A los indiciados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, cargos que no fueron aceptados por los señalados
Los especialistas del Ministerio Público Fiscal trabajan por estas horas en la apertura del teléfono celular de Daniel Garbellini, que era un funcionario clave de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y, según los audios de Diego Spagnuolo, el encargado de organizar la ruta de las supuestas coimas, como delegado de Eduardo "Lule" Menem.La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal, es el organismo que tiene a su cargo la tarea de abrir los teléfonos. En el caso de Garbellini, él aportó su clave. Eso hace más sencilla la tarea de apertura del celular, pero también reduce las expectativas de los investigadores de encontrar alguna prueba para la causa.Mientras tanto, fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que el teléfono de Spagnuolo ya fue revisado por la fiscalía y no tiene elementos de interés para la causa. Se demostró que tiene mensajes borrados que hasta ahora no fueron recuperados y no está determinado si se podrán recuperar o no, según informaron fuentes del caso. Mientras tanto, la Datip sigue sin poder abrir hasta el momento los celulares de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, que se negaron a aportar sus claves. Se trata de teléfonos de última generación con altos sistemas de seguridad.También están bajo análisis las computadoras laborales de los hermanos Kovalivker y de gerentes de la droguería Suizo Argentina, empresa que ellos dirigen. Las secuestró el juez federal Sebastián Casanello el viernes pasado, durante un allanamiento muy tenso. Aquel operativo tenía como objetivo hacerse de los archivos informáticos que pudieran ser útiles para la investigación â??sobre todo, de mails laboralesâ??. Pero por indicación de un abogado de la droguería que se presentó mientras se estaba haciendo el operativo, el responsable de sistemas de la empresa se negó a colaborar y dar acceso a los correos, relataron fuentes del caso. Por eso, aunque no era el plan original, la Justicia terminó secuestrando las computadoras.En paralelo, el juez les corrió vista a las partes de la causa (los diferentes abogados defensores y la fiscalía) de los pedidos del abogado de los Kovalivker, Martín Magram, de que se declare la nulidad de la causa por el supuesto origen ilegítimo de los audios de Spagnuolo, que motivaron la apertura de la investigación.Magram también solicitó que se dispusiera el cierre de la causa por "cosa juzgada", con el argumento de que otra investigación, en año pasado, fue archivada y versaba sobre los mismos hechos. Es un argumento que difícilmente prospere porque un archivo no es un sobreseimiento, no tiene carácter de definitivo. Además, la fiscalía de Franco Picardi está trabajando con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Sergio Rodríguez, en el análisis de los expedientes de las compras de la Andis a la droguería Suizo Argentina. El primer paso es precisar la normativa que rige para este tipo de contratos. Los investigadores tienen decenas de cajas de documentos secuestrados y una gran cantidad de archivos informáticos.
La Secretaría General de la Presidencia aclaró que no hubo ingresos ni gastos vinculados a la presencia del mandatario en la Iglesia Evangélica Portal del Cielo, en Resistencia. Diputados opositores habían denunciado que se cobraba entrada para el acto. Leer más
Horas después de la publicación de la exclusiva de '¡Hola!', Bertín envió un comunicado en el que niega haber cobrado por el reportaje
Los organizadores del evento dieron a conocer los contratos de cada artista
Si se hubiera puesto en práctica este mes lo establecido por una de las leyes que el presidente Javier Mieli decidió vetar, los jubilados y pensionados del sistema de la Anses tendrían un ingreso un 7,2% o un 16,5% más alto que el que efectivamente cobrarán. Con el reajuste por inflación de 1,62% -según el sistema de movilidad que rige desde abril de 2024-, el haber mínimo de agosto se ubica, de acuerdo con las cifras ya confirmadas por la Anses. en $314.305,37, en tanto que el máximo llega a $2.114.977,60, ambos montos en bruto. Una vez descontado el aporte al PAMI, el ingreso más bajo y el más alto son, en términos netos, de $304.876 y $1.997.508, respectivamente. Para quienes perciben solo un haber mínimo, al sumarse el bono de $70.000 -confirmado por el Gobierno-, el total será de $384.305 en bruto, y de $374.876 en términos netos (de bolsillo). En este último caso, el reajuste del importe total a cobrar no alcanza a ser de 1,62%, sino que se limita a 1,31%, dado que el monto del refuerzo de $70.000 -que representa el 18% del total- no se modifica. El importe de $384.305 es, a la vez, la garantía de ingreso básico para quienes están en el régimen contributivo (ya sea que se hayan jubilado con o sin moratoria), de tal forma que quien tiene un haber superior al mínimo pero inferior a ese monto, reciben en concepto de bono la cantidad de dinero necesario para completarlo. La ley respecto de la cual el Presidente firmó el decreto de veto, que será publicado el lunes en el Boletín Oficial, dispone -entre otras cuestiones- un aumento de 7,2% para todos los haberes y una suba del bono de $70.000 a $110.000. Además, establece para este plus la vigencia de los reajustes por inflación que tienen los haberes propiamente dichos. Con la ley vetada, el ingreso más bajo, conformado por el haber mínimo y el bono, sería de $446.935 en bruto, o de $436.827 según la cifra neta. Es decir, se percibirían, en definitiva, $61.951 más de bolsillo. Es decir, se cobraría un 16,5% más. Actualmente y según la estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social, cerca de 3 millones de personas cobran ese ingreso, dentro del sistema contributivo (son alrededor del 50% del total).En el caso del haber máximo, la cifra a cobrar según la ley rechazada por el Gobierno sería de $2.267.256 (bruto) y de $2.141.329 (neto), lo que implica una diferencia de $143.820,70 con el importe que efectivamente se cobrará. Sería un 7,2% más.Y, por ejemplo, para un jubilado con un haber de $500.000 en julio, el ingreso sería, con la ley, de $544.683, en lugar de los $508.100; la diferencia sería de $36.583 (también, al no percibirse el bono, de 7,2%).Sin financiamiento suficienteLa decisión de vetar la ley de suba de jubilaciones y otras aprobadas recientemente por el Congreso, como la reposición de un sistema de moratoria previsional, fue anunciado varias veces por el Gobierno, incluso antes de la aprobación de la norma en el Poder Legislativo, donde ahora la oposición podrá intentar insistir para que los cambios queden vigente. El principal argumento del rechazo es la amenaza que las medidas significan para el equilibrio de las cuentas fiscales. La ley que establece aumentos para los ingresos y que dispone también que el Gobierno debe transferir fondos a un grupo de provincias para cubrir los déficits de sus cajas previsionales, tiene, en rigor, disposiciones referidas al financiamiento del costo que su aplicación supone. Pero esos recursos previstos serían muy insuficientes, además de que algunas fuentes de financiamiento generaron no poca polémica. ¿Por qué? Por ejemplo, porque parte de lo establecido va contra el fondeo de las Sociedades de Garantía Recíproca, que le aportan respaldo a las pymes para obtener financiamiento.Según un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las medidas con impacto directo en los ingresos de los jubilados y pensionados tendrían un costo anualizado equivalente al 0,79% del producto bruto interno (PBI), índice que se eleva a 1,17% cuando se incluyen las transferencias a provincias, y a 1,47% si se suma el efecto de la reposición de la moratoria y de los cambios a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), medidas dispuestas en otra ley. De acuerdo con el citado documento, las fuentes de financiamiento previstas en la ley aportarían recursos equivalentes al 0,39% del PBI. Es decir, solo se cubriría alrededor de un cuarto de los costos totales de las medidas en materia previsional. Y solo alcanzaría para la mitad de lo necesario si solamente se considera el aumento de las jubilaciones y pensiones.El poder de compra de los haberesSegún la modalidad de reajustes que estableció el Gobierno a través del DNU 274 y que se aplica desde abril de 2024, entre enero y agosto de este año la suba nominal de los haberes es de 21,03%, un porcentaje que superaría al del alza promedio de precios, según estimaciones de economistas.Ese nivel de aumento impacta en los ingresos de alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados con prestaciones contributivas (unos 3 millones), que son quienes no reciben bonos y quienes más poder de compra perdieron en años anteriores al cambio del régimen de movilidad, sobre todo entre 2020 y 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.Sin embargo, para quienes perciben el haber mínimo, el alza acumulada en los primeros ocho meses del año es varios puntos inferior, de 16,5%, a causa del ya comentado congelamiento del bono.Qué pasó en los últimos añosEn el primer semestre del año y según cálculos que contrastan las subas de haberes con el índice general de inflación del Indec, los ingresos de quienes no cobran el refuerzo tuvieron una recuperación de su poder de compra de 2%, en tanto que los de los jubilados de la mínima, que tienen el bono congelado, perdieron un 1,12%. La comparación tiene en cuenta la variación nominal de los ingresos y la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, claro está, puede no reflejar lo que ocurre con los gastos en cada hogar en particular. En tanto, en el período comprendido entre enero de 2024 y junio de este año, los haberes sin bono tuvieron -siempre contra la inflación oficial, que es un promedio para todo el país- una recuperación de 14,9% en términos de poder de compra, en tanto que el ingreso de quien tiene el haber mínimo perdió contra la inflación y en el mes más reciente considerado tuvo una capacidad de compra un 7,8% más baja en el inicio del año pasado. Más allá de los efectos negativos de la falta de actualización del bono, la modalidad dispuesta para actualizar los haberes en 2024 (los reajustes mensuales por IPC) hizo que los haberes propiamente dichos dejaran de perder poder de compra. Sin embargo, la modificación de la fórmula se hizo sin compensar los daños que previamente habían sufrido los haberes. Por caso, durante la vigencia de la ley 27.609, promovida por el último gobierno kirchnerista, los ingresos de los jubilados sin bono sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 50,3%. Eso fue por la aplicación de la fórmula prevista en esa norma, que no contemplaba la inflación sino otras variables, y que establecía un tope a las subas de jubilaciones, que fue aplicado incluso cuando las prestaciones estaban teniendo ya un fuerte deterioro. Por sus efectos tan negativos, esa ley fue ya declarada inconstitucional por varias cámaras de segunda instancia en el interior del país. Y resta que se expida sobre el tema la Corte Suprema de Justicia.
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El Ministerio de Capital Humano y la Anses iniciaron una demanda para "el recupero de los haberes percibidos indebidamente por Amado Boudou durante la vigencia de la asignación mensual vitalicia de la que resultaba titular". La presentación, según lo comunicado por las mencionadas dependencias públicas, fue hecha ante la Justicia Civil y Comercial Federal, en tanto que el reclamo es por $236.066.031,25 más lo que corresponda por actualización.La prestación de privilegio, prevista en la ley 24.018, le había sido otorgada en junio de 2020 a Boudou, por haber sido vicepresidente de la Nación. En noviembre pasado y mediante la resolución 1103, firmada por el entonces director de la Anses, Mariano de los Heros, esa asignación fue revocada, con el argumento de que el exfuncionario había sido condenado por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública", con sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia.En noviembre de 2024, último mes en que cobró, la prestación de privilegio fue de un monto bruto de $10.284.481,56, en tanto que, tras los descuentos, lo percibido en mano fue de $8.153.816,49, según lo informado a LA NACION por la Anses en ese momento.La decisión comunicada hoy por el Gobierno da una señal de lo que podría ocurrir con el caso de Cristina Kirchner. A la expresidenta, en rigor, no se le revocó el otorgamiento de sus prestaciones de privilegio (cobraba dos, una cuestión por la que hay una causa abierta en la Justicia), sino que se decidió darlas de baja, también a partir de diciembre de 2024. Eso podría llegar a cambiar, aunque no lo confirman en el Gobierno, luego de la confirmación de la sentencia por administración fraudulenta contra CFK, decidida este martes por la Corte Suprema de Justicia. Una baja de las prestaciones implica que la persona no las cobra más de allí en adelante, en tanto que una revocación tiene efectos hacia atrás en el tiempo, porque se considera que el cobro no debió haber ocurrido.En el caso de Boudou, el fallo condenatorio de primera instancia había llegado en agosto de 2018, en tanto que en julio de 2019 la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, y en diciembre de 2020, por la Corte Suprema. El beneficio de privilegio, que en 2018 y bajo la presidencia de Mauricio Macri había sido denegado por la Anses, entonces conducida por Emilio Basavilbaso, le fue otorgado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando ya existía la condena por corrupción.Desde la Anses habían anticipado, en el momento de decidirse la revocación, que se analizaría cómo proceder en relación con lo cobrado por Boudou hasta noviembre del año pasado.Noticia en desarrollo
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El creador de contenido visita Filandón y disfruta de una comida de alto nivel, aunque denuncia que le cobraron productos que no pidió
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El compositor afirma que la cantante intentó frenar el lanzamiento de su nueva canción con Michelle Soifer y los Hermanos Yaipén, mientras ignora su reclamo por 'Hay niveles'
El coronel PNP Henry Chingay indicó que, durante la captura del sospechoso, se hallaron entre sus pertenencias un chaleco utilizado en el crimen. Además, los tatuajes del detenido coincidieron con los registrados en cámaras de seguridad
