Esta vez serán dos mujeres frente a frente: Cristina Kirchner, la expresidenta que es la principal acusada como jefa de una banda dedicada a recaudar sobornos, y Fabiana León, la fiscal del caso de los cuadernos de las coimas que será la encargada de promover la acusación en su contra y eventualmente pedir una severa condena por la principal causa de corrupción de la Argentina.En su estado de WhatsApp, Léon fijó una leyenda: "Fiat iustitia, et pereat mundus". Traducido: "Hágase justicia, aunque perezca el mundo".Fabiana León es una de las fiscales general más experimentadas. Tiene fama de aguerrida, dura, volcánica y no tiene pelos en la lengua para enfrentarse con quienes se le cruzan, en los tribunales y en la vida. "Es jodida y dura como ninguno", la describe un experimentado fiscal de Comodoro Py.Otros funcionarios judiciales hablaron de la dimensión política de León. "Es de las fiscales más preparadas, con perfil intelectual, académico, pero también es la mujer fiscal que más conoce la política desde adentro; en la política la conocen todos y la respetan", señala otra fuente del ámbito judicial. Hasta quienes no la quieren reconocen que es inteligente, estudiosa y puede citar sin titubear autores alemanes del derecho penal. En la academia, pasó por la cátedra de Marcelo Alberto Sancinetti.En privado, León destaca sus relaciones con gobernadores, legisladores y personalidades del mundo del derecho y del Consejo de la Magistratura. Hay quienes dicen que en Mar del Plata tuvo un pasado en el Partido Comunista, aunque luego conoció el peronismo y más adelante terminó acusando a muchos funcionarios del kirchnerismo. Está acostumbrada a convivir aún con quienes no comparten sus ideas. Sus colegas le reconocen sólida formación académica, capacidad de trabajo y empuje. El respeto es hasta de los abogados a los que enfrenta. De hecho antes de que empezara el juicio oral por el caso cuadernos uno de los 87 defensores le mandó un mensaje de WhatsApp: "Te deseo mucho éxito en el juicio, la respeto mucho". Su vehemencia, a veces, la hace enfrentar a los jueces, entre ellos, a los tres del tribunal oral N° 7, que están a cargo del caso de los cuadernos de las coimas.Las diferencias son funcionales, no personales. Pero la velocidad de León la hizo confrontar con el tribunal para apurarlos en la toma de decisiones. Les planteó varias veces pedidos de pronto despacho, un recurso extremo que por cortesía solo se usa cuando los jueces no mueven el expediente.León, feroz a la hora de acusar, tiene, sin embargo, un pasado como defensora oficial. Su carácter la hizo cruzar de vereda, de sacar acusados de la cárcel pasó a esforzarse por hacerles pagar por sus delitos.Vivía en Mar del Plata, en los 90, donde concursó y obtuvo el cargo de profesora titular en la Facultad de Derecho, pero en 1994 se enterró el viejo Código Procesal escrito y se inauguraron los juicios orales a nivel federal. Ella debutó como abogada particular en el primer juicio oral que se hizo en Mar del Plata. Con la creación de los tribunales orales, le ofrecieron ejercer en San Martín como defensora oficial.En San Martín terminó enfrentada con los jueces de un tribunal oral a quienes denunció porque le cambiaron una sentencia. La denuncia, le generó la solidaridad de sus colegas y que la difamaran.El enfrentamiento determinó su traslado a Comodoro Py, en 2001. Como defensora, le tocaron casos resonantes: desde defender a los acusados de pagar y cobrar coimas en el caso IBM-Banco Nación, hasta defender al exjuez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, por el caso de Guillermo Coppola. Los memoriosos de aquellos días la recuerdan llegar al tribunal con botas altas por encima de la rodilla blancas y un conjunto rojo que impedían que pasara inadvertida.En ese se juicio conoció a Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia y abogado de Coppola, quien logró probar que le habían plantado la droga en un jarrón.Arrancaba el juicio por la AMIA y los tres defensores oficiales de Comodoro Py estaban afectados al juicio. Junto con ella llegó a Comodoro Py el fiscal Alberto Nisman, también desde San Martín. Eran muy amigos, compañeros de facultad.En 2005 protagonizó los juicios más importantes de la época: fue abogada en la "causa armas", donde Carlos Menem fue juzgado y ella defendió a los integrantes de Fabricaciones Militares. Le tocó defender en el juicio a Julio Héctor Simón, alias "El Turco Julián, por violaciones a los derechos humanos. Hubiera preferido no hacerlo. Luego pasó a ser fiscal ante los tribunales orales, y pasó de defender a acusar. Arrancó con la edad mínima para ser fiscal general, 30 años cumplidos.Como fiscal obtuvo condenas en las causas ligadas a cuadernos contra Julio De Vido, o su cocinera Nélida Caballero, sentenciada por lavado de dinero. Es la fiscal en el caso Odebrecht, por uno de los capítulos del Lavajato en la Argentina. Su llegada a la fiscalía de Comodoro Py fue gracias a un enroque con sus colegas Diego Luciani y Adolfo Villate, pues en un momento pensó en radicarse en Concepción del Uruguay, pero terminó nuevamente en Buenos Aires.En ese momento fue encontrado muerto su amigo Alberto Nisman y quedaron vacantes su fiscalía y la de Gerado Di Massi, que murió justo antes de asumir.Si relación con la entonces Procuaradora Alejandra Gils Carbó no era de las mejores, pero finalmente logró ser designada en la que era la fiscalía de Nisman. Esa es la que ocupa actualmente. La chapa de bronce de Alberto Nisman sigue colocada en su fiscalía. León fue la primera mujer que llegó por concurso a Comodoro Py.Militante aguerrida en la Asociación de Magistrados y en la de fiscales, de la lista Bordó, muestra el mismo empuje en esos asuntos gremiales que en sus casos.Católica practicante, tiene sobre su escritorio un rosario y una estampita de la virgen con la leyenda "Madre danos esperanza". Se alinean, casi con regla, con un ejemplar del Código Penal, un cuerpo de expediente y el calendario de audiencias de los juicios que lleva en simultáneo.Es fanática del orden y de la simetría. Hincha de Chacarita por herencia familiar, estuvo casada con el fiscal Ricardo Sáenz, es madre de una hija y es aficionada a la opera y al ballet, donde concurre al menos tres veces por año.Quienes no la conocen podrían decir que es antisocial, porque evita los eventos en embajadas o asuntos de relaciones públicas donde la invitan. Pero ella prefiere, en todo caso, pasar por discreta.Su arma secreta en el caso cuadernos es Nicolás Codromaz, auxiliar fiscal que trabajó con Carlos Stornelli, cuando fue la instrucción de la causa. Conoce el expediente al dedillo."Es una de las más temidas", reconoce un defensor, que la critica por su postura en contra de las soluciones alternativas al juicio, como la que intentaron los empresarios que ofrecieron pagar un resarcimiento para zafar del caso cuadernos.
La exmagistrada Norma Abate de Mazzucchelli ya había sido destituida por mal desempeño tras conocerse la grave denuncia en su contra. Cuál es la pena prevista para este delito
Es el número al que arribó la Justicia en la primera audiencia del juicio. Quedan otros 160 hechos que sumarían más dinero negro.
El comienzo del proceso por la mayor causa de corrupción de la historia argentina arrancó con los 87 acusados y sus defensores frente a sus webcams y la lectura de una imputación de 226 mil palabras
Las defensas cuestionaron la legalidad de los audios que originaron el caso y citaron una denuncia anterior que se había archivado; la fiscalía sostuvo que la investigación puede avanzar. Leer más
El proceso oral se inició con la lectura de la primera parte del requerimiento de elevación a juicio en la cual ya se acusó a la ex presidenta de las primeras 40 sobre 204 aceptación de coimas. El jueves que viene se seguirá con ese proceso que los K salieron a calificar de "opereta judicial".
Este jueves 6 de noviembre empezó el juicio por los Cuadernos de las Coimas contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y empresarios. Se trata del mayor juicio por corrupción en la historia reciente de la Argentina. Este se podrá seguir forma online, puesto que se transmitirá de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal. En ese sentido, muchos están interesados en saber cómo se puede ver.La causa investiga la hipótesis de la fiscalía basada en que existió una organización estructurada dentro del Estado, comandada por Néstor y Cristina Kirchner y articulada desde el Ministerio de Planificación, que cobró sobornos. Están implicados funcionarios públicos durante la administración de los Kirchner y más de medio centenar de empresarios, acusados de haber pagado coimas para ganarse el favor de esos funcionarios, entre 2003 y 2015. El juicio durará al menos cuatro años. El caso nació tras una investigación de LA NACION de 2018, a partir de las anotaciones hechas por Oscar Centeno, exchofer de un funcionario público, en cuadernos en lo que registraba presuntos pagos de sobornos.Lo que se juzga es un sistema de corrupción institucional que supuestamente funcionó entre 2003 y 2015, en el que los funcionarios recaudaron dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, que pagaron para ser beneficiados con la adjudicación de contratos estatales o la extensión de sus concesiones. Hay 19 exfuncionarios que intervinieron supuestamente en la recaudación ilegal, dos exchoferes y 64 empresarios acusados de haber pagado esos sobornos.Las principales pruebas son los cuadernos de Centeno, la declaración del chofer que corroboró que fueron escritos por él, un peritaje caligráfico que determinó que los cuadernos fueron de su autoría, los dichos de los arrepentidos (empresarios y exfuncionarios) y la correlación de datos externos (como registros de ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada o videos de cámaras de autopistas y peajes).Además, Cristina Kirchner está acusada del delito de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido sobornos.Está comprobado que el circuito de recaudación ilegal de fondos comenzaba en las oficinas de distintas empresas y terminaba, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, en muchos casos, en la Quinta Presidencial de Olivos, en el departamento de Uruguay 1306 de Cristina Kirchner o en la Casa de Gobierno. Héctor Daniel Muñoz, exsecretario presidencial, era el nexo, entre 2008 y 2010, con los máximos referentes del Poder Ejecutivo, afirmó la acusación.Hay 86 imputados más, entre ellos, exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina.Antes de que inicie el juicio, la expresidenta escribió a través de su cuenta de X para pronunciarse en contra de "este circo" que tiene "calendario político". En ese sentido, señaló: "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención". Y concluyó: "Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallosâ?¦ pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses".Cómo ver online el juicio por los Cuadernos de las CoimasLos jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli emitieron a última hora del martes un comunicado en el que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.El juicio se puede seguir a través del canal de YouTube oficial del Poder Judicial de la Nación, en donde se publican las videoconferencias de diferentes juicios de alto perfil.A su vez, el canal de YouTube de LN+ también emitirá el inicio de juicio para seguirlo en directo. A su vez, por este medio se podrá ver el nuevo documental que lanzó este medio sobre la causa llamado La historia secreta de los cuadernos.
El presidente Javier Milei no emitirá opiniones sobre el proceso judicial que tiene 87 imputados, entre ellos a Cristina Kirchner. Mientras tanto, crece la expectativa por la negociación de cargos sensibles en el Poder Judicial
La exmandataria consideró que el proceso que se inicia hoy es "otro show judicial" planificado en base a un "calendario político", que apunta a distraer la atención de la gente "mientras se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones"
El fiscal Carlos Stornelli, que investigó el caso de los Cuadernos de las Coimas, habló este jueves antes de que arranque el juicio y aseguró que la causa está llena de pruebas para ir contra los imputados. Este expediente se inició por una investigación periodística de Diego Cabot en LA NACION, en la que publicó las anotaciones que hizo el chofer Oscar Centeno sobre supuesta corrupción durante el kirchnerismo. Están implicados la expresidenta Cristina Kirchner, que se conectará a esta primera jornada desde San José 1111 vía virtual, y otros 86 exfuncionarios y empresarios."Es una causa que tiene una cantidad de prueba enorme, nunca vi una causa con tanta prueba, que se pudo hacer a partir de una investigación periodística brillante y de los testigos que acompañaron y presentaron los elementos, incluso los cuadernos. A partir de eso se pudo investigar y llegar a este momento", dijo en Radio Mitre Stornelli.Esa cantidad de material probatorio, planteó Stornelli, lo hace tener "expectativas" sobre el resultado final del juicio. Como segundo elemento para estar "muy confiado", sumó: "Tenemos a una gran fiscal que va a llevar adelante el debate de manera brillante". Así remitió un halago a Fabiana León, que presentará la acusación junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis."Seguramente hay gente que pueda demostrar su inocencia, no lo descarto, pero tengo grandes expectativas. Además, tengo una muy buena impresión, referencia y conocimiento del tribunal", marcó Stornelli. Los jueces que determinarán el destino de los acusados son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. "Esta es una causa que se inicia por lo que llamamos, o se llamó periodísticamente, 'la bitácora de la corrupción', lo que le gustaba a [Claudio] Bonadío decir, donde pudimos descubrir una red enorme de corrupción y recaudación, y de corrupción en la administración pública y la obra pública. Creo que no tiene precedentes por la cantidad de hechos, imputados, los niveles a los que felizmente pudimos llegar", comentó también Stornelli, con esa referencia a Bonadío, el fallecido juez que llevó adelante la instrucción del caso junto a él. En eso, ahondó sobre los "relatos" que involucran al matrimonio conformado por Néstor Kirchner, que murió en 2010, y Cristina Kirchner, que deberán probarse en el juicio. Por ejemplo, recordó que el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, primer funcionario kirchnerista arrepentido en la causa, contó que vio en el departamento de Recoleta de los Kirchner "no sé cuántas valijas o bolsos acumulados" con dinero. "[El secretario de Néstor Kirchner, Daniel] Muñoz le habría dicho que eran unos US$60 millones. Eso en un día", contó el fiscal. Stornelli también recordó que en la época en que estas supuestas maniobras se llevaban adelante, los Kirchner vivían en Olivos. "El departamento de Recoleta era uno de los puntos de recepción de la recaudación. Los otros dos eran la Casa de Gobierno y la quinta presidencial, dependiendo de quién era el recaudador", manifestó. Dijo también que en el expediente hay testimonios de que los montos en efectivo se trasladaban en helicóptero hasta la Quinta de Olivos y que, todas las semanas, se iban al sur en vuelo oficial con los bolsos. "Hay numerosos relatos, incluso de los pilotos, de que los bolsos de Muñoz iban en la cabina y que Muñoz iba sentado en el fondo alrededor de los bolsos con las piernas arriba", sostuvo. "Y cuando llegaban al sur iban dos o tres personas hasta la casa, donde los guardaban en una bóveda", añadió. Planteó además el fiscal que en un momento los funcionarios implicados decidieron cambiar dólares por euros para ocupar menos espacio con los billetes. Por su parte, el kirchnerismo denosta a Stornelli y asegura que esta causa forma parte de una estrategia de lawfare contra Cristina Kirchner, que ya tiene condena firme en otro expediente, Vialidad, lo que la lleva a estar presa con domiciliaria en su departamento de Constitución.
Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.Porque este circo, como losâ?¦— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 6, 2025Cristina KirchnerEnfrenta la acusación de ser la jefa del sistema de recaudación. Los cuadernos, testigos, funcionarios y empresarios arrepentidos ofrecieron pistas sobre el recorrido del dinero que acababa en la Quinta de Olivos, su departamento en Recoleta o en valijas cerradas con candados que viajaban rumbo a Río Gallegos o El Calafate, según se desprende de la declaración de pilotos del Tango 01.Julio De VidoSerá juzgado como uno de los "organizadores" del esquema de pagos y cobros. "Si querés seguir trabajando tenés que pagar" o "vengo con un mensaje de la corona, o te asociás o te asociás" son algunas de las frases que le atribuyeron los empresarios.Roberto BarattaHabría puesto en marcha y coordinado el mecanismo de recaudación junto con otros funcionarios y su chofer, Centeno. Ejecutivos lo señalaron como quien llamaba para exigir aportes "para la campaña". Tras la muerte de Néstor Kirchner, también habría recibido aportes en su domicilio.José LópezSe le atribuyen distintos roles en la organización. En junio de 2016, dos años antes de que estallara el caso, fue detenido en un convento de General Rodríguez con casi 9 millones de dólares, euros, una carabina y 6 seis relojes de alta gama. "Era de la recaudación", diría como arrepentido.Oscar CentenoLos cuadernos y su posterior confesión lo ubicaron como un actor central del caso, pero habría tenido un rol de reparto en la maniobra, como chofer de Baratta y de otros funcionarios. Atribuyó las anotaciones a su pasado en el Ejército, como sargento ayudante. Su expareja, Hilda Horovitz, declaró que el chofer habría comprado terrenos, casas y autos.El juicio demorará años hasta llegar al veredicto final por el volumen probatorio, pero también porque al menos en el primer tramo, las audiencias se realizarán solo una vez por semana.Comenzará con una audiencia por semana, los días jueves, por Zoom, pero cambiará de ritmo en marzo, cuando pasen a celebrarse dos debates semanales, lo que acortará los plazos de un juicio que, pese a todo, podría extenderse durante años.La principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, pero hya 86 imputados más, entre ellos, exfuncionarios como Julio De Vido y quien era su mano derecha, Roberto Baratta, así como directivos de algunas empresas importantes de la Argentina. Este jueves, a las 9.30, empieza el juicio por corrupción más grande de la historia del país: el de los Cuadernos de las Coimas del chofer Oscar Centeno, que retrató con detalle los sobornos que pagaron importantes empresas para quedarse con obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. Comienza el juicio de los cuadernos de las coimasSe trata de la derivación de la investigación periodística que, en 2018, llevó a cabo el periodista Diego Cabot y un equipo de LA NACION.
La expresidenta Cristina Kirchner habló este jueves por la mañana minutos antes del arranque del juicio por los Cuadernos de la Coimas, en el que es una de las principales implicadas. En su descargo, volvió a denunciar que la Justicia busca montar "otro show" -el primero, según su lógica, fue la causa Vialidad- para supuestamente evitar su liderazgo político y distraer lo que pasa en la Argentina con el gobierno de Javier Milei. Convertida en una acérrima usuaria de las redes, la titular del Partido Justicialista tituló: "Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py". "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención", sostuvo.Desde el San José 1111, donde cumple su condena a seis años de prisión en el marco de Vialidad, dijo que los Cuadernos de las Coimas es "un circo" que no sigue un "calendario judicial" sino un "calendario político". "Mantuvieron la 'operación cuadernos truchos' en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora arranca, justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y 'arrepentidos' a los que más bien habría que llamar 'extorsionados'", marcó la expresidenta, que así buscó desacreditar el devenir de la causa en la que está imputada junto a otros 86 exfuncionarios y empresarios.Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.Porque este circo, como losâ?¦— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 6, 2025Noticia en desarrollo
El tribunal oral federal N° 7 que llevará adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 exfuncionarios y empresarios en la causa de los cuadernos de las coimas comenzará el jueves, se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal.Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori Germán Castelli emitieron a última hora de hoy un comunicado en el que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. También se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.
El 23 de julio, a plena luz del día y por las mismas calles que todos transitamos, comenzó a revelarse una historia que cambiaría la agenda pública: la entrega de los cuadernos. Un vecino de Belgrano se acerca a Diego Cabot y le confiesa que un amigo suyo, Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, le dejó una caja "por miedo a que allanaran su casa" tras la detención del exfuncionario. Dentro: cuadernos, anotadores, CDs con audios, fotos y facturas de marroquinería por la compra de bolsos. Las anotaciones iban de 2005 hasta la campaña de 2015. Las rutas describían retiros y entregas de dinero y señalaban lugares clave: Quinta de Olivos, el departamento de los Kirchner en Juncal y Uruguay y la Jefatura de Gabinete. Este documental narra la secuencia real: la primera reunión, el chequeo obsesivo de cada dato y las decisiones editoriales para proteger la investigación. Con el testimonio de Diego Cabot y la participación de José del Río y Fernán Saguier, revivimos el instante en que todo pudo ser "todo o nada".
El día en que Oscar Centeno habló ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, el caso de los Cuadernos de las coimas entró en una nueva etapa. Lo que comenzó con una caja llena de anotadores y grabaciones se transformó en una investigación judicial sin precedentes. Este episodio reconstruye cómo fue la negociación, el clima de tensión y las condiciones del pacto de silencio que permitió avanzar con las confesiones y proteger a los involucrados. A través del relato de Diego Cabot y el equipo de LA NACION, se revelan los detalles de la declaración clave, los acuerdos reservados y las estrategias judiciales que definieron el rumbo del caso. Un documental que muestra la trastienda entre la justicia y el periodismo, los dilemas éticos y la presión de manejar la información más sensible de los últimos años en la Argentina.
Este jueves 6 de noviembre comenzará el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la exmandataria a Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, ex funcionarios y 60 empresarios. Leer más
El proceso se iniciará este jueves a las 9:30 y de forma virtual. Se juzga una asociación ilícita, en la que se acusa a la expresidenta de ser la jefa, que funcionó de 2003 a 2015 para recibir sobornos de contratistas del Estado. Seguí todas las novedades sobre el juicio por la causa Cuadernos en la cobertura minuto a minuto de Clarín.
El universo de los privados será un actor central en la presunta trama de corrupción que comenzará a juzgarse este jueves, con el inicio del juicio por los Cuadernos de las Coimas: además de los funcionarios públicos, en el banquillo de los acusados estarán sentados más de medio centenar de empresarios, acusados de haber pagado coimas para ganarse el favor de esos funcionarios, entre 2003 y 2015.Algunos, incluso, serán juzgados por haber tejido la presunta red de corrupción a la par de los funcionarios. Los hay del rubro de la construcción, del transporte, de la energía y de logística. En conjunto, las penas que afrontan suman un mínimo de 80 años y un máximo de 419 años de prisión. En promedio, cada uno de ellos enfrentaría una mínima aproximada de un año y tres meses y una máxima de seis años y medio. Veinte de estos hombres de negocios reconocieron haber realizado los pagos al apegarse al régimen de "imputado-colaborador" y declarar como arrepentidos en la causa, luego de trabar un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli, aprobado luego por el fallecido juez Claudio Bonadio, quienes llevaron adelante la instrucción del caso, nacido al calor de una investigación de LA NACIÓN.Otro grupo más importante de empresarios -un total de 46- realizó un intento infructuoso por evitar ser parte del juicio que inicia hoy ofreciendo sumas de dinero para "extinguir la acción penal" en su contra. Buscaron poner en marcha una figura incorporada al Código Penal en 2017 -la de la "reparación integral del perjuicio"-, pero la fiscal Fabiana León y luego los jueces del tribunal rechazaron sin miramientos las ofertas, al sostener que no había monto que pudiera subsanar le daño ocasionado. En total, los empresarios ofrecieron más de 13 millones de dólares, tal como contó este medio.Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, logró entreabrir una puerta de salida para todos los empresarios cuando pidió, con éxito solo momentáneo, que la maniobra sea juzgada por la Justicia electoral. Planteó que los pagos no fueron coimas, sino "aportes de campaña" por los cuales no se recibieron comprobantes. La Cámara de Casación se hizo eco del planteo, pero luego, por mayoría, y tras una avalancha de críticas, volvió sobre sus pasos y anuló la decisión. En sus declaraciones, la mayoría de los empresarios arrepentidos evitaron pintarse a sí mismos como agentes activos de los pagos y se representaron más bien como víctimas de un sistema de coerción llevado adelante por funcionarios del kirchnerismo, como Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido."Baratta siempre daba a entender, de manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se bloqueaban los pagos de los certificados de obra", explicó Juan Carlos de Goycoechea, de Isolux, el primero de los empresarios en arrepentirse. Pese a los aprietes denunciados, dijo que lo de los "aportes para la campaña" era un "eufemismo" para hablar de "coimas" o "sobornos".Algunos empresarios, como Enrique Menotti Pescarmona y Francisco Rubén Valenti, ambos de la firma IMPSA, relataron que existía una estrategia de "asfixia financiera" contra las empresas.Otros denunciaron ser víctimas de amenazas explícitas. Por caso, Juan Chediack -que falleció en un accidente con su avión- dijo en calidad de arrepentido que, como parte de un amplio abanico de aprietes, el financista que oficiaba de intermediario con la familia Kirchner, Ernesto Clarens, le dijo en 2004: "Escuchame, nene, te quiero el lunes con los 250.000 pesos, no seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que hacemos cagar". Chediack dijo que pagó entre tres y cinco veces por año, pero que como no se "amoldaba al esquema de cobro" era considerado un "enemigo" por el Gobierno. El financista Clarens -también imputado/colaborador- negó los señalamientos. En su declaración, marcó incluso que mantenía gran vínculo con el empresario, a cuya casa fue alguna vez a comer, en veladas que eran animadas por la voz y la guitarra de Chediack.Chediack no fue el único que habló de amenazas. En una línea similar a su declaraicón, corrió la de Marcela Edith Sztenberg, de EQUIMAC S.A.. Dijo que el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, les aseguraba que tenía la "orden de Néstor Kirchner de hacernos mierda".José Manuel Collazo, de Helport SA, sumó que Uberti les advertía que debían "contribuir como todos a los gastos de la política" y que, de no hacerlo, sufrirían una "mayor cantidad de multas a las ya recibidas".Con detalles sobre las entregas de dinero, las declaraciones de los empresarios echaron nueva luz sobre el entramado que reveló el chofer Oscar Centeno con sus anotaciones en los cuadernos. Los empresarios precisaron lugares, sumas, frecuencias, y hasta contaron alguna desinteligencia en la entrega del dinero.Alberto Taselli relató que al completar su primera entrega, en 2013, el recaudador Roberto Baratta le dijo: "No te hagas el boludoâ?¦ no eran pesos, eran dólares". "Yo entendí que lo que se me estaba exigiendo era 1.000.000 pesos", declaró Taselli en la Justicia.También se reveló que eran los mismos empresarios quienes acordaban el reparto de la obra pública, según sus propias necesidades e intereses, mediante un sistema conocido como "la camarita". En esa tarea habría tenido un rol relevante el empresario Carlos Wagner, presidente durante casi todo el período de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Empresas Viales.Entre otras cuestiones, el financista Clarens reveló que los empresarios "se cobraban el pase". "Si alguno de los que estaba sentado en esa mesa [por la camarita] le había dado el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a esa empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra", dijo, entre otros detalles que ofreció, como la elaboración de un ranking"."El 20% referido de sobreprecio estaba compuesto por 10% para la coima y el 10% restante para generar dinero negro", añadió en su declaración.Hubo un intento reciente por parte de las defensas de De Vido, Cristina Kirchner y un grupo de empresarios de socavar el piso probatorio del juicio oral, excluyendo las declaraciones de los arrepentidos. Basaron su planteo en una supuesta dualidad que reviste la figura del "imputado-colaborador" y dijeron que no se podía incorporar la prueba sin violar garantías de la defensa. Pero el Tribunal rechazó los escritos e incorporó como prueba para el juicio el legajo de 25 arrepentidos.Los empresariosEl resto de los empresarios que van a juicio son: Rudy Fernando Ulloa Igor, Gerardo Luis Ferreyra, Carlos José Mundin, Claudio Javier Glazman, Raúl Héctor Vertua, Armando Roberto Loson, Néstor Emilio Otero, Juan Carlos Lascurain, Benjamín Gabriel Romero, Jorge Juan Mauricio Balán, Rodolfo Armando Poblete.También Osvaldo Antenor Acosta, Jorge Guillermo Neira, Rubén David Aranda, Miguel Ángel Marconi, Alberto Ángel Padoan, César Arturo De Goycoechea, Miguel Marcelino Aznar, Obdulio Ángel Barbeito, Patricio Gerbi, Marcelo Marcuzzi, Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, y Osvaldo Manuel De Sousa.Además, Gabriel Pedro Losi, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñena, Guillermo Escolar, Ricardo Santiago Scuncia, Santiago Ramón Altieri, Silvio Mion, Daniel Claudio Pitón, Roberto Juan Orazi, Julio José Paolini, Juan José Luciano, Pablo José Gutiérrez, Adrián Eduardo Pascucci, Mauricio Pedro Pascucci y Luis Armani.Y por último, Juan Bautista Pacella, Carlos Eduardo Arroyo, Carlos Daniel Román, Mario Ludovico Rovella, José Gerardo Cartellone, María Rosa Cartellone, Gerardo Cartellone, Tito Biagini, Hugo Alfredo Kot, Rodolfo Perales, Eduardo Luis Kennel y Ricardo Antonio Repetti.
El proceso en el Tribunal Oral Federal N°7 tendrá 87 imputados como CFK, Julio De Vido y varios de los principales empresarios de la Argentina, acusados de asociación ilícita y coimas. Los números y datos duros
La ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó reapareció como la abogada designada por el empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, para que lo defienda en el caso de los cuadernos de las coimas.La aparición de Gils Carbó, aceptando su designación como abogada, se produjo este miércoles al atardecer, al filo del comienzo del juicio oral y público que tendrá lugar mañana desde las 9.30 por Zoom, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.Gils Carbó fue la procuradora general de la Nación desde agosto de 2012 a propuesta de Cristina Kirchner hasta finales de 2017, cuando renunció en medio de una oleada de críticas del gobierno de Mauricio Macri.Desde entonces Eduardo Casal, procurador adjunto más antiguo, es el procurador general de la Nación interino. Especialista en derecho comercial y en quiebras, Gils Carbó fue fiscal ante la Cámara Comercial. Entre los juicios más resonantes en los que intervino estuvo la causa Papel Prensa y el concurso de la Sociedad Comercial del Plata.Como procuradora general de la Nación recibió críticas por su actuación motivada por razones políticas a la hora de trasladar fiscales, o designarlos de manera interina para manejar causas sensibles. Recibió denuncias, pero en todas fue sobreseída.Siempre negó que sus decisiones tuvieran una motivación política por sus simpatías por el kirchnerismo. Ahora reapareció públicamente como abogada de Gerardo Ferreyra, el dueño de la empresa Electroingeniería. Se trata de un empresario kirchnerista que integró en los años setenta el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Ferreyra pasó nueve años preso durante la última dictadura en Córdoba y regresó luego a la cárcel durante seis meses por la causa de los cuadernos de las coimas. A pesar de que fue tentado para que declarara como "arrepentido" y pudiera salir excarcelado, siempre se negó a hablar y soportó el encierro hasta que fue excarcelado.La detenciónFerreyra fue detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio el 1 de agosto de 2018 y liberado el 4 de febrero de 2019 por indicación de la Cámara Federal. Como vicepresidente de la empresa, intervino en múltiples entregas de dinero a funcionarios, actuando en la mayoría de los casos como coautor junto a Osvaldo Antenor Acosta y Jorge Neira. Los pagos se realizaron a Roberto Baratta o a Daniel Muñoz. Las sumas de dinero entregadas por Ferreyra, o bajo su indicación, son de las más altas en la causa, superando los cientos de miles y, en varios hechos, los millones de dólares, para garantizar que los funcionarios actuaran en beneficio de electroingeniería o Vialco SA.Ferreyra figura en la causa con pagos de 4.500.000 USD (21/07/2010), 2.500.000 USD (23/07/2010), 4.500.000 U$S (30/07/2010), cerca de 4.000.000 USD (07/10/2010). Otros pagos asociados rondaron los 850.000 USD , 3.000.000 USD, 3.500.000 USD, 380.000 USD y 800.000 USD en distintas fechas, y dos hechos por cerca de 250.000 USD en 2015. Claudio Uberti relató una entrega anterior (2006) de "10 palos en Euros" de Ferreyra a Néstor Kirchner. La entrega fue en el estacionamiento de la confitería Selquet, de Núñez, supuestamente según la acusación fiscal, y Ferreyra habría sacado de su auto, un Fiat Mondeo la plata. Uberti llevó esta valija a Néstor Kirchner a la quinta de Olivos.En una de las causas, su empresa Vialco SA fue imputada por pagos a Ernesto Clarens por un total de $2.670.000 pesos. Ferreyra también se ocupó de hacer llegar bolsos de más de diez kilos con dinero al departamento de Uruguay y Juncal, uno de los lugares más utilizados por la asociación para acopiar dinero, dice la acusación del fiscal Carlos Stornelli.Ferreyra presentó un descargo escrito donde negó los pagos y su participación en la asociación ilícita, las pruebas y los requerimientos de elevación a juicio que le recriminan múltiples hechos de cohecho activo. Su directivo, Jorge Guillermo Neira, reconoció haber efectuado pagos por orden de Ferreyra. Explicó que Gerardo Ferreyra le avisaba a él que pasarían a buscar una carpeta con dinero, indicándole el horario y el lugar.Neira asistía al lugar y se encontraba con Baratta, quien era quien retiraba la plata. Neira no hablaba con Baratta. Detalló que en tres o cuatro ocasiones, Ferreyra le acercó una carpeta con dinero que estaba cerrada con cinta adhesiva.En una sola ocasión, Ferreyra le acercó un bolso tipo mochila cerrada, cuyo contenido no verificó, pero que tenía un volumen más grande que el de las carpetas, y también se lo entregó al señor Baratta.Neira reconoció que Ferreyra le dijo que lo que había entregado "era dinero". También afirmó que no le constaba que fueran dólares los que llevó, sino que le decían que eran pesos, por instrucción de Ferreyra. Ratificó que las entregas que realizó fueron en las oficinas de la calle Lavalle N° 462 y 25 de Mayo N° 489 (ambas sedes de la compañía), y que jamás se trasladó con esas sumas de dinero a ningún domicilio que no fueran esos dos de la compañía.Primero Neira negó los hechos a decir que eran "falsos, incoherentes y delirantes" y afirmó. "Jamás entregué dinero a ninguna persona". Sin embargo, al ampliar su descargo, ratificó lo que declaró como arrepentido sobre las entregas que realizó y mencionó las cuatro entregas de sumas millonarias en dólares.
Ante la inminencia del comienzo del juicio oral y público por el caso conocido como cuadernos de las coimas, que arranca este jueves, en el Gobierno consideraron que esperan que la Justicia "avance hasta donde deba avanzar" y que "quienes sean culpables, paguen por lo que hicieron". El juicio será el segundo que lleve al banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner. La exmandataria es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita integrada por funcionarios que cobraban retornos de parte de empresarios.Las declaraciones de fuentes de Casa Rosada fueron ante la consulta LA NACION en la antesala del comienzo del juicio que llevará, además de a la expresidenta, a otras 86 acusados entre exfuncionarios y empresarios. El debate se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal."El choreo más grande de la historia de la humanidad", definió Milei el caso. Semanas atrás, el presidente Javier Milei se refirió a la exmandataria como "la chorra de la tobillera", en referencia al dispositivo electrónico que Kirchner tiene desde mayo pasado cuando le fue otorgada la prisión domiciliaria en el marco de la causa "vialidad". Ese caso fue el primero en el que la expresidenta terminó sentada en el banquillo de los acusados primero y condenada después. La ratificación de esa condena a seis años de prisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia y desde entonces Kirchner cumple arresto domiciliario. El mandatario mencionó, entre otras causas judiciales de Kirchner no solo a "Vialidad", sino también a "Memorándum de Entendimiento con Irán" y a Cuadernos. Fue entonces que se refirió a ese expediente como "el choreo más grande de la historia de la humanidad".El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. VacantesEl juicio será llevado adelante por jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.La disponibilidad de los jueces está sujeta a vacantes sin cubrir en la justicia es un déficit que lleva años y que se acrecentó en el último año. En ese caso, el juicio por los cuadernos de la corrupción no son la excepción. Si bien el TOF 7 está completo con sus tres jueces, las agendas de estos en otros tribunales que deben subrogar complicó la organización del debate. En los TOF la mitad de los jueces están vacantes, por lo que los que están deben dividirse entre juicios de sus propios juzgados y otros que subrogan, lo mismo sucede con los jueces que deben quedar como suplentes -"cuarto juez"- que pertenecen siempre a otros tribunales y deben congeniar agendas. Si bien la situación de las vacantes de jueces es problemática desde hace años, se aceleró en el último tiempo. Fue luego de que las renuncias de jueces federales y nacionales se aceleraron este año. Pasando casi del 33% de vacantes actual al 38% en el primer trimestre de 2026. La situación genera máxima preocupación en la Corte Suprema de Justicia. Desde el Gobierno comparten la preocupación y prometen que luego de haber pasado las elecciones y ante la inminente nueva composición del Congreso, enviarán al Senado los pliegos de los jueces ya elegidos por el Consejo de la Magistratura.Las renuncias y jubilaciones de jueces se aceleraron este año porque la mayoría de los magistrados que llegan a la edad de jubilarse, o que les falta poco, prefieren adelantar la decisión por temor a que cambie la ley jubilatoria.
El tribunal oral federal N° 7 que llevará adelante el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 exfuncionarios y empresarios en la causa de los cuadernos de las coimas comenzará el jueves, se transmitirá por Zoom de manera abierta en el inicio y durante un mes se leerá la acusación fiscal.Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori Germán Castelli emitieron a última hora de hoy un comunicado en el que expusieron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes.El caso de los cuadernos, en rigor, son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se narran los hechos según la óptica del fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. También se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.Por eso los jueces decidieron que durante los jueves 6, 13 y 20 de noviembre se leerá la elevación a juicio en las causas Nº 9608/2018/TO1/TO2/TO3; el 27 de noviembre y 4 de diciembre en las causas Nº 13816/2018/TO1) y 11 de diciembre en las causas Nº 18590/2018/TO1 y 13820/2018/TO1).Esta primera etapa del juicio durará casi hasta fin de año. Tras la lectura de la acusación, donde es obligatorio que todos los acusados estén presentes en el Zoom, con sus abogados, comenzará el debate en sí mismo.Según pudo saber LA NACION, Cristina Kirchner se conectará desde San José 1111, donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad.La fiscalía está a cargo de la fiscal general Fabiana León, el fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.Tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, se abrirá formalmente el juicio oral y se preguntará a los defensores y querellantes si tienen alguna cuestión preliminar para plantear, por ejemplo nulidades, o algún otro asunto que entiendan que debe resolverse de antemano.Los jueces suelen posponer su resolución para el final del juicio, excepto asuntos urgentes. Una vez completada esta etapa comenzarán las declaraciones indagatorias de los acusados. Es la oportunidad que tienen los imputados de realizar su defensa. Todo esto podrá verse por Zoom abierto. La fiscalía quiere que las indagatorias sean presenciales.Tras esas declaraciones comenzará a exhibirse la prueba a través de las declaraciones de los testigos. Esa etapa no se podrá ver por Youtube abierto, sino que solo podrán asistir los periodistas y público acreditado en un Zoom cerrado.Esto es para que un testigo que debe declarar no sepa de antemano lo que declaró el testigo anterior y pueda acomodar así su relato. Una vez finalizadas las declaraciones de testigos y peritos, comenzarán los alegatos donde se volverá a conectar el Youtube para que todo el mundo pueda ver el cierre del proceso y la lectura del veredicto. Se estima que todo el juicio durará varios años, porque los testigos previstos son más de 440 y los acusados son 86. Cada uno con sus abogados, que pueden interrogarlos a su antojo.Sin probationEn tanto, hoy el tribunal oral federal 7 decidió rechazar la pretensión de uno de los empresarios acusado, Patricio Gerbi, que pidió una probation, es decir que ofreció suspender el juicio a prueba a cambio de la realización de tareas comunitarias y pagar una suma de 209.683.710 de pesos. Gerbi fundamentó su pedido en su "colaboración activa y constante con la justicia". Destacó que declaró como arrepentido y que su información fue ratificada.Pero los jueces rechazaron su pretensión. Sostuvieron que si bien la situación de Gerbi (carencia de antecedentes condenatorios y una eventual pena que podría ser de ejecución condicional) podría ajustarse a las pautas de la probation, la oposición fundada de la fiscalía hacía imposible admitir su solicitud.La fiscal León se opuso a esta solución y los jueces dijeron que como representante de la sociedad, sin su acuerdo, la suspensión del juicio a prueba no podía prosperar. La fiscalía dijo que no correspondía porque en este caso se juzga además a funcionarios públicos y porque hay instrucciones generales de la Procuración General de la Nación, en este sentido. Por lo tanto, el tribunal oral resolvió negarle la suspensión del juicio a prueba.
La ex presidenta enfrenta un nuevo juicio en su contra por la mayor causa de corrupción de la historia reciente tras la derrota electoral del kirchnerismo en las elecciones legislativas. El posible Zoom eterno y las coimas que le imputan
La Cámara Federal de Casación frenó un intento de Cristina Kirchner de evitar el jueves el inicio del juicio por los cuadernos de las coimas donde es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita integrada por funcionarios que cobraban retornos de parte de empresarios.La decisión es de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Hoy Cristina Kirchner había presentado ante la presidencia de la Cámara de Casación, a cargo de Daniel Petrone, un escrito en el que expresamente pedía que no se siga adelante con la decisión sobre el cuarto juez. Al menos hasta que no quedara firme la recusación de uno de ellos.Por eso los jueces de Casación resolvieron hoy mismo rechazar sus recursos y dejar firme la recusación de la jueza Gabriela López Iñiguez como jueza suplente.Al mismo tiempo, ante la inminencia del arranque del juicio oral, se designó por sorteo a Néstor Costabel como cuarto juez que integrará el tribunal oral.Esto es porque en caso de alguna indisposición de los jueces titulares Germán Castelli, Fernando Canero y Enrique Méndez Signori debería asumir un suplente, si el juicio amenaza con suspenderse por más de 10 días.El juez suplente Costabe, es quien ya condenó a Lázaro Báez en la causa de la ruta del dinero K. Costabel no piensa excusarse, pero es probable que las defensas de los acusados lo recusen, planteo que deberá responder el tribunal oral federal 8 a cargo del juicio.El asunto de quien será el juez suplente en esta causa es una controversia que viene desde hace semanas. Fue designada inicialmente la jueza López Iñiguez, pero la fiscal Fabiana León la recusó.El tribunal oral federal 8 apartó a la magistrada, que ya había intervenido en otra causa contra Cristina Kirchner, la de la firma del Memorándum con Irán, donde la expresidenta fue absuelta sin juicio, en un fallo que luego fue revocado.Tras el apartamiento de López Iñiguez, Cristina Kirchner y la defensa de Julio De Vido y Roberto Baratta recurrieron a la Cámara de Casación, para que el juicio no comience hasta que esa decisión quede firme,Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Casación rechazó hoy esos recursos de la expresidenta y dejó el camino allanado ara empezar el juicio el jueves próximo 6 de noviembre. Los jueces Barroetaveña, Hornos y Carbajo rechazaron con costas el recurso de queja de la expresidenta contra el fallo del tribunal oral que había apartado a López Iñiguez. Dijeron que "la decisión cuestionada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos" y no corresponde pronunciarse."Las discrepancias valorativas expuestas por la parte recurrente, más allá de demostrar que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal de la anterior instancia, no alcanzan a demostrar agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad, en los graves defectos del pronunciamiento, o en alguna cuestión federal debidamente fundada, supuestos que permitirían habilitar la jurisdicción revisora de esta alzada", dijeron. Tras la salida de López Iñiguez, se sorteó un nuevo cuarto juez de la causa y fue designado Andrés Basso. El juez Basso integró el tribunal oral federal que condenó a Cristina Kirchner en la causa de Vialidad a 6 años de prisión.Por eso fue recusado por Cristina Kirchner. Su abogado Carlos Beraldi dijo que "si se admitiera la intervención del juez Basso, se llegaría al absurdo de que el magistrado debería valorar como evidencia una sentencia dictada por él mismo".Basso por esos motivos y alegando razones de prudencia ante la importancia institucional del caso, prefirió dar un paso al costado. Así se llegó hoy a un nuevo sorteo donde fue designado Costabel, quien ya condenó a Lázaro Báez y controla la ejecución de su condena.
Audios atribuidos al jefe del INPE lo acusan de pedir una coima para excarcelar a un expolicía. La familia del reo reclamó la devolución del dinero, pero no lo recibió, según la denuncia
El titular de la UIF, querellante en la causa, se opuso a que los empresarios acusados compren su impunidad en el expediente con un fuerte discurso
El próximo jueves, a las 9.30, comenzará a desarrollarse el juicio oral y público de la causa de los cuadernos de las coimas, el caso de corrupción más grande de la historia argentina. Se buscará determinar el rol que tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de funcionarios del kirchnerismo, un financista y 64 empresarios de primera línea en un esquema de intercambio de sobornos por obra pública, un mecanismo que fue descripto con precisión por un chofer del Ministerio de Planificación y reconocido por muchos de los ejecutivos que declararon como arrepentidos.Comenzará con una audiencia por semana, los días jueves, por Zoom, pero cambiará de ritmo en marzo, cuando pasen a celebrarse dos debates semanales, lo que acortará los plazos de un juicio que, pese a todo, podría extenderse durante años.El debate oral que se pondrá en marcha el jueves contempla a 6 de las 10 causas conexas que conforman una extensa madeja judicial de corrupción.Una parte de ese entramado (Gas Natural Licuado) fue juzgada recientemente, en septiembre, y terminó con el exministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, condenados a cuatro y tres años de prisión, respectivamente. Otra fue juzgada en diciembre de 2024, en la que fue condenada la excocinera de De Vido, Nélida Caballero.Otra parte del juicio aguarda su puesta en marcha, y el tramo principal, con 87 imputados, es el que comenzará este jueves: abarca 304 de los 540 hechos de corrupción del universo "Cuadernos", de acuerdo con el informe presentado esta semana por la fiscal del juicio, Fabiana León. Están encuadrados en seis calificaciones: asociación ilícita, encubrimiento, dación y admisión de dádivas y cohecho activo y pasivo.En el centro del presunto esquema de corrupción se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser la jefa -junto al expresidente Néstor Kirchner- de una asociación ilícita que funcionó durante sus gobiernos, entre 2003 y 2015. Fue identificada por la fiscalía como la "principal receptora" de los fondos ilegales, a partir de múltiples señalamientos o alusiones de testigos y empresarios.Las veces que declaró en indagatoria en las distintas causas, se limitó a entregar un escrito, evitando contestar preguntas de la Justicia, del mismo modo que lo hizo en Vialidad, la causa por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, por la que cumple una pena a prisión de 6 años en su casa."En ningún caso existen pruebas que me vinculen con los supuestos delitos que se dicen investigar", señaló en uno de ellos, en el que pone de resalto que junto a Néstor Kirchner fue elegida "democráticamente por el pueblo argentino en tres elecciones consecutivas".Según la acusación fiscal, a los pies de la expresidenta operaba un aceitado sistema de recaudación compuesto de sobreprecios, coimas y retornos. El exministro De Vido será juzgado como uno de los organizadores del mecanismo. Al empresario Carlos Wagner (Esuco) -presidente de la Cámara de la Construcción entre 2004 y 2012, luego arrepentido- De Vido le aseguró que la obra pública se había establecido como un "método de recaudación de dinero para los gastos políticos". De Vido también niega los casi 200 hechos de corrupción que se le imputan. El esquema de funcionarios seguía con Baratta; los secretarios Javier Lazarte y José López; directores de organismos de la construcción y el transporte; y el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que reconoció la recolección de pagos para la campaña electoral de 2013. En sus declaraciones, empresarios e implicados delinearon algunos de los rasgos del sistema de recaudación. El financista arrepentido Ernesto Clarens, por caso, que ofició como nexo entre los Kirchner y algunos de los hombres de negocios, describió que los precios de la obra pública se inflaban artificialmente un 20%. Ese porcentaje "estaba compuesto por [un] 10% para la coima y el 10% restante para generar dinero negro", según su propia distinción.Los modos y porcentajes variaron cuando el sistema se reactivó luego de la muerte de Néstor Kirchner, en 2010, de acuerdo con las pruebas que reunió la Justicia, pero se mantuvo a lo largo del tiempo. Según José López, el secretario de Obra Pública que fue detenido con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez, desde 2011 los porcentajes exigidos para la adjudicación de obras y la liberación de los pagos se redujeron al 3%.La antesala del caso estuvo marcada por el intento de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios de esquivar el juicio oral con un ofrecimiento monetario. La suma de los montos ofertados por ellos superó los 13 millones de dólares, tal como contó este medio. Algunos de los representantes legales de los empresarios reforzaron la oferta remarcando cuán inconveniente sería la realización de un juicio de esta magnitud, por el impacto que tendría en todo el sistema judicial y la cantidad de años que podría insumir. La fiscal León se opuso sin concesiones al planteo. "Mi fiscalía no vende impunidad", les dijo a los 47 empresarios y a sus abogados en una audiencia celebrada especialmente para tratar el pedido. Tras ello, los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, resolvieron rechazar la propuesta del empresariado, que fue encauzada a través de una nueva figura del código que permite reparar monetariamente el daño ocasionado. Es una figura animada por el espíritu de la Justicia restaurativa; los detractores de la idea hablaban, en cambio, de una "Justicia para ricos".Otra puerta de salida para los empresarios se entreabrió en junio del año pasado, cuando la Casación desató una polémica al avalar un planteo de Angelo Calcaterra (Iecsa), primo del expresidente Mauricio Macri, para pasar a ser juzgado en la Justicia electoral con el argumento de que el dinero entregado a los funcionarios no fueron sobornos sino "aportes de campaña" de los que no pidió ni le dieron recibos. Luego de una avalancha de críticas, la Casación anuló, por mayoría, su propio fallo. El juez Carlos Mahiques persistió con su postura inicial de habilitar el pasaje a la Justicia electoral.PruebasLos cuadernos escolares en los que el chofer Oscar Centeno dejó un registro minucioso de los viajes recaudatorios fueron el puntapié de la investigación realizada por el equipo de LA NACION que lideró el periodista Diego Cabot. Ese trabajo luego motorizaría la causa que llevaron en la Justicia Federal el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y que estalló con los allanamientos de agosto de 2016. Centeno reconoció haberlos escrito y allí dejó fechas, horas, kilometrajes y detalles sobre las entregas de dinero. El resultado de un peritaje caligráfico de la Gendarmería ordenado luego por el TOF 7 confirmó la autenticidad de los cuadernos, al señalar que su contenido se correspondía con el puño escritural de Centeno. Antes del peritaje, la querella en torno a la "veracidad" de los cuadernos -una disputa que intentó instalar el kirchnerismo- ya había quedado relegada a un segundo plano cuando funcionarios y empresarios comenzaron a echar luz sobre el entramado de corrupción con sus declaraciones ante la Justicia como "arrepentidos".Es que en octubre de 2016, unos cuatro meses después de que López dejara los bolsos en el convento, el Congreso aprobó la figura del "imputado colaborador", a la que se apegaron una veintena de los imputados que comenzarán a ser juzgados el jueves.Para que los acuerdos sean validados primero por el fiscal y luego por el juez, los aportes que hagan los imputados deben poder profundizar la investigación, alumbrar nuevos hechos o apuntar con información comprobable hacia arriba en la jerarquía del delito.De cara al inicio del juicio, todavía resta saber si la Unidad de Información Financiera (UIF) será parte del proceso. El organismo antilavado es querellante en la causa, pero su rol es cuestionado por algunos empresarios, en particular, y por el Gobierno, en general. La Casación convocó a una audiencia el miércoles para escuchar las objeciones del empresario Mario Rovella (Rovella Carranza), quien se opone a la participación de la UIF como querellante en el expediente. Que la UIF pueda oficiar como querellante es una particularidad que Argentina comparte con muy pocos países en el mundo y es criticada en líneas generales.Además de Néstor Kirchner, en el transcurso de la investigación falleció el empresario arrepentido Juan Chediack -que se estrelló con su avión en septiembre de 2023- y el exsecretario de Néstor, Fabián Gutiérrez, que fue asesinado en su casa de El Calafate en junio de 2020. Antes que ellos, en 2016, falleció también Héctor Muñoz, el secretario millonario de los Kirchner, que arrastraba problemas de salud.
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La Justicia rechazó sobreseer de manera anticipada a Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos de las coimas, esto es, antes del juicio oral en el que enfrenta la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita que montó un sistema ilegal de recaudación de sobornos por parte de empresarios, a cambio de que mantuvieran sus contratos con el Estado.Cristina Kirchner ya había usado esta maniobra para evitar otros dos juicios y el truco le había dado resultado: en octubre y noviembre de 2021 consiguió que dos tribunales orales la absolvieran sin juicio en los casos Hotesur y Los Sauces y la firma del Memorandun con Irán.Sin embargo, esas decisiones fueron luego revocadas por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.Esa decisión de la Casación, del 19 de septiembre de 2023, implicó que las dos causas donde se encuentra investigada la expresidenta vayan a juicio oral y público, pero las demoras de los tribunales orales federal N° 5 y N° 8 impidieron, que a dos años de ese fallo, comiencen los juicios.Ahora, Cristina Kirchner intentó una estrategia similar en la causa de los cuadernos de las coimas, pero los jueces del tribunal oral federal N° 7 rechazaron su pretensión.Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron su pedido de sobreseimiento por "cosa juzgada" presentado por la defensa de la expresidenta. Cristina Kirchner sostuvo que en la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de prisión por fraude contra la administración pública por favorecer a Lázaro Báez con las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, también fue absuelta por el delito de asociación ilícita.Su argumento era que, si fue absuelta por este delito en ese juicio, no podía ahora volver a ser juzgada por el mismo delito, por lo que se trata de una cosa juzgada, que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema de junio pasado. Los jueces de la causa de "los cuadernos de las coimas" dijeron que los hechos imputados en ambas causas son diferentes y que, en todo caso, el asunto debe resolverse en el debate oral, que comenzará el próximo 6 de noviembre.Los abogados Alberto Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, que defienden a Cristina Kirchner, dijeron que la expresidenta no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Y señalaron que la absolución firme por asociación ilícita en la causa Vialidad constituía era una "circunstancia novedosa" que impedía seguir adelante con la acusación en su contra en el caso de los cuadernos de la coimas".Los defensores dijeron que Cristina Kirchner "fue acusada por la misma acción, esto es, tomar parte en una asociación o banda dedicada a cometer delitos indeterminados", que en ambas causas se le asignó el rol de "jefa de la declamada asociación ilícita", que comenzó en 2003 y culminó en 2015, y que esa organización, según la Justicia, "se constituyó para cometer una pluralidad indeterminada de actos delictivos que tenían por objetivo el enriquecimiento de sus miembros".La defensa concluyó que, dado que "Cristina Kirchner ya ha sido juzgada y absuelta en orden al mismo hecho que se le imputa en autos, corresponde que se haga lugar a la excepción de cosa juzgada".Sin embargo, el juez Méndez Signori en su voto, al que adhirieron sus colegas, rechazó esa pretensión al advertir, contra lo sostenido por Cristina Kirchner, que no hubo "identidad de persona, objeto y causa" en estos juicios. La defensa "no logró poner en evidencia la identidad de objeto procesal", señaló. Coincidió con la Fiscalía y la querella de la UIF en que la absolución en "Vialidad" es "inidónea".Méndez Signori remarcó que la cuestión debe ser resuelta en el juicio oral. Por su parte, el juez Castelli destacó que el planteo de la defensa es una "reedición de lo ya resuelto".El intento de CentenoEl mismo tribunal decidió también rechazar un intento similar de Oscar Centeno, el chofer del ex Ministerio de Planificación y autor de los "cuadernos de las coimas", donde anotó el recorrido que hacía recogiendo los pagos de empresarios a exfuncionarios para mantener sus contratos de obra pública. Dijeron los jueces que deberá ir a juicio oral junto con Cristina Kirchner y el resto de los acusados.El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó su pedido de sobreseimiento anticipado y dio vía libre para el comienzo del proceso. La decisión de los jueces Méndez Signori, Castelli y Canero, sostuvo que el pedido de la defensa de Centeno era "improcedente y prematuro." Centeno dijo que era un chofer y que no integró la asociación ilícita donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa, sino que solo registró los viajes de los recaudadores. Dijo que la prueba nueva que habilitaba a pedir su sobreseimiento ahora es el peritaje que concluyó que los cuadernos eran de su autoría. Pero el tribunal oral sostuvo que su planteo estaba "estrechamente vinculado a cuestiones de hecho y prueba, propias de la etapa de debate oral y público". En su voto, el juez Méndez Signori indicó que la defensa intentó introducir un "planteo diverso" bajo la figura de la excepción de falta de acción. Dijo que solo en el juicio se zanjarán las dudas sobre la valoración de la prueba, la materialidad de los hechos y la participación del imputado. Allí se "ventilará la culpabilidad o inocencia bajo los principios de oralidad, publicidad e inmediación".La ley determina que para sobreseer sin juicio debe existir una nueva prueba inequívoca que despeje toda duda y un estado de certeza. Dijo el tribunal que no es el caso y que tiene el criterio de resolver estos asuntos en el juicio oral.El voto de Méndez Signori, al que adhirieron sus colegas, mencionó los compromisos internacionales asumidos por Argentina para erradicar la corrupción (Leyes 24.759 y 26.097), lo cual se traduce en "un mayor rigor al apreciar los hechos a la hora de adoptar decisiones en causas que involucren el manejo de fondos y bienes públicos".Centeno está sometido a proceso desde hace más de siete años, se acogió al régimen de imputados colaboradores e integra el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 3 de agosto de 2018.En este proceso â??que se originó en una investigación de LA NACIONâ??, la hipótesis es que Cristina Kirchner, junto con Néstor Kirchner, montaron un sistema de recaudación de coimas que pagaron empresarios para mantener sus contratos de obras públicas.Centeno registró en ocho cuadernos los viajes que hacía en su remis transportando a los entonces funcionarios del ministerio que comandaba Julio De Vido, quienes cobraban la plata en efectivo, la trasladaban en bolsos y esos viajes terminaban en dependencias oficiales, o en algunos casos en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.
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El especialista en criptomonedas Martín Romeo hoy presentó el pedido ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la investigación. Según explicó, las pruebas permiten seguir "toda la trazabilidad" del dinero desde las billeteras digitales involucradas hasta su destino final. Leer más
Dos arrepentidos revelaron el primer paso negocio supuestamente encabezado por el secretario de Néstor Kirchner y su viuda para procesar el dinero recolectado de empresarios por Roberto Baratta. Cuánto se llevaban los "cueveros" por cada maniobra
La Justicia Federal de Río Cuarto investiga una trama de sobornos dentro de Gendarmería Nacional. Los choferes denunciaron que les exigían pagos de hasta $600.000 para poder circular. Hay 23 efectivos implicados y más de 20 allanamientos realizados. Leer más
Isidro Bounine, uno de los asistentes de la ex presidenta, fue involucrado como partícipe secundario en el esquema de lavado de capitales liderado por el fallecido Daniel Muñoz y su viuda. Qué declaró
La Fiscalía de la Nación también allanó sus viviendas y comisarías ubicadas en Independencia, Cercado de Lima, Carabayllo y Comas
Para la Justicia federal, el rastro hacia un resort de playa en Turks & Caicos vinculado al misterioso Isaac Esparza Hidalgo es el tramo final del dinero de los sobornos recolectados por Roberto Baratta. Escena íntima: la última voluntad del secretario de Néstor Kirchner
ROSARIO.-Efectivos de Gendarmería Nacional, por orden del juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, allanaron cuatro domicilios -dos en Santa Fe y dos en Ciudad de Buenos Aires- vinculados al operador judicial y escribano santafesino Santiago Busaniche, involucrado en la causa que tiene como principal acusado al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, actualmente preso en su casa en Rosario. En paralelo a estos allanamientos contra Busaniche, las fuerzas federales llevaron adelante un operativo en la constructora EDECA. Esta firma está siendo investigada por el traspaso de un terreno que terminó en manos de un familiar de Bailaque. Según señalaron fuentes judiciales, se analiza en la causa si la firma habría sido beneficiada con una decisión del juez a cambio de la sesión de un terreno. EDECA, una empresa especializada en ingeniería y construcción civil que se dedica a la ejecución de obras públicas y privadas de gran envergadura, fue una de las compañías que estuvo involucrada en la llamada causa de los Cuadernos de las Coimas.El objetivo de los allanamientos contra Busaniche tuvieron como objetivo el secuestro de su teléfono celular, cuya pericia será clave en esta investigación, ya que en el Smartphone de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe, que la justicia ya analizó, figuran conversación entre ambos. Vaudagna es uno de los arrepentidos en esta causa, junto con el financista Fernando Whpei, extitular de Radio Rivadavia.En esos diálogos aparecen menciones a la causa que montaron en el juzgado de Bailaque contra otro financista, Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019, a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante este magistrado.Quién es BusanicheBusaniche se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen en la justicia por las influencias que tiene.Es nacido y criado en la ciudad de Santa Fe, con vínculos a través de su pareja con la familia de Carlos Reutemann, para quien militó en su juventud. Algunos en Santa Fe lo recuerdan como uno de los organizadores de cenas para juntar fondos para la campaña. Su hermano José, con quien está enemistado, es camarista federal en Entre Ríos.En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra. Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún por qué hay una orden que viene desde "arriba", de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.A la par, se gesta una extorsión contra el financista, de acuerdo a la investigación, que paga cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal. El otro segmento de la historia, donde aparece con nitidez, Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100 mil dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.El nombre de Busaniche genera pánico cada vez que se nombra, porque ocurrieron algunos episodios en la propia investigación que dejaron al descubierto el poder y las influencias que tiene este abogado santafesino.A la par de este paso trascendente en la causa hay otro punto importante que pasa por Whpei, quien selló un acuerdo de colaboración con los investigadores. El financista habría revelado los nexos entre Busaniche y Vaudagna y cómo funcionó esta relación en la maniobra para extorsionar a Iglesias. Además, Whpei habría admitido que el juez federal Gastón Salmain lo benefició en una operación de compra de dólares, al aceptar un pedido que hizo la mutual que dirigía para adquirir divisas a precio oficial, cuando la brecha con el blue era notoria.Salmain está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura luego de que se descubriera que mintió para postularse a ese cargo. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de una investigación para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió expresamente su paso en el Poder Judicial cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que fue designado en el marco del Concurso N° 387 como el magistrado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1.Este tema que se planteó en la comisión de disciplina, donde está siendo investigado Salmain, se produjo luego de que el fiscal Federico Reynares Solari comenzara a investigar a este magistrado por un comportamiento que podría ser inusual, al fallar a favor de estudios jurídicos de manera recurrente que presentaban recursos contra Anses.Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos. Reynares Solari notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.La maniobra que se habría montado y que se investiga es la clásica, conocida como fórum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia. Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.Luego de que se abriera esta investigación contra este magistrado se produjo un hecho llamativo. Salmain comenzó a excusarse "masivamente" de las causas previsionales, lo cual produjo un problema entre los abogados que representan este tipo de causas. Esto llevó al Colegio de Abogados de Rosario a que planteara su preocupación sobre el tema.
Primo de Carolina Pochetti, viuda del secretario de Néstor Kirchner, fue señalado como un articulador clave en el entramado de sociedades offshore ligado a las propiedades compradas con la supuesta plata de sobornos de empresarios
Tras su muerte y la revelación de sus negocios en los Panama Papers, el entorno del secretario de Néstor Kirchner comenzó a vender propiedades en Miami y New York que habrían sido compradas con la recaudación de los sobornos. Luego, el dinero de esas ventas circuló por el mundo
El tribunal oral a cargo del caso de los cuadernos de la coimas rechazó "in limine" los pedidos del exministro de Planificación Julio De Vido y del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi para anular el proceso. El rechazo se concretó cuando faltan tres semanas para el inicio del juicio oral, donde la principal acusada es Cristina Kirchner.Los exfuncionarios kirchneristas habían pedido, además, el apartamiento de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, lo que fue rechazado con el agregado del pago de las costas del incidente.En esta causa, Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos de empresarios para mantener sus contratos de obra pública.Los exfuncionarios -defendidos por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro- habían solicitado la nulidad de la decisión del 6 de octubre de 2025 del tribunal que rechazó los pedidos de reparación integral que hicieron los empresarios acusados para que se les acepte una suma de dinero a cambio de ser absueltos en el proceso.Los acusados dijeron que se violaron las reglas porque no hubo un acuerdo previo y no se mantuvo la reserva de ese acuerdo, sino que, por el contrario, se realizó una audiencia oral y pública para que se conociera la oferta de los empresarios. Los exfuncionarios entendieron que hubo una "manifiesta y flagrante violación de normas constitucionales".Pero los jueces dijeron que eso no ocurrió, mencionaron que en los actos cuestionados "no se ha omitido ninguna forma que merezca tal remedio procesal".Subrayaron que el planteo de la defensa se funda en "alegaciones meramente dogmáticas" y que los letrados "no han explicitado cuál sería el perjuicio real y concreto ocasionado a sus defendidos con base en los actos atacados".Dijeron los jueces que el ofrecimiento de una reparación no implica una "contaminación" del proceso, ni que se hubiesen producido confesiones o un adelantamiento de opinión.Los jueces indicaron que ni De Vido ni Schiavi "han formalizado en el marco de este incidente ofrecimientos de reparación integral del daño" ni efectuaron ninguna declaración que viole el Código Procesal.Si bien algunos abogados hicieron en la audiencia algunos alegatos, los jueces aclararon que ellos habían avisado que "no debían referirse a cuestiones de hecho y prueba, advertencia que el presidente debió reiterar en el transcurso de dicho acto procesal".Por lo tanto, consideraron que las expresiones de la defensa sobre supuestas "admisiones de responsabilidad" que implicarían "prejuzgamiento" responden a "una inadecuada y forzada interpretación que no se identifica con la realidad de lo sucedido".El tribunal desestimó la recusación de los jueces por el supuesto temor de parcialidad, al sostener que no es una causal de apartamiento prevista. "La mera sospecha de parcialidad no determina inexorablemente el apartamiento del magistrado del juzgamiento de la causa, sino solo cuando el pedido se acompaña con razones legítimas y objetivas que puedan otorgarle adecuado respaldo, lo que no ha sucedido en el presente", señalaron.El juez Germán Castelli adhirió al voto de sus colegas y destacó "la manifiesta improcedencia de la vía de impugnación escogida contra un auto interlocutorio del tribunal". Asimismo, aclaró que lo que ocurrió en la audiencia se refería al debate sobre la aplicación del instituto de la reparación integral y no de un juicio abreviado.El tribunal rechazó el 6 de octubre pasado la oferta de 50 empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso. El monto total ofrecido por los acusados fue de unos 15 millones de dólares.Los jueces argumentaron que la "reparación integral" solo se admite como una regla de disponibilidad de la acción penal, lo que otorga un papel primordial y decisorio a la fiscalía. Y en este caso la fiscal Fabiana León se opuso.Los jueces dijeron que el caso de corrupción es de naturaleza supraindividual e inmaterial del daño, en orden con los argumentos de la fiscalía.
El fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda fueron investigados por comprar 14 inmuebles en edificios icónicos como el Plaza Hotel, en una causa originada por los diarios del chofer Oscar Centeno, con valores de hasta más de 13 millones de dólares
Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, y su viuda, son las piezas centrales de otra megacausa originada por los diarios de Oscar Centeno que investigó a dónde fue la plata. Qué pasa en el expediente
El expediente de los diarios del chofer Oscar Centeno reveló una serie de viajes al sur con el fallecido secretario de Néstor Kirchner como protagonista silencioso. Qué dijo Miriam Quiroga y la tripulación
El fiscal Picardi apunta a otras empresas, cuyo nombre no se conoce, que habrían tenido un modus operandi parecido al de la Droguería Suizo Argentina en las compras de la agencia de discapacidad.
Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que documentó los pagos de sobornos de empresarios a exfuncionarios kirchneristas, solicitó ser sobreseído antes del inicio del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre. Centeno argumenta que no cometió ningún delito, ni formó parte de una asociación ilícita, sino que solo manejaba y registraba los pagos. La fiscalía se opone y pide que sea juzgado.El pedido de sobreseimiento de Oscar CentenoEl chofer del Ministerio de Planificación que documentó los pagos de sobornos argumenta que no integró ninguna asociación ilícita. Afirma que solo cumplía funciones de chofer y registraba los cobros. Centeno se define como "un testigo denunciante" con un rol "banal e inocuo".Centeno asegura que no puede ser imputado y testigo al mismo tiempo. Argumenta que su rol fue simplemente el de un chofer que registraba los movimientos, sin participar en las maniobras delictivas. "Yo nunca entré a ningún lugar, ni llevé ningún bolso. Eso lo hacían ellos... Yo tampoco recibía parte de las recaudaciones", declaró Centeno.La solicitud de Centeno de ser declarado inocente sin ir a juicio es similar a la estrategia que benefició a Cristina Kirchner en las causas del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Esas decisiones fueron luego revocadas y la expresidenta aún debe afrontar esos juicios orales.El Código Procesal Penal y el sobreseimientoEl artículo 361 del Código Procesal Penal establece que se puede dictar el sobreseimiento cuando "por nuevas pruebas exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal, y para comprobarla no sea necesario el debate o el imputado". Centeno busca ampararse en este artículo a partir del peritaje sobre los cuadernos.Situación procesal actual de CentenoCenteno está sometido a proceso desde hace más de siete años. Se acogió al régimen de imputado colaborador e integra el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 3 de agosto de 2018.La fiscal Fabiana León se opuso al sobreseimiento y solicitó que Centeno sea llevado a juicio. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, también se opuso.El rol de Cristina Kirchner en la causaCristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita. Se la acusa de haber montado, junto con Néstor Kirchner, un sistema de recaudación de coimas pagadas por empresarios para mantener sus contratos de obras públicas.Los cuadernos de Centeno como prueba claveEn ocho cuadernos, Centeno registró los viajes que hacía en su remis para transportar a funcionarios del ministerio que comandaba Julio De Vido. Estos funcionarios cobraban dinero en efectivo, lo trasladaban en bolsos y los viajes terminaban en dependencias oficiales o en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.El peritaje caligráfico confirmó que los cuadernos fueron escritos por Centeno. Para la defensa, esta confirmación es fundamental para determinar su inocencia. Argumentan que no puede ser al mismo tiempo un testigo que denuncia un entramado delictivo y un imputado como integrante de una asociación ilícita.La defensa sostiene que Centeno actuó como un testigo que aportó información relevante para la investigación. Era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, y su tarea se limitaba a conducir y registrar los movimientos.Otros pedidos pendientes de resoluciónAdemás del pedido de Centeno, el tribunal debe resolver antes del inicio del juicio oral el pedido del empresario Enrique Pescarmona para ser declarado insano y evitar el juicio, así como las reposiciones de la prueba documental.Rechazo a la oferta de empresarios para evitar el juicioLa semana pasada, los jueces rechazaron la pretensión de medio centenar de empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos. El monto total ofrecido por los acusados era de unos 15 millones de dólares. El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero.Entre los empresarios y exfuncionarios que hicieron esta oferta se encuentran Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero. También recurrieron a este mecanismo de extinción de la acción penal Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñela, Guillermo Escolar, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Aldo Benito Roggio, Daniel Claudio Pitón, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Osvaldo Antenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Walter Rodolfo Fagyas, Fabián Ezequiel García Ramón, Juan Carlos De Goycoechea, Arturo de Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoán, Armando Roberto Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Camilo Cómez y Marcelo Marcuzzi. Todos deben pagar las costas.El monto total ofrecido en pesos por los empresarios fue de 16.591.438.303. A estos se sumaron otros empresarios, que ofertaron 3.600.000 dólares. En total, en dólares, al tipo de cambio oficial, la oferta fue de unos US$15 millones.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
Oscar Centeno, el chofer del Ministerio de Planificación que registró los pagos de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios del kirchnerismo, pidió ser sobreseído antes de que empiece el juicio, el próximo 6 de noviembre. Dijo que no cometió ningún delito. Centeno afirmó que no pertenece a ninguna asociación ilícita, sino que solo manejaba el remis y tomaba nota de los cobros, por lo que debe ser sobreseído definitivamente. El chofer aseguró que no puede ser testigo e imputado a la vez y se definió como "un testigo denunciante" y con un rol "banal e inocuo".La solución que propone Centeno, ser declarado inocente sin ir a juicio, es la misma que benefició a Cristina Kirchner en el caso de la firma del Memorándum con Irán y en el caso Hotesur y Los Sauces. Esas decisiones luego fueron revocadas y la expresidenta debe afrontar aún los dos juicios orales.Esta medida se toma cuando surgen nuevas pruebas que hacen palmariamente evidente que el acusado es inocente del delito del que se lo acusa y juzgarlo sería una pérdida de tiempo. El ejemplo clásico es del que se encaminaba a ir a juicio por homicidio, pero el muerto aparece vivo. El art 361 del Código Procesal Penal señala que cuando "por nuevas pruebas exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal, y para comprobarla no sea necesario el debate o el imputado, el Tribunal dictará de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento". Esto quiere Centeno a partir del peritaje sobre los cuadernos. El hombre, que está sometido a proceso desde hace más de siete años, se acogió al régimen de imputado colaborador e integra el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Seguridad de la Nación desde el 3 de agosto de 2018. Con el patrocinio de su defensor oficial, Sergio Steizel, el chofer Centeno busca que los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli lo sobresean antes de que comience el juicio, próximo el 6 de noviembre, "por inexistencia de delito" en su conducta.La fiscal Fabiana León se opuso y pidió que sea llevado a juicio. Lo mismo planteó la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en esta causa.En este proceso â??que se originó en una investigación de LA NACIONâ??, Cristina Kirchner va ser juzgada acusada como presunta jefa de una asociación ilícita. La hipótesis es que, junto con Néstor Kirchner, montaron un sistema de recaudación de coimas que pagaron empresarios para mantener sus contratos de obras públicas.Centeno registró en ocho cuadernos los viajes que hacía en su remis transportando a los entonces funcionarios del ministerio que comandaba Julio De Vido, quienes cobraban la plata en efectivo, la trasladaban en bolsos y esos viajes terminaban en dependencias oficiales, o en algunos casos en el departamento de Cristina Kirchner en Recoleta.Centeno argumentó que luego de que un peritaje confirmó que los cuadernos son de su puño y letra, su conducta no es delito, pues solo consistió en manejar el remis y tomar nota de todo. Subrayó que el resultado del peritaje es una prueba "palmaria, ostensible y evidente". La pericia concluyó de manera unánime que los textos manuscritos que conforman los cuadernos originales pertenecen al puño escritural de Centeno.Según la defensa, esta confirmación pericial resulta fundamental para determinar su inocencia. La defensa argumentó que Centeno no puede ser al mismo tiempo y simultáneamente un testigo que denuncia un entramado delictivo y un imputado como integrante de una asociación ilícita.La defensa sostuvo que el rol de Centeno fue de un testigo que aportó información sumamente relevante para la investigación.Explicó el defensor oficial que Centeno era el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de De Vido, y su conducta era manejar hasta un destino determinado y retornar dentro de un horario laboral preestablecido.El registro detallado de los movimientos que consideró sospechosos en los cuadernos demuestra que su conducta estuvo orientada a evitar ser vinculado con este tipo de maniobras, actuando de la única forma que pudo para que la sociedad tuviera certeza respecto a su obrar, señaló el defensor.Aclaró que cuando declaró como colaborador, Centeno puntualizó que no intervino en la maniobra delictiva, "jamás confesó haber formado parte de una asociación ilícita". Por el contrario afirmó: "Yo nunca entré a ningún lugar, ni llevé ningún bolso. Eso lo hacían ellos... Yo tampoco recibía parte de las recaudaciones".Como lleva siete años sometido a proceso y el juicio se estima que demorará muchos años, la defensa pidió que sea sobreseído, de modo de terminar con su situación de incertidumbre.Además de esta definición, el tribunal debe resolver antes de iniciar el juicio oral el pedido del poderoso empresario mendocino Enrique Pescarmona para ser declarado insano y evitar el juicio, y la resolución de las reposiciones de la prueba documental.Los jueces decidieron la semana pasada rechazar la pretensión de medio centenar de empresarios que querían pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso. El monto total ofrecido por los acusados era de unos 15 millones de dólares.El Tribunal Oral Federal 7 resolvió que la oposición de la fiscal de juicio es vinculante y que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales que no pueden ser compensados solo con dinero, ratificando el inicio del debate oral.Así, los jueces rechazaron todos los planteos de reparación integral del perjuicio formulados por los abogados de los empresarios y algunos exfuncionarios kirchneristas.Los empresarios y exfuncionarios que hicieron esta oferta fueron Roberto Juan Orazi, Jorge Juan Mauricio Balan, Miguel Aznar, Osvaldo De Sousa, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Pablo José Gutiérrez, Adrian Pascucci, Mauricio Pascucci, Mario Ludovico Rovella, Patricio Gerbi, Hugo Dragonetti, Juan Manuel Collazo, Ernesto Clarens, Alberto Taselli, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Julio José Paolini, Ángelo Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero.También recurrieron a este mecanismo de extinción de la acción penal Santiago Altieri, Jorge Sergio Benolol, Oscar Abel Sansiñela, Guillermo Escolar, Juan José Luciano, Gabriel Pedro Losi, Ricardo Scuncia, Aldo Benito Roggio, Daniel Claudio Pitón, Jorge Neira, Ricardo Repetti, Osvaldo Antenor Acosta, Benjamín Gabriel Romero, Rodolfo Armando Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Rubén Valenti, Walter Rodolfo Fagyas, Fabián Ezequiel García Ramón, Juan Carlos De Goycoechea, Arturo de Goycoechea, Mario Maxit, Claudio Glazman, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Alberto Ángel Padoán, Armando Roberto Losón, Luis Armani, Miguel Ángel Marconi, Hernán Camilo Cómez y Marcelo Marcuzzi. Todos deben pagar las costas.El monto total ofrecido en pesos por los empresarios fue de 16.591.438.303 de pesos. A estos sumaron otros empresarios, que ofertaron 3.600.000 dólares. En total, en dólares, al tipo de cambio oficial, la oferta fue de unos US$15 millones.
El fallecido secretario de Néstor Kirchner fue el verdadero actor principal en el caso: lo mencionan testigos e imputados arrepentidos como el receptor de los supuestos sobornos recibidos por los ex presidentes. La ruta de lavado de dinero y los vuelos al sur
Una serie de allanamientos se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y los mismos están relacionados con la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Leer más
El conductor denunció que los efectivos le advirtieron que el vehículo contaba con una orden de captura, por lo que aseguró que lo llevaron hasta un cajero automático
La Cámara Argentina de Empresas Viales es una parte clave de la confesión del financista Ernesto Clarens. El también arrepentido Carlos Wagner, nexo clave
La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque pidió ocho años de prisión para el exjefe de Tránsito de Chiclayo, Abraham Cuadros, por cobrar sobornos a transportistas. Junto a él, son investigados otros 32 implicados, entre efectivos y civiles
El chofer Oscar Centeno anotó en sus diarios una serie de visitas de Roberto Baratta a las oficinas del gigante siderúrgico para retirar bolsos. Ninguno de sus ejecutivos irá a juicio. Sin embargo, sus relatos revelaron una oscura trama geopolítica
El Tribunal Oral Número 7, a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que Cristina Kirchner es la principal acusada, rechazó la pretensión de los empresarios acusados de pagar un resarcimiento económico a cambio de ser absueltos y no enfrentar el proceso.El fallo fue firmado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. El juicio comenzará el 6 de noviembre próximo. Noticia en desarrollo
El expresidente de Isolux Argentina, Juan Carlos De Goycoechea, uno de los empresarios arrepentidos en la causa de las coimas de los cuadernos, presentó una oferta para llegar a un acuerdo y evitar el juicio oral. Declaró cómo funcionaba el sistema de retornos encabezado por Roberto Baratta. Leer más
Luis Betnaza y Héctor Zabaleta fueron acusados de entregar pagos al kirchnerismo para que evite la expropiación de una de sus empresas en Venezuela. Paolo Rocca fue procesado por Bonadio y luego sobreseido. Las idas y vueltas del caso
En su cuaderno de 2008, el chofer Oscar Centeno marcó nueve visitas de Roberto Baratta al holding siderúrgico comandado por Paolo Rocca. Sin embargo, la empresa no está entre los acusadas del juicio que comenzará este 6 de noviembre
El arrepentido Juan Carlos De Goycoechea, presidente del grupo energético internacional con una obra clave en Santa Cruz, realizó una oferta de $1600 millones junto a otros imputados para cerrar la causa en su contra. Los supuestos pagos que llegaron a CFK
Además de sus viajes con Roberto Baratta para recolectar bolsos de dólares de empresarios, Oscar Centeno anotó en sus diarios diversos viajes que demuestran la frivolidad del poder con los recursos del Estado. Qué relató Hernán del Río, el otro remisero del caso
El ex presidente de ENARSA realizó la mayor propuesta económica entre los acusados políticos del expediente para ser sobreseído. De qué se lo acusa. ¿Ser amigo de Baratta fue su mayor pecado?
El fiscal William Salinas fue detenido tras ser sorprendido pidiendo un soborno durante una audiencia virtual. La intervención fue ordenada por el Poder Judicial, y la Junta de Fiscales de La Libertad rechazó el hecho
El Presidente intensificará los próximos días su agenda de campaña. Presenta su libro "La construcción del milagro" con un número musical y saldrá de gira por el interior. Los estrategas publicitarios vuelven a apelar al cuento ya gastado de la "casta" para levantar los números.
El gigante metalúrgico está acusado de pagarle trece presuntas coimas al kirchnerismo. Ofreció $510 millones para zafar de una condena. Los días de vino y dólares para Roberto Baratta y los seis sobornos para Cristina Kirchner
Se trata de uno de los mayores empresarios de la Argentina, ofertó $1875 millones para cerrar la causa en su contra. Cómo negoció los supuestos sobornos exigidos
El juez, en una resolución de 13 carillas, dijo que el requerimiento del abogado de los accionistas de la droguería Suizo Argentina era "especulativo y contradictorio". Leer más
El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido para anular la causa iniciada por la filtración de audios donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se refería a un supuesto sistema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos. Con la decisión del juez, la causa ya queda en condiciones de seguir avanzando. El pedido de nulidad de la causa había sido presentado por Martín Magram, abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina.Noticia en desarrollo
El juicio contra la expresidenta Cristina Kirchner y otro centenar de funcionarios y empresarios acusados de pagar y cobrar sobornos en el caso de los "cuadernos de las coimas" arrancará el 6 de noviembre próximo. Al principio, las audiencias se realizarán de manera virtual -salvo excepciones- y una vez por semana, durante 4 horas hasta fin de año. Luego, a partir de 2026, se prevé agregar un segundo día al debate. La decisión de los jueces del tribunal oral federal Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli fue comunicada ayer a los 88 abogados defensores, la fiscal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF) en una audiencia virtual que duró poco más de dos horas.Esta audiencia había sido convocada para organizar el megajuicio en el que están acusados exfuncionarios kirchneristas de organizar un sistema de recolección de sobornos que pagaban los empresarios para mantener sus contratos de obra pública. Algunos de esos exfuncionarios declararon como arrepentidos y reconocieron los cobros, mientras que hubo empresarios que reconocieron los pagos.Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de esta asociación ilícita, cuyas tareas de recolección de coimas fueron documentadas por el exchofer del ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno en ocho cuadernos, prueba documental clave contra los acusados.Los empresarios pidieron ser excluidos del juicio y ser absueltos, a cambio de pagar una reparación económica. Ofrecieron entre 10 y 20 millones de dólares, pero la fiscal y la UIF se opusieron; ahora, el tribunal deberá resolver su situación. No es un tema menor porque de su decisión depende de tener un juicio con 50 acusados o un juicio con 100 acusados.En la audiencia de ayer ni se mencionó el asunto de la "reparación integral" y, en cambio, los jueces compartieron algunas reglas de organización del megaproceso.La presidencia del tribunal, actualmente en manos del juez Méndez Signori, será rotativa durante el proceso.Según el acta de la audiencia, a la que accedió LA NACION, los jueces decidieron que el juicio será virtual, por Zoom, lo que soluciona el problema de conseguir una sala para albergar a 100 acusados, a sus abogados y a los funcionarios de la fiscalía y la UIF. No hay un auditorio así en los tribunales.Hubo pedidos de algunos abogados y de la fiscal León que pidieron interrogar a los testigos e imputados de manera presencial. Lo mismo ocurrió con las declaraciones indagatorias que algunos empresarios prefirieron realizar en vivo ante los jueces. El tribunal dijo que iba a contemplar estos casos. Pero bastará entones en esa circunstancia con una silla, colocada ante los jueces que estarán en el estrado de una pequeña sala y el resto de los letrados estarán conectados en un zoom. Hubo pedidos para que José López, exsecretario de Obras Públicas, declare de manera presencial. El otro punto urticante de las reglas del juicio tiene que ver con la cantidad de audiencias que se celebrarán, pues esto afecta la duración de este megajuicio.Los jueces establecieron que desde el inicio del juicio asta fin de año habrá una audiencia por semana de 9.30 a 13.30. En la feria judicial de enero no habrá juicio y desde marzo del año que viene sumarán un segundo día de debate.Esto amenaza con prolongar el juicio por años. De hecho, algunos abogados defensores de los hombres más ricos de la Argentina argumentaron que el juicio podría durar hasta 25 años y que no les iba a alcanzar a sus acaudalados clientes ni la vida para terminarlo, ni el dinero para pagarles sus honorarios.La Cámara de Casación ya intervino e instó al tribunal a que agilice el proceso.Otro asunto que conspira contra la agilidad del juicio es la lectura inicial de los requerimientos de elevación a juicio, es decir, el escrito que resume la acusación.La fiscal Fabiana León y la UIF pidieron la lectura integra de los requerimientos de elevación a juicio, aunque indicó que no tenía inconveniente en que no se leyeran los tramos que se repetían entre los requerimientos. La idea es el acceso público a la imputación. En lo que no hubo acuerdo aún es a la hora de disminuir la lista de testigos. Los jueces quieren que las partes se pongan de acuerdo para achicar la lista y que sean al menos la mitad de los 600 previstos.
Ernesto Clarens admitió: "Las empresas enviaban a alguien a mi oficina, otros más cercanos al poder iban directo a la cúpula". Su historia: de una casa de cambios en Río Gallegos a ordenar las cuentas negras de la corrupción
El juicio que comenzó el lunes de la semana pasada contra el exfiscal regional Patricio Serjal, acusado de formar parte de una asociación ilícita que le daba protección judicial al juego clandestino a cambio de cobro de sobornos, se puso vibrante este miércoles, luego de que declaró Leonardo Peiti, un actor clave, que ya fue condenado, y reconoció que pagaba las coimas. Peiti admitió que pagó coimas a un colaborador del exjefe regional de los fiscales Gustavo Ponce Asahad, y que le entregó 200.000 dólares al senador Armando Traferri como aporte de campaña del PJ, de cara a las elecciones de 2019.Este juicio excede esta causa y exhibe el deterioro institucional del Ministerio Público, no sólo porque dos fiscales fueron detenidos, entre ellos el jefe de los funcionarios del MPA, sino porque los dos investigadores que lograron revelar esta trama de oscuridad terminados corridos de este caso, como Luis Schiappapietra y Matías Edery, este último con un expediente abierto en Santa Fe. El juicio contra Serjal, quien estuvo un año y medio preso fue excarcelado porque su salud se deterioró de forma notable, tiene un alto voltaje político, porque será determinante en el próximo capítulo, que lo tiene como imputado de ser el jefe de la asociación ilícita al senador Armando Traferri. Si Serjal es condenado â??la fiscalía pidió 12 años de prisiónâ?? es posible que el futuro del senador de San Lorenzo se complique aún más, aunque las alianzas y acuerdos políticos que mantiene este hombre poderoso del peronismo siempre dejan un resquicio para la duda. En diciembre de 2020, cuando los fiscales pretendían imputarlo, pidieron su desafuero. Fue rechazado por casi todo el arco político del Senado, entre ellos, radicales y peronistas.Hasta ahora, quien más complicó al exfiscal regional Serjal fue Gustavo Ponce Asahad, quien era su colaborador y hombre de confianza. Admitió que les pagaban para que Peiti tuviera una cobertura judicial. No tenía que mancharse el prontuario del empresario del juego, porque -según admitió en diálogo con LA NACION- pretendía quedarse con el juego online legal, una misión que tenía como uno de los lobistas a Pipi Traferri, según la investigación.Ponce Asahad reveló que en una oportunidad Serjal guardó "los fajos de plata en las medias" y que ante un presunto pedido de "aumento" del cohecho al capo de las apuestas ilegales, el legislador de San Lorenzo lo llamó y se quejó: "Este pibe está loco, cómo va a pedir cien mil dólares, ni yo los pido". Peiti declaró que ese dinero se lo daba a Ponce Asahad todos los meses. "No sé si lo repartía con Serjal", apuntó en su declaración en el juicio."A Serjal me lo presenta Traferri, que había influido para que él fuera nombrado fiscal regional. Y después que ya hicimos el contacto, me dijeron que me manejara directo con Ponce Asahad, de quien tenía dos números de teléfono, uno oficial y uno paralelo", afirmó en el juicio. Dijo que a Serjal lo vio "dos veces", pero con Ponce Asahad mantenía encuentros "cada quince días". "Le daba una ayuda mensual, como hacía con [Ricardo] Paulicenco [exsecretario legislativo del Senado]. Era para tener tranquilidad, para estar alineado con la gente que me podía cuidar de allanamientos o de acusaciones", advirtió.El testimonio de Peiti fue importante. Por eso, el miércoles todos estaban atentos en la sala de audiencias, a pesar de que la fiscalía no había pedido que testimoniara en el juicio en las reuniones previas. La defensa de Serjal, en manos de Ignacio Carbone y Renzo Biga, alertó que si no iba a ser convocado se caía la imputación contra Serjal. Por eso, el zar del juego clandestino figuró como el testigo número 62, el último.El testimonio de Peiti fue determinante por varias razones. Él declaró como arrepentido en setiembre de 2021 y recibió una condena a tres años, y quedó un año internado en una clínica psiquiátrica por casi un año. Zafó de ir a la cárcel, a diferencia de Serjal, que estuvo detenido en el denominado Order un año y medio. Lo que fastidia aún hoy a Peiti es que quienes lo extorsionaron recibieron una pena más baja que él, como Rodrigo Ortigala, que fue detenido el lunes pasado por una serie de extorsiones contra concesionarias de autos. Esa investigación la habían realizado los fiscales Schiappapietra y Edery, y en su momento le pidieron a Federico Rébola -según admitieron- que detenga a Ortigala. El trámite tardó más de tres años, y es un hecho que -según las fuentes- expone que Edery no protegía a los Ortigala, que en ese momento eran informantes de una causa narco que tenía a Esteban Alvarado como principal acusado.Según Peiti, Rodrigo y Mariana Ortigala eran quienes le pasaron información suya a Los Monos para que comenzaran a extorsionarlo. Le balearon en 2019 el edificio de departamentos que tiene en calle Servando Bayo. Ahí, según el zar del juego, se había mudado Rodrigo Ortigala, que en ese momento comenzó a "trabajar" para Los Monos, después de que el capo narco Esteban Alvarado ordenara matarlo a él y a su hermana, luego de que el primero rompiera los códigos de lealtad elementales.Los Monos comenzaron a pedirle a Peiti 500.000 dólares y un "abono" de 20.000 por mes. La negociación fue con Maximiliano "Cachete" Díaz -referente en ese momento del clan criminal- en un bar, y logró acordar un pago de 15.000 dólares y cederles unas "maquinitas" para que instalaran salas de juego clandestino. En el juicio, Peiti declaró: "Cuando empezaron las extorsiones de Los Monos, yo hablé con todos, con fiscales, con jefes policiales. Hablé con (José Luis) Amaya (jefe de Policía), con (Marcelo) Albornoz 'Flecha' Albornoz (actual subsecretario de Investigación Criminal), que era de la PDI, con Ponce Asahad, con Serjal, con Traferri".El pago, según contó Peiti, se concretó en el shopping El Bosque y quien recibió el dinero fue Ortigala. El "empresario" le contó a Cachete Díaz que tenía influencias en la Fiscalía de Rosario. "Lo hice para mostrarles que tenía poder", dijo en una charla con LA NACION. Su relación más estrecha era, según reveló, con Nelson Ugolini, quien está siendo juzgado con Serjal. También lo había conocido en un bar, a partir de otro allegado.Díaz le pidió que averiguara sobre unos muchachos que habían sido detenidos cerca del casino. Los "chicos" planeaban incendiar un auto en el estacionamiento de City Center, pero no lo pudieron consumar. Por eso, después, Díaz decidió disparar contra el casino, donde terminó muerto Enrique Encino, un exgerente del Banco Nación de Las Parejas, que -de acuerdo a Peiti- era prestamista.La investigación sobre este homicidio terminó por detectar que el capitalista de juego clandestino contaba con una "protección" dentro de la Fiscalía, que era dirigida por Serjal. Peiti confesó que "el que le dio el teléfono de Chachete Díaz a los investigadores fue Mariana Ortigala". En el juicio se reveló también que, a partir del testimonio de un agente de la Tropa de Operaciones Especiales, ese smartphone fue entregado por un vecino de Cachete Díaz, horas después de su detención. El aparato estaba partido por la mitad.Ahí se abrió otro capítulo. Porque los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno plantearon en setiembre de 2023 en una audiencia que su colega Matías Edery, quien investigó la causa de juego clandestino junto con Schiappapietra, protegía a Ortigala siendo una integrante de Los Monos.Socca y Moreno mostraron en esa audiencia capturas de pantalla de chats entre Edery y Mariana Ortigala, acusada de extorsionar a la agencia de quiniela El Califa, cuyo dueño era amigo de Peiti. Edery fue suspendido por seis meses, y junto con Schiappapietra fueron corridos de esta investigación de juego clandestino, en la que por primera vez aparecía la sombra de la política vinculada a actividades delictivas y criminales, algo que en Santa Fe prácticamente no existe, porque ningún fiscal se anima a escarbar.Edery está siendo investigado por los fiscales santafesinos María Laura Urquiza y Bárbara Ilera por proteger supuestamente a Mariana Ortigala. La causa nunca avanzó. Este fiscal ya fue investigado por ese tema, y la causa fue archivada por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy. Este tema dejó al descubierto las internas en el MPA, que no son nuevas. Y otras debilidades: uno de los jueces que integra el tribunal que debe decidir la suerte de Serjal es Nicolás Foppiani, quien integra la nómina de aspirantes a camarista, que debe aprobar la Legislatura, donde Traferri tiene un peso determinante. En el juicio, los abogados del exfiscal regional Ignacio Carbone y Renzo Biga plantearon que Serjal fue condenado antes de que comenzara el juicio. "La condena fue mediática", afirmaron. El exfiscal estuvo preso casi un año y medio, en plena pandemia, y logró salir de la prisión después de que se detectara un fuerte deterioro en su salud, debido a una fuerte depresión. Llegó a pesar 52 kilos.Serjal siempre rechazó la posibilidad de sellar un juicio abreviado y admitir su culpabilidad, porque se consideró inocente, según explicaron desde su entorno. Desde su entorno señalaron que enfrentó fuertes presiones para sellar un acuerdo judicial. Se mudó a San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde puede ejercer la abogacía, prefirió que el caso llegara a juicio y que su defensa exponga las pruebas que, de acuerdo a su visión, determinan que el exfuncionario no tuvo nada que ver con el cobro de los sobornos. La fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y cinco contra Ugolini. Y dice lo contrario, que la relevancia de la prueba es muy potente.El fiscal José María Caterina, que interviene en este juicio como acusador, junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, señaló que van a intentar demostrar "cómo se brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino que también tenía nervaduras políticas por parte de civiles, empresarios y demás personas que lamentablemente no todos han podido llegar a este juicio ahora".La defensa del exfiscal Regional planteó sin éxito que no contó con pruebas claves para el juicio, que se negaron a suministrarle en el MPA la pericia del teléfono Xiaomi que pertenecía a Mariana Ortigala, y que tampoco lograron acceder a la información que tiene el smartphone de Edery, que está siendo investigado por fiscales de la ciudad de Santa Fe, por la relación inapropiada que tenía con esta mujer."Lo preocupante para esta defensa es que a la fecha no hemos podido obtener la evidencia en cuestión", plantearon Carbone y Biga en una serie de escritos que presentaron antes del juicio.Desde un principio, Traferri argumentó que la causa, en la que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti declaró que pagó 200.000 dólares para apoyar al peronismo en la campaña electoral, fue armada por Marcelo Saín, quien fue ministro de Seguridad y estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones del MPA. Dijo además que Schiappapietra y Edery eran una especie de brazo judicial de Saín. Hasta ahora, todas las evidencias resultaron determinantes y claves para describir un sistema de protección política.Peiti declaró que "a Ponce yo le llevaba en efectivo unos 4000 o 5000 dólares por mes. Nos habremos visto durante un año. A veces también le llevaba bebidas al club árabe, ese de calle Dorrego, porque mi mujer había puesto una distribuidora". "Cuando yo quedo detenido hablo con Ponce. Me dijo que iba a hablar con la jueza para que (Matías) Merlo no me siga la causa, pero se puso todo peor. Es que antes de todo esto, vos lo escuchabas a hablar y Ponce Asahad era un capo, pero me vendía como una cobertura de humo", apuntó.
