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AySA aplicará cortes y restricciones de servicio a quienes no paguen el agua: unos 700.000 usuarios, en la mira
La empresa estatal de agua tiene actualmente un 16% de sus usuarios con moras en el pago del servicio. Mientras el Gobierno avanza con la privatización parcial de AySA y pese a que prevé cerrar el año con superávit, anunció cortes a quienes adeuden facturas.
AySA empezará a cortarle el servicio a los usuarios con deudas
Los usuarios que adeuden dos boletas del servicio van a ser considerados morosos. Las diferencias entre domicilios residenciales, comercios e industrias.
Aysa: la tarifa de agua aumentará 3% en el AMBA en diciembre
La factura del agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentó todos los meses desde junio. Diciembre no será la excepción. Tal como confirmaron representantes de Aysa, el último incremento del año será del 3% e impactará de distinto modo según el nivel de ingreso de los hogares.Si bien la boleta promedio rondará los $22.071 para el servicio de agua y cloaca, la mayoría de los hogares con niveles de ingresos altos afrontarán un pago cercano a los $26.017, los de ingresos medio, $23.627, y los de ingresos bajos, $18.985.El escenario cambia para los casos en los que no se cuenta con cloacas. Por únicamente el acceso al agua, un hogar de ingresos bajos debería abonar, en promedio, $7.238; uno de ingresos medios, $13.611; pero los de ingresos altos tendrían la factura más cara: $41.562. En la compañía explicaron que el motivo que hace que estos últimos paguen una cifra más elevada es que se trata de viviendas en barrios privados en Pilar, Ezeiza y Escobar que demandan muchos metros cúbicos.De este modo, la factura del agua en el AMBA cerrará el año con un aumento del 317%, según explicaron sus representantes. Es decir, su precio se cuadruplicó. El mayor aumento se registró en abril, cuando la tarifa subió 209%. De ahí en adelante, los incrementos fueron mensuales y en dosis más bajas.La corrección en las tarifas, la reducción de la planta de empleados y el desprendimiento de obras públicas hídricas fueron factores que impulsó la gestión libertaria al frente de Aysa, cuyo presidente es Alejo Maxit, con el objetivo de privatizar la empresa cuyo 90% de acciones está en manos del Estado.Los números que la empresa le hace llegar al Gobierno indican que podría terminar el año con un superávit operativo de entre $66.000 millones y $96.000 millones, que contrastan con el déficit de $278.000 millones del año pasado, según cifras oficiales. Estas cifras son las que el oficialismo exhibe para seducir al mercado, mostrarla como un negocio rentable y apuntalarla rumbo a su privatización.La contracara del dinero que se paga a fin de mes por el consumo de agua es el crecimiento de los ingresos de Aysa. Un gráfico en manos de funcionarios del Gobierno refleja que los fondos que absorbió se incrementaron un 78% hasta el tercer trimestre. Junio fue el mes de quiebre.Entre enero y mayo, por el servicio de agua, Aysa perdió $59.700 millones. En junio la empresa comenzó tener números verdes, tendencia que se repitió en los meses subsiguientes. A partir de ahí acumuló un superávit operativo de $60.700 millones. Es decir, compensó la pérdida de la primera mitad del año y se quedó con $1000 millones a favor. A esa cifra, las autoridades de la compañía le suman unos $30.000 millones de "cuentas incobrables" para llegar al número de superávit de $31.000 millones. ¿Quiénes son esos "incobrables"? Deudores que no pagaron.Las previsiones de Aysa para el último trimestre del año son positivas. Proyectan ingresos por $65.000 millones. De este modo, si se sumaran a los $1000 millones, totalizaría un ejercicio superavitario por $66.000 millones en 2024. Y si a esta cifra se le agregaran las deudas de "cuentas incobrables", su superávit ascendería a $96.000 millones.El directorio de la empresa ya aprobó el plan de incorporación de capital privado. De hecho, estiman concretar la venta durante el primer semestre del año que viene. En los planes de la compañía existen dos posibilidades para pasar a manos privadas. Una de ellas es volcar las acciones a la Bolsa. Esta es la opción que más seduce al Gobierno. Y la segunda es presentar una licitación y quien realice la mejor oferta se convertiría en su nuevo accionista mayoritario.
