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El juez Ariel Lijo concentrará todas las causas por los negocios millonarios con el dólar blue durante el cepo

El juez federal Ariel Lijo quedó finalmente a cargo de todas las causas por la maniobra realizada por un grupo de financistas durante la gestión del kirchnerismo que conseguían dólares al precio oficial y los vendían en el mercado paralelo con millonarias ganancias.Así quedó establecido luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti se inhibió de seguir interviniendo en una causa de 2021 contra una casa de cambios. Antes de la feria judicial, la jueza María Servini ya le había enviado a Lijo su expediente tras una intervención de la Cámara Federal.De esta manera, Ariel Lijo concentró las tres causas principales vinculadas al "rulo financiero", una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central de la gestión de Sergio Massa y Miguel Angel Pesce.En la causa "Marvic", la jueza Capuchetti, a instancias del fiscal Eduardo Taiano, dijo que hay un "núcleo fáctico común": la presunta utilización de agencias de cambio y otras entidades para acceder a moneda extranjera al tipo de cambio oficial mediante operaciones sin respaldo económico real o sustentadas en documentación apócrifa, con el fin de lucrar con el diferencial cambiario. Capuchetti mencionó específicamente operaciones de N y M Cambio S.A. y Marvic S.A. "Hay una vinculación objetiva, hay relaciones personales, societarias y operativas entre las personas con transferencias entre agencias que aparecen en más de una investigación y las medidas de prueba apuntan a reconstruir operaciones semejantes con las mismas fuentes de información", argumentó la jueza al momento de aceptar la inhibición; El expediente principal en manos de Ariel Lijo fue impulsado por el fiscal Franco Picardi e investiga hechos ocurridos entre 2020 y 2023. Según la hipótesis, financistas, operadores cambiarios y funcionarios públicos habrían intervenido en un mecanismo destinado a conseguir divisas al tipo de cambio oficial mediante distintas casas de cambio para luego derivarlas al mercado paralelo. Los investigados habrían montado estructuras societarias y operativas diseñadas para eludir las restricciones cambiarias y acceder a volúmenes de divisas muy superiores a los permitidos. Los indicios muestran que contaban con el beneplácito de autoridades del Banco Central.El objetivo, según el expediente, era dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener billetes físicos que luego se comercializaban en el mercado informal: cuanto más grande la brecha entre oficial y blue, mayor el negocio.La investigación sumó una segunda línea vinculada con un supuesto circuito de gestión irregular de autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), donde intermediarios habrían facilitado aprobaciones administrativas a cambio de sobornos a funcionarios de distintos organismos, entre ellos el Banco Central. Las coimas habrían sido de entre el 10% y el 15% para obtener permisos de importación durante el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Massa en Economía. Las pruebas sobre los trámites irregulares surgieron del teléfono de Martín Migueles, que aportó su clave cuando lo allanaron. El fiscal Picardi identificó a varios de los interlocutores de Migueles y al menos cuatro empresas involucradas. La causa arrancó en julio del año pasado a partir de una serie de audios aportados por el expolicía Carlos "El Lobo" Smith, contratado por Elías Picirillo, entonces marido de Jésica Cirio, para "apretar" a otro empresario, Francisco Hauque, quien le debía supuestamente seis millones de dólares.Picirillo le armó una causa a Hauque plantándole cocaína y un arma para presionarlo, con la ayuda del expolicía Smith. Para mejorar su situación, Smith aportó un pendrive con los audios que prueban las maniobras a las que se dedicaba Picirillo, hoy preso en prisión domiciliaria, y Hauque. En esa causa hay menos cinco funcionarios y 34 empresas en la mira del fiscal. Las casas de cambio investigadas registraron ventas por $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, con el 91,5% concentrado en 2023. Entre las personas investigadas se destacan Piccirillo, su exsocio Martín Migueles, Francisco Hauque y Matías Bocca, además de los cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA. A ellos se agregan los allanados Gonzalo Roberto Calo, más conocido como "Gonzalote", el financista Fernando Rubén Tacchi y Alejandro "El Turco" Calian.En un anillo más reciente aparecen Jorge Blanco, a quien un dictamen de Picardi describe como socio de Piccirillo y ubica, a través del Banco Sucrédito, en el presunto circuito de billetes físicos hacia el blue, y el banquero y excandidato Juan Napoli.La Justicia levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de Napoli Inversiones, y el expediente registra supuestas ventas de dólares de Sucrédito a casas de cambio por US$484 millones. Entre las casas de cambio y entidades investigadas se destacan Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles, que compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar entre enero y diciembre de 2023, Fast Cambio (que según el dictamen del fiscal le compró US$91,7 millones a SuCrédito, mientras Arg Exchange adquirió de Fast Cambio unos US$48 millones), y Fenus y Centenera, que aparecen entre las casas de cambio que recibieron transferencias en pesos de multiplicidad de personas sin registrar operaciones de cambio a su nombre, según el sumario del BCRA que menciona también a Gallo Cambios como origen de dólares. Los funcionarios del BCRA investigados son Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras; Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de ese sector; Fabián Violante, gerente de Entidades Financieras; y María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras.Todos fueron allanados y sus dispositivos secuestrados; algunos aparecen mencionados en las conversaciones grabadas entre Piccirillo y Hauque. En medio del tironeo por las causas, Hauque salió a mencionar a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py.La hipótesis de Picardi es que podrían haber realizado actividades contrarias a sus funciones para favorecer a casas de cambio y financieras vinculadas a Piccirillo.

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Recuperaron la caja negra del helicóptero que se estrelló en San Juan, elemento clave para definir las causas de la tragedia

Los cuerpos de las siete víctimas mortales de la caída de un helicóptero en San Juan fueron trasladados desde la inhóspita zona del accidente hacia la morgue judicial de la capital provincial, mientras los investigadores empezaron las tareas para definir las causas que provocaron esta tragedia en la que murieron el piloto de la aeronave y funcionarios sanjuaninos y de la Agencia Federal de Emergencias. En ese sentido, la fiscalía a cargo del caso confirmó que fue recuperada la caja negra, donde quedan grabadas no solo conversaciones, sino también los parámetros de funcionamiento del helicóptero en cada instante del vuelo. Ese será un elemento clave para determinar lo ocurrido a las 10.26 de ayer, en la zona de Valle Fértil."Ya ha sido retirada la caja negra de la nave. Se debe ingresar a través de la fábrica. Calculo que entre un mes y un mes y medio debería estar", señaló a la medios de prensa el fiscal federal Francisco Maldonado. En el Bell 412 preparado para el traslado de hasta 13 pasajeros y dos tripulantes se encontraban los principales funcionarios del equipo de emergencia sanjuanino. Murieron al desplomarse el helicóptero Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; los brigadistas de Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.A cargo de la aeronave estaba un hombre formado en la policía bonaerense con amplia experiencia en vuelos de riesgo. "Es necesaria la autopsia (de todos los cuerpos), que servirá a la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo, que ya terminó su trabajo en el lugar donde cayó el helicóptero y aportará claridad sobre cómo ocurrió el accidente. Sobre el piloto se toma una medida más, que es la realización de exámenes toxicológicos porque manejaba la nave", indicó el fiscal federal, según consignó el medio TJS.La fiscalía federal en San Juan concentra la investigación del fatal siniestro, aunque los investigadores principales en este caso serán los funcionarios de la Junta de Seguridad en el Transporte. Peritos de esa dependencia estuvieron en la zona del impacto para recolectar evidencias visuales y técnicas para avanzar en la pesquisa. Para esos expertos en sistemas aeronáuticos importa, incluso, la dispersión de restos en el lugar donde se estrelló la aeronave, ya que pueden dar indicios sobre lo ocurrido. Las posiciones y estado en el que hayan quedado el rotor de cola, la hélice principal y las turbinas también aportan datos centrales en estas investigaciones, aunque todo puede facilitarse con la lectura de datos registrados por la caja negra. De acuerdo con la fiscalía, el helicóptero contaba con ese aparato de grabación de sonidos en la cabina y de aviónica."Seguimos recabando información sobre los antecedentes de la aeronave, el plan de vuelo, todos los informes aeronáuticos, testimoniales y de las autoridades aeronáuticas para develar si se trató de un accidente o si hubo responsabilidad. Esa es la función de la fiscalía federal", aseveró el representante del Ministerio Público en diálogo con la prensa.

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Inocencia fiscal: ARCA reglamentó cómo podrán cerrar las causas penales los acusados por evasión tributaria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este lunes el mecanismo que deberán utilizar los contribuyentes acusados de evasión tributaria que quieran cerrar una causa penal mediante el régimen incorporado por la Ley de Inocencia Fiscal. A partir de ahora, quienes busquen acceder a ese beneficio tendrán un procedimiento específico para pagar el adicional del 50% que exige la normativa sobre el monto de la deuda, además de los intereses.A través de la Resolución General 5882/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el fisco puso en funcionamiento esta herramienta que estaba prevista en la ley de Inocencia Fiscal. La norma permite que se extinga la acción penal, aun cuando la causa ya haya sido iniciada, siempre y cuando el contribuyente pague la totalidad de los impuestos evadidos, los intereses y un monto adicional equivalente al 50% de esa suma. Empleo para jóvenes sin título universitario: uno por uno, los puestos más solicitados hoy y cuánto paganSegún recordó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, el artículo 16 del Régimen Penal Tributario ya prevé que, para los casos de evasión simple y agravada en tributos nacionales, provinciales y municipales, la administración tributaria no formulará denuncia penal cuando el importe correspondiente a las obligaciones evadidas y sus intereses fuera cancelado de forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia. "Esta limitación de formular la denuncia penal aplica por única vez por cada persona humana o jurídica obligada y comúnmente se la denomina 'bala de plata'. Ahora, para esos delitos y para el supuesto de haberse iniciado la acción penal, está la posibilidad de extinguir la misma si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus intereses, más un importe adicional equivalente al 50% de la suma total, hasta dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula. Esta posibilidad no tiene limitación en cuanto a la cantidad de veces que se puede utilizar", completó.Cómo realizar el pagoCon esta nueva normativa, ARCA estableció que el pago deberá realizarse mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP) específico, utilizando el formulario de declaración jurada N° 2712, denominado "Pago Adicional del 50% - Art. 16 Ley 27.430". El acceso es a través del servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" del sitio web de ARCA, opción "Pagos", menú "Generar VEP", ítem "Nuevo VEP".Deberá generarse un VEP por cada impuesto y período involucrado. Es decir, no habrá un VEP global que consolide todas las deudas en un solo pago. Y al crear cada uno de los volantes de pago, el contribuyente tendrá que seleccionar el código de impuesto que corresponda a la obligación original â??por ejemplo, IVA o Gananciasâ??, y utilizar el concepto 762 y el subconcepto 762, ambos denominados "Adicional artículo 16 RPT".La visión del Citi: elogios por el superávit fiscal y la baja de la inflación; advertencias por la incertidumbre globalAl finalizar, el contribuyente deberá consignar el importe de capital e intereses en los campos "Importe Capital Cancelado sujeto a Denuncia Penal" e "Importe Intereses Cancelado sujeto a Denuncia Penal", respectivamente. El sistema calculará automáticamente adicional equivalente al 50% de la suma de tales conceptos, y pondrá a disposición un campo editable, a fin de ser utilizado en caso de surgir diferencias con la liquidación judicial. Por último, se deberá realizar el pago. El comprobante deberá presentarse en el expediente judicial junto con la documentación respaldatoria del pago de la obligación original y de sus intereses, con el importe adicional al 50%. Mientras que, si la Justicia no hace lugar a la extinción de la acción penal, se tendrá que iniciar el trámite de devolución ante ARCA, con los tiempos y condiciones que eso conlleva. Caputo anunció el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que busca captar ahorros en dólares"El impacto económico del adicional del 50% es considerable. Antes de decidir acogerse a la extinción de la acción penal, corresponde un análisis integral que contemple el monto total a desembolsar, la solidez de la defensa penal disponible, la etapa procesal de la causa y las probabilidades de éxito de otras alternativas. La extinción de la acción penal es una herramienta valiosa, pero su costo debe medirse con precisión", cerró Domínguez.

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Rafael Di Tella: "El seudoprogresismo argentino se abraza de causas nobles para producir déficits fiscales muy grandes"

Rafael Di Tella, economista y profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, fue durante años uno de los académicos que anticipaba que el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei terminaría en una recesión "bestial" para bajar la inflación. Hoy admite que se equivocó. La desinflación fue mucho más rápida de lo que él y buena parte de la profesión esperaban, y atribuye el resultado a que Milei logró romper en pocos meses lo que llama la "dominancia fiscal" argentina.En diálogo con LA NACION, Di Tella â??que se define como "una palomita" moderada, ajena al mileísmoâ?? repasa por qué el programa económico lo sorprendió, qué le sigue incomodando del Gobierno y por qué considera que el kirchnerismo y el progresismo argentino no tienen equivalente en la región. Los describe como una "manga de chantas" que disfraza de causas nobles el objetivo de financiar el déficit a costa de los más pobres.-¿Cómo ve la situación económica en la Argentina?-Bien, es un programa económico al que le va sorprendentemente bien. Todos los que predecíamos peores resultados fuimos llevados a la humildad. Así que estamos manteniendo la autoestima con todo lo que se pueda, pero aceptando que le está yendo muy bien.-¿Por qué dice sorprendentemente bien? -Porque todos creíamos que un programa muy ortodoxo, muy duro, sin medidas heterodoxas para ayudar a bajar la inercia inflacionaria iba a necesitar una recesión bestial para bajar la inflación y no fue así, todo lo contrario. Está la idea de que fueron conservadores fiscales, que apretaron la parte fiscal de una manera muy efectiva y muy rápida, muy bruta con los jubilados, pero que hicieron un ajuste fiscal en un tiempo que fue sorprendente. Está demostrado que nadie creía que podían revertir la situación fiscal en pocos meses; en menos de un mes, fue una cosa insólita lo que hicieron. Eso les dio unos dividendos muy fuertes, mucho más de lo que creíamos, porque está relacionado con esta otra dimensión del problema que tiene que ver con la dominancia fiscal. La Argentina había entrado en dominancia fiscal. Y eso es lo que quebró Milei. Y eso le dio una cantidad de dividendos que nuestra profesión todavía tiene que entender.-¿Cree que el país tiene ahora una gran oportunidad para dejar atrás los ciclos económicos negativos?-Yo soy menos optimista que mucha gente. No creo que estemos del otro lado; falta pasar las elecciones y el riesgo político siempre es muy grande y, a medida que los progresistas argentinos sean de muy mala calidad, siempre va a estar el riesgo de reversión y entonces, mientras que esté el riesgo de reversión, no va a haber una reactivación muy grande por razones obvias.-¿La reforma de la carta orgánica del Banco Central puede blindar a la Argentina de un cambio de gobierno?-No creo en esas cosas, porque no termino de entender los detalles de la reforma del Banco Central. Hay una interpretación de que la reforma es para darle independencia al Banco Central. Ahí yo ya no estoy tan de acuerdo. Si es para mejorar la calidad del Banco Central y la calidad del Indec, siempre mejor es mejor. Pero la independencia del Banco Central no es tan obvio que sea buena, sobre todo en un programa que está basado en la ruptura de la dominancia fiscal. Uno lo que quiere en una situación como la de la Argentina es que la parte de la dominancia fiscal, una vez que se rompió, sea la que ancla las expectativas. Por eso no creo que sea bueno meter una nueva fuente de autoridad cuando la autoridad política es tan conservadora. El Gobierno puede blindar la economía del escenario electoral, pero no me parece que sea con estas ideas de independencia del Banco Central. Me parece que la forma de hacerlo es reafirmar la parte fiscal, en la medida en que tengamos estos progresistas que son desfachatados fiscales. Tipos como [el gobernador de Buenos Aires, Axel] Kicillof no son conservadores fiscales, no entienden esa parte. El seudoprogresismo argentino se abraza a causas nobles para producir déficits fiscales muy grandes que después monetizan estafando a los más pobres. Es un progresismo un poquito raro. En la medida en que la alternativa a Milei sea un progresismo trucho como este, sigue habiendo ese riesgo fiscal inherente.-¿Qué opina de propuestas como el shutdown (apagón) del Estado si se excede el presupuesto fiscal? ¿O alternativas como tienen Perú, Chile y Paraguay?-La ventaja que tienen Chile, Perú u otros países es que no tienen estos dementes fiscales. Si tenemos un tipo en el progresismo que es serio o al menos sabe sumar, es más fácil. Hay gente que no es mileísta que dice cosas sensatas, como Juan Schiaretti, Horacio Rodríguez Larreta o Florencio Randazzo. Les he escuchado declaraciones prudentes, donde entienden que tiene que ser dentro de un contexto fiscal razonable, porque si no termina destrozando sus propios objetivos. Ese discurso ayuda a la estabilización del perfil fiscal futuro mucho más que instituciones. Los argentinos tenemos un training infinito en destruir instituciones; somos el Messi de la destrucción de instituciones, así que no creo en esta idea de que se va a suplantar el sentido común y el razonamiento aritmético básico con estas instituciones que te van a resguardar de los locos. No, los populistas muy locos nos terminan metiendo en problemas.-¿Es optimista sobre el futuro económico?-Yo soy optimista, pero creo que todavía hay un riesgo grande. Es notable lo alta que es la aprobación de Milei todavía, con todos los problemas que tienen estos programas de estabilización. Mantiene un 30% de aprobación; es razonable, sigue siendo más que otros candidatos. Así que todavía tengo optimismo, pero me parece que es temprano. Hasta que no haya una alternativa razonable, progresista, seria, yo creo que mucha gente va a seguir votándolo y apoyando a Milei, en vez de buscarle el pelo al huevo. O por lo menos yo voy a seguir apoyando a Milei hasta que aparezca algo razonable del otro lado. Por ahora no hay nada.-¿Qué le hace ruido del Gobierno?-Yo no soy un mileísta. Al principio predije que era una forma brutal de bajar la inflación, que había formas mejores. Yo soy más heterodoxo. Creo que había espacio para hacer cosas más sensatas con la inercia inflacionaria. No estoy de acuerdo con la dolarización. No estoy de acuerdo con dinamitar el Banco Central. No es mi instinto insultar a los opositores, aunque a veces me agarro calenturas; soy un ser humano, pero mi instinto es tratar de explicar por qué lo que hace Kicillof es una traición a los más pobres. Me parece más lógico que tengamos una conversación seria sobre eso que decir cosas feas de él. Otra cosa que no me gusta del Gobierno es que insulte gente; prefiero que explique las cosas que están mal de los opositores a que los agreda. El Presidente tiene un rol institucional muy grande, tiene mucho poder, así que siempre me da un poco de miedo cuando insulta a los periodistas.-¿Hay forma de ayudar a que la transición hacia otro modelo económico no golpee tanto al empleo?-Además de eso, los argentinos le estamos sumando una estabilización, donde lo normal sería esperar que hubiéramos estado peor que como estamos, dado el desajuste descomunal que dejaron Sergio Massa y compañía. Es verdad que además nos pegan esos shocks generales, como la parte estructural de la Argentina, que estamos abriendo la economía y con inversión en algunos. Hay reasignación de recursos. Así que eso también genera ruido. Una virtud que tiene el Gobierno es que, si bien anunció que íbamos a inflación cero en dos minutos, tuvo el sentido común de hacerlo más gradual. Estoy gratamente impresionado por lo prácticos que han sido con eso. Porque está bueno tener un poquitito de inflación, o la inflación natural que dan estos reacomodamientos de precios. No se puede ir a inflación cero con los quilombos estructurales que teníamos y la cantidad de ollas a presión que había tapadas, además de los shocks que están llegando, que son bastante generalizados, como la inteligencia artificial.-¿Le preguntan de afuera por la Argentina?-Sí, muchísimo. Primero me preguntan por Milei. Les parece rarísimo. Siempre tienen alguna anécdota que alguien les contó o que ellos vieron. Y siempre hacen preguntas, pero cuando ven los cambios, están sorprendidos. Una pregunta que tienen todos es cómo se puede pasar de un populismo tan extremo y rancio en una dirección a esta apertura. No tengo ninguna respuesta para darles, es patético. Mi capacidad de entender mi propio país es bajísima. -¿No le agarra la curiosidad?-Sí, la última vez estuve obsesionado con esa furia de Milei, que dice cosas feas; pensé que ocurre porque en el fondo es algo que muchos argentinos demandan. Cuando vos pensás que tenés esos partidos que se llenan la boca con la justicia y dicen ayudar a los más postergados y de repente terminan y los estafan con programas que son,justamente, estafas, como las SIRA [las autorizaciones para importar del gobierno anterior], calentarse es como que le estás dando algo que te está demandando la gente. Hay gente que está harta y quiere romper algo.-Eso pareciera ser un fenómeno internacional también.-Pasa en todos lados. En Estados Unidos es parte del mismo fenómeno. En otros países, esa furia viene muy conectada con las redes sociales, con cosas raras, como la polarización. En la Argentina, una cosa que no hemos reflexionado lo suficiente es que los progresistas argentinos son únicos. Son realmente una berretada que no tiene nombre, una manga de chantas que están básicamente queriéndote convencer a vos de que lo mejor que podés hacer es darme platita para mí y para mi bolsillo y lo vamos a disfrazar con alguna causa noble que vamos a bastardear. Es una cosa horrible y eso no es tan usual en el Partido Demócrata en Estados Unidos.-¿Y por qué se dio esto en la Argentina y no en otros países de América Latina, donde hubo izquierdas más responsables en lo fiscal?-A la gente le gusta decir que el populismo kirchnerista es parecido al de Lula y es mentira. Nada que ver. Evo Morales tampoco fue así. Me suena que tiene que ver con la crisis de 2001, que fue una gran desilusión para mucha gente y entonces, montado sobre eso, puede ser que haya habido una especie de cosa populista que está en rebeldía contra la aritmética. Y aparte, una cosa que es cierta, que los economistas muchas veces exageran cuánto saben. Y muchos del principio de los 2000 criticaban al kirchnerismo exageradamente, con la pretensión de conocimiento. Muchas veces los economistas nos hacemos los que sabemos más de lo que sabemos. -¿Se lo criticó exageradamente a Milei también?-Yo ciertamente me equivoqué. Me confundí con eso. Es que teníamos menos experiencia en episodios donde se rompía la dominancia fiscal de la que había. Yo hablé de eso a tiempo para mandarme la parte un poco, pero la realidad es que no lo tenía tan entendido como se ve que lo entendieron los economistas del Gobierno o Milei mismo.

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Las causas de la AFA siguen frenadas en la Argentina, envueltas en maniobras procesales

Mientras en Estados Unidos un grupo de fiscales recaba información, las investigaciones sobre los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están prácticamente paralizadas en la Justicia argentina.En los tribunales atribuyen a los operadores que responden a Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, las idas y vueltas procesales para demorar las investigaciones.Los acusados quieren que las causas vuelvan al juez Alejandro González Charvay, de Campana, donde consideran que tendrán mayor suerte.La última maniobra insólita fue protagonizada por la Cámara Federal de Casación, que argumentó que revisará todo lo realizado en estos siete meses, donde las causas avanzaron poco y nada, y definirá cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado de dinero contra Tapia y Toviggino.La decisión de abrir el recurso de queja y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.Hace un mes, el mismo tribunal dejó la decisión en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que finalmente le cedió la causa jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. El traspaso se demoró durante el Mundial de fútbol y ahora quedó en suspenso con la nueva decisión de Casación, justo antes del comienzo de la feria. En pocos días, los mismos jueces avanzaron sugestivamente en sentido contrario.En paralelo, el empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$300 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por LA NACION el 28 de diciembre pasado. Los movimientos en Estados Unidos son los más temidos por los acusados.González Charvay sumó el capítulo de "TourProdEnter" que estaba en manos del juez Luis Armella, el mismo que allanó a Faroni. Pero no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Esas pruebas quemaban.Las causas contra los jerarcas de la AFA hace tiempo quedaron empatadas entre maniobras judiciales y presiones externas. También se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema. El único expediente que avanza a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara de Casación. Hasta ahora perdieron en todas las apelaciones.

Milei oficializó 33 cargos en la Justicia: uno de los nombrados es el exsecretario de Lijo que tendrá causas sobre la AFA e Insaurralde

Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumirá al frente de un juzgado federal estratégico de Lomas de Zamora que tiene entre sus principales expedientes la investigación contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Leer más

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Tapia vuelve fortalecido del Mundial para enfrentar las causas judiciales y pone en marcha el operativo "venganza"

Claudio "Chiqui" Tapia vivió cada triunfo en el Mundial como un desahogo. En su interior sabe que el éxito deportivo de la Scaloneta, más allá del resultado de mañana a la tarde frente a España, se convertirá en un salvavidas para su situación judicial. Al menos en el corto plazo. "Ganaron tiempo, pero la gente sabe que esto no es un logro de Tapia, es un logro de los jugadores y del cuerpo técnico", se sincera alguien que conoce al dedillo el mundo judicial y tiene línea directa con la Casa Rosada. El presidente de la AFA festejó los goles de la Selección siempre desde un palco. Y a medida que avanzaba el Mundial se entusiasmó con sketchs para el público de las redes sociales. Trató de imitar a Guillermo Francella, en inglés y en castellano, y hasta se coló en una entrevista a Messi con el famoso "secanucas". Ayer coronó esa campaña de blanqueo dándole la mano a Donald Trump. Fue en un evento oficial de la FIFA, pero sirvió para que el "tapismo" lo llene de elogios y se ilusione con una candidatura política, un viejo anhelo del presidente de la AFA. A la salida de ese evento, Tapia firmó autógrafos con argentinos. Una imagen impensada hasta hace poco tiempo. El presidente de la AFA ya había buscado un acercamiento a Trump en diciembre, cuando arreciaban los problemas judiciales. En ese caso se tuvo que conformar con una foto en Mar-A-Lago, durante un homenaje a la figura pública conservadora Charlie Kirk. ¿Le alcanzará el triunfo de la Selección para blanquear su imagen en el ámbito local? ¿O en breve volverán los reclamos por los polémicos arbitrajes en el fútbol argentino? Por estas horas, cerca de Tapia brota optimismo. Es el "Chiqui aura". En su entorno están convencidos que las causas judiciales abiertas en Argentina mantendrán el mismo ritmo aletargado que hasta ahora. Tampoco tienen temor sobre las novedades que provienen de la Justicia estadounidense. LA NACION reveló que las investigaciones preliminares por las maniobras en torno a la empresa TourProdEnter comenzaron a activarse durante el desarrollo del Mundial. Tres fiscales trabajan en silencio con la ayuda de los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Solo avanzarán si tienen pruebas concretas. "Es un problema de Faroni, el dinero de la AFA llegó a donde tenía que llegar", dicen cerca de los jerarcas de la AFA. LA NACION detectó un desvío de al menos US$ 57 millones a diez sociedades creadas por ciudadanos argentinos en Miami. Pero siguen apareciendo novedades. El diario Miami Herald reveló esta semana las transferencias entre TourProdEnter y la empresa uruguaya Stufer Corporation. Esa firma, a nombre de Teodoro Favergiotti, un ex socio comercial de Faroni, se radicó en Miami en octubre de 2022. Para hacerlo utilizó la dirección del mismo estudio contable que administra las sociedades del empresario y su mujer Erica Gillette. En pleno Mundial, el ex ladero de Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, fue contactado de manera oficial. "Quiere garantías para tomar una decisión porque tiene temor de quedar detenido", respondió un allegado que conoce sus últimos pasos. Esa misma fuente confirmó que el abogado no declaró ante los enviados de Estados Unidos, pese a los rumores. Beacon es un actor clave en toda la trama. Conoce la maniobra desde su génesis: el armado de las sociedades en el exterior, el envío del dinero hasta Buenos Aires, y la entrega de bolsos con fajos de dólares a los dirigentes de la AFA. LA NACION reveló los videos grabados en su propio estudio jurídico, contando billetes. Si algún día habla, nada será igual. Esta semana, los investigadores estadounidenses también habrían tomado contacto con uno de los principales auspiciantes de la AFA. El empresario había tomado una posición muy firme sobre el escándalo y luego ensayó una disculpa pública. Los detalles de esa declaración, vía zoom, se mantienen en estricta reserva. El optimismo que desparrama Tapia se contagia. El empresario Javier Faroni, virtual dueño de la empresa TourProdEnter, que administró casi US$ 300 millones entre 2021 y 2025, estuvo presente en el partido contra Cabo Verde, en Miami, y luego en la semifinal contra Inglaterra. A pocos metros de distancia, otra vez se mostró el secretario de Justicia, Santiago Viola. "Yo le avisé a Karina, está todo bien", dijo por estas horas. Además de ser el segundo de Juan Bautista Mahiques, es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Los jueces y fiscales que tienen contacto con las causas de la AFA también están atentos al resultado deportivo. Algunos incluso viajaron al Mundial. La fiscal Silvana Russi, que tiene a su cargo la denuncia por defraudación del empresario Guillermo Tofoni, llegó a postear una foto junto a su familia. "La borró justo a tiempo", cuenta un abogado que vio el posteo en Instagram. No es la única representante de la Justicia que pasó por el Mundial. El camarista Mariano Borinsky fue visto en la platea del estadio de Kansas. LA NACION intentó contactarlo pero no respondió el mensaje. Pocos días después de ese evento, junto a su colega Diego Barroetaveña, abrieron un recurso de queja para que se vuelva a tratar la competencia por la mansión de Pilar. Sorprendió por varios motivos. El mismo tribunal ya le había cedido esa decisión a la Cámara en lo Penal Económico. Barroetaveña no se excusó aunque hasta hace poco ejercía la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA. El éxito deportivo de la Selección significará un ingreso significativo para las arcas de la AFA. Si sale campeón, desde Suiza llegará una transferencia de US$ 50 millones. A eso se sumará una explosión publicitaria. ¿Quién administrará esa fortuna? Faroni tiene contrato hasta 2030 por una decisión unipersonal de Tapia. Los jugadores de la Selección están atentos a esa dinámica. No quieren que se repita la experiencia de Qatar: en ese momento recibieron cheques en pesos y luego se enteraron que había un circuito paralelo de dólares. En contraposición con la exposición de Tapia, el tesorero de la AFA no pidió permiso para ver la Copa del Mundo. Los dirigentes que hablan con ambos aseguran que cada uno trabaja para su propia supervivencia. La interna entre ambos se potenció con el avance de las causas judiciales. Lo único que los une es la sed de venganza. En los próximos días se potenciarán los ataques contra periodistas y dirigentes políticos que denunciaron los manejos dentro de la AFA. El operativo "venganza" ya se despliega en la Justicia, donde los jerarcas de la AFA obtuvieron una insólita medida cautelar que está bajo revisión, y en las redes sociales, con ataques sincronizados. El Gobierno juega hace tiempo al equilibrio. Los deseos de transparencia que exponía Javier Milei chocaron con la designación de Mahiques, a mano de su hermana. En los pasillos de la Casa Rosada por estas horas solo se hablaba del operativo de seguridad. Ya habrá tiempo para el resto.

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Los peritajes económicos que recibirán los fiscales y jueces este viernes podrían marcar un punto de inflexión en ambas investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y definir los próximos pasos procesales. Leer más

Dólar oficial: causas a ritmo de impunidad

Pasados casi dos años del último cambio de gobierno, cuando la administración de Javier Milei unificó el tipo de cambio y extinguió así la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, vale la pena preguntarse por el escaso avance que han tenido desde entonces las investigaciones de la Justicia sobre las gravísimas irregularidades en el acceso a divisas en medio del cepo cambiario con apenas un puñado de operadores financieros y cinco supervisores del Banco Central imputados. Estamos sin dudas ante un escándalo de proporciones que urge esclarecer. Informes preliminares de organismos del Estado y del Ministerio Público Fiscal permiten inferir que aquellas maniobras, que proliferaron principalmente entre 2022 y 2023, habrían alcanzado al menos los 1400 millones de dólares e involucran a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas. ¿Por qué no se han podido recabar más testimonios o reunir más pruebas en las tres causas que las investigaron, que quedaron ahora reducidas a dos, luego de que, hace tres semanas, la Cámara Federal unificó en el juzgado de Ariel Lijo las pesquisas que llevaban este magistrado y la jueza María Servini? Vale recordar que se aguarda una decisión sobre una tercera causa sobre el mismo tema, más antigua, que desde diciembre de 2021 tiene a cargo María Eugenia Capuchetti.Hasta el momento, quien mayores indicios ha encontrado es el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la causa del juzgado de Lijo y ha imputado a varios protagonistas de aquella "cadena de la felicidad" y a quienes debían controlarlos. Entre ellos, cinco funcionarios del Banco Central que supervisan casas de cambio -Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García- y una decena de empresarios entre los que sobresalen Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque.¿Ahí termina el círculo de sospechas transcurridos ya dos años de operaciones de las que todo el sector financiero estaba al tanto? ¿No hay, por ejemplo, ejecutivos de bancos, eslabón insustituible en ese circuito de requerimientos de dólares que empezaba en particulares o empresas necesitados de divisas y terminaba en el Banco Central, la entidad que autorizaba? ¿Nadie en el directorio del gobierno anterior, cuya conducción económica estaba a cargo de Sergio Massa, ministro de Economía entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, o el propio presidente del BCRA de entonces tiene algo para aportar? En una sus últimas medidas el fiscal Picardi, que incluyó en la investigación a los Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs), hizo varios operativos. Allanó, por ejemplo, la casa de Jorge Blanco, presidente del Banco Sucrédito de Tucumán y muy ligado a Piccirillo, y le pidió al juez el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil e impositivo de varios ejecutivos y empresarios, entre ellos, Juan Ignacio y José María Napoli, accionistas de Napoli Inversiones SA; Anahí Marisol Aquino Laprida, vinculada con Creden Agencia de Cambio y Turismo, y Juan Ignacio Agra, de la casa de cambio Mega Latina SA. El caso de Juan Nápoli es más que sugestivo porque se trata de alguien cercano al poder que fue noticia recientemente, cuando trascendió un video en que se lo ve celebrando el triunfo de la Argentina frente a Suiza en el Mundial de Fútbol, al lado de Martín Insaurralde, otro agente central del submundo de los negociados vinculados con la política e investigado desde hace tres años por enriquecimiento ilícito. ¿Se trata de un elenco estable que interactúa con el favor de los funcionarios? Nápoli es dueño del Banco de Valores y está desde hace tiempo ligado a la política: fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023 en la lista de Javier Milei y tiene una antigua relación con Massa. Llegar a la verdad sobre cómo se hicieron esas operaciones es relevante por los montos en cuestión y por el momento histórico en que ocurrieron, en medio del cepo cambiario y mientras el resto de la economía, incluidos sectores sensibles como el de la salud, sufría restricciones para funcionar. Hay que recordar que, aun con cepo, la normativa de entonces permitía obtener divisas para dólar ahorro a quienes cumplieran determinados requisitos, y a bancos y casas de cambio para reponer depósitos o abastecer a ese mercado mínimo de ahorristas. El acceso a esos dólares surgía de una rueda diaria que organizaba lo que el sector financiero conoce como la "mesa del Banco Central", que entonces dependía de Carlos Fabián Sgarbi, subgerente de Operaciones del ente monetario. Las decisiones sobre quién estaba autorizado a esas divisas, que quedaron registradas y con firma en el sistema, son ahora motivo de controversia porque entre los empleados de planta dicen que acataban órdenes del directorio, integrado en esos años por un elenco que ya no está. El BCRA estaba conducido por Miguel Pesce, que había sido designado por el presidente, Alberto Fernández, y era escoltado por dos vicepresidentes, Sergio Woyecheszen y Jorge Carrera, que convivían a su vez con un directorio que, cuando asumió Massa en Economía, funcionaba en coordinación con el Palacio de Hacienda. Lo integraban Claudia Berger, Zenón Alberto Biagosch, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D'Attellis, Claudio Martín Golonbek, Lisandro Cleri y Betina Susana Stein. Demasiada gente con atribuciones y la información suficiente como para estar en condiciones de aportar datos. Algo tan grave no debería quedar en la nada. Son demasiados los nombres y abundantes las fundadas sospechas como para permitir que los culpables sigan impunes.

El juez Lijo pidió quedarse con todas las causas donde se investiga el "rulo financiero"

En plena efervescencia mundialista, el juez federal Ariel Lijo le pidió a su colega María Eugenia Capuchetti que le ceda una de las tres causas principales vinculadas al "rulo financiero", una maniobra que tiene en vilo a exfuncionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. Lijo ya había logrado unificar otros dos expedientes, tras una intervención de la Cámara Federal. La causa en poder de Capuchetti arrancó en 2021 por una denuncia del Banco Central contra la agencia de cambios Marvic SA, que desplegó una maniobra para acceder al dólar oficial. Las operaciones de compra de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021. La investigación luego se amplió a otras casas de cambio. El expediente estuvo delegado durante cuatro años en el fiscal Eduardo Taiano y se activó recién a fines del año pasado cuando la jueza retomó la investigación y desplegó una batería de medidas de prueba. A fines de diciembre se dio una situación inédita: tres jueces hicieron allanamientos casi a la misma hora: Casanello (que luego fue reemplazado por Lijo), Servini (que perdió su causa hace dos semanas) y la propia Capuchetti. La causa que terminó en manos de Lijo terminó ampliando su objeto al funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a partir del contenido del teléfono de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo. Cuando el expediente comenzaba a inquietar a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, el magistrado primero reclamó la causa de Servini. La jueza se negó e intervino la Cámara Federal, que le terminó dando la razón a Lijo. El camarista Roberto Boico sostuvo que existe una "dependencia funcional y operativa" entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.Casi con los mismos argumentos, ahora Lijo le pidió a Capuchetti que se inhiba. "Del cotejo del objeto procesal de ambas investigaciones surge la intervención de un conjunto de personas físicas y jurídicas que se encontrarían íntimamente relacionadas y asociadas a una misma operatoria presuntamente destinada a adquirir moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego canalizarla hacia el mercado paralelo", sostuvo Lijo. Y agregó que en esa causa está mencionado Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, que también aparece en su expediente. En medio del tironeo por las causas, el financista Francisco Hauque, que terminó enfrentado a Piccirillo, dio varias entrevistas y mencionó solo a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández como el extitular del BCRA Miguel Ángel Pesce. La omisión a otros funcionarios que dependían de Sergio Massa generó sospechas y un cruce de reclamos. Los mensajes llegaron a Comodoro Py. Lijo ahora aspira a concentrar todos los expedientes. "Existe un riesgo concreto de dispersión investigativa y de adopción de criterios divergentes si las investigaciones continúan ante distintos magistrados, con la consiguiente valoración separada de un mismo acervo probatorio referido a un contexto fáctico común", dice la resolución que firmó antes del duelo entre Argentina e Inglaterra y a la que tuvo acceso LA NACION.

El Banco Central aceleró las compras de reservas: cuáles son las causas del salto en la oferta de dólares

El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha

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Las otras causas sensibles que tramitan en la sala de la Cámara Federal que el Gobierno busca reconfigurar

El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio. Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral. La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan "concatenado" entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo. Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.$LIBRA y otros expedientesDesde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli. El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti â??ya indagadaâ?? una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo. El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.

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El tumor desafía a la medicina por su rápido crecimiento y alta recurrencia. Cada 15 de julio, el Día del Glioblastoma busca visibilizar una enfermedad poco frecuente

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La Secretaría de Gobernación reportó los avances que ha tenido la Estrategia de Atención a las Causas

Javier Milei y sus medidas, en vivo: semana clave en el Senado y movimientos en causas judiciales

Durante los últimos meses, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). ¿Objetivo? Reconstruir desde adentro -y bajo reserva- cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad que lideran Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, según reconstruyó LA NACION a partir de dos fuentes con conocimiento directo de esos movimientos.Los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años actuó como lugarteniente de Toviggino, y participó en operaciones por millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte desde y hacia Estados Unidos.Leé la nota completa acáMENDOZA.- Luego de que la embajada de Francia en Argentina repudiara y declarara "persona non grata" a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, que dijo que la selección gala de fútbol es un "equipo africano", la funcionaria relativizó los cuestionamientos y rechazó retractarse.Días atrás, Casado se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero: "Hacen un mundo de todo", minimizó. En las últimas horas, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de "persona racista", Casado aseguró que no tuvo comentarios de esas características.Leé la nota completa acáEl juicio político contra el juez federal de Mar del Plata Alfredo López tuvo hoy ribetes escandalosos cuando un grupo antisemita interrumpió a los gritos al senador Luis Juez cuando pedía la destitución del magistrado. Los revoltosos fueron desalojados del recinto."Yo me la banco", dijo Juez. "Con el tamaño que tengo puedo ser patovica en un pelotero", bromeó fiel a su estilo, a pesar de que los revoltosos le lanzaban descalificaciones.Leé la nota completa acáEl próximo jueves al mediodía, Karina Milei abrirá su despacho en la Casa Rosada para recibir a los diputados que componen el bloque libertario en la Legislatura porteña. En medio de los rumores que hablan de un eventual entendimiento electoral con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y el Pro hacia 2027, la idea de la foto será, según cuentan desde la Casa Rosada, que un acuerdo entre los socios porteños de 2025 está aún lejos, y que el Gobierno también tiene cartas por jugar antes de las definiciones electorales.En principio, está confirmado que Karina Milei recibirá a los 14 legisladores que componen el bloque, liderado por Pilar Ramírez, una de las mejores amigas -personales y políticas- de la secretaria general de la Presidencia, y también a parte de los equipos técnicos que trabajan para la elección porteña del año que viene.Leé la nota completa acáMientras los focos están posados sobre la fraticida interna bonaerense, que disputan el kirchnerismo y su retoño axelista, hay otros espacios del peronismo que parecen marchar hacia una confluencia de cara a las elecciones de 2027. Por ahora transitan carriles paralelos, pero se registran cada vez más contactos entre dirigentes que buscan tomar protagonismo ante la crisis de liderazgo que mantiene inerte a la principal fuerza de oposición al presidente Javier Milei.Uno de esos encuentros tuvo lugar días atrás en la ciudad de Córdoba, hasta donde viajó el porteño Juan Manuel Olmos -referente del grupo que tuvo su acto fundacional en Parque Norte- para reunirse cara a cara con la diputada Natalia de la Sota. A diferencia del PJ mediterráneo, más conocido como cordobesismo, la hija del exgobernador no coquetea con los libertarios ni tampoco con el macrismo. Eso la pone en un sitial que siguen con atención en Buenos Aires.Leé la nota completa acáJavier Milei juntó este lunes a un importante grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) para dar detalles de lo que será el proyecto de ley de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La charla, en la que el mandatario fue el único expositor, se extendió por casi dos horas y media.Luego de las explicaciones del mandatario, que utilizó una pizarra para hacerlo, los diputados y senadores hicieron preguntas sobre lo expuesto, afirmaron fuentes oficiales consultadas por LA NACION. Milei aprovechó para desplegar su optimismo económico: "La economía está en condiciones de crecer a tasas del 7 u 8 por ciento", aseguró.Leé la nota completa acáEl oficialismo en el Senado enfrenta una semana clave en la que afrontará el doble desafío de tener que, primero, reunir el número suficiente de legisladores para abrir el recinto en la sesión convocada para este jueves y, después, conseguir los votos para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el polémico capítulo que permite la extranjerización de tierras rurales.Ese fue el compromiso que le arrancó la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich (Capital), al resto de los jefes de la oposición dialoguista la semana pasada en una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió convocar a sesión para el mediodía del próximo jueves.Leé la nota completa acáLa Justicia le dio un nuevo revés al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Luis Armella rechazó hoy la recusación que su defensa había promovido contra el fiscal Sergio Mola para apartarlo del caso.Se trata del tercer pedido de apartamiento contra la fiscalía que fracasa, pero esta vez la defensa de Insaurralde había aprovechado las diferencias entre el juez y el fiscal para empujar su apartamiento.Leé la nota completa acá

Las causas del aumento de las bajas laborales en España, según los médicos de familia y la Seguridad Social: "El fraude es prácticamente anecdótico"

Distintos profesionales sanitarios analizan con 'Infobae' el aumento del absentismo laboral por enfermedad

Hipo: causas frecuentes y cuándo consultar a un médico

Especialistas explican que este reflejo puede aparecer tras comer con rapidez, por el reflujo ácido o por bebidas carbonatadas, y recomiendan observar su duración y la interferencia en tareas cotidianas

El ascenso de la candidata a jueza que podría quedarse con una de las causas que más preocupa en la AFA

Una candidata a jueza que resultó favorecida por la instancia de las entrevistas personales en el proceso de selección de magistrados podría terminar al frente del juzgado donde tramita la causa sobre una lujosa quinta de Pilar atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).Se trata de María Pérez-Cárrega, quien trabaja como secretaria letrada del juez Alberto Lugones en el propio Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a los jueces y los remueve.Como resultado de la entrevista personal -una instancia muy cuestionada por su incidencia sobre el resto del proceso-, Pérez Cárrega consiguió dejar el 12° lugar para pasar a integrar la terna final de la que surgirá el nombre del próximo titular del Juzgado N°10 en lo Penal Económico, donde tramita el caso AFA. El salto de la candidata quedó bajo el reflector con el último de los movimientos del Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia. El 25 de junio pasado, el Poder Ejecutivo formalizó la designación de Ignacio Labadens como juez de menores mediante un decreto firmado por Javier Milei y refrendado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.Como Labadens participaba tanto de ese concurso como del destinado a cubrir el Juzgado Penal Económico Nº 10, su designación habilitó el reemplazo dentro de esta última terna. Su lugar fue ocupado entonces por Pérez-Cárrega, que integraba en soledad la lista complementaria del concurso, una suerte de nómina de auxilio que se activa cuando alguno de los restantes candidatos es designado o se baja del concurso. Es decir, que gracias a la entrevista, Pérez-Cárrega se convirtió en la primera y única opción ante cualquier eventualidad en el concurso. LA NACION se puso en contacto con la candidata, pero hasta el momento prefirió no hacer comentarios. El ascensoPor reglamento interno del Consejo, para los procesos destinados a cubrir una sola vacante judicial deben realizarse entrevistas al menos a los primeros 6 candidatos. Ese ordenamiento preliminar se realiza sobre la base de antecedentes y un examen escrito. Los 150 puntos que obtuvo Pérez-Cárrega la colocaron en el puesto 12, lejos de la entrevista y aún más lejos de la terna. Sin embargo, para este concurso en particular, el Consejo decidió ampliar las entrevistas "hasta la postulante María Pérez-Cárrega, inclusive", tal como consta en una resolución. Luego vino una segunda ampliación que extendió a 19 el número de candidatos entrevistados.Esos encuentros personales entre postulantes y algunos de los consejeros se desarrollaron entre el 12 y el 13 de septiembre de 2022. Casi cuatro años después, en mayo último, el Consejo señaló que todos los postulantes habían demostrado tener "idoneidad y la motivación necesaria para desempeñarse en el cargo", pero que, sin embargo, "existían circunstancias objetivas para realizar modificaciones en el orden de mérito definitivo". "Corresponde poner de relieve que la postulante María Pérez-Cárrega demostró un perfil integral y actualizado, evidenciando un compromiso con la capacitación continua en perspectiva de género y ética pública", comenzaba el tramo del dictamen con el que los consejeros justificaron la promoción de Pérez-Cárrega.Entre otras virtudes, destacan que la candidata articuló sus respuestas con estándares internacionales, que propuso soluciones dogmáticas avanzadas y que demostró capacidad para integrar el derecho penal con los derechos humanos. La entrevista a Pérez-Cárrega duró 4 minutos. Fue la más corta de las 19 que se celebraron para el cargo, que tuvieron una duración promedio de 10 minutos. Aquel corto intercambio le valió a Peréz-Carrega el ascenso que la convirtió en la única integrante de la lista complementaria, que, con el nombramiento de Labadens, la llevó a la terna final.El perfilLa postulante a jueza del Juzgado 10 fue candidata de la Lista Celeste, una corriente judicial históricamente afín al kirchnerismo. View this post on Instagram Fue auxiliar, oficial y luego secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, donde Lugones se desempeña como camarista y a la que ingresó hace más de tres décadas. Desde 2018 se desempeña como secretaria letrada del Consejo, en la vocalía de Lugones, quien no intervino en el proceso de selección de su secretaria. Lugones, su jefe en el Consejo, es camarista de San Martín desde 2014. Es cercano al kirchnerismo, aunque en el último tiempo, en algunas votaciones del Consejo se lo vio cerca de Santiago Viola, el representante del Poder Ejecutivo en ese órgano. Lugones tuvo una injerencia decisiva en el devenir del expediente AFA cuando envió el caso desde Retiro a la Justicia federal de Campana. Fue en respuesta a un reclamo de los propios investigados, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte, que figuran como los dueños formales de la quinta investigada en Pilar. El expediente permaneció en Campana hasta que la Casación resolvió a mediados de mayo anular el pase y dejar que sea la Cámara Federal del fuero Penal Económico quien decida sobre el destino del caso, que pasó luego al juzgado 10 que hoy subroga Verónica Straccia. Con la inclusión de Pérez-Cárrega, la terna para ocupar esa vacante quedó conformada por ella; por Juliana Márquez, que es secretaria en una fiscalía de Comodoro Py y quedó segunda en el concurso, y por Matías Alejandro Latino, que quedó en tercer lugar y es secretario del juez que tuvo la causa en Campana, Adrián González Charvay.El Poder Ejecutivo puede optar por cualquiera de los nombres de una terna, más allá del orden con el que los postulantes llegan a ella. Las entrevistas personalesPor la incidencia final que tienen sobre el trámite de selección, las entrevistas personales son un blanco de crítica permanente para un sector importante de la Justicia. Desde la propia Corte Suprema se impulsó un proyecto que introduce modificaciones en todo el proceso, pero que recalibra especialmente el peso de las entrevistas, una instancia que, en palabras del cortesano Carlos Rosenkrantz, se utiliza para "reescribir el orden de mérito" de los candidatos.El proyecto lleva su firma y la de su colega Ricardo Lorenzetti. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no firmó aquella acordada, al esgrimir que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó, no obstante, de la ceremonia realizada en abril en el Palacio de Tribunales donde la iniciativa fue presentada.Existía una expectativa para que el proyecto tuviera un tratamiento especial que le permitiera sortear los tiempos habituales. Pero la iniciativa todavía navega las aguas del Consejo y debate su suerte entre las comisiones de Reglamentación y Selección.

La absolución a un grupo mapuche reabrió un debate por las usurpaciones en otras causas judiciales

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Una reciente sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal -que absolvió a integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que habían sido condenados por usurpación- plantea desafíos para diversas causas abiertas que involucran a comunidades mapuche.Los magistrados Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci dictaron la absolución de seis personas vinculadas a la ocupación de predios en Villa Mascardi, revirtiendo así la sentencia dictada en primera instancia por el juez federal Alejandro Silva. Los jueces consideraron que la sentencia anterior presentaba vicios de arbitrariedad y que no se logró demostrar con certeza que los acusados fueran los autores materiales de los despojos.En mayo de 2025, el juez Silva había impuesto penas de prisión en suspenso, que ahora quedan sin efecto. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses de prisión en suspenso; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron condenadas a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso; Betiana Ayelén Colhuan (machi de la comunidad) fue condenada a dos años y dos meses de prisión en suspenso, y María Celeste Ardaiz Guenumil fue condenada a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.La Cámara consideró que hubo un error en la calificación del delito: según la sentencia, el tribunal de origen incurrió en un error jurídico al tratar la usurpación por despojo como un "delito permanente". La doctrina y la jurisprudencia establecen que la usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes. Eso significa que el delito se agota en el momento preciso de la privación de la posesión (el despojo).Los jueces recordaron que la permanencia posterior en el inmueble es un efecto del delito ya consumado, no una renovación de la acción típica. Según indicaron, al confundir estos conceptos, el tribunal de grado pretendió extender la responsabilidad penal de los acusados por el simple hecho de estar en el lugar años después del despojo inicial.Asimismo, el camarista Slokar destacó que el conflicto no debía tratarse como una usurpación convencional, sino como un conflicto territorial indígena complejo que exige considerar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)."La sentencia despertó mucho interés, porque trae cosas novedosas y sienta un precedente importante. De todos modos, es la línea de interpretación de una sala. Y hay que ver qué hace la Corte Suprema. Creo que no puede revertir este fallo, sobre todo por una cuestión técnica, en relación con la prueba del despojo: no se puede condenar a alguien porque estaba en el lugar. Pero creo que la sentencia no compromete a los jueces que están por debajo de Casación, que no están obligados a seguir esa jurisprudencia", indicó a LA NACION el abogado Gustavo Franquet.El abogado, que representa a distintas comunidades mapuches, agregó que la Sala II de Casación modificó también esta semana la condena por usurpación contra miembros de la lof Paillako que ocuparon una seccional de Parques Nacionales en Los Alerces. "Entendieron, por mayoría, que no hay pruebas concretas. En ese caso, como en todos los casos, hay un problema técnico. La usurpación es el delito de despojo. Lo que tiene que probarse es que el acusado fue el que despojó. Que esté en un lugar no significa que despojó", señaló Franquet.Al referirse al reciente fallo que absuelve a los seis miembros de Lafken Winkul Mapu, John Grehan, dueño de una de las propiedades vandalizadas en Villa Mascardi, aseguró: "No importa que en un expediente con años de proceso en el Juzgado de Instrucción y luego un largo juicio oral (7 años en total) dejen claro lo que toda la Argentina sabe, incluso que en el mismo fallo Casación reconozca la ocupación como ilegítima. Los jueces descaradamente dicen que no está probado que no sabían que eso no se podía hacer, que no se sabe quiénes fueron los que saltaron el alambre (usurparon) y que aunque la ocupación fue ilegítima, no se los puede condenar por usurpación. Es lo que pasa cuando la política y la ideología se meten en la Justicia: los ciudadanos somos víctimas no sólo de los delincuentes sino también de los malos funcionarios".Estado de las causasPor los diversos hechos ocurridos en Villa Mascardi entre 2017 y 2022 hay dos causas, la 26511/2017 (que se denomina "causa madre") y la 16149/2022, vinculada con el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. El juicio por la primera derivó en condenas para todos, salvo Betiana Colhuan (la machi de la comunidad), que era en ese entonces menor de edad. Actualmente, esa causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con los recursos que presentaron las defensas. En tanto, las condenas dictadas por el juez Silva en la causa 16149 fueron revocadas ahora por Casación.A su vez, en una causa colateral, Silva condenó este año a Juan Pablo Colhuan, también miembro de Lafken Winkul Mapu, a dos años y seis meses de prisión en suspenso por usurpación. Los abogados presentaron un recurso en Casación, que aún está en trámite.En Villa La Angostura, el último juicio penal contra miembros de la comunidad Paichil Antriao derivó en 2025 en la absolución de todos los acusados por el presunto delito de usurpación de tierras. Asimismo, continúa la disputa territorial entre el municipio y esa comunidad mapuche por el camping Correntoso. Esa causa también se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia."También existe un conflicto entre la comunidad Kinxikew (Quintriqueo) y la familia Broers por un territorio que le fue reconocido como Territorio Tradicional y Ancestral por una Resolución del INAI que salió después de que la Justicia de Villa La Angostura ordenara el desalojo. Actualmente, la comunidad ha demandado a Broers mediante una acción declarativa de certeza sobre las tierras que lleva el juez Francisco Astoul Bonorino. Se pidió una medida cautelar para que se suspenda el desalojo hasta que se resuelva el fondo en esta causa ordinaria, pero el juez aún no concede la medida. En este caso, también los privados apuestan a desalojar antes de que se resuelva el fondo de la cuestión en torno a los derechos territoriales en pugna", afirmó el abogado Luis Virgilio Sánchez.El defensor también representa a la comunidad Curruhuinca de San Martín de los Andes. La causa tiene sentencia del Juzgado de Junín de los Andes, que hizo lugar a la acción reivindicatoria y ordenó el desalojo de la comunidad. El fallo fue apelado y actualmente está en la Cámara Civil de San Martín de los Andes.Finalmente, la lof Pillan Mahuiza mantiene un conflicto territorial con la provincia de Chubut. Tras diversos allanamientos a todas las comunidades de la zona, resultó imputada una mujer que es miembro de la comunidad mapuche. La causa luego se cerró por falta de mérito. En esa provincia también hay varias causas abiertas contra miembros de la comunidad Nahuel Pan.

Qué se sabe del lugar y las causas del incendio en Almería, uno de los más letales en la historia de España

MADRID.- Un incendio forestal que empezó el jueves en los alrededores del municipio de Los Gallardos, en Almería, al sur de España, se transformó en pocas horas en una de las tragedias más graves que recuerda el país en materia de fuegos forestales, con al menos 12 muertos confirmados, 23 personas todavía sin localizar y cientos de evacuados. La mayoría de las víctimas serían extranjeras, en un área rural y montañosa muy habitada por residentes y turistas de otras nacionalidades.El balance de víctimasSegún informó el viernes Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, cuatro de los fallecidos -de presunta nacionalidad británica a juzgar por el volante a la derecha del vehículo en el que fueron encontrados- murieron dentro de un auto mientras intentaban escapar de las llamas.Otras siete personas fueron encontradas sin vida luego de abandonar sus vehículos para huir a pie. De ese segundo grupo, formado originalmente por nueve personas, solo dos lograron ser rescatadas con vida.De los doce fallecidos, diez serían ciudadanos extranjeros y uno, español.Sin embargo, la identidad de las víctimas todavía no fue confirmada de manera oficial. Seis cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Almería, donde los médicos forenses seguían trabajando para completar las autopsias.Un segundo grupo de cadáveres permanecía en la zona del incendio, de difícil acceso para los equipos de rescate. Las muestras recolectadas iban a ser enviadas esa misma noche a Madrid para su identificación genética.El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, señaló que entre los fallecidos había ciudadanos de Bélgica y de Reino Unido, y calificó lo ocurrido como una tragedia de enorme magnitud.La Guardia Civil, por su parte, habilitó una oficina de denuncias en el puesto de Garrucha para que los familiares de los desaparecidos puedan aportar datos y muestras de ADN que agilicen la identificación de las víctimas.Cómo empezó el fuegoLas primeras hipótesis apuntan a la caída de un cable eléctrico como origen de las llamas, cerca de la ruta N-340A, a la altura del kilómetro 511, en la localidad de Almocaizar.Desde ahí, el fuego se propagó hacia el norte y el noreste, en dirección al municipio de Bédar, en un terreno escarpado, lleno de barrancos y con viviendas dispersas por toda la zona forestal.La Guardia Civil confirmó que investiga esa hipótesis, que también fue respaldada por el gobierno andaluz.Lo que en un primer momento se catalogó como "un incendio de cuneta" -denominación de los fuegos que se originan en los márgenes o zanjas de drenaje al costado de los caminos y rutas- de baja intensidad terminó descontrolándose por la acción de vientos de hasta 48 kilómetros por hora, que impulsaron las llamas ladera arriba.La compañía eléctrica Endesa -principal distribuidora en la zona- negó que el cable señalado como origen del fuego perteneciera a su red. Según la empresa, se trataba de una instalación privada, sin tensión eléctrica desde 2009, que abastecía a una vivienda y a un restaurante abandonados.Red Eléctrica, la operadora del sistema eléctrico español, también descartó que la infraestructura fuera de su propiedad. Moreno no descartó, de todos modos, que la caída de un poste eléctrico haya sido la causa inicial de las llamas, y advirtió que, de confirmarse, se exigirán responsabilidades a los encargados del mantenimiento.El incendio se desató en medio de una situación de peligro extremo, el nivel máximo que contempla la escala de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que combina temperatura, viento y humedad relativa para calcular el riesgo de propagación. Este viernes, las temperaturas en la zona rondaban los 40°C.España, al igual que varias naciones de Europa, atraviesa una intensa ola de calor, con regiones del sector sur bajo avisos meteorológicos naranja en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas.Durante los últimos años, el país sufrió olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40°C, creando las condiciones para incendios devastadores.En lo que va de año, se han quemado unas 57.000 hectáreas, aproximadamente la mitad de la media anual de las últimas dos décadas â??y lo que supone el 40% de toda la superficie quemada en la Unión Europea (UE), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales."Mucha precaución"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, guardaron este viernes un minuto de silencio por las víctimas y decidieron acortar su participación en la ceremonia que marca el final de la formación militar de la princesa Leonor, en señal de duelo por la tragedia.Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están yaâ?¦— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2026"Queremos desde aquí transmitir (...) nuestro pésame, nuestro cariño, y nuestro apoyo a todos aquellos que han perdido seres queridos", indicó el monarca.Los fuegos arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.Agencias AFP y Reuters y diario El País

La hiperpigmentación: causas, prevención y tratamientos según expertos

Especialistas explican por qué aparecen manchas oscuras y qué hábitos ayudan a reducir su impacto, con énfasis en la constancia, la protección diaria frente al sol y la elección cuidadosa de productos

Amnistía Internacional pide a Fiscalía colaborar en las investigaciones sobre las causas Pegasus

Reconocida constructora explicó ante la Justicia las causas de su crisis y detalló un pasivo de $125.477 millones

La desarrolladora, responsable de obras como la ampliación del Monumental reconstruyó en la demanda de su concurso preventivo el proceso que derivó en la cesación de pagos. En el expediente identificó al proyecto Astor San Telmo como "un punto de inflexión en la historia de la empresa" y exhibió la composición de un pasivo que supera los $125.000 millones.

Dolor de garganta intenso: cuáles son las causas más frecuentes y cuándo es una señal de alarma

La causa viral o bacteriana define el tratamiento. Un repaso por los criterios que la Clínica Mayo y la Academia Americana de Médicos de Familia identifican como motivo de consulta urgente

Delegada del Gobierno sobre incendio de Soneja (Castellón): "No parecen causas naturales"

¿Quién cuida a los que cuidan? Una gerontóloga analizó las causas de este fenómeno que crece en la Argentina y el mundo

El cuidado familiar atraviesa una transformación profunda. Ya no se trata solo de padres criando hijos hasta que se independizan o de hijos acompañando a sus mayores en la vejez: en la actualidad, muchas personas viven ambas responsabilidades al mismo tiempo.Así lo explicó en LN+ la gerontóloga Claudia Viascán Castillo, quien advirtió que este escenario genera una presión sostenida sobre adultos de mediana edad, con consecuencias psicológicas y sociales que todavía no se terminan de dimensionar. La gerontologa Claudia Viascan Castillo hablo del desafio de cuidar a padres e hijos simultaneamenteLa generación de adultos en el medioSegún Viascán Castillo, se trata de un fenómeno que se denomina "generación lasagna o generación sandwich porque es la que está en el medio". Son adultos de entre 40 y 50 años que deben responder simultáneamente a las necesidades de sus hijos y de sus padres."Hoy todo está mezclado porque hay generaciones que están en el medio de las necesidades de los padres y de los hijos", sostuvo, al tiempo que remarcó que esto no ocurre solo en la Argentina. "El fenómeno está creciendo por el empleo de la mujer, la maternidad tardía, el descenso de los nacimientos y la extensión del número de años que vivimos", precisó.Más años de vida, más convivencia entre generacionesLa gerontóloga señaló que estos cambios forman parte de un proceso que definió como "gerontoglobalización", donde las personas mayores crecen en número y conviven más tiempo con otras generaciones."Hay personas de 90 conviviendo con niños, personas de 70 con adolescentes", explicó, en un contexto donde los jóvenes se independizan cada vez más tarde y los adultos mayores viven más años. En tanto, esto obliga a modificar costumbres y adaptarse a nuevas dinámicas familiares.El desgaste de cuidar Viascán Castillo fue contundente al señalar que el sistema de cuidados no está preparado: "El sistema de cuidados en la Argentina no está bien. No hay capacitación, aprendizaje, no hay políticas públicas".En ese marco, planteó la pregunta central: "¿Quién cuida los que cuidan?". La especialista advirtió que quienes asumen estas tareas suelen sufrir un desgaste sostenido: "Las personas que cuidan tienen desgaste físico, emocional y psicológico".Un rol que sigue recayendo sobre las mujeresLa gerontóloga también subrayó que el cuidado continúa siendo, en gran parte, una carga culturalmente asignada a las mujeres. "Es cultural que la mujer es la que cuida. Cuida al hijo, al marido, a los padres", señaló.Si bien reconoció que los hombres empiezan a involucrarse más, aclaró que ese compromiso suele concentrarse en el cuidado de los hijos, no tanto en el de los padres.Poner límites a los padres: una tarea "terrible"Sobre el final de la nota, Viascán Castillo explicó que cuidar a un familiar no es sencillo porque implica cambiar roles y aprender algo para lo que nadie fue preparado. "La paciencia se está perdiendo porque no nos enseñan a cuidar", afirmó.Y concluyó con una frase que resume el desafío: "Poner límites a los hijos es difícil, pero poner límites a los padres puede ser una tarea terrible".

La Ciudad de Buenos Aires asumirá causas por calumnias, abusos y secuestros tras el traspaso de delitos no federales

La ampliación incorpora también infracciones por propiedad intelectual, seguridad del tránsito, ejercicio ilegal de la veterinaria y protección de fauna silvestre, además de hechos vinculados a menores con intervención tutelar

La pelea por quedarse con las causas de Tapia y Toviggino suma un nuevo capítulo: ahora el juez de Zárate reclama dos expedientes por lavado

La trama por el control de las causas vinculadas a la corrupción de la AFA se hizo más compleja. El juez Gonzalez Charvay reclamó una denuncia del fiscal de Santiago del Estero contra el Tesorero de la AFA y otra que hizo Guillermo Tofoni.

La Cámara Federal unificó dos causas por el "rulo financiero" en el juzgado de Ariel Lijo

La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros. Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación "integral, coherente y eficiente", además de asegurar el derecho de defensa. Boico entendió que "la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza" y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.Por eso, para la "mejor y más pronta administración de justicia", y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance "sensiblemente superior", Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.

La Cámara Federal unificó dos causas clave por el "rulo cambiario" que involucran a Elías Piccirillo y Martín Migueles

Son investigaciones por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y la gestión de permisos de importación durante el cepo cambiario. Quedarán, desde ahora, a cargo del juez federal Ariel Lijo

Toviggino reclama sanciones a un periodista de LA NACION por hablar de las causas de la AFA

La defensa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, reclamó que se tomen medidas legales y sanciones económicas contra Nicolás Pizzi, periodista de LA NACION, por haber disertado en un foro en Miami sobre las causas de corrupción que involucran a las autoridades de la entidad deportiva. La presentación la radicó el abogado Gregorio Dalbón en el juzgado de Walter Saettone, de Pilar, un magistrado conocido por haber expresado en público su simpatía con el kirchnerismo. Saettone le había otorgado una polémica medida cautelar a Toviggino a partir de la cual prohibió a una serie de periodistas -entre ellos a Pizzi- y a dirigentes políticos acercarse al domicilio del denunciante y reproducir "datos personales, imágenes o información del ámbito privado" que lo afecten.Pizzi, que lideró la investigación en LA NACION sobre los negocios de la AFA, participó el miércoles pasado de un foro en la ciudad de Miami en el que se discutieron las causas vinculadas a la administración del fútbol argentino, en coincidencia con la celebración de la Copa del Mundo en Norteamérica. Del panel participaron el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con la conducción de Claudio Chiqui Tapia, y el representante de la AFA en Estados Unidos, Tomás Regalado. En ese evento se dio una situación sorprendente cuando le tocó subir al atril a Regalado. Después de una breve introducción, pidió que dejaran hablar en su lugar al abogado argentino Mariano Lizardo, de fuertes vínculos con la AFA. Este tomó la palabra y advirtió a los participantes: "Parte de los oradores están hablando acá y no en la Argentina porque están incumpliendo una medida judicial. No pueden hablar en la República Argentina porque tienen una medida cautelar en su contra. Han traído a la ciudad de Miami lo que no pueden hacer en la Argentina, que es hacer este tipo de exposiciones", advirtió.Pizzi había disertado durante 14 minutos en el foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) en un hotel de Miami. Explicó la investigación periodística a partir de la cual se identificaron 10 sociedades en Estados Unidos para mover al menos 57 millones de dólares de manera irregular. Enumeró los expedientes abiertos a partir de esa información, entre ellos el de la mansión en Pilar atribuida a Toviggino, y habló sobre la "inacción de la Justicia argentina" y la complicidad de ciertos magistrados que frenan causas o anulan pruebas clave. Aludió también a la estrategia de "persecución y silenciamiento" contra periodistas que difundieron pruebas clave sobre el patrimonio de los dirigentes. El abogado Lizardo le respondió sin nombrarlo cuando irrumpió en el escenario: "Escuché en esta sala que se ha denostado a la Justicia argentina. Se ha hablado de causas pesadas, de tráfico de influencias. No hay una sola causa en la que eso haya sido denunciado. Denostar y hacer una generalidad de lo que es la justicia argentina por una causa que tiene un fin particular me parece que es denostar la institucionalidad que tiene el poder judicial en la Argentina". Multas de $1 millónHoras después de este episodio, Dalbón se presentó ante el juez Saettone a reclamar sanciones. Pidió que se intime de manera formal a los aludidos en la medida cautelar, bajo apercibimiento de adoptar medidas más severas. Exigió, además, que se notifique a Pizzi personalmente de las restricciones a través de Migraciones cuando regrese al país. Y que se lo castigue con "1 millón de pesos por cada incumplimiento".Además de Pizzi hace extensiva la denuncia al también periodista Luis Gasulla y al dirigente Matías Yofe (de la Coalición Cívica), que participaron de manera remota del evento en Miami. "Ellos continuaron efectuando manifestaciones públicas referidas a mi persona, a Claudio Fabián Tapia, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los hechos objeto de las presentes actuaciones", escribió Dalbón.Se quejó también de que los aludidos expresaran opiniones sobre la actuación de los jueces que siguen las causas de la AFA: "Las manifestaciones efectuadas exceden el mero incumplimiento de la medida cautelar, alcanzando incluso descalificaciones públicas dirigidas contra la administración de justicia y contra los magistrados intervinientes, procurando desacreditar la legitimidad e imparcialidad de las decisiones adoptadas en la presente causa".Dalbón insistió en que, al participar del evento en Miami, "los denunciados aprovecharon dicho ámbito internacional para continuar efectuando manifestaciones dirigidas contra Claudio Fabián Tapia, el suscripto y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)". Es curiosa la acusación: el defensor de Toviggino pretende que el bozal informativo que obtuvo, vinculado a cuestiones privadas y familiares, se extienda a cualquier mención sobre las actividades de la AFA que están bajo la lupa judicial. Acusa a Pizzi de violar la pretendida restricción por haber descripto el material probatorio incluido en el expediente sobre el interior de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. "Lejos de limitarse a informar la existencia de esas fotografías, el expositor las utiliza como supuesto sustento de las imputaciones que formula públicamente, presentándolas como elementos demostrativos de sus afirmaciones y procurando influir sobre la opinión pública respecto de hechos que aún son objeto de investigación judicial".Se queja, además, de que Pizzi hubiera dicho que el periodismo "avanzó mucho más que la Justicia" en las investigaciones sobre la conducción del fútbol. Y consideró "grave" que el periodista denunciara la intención de silenciar a la prensa con la decisión que tomó Gaettone. "Tales expresiones radica en que evidencian el acabado conocimiento que el propio expositor posee respecto de las medidas cautelares dictadas en estas actuaciones. Sin embargo, lejos de adecuar su conducta a las obligaciones que de ellas derivan, decidió continuar desarrollando exactamente aquellas conductas cuya reiteración fue expresamente prohibida".Quién es el juez SaettoneWalter Federico Saettone, juez de Garantías de Pilar, tiene un perfil público que incluye elogios a Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.Su accionar había llamado la atención en el verano cuando autorizó un allanamiento a Matías Yofe, un dirigente de la Coalición Cívica que con sus denuncias impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar atribuida a Toviggino.Aquel operativo se realizó en medio de una causa por "extorsión". Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.En mayo emitió el fallo que ordena a una lista de personas abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar de Tapia. La medida alcanza a Pizzi, Gasulla, Federico Teijeiro, Bruno Yacono y Mariano Roa, al legislador porteño Facundo Del Gaiso, a Yofe y al empresario Leandro Camani.Saettone tiene 46 años y lleva más de una década en los tribunales. Fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que el gobernador era Daniel Scioli, versión Frente Para la Victoria.En su perfil de X dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense. "Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia", escribió al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.Pero no sólo expresó su admiración política; también opinó sobre las causas judiciales contra la expresidenta. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que "resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional", al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar. Es además un apasionado de la música, fan de los Rolling Stones y guitarrista amateur.Lejos de las redes sociales y de las canchas de fútbol, su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas "expresar su beneplácito por la realización y estreno de la película nacional documental 'El libro de los Jueces', dirigida por Matías Scarvaci".Saettone participó en dicha película, que se estrenó en mayo de 2023 en el cine Gaumont, según el documento legislativo. El film tiene al juez entre sus protagonistas. Una crítica periodística describió: "No parece un juez, sino un rockero".La película muestra a Saettone y a otro juez. Ambos "recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos".

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El Gobierno apura los trámites para cambiar a dos de los jueces de la Cámara Federal porteña, estratégico tribunal que debe decidir en las causas de corrupción, incluido el expediente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus bienes;el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que aparece mencionada Karina Milei, y la causa $LIBRA, contra Javier Milei.El nuevo decreto 467/2026, firmado el martes último por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, permite publicar en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos al tribunal por tres días y enviarlos al Senado. Antes se preveía un proceso de impugnación de la ciudadanía y de la sociedad civil, que llevaba 15 días, y luego repetirlo en el Senado. Ahora se hace una sola vez.El cambio en los plazos, explicaron fuentes oficiales, se relaciona con apurar estas designaciones y no con avanzar en completar la Corte Suprema de Justicia, donde permanecen dos vacantes. Alimentó esta especulación sobre el intento de cubrir los asientos vacíos en la Corte, la visita del juez Ricardo Lorenzetti alMilei, a quien le propuso designar allí al camarista Mariano Borinsky y a la jueza Karina Perilli. Lorenzetti no llevó esta vez la carpeta del juez Ariel Lijo como postulante, como hizo el año pasado, lo que provocó algún malestar en el magistrado, dijeron dos fuentes de los tribunales. Lijo no abandona la idea de coronar su carrera en la Corte o en la Procuración General de la Nación. "Tiene una segunda chance", dijeron funcionarios del Gobierno. Pero el interés inmediato del Poder Ejecutivo está en la Cámara Federal. Por eso, el Gobierno está en condiciones de mandar la semana que viene dos nombres de la terna de jueces aprobada por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.Ambos fueron trasladados hace diez años por el entonces presidente Mauricio Macri desde otros tribunales a la estratégica Cámara Federal. La Corte anuló esos traslados y ordenó concursar los cargos. Las dos ternas que fueron aprobadas para ocupar esos puestos incluyen en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo.Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola -allegado al ministro Mahiques- para un cargo y el propio Bertuzzi o la fiscal Incardona para la otra vocalía. Esta decisión corresponde al ministro de Justicia y al Presidente.Bertuzzi es un nombre de los tribunales de Comodoro Py, donde fue secretario desde que el edificio reconvertido a sede judicial está en pie, e Incardona cuenta con el apoyo del kirchnerismo, que la votó en el Consejo de la Magistratura, y el apoyo adicional del juez Lijo, quien ponderó sus antecedentes.El diseño de una nueva Cámara Federal se completa en los planes del Gobierno con la apertura de una tercera vacante, pues el juez Martín Irurzun cumple 75 años el 18 de julio, en un mes, y su pliego no fue elevado por el Poder Ejecutivo al Senado para una reválida de su acuerdo.El nuevo decreto, que acorta los tiempos, le da chance a Irurzun de que aún manden su pliego al Senado, pero por las dudas el camarista ya planteó un amparo en la justicia contra la limitación constitucional que lo obliga a jubilarse a los 75 años y da batalla. Los antecedentes no lo ayudan, pero el final está abierto.Expedientes sensiblesYa están en la Cámara Federal causas que preocupan al Gobierno y que un cambio le permitiría tener mas controladas: el caso ndis, en el que intervienen Irurzun y los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah. Y está en el tribunal la causa $LIBRA, donde intervienen Bruglia, Bertuzzi -los dos camaristas a renovar- y Mariano Llorens.Boico fue nombrado a instancias del kirchnerismo y Llorens tiene buen diálogo con el Gobierno. Cualquier cambio en los nombres modificará el equilibrio en el tribunal, que quedará conformado según el diseño del la administración libertaria.El interés del Gobierno por la integración de la Cámara Federal se entiende, además, porque allí aterrizará más temprano que tarde el caso de supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, inamovible para Milei hasta que la Justicia diga que cometió delitos. Es el tribunal que debería revisar su eventual procesamiento. Aún no fue sorteada la sala que interviene en la causa. Si bien en la Casa Rosada albergan la idea de que en el caso Adorni no se llegará a una citación para prestar declaración indagatoria, en los tribunales creen todo lo contrario. El juez Lijo regresó el fin de semana de París, Adonde viajó con una comitiva oficial acompañando al ministro Mahiques, junto con su colega Sebastián Casanello. Fueron con Tomás Rodríguez Ponte, titular de la oficina de la Corte dedicada a los peritajes de causas complejas.Integrantes de la comitiva uran que no hubo ni un café, ni copa de vino, a solas, a orillas del Sena, entre Lijo y Mahiques para hablar del caso Adorni. Ambos se conocen hace 20 años: el ministro fue secretario en el juzgado de Lijo, pero los viajeros consultados insisten en que el viaje fue protocolar.Hubo reuniones con autoridades entrantes y salientes del GAFI y el organismo antilavado ponderó la presencia de los funcionarios judiciales. Mahiques expuso ante el pleno y se reunió con el procurador antiterrorismo, la Escuela de la Magistratura y la ministra de Género y Discriminación. Pero nada de charlas informales relativas a Adorni, afirmó uno de los viajeros.Al margen de la Cámara Federal, el Gobierno está interesado, además, en apurar la cobertura de las vacantes para la mitad de los tribunales orales federales de Comodoro Py, los juzgados federales de Santa Fe, Corrientes y La Plata.Uno de los juzgados en condiciones de ser cubierto ahora mismo es el N°10 del fuero penal económico, donde tramita la causa en la que se investiga a los verdaderos dueños de la quinta de Pilar, supuestamente en manos de testaferros del tesorero de la AFA Pablo Toviggino. El juez que finalmente maneje esa causa se hará cargo de todas las que involucran a la AFA, incluida aquella en la que se denunció a la organización por administración fraudulenta. Los candidatos a ese juzgado propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo son Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, secretaria de una fiscalía federal, y Matías Alejandro Latino. Pero para evitar suspicacias y que nadie diga que Mahiques busca favorecer a la AFA o que está colocando un juez a dedo para solucionar los problemas de Claudio "Chiqui" Tapia, el ministro resolvió que no enviará por ahora ningún nombre al Senado y dejará en el juzgado a la subrogante Verónica Straccia, que se hizo cargo del expediente, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.Las designaciones de nuevos jueces que propuso el Gobierno avanzan en el Senado y el 30 de junio, por ejemplo, está prevista la audiencia pública que debe pasar Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo, titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).Su pliego fue apoyado por Lijo y fue enviado para ocupar un juzgado federal de Lomas de Zamora, estratégico para la seguridad nacional, el contrabando y el narcotráfico por su jurisdicción sobre el aeropuerto de Ezeiza. En el Consejo de la Magistratura, presidido por el titular de la Corte, Horacio Rosatti, se aprobaron en el plenario del 15 de abril 17 ternas para otros tantos juzgados, y en el plenario del 10 de junio se aprobaron 15 ternas para otras tantas vacantes. Los jueces están exultantes porque avanzan las designaciones. Son 32 vacantes cubiertas en este 2026.En ese organismo están interesados en avanzar ahora con la cobertura de las vacantes, porque, entre otras razones, se renuevan en noviembre buena parte de sus integrantes.El estamento que primereó es el de los consejeros académicos que designó a Diego Molea, histórico rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que ya fue consejero. El segundo representante académico se lo disputan el peronista Juan Manuel Olmos, uno de los influyentes en la justicia porteña, y el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y otro polo de la gestión judicial.Entre los jueces por la lista Bordó, Diego Barroetaveña busca su reelección y le pidió a la Justicia contencioso administrativa un fallo que deje fuera de dudas su habilitación; y, entre los abogados, el otro operador de la justicia local y federal, Daniel Angelici, busca colocar a dos consejeros.RenovaciónLas fuerzas en el Consejo de la Magistratura cambiarán a fin de año, y el Gobierno consolidará su presencia con consejeros propios y aliados, con los cuales negociará, y tendrá mas fuerza para la remoción y designación de jueces. Además, el gobierno de Milei busca completar en Comodoro Py la implementación del sistema acusatorio que ya puso en marcha en la mayoría de las provincias el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.Por eso, Mahiques convocará este martes a una comisión de reforma del Código Procesal Penal Federal, para avanzar en los cambios que piden los jueces y fiscales federales y que frenaron la llegada del sistema acusatorio al corazón de la justicia federal.Entre los cambios, los fiscales quieren que se puedan hacer acuerdos con imputados que sean funcionarios públicos perseguidos por hechos de corrupción, lo que ahora está prohibido. Quieren facilitar las investigaciones de delitos complejos, más propias de Comodoro Py que de juzgados federales del interior, y pretenden dejar en claro que los auxiliares fiscales puedan participar de las audiencias.Los jueces, por el contrario, no quieren perder el control de las causas y en algunas jurisdicciones se llega al extremo de que, a pesar de que las audiencias son todas públicas, el magistrado les hace adelantar por escrito a los fiscales lo que van a decir. Un asunto que no está zanjado y que va a generar debate. El fondo del problema es que la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py no quieren ceder el control de los expedientes a los fiscales y ser ellos quienes mantengan el poder. Cualquier negociación, aun de la disposición de la acción penal, quieren que pase por ellos.Así, en tres meses, desde la llegada de Mahiques como ministro de Justicia, se precipitaron los cambios en el diseño del Poder Judicial, un área en la que el gobierno de La Libertad Avanza hasta ahora no había podido hacer pie.

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