Una supuesta amiga de Pati Chapoy habría sugerido que la herencia del fallecido conductor ya fue saqueada y repartida de manera arbitraria
El exsenador nacional destituido Edgardo Kueider, investigado por presunto lavado de dinero y por ingresar con dólares no declarados a Paraguay, rechazó haber cobrado sobornos para votar a favor de la Ley Bases. Kueider habló hoy desde la prisión domiciliaria que le otorgó la Justicia paraguaya.El senador entrerriano fue detenido el 3 de diciembre del año pasado en Paraguay con US$211.102 que no pudo justificar. También llevaba 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (unos US$500). Kuedier, además, dio su versión de los hechos de los videos que se hicieron públicos en los que se lo ve en su oficina mientras contaba dinero. "Eran fondos reservados de la provincia de Entre Ríos. Yo entregué los videos", se defendió en una entrevista con Radio Mitre. Con algunas vacilaciones para contestar a las preguntas, Kueider detalló cuáles fueron sus motivos para darle el sí a la ley propuesta por la gestión de Javier Milei. "Tenía la convicción de que había una intencionalidad clara por parte del kirchnerismo de hacer caer al Gobierno y eso no podía ser. De ninguna manera mi voto a la Ley Bases tenía que ver con obstaculizar a un gobierno democrático. Además, se trataba de una oportunidad de renovación política", explicó.Ante la repregunta de Eduardo Feinmann en radio Mitre sobre si el Gobierno le había pagado más de 200 mil dólares por ese voto, Kueider aseguró: "Le acabo de responder. No hubo otro motivo. Le acabo de decir por qué vote la Ley Bases".Antes de su expulsión de la Cámara, Kueider integraba el bloque de Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta y fue el candidato que intentó imponer la Libertad Avanza para la estratégica comisión de Inteligencia. En sus votaciones acompañó al oficialismo. Tenía buen vínculo con Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos a Javier Milei.Kueider está detenido en Asunción y puesto a disposición de la justicia paraguaya, pero la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición para avanzar contra él en la causa local donde está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El exsenador fue detenido junto con su secretaria el 4 de diciembre pasado, cuando fue descubierto cruzando la frontera hacia Ciudad del Este con US$211.102 sin declarar.Semanas atrás, su situación judicial se complicó luego de que en un operativo la Justicia encontrara dentro de un guardarropas de Kueider cinco videos que lo mostraban a él y a colaboradores suyos moviendo grandes sumas de dinero en "lo que serían las oficinas de la casa de gobierno de la Provincia de Entre Ríos", de acuerdo con la causa penal que avanza en su contra en la Argentina.La Justicia encontró videos del senador destituido Edgardo Kueider con fajos de dineroAl respecto, en la entrevista radial de este miércoles, el exlegislador investigado se defendió: "[Ese dinero] no es producto de coimas, no es plata negra ni ilícita. En el año 2018, en mi oficina, yo instalé cámaras porque todos los actos que se hacían ahí eran transparentes. Ese dinero son los gastos reservados que por ley yo los administraba y que son gastos de la provincia de Entre Ríos"."Cada 15 días, esa persona que entra [una de las que se ve que ingresa en la oficina] es un funcionario del área contable de la Provincia. Retiraba los fondos y los traía, procedimiento normal en un manejo de fondos lícitos. Son reservados parra gastos específicos", prosiguió Kueider. Edgardo Kueider y sus funcionarios en 2019Kueider lleva más de cuatro meses preso en Paraguay. La sospecha del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, que lo investiga por un presunto lavado de dinero, es que las grabaciones descubiertas son un "importante indicio" de un delito de corrupción. Lo que exhiben las imágenes -según el fiscal- son "la tenencia, recepción y entrega de considerables sumas de dinero en efectivo por Kueider y funcionarios a su cargo, en el período en que se cometieron los hechos de corrupción del mencionado caso Securitas-Enersa".En aquel momento, Kueider era secretario general de la gobernación de Entre Ríos y figuraba en actas de directorio de Enersa. El exlegislador apuntó directamente el kirchnerismo por su acusación: "Le sirve afirmar que hubo una cuestión vinculada de ese dinero a la Ley Bases porque querían que caiga y me condenan a mí porque impedí que se vote en contra". "Por eso, casualmente, a partir de ese voto el 15 de junio apareció una publicación donde se me acusó y luego se me adjudicó una maniobra en una causa relacionada con Securitas, donde no tengo nada que ver", afirmó el exsenador.