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El agua vuelve a aumentar en diciembre y el Gobierno busca la privatización de AySA
En lo que va del año, las tarifas de agua se multiplicaron por cuatro.A diferencia de lo que sucedió con la luz y el gas, el ajuste atado a la inflación y los salarios se mantuvo mes a mes.
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Aysa aprobó su plan de incorporación de capital privado
En silencio, pero firme, el Gobierno dio un paso clave para una de las privatizaciones más grandes que puede hacer. Se trata de Aysa, la quinta empresa pública cuya operación más pérdidas ocasionó durante el primer semestre de este año, según datos del Ministerio de Economía. La compañía aprobó su plan de incorporación de capital privado. A través de él, la actual gestión planea desprenderse de la mayor porción posible del 90% de acciones que posee el Estado (el 10% restante es propiedad de los trabajadores) y ya activó el operativo para exhibir que su operación puede significar un negocio rentable.La aprobación del plan de incorporación de capital privado es la instancia formal dentro de Aysa para iniciar el proceso de reestructuración societaria. En otras palabras, sus autoridades firmaron un acta que abrió la puerta hacia el camino de la privatización. ¿Por qué recién ahora, 10 meses después de la llegada al poder de Javier Milei? Todo el trabajo previo, explicaron fuentes oficiales, se concentró en ordenar a la empresa bajo la premisa del equilibrio fiscal. Los números que la empresa le hace llegar al Gobierno indican que podría terminar el año con un superávit operativo de entre $66.000 millones y $96.000 millones, que contrastan con el déficit de $278.000 millones del año pasado.En línea con la metáfora sobre el camino de Aysa hacia la privatización, el GPS de sus autoridades muestra dos posibles rutas, ambas con un mismo horario de llegada: "primer semestre del año que viene", según informaron en uno de los despachos del Gobierno. Lanzar las acciones a la Bolsa es la opción que más seduce a quienes deben tomar esa decisión. Tal cual describieron, la idea plantea impulsar una oferta local e internacional bajo las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores y normativa extranjera. Sobre este último punto hacen especial hincapié, dado los posibles interesados europeos y latinoamericanos con los que la empresa cuenta.La estrategia de la venta de acciones incluye varias jugadas, aunque todas parten desde la idea de desprenderse de la mayor cantidad posible de ellas. Una de las alternativas es ofrecerlas, esperar la reacción del mercado y que el mayor comprador se quede con el control de la compañía. Otro escenario también contempla la venta de un "paquete de acciones especiales" (más costosas), que contemplen para su adquirente la facultad de designar directores, entre otros beneficios.La segunda alternativa de privatización propone publicar una licitación que ponga a la venta un porcentaje de acciones aún no definido, pero que le brinde al comprador el control de Aysa. Esta posibilidad corre con desventaja dado que, según entienden en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, un proceso de ventas de acciones a través de la CNV sin la intervención del Poder Ejecutivo podría imprimirle mayor transparencia a la decisión.Los detalles y características de cualquiera de estos dos posibles procesos de privatización dependerán del "Marco Regulatorio y Contrato de Concesión 2025â?³, que el presidente de Aysa, Alejo Maxit, trabaja en conjunto con la unidad ejecutora que dirige Chaher. En paralelo, ambos funcionarios comparten esfuerzos en el ordenamiento de la empresa y su exhibición como un negocio rentable.Según los informes del Ministerio de Economía, detrás de Enarsa, que es la empresa pública energética que canaliza las importaciones de gas, después de Aerolíneas Argentinas, de Trenes Argentinos y del Correo Argentino, se ubica Aysa en el ránking de las que más pérdidas ocasionaron en el primer semestre del año, con $70.703,5 millones en rojo. Sin embargo, en la empresa aseguran que esa tendencia cambió y que hasta septiembre acumuló un superávit operativo de $31.000 millones, como consecuencia del ajuste de sus cuentas y de los mayores ingresos absorbidos por la tarifa del agua que pagan los usuarios. En lo que va del año, la boleta acumuló un aumento del 285%.La contracara del dinero que se paga a fin de mes por el consumo de agua es el crecimiento de los ingresos de Aysa. Un gráfico en manos de funcionarios del Gobierno muestra que los fondos que absorbió se incrementaron un 78% hasta el tercer trimestre. Junio fue el mes de quiebre.Entre enero y mayo, por el servicio de agua, Aysa perdió $59,7 mil millones. En junio la empresa comenzó tener números verdes, tendencia que se repitió en los meses subsiguientes. A partir de ahí acumuló un superávit operativo de $60,7 mil millones. Es decir, superó la pérdida de la primera mitad del año por $1000 millones. A esa cifra, las autoridades de la compañía le suman unos $30.000 millones de "cuentas incobrables" para llegar al número de superávit de $31.000 millones. ¿Quiénes son esos "incobrables"? Deudores que no pagaron.Las previsiones de Aysa para el último trimestre del año son positivas. Proyectan ingresos por $65 mil millones entre octubre y diciembre. De este modo, si se sumaran a los $1000 millones, totalizaría un ejercicio superavitario por $66 mil millones en 2024. Y si a esta cifra se le agregaran las deudas de "cuentas incobrables", su superávit ascendería a $96 mil millones.Más allá del dinero, fundamental para cualquier tipo de negocio, el Gobierno también expone que cualquiera que adquiera Aysa se hará cargo de una empresa sin empleados ni obra pública que responda a intereses políticos. De hecho, la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que funcionaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete a cargo de Nicolás Posse, elaboró un documento en el que escribió: "AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real".Según datos del Indec, entre diciembre y agosto la empresa desvinculó a 1316 personas. Pasó de tener una dotación de 7790 empleados a una de 6474. La gran mayoría de las bajas, unas 1200, adhirieron al plan de retiros voluntarios. Esto demandó un gasto de $44,9 mil millones, de acuerdo al informe que la Jefatura de Gabinete presentó al Congreso.Otro dato que cualquier interesado en adquirir Aysa debe tener en cuenta son sus inversiones. Esto forma parte de "la caja negra" de cualquier empresa. Es decir, la información interna. En este punto, se destaca la obra pública. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía figura como "área sustantiva" de 1464 obras. La gran mayoría de ellas son pequeñas, pero hay cinco catalogadas como "grandes obras". Este quinteto tiene $123.723 millones de pagos pendientes para cubrir el 100% del financiamiento de sus contratos, de acuerdo al Mapa de Inversiones citado. Las obras se ubican en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes.De acuerdo al plan de Aysa, la empresa se va a desprender de 83 obras de expansión, que son consideradas "grandes". Contempla transferirlas a la Secretaría de Obras Públicas, municipios o a la provincia de Buenos Aires.
Aysa: las tarifas de agua en el AMBA suben 4% desde noviembre
A partir del viernes, las tarifas de Aysa aumentarán 4% y la factura promedio sin impuestos pasará de $20.582 a $21.410. Si se agregan los impuestos, la boleta promedio mensual superará los $25.900. En el año, las tarifas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron 305%.Los cuadros tarifarios de Aysa, la empresa estatal que el Gobierno busca privatizar, se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta los índices de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC). El objetivo inicial del Gobierno era aplicar fórmulas automáticas de actualización también para las tarifas de gas y electricidad, pero pese a que se habían publicado las resoluciones con los detalles, nunca se llegaron a aplicar y las subas fueron discrecionales, teniendo en cuenta la evolución de la inflación. En el caso de Aysa, la fórmula de ajuste nunca se discontinuó.La empresa estatal mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios. De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $24.262 a $25.238; para la zona media (996.718 usuarios), de $22.034 a $22.920; y para la zona baja (1,2 millones), de $17.705 a $18.417.Los incrementos van a empezar a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de diciembre. Los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio. En lo que se refiere a tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%. Esto alcanza a 1,8 millones de usuarios y no es necesario realizar ninguna gestión para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).Analizan subas en gas y luzEn el Ministerio de Economía todavía están analizando los próximos aumentos de gas y electricidad, que se aplicarán a partir del próximo mes. En octubre, el equipo económico tomó la decisión de reducir 5% la tarifa de gas y aumentar 3% la electricidad, lo cual llamó la atención en el sector energético, ya que ambos servicios todavía siguen recibiendo subsidios.En gas, pese a los aumentos de tarifas de este año, todos los usuarios residenciales, hogares e industrias siguen recibiendo subsidios. Las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos (N1) pagarán el 64% del valor del gas; los de ingresos bajos (N2), el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía.Temerosos por los posibles cortes de luz en el verano, el Gobierno decidió en octubre seguir ajustando las tarifas para que cada mes cubran un porcentaje mayor del costo de generación eléctrica.En concreto, industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras los usuarios residenciales N2, el 26%, y los N3, el 41% por el consumo bonificado (y 93% sobre el excedente).A las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro asimilables, que en total suman 5000 usuarios, se les aplicarán las bonificaciones al precio de gas y de la electricidad correspondientes a los usuarios residenciales de ingresos bajos para el total del volumen consumido.
