Es requerido por una corte de Georgia por trasiego de droga y asociación delictuosa
Narváez rechazó las críticas del MEF sobre la supuesta falta de transparencia de la empresa estatal y aseguró que su gestión logró reducir pérdidas de $1.030 millones a $750 millones
La Cámara Contencioso Administrativa declaró inadmisible una acción preventiva contra la Ley 11.087 ya que no existe, por el momento, un agravio concreto. El abogado Jorge Gentile apelará y anticipó que podría llegar al TSJ antes de la feria judicial. Leer más
El exfuncionario no ratificó la demanda de garantías
La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo previo y exigió que el Banco Central responda pedidos sobre los traslados de oro realizados en 2024. Leer más
El recurso presentado ante la Sala Constitucional de Lima traslada el enfrentamiento entre fiscales y legisladores al ámbito judicial
La acción es contra la Caja de Jubilaciones de Córdoba. La amparista es jubilada y pidió una cautelar para que no se modifique la situación previsional. El planteo llega horas antes de que el gobernador anuncie la reglamentación de la norma sancionada. Leer más
El Gobierno, en acuerdo con el kirchnerismo, avanzó de madrugada en la integración de los tres miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN) que corresponden a la Cámara de Diputados. La jugada detonó un conflicto político inmediato, pero también abrió una controversia jurídica de fondo: ¿podía el Congreso, durante las sesiones extraordinarias, avanzar con una decisión que no figuraba en el temario fijado por el Poder Ejecutivo?Desde Pro, el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, decidió judicializar el episodio. Presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del procedimiento y la nulidad absoluta de la resolución 7018-D-2025, que formalizó los nombramientos. El planteo trasladó la disputa del recinto a los tribunales y activó un debate que ahora se dirime entre constitucionalistas.La discusión no es menor. En términos generales, existen dos interpretaciones enfrentadas. Por un lado, quienes sostienen que durante el período de sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos expresamente incluidos en el decreto de convocatoria presidencial. Por otro, quienes entienden que esa restricción rige únicamente para la función legislativa -la sanción de leyes- y no alcanza a decisiones institucionales propias de cada Cámara, como la designación de autoridades en órganos de control.El amparo de Ritondo se apoya en la lectura más restrictiva. El escrito repasa lo ocurrido esa madrugada y enumera tres ejes centrales: la violación del temario de extraordinarias, ya que la designación de auditores no estaba incluida en la convocatoria; la irregularidad del procedimiento, al haberse introducido la moción sin debate previo ni tratamiento en Labor Parlamentaria; y el avasallamiento de los derechos de las minorías parlamentarias.Ese mismo argumento ya había sido esgrimido en el recinto. Desde su banca, cuestionó la legalidad del trámite y advirtió que en extraordinarias solo pueden tratarse cuestiones formales de la Cámara, como juras o la elección de autoridades, pero no temas ajenos al decreto presidencial.Entre los especialistas, las posiciones están lejos de ser unívocas. Para el constitucionalista Pablo Manili, el planteo de Pro "tiene algo de razón". Señaló que el funcionamiento del Congreso durante las extraordinarias es, por definición, "restrictivo" y que la integración de otro órgano constitucional como la AGN no forma parte del funcionamiento interno de la Cámara. En esa línea, entiende que se trata de una competencia que "excede las atribuciones habilitadas durante el receso parlamentario".En sentido contrario, Andrés Gil Domínguez sostuvo públicamente que la designación de auditores no implica el ejercicio de la función legislativa. Según su interpretación, no se trata de dictar normas generales ni de intervenir en el procedimiento de sanción de leyes, sino de una potestad institucional propia de cada Cámara, vinculada a la integración de un órgano de control previsto por la Constitución. Desde esa óptica, la decisión tendría naturaleza orgánica interna y no estaría alcanzada por las limitaciones del temario de extraordinarias.LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES GENERALESLa Auditoría General de la Nación es un órgano previsto por la Constitución que asiste técnicamente al Congreso, a efectos del ejercicio del control externo del sector público nacional, en sus aspectos patrimoniales, económicos,â?¦— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) December 21, 2025Una posición intermedia introduce otro elemento clave: el alcance del control judicial. Magalí Miranda, profesora de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Nacional de Córdoba, recordó que la designación de autoridades en los órganos de control ha sido considerada tradicionalmente como una materia, en principio, "exenta de revisión judicial". No obstante, advirtió que existen excepciones cuando se verifica una violación palmaria de derechos individuales. Como antecedente, citó el caso "Juez", en el que la Corte Suprema revisó la conformación de bloques en el Senado para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura, al considerar que se había frustrado la pluralidad representativa. Aun así, Miranda subrayó que la AGN necesita completar su integración y que esas designaciones deberían surgir "de un debate amplio y profundo, aunque sin dilaciones".Gustavo Arballo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa, coincidió en gran medida con la interpretación de Gil Domínguez. Destacó que no existe jurisprudencia consolidada sobre este punto, por lo que el planteo es "relativamente novedoso". A su juicio, la limitación constitucional que rige durante las extraordinarias debe entenderse referida a la actividad legislativa, "y no al ejercicio de potestades propias de cada Cámara". En ese marco, remarcó que la designación de representantes en la AGN se instrumenta mediante resoluciones internas y no a través de leyes.El debate se amplía aún más cuando se introduce la cuestión de la autoconvocatoria. Pedro Caminos, abogado y docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, plantea que aun durante el receso el Congreso conserva su función de control sobre el Poder Ejecutivo. Desde esa perspectiva, sostuvo que, aunque el Presidente fije un temario al convocar a extraordinarias, "el Parlamento puede incluir otros tópicos cuando están vinculados al control de los actos de gobierno". En ese esquema, la conformación de la AGN -un organismo constitucional de control- formaría parte de esas facultades.pic.twitter.com/tmSKIjlJzn— PRO Diputados (@prodiputados) December 18, 2025Sebastián Guidi, doctor en Derecho y especialista en derecho constitucional, se mostró más escéptico. No considera que la designación de auditores sea una condición necesaria para el funcionamiento parlamentario y advirtió sobre los riesgos de una interpretación amplia de la autoconvocatoria. Recordó que, si se aceptara esa lógica, el Congreso podría siempre eludir el temario presidencial autoconvocándose con agenda propia, algo que históricamente fue resistido por los gobiernos de turno. Citó como ejemplo la oposición del kirchnerismo cuando el Parlamento intentó autoconvocarse para sostener a Martín Redrado al frente del Banco Central, y anticipó que La Libertad Avanza probablemente adoptaría la misma postura si enfrentara un Congreso opositor en una situación similar.Con la designación ya consumada y la controversia abierta, el conflicto quedó planteado en términos institucionales. La Justicia tendrá ahora la última palabra sobre si la jugada fue una interpretación válida de las facultades parlamentarias o un exceso que vulneró las reglas de las sesiones extraordinarias.
El camporista Forlón, la libertaria Almada y la salteña Caletti ya están en funciones.El PRO fue a la Justicia para que se declaren nulas las designaciones.
Cristian Ritondo formalizó el conflicto político y judicial que había anticipado en el recinto. El jefe del bloque Pro en Diputados presentó el sábado una acción de amparo contra la Cámara baja para pedir la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del procedimiento mediante el cual se designó a tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Este lunes se conocerá qué juzgado tomará el caso.El planteo judicial es la consecuencia directa de la sesión maratónica que comenzó el miércoles y concluyó el jueves de madrugada, cuando una maniobra coordinada entre el oficialismo y el kirchnerismo dejó a Pro fuera del organismo de control externo más sensible del Estado.El episodio se desató cerca de las 3 de la mañana, en una sesión convocada originalmente para debatir el Presupuesto 2026, el proyecto de Inocencia Fiscal y la iniciativa para prohibir el déficit. Tras acompañar con sus votos los dos primeros proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo, el bloque Pro fue sorprendido por una moción introducida por el oficialismo -en acuerdo con Unión por la Patria- para designar como auditores a Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.La maniobra sepultó la aspiración de Pro de ubicar en la AGN a Jorge Triaca, exministro de Trabajo de Mauricio Macri, un lugar que el Gobierno les había prometido el año pasado â??cuando tenía menos de la mitad de los diputados actualesâ?? como parte del esquema de alianzas parlamentarias.Cuando se leyó la moción en el recinto, Ritondo reaccionó con dureza y apuntó directamente contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde su banca, cuestionó la legalidad del procedimiento: "¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no figura en el decreto? Solo se puede tratar una jura o la elección del presidente de la Cámara. Esto es inconstitucional".Con visible enojo, cerró su intervención con una advertencia política que marcó el quiebre del vínculo: "Que quede claro que la falta de códigos, de respeto y de compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara". Tras esas palabras, los bloques de Pro, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto para no convalidar lo que calificaron como un atropello institucional.Minutos después, el macrismo difundió un comunicado en el que denunció una "grave violación a la Constitución Nacional" y advirtió que las instituciones no pueden funcionar bajo la lógica de una "mayoría circunstancial". Buscó, en ese texto, despegar al presidente Javier Milei del episodio y focalizó las críticas en los negociadores parlamentarios. "Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo. Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles", señaló el texto, que también reprochó "mezquindades" que â??según advirtióâ?? entorpecen la agenda de cambios del Gobierno.pic.twitter.com/tmSKIjlJzn— