos penitenciarios, según se consignó en el parte de prensa.La sentencia oral dejó aspectos abiertos: el TOF indicó que los fundamentos se conocerán dentro de los 20 días hábiles posteriores al veredicto. En tanto, el decomiso de bienes busca afectar los activos que permitieron sostener la maniobra, un punto central para atacar la base económica del delito.
Se trata del juez Gastón Salmain a quién le ordenaron prisión preventiva pero que no se concretará porque tiene fueros.También fueron procesados el arrepentido y el escribano que participaron del hecho.
La semana pasada, el ahora expresidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, fue procesado por la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del club de Boedo. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, presidido por la jueza Inés Weinberg, decidió que la investigación debe continuar en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.El conflicto de competencia se planteó entre el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño N°4 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27. El fallo del TSJ fue por unanimidad. "La mayoría de los jueces del TSJ se remitió a los argumentos expresados por el Fiscal General [Juan Bautista Mahiques], que sostuvo que los procesos tenían un mismo objeto procesal, y que, además, en el fuero local se estaba investigando otro asunto vinculado que había sido iniciado antes que la causa ante la Justicia nacional, lo que configuraba una situación ineludible de comunidad probatoria. En ese sentido, el máximo tribunal porteño consideró que la totalidad de los hechos debían ser abordados en el mismo ámbito, y que el fuero local era el competente por haber sido quien intervino en primer lugar y haber desarrollado una extensa actividad probatoria", se informó en un comunicado de prensa."En la presente contienda positiva de competencia corresponde que sea el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad quien continúe entendiendo, ello de conformidad con los argumentos señalados por el Fiscal General. La calificación legal que en definitiva pueda recibir el hecho investigado no obsta a lo afirmado precedentemente. En efecto, de acuerdo con la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Bazán", Fallos: 342:509; "Nisman", Fallos: 339:1342 y "Corrales", Fallos: 338:1517) los jueces que integran el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son quienes constitucionalmente deben ejercer las competencias penales ordinarias (no federales), mientras que la Justicia nacional solo de manera transitoria ejercerá, en tanto órgano remanente, aquellas que aún no han sido transferidas", opinó la jueza Weinberg."Estos 'órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esa ciudad' de distinta naturaleza (unos nacionales, otros locales) tienen potencialmente la misma competencia, pero coyunturalmente esta se halla dividida en función de los convenios vigentes de transferencias. Razones de mejor y más eficiente administración de justicia exigen evitar que, una vez que este Tribunal determine quién debe conocer en la causa, se susciten nuevos conflictos basados en la división de competencias derivada de los convenios de transferencia progresiva de delitos. Esta regla rige tanto para los jueces locales respecto de los delitos aún no transferidos, como para los jueces nacionales con relación a los ya transferidos", concluyó.La resolución del TSJ porteño significa una transferencia de hecho de competencias penales a la Ciudad por fuera de la metodología de acuerdos entre Nación y CABA, como se hicieron históricamente tras la reforma constitucional que le dio autonomía a la Ciudad y la habilitó para tener, como cualquier otra provincia, su propio poder judicial.El audio de Sánchez Gamino en el escándalo de San Lorenzo: "Que lo pida Marcelo"."Esta defensa desde un primer momento afirmó que la competencia correspondía a la Justicia porteña. Resultaba un atropello y un mamarracho jurídico lo que venía haciendo la jurisdicción nacional, que era avanzar sobre una doble persecución penal a pesar de que la cuestión de la competencia estaba en trámite. Esta resolución le agrega racionalidad y orden al proceso. Va a permitir que Moretti ejerza su defensa debidamente. No lo percibo como una victoria por los planteos de competencia que presentamos, sino como el resultado lógico del análisis aplicable al caso", dijo a LA NACION el abogado Gastón Marano, defensor del imputado.La semana pasada, la jueza nacional en lo criminal y correccional Laura Bruniard, en consonancia con el dictamen de la fiscal Mónica Cuñarro, encontró al por entonces presidente de San Lorenzo de Almagro [ayer, tras la acefalía, la asamblea de representes eligió como titular del club a Sergio Costantino] autor penalmente responsable del delito previsto en el artículo 173 inciso 7° del Código Penal. Le mantuvo la libertad ambulatoria, pero le prohibió la salida del país y le trabó un embargo sobre su dinero o bienes por $38.778.145, suma que, al cambio actual, cubre los 25.000 dólares que habría cobrado para fichar en las inferiores del club al hijo de una empresaria de medios de La Plata. Una cámara oculta lo grabó guardándose uno de los fajos en el bolsillo interno de su saco.En su resolución, la jueza Bruniard consideró que Moretti "en su carácter de Presidente de la Comisión Directiva de la Asociación Civil 'Club Atlético San Lorenzo de Almagro', abusando y aprovechándose de la posición de confianza institucional derivada de su calidad de máxima autoridad del club, en contravención de los fines que legal y estatutariamente le habían sido encomendados, tales como la promoción del mérito deportivo, la correcta administración de los recursos sociales y financieros, como la transparencia en las decisiones de gestión, exigió a María José Scottini distintas sumas de dinero a cambio de habilitar irregularmente al hijo de la nombrada (Juan Simón Coronel) a participar del torneo de fútbol organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, desviando los valores en beneficio propio, con el consiguiente perjuicio patrimonial para la institución".Señaló que entre febrero y junio de 2024, Moretti y Scottini tuvieron dos reuniones en la sede del club, en las que la directiva del Diario Hoy, de La Plata, y exfuncionaria municipal durante la intendencia de Pablo Bruera y Julio Garro, recibió primero 20.000 dólares y luego 5000 dólares.Aunque, una vez estallado el escándalo, ambos quisieron justificar el pasamanos de billetes como "una donación" de la empresaria para el club, lo cierto es que la contabilidad de San Lorenzo no tiene ningún registro de la entrada de ese dinero a sus arcas. Para la Justicia, esos 25.000 dólares fueron la suma exigida por Moretti para fichar al hijo de Scottini en la cantera azulgrana.Así lo calificó Bruniard: "Con dicho accionar otorgó una aplicación distinta â??y funcionalmente desviadaâ?? a los intereses del club, ocasionando un perjuicio institucional y patrimonial concreto, tanto por la decisión irregular adoptada como por la apropiación indebida de fondos de terceros en el marco de su función como máxima autoridad del club".La inscripción de Juan Simón Coronel ante la Asociación del Fútbol Argentino se concretó el 24 de julio de 2024. No jugó nunca. Las pruebas incorporadas incluyen videos y audios difundidos por TLN Denuncia, de Canal 9, aportados en crudo por el periodista Tomás Méndez, conductor de aquel programa televisivo.Se trataba de videos grabados con una cámara oculta (se sabría luego que lo hizo Alex Rojas, el chofer de la empresaria con unos anteojos especiales) en los que se veía a Moretti recibir dinero, al tiempo que se escuchaba que Scottini le decía: "Yo te pido que me lo fiches".La empresaria lo había conocido en el palco oficial de San Lorenzo; allí llegó junto a su pareja de entonces, Edgardo Lemos, que había sido parte del equipo de campaña que llevó Moretti a la presidencia del Ciclón.En el encuentro grabado subrepticiamente también estuvo Francisco Sánchez Gamino (ladero de Moretti y director de Estudios para el Desarrollo Nacional de la Jefatura de Gabinete nacional, echado al estallar este escándalo).En uno de los audios de la cámara oculta, el imputado mencionó cifras y condiciones, refiriéndose a "veinticinco o treinta" mil dólares y a la necesidad de "hacer una ayuda" para justificar la operatoria.Scottini declaró bajo juramento que entregó el dinero en concepto de donación para el fútbol juvenil de San Lorenzo, como que consuman proteínas y se mejoren el césped y los vestuarios. Admitió que no había recibido documento alguno contra entrega del dinero. "Moretti me dijo que me tendría que haber entregado un recibo de Tesorería, pero nunca lo hizo", se justificó.También intentó explicar que aquello de "te pido que me lo fiches" â??en el audio tomado como prueba se la escucha exigir "Yo te pongo los veinticinco, pero al chico fichámelo"â?? lo había dicho "de tarada, de cholula, como si tuviese un hijo que estudia abogacía y les digo que lo dejen que trabaje".Tres empleados del área de tesorería y el tesorero del club, Leandro Goroyeski, afirmaron que no ingresó al club ninguna donación atribuible a Scottini en el sistema contable "Bejerman", requisito obligatorio para registrar aportes. El auditor externo, Martín Santiago Ghiardotti, ratificó que en el balance del ejercicio económico 2023-2024 tampoco figura ningún ingreso relacionado con la nombrada; detalló las únicas cuatro donaciones registradas, ninguna de las cuales está vinculada con los hechos investigados en esta causa, sino que tenían como destino el pago de sueldos de profesores de la institución.En los audios grabados de forma discreta a los protagonistas de la historia se escuchan frases reveladoras. En una se le escucha decir a Scottini de Moretti: "le voy a decir 'tomá, esto es lo que te debía'. Sabés cómo se los mete adentro del traje otra vez". Se refería a los 5000 dólares que completaron el pago de los 20.000 anteriores. En otra conversación remató: "Me causó gracia cómo manoteó la plata y se la metió adentro del traje. Vos viste la desesperación? No, no, fue muy mundial eso".En otros audios atribuidos a Sánchez Gamino se interpreta que Moretti fue el que le pidió "las veinticinco lucas" y que "la idea siempre fue que lo podamos meter a Simón [Coronel, el hijo de Scottini] y que nuestra ganancia sea el departamento [â?¦] que vayan saliendo otros negocios".De oficioLa investigación había comenzado en la Justicia porteña porque, tras la difusión de la cámara oculta presentada en Canal 9, desde la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°8, especializada en Eventos Masivos y conducida por el fiscal Maximiliano Vence, había abierto una expediente de oficio.En cambio, la fiscal Cuñarro y la jueza Bruniard tomaron intervención después de una denuncia presentada por el dirigente opositor César Francis.La decisión del TSJ porteño no fue bien recibida en el Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional, donde sostienen que el delito de administración fraudulenta no fue de los traspasados a la Justicia de la Ciudad. "Entonces ahora, ¿podrían tener incumbencia en delitos como homicidios o narcotráfico?", se preguntó una funcionaria con una ampliar experiencia en la materia.
Este martes 23 de diciembre a partir de las 9 se realiza una nueva audiencia sobre uno de los casos de corrupción más emblemáticos del kirchnerismo. Esto mientras la principal acusada Cristina Kirchner sigue internada tras una operación.Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales
"Me hacía esperar entre 45 minutos y una hora; después me hacía pasar a su oficina [...] y me decía: 'Vos sabés lo que tenés que hacer', 'te voy a hacer cagar', 'te voy a hacer fundir', 'me voy a quedar con tu empresa, voy a ir por vos y por tu familia'".El relato pertenece a Patricio Gerbi, uno de los empresarios arrepentidos. Fue leído hoy, al inicio de una nueva audiencia del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en la que, como parte de las declaraciones de los imputados colaboradores en la causa conocida como "La Camarita", se exponen más detalles de los pagos y se leen las amenazas que habrían recibido los ejecutivos para realizarlos. El empresario Gerbi le atribuye esos dichos a Claudio Uberti, un exfuncionario del kirchnerismo que fue desplazado cuando estalló el caso de la valija de Antonini Wilson. Uberti habría sido una de las puntas de lanza en el presunto esquema de extorsión y recaudación ilegal. "Su trato era violento, humillante, maltratador y soberbio. La presión que viví era emocionalmente destructiva", dijo Gerbi sobre él. La declaración de Gerbi, como la de otros de sus colegas, retrata a los empresarios como víctimas de un sistema de extorsión que incluía, además de amenazas explícitas, multas a las compañías que conducían y demoras en los pagos de las concesiones ya adjudicadas. Finalmente, dijo Gerbi, él y otros de su empresa accedieron a realizar los pagos. "Las entregas eran tres entregas por año aproximadamente; eran en pesos y equivalentes a aproximadamente entre 15.000, 20.000 o 25.000 dólares cada una de ellas; pero Uberti nunca estaba satisfecho, continuaba amenazándonos", describió. Los aprietes, sin embargo, no solo provenían de los funcionarios del kirchnerismo. Según describió en su declaración, en el marco de una reunión celebrada en Vialidad Nacional, de la que formaron parte varias personas, una de ellas, a quien en ese momento no conocía, le espetó: "Bajate de esta licitación porque esto no es para vos".Se trataba de Fabián de Sousa, pero Gerbi no lo sabía, por lo que le preguntó quién era. "Yo soy el que va a hacer que te dejen de pagar, que te revisen todos los contratos y que te quiebren la empresa", dijo que le contestó el empresario ligado al kirchnerismo. Al testimonio de Gerbi lo siguió el del fallecido José Chediack. "Si querés seguir trabajando, tenés que pagar", sostuvo que le dijo Julio De Vido en la primera reunión que mantuvo con él, en el departamento que el exministro tiene sobre la avenida Libertador."Realmente me sentí amedrentado con esta situación; nunca me había pasado algo similar. Yo atiné a explicarle que veníamos de una crisis, la de 2001, pero me trató de llorón; me dijo que teníamos que entender que eso era así. Entendí el mensaje muy claramente y, al tiempo, empecé a llevarle algunas cantidades de dinero a su casa", dijo, de acuerdo con lo leído hoy en la audiencia.En su declaración, Chediack describió que durante un tiempo realizó entregas mensuales, en pesos, la mayoría de ellas en el living de la casa de De Vido, al lado de unos árboles "bonsái", aunque a veces también dejaba el dinero en un baño del Ministerio de Planificación. En 2004, sin embargo, el sistema cambió, dijo, luego de una reunión celebrada en la Cámara Argentina de Empresas Viales, sobre la calle Piedras."[Ernesto] Clarens se presentó como el financista de los Kirchner y dio instrucciones muy precisas. Nos dijo: 'Si quieren trabajar, van a tener que pagar. Acá se es amigo o se es enemigo; no hay estados neutros. Me van a tener que pagar a mí'".Chediack añadió que el financista Clarens repartió tarjetas con la dirección de una oficina ubicada en pleno microcentro porteño, sobre el pasaje Carabellas. "Ustedes me llaman y me traen la plata acá", les dijo.Como Chediack no se presentaba, dijo que las amenazas en su contra se agravaron. "Escuchame, nene, te quiero el lunes con los 250.000 pesos, no seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar", le habría dicho Clarens. "A Clarens le pague entre tres a cinco veces por año. El último pago debe a haber sido a principios del año 2015â?³, contó el empresario. Chediack falleció el 18 de septiembre de 2023, luego de tener un accidente aéreo en la provincia de San Luis. Noticia en desarrollo
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Es Baires Fly, investigada por supuesta emisión de facturas truchas por viajes no realizados.El titular de la AFA voló a Santiago del Estero y regreso a San Fernando luego del partido, un viaje que cuesta 12 mil dólares.
También declararán a ocho empresarios que lideran las empresas que prestan ese servicio.Acusan a los funcionarios de acordar un negocio de $ 4.900 millones en menos de un año.
El exembajador interpeló a funcionarios de la UNGRD y anticipó que revelará más información sobre el caso
"Como tenía la oficina al lado de la de De Vido, se lo llevaba y lo dejaba en el baño. Eran carpetas que contenían sobres con montos que oscilaban entre 100 y 300 mil dólares".El extracto forma parte de un descargo realizado por el exsecretario de Obra Pública arrepentido José López, leído hoy al comienzo de la novena audiencia del juicio oral por los Cuadernos de las Coimas. "De Vido estaba presente -siguió López- y me decía pasa, y se lo dejaba en el baño. Luego manteníamos una reunión en el escritorio. En el baño se dejaba sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet. En algún lugar a la vista".Es uno de los muchos testimonios que por estos días se exhiben bajo la luz pública en el tramo del juicio oral conocido como la Camarita. Son declaraciones que describen la dinámica y los roles dentro del presunto sistema de recaudación de coimas durante los tres gobiernos del kirchnerismo.De acuerdo con el testimonio de López, por caso, existía solo un puñado de empresas con acceso directo al exministro Julio de Vido y su mano derecha Roberto Baratta. Los pagos del resto de las firmas pasaban por Ernesto Clarens, el financista que oficiaba de intermediario. "Efectivamente, recibía a las personas de esas empresas que traían el dinero", ratificó Clarens en su descargo, leído hoy después del de López. "El dinero yo lo recibía, lo cambiaba a dólares donde cobraba una comisión por la diferencia de cambio, y se lo entregaba a José López", precisó luego. Uno de los imputados de mayor peso en este segmento de la causa -donde son juzgados más de 40 empresarios- es Carlos Wagner. "Las dádivas que entregara en la sede de la empresa eran con dinero propio, generalmente en pesos y el monto es muy difícil de saber porque varía muchoâ?¦ es una cuenta muy difícil de hacer", dijo el empresario, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante gran parte del período. "Los montos entregados al Sr. Clarens no guardaban una proporción con el monto del contrato y eran variables. Este sistema de pagos se mantuvo con vaivenes al menos hasta el año 2011. Los pagos fueron siempre realizados con dinero personal y la mayor parte de ellos fueron en pesos", agregó en su declaración, repasada hoy en la audiencia. Wagner es el único empresario acusado de integrar la presunta asociación ilícita que habría liderado la expresidenta Cristina Kirchner.La audiencia se abrió con un descargo suyo, en el que además de negar los hechos, la expresidenta sostuvo que la causa era una "movida judicial sin pruebas", diseñada para perseguirla, como resultado de un "ensañamiento" en su contra. También se sobrevolaron algunas declaraciones con pequeñas semblanzas acerca de la personalidad de los implicados. De López, por caso, se dijo que era un "maltratador". "López es una persona desequilibrada, mala en el trato, te bastardeaba y te denigraba. Era un tipo que te insultaba delante de la gente, insufrible", describió Sergio Pasacantando, exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). "Era un vehemente, te puteaba. Era mejor no decirle nada", completó el exfuncionario. En su declaración como arrepentido, en la que brindó detalles sobre los bolsos, López contrastó aquellas declaraciones de Pasacantando al afirmar ser una persona de "perfil bajo, que no ostentaba su cargo". Sobre el financista Clarens, por caso, el exfuncionario Sandro Férgola sostuvo que era una persona "amable y entradora", aunque los empresarios lo vieran como un "extorsionador", cuyas exigencias de dinero eran "muy firmes", al decir de Hugo Dragonetti, de la firma Panedile. "[Clarens] habló con claridad y nos informó, de manera escueta, concreta y contundente, que para poder cobrar debíamos 'devolver' el 3 % de todo lo que se nos pagara, 'sí o sí", dijo en su descargo Gabriel Pedro Losi, hijo del empresario Luis Losi. "Finalmente, decidimos que no podíamos hacer otra cosa [más] que claudicar y comenzar a atender, dentro de las posibilidades financieras de mi padre, el pago que se nos exigía -siguió Losi- A partir de esta decisión, que adoptamos en forma privada [...] personalmente hice entregas de dinero a Clarens, en sus oficinas. Por obvias razones, no tenemos registro de dichos pagos".En la lectura que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 está previsto que a los descargos sigan las declaraciones de los ocho arrepentidos de este expediente.Noticia en desarrollo
Otros cuatro acusados fueron citados a declarar. Entre ellos se encuentra la exfuncionaria e hija del lobista Miguel Ángel Calvete
La de este jueves es la novena jornada del debate judicial que se lleva a cabo dos veces por semana y de forma virtual.Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
El proceso contra CFK, Julio De Vido, José López y algunos de los mayores hombres de negocios del país continuará este jueves con la acusación del caso de "La Camarita"
Operativo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú permitió intervenir 13 inmuebles y detener a 12 personas vinculadas a una presunta organización criminal
El magistrado terminó de indagar a los 15 primeros imputados, entre ellos a Diego Spagnuolo, y en los próximos días decide su situación procesal. Mientras debaten sobre si hay que peritar el audio que difundió Carnaval Streaming y en base al cual se abrió la causa y esperan un peritaje sobre la ruta de los sobornos.
Edgar Zaconetty relató todo el 'detrás' de la coima solicitada por el exintegrante del equipo especial Lava Jato, quien además de los 20 mil dólares le pidió un iPhone 17 Pro Max para su hija
Una denuncia por una falsa infracción vial reveló un mecanismo de cobro ilegal en plena vía pública. Los agentes pedían dinero para evitar secuestros inexistentes y uno de ellos ya estaba implicado en un caso similar. Leer más
ROSARIO.- Después de varias postergaciones, por los problemas de salud que aducía padecer el juez federal Gastón Salmain -tuvo un cuadro de vértigo y después se sometió a una vasectomía-, un grupo de fiscales y el titular del juzgado federal N°4, Carlos Vera Barros, indagaron este martes al magistrado Gastón Salmain. Es el juez que negó haber favorecido al financista Fernando Whpei, al que autorizó en diciembre de 2023 la compra de 10 millones de dólares a precio oficial, en momentos en que regía el llamado cepo cambiario. Este juez, que está siendo investigado en la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, se habría quedado, según la declaración del financista arrepentido, con un retorno de 200.000 dólares, según detallaron los fiscales a cargo de la causa.Asesorado por los abogados Gustavo Feldman e Ignacio Carbone, Salmain negó los hechos que se le imputan y no respondió preguntas. La audiencia se realizó por Zoom, en el marco de una causa donde ya fueron indagados Whpei y Santiago Busaniche, por considerar que existen motivos suficientes para sospechar que participaron de la comisión de los hechos ilícitos en la compra de dólares a precio oficial, cuando regía el cepo cambiario. Salmain no respondió preguntas, pero expuso sus argumentos durante más de una hora.Después de la audiencia, Feldman, quien ejerce la defensa técnica del controvertido magistrado, sostuvo que Salmain dejó evidenciadas varias circunstancias, entre ellas, que la petición fiscal "es artificiosa e impostada, tiñendo hechos totalmente legales como indicios de delito". Según el letrado, el juez también dejó expuesta "la postura cobarde y mentirosa de Whpei, resaltando una docena de circunstancias contrarias a la verdad, único nutriente de la tesitura de los fiscales".Salmain está acusado, junto con Whpei y Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, "de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario".De acuerdo a la investigación, "para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA".A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10% de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.En la investigación los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.A fines del año pasado, el magistrado intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado. Según las fuentes judiciales, Salmain tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber intentado concentrar esos expedientes a cambio de dinero.Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones borradas de WhatsApp que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como "Gastón Salmain" entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.Esta investigación provocó que los fiscales de PROCELAC solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. A estos problemas se suma que desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido en sus antecedentes para concursar como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. La cesantía administrativa le imposibilitaba incursionar en la carrera judicial, pero la omisión de ese antecedente le posibilitó que dos veces la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego, y llegar a juez federal.
Fuerte cruce entre libertarios y la provincia por una adjudicación.
La Cámara Federal porteña dispuso liberar de inmediato al exfuncionario, que se encontraba bajo arresto domiciliario en Mendoza
Chats y testimonios difundidos por Cuarto Poder revelan que el exintegrante del equipo Lava Jato no solo pidió dinero, sino también un teléfono de alta gama. Las pruebas presentadas por Edgar Zaconetty fueron decisivas para la prisión preventiva ordenada por la Corte Superior de Justicia de Lima
En ese tramo del caso fueron claves los testimonios de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens. Se trata del requerimiento de elevación que se escuchará esta semana en el juicio Cuadernos.
Claudio "Chiqui" Tapia viajó a Washington para el sorteo del Mundial 2026 en un avión de Baires Fly, empresa vinculada a las supuestas coimas en discapacidad. Compañías aéreas que se repiten, dirigentes políticos de todos los partidos y lobistas bajo la lupa. Leer más
El representante del Ministerio Público habría exigido el pago de USD 20 mil a una persona investigada por estafa a cambio de archivar su caso
El juez Sebastián Casanello deberá validar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. A la par, el tribunal confirmó que el laboratorio de los Kovalivker debe seguir bajo investigación en el caso ANDIS
Después de la frustrada audiencia del martes, en la que el exministro Julio De Vido presentó un recurso y frenó la marcha del juicio por los Cuadernos de las Coimas, el debate oral del caso más extenso de corrupción se reanudó este jueves, en horario y con un menor número de actos introductorios.En esta jornada, se continúa con la acusación fiscal y se exponen los detalles del presunto pago de coimas por parte de tres empresarios a dos funcionarios del kirchnerismo, en solo uno de los seis expedientes que conforman el caso. "Ha sido probado con la certeza que este estadio requiere que el 22 de septiembre de 2010, Hugo Alberto Dragonetti tomó parte en la entrega de dinero a integrantes de la asociación ilícita celebrando pactos espurios que tenían por finalidad la obtención de un beneficio para la empresa Panedile Argentina, que en aquel entonces representaba", dice el requerimiento de elevación del fiscal Carlos Stornelli. De este tramo del caso, del empresariado, forman parte además de Dragonetti, Alberto Taselli (Faraday) y Jorge Mauricio Balan (Industrias Juan F. Secco), y por el lado de los funcionarios, Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, señalado como el recaudador en el sistema de coimas, y su secretario, Nelson Lazarte, quienes, en este segmento de la maniobra, habrían cobrado un estimativo de cinco millones de dólares y 20 millones de pesos. Este expediente es apenas un rincón del universo Cuadernos, en el que son juzgados Cristina Kirchner -como presunta jefa del sistema-, 63 empresarios de primera línea y una veintena de funcionarios del kirchnerismo, acusados de haber participado todos de un sistema de recaudación ilegal que se extendió a lo largo de 12 años. "En particular se probó que entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita que fue formada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación como así también organizada, en mayor medida por representantes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios", se leyó al comienzo de la audiencia, que empezó puntualmente. En la audiencia se leyeron anotaciones de Centeno. "En el lugar el Lic [por Baratta] subió a mi auto y fuimos también con Nelson [Lazarte] al garage del 1er subsuelo de Sgto Cabral y Suipacha; donde en la puerta nos esperaba el hijo de la persona [Hugo Dragonetti, hijo] que tenía en bolso en el 1er subsuelo lo esperaba una persona mayor y le entregó un bolso grande con 1.5000.000 u$s", se leyó. Hubo una pequeña modificación que aligeró el inicio de la audiencia: se evitó constatar la presencia de los 86 imputados y sus respectivos abogados, un trámite que suele ocupar los primeros diez minutos de audiencia, y, en cambio, se leyeron solo los nombres de aquellos que por cuestiones médicas no formarían parte de la sesión, que al igual que las anteriores, se desarrolla de forma virtual. El martes, los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 destinaron casi la totalidad de la sexta audiencia a la resolución de un planteo de recusación en su contra presentado al comienzo de la jornada por el exministro De Vido, señalado como una pieza central en el mecanismo de recaudación ilegal.Los magistrados rechazaron in limine la presentación de De Vido -es decir, sin tratarla-, pero luego de una deliberación que se extendió por casi cuatro horas, tiempo en el que estaba previsto avanzar con la lectura del requerimiento de elevación de la tercera de las seis causas en juicio oral.Noticia en desarrollo
Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
El mayor Luis Guillén Ticona, comisario de Villa Hermosa y responsable de la seguridad en Santa Anita y El Agustino, fue detenido junto a cuatro suboficiales
La mujer de 18 años aseguró que los agentes PNP exigieron S/500 para devolverle su teléfono y que uno de ellos la llevó a un cuarto, donde la agredió. Dos despachos del Ministerio Público ya realizan diligencias
El fiscal adjunto fue detenido in fraganti después de admitir que solicitó un soborno en dólares para archivar un caso de estafa. La PNP confirmó que aceptó los cargos y la JNJ abrió una investigación en su contra
El fiscal Henry Amenábar, conocido por su participación en el operativo de detención al expresidente, fue arrestado en un centro comercial de Lima tras ser sorprendido con tres mil dólares, parte de un presunto soborno para favorecer a un acusado de estafa
Roger Edgar Grant declaró y respondió preguntas del juez y el fiscal. Apuntó contra Daniel María Garbelli, número dos del organismo
El Tribunal Oral Federal 7 dio a conocer esta semana los fundamentos de las condenas a 4 años de prisión al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a 3 años y 6 meses a su mano derecha, Roberto Baratta, en el caso por la importación irregular de buques con gas natural licuado. Mails y otras pruebas muestran su rol de armador.
El ex director de la Agencia investigado por corrupción insiste con la nulidad del caso. Un estudio de una empresa española detectó 18 cortes "compatibles con la edición y manipulación intencionada" de las escuchas. La Cámara Federal tiene que decidir sobre el planteo
El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios se reanudará mañana con la etapa de los cargos por la "Camarita", un tramo que tiene a medio centenar de ejecutivos acusados por cohecho
Roger Grant fue coordinador de Gestión de Urgencias y controlaba las compulsas en las que salían adjudicadas solo cuatro droguerías. Su nombre aparece en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete
Roberto Herrera es el defendor de Víctor Manzanares, es contador de la familia Kirchner. Contó cómo empresarios y funcionarios recaudaban dinero ilícito, que era trasladado por Daniel Muñoz y blanqueado mediante inversiones y propiedades en Argentina y en el exterior
El juez federal Sebastián Casanello radicó la denuncia por averiguación de delito luego que no se concretó a tiempo una orden para requerir el celular del empresario a su arribo al país
Detuvieron a tres policías de Seguridad Vial en Santa Fe
El Tribunal rechazó los recursos de Dragonetti, Balan y Loson, que buscaban llevar sus casos a la Justicia electoral con el argumento de que eran "aportes de campaña". Leer más
El abogado Eduardo Roy Gates aseguró que el exgobernador acudió en dos ocasiones a la sede de Obrainsa sin acompañantes del Gobierno Regional de Moquegua
En una definición importante para el curso del juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó recursos de un grupo de empresarios que reclamaban que sus pagos fueran considerados aportes de campaña y no sobornos. Pretendían, así, eludir el juicio y que sus desembolsos fueran analizados por la Justicia electoral. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó las presentaciones de las defensas de los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Armando Loson. Loson declaró en la causa de los Cuadernos de las Coimas como arrepentido, y en otra causa paralela denunció que parte de las menciones que se hacían sobre él en las anotaciones del chofer Oscar Centeno habían sido adulteradas.La decisión de la Corte estuvo fundada en que las presentaciones de los empresarios no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Es la misma respuesta que ya recibieron en las últimas semanas más de una treintena de planteos que buscaban cuestionar el caso que comenzó a juzgarse a inicios de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7), con la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios en el banquillo de los acusados.Ante el TOF 7, la defensa de Loson sostuvo que las entregas de dinero que el directivo de la firma Albanesi SA reconoció haber efectuado en la causa se circunscribieron a aportes de campaña electorales para 2013 y 2015, y que esos pagos no implicaron un beneficio personal ni una ventaja para sus empresas. En su argumentación, Loson se amparó en el caso de otros empresarios como Manuel Santos Uribellarea, Alejandro Ivanissevich y Hugo Eurnekian, quienes, según su visión, en situaciones análogas, lograron que sus casos sí pasaran, en instrucción, a la justicia electoral. Presentaciones en el mismo sentido realizaron las defensas de Dragonetti y Balán.En febrero de 2024, el TOF 7 rechazó el planteo de incompetencia. A Loson se le respondió que esa argumentación no era novedosa, que había sido planteada sin éxito en instrucción y que correspondía rechazarla. Lo mismo se hizo con las otras presentaciones.En junio del 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal admitió la queja de las defensas. Entre ellos también figuraba el empresario Angelo Calcaterra, quien en sus declaraciones en indagatoria desde el comienzo del caso había dicho que los pedidos de dinero del kirchnerismo eran para la campaña. Calcaterra es el primo de Mauricio Macri. A fines de noviembre, por mayoría, la Cámara de Casación rechazo los recursos y confirmó que los empresarios debían enfrentar el juicio oral por cohecho.En el caso de los empresarios cuyos recursos prosperaron, Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian e Ivanissevich, sus causas pasaron a la justicia electoral y evitaron el juicio oral. El fiscal Carlos Stornelli consintió la declaración de incompetencia.Se tuvo en cuenta el criterio de que los empresarios no tenían contratos de obra pública cuando supuestamente hicieron esos pagos y que ellos manifestaron que se trató de un aporte de campaña no registrado.En el caso de Eurnekian, el juez concluyó que "habiéndose agotado la totalidad de las medidas probatorias relacionadas con el suceso", vinculado a un aporte de dinero cercano a la campaña electoral del 2013, en la cual el empresario "no resultó aportante" según informes de la Cámara Nacional Electoral, corresponde "que continúe interviniendo la justicia electoral".La defensa de Eurnekian sostuvo que los pagos "habrían tenido como motivación financiar la campaña electoral de la agrupación 'Frente para la Victoria" y no el pago de coimas.Sobre Ivanissevich, el juez sostuvo que el "único aporte de dinero habría sido realizado para el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al año 2009â?³ en la que, según informes de la CNE, no figuraría como aportante. "Corresponde que continúe interviniendo la justicia electoral", afirmó también en este caso.Lo mismo resolvió respecto de Uribelarrea, cuyos aportes de dinero habrían sido realizados "para el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al año 2015â?³.
Un grupo de empresarios planteó que sus entregas de dinero a Cristina Kirchner y otros funcionarios no fueron sobornos a cambio de contratos con el Estado, sino aportes para las campañas electorales K del 2013 y 2015. Así el máximo tribunal le dio un fuerte espaldarazo al juicio oral.
Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri está a cargo de la Admisión y Derivación de Denuncias. Leer más
El exmandatario recibió 14 años de cárcel, 9 de inhabilitación y una multa económica que se suma al monto de reparación fijado por el PJ
Se trata de Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de pagos registrada en el BCRA. La DGI informó acreditaciones por más de $818 mil millones y pidió allanamientos, embargos e intervención de la UIF
La última audiencia del mayor caso de corrupción de la historia reciente tuvo, por contraste, a dos protagonistas
Se celebró la cuarta audiencia del juicio oral por los sobornos a los contratistas del Estado durante el kirchnerismo.La imputación leída habla de una "empresa delictiva" que funcionó entre 2003 y 2015, que justifican la figura de asociación ilícita.
Gastón Salmain no se presentó a declarar como sospechoso de haber pedido una coima de 2 millones de dólares por sufrir "vértigo". Mientras pidió el allanamiento y el secuestro de los celulares de una abogada que hacer dos años preguntó si él había había sido espía. Ahora el magistrado busca saber si la mujer es de la SIDE.
Se trata del dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo. La Justicia analiza documentación secuestrada en un allanamiento y se aguardan indagatorias
La antesala de la cuarta audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas -en donde se terminará con la lectura de las declaraciones de los arrepentidos- estuvo marcada por un cambio de abogados en uno de los principales acusados. Alejandro Rúa, abogado afín al kirchnerismo, dejó la defensa del exfuncionario Roberto Baratta, que pasará a ser representado por Elizabeth Gómez Alcorta, titular del extinto Ministerio de Mujeres durante el gobierno de Alberto Fernández, y su socio, Marcos Aldazabal, abogado de Cristina Kirchner en la causa que investigó el ataque que sufrió en 2022.Baratta está acusado por la fiscalía de recaudar coimas en al menos 96 oportunidades entre 2003 y 2015, período en el que fue subsecretario de Coordinación dentro del Ministerio de Planificación.Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dispararon la investigación de LA NACION y la causa, era su chofer. Baratta, que niega los hechos, sostuvo en una de sus declaraciones ante la Justicia que las anotaciones de su chofer eran "fantasiosas" y "direccionadas". Para esta cuarta audiencia -la primera en realizarse un día martes, a razón de dos por semana- está previsto que el Tribunal Oral Nº 7 termine con la lectura de las declaraciones de los arrepentidos para dar paso a la valoración de las pruebas de la fiscal Fabiana León.Una de ellas es la del financista Ernesto Clarens que, en tanto arrepentido, sí reconoció los hechos que se le imputan. Describió ante la Justicia que fue convocado a formar parte de la maniobra a través del entonces director de la cámara de empresarios, Carlos Wagner, el único de los ejecutivos acusado de ser organizador de la presunta asociación ilícita que lideraron Cristina y Néstor Kirchner, según la acusación. Al convocarlo, Wagner le habría transmitido a Clarens que "el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos".Su tarea, dio a entender en su declaración, fue la de oficiar como intermediario con los hombres de las compañias, cambiar sus pesos a dólares -trámite por el que cobraba una comisión- y llevar el dinero al exsecretario millonario de los Kirchner, Daniel Muñoz, según las indicaciones del entonces titular de la Obra Pública, José López.Los empresarios o sus emisarios se presentaban en su oficina de la calle Maipú para realizar los pagos, que solían ser el 10% de lo que ya habían cobrado por una adjudicación. En ocasiones, era él quien se apersonaba en las sedes de las empresas, o se acordaba realizar el pago en una habitación del Hotel Panamericano."Ciertas empresas, como CPC [S.A.] de Cristóbal López y Electroingeniería [Gerardo Ferreyra], tenían línea directa; la recaudación no me la traían a mí", distinguió, y añadió más adelante: "El monto dependía de la recaudación: eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal"."En determinado momento, Muñoz me pide que trate de traer euros en billetes de 500, porque ocupaban menos lugar. Coordinaba luego con Daniel Muñoz para entregarle el dinero, tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma, como en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay, del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes".Relató que la "Camarita" -como aludían informalmente a la Cámara Argentina de Empresas Viales- le entregaba mensualmente un listado donde figuraban las obras licitadas, el presupuesto oficial, la empresa ganadora, el monto ofertado y el sobreprecio.Noticia en desarrollo
De empresario joven y exitoso a funcionario del Ministerio de Economía, la vida de Javier Cardini parecía transcurrir por aguas tranquilas, hasta que meses atrás los audios atribuidos a Diego Spagnuolo desataron el escándalo político y judicial de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que terminó con su carrera como funcionario público. Cardini, a quien según fuentes oficiales el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo le pidió la renuncia como subsecretario de gestión productiva en la noche del jueves pasado, quedó involucrado -por el momento de manera indirecta- en la causa que investiga graves irregularidades en la Andis.Días atrás, la Justicia allanó el departamento en la calle México que comparte con Ornella Calvete, hija del empresario Miguel Angel Calvete, actualmente detenido y acusado por el fiscal Franco Picardi por su intervención directa en el direccionamiento de concesiones y cobro de sobornos a empresas del área de salud. Parte de los cuales, según los audios atribuidos a Spagnuolo, audios que el ex director de Andis hoy niega, llegaban a altos funcionarios nacionales, como Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem."Se le iba a poner complicado seguir", afirmó una voz del oficialismo que pidió reserva en relación a Cardini, quien aunque no está imputado en la causa judicial, aparece mencionado en las planillas de Calvete secuestradas por la Justicia, planillas en las que el empresario anotaba "cobros y pagos para droguerías y firmas del rubro", según el dictamen del fiscal Picardi. En aquel allanamiento al departamento de San Telmo se encontraron U$S 700.000 que Ornella Calvete -a quien conoció durante su paso por la función pública- no pudo justificar, y que derivó en su propia renuncia, días atrás, al cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en el Ministerio de Economía, donde fungía a las órdenes del propio Cardini. Sin secretario de Comercio e Industria designado, Cardini respondía en los hechos al secretario de Producción, Pablo Lavigne, que coordina las áreas de comercio, industria, agricultura y pymes. En su mismo rango estaban Fernando Blanco Muiño (Defensa del Consumidor), Carolina Cuenca (Comercio Exterior), y Daniela Ramos, ex funcionaria del municipio de Tres de Febrero que encabeza Diego Valenzuela, que es hoy subsecretaria de Política Industrial. En medio del hermetismo y el silencio de la Casa Rosada, algunas fuentes le adjudican a funcionarios cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo la recomendación necesaria para su ingreso al Gobierno, aunque cerca del asesor lo desmienten. A principios de la semana pasada, cuando la renuncia de Ornella Calvete era un hecho, distintos funcionarios negaban de modo enfático a este diario que Cardini fuera a ser echado del Gobierno. "¿Cómo lo vamos a culpar por lo que hizo el suegro?", lo defendía una alta fuente oficial, aunque unos días después era el propio ministro de Economía quien le pedía la dimisión. En su currículum -su nombre aún figura este lunes en el organigrama oficial- aparece su título de Ingeniero Industrial (UBA), posterior a su paso adolescente por el colegio Champagnat. También reza que fue vicepresidente de operaciones en GreenTech Science, una empresa de biotecnología agrícola especializada en el desarrollo de semillas. Empresas tecnológicasVinculado a empresas tecnológicas, Cardini también fue director ejecutivo en Grupo-Tek S.A, ocupó el mismo cargo en QEV Argentina y fue director general en Calandra. Aparece también en su foja de servicios un paso como jefe de producción en Cervecería y Maltería Quilmes y como director "en una consultora enfocada en procesos productivos de industria y movilidad para PyMes", a la que no menciona por su nombre. ¿Qué objetivos debía cumplir Cardini en el Ministerio de Economía? El primero de ellos, según reza en la página oficial, era "contribuir en la simplificación de regulaciones industriales para reducir la carga burocrática y promover la agilidad en el sector Industrial". También "la armonización de normativas y regulaciones relacionadas con la competitividad industrial para evitar barreras innecesarias". Un cargo con alto grado de interacción con el mundo empresarial, hoy con varias compañías de servicios de salud implicadas en la causa judicial. ¿Sabía Cardini de los manejos de su pareja y los de su suegro, o simplemente "ligó de rebote" por la implicación de su familia política en la trama de corrupción que investiga la Justicia? Por las dudas, el Gobierno decidió cortar por lo sano y separarlo del cargo. Lejos está, por el momento, el cierre que la Casa Rosada desearía para una causa que volvió a moverse, con declaraciones y acciones judiciales, luego del triunfo electoral del Gobierno.
El avance de la causa provocó la remoción de varios responsables, incluyendo figuras claves en compras y economía, y se prevé que la cifra aumente tras nuevas declaraciones judiciales
Es el testimonio de Fabián Gutiérrez, su exsecretario asesinado en Santa Cruz en 2020. Sus dichos como arrepentido, de todos modos, están incorporados a la causa.
Así se confirmó en la lectura de las acusaciones con las que arrancó el juicio oral y público. A la expresidenta ya la habían mencionado el exchofer Centeno y exfuncionarios de su propio gobierno.
El vocero del Ministerio de Justicia aclaró que el control de confianza solo se aplicará al personal operativo de tres penales, mientras Iván Paredes permanece bajo investigación fiscal por las denuncias televisadas
Era subsecretario de Gestión Productiva y novio de Ornella, también ex funcionaria del Ministerio e hija de Miguel Calvete, pieza clave del entramado de corrupción que investiga la Justicia
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó este miércoles en tribunales, adonde este jueves estaba citado Daniel Garbellini, quien optó por no declarar. Hoy LA NACION reveló chats entre Spagnuolo y Miguel Angel Calvete sobre un viaje frustado a Israel. Leer más
Desde las 9.30 continúa la lectura de la acusación fiscal en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, la megacausa de corrupción en la que ayer fue sobreseído el empresario Enrique Pescarmona, (IMPSA), de 84 años, acusado de haber pagado coimas en 13 oportunidades. Según fuentes judiciales, el tribunal apartó del juicio oral al empresario por "incapacidad sobreviniente", en razón de un cuadro de Alzheimer que le impide comprender el proceso y llevar adelante su defensa. Para esta tercera jornada, con los más de 80 imputados conectados vía Zoom, está previsto seguir con los aportes de algunos de los "arrepentidos" en la causa y con la descripción, según la acusación fiscal, del rol de Cristina Kirchner como jefa de un esquema de recaudación ilegal. El bloque de los arrepentidos comenzará con Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que escribió los cuadernos que dispararon la investigación periodística de LA NACION y luego la causa judicial. Centeno ratificó ser el autor de esas anotaciones, que eran, según explicó, el resultado de una vieja "costumbre castrense", por su paso por el Ejército. Respecto del sistema de recaudación dijo que, mientras vivía Néstor Kirchner, los viajes se realizaban hasta tres veces por semana, pero que tras su fallecimiento, en 2010, se redujeron a uno por semana. Confirmó también que Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, era el principal responsable de llevar a la práctica ese sistema de recaudación, que intercambiaba coimas por la adjudicación de la obra pública a los empresarios. Al igual que en la antesala a las dos primeras jornadas, Cristina Kirchner volvió a cuestionar el proceso en redes, esta vez apuntando directamente contra esos escritos de Centeno, a los que calificó como "truchos". La fiscal Fabiana León acusa a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita que dependía "pura y exclusivamente de su voluntad". "Los elementos de prueba recabados durante la instrucción demostraron que el sistema de recaudación diseñado tuvo un único vértice, por cuanto el dinero era mayormente entregado en los domicilios que utilizaban Cristina Elisabet Fernández y Néstor Kirchner, al menos durante los años 2008/2010â?³, dice el texto. El ritmo del juicioAyer, la Cámara Federal de Casación, luego de haber recibido por escrito las demandas de los jueces para agilizar el ritmo de la causa, emitió una resolución por la que eximió al TOF de los nuevos sorteos durante 6 meses y con la que insistió con su objetivo de hacer el juicio presencial y tres veces por semana. Los jueces de la Casación le recordaron al Tribunal de Cuadernos que, por estas horas se encuentra disponible una sala en Comodoro Py, y que desde el 10 de diciembre también estará lista la nueva sala Amia, donde entran casi 200 personas. Sin embargo, los jueces ratificaron hoy al comienzo de la audiencia su deseo de desarrollar el juicio en el salón de Derechos Humanos, en el Palacio de Tribunales, donde está emplazado el TOF 7.Desde el martes, el juicio cambiará de marcha y sumará una audiencia semanal más, algo que estaba previsto originalmente para marzo.
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El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se presentó el miércoles en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria por el escándalo de presuntas coimas dentro del organismo, que se describen en audios atribuidos a él. En ese marco, el presunto autor del material auditivo se negó a declarar en su indagatoria y no contestó preguntas del juez Sebastián Casanello ni del fiscal Franco Picardi, quien lo acusa de ser una parte central de un presunto esquema de cobros y pagos ilegales con droguerías.El exfuncionario de la Libertad Avanza hizo, sin embargo, una serie de "aclaraciones" informales durante la audiencia que quedaron registradas en la grabación por las cuales negó todas las acusaciones.Hoy, jueves 20 de noviembre, es el tercer día de declaraciones indagatorias en una causa que tiene 15 imputados y un empresario detenido, Pablo Atchabahian, que cumple arresto domiciliario en su casa de Mendoza.La ronda de indagatorias comenzó con las declaraciones, en diferentes días, de Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, el otro de los imputados que está preso. En este caso, la detención no la dispuso Casanello: Calvete fue condenado en una causa de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. Si bien llevaba tiempo condenado, el tribunal que tiene su caso ordenó su detención el mes pasado, después de que se lo allanara en el marco de este nuevo expediente.El fiscal había pedido las detenciones de seis acusados, pero el juez consideró que sólo era necesario avanzar contra Atchabahian, a quien llevaban semanas buscado sin éxito para requisarlo y secuestrarle su celular. Al resto, le impuso otras medidas, como la entrega de pasaportes y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.El abogado de Spagnuolo afirmó que los audios de las presuntas coimas fueron "manipulados con IA"El abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, habló con LN+, donde afirmó que la voz de su defendido "fue manipulada con inteligencia artificial".Consultado acerca de cómo comprueba que los audios fueron utilizados para operar, el letrado explicó: "Se utiliza un software, que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software".Abogado de Spagnuolo"Cuando me preguntaron si alguien gestionaba pagos, él no gestionaba pagos -aclaró-. Esto está en la investigación del fiscal [Franco] Picardi y, seguramente, va a estar en todos los registros de la Andis si él ingresaba al sistema de pagos o licitaciones. Oralmente, él dice que no ni apareció nadie que diga que el daba estar órdenes oralmente"Consultado acerca de la relación de Spagnuolo con Calvete, D'Alessandro sostuvo: "Hay que remitirse a la constancia de la causa. Lo conoce en una cena, en un acto de campaña y desarrollan una amistad".La premisa del GobiernoLos funcionarios del Gobierno tienen como premisa básica separar del escándalo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios de Spagnuolo como presunta receptora del "3 por ciento" de la recaudación ilegal de coimas a empresarios del rubro salud.El pedido de arresto de Spagnuolo Spagnuolo fue echado "de manera preventiva" del Gobierno en agosto, cuando se conocieron los audios.Picardi pidió su arresto, pero Casanello dijo que tanto Spagnuolo como Garbellini, están "a derecho", presentaron abogados defensores, se les prohibió salir del país y sus patrimonios fueron congelados. El juez recordó que la regla, durante el proceso, es la libertad. Sin embargo, como medidas adicionales, les ordenó que se presentaran el juzgado, hicieran entrega de sus documentos de viaje y asumieran el compromiso de volver a los tribunales cada quince días.Quién es Atchabahian, el único arrestado por el casoAtchabahian es una pieza clave para la causa. Según la fiscalía, era, en los hechos, el jefe de Daniel Garbellini, el funcionario que supuestamente manejaba desde adentro la Agencia de Discapacidad para direccionar las compras. Garbellini era, además, el hombre al que aludirían los audios adjudicados a Diego Spagnuolo, que en los papeles era el jefe de Garbellini en la Andis. "Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear", dice quien presuntamente es Spagnuolo en uno de los audios que fueron la génesis de esta causa. Lule es, todo indica, Eduardo Menem, de absoluta confianza de Karina Milei; el que le "metieron", Garbellini. Atchabahian -que le daba órdenes a Garbellini, según la investigación de Picardi- está vinculado a diversas droguerías. Aparece como líder del "Grupo Museo", un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a pesca de negocios en el Estado.
La expresidenta Cristina Kirchner -desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad en San José 1111- volvió a cuestionar este jueves la causa de los Cuadernos de las Coimas, en medio del juicio a empresarios. La extitular del Ejecutivo dijo que "fueron fabricados" y aprovechó para apuntar contra la gestión económica del presidente Javier Milei luego de que durante Cyber Monday (fechas con descuentos especiales) uno de los artículos más vendidos fuera el papel higiénico.A través de su cuenta de X, la líder del kirchnerismo introdujo: "Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es ciertoâ?¦ una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guion".Fue así que se refirió a la causa, que está en pleno juicio: habló de "Los Cuadernos Truchos" e insistió en que los mismos "fueron fabricados", no escritos. Justificó esto al mencionar que la semana pasada el juez Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, quien le entregó los cuadernos de las coimas a LA NACION y dio pie a la investigación que llevó adelante el periodista Diego Cabot.En su mensaje la también ex vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández indicó que Bacigalupo fue procesado "por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que son truchos".Tras ello, apuntó contra LA NACION y la investigación periodística que derivó en el histórico juicio. "Bacigalupo, según la 'versión oficial' del diario LA NACION, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabotâ?¦ quien luego se los llevó directamente al [fiscal federal Carlos] Stornelli. ¡Un escándalo!", aseguró Cristina Kirchner.Noticia en desarrollo
Seguí todas las novedades sobre el juicio por los Cuadernos de las Coimas en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
El presidente también habló del rumbo económico y de la actitud de la oposición: "El salario le gana a la inflación desde el mes de abril del año pasado. El primer año la actividad económica se expandió. Y ahí fue cuando el Congreso adoptó una actitud completamente destituyente. Pero nosotros nos mantuvimos en el rumbo". Leer más
Se trata de Luciana Ferrari, una de las apuntadas por la Justicia por los presuntos pagos de sobornos.
La Cámara de Casación facilitó hoy que el juicio oral contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados por el caso de los cuadernos de las coimas sea presencial, en una renovada sala de audiencias, tres veces por semana y si los jueces lo deciden, puedan sesionar durante las vacaciones.Además, los jueces de la Casación, resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al tribunal oral federal y reenviar a tribunales orales criminal, las causas residuales que tenían los magistrados.Noticia en desarrollo
El ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Sebastián Casanello. Hizo un breve descargo oral en el que se defendió de la acusación del fiscal Picardi
Según la fiscalía, Spagnuolo permitió y condujo un "sistema irregular y fraudulento" de compras de medicamentos e insumos de alto costo, mientras recibía beneficios económicos. Leer más
Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que hablan de un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y máximo responsable del organismo en el período que investiga la Justicia, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Según el dictamen del fiscal, se acusa al exfuncionario de La Libertad Avanza de haber "permitido, consentido o supervisando" el direccionamiento de compulsas precios en favor de algunas droguerías y en detrimento del Estado y sectores vulnerables. Spagnuolo llegó a los tribunales a las 13, media hora antes del inicio de su indagatoria. De saco azul y pantalón beige, ingresó por la puerta central y, acompañado de una persona, subió al cuarto piso del edificio rumbo al juzgado que subroga Casanello. Spagnuolo puede declarar oralmente, entregar un escrito o negarse a hacerlo y no contestar preguntas del juez ni del fiscal. Antes de su indagatoria, se habían negado a declarar Pablo Atchabian, que fue indagado la semana pasada, luego de ser detenido, y Miguel Ángel Calvete, que estuvo ayer en los tribunales federales.Ambos están acusados por el fiscal de actuar como directores extraoficiales en la agencia de Discapacidad a través de personas que sí eran funcionarios y le respondían a ellos.Spagnuolo, que supo ser el abogado del presidente Javier Milei, fue el director de la Agencia de Discapacidad que está bajo la mira de la Justicia. "La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia", señala Picardi en su dictamen.Y sigue: "[Funcionó] como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo".La causa nació al calor de una serie de audios en los que una voz que sería la de Spagnuolo describe con bastante nivel de detalle un presunto esquema de pagos ilegales que corre en paralelo a su figura y que involucraría a las droguerías y a la hermana del Presidente, Karina Milei. Por el momento, la investigación no alcanzó a otras áreas del Gobierno por fuera de la Andis. La validez de esas grabaciones furtivas está siendo cuestionada por la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, una de las empresas investigadas, y por el propio Spagnuolo, que luego de permanecer en silencio en el expediente, se plegó a la estrategia defensiva de los empresarios. El asunto, junto con otro planteo de los Kovalivker, debe ser resuelto por la Sala II de la Cámara Federal, que celebró una audiencia hace dos semanas para escuchar a cada una de las partes. "Entendemos que esos audios violan el derecho a la intimidad, violan el derecho al debido proceso", dijo en la audiencia, Mauricio D'alessandro, el abogado defensor de Spagnuolo. "Fueron obtenidos, si fueran ciertos, los audios que se invocan, de forma ilegal. No sabemos su origen, no sabemos si esos audios se obtuvieron en una charla, si fueran editados, si fueron editados con inteligencia artificial, o si fueron parte de una maniobra de inteligencia, por ejemplo si la propia AFI o algún organismo de inteligencia ha estado organizando tareas sobre particulares sin la debida autorización judicial", siguió. D'Alessandro es el tercer abogado que tiene Spagnuolo en la causa. En un principio, el exfuncionario fue representado por Ignacio Rada Schultze y Juan Araoz Lamadrid, pero los letrados renunciaron, al tiempo que la Justicia secuestraba 82 mil dólares y casi 3 mil euros no declarados que Spagnuolo mantenía en una caja de seguridad. Los abogados alegaron "motivos personales", pero después trascendió que la relación con Spagnuolo estaba rota. Luego fue el turno de la defensora oficial Florencia Plazas, que fue luego reemplazada por D'alessandro, que en la audiencia insistió con que el origen de los audios era objeto de investigación en una causa paralela y violaba el derecho a la intimidad de su cliente. "Estamos hablando de un funcionario público que lo que relata son actos de corrupción. No hay derecho a la intimidad", contrapuso el fiscal Picardi, quien subrayó que Spagnuolo describió a más de una persona el presunto sistema de coimas a distintas personas y fue echado del Gobierno. "No hay una sola evidencia que demuestre que Spagnuol sufrió un acto de espionaje ilegal", añadió, aunque eso forma parte de otras actuaciones. Para el fiscal tampoco está claro cómo Spagnuolo encaró una "reforma sustancial y onerosa" en su casa del barrio Campos del Alto Grande, en Pilar, puesto que la obra no se tradujo en una disminución patrimonial. Como parte de su investigación surgió, además, que el exfuncionario recibió un pago de $5 millones por parte de Calvete para disponer de efectivo en un viaje a Israel que finalmente no se realizó.
Diego Spagnuolo se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), originado en audios atribuidos a él. Su abogado, Mauricio D'Alessandro, habló con LN+, donde afirmó que la voz de su defendido "fue manipulada con inteligencia artificial". Consultado acerca de cómo comprueba que los audios fueron utilizados para operar, el letrado explicó: "Se utiliza un software, que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software".Abogado de SpagnuoloNoticia en desarrollo
El ex titular de ANDIS arribó poco antes de las 13 y está dispuesto a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello, según anticipó su abogado
"La corrupción de este gobierno se ve hasta el hueso"
El fiscal federal le tomará indagatoria a las 13 en Comodoro Py. Se lo acusa de direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas.
La agenda del Presidente
La hija de Calvete tuvo que renunciar en Economía
Mirta Susana Caballero y su hijo, Santiago Emanuel Martín, regularizaban las situaciones fiscales de los deudores a cambio de sumas de dinero
Con el objetivo de intentar destrabar la marcha del juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas, que hasta ahora se desarrolló vía zoom, los presidentes de las distintas salas de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, recibieron este mediodía en Comodoro Py a dos de los magistrados del Tribunal que juzga a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 86 imputados en la causa de corrupción más extensa de la que se tiene registro. En principio, la Casación emitirá una resolución mañana, luego de que el Tribunal presente por escrito cuáles son sus reclamos puntuales para poder agilizar el ritmo del juicio, según lo acordado hoy en el encuentro y que LA NACION pudo reconstruir. La reunión se extendió alrededor de una hora y se desarrolló en la sala de acuerdos de la Casación. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 7, el juez Enrique Méndez Signori, y su colega Fernando Canero les manifestaron a superiores de la Casación que necesitaban mayor espacio físico y nuevo personal y que, tras las quejas, ya habían agregado una nueva audiencia semanal al debate. Los escucharon el presidente de la Casación, Daniel Petrone y sus colegas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma. A contramano de lo hecho hasta el momento, los jueces de la Casación creen necesario realizar audiencias de forma presencial, tres veces por semana. Les comunicaron a los dos jueces que por estas horas en Comodoro Py se encuentra disponible la sala conocida como "Sum" y que se trabaja para dejar en condiciones a la nueva sala Amia, que contará con un aforo de 197 personas sentadas y estaría lista para el 10 de diciembre. Otro de los ejes de la conversación fue la posibilidad de analizar la reasignación de alguna de las causas en manos del TOF 7 a otro tribunal, siempre que eso no implique entorpecer la marcha de otros expedientes. También se tocó la posibilidad de avanzar con el juicio en días inhábiles. El tercer juez del tribunal, Germán Castelli no formó parte del encuentro. Entendió que la reunión tenía por fin introducir cambios en el "modo en que se está llevando a cabo el juicio", algo que ya había sido decidido por el TOF y se encontraba "estabilizado" frente a las partes.Así lo puso en su voto de la resolución por la que el Tribunal dio a conocer que incrementaba la frecuencia de las audiencias, la semana pasada, luego de las quejas por la falta de celeridad en el debate. Dijo, además, que se encontraba trabajando en los fundamentos de otras sentencias. "Si la convocatoria del tribunal de superintendencia -agregó Castelli- finalmente tuviera por único propósito conocer las públicas necesidades funcionales que el Tribunal viene solicitando desde hace más de seis años, la presencia de los colegas será suficiente". En aquella resolución, leída al comienzo del último debate, los jueces remarcaron que vienen pidiendo ayuda a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara de Casación desde 2019, hace 6 años, y que no fueron oídos, salvo algunas excepciones relacionadas con nuevo personal. Inicialmente, los jueces habían estipulado comenzar con las audiencias los días jueves y sumar una los martes, desde marzo. Pero tras las críticas, resolvieron sumar una audiencia más los martes, desde el 25 de noviembre.Las indagatorias, en tanto, se realizarían de manera híbrida, esto es que en la sala estén físicamente los integrantes del tribunal, los acusados que deban declarar esa jornada, sus defensores, la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y el público.
Son Gustavo Bordet y Adán Bahl, de Entre Ríos.Los directivos de la empresa procesados por pagar coimas los nombran en conversaciones que la Justicia obtuvo de sus celulares.
Las sugerencias incluirían más audiencias semanales, abandonar la virtualidad y utilizar una sala especial de Comodoro Py, entre otros puntos.
El juez de la Corte advirtió que las megacausas requieren juicios presenciales y celeridad, reclamó infraestructura adecuada y sostuvo que procesos así deberían avanzar incluso durante la feria judicial
El integrante de la Corte Suprema pidió que sea presencial y que los jueces trabajen durante la feria judicial.
El primero será Miguel Ángel Calvete, quien se encuentra detenido en otra causa. Diego Spagnuolo debe presentarse mañana. La justicia investiga una red de corrupción que habría desviado más de 48 mil millones de pesos
Daniel Garbellini y el exdirector de la Agencia de Discapacidad prestarán declaración indagatoria. Leer más
Diego Spagnuolo y Miguel Angel Calvete se conocieron durante la campaña presidencial de 2023, en un acto en Parque Norte. El abogado cercano al presidente Javier Milei todavía no soñaba con un cargo en el Estado. Mucho menos con dirigir la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Miguel Angel está muy conectado", le decía a sus amigos. Dos años después, Calvete se transformó en un personaje clave en la causa Andis. En sus teléfonos, la Justicia encontró pruebas contundentes. El empresario se había transformado en un lobbista de diferentes laboratorios. Y tenía funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa. Para la Justicia, Calvete se transformó en un "director para-estatal de la Andis". A través de una red de contactos, dentro y fuera del del organismo, lograba "garantizar un esquema de corrupción" para beneficiar a diferentes laboratorios. Concretamente, era un nexo entre el sector privado y el organismo que conducía Spagnuolo. De esa manera, lograba destrabar pagos millonarios para las droguerías y para otros firmas proveedoras de insumos como Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma S.A., entre otras. Las pruebas contra Calvete aparecieron en sus teléfonos (en total se secuestraron tres aparatos) y en unos cuadernos que guardaba en su casa, en el barrio de San Telmo. Ese domicilio fue allanado recién el 9 de octubre, mucho después del comienzo del escándalo. Poco más tarde fue detenido por otra causa, de hace 10 años, en la que lo condenaron por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena.En uno de los cuadernos, Calvete anotaba con precisión cada una de las contrataciones. Hay planillas con el nombre de las firmas "Expotrauma", "Artrobone" e "IMNOVA". El empresario distinguía entre "Costos" (con dos columnas, la primera con una cifra superior a la segunda), "Diferencia" (que es el resultado de la resta entre la primera y la segunda columna de costos), y "2/3 Partes" (con una cifra que representaría los dos tercios de la columna anterior "Diferencia"). "Esto demuestra que Miguel Ángel Calvete, registraba diversos montos vinculados a prestaciones Pacbi , y entre ellos distribuciones de las diferencias entre los costos reales y los costos por lo que efectivamente se vendían", sostuvo el fiscal Franco Picardi al enumera las pruebas. En otro de los cuadernos, la Policía encontró un listado de personas que formaban parte de su círculo de contactos. En ese listado aparecen mencionados empleados de la agencia de discapacidad, dueños o empleados de droguerías, y algunos allegados que formaban parte del esquema de corrupción. Para la Justicia, Calvete es titular y tiene fuertes vinculaciones con diversas firmas que comercializan medicamentos e insumos Pacbi con la Andis, principalmente en INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A. Pero también hacía gestiones y administraba pagos millonarios para otras empresas. El empresario fue concejal de Cambiemos (2015-2019) y aportó a diferentes campañas políticas desde el sector privado. Actualmente, según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, está detenido por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. La condena fue dictada en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal 8. En Andis, Calvete tenía vinculo directo con Daniel Garbellini, el segundo de Spagnuolo. Los chats entre ambos revelaron que el empresario tenía especial interés por algunas firmas. "Fíjate PROFARMA", le escribió Calvete el 24 de julio de este año. Garbellini respondió: "La semana próxima, ya está programada 1621 M". Los mensajes fueron rescatados del teléfono de Garbellini. Calvete, que aparecía agendado como "MAC MIG", avanzó con sus reclamos: "E Indecomm que estoy al horno", "sino le digo aâ?¦" y le envía un sticker del personaje Voldemort, en una posible alusión a Pablo Atchabahian, otro de los involucrados que podía destrabar los pagos e influenciar en determinadas decisiones del organismo. En los teléfonos de Calvete -que se abrió un lugar en los medios de comunicación por sus vínculos con los supermercados chinos- también aparecieron decenas de chats con su hija, Ornella Calvete, empleada del Ministerio de Economía desde septiembre de 2024. El 12 de septiembre pasado, la joven le avisa a su padre que había policías en la puerta de su casa. Era una falsa alarma. Unos minutos después, Calvete le aconseja a su hija que se haga "la gila". Y la joven le pregunta si la firma INDECOMM "tiene cash blanco". "Por si entran acá y me ven con mosssca" "o digo que me lo prestó alguien, olvidate", se puede leer en los chats. La Justicia terminó allanando el domicilio de esa joven el 9 de octubre. En el lugar encontraron US$700.000 dólares. La Justicia también rescató los chats de Calvete con Lorena Di Giorno, una empleada de la Andis que le respondía de manera directa. De hecho, puso a disposición su usuario en el sistema informático de Andis para obtener información privilegiada. Esa empleada también aportaba información desde el organismo. El 4 de septiembre, Di Giorno le envió a Calvete una copia de un oficio que llevaba la firma del fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien estaba investigando los contratos de la Andis. "Esto no hace más que confirmar que Lorena Di Giorno comunicaba a Miguel Ángel Calvete todas novedades del organismo de discapacidad, incluidos aspectos vinculados con estas actuaciones", destacó el fiscal Picardi en su dictamen. Di Giorno, según la investigación, habría cobrado por sus "gestiones". En los chats encontraron una factura emitida por ella misma a la firma INDECOMM S.R.L. por $5.300.000 en concepto de "honorarios por servicios profesionales realizados". Es de junio de este año, cuando trabajaba en la Andis. Cuando estalló el escándalo, y Spagnuolo sale eyectado de su cargo, Calvete desplegó el "operativo limpieza": los chats revelan las conversaciones con un allegado, Julio Cesar Viera, al quien le pide que bloquee al "Pelado", en alusión al funcionario, que borre "el historial de llamadas", y que lo agende con un nombre chino para intentar desviar la atención de los investigadores. Llamativamente, Spagnuolo tenía agendado a Calvete como "Chuen Li".
El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial el esquema financiero que, según la investigación fiscal, articuló pagos ocultos desde consorcios vinculados a proyectos regionales
El rejunte de macristas que manejaba los curros de la ANDIS
En un fundado dictamen, Picardi reveló una organización que direccionaba contratos millonarios para la compra de medicamentos y logró la indagatoria del ex titular de la ANDIS y otras 15 ex funcionarios y empresarios que integraban el llamado "el Grupo Museo".
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Tras levantarse el secreto de sumario, la Justicia detectó una "organización delictiva", sobreprecios y direccionamiento en la compra de medicamentos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. También citaron al segundo de Spagnuolo, Daniel Garbellini. Leer más
La firma Red Chamber Argentina, filial de una empresa norteamericana, acusó en los tribunales a su competidora Profand por haberse quedado con sus derechos. Y aseguró que a ella le habían pedido sobornos.El gobierno de Ignacio Torres desmiente cualquier delito, pero luego de la denuncia le devolvió a Red Chamber permisos que le había quitado. Y esta semana volvió a sacárselos.
El suboficial Jasand Barrios Cárdenas habría pedido S/ 10.000 a otro policía para archivar un proceso y, al ser sorprendido por la Fiscalía, intentó destruir las pruebas