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El extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, presunto autor de los audios que hablan de un esquema de coimas dentro del organismo, ya cuenta con abogado defensor en la causa que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de la defensora oficial Florencia Plazas. Al menos por ahora, la abogada se hará cargo de la defensa judicial del exfuncionario, luego de que su par, Hernán Silva, a quien le correspondía ejercer la representación oficial de Spagnuolo, declinara hacerlo ayer por la tarde, sin ofrecer razones."Vengo por el presente a poner en conocimiento del Sr. Fiscal que he resuelto excusarme de intervenir en la asistencia letrada del Sr. Diego Spagnuolo", afirmó Silva en un escrito."A fin de salvaguardar los derechos que le asisten al nombrado, solicito al Sr. Fiscal, proceda a dar la correspondiente intervención a la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Florencia Plazas", agregó. Por el momento, quien tomó las riendas de la defensa es Romina Paraboni, coadyuvante de Plazas. Este martes solicitó que la vinculen al sistema para acceder al expediente y el juez Sebastián Casanello, a cargo del caso, ya le dio intervención, confiaron fuentes de los tribunales. Spagnuolo se encontraba sin abogado desde que Juan Araoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze renunciaron a su defensa, el viernes 12 de septiembre. Lo hicieron a través de un escrito que presentaron en la fiscalía al tiempo que, como resultado de una nueva tanda de operativos policiales librados por el fiscal Franco Picardi, se conocía que Spagnuolo tenía en una caja de seguridad de un banco 80.000 dólares y 2000 euros. El inicio del caso se dio con la difusión de los audios en los que la voz de quien sería Spagnuolo describía con cierto nivel de detalle un presunto esquema de coimas liderado por la hermana y secretaria general del Presidente, Karina Milei, donde intervendría también Eduardo "Lule" Menem. Por el momento, en el expediente están siendo investigados, además de Spagnuolo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina â??la empresa mencionada en las grabacionesâ??, el padre de ambos, Eduardo Kovalivker, y un exdirector de Andis, Diego Garbellini, que fue desplazado del organismo junto con Spagnuolo. Los investigadores revisan por estos días el material recabado hasta aquí, que incluye celulares y computadoras de los implicados y documentación de la empresa Suizo Argentina. Está pendiente una respuesta del fiscal a un pedido de nulidad presentado por la defensa de los Kovalivker, encabezada por el abogado Martín Magram, quien considera que los audios que traccionaron el caso son ilegales. Hasta el momento, el fiscal Picardi avanzó en la investigación bajo la premisa de que las grabaciones eran un indicio y no material probatorio. La declaración como testigo en la causa de Fernando Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, el 11 de septiembre, abrió una vía alternativa e independiente para corroborar la existencia del mecanismo mencionado en los audios. El experto en redes, que fue asesor de comunicación de La Libertad Avanza y cercano a Spagnuolo, sostuvo ante la Justicia que el exfuncionario le había ido contando, desde mayo de 2024, sobre los presuntos desmanejos dentro del área.Entre otras afirmaciones, sostuvo que Spagnuolo le dijo haberle advertido a Javier Milei sobre lo que ocurría en la Agencia. "Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a [Sandra] Pettovello", declaró Cerimedo, en alusión a la ministra de Capital Humano, que evitó referirse al caso. La totalidad de su declaración se conoció luego de que se levantara el secreto de sumario. Cerimedo mencionó que Spagnuolo le dijo que Eduardo "Lule" Menem era quien estaba detrás del control de este mecanismo de recaudación.
Lo dijo Hugo Wortman Jofré que consideró que el beneficio no debe ser para funcionarios o escalones altos en la cadena de corrupción.La fiscal Fabiana León rechazó que los imputados accedan al beneficio.
Fabián Gutiérrez, degollado en agosto de 2020, declaró como arrepentido en el expediente investigado en Comodoro Py. Habló de los vuelos con dinero al sur y complicó a José López y al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz
Un informe forense reveló que el teléfono del ex titular el organismo fue alterado antes de ser incautado, lo que llevó a la fiscalía a solicitar medidas urgentes para intentar recuperar esos datos
Este jueves se levantó el secreto de sumario en la causa y se dio a conocer la declaración del consultor digital, quien trabajó para la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia en 2023. Leer más
El "3%" mencionado en los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo se instaló como chicana política y social, con expresiones que van desde banderas en estadios hasta gestos en recitales. La polémica alcanzó a Córdoba en plena actividad oficial del Presidente. Leer más
José María Olazagasti, un leal de la tropa, enfrentará al Tribunal Federal N°7, acusado de ser un miembro de la asociación ilícita comandada por su ex jefe y CFK. Techint, Néstor Kirchner, "Wado" De Pedro y el incómodo retrato de Miriam Quiroga
Se levantó el secreto de sumario en la causa que investiga las grabaciones en la que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), habla de un sistema millonario de coimas que manejarían "Lule Menem" y Karina Milei. Eso permitió conocer más de la declaración de Cerimedo. Leer más
El consultor relató ante la Justicia cómo Diego Spagnuolo le confió detalles sobre un presunto circuito de coimas vinculada a la familia que "se estaba choreando casi un palo por mes".
El ex estratega comunicacional libertario prestó declaración ante el fiscal Franco Picardi y reveló que el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad tuvo encuentros con el presidente
Fernando Cerimedo, influencer libertario y especialista en comunicación digital, declaró ante la Justicia que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnulo, le aseguró que le contó a Javier Milei sobre las supuestas coimas en las compras de medicamentos en el organismo y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello"Me cuenta que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello", dice la declaración de Cerimedo a la que accedió LA NACION.Además, Cerimedo mencionó que Spagnuolo le dijo que Lule Menem era quien estaba detrás del control de este negocio.Hasta ahora se conocían los audios de Spagnuolo grabados de manera clandestina, donde describía esta maniobra. Ahora se conoce el textual de la declaración testimonial de Cerimedo, que confirma el contenido de los audios y da mayores precisiones.Cerimedo cuenta diversas charlas con Spagnuolo en 2024. En una de ellas dijo: "En abril del 2024, Spagnuolo me dice que lo citaron en Casa Rosada, siempre se quejaba por el sueldo, porque no le aumentaban. Esto es lo primero que me dice. Al día siguiente, me cuenta que le habían puesto a alguien en el Programa Incluir Salud (Programa de Prestación de ANDIS), no le habían dejado poner a nadie de su confianza". "Esta persona era [Daniel] Garbellini, supuestamente, según él, era de la Suizo. Luego, un mes después, a principios de mayo del 2024, me cuenta que en enero del 2024 se juntó con todas las droguerías para comunicar el nuevo sistema de cotizaciones, y me cuenta además que, en mayo, una de esas droguerías -sin que me diga cuál de ellas- le dijo que los había llamado la Suizo S.A. para decirles: 'Ahora no es el 5, es el 8, porque el 3 va directo a Rosada'. Y, además, esta droguería le menciona que todo esto lo gestiona Lule Menem", explicó Cerimedo que le dijo Spagnuolo. Y relató que "hace referencia a que esta droguería le cuenta que este esquema del 5, funcionaba desde la época Pablo Atchabahian [exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad]. Esta droguería le reclama que pensó que sería todo distinto, como Spagnuolo les manifestó en enero, en esa reunión".Entonces, Cerimedo preguntó: "¿Qué le dijiste a la droguería? y me responde: Que no podía hacer nada, que le habían bajado línea, que no se meta". Sin indicarme quién. Semanas después, me cuenta que Javier Milei, lo invitó a Olivos y que quería aprovechar para hablar, esto es un sábado que me lo cuenta. El domingo iba a ir a Olivos, ese mismo domingo Spagnuolo se iba a ver con Victoria Villarruel, en la casa de la hermana de ella. Ellos eran cercanos". "Cuando sale el domingo, no me acuerdo si fue por audio o por mensaje de WhatsApp, me dice: 'Amigo, solo escuché opera, no pude charlar nada. Esa misma semana, me llama por teléfono para quejarse de que no iban a aumentar el sueldo a funcionarios de nuevo. Y que le pidió a Javier Milei, para hablar de nuevo, le dijo que tenía que hablarle. Y ahí Javier Milei lo invita, dos semanas después, un domingo, a Olivos", recordó Cerimedo.Dijo que no habló más del tema con Spagnuolo "hasta el lunes siguiente a ese domingo, en junio del 2024â?³. "Me cuenta -agrega- que le contó a Javier Milei lo que estaba pasando, que Javier Milei se indignó, que no podía ser, y ahí Spagnuolo me cuenta que le dice a Javier Milei, que esto ya se lo había contado a Pettovello". Dos meses después fue publicado en Página/12 un artículo sobre la Droguería Suizo-Argentina y supuestos vínculos con los Menem. "Ahí me cuenta que se pelea con Pettovello, porque él creía que ella operó esa nota y me cuenta que Lule Menem, pensaba que yo los había operado por tener vínculos con Spagnuolo. Entonces, yo le preguntó: "¿Cuál es el pedo con los Menem?' Y ahí me cuenta que se están choreando casi un palo por mes y me dice que creen que esa nota la operamos â??Spagnuolo y yo- porque él se estaba quedando afuera". "Esto que cuenta respecto de Lule, sí lo corroboré", dice Cerimedo. Recordó que cuando Milei fue al Congreso a presentar el presupuesto en 2024 pidió concurrir con su mujer y pidió dos lugares, y que primero le dijero que sí y que luego se los negaron.Mencionó que un diputado le confesó que "la bajada de línea para que yo [por Cerimedo] no vaya, era de Lule Menem". "La semana siguiente, yo lo llamo a Lule Menem y le digo: '¿Qué carajos te pasa conmigo? ' y me dice.- 'Que no le pasa nada'. Ahí le digo: 'Ni se te ocurra pensar que yo tengo algo que ver con la nota de Página 12. Luego, me dice: 'Pero vos sos amigo de Tomas Méndez, alguien le pasó la información. Y yo le dije: 'Estas en pedo, yo lo tengo demandado a Tomás Méndez por difamación". "Después de todo esto, siempre fueron las mismas quejas al poco dinero que ganaba y que le hacían firmar cosas, de las cuales no se quedaba con ninguna. Spagnuolo se quejaba que había problemas en prestaciones y centros de día, no solo en medicamentos, y que le mencionaron que había vuelto a tocar puertas la gente de Pablo Atchabahian.y que esto, también se lo contó a Javier Milei. No volvimos a hablar con él del tema. La última conversación que tengo con él, por WhatsApp, es de fecha 6 de diciembre del 2024. Mi esposa se va de ANDIS en noviembre del 2024â?³, dijo,Contó Cerimedo que Spagnuolo "nunca me habló de montos y de las demás prestaciones se quejaba de que la gente de las gestiones anteriores había vuelto".Comenzó su relato diciendo que conoció a Spagnuolo porque estaba trabajando en la campaña de Milei, en junio del 2023. "Ocurre el caso de Nosis, donde personas públican un screenshot que decía que Milei trabajaba hacía 20 años en el Congreso de la Nación. Ahí me contacta con Spagnuolo â?? que era el abogado de Milei- para ver cómo podía haberse alterado el informe, para la denuncia" arranca el relato de Cerimedo.Cuenta que explicó como hackearon ese Nosis y que hubo mediaciones virtuales entre Nosis y Milei en su oficina por este conflcito. "Ahí empezamos el vínculo, él quería ser diputado -me refiero a Spagnuolo-. Siempre venían a mi oficina porque era el lugar de encuentro", dijo. Y relató que "Spagnuolo me cuenta que Milei le había prometido el quinto lugar para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero finalmente quedó once". En noviembre, previo a que gane Javier Milei, Spagnuolo le pidió un cargo en el Gobierno, dijo Cerimedo. Era "encompensación por no haber entrado como diputado". "En diciembre, aparentemente, le ofrecieron muchas cosas, terminaron dándole ANDIS", porque [el exjefe de Gabinete Nicolás] Posse había tomado todo, y quedaba ANDIS; así es cómo lo conozco y cómo sé que llegó a ANDIS", relató.
A partir de hoy, la Justicia permite a los acusados y a sus representantes legales conocer las declaraciones, peritajes y otras pruebas recabadas en el expediente. Leer más
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Ponce Asahad, condenado por corrupción, declaró en el juicio a su ex jefe Patricio Serjal, de quien dijo que en una ocasión guardó el dinero sucio "en las medias".
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El abogado Andrés Gil Domínguez explicó el trasfondo jurídico y político luego de que Karina Milei desistiera en la demanda que incurre en censura previa. "No tenían ningún argumento a favor", aseguró en la 750.
Este jueves 18, a un mes de la difusión de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, la Justicia levanta el secreto de sumario. Por ahora los implicados son, además de Spagnuolo, el ex Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, y Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, todos accionistas de la droguería Suizo Argentina. Leer más