Un año más, Hacendado ha sacado al mercado su propuesta de torrijas congeladas, un producto que ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales
El cantante de regional mexicano se encuentra en medio de problemas legales por ser testigo en el juicio contra Ángel del Villar
La Fiscalía presentó nuevas pruebas contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, basadas en testimonios de testigos protegidos que incluyen mensajes de WhatsApp, audios y transferencias bancarias que demostrarían negociaciones irregulares
La mediática se iba a sumar como panelista, pero fue desvinculada por la conductora.El monto que habría recibido la hija de Jorge Rial.
El empresario cercano al Presidente salió a desmentir a través de un comunicado lo publicado por el prestigioso medio norteamericano."Ni yo ni nadie de Tech Forum manejamos o gestionamos fondos de Libra", sostuvo.
Ábalos comparece ante el Tribunal Supremo y niega haber recibido comisiones ilegales del empresario De Aldama, responsabilizando a su exasesor Koldo García de los contratos investigados
Una pareja de jubilados y su nieto fueron víctimas de un violento asalto en su vivienda de la localidad de Arana, en La Plata. Cinco hombres armados irrumpieron en la casa ubicada en 136 y 637 alrededor de las 22.30 del lunes pasado. Tras golpearlos y amenazarlos de muerte, les robaron 40.000 dólares y escaparon. Fuentes policiales informaron a LA NACION que los ladrones sabían que la familia había cobrado ese mismo día una suma importante por la venta de un campo.Horas antes del robo, el hijo del matrimonio había llevado el dinero en una bolsa negra y lo guardó en un mueble del comedor. En medio de la noche, los delincuentes irrumpieron con los rostros cubiertos y armas de fuego. Tras reducir a la pareja y a su nieto los golpearon y arrastraron por el suelo mientras les exigían que revelaran la ubicación del efectivo. "Sabemos que tienen dólares, si no nos dicen dónde están los matamos", amenazó uno de ellos, según el testimonio de las víctimas.El hombre señaló el mueble donde había guardado el dinero, pero eso no impidió que los ladrones revolvieran la vivienda en busca de más valores. Uno de ellos le exigió al nieto que entregara lo que tuviera. El joven indicó que en su habitación guardaba 80 mil pesos. Los asaltantes repitieron el mismo procedimiento, desordenando todo hasta dar con el dinero.Luego de obtener el botín, uno de los ladrones se comunicó con un cómplice que aguardaba en el exterior mediante un handy. Al no recibir respuesta inmediata, se generó un momento de tensión. Minutos después, la orden llegó: "Todo despejado, es hora de salir". Los intrusos llevaron a las víctimas a un dormitorio, las maniataron y cubrieron sus rostros con sábanas antes de encerrarlas.El nieto logró liberarse y escapó por la ventana del baño para pedir auxilio. En estado de shock, caminó unos metros hasta la casa de unos vecinos, que llamaron a la policía. Cuando los efectivos arribaron al lugar, los delincuentes ya se habían dado a la fuga. Testigos indicaron que vieron un vehículo estacionado cerca de la vivienda y que, al notar movimientos sospechosos, estuvieron a punto de llamar al 911. Sin embargo, antes de hacerlo, los ocupantes del auto arrancaron y huyeron a alta velocidad.La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 del Departamento Judicial de La Plata está a cargo de la investigación. Los peritos recabaron huellas y analizan cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Según fuentes de la pesquisa, los asaltantes habrían mencionado que actuaban bajo órdenes de un personaje vinculado al mundo gremial, lo que abre una nueva línea de investigación.El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad. Los investigadores sospechan que los ladrones contaban con información precisa sobre el movimiento financiero de la familia, lo que sugiere la posible participación de un entregador. Sobre la base de estos indicios, los efectivos buscan determinar si hubo alguna filtración desde el entorno cercano de las víctimas o si se trata de una organización delictiva con antecedentes en la zona.El fiscal a cargo de la investigación ordenó peritajes sobre las comunicaciones detectadas en la zona y la revisión de cámaras de seguridad de los accesos principales a la localidad. Mientras tanto, la policía intensificó los patrullajes en busca de pistas que permitan identificar a los autores del asalto.
Además, su auto fue hallado a ocho cuadras de su casa, también incendiado. En las próximas horas se realizará la autopsia.
"Cobrarte lo que consumes ¡Dónde se ha visto eso!", expresa @soycamarero en una publicación en su perfil de X