AySA, agua para un solo molino
Como parte del plan motosierra, el gobierno sigue pasando revista al uso de los recursos del Estado. El listado de compañías cuya privatización se evalúa incluye ocho empresas: una de ellas es Agua y Saneamiento Argentinos (AySA). El vocero presidencial Manuel Adorni denunció gastos innecesarios por 4800 millones de dólares durante la gestión anterior de dicha empresa.Una irregular compra de vehículos oficiales, realizada en septiembre del año pasado, había sido denunciada entonces por Juntos por el Cambio. Adorni confirmó que se trató de 613 camionetas Renault Kangoo a 42.000 dólares cada una, el triple de su valor real a la fecha de adquisición. Apenas una punta del agua congelada.En noviembre 2023, la Coalición Cívica denunció a Malena Galmarini, presidenta del directorio de AySA (2019-2023) y esposa del exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa, por irregularidades contractuales en favor de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor SA y amigo de su familia, a quien le aseguraron millonarios ingresos designándolo proveedor hasta 2028. Fue acusada por ello de fraude a la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Ella simplemente rechazó las acusaciones, una vez más, denunciando intereses con "fines electoralistas".Adorni informó que de los más de 200 millones de dólares destinados a obras, un cuarto correspondió a los distritos de Tigre y Malvinas argentinas, drenando fondos para construcciones políticas propias. El financiamiento de actividades deportivas y sociales como el Triatlon IronMan y el Challenger de Tigre también priorizó a municipios afines. Malena Galmarini jugaba con agua, también en el vistoso Carnaval de San Fernando que junto a otros eventos habrían concentrado entre 2022 y 2023 más "gastos innecesarios" por 1,3 millones de dólares.Respecto de la compra de un edificio en la calle Tucumán que involucró casi 32 millones de dólares, el vocero destacó que se contrataron reparaciones por encima de los 9 millones de dólares, pero que la obra nunca se terminó.La extitular de AySA no pierde oportunidad de criticar al actual Presidente. "Yo siempre dije que Olivos te encierra, por eso nunca viviría ahí", afirmó quien seguramente soñó con una estadía en la quinta que las urnas le negaron, según ella, "por las trampas del balotaje". No olvidemos el "plan platita" y tantas otras medidas que su proactivo marido llevó adelante -y cuyas consecuencias aún pagamos todos- para catapultarse al poder; empecinado en convencernos de que era "el tipo que necesita la Argentina", en palabras de su compañera de vida y de fechorías. Lejos de llamarse a silencio y presta para retomar protagonismo, luego del golpe electoral se mostró dispuesta a discutir liderazgos, siendo incluso capaz de reconocer que "la gente se hinchó las pelotas del peronismo". Para picar en punta, no se privó tampoco de destacar que su marido sacó dos puntos más que Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.Los fuertes lazos que unen a la familia Massa-Galmarini llevaron a Sebastián, hermano de Malena y director del Banco Provincia de Buenos Aires, a atacar al vocero que sinceró que AySA "funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno". En su descargo describió que se trataría de un "cinismo psiquiátrico", de "colifas", pues "algunas (denuncias) ya fueron realizadas y cerradas por inexistencia de delito". Adorni, por su parte, dejó abierta la puerta: "Todo lo que ocurre con la presunción de corrupción o del mal uso de los fondos públicos que tenga los elementos para judicializarlo, se judicializa".No terminarán acá las sorpresas al sumergirse en las entrañas de un Estado engordado y destripado por años de malas políticas. Funcionarios y exfuncionarios de dudosa calaña que aún conservan peso e influencia pretenden seguir llevando agua para sus molinos. Bienvenidos los esfuerzos por transparentar lo actuado y castigar a todos los que aún pretenden seguir comiendo del bolsillo de los argentinos. Que el mandato ciudadano se cumpla para que la Justicia haga su trabajo y condene ejemplarmente a quienes corresponda.
Aumentan 4% las tarifas de agua de AySA en noviembre: cuánto se pagará en promedio
Por un índice de actualización mensual, en el año las boletas ya subieron cerca de 280.Las subas desde el 1 de noviembre afectan a más de 2 millones de hogares.
El Gobierno denunció "gastos innecesarios" en AySA: "Funcionó como una plataforma de campaña"
El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que la compañía estatal brindó sponsors a eventos deportivos y sociales, además de adquirir inmuebles y vehículos durante la pandemia. Leer más
El Gobierno dijo que avanzará con la privatización de Corredores Viales y AySA: "Fue una plataforma de campaña"
En el marco del plan oficial de reestructuración y achicamiento del Estado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el Gobierno avanzará con la privatización de las empresas Corredores Viales y de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). "El ministerio de Economía, a través de la secretaría de Transporte, publicó el proceso de licitación de los tramos concesionados de rutas nacionales de caminos que eran de Corredores Viales. Eran operadas de forma deficitaria e implicaban una perdida de dinero del presupuesto que se financia de los contribuyentes. El resultado está a la vista en cómo están las rutas", precisó.Y resaltó: "Esto rompe con una participación monopólica y se habilita la participación de cualquier empresa que cumpla con los requerimientos. De esta forma, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos sin la intervención de la Ley de Obra Pública".Respecto de la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense, Adorni aseguró que tuvo "gastos innecesarios de 4800 millones de dólares". "No brindaban calidad en el servicio y fue una plataforma de campaña para los funcionarios de turno. Tuvieron un presupuesto de 200 millones de dólares en obras y el 25% se asignaron a Tigre y a Malvinas Argentinas... Saquen sus propias conclusiones", cuestionó e hizo referencia a que se le otorgaban mayores recursos a los municipios alineados políticamente con su entonces presidenta, Malena Galmarini, la esposa del excandidato presidencial, Sergio Massa."En total se gastaron 1300 millones de dólares en sponsoreo de AySA en distintos eventos. Tampoco se ahorró en la compra de inmuebles y vehículos: en la pandemia adquirieron un edificio por 31.600.000 de dólares en la calle Tucumán y las reparaciones estaban valuadas en 9 millones de dólares. Lo más raro es que la obra nunca se finalizó", detalló. Y marcó: "Eso es parte de la Argentina del pasado, ese es el país que los argentinos dejaron atrás con su voto en noviembre del año pasado".En otro tramo de la conferencia, el vocero presidencial se pronunció sobre la puja entre el Gobierno y las casas de altos estudios por el veto al financiamiento universitario. En materia de sueldos de docentes y no docentes, Adorni aclaró: "El número refleja lo que pasó en la Argentina. El populismo termina saliendo caro. Y no le pasa solo a los docentes. A los jubilados y trabajadores que se compara con el resto del mundo en materia de salarios, están por debajo de lo que cobra en un país en el que el populismo no arrasó como acá". Fuera de aquella discusión, el funcionario dijo que los reclamos por recursos en las universidades son "genuinos"."Hoy escuché que decían que había que darle más recursos a determinado sector sin perjudicar a otro. Si creyeron que eso podía darse, es ciencia ficción. No hay forma de un equilibrio presupuestario aumentar una partida sin reducir otra. Es una discusión genuina que debe darse en el marco del Congreso, dentro del presupuesto 2025. La discusión está terminada. Se buscará siempre la mayor transparencia para todos. Si está en discusión que el recurso del contribuyente se pueda explicar y mostrar, es sentido común". Hizo además una breve mención a las auditorías que el Ejecutivo tiene planeado llevar adelante en las universidades públicas: "Se verá la manera más transparente de que las auditorías tengan el objetivo de transparencia, pero es algo de segundo orden. Estamos comprendiendo que todo peso que sale del bolsillo tenga partidas de transparencia. Es parte del costo que nos hace pagar el populismo. En una Argentina mejor eso se va a corregir".Por último, se refirió a las tomas de universidades e incidentes que se produjeron durante las últimas horas del lunes: "Para nosotros las tomas son temas internos de cada facultad. Ayer con mucha pena estaba en un programa y vi agresiones y peleas en diferentes universidades, estudiantes agredidos de todos los colores políticos. Me dio mucha pena, en un lugar que tiene que ser de estudio, de los mejores. Ver esas imágenes causa escozor y pena. La mayoría de los alumnos quieren tener clases y estudiar y eso está ocurriendo. La ley de educación superior especifica que dentro de las universidades no pueden ingresar fuerzas de seguridad que no hayan sido solicitadas por la justicia o por autoridades de las universidades. El conflicto en las facultades también hay que entender esto y que la responsabilidad es de cada uno de los rectores. Tema terminado. Cada facultad debe ver cómo resuelven con estos grupos de chicos, estudiantes, que garanticen tener clases en paz".
El Gobierno acelera para privatizar AySA, que tuvo pérdidas de $70.000 millones en lo que va del año
Después de una semana en la que el Gobierno decretó "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas, anunció la reestructuración de "la fábrica de billetes" Casa de Moneda y avanzó en el cierre de una de las filiales del holding ferroviario estatal, Trenes Argentinos Capital Humano, en el calendario del Poder Ejecutivo asoma un nuevo paso: privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en marzo de 2025. Según describieron fuentes oficiales, la idea que sobrevuela los despachos públicos propone que el Estado se desprenda al menos de alguna porción de las acciones que posee. El 90% del capital de la compañía corresponde al Gobierno nacional mientras que el 10% restante se encuentra en manos del personal de la empresa.La obra pública en los tiempos de Javier Milei: se demora un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de 4,5 millones de personasDe este modo, las alternativas planteadas abren dos posibles caminos. Uno de ellos es seguir la senda de Impsa, que se encamina a ser la primera privatización de la era Milei. Esto implicaría que el Gobierno llame a licitación pública nacional e internacional para que los interesados en adquirir AySA realicen sus ofertas. La segunda opción, un tanto más innovadora, propone lanzar a la Bolsa a la compañía y que sea el mercado financiero el que fije el valor de las acciones de la compañía. Todo esta en evaluación, informaron desde el Gobierno, porque la empresa aún debe terminar el ordenamiento interno, pese a que el viento privatizador empieza a soplar cada vez con más fuerza.AySA no es una empresa pública más. Se trata de la quinta con el peor resultado operativo en lo que va del año, con pérdidas de $70 mil millones, y la que se colgó la medalla de bronce en 2023 en el podio de las que peor resultado financiero tuvieron con un déficit de $384 mil millones. Apenas comenzó la gestión de Milei, la por entonces gestión possista al frente de la extinta Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado elaboró un documento en el que escribió: "AySA fue un ejemplo en el que se crearon cargos y se tomaron empleados por cuestiones políticas o de militancia partidaria y no por una necesidad real". Desde el equipo de la extitular, Malena Galmarini, negaron que se haya nombrado personas con esos objetivos y recordaron que el exministro de Salud Mario Russo fue uno de los designados bajo la administración massistaLa persona que estaba a cargo de esa secretaría es Mauricio González Botto. Abandonó ese puesto, en su lugar subió Diego Chaher con otra estructura, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que depende del Ministerio de Economía. Lo llamativo es que el repliegue terminó con González Botto en el directorio de AySA. Por lo tanto, la idea de sanear para después privatizar persistió aunque ahora con más velocidad. En ese sentido, las cifras oficiales indican que la compañía desvinculó a 1314 personas de su plantel compuesto por 6474 trabajadores. Según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el costo de esa motosierra ascendió a $44,9 mil millones para el Estado.A propósito del denominado "trabajo sucio" para ordenar las cuentas internas, el resultado financiero de AySA en el primer semestre muestra un progreso comparado al del año pasado. Un informe del Ministerio de Economía explica que se observa una "leve mejora", ya que n la primera mitad de 2023 fue de $111.333,1 millones mientras que el de 2024 es un 9% más chico, $101.323,7 millones.Solo un detalle en esta historia: 2023 parece haber marcado un fuerte punto de inflexión en la compañía. Según números oficiales, el déficit financiero cerró en $384 mil millones luego de un 2022 en el que había sido de $100 mil millones. Es decir, estuvo cerca de cuadruplicarse. El informe del año pasado del Ministerio de Economía señaló que esta "importante desmejora interanual en el resultado financiero de la empresa se explica principalmente por el sustancial incremento de las inversiones devengadas (mayoritariamente obra pública a cargo de la empresa) y por el menor resultado operativo registrado en el período".La gestión libertaria tomó nota de eso y, en consecuencia, la motosierra trazó sus objetivos. Por un lado, la parálisis de la obra pública. Y por otro, la actualización del precio que las familias pagan a fin de mes por la boleta del agua. En lo que va del año, acumula un aumento superior al 200%.Un dato que cualquier interesado en adquirir Aysa debe tener en cuenta son sus inversiones. Esto forma parte de "la caja negra" de cualquier empresa. Es decir, la información interna. En este punto, se destaca la obra pública. Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía figura como "área sustantiva" de 1464 obras. La gran mayoría de ellas son pequeñas pero hay cinco catalogadas como "grandes obras".Este quinteto tiene $123.723 millones de pagos pendientes para cubrir el 100% del financiamiento de sus contratos, de acuerdo al Mapa de Inversiones citado. Las obras se ubican en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes. La más costosa es la catalogada Emisario Berazategui, $50,3 mil millones y, si no se demorara, finalizaría en 2026.Por el contrario, una que ya debió haber finalizado según la fecha que tenía es la del sistema Riachuelo Lote 2, en Avellaneda. Estaba planeada para 2023. De respetarse las proyecciones iniciales de los contratos, este año concluirían las dos ubicadas en Quilmes. Sin embargo, sus últimos grados de avance informados ubican a una en un 61% de las tareas completadas y a otra en el orden del 49%. La "obra grande" restante, la planta depuradora Laferrere ubicada en La Matanza, concluiría labores en 2025.A diferencia del caso de Aerolíneas Argentinas, en el que el Congreso aún debe expedirse sobre el decreto del Gobierno que la declaró "sujeta a privatización", AySA ya posee el visto bueno del Poder Legislativo para poder ser privatizada u otorgada a concesión.El listado donde el Ejecutivo concentra sus esfuerzos privatizadores o de reestructuración, además de AySA y de Aerolíneas Argentinas, incluye a Impsa, Tandanor, Nucleoeléctrica, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos Operaciones, Corredores Viales, Casa de Moneda, Enarsa, Intercargo y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.Impsa está en licitación y Aerolíneas Argentinas aguarda su tratamiento en el Congreso. Casa de Moneda comenzará su reestructuración. Sobre Tandanor, fuentes oficiales indicaron que apuran trabajos para lanzarla a la Bolsa. Y vinculado a la estrategia de primero sanear para después privatizar, sobre las siete empresas restantes, seis acumulan resultados financieros positivos hasta el primer semestre. La única en negativo es AySA. Las otras ya estarían en condiciones de ser mostradas al mercado como compañías rentables aunque en el Gobierno guardan cautela porque aún resta terminar el año.
AySA cerrará todas las oficinas de atención al público en distritos clave del Sur del GBA
Las que quedan, están atendiendo turnos que tenían pendientes, pero no otorgan más.Todas las gestiones serán online o en el edificio central de Riobamba 750, en CABA.
AySA cierra sus sucursales en el GBA
En la zona Oeste, ya dieron de baja a siete locales, y por ahora funcionan con turno los de Ramos, Merlo y Morón.La empresa busca que todos los trámites sean online. Y analiza poner unidades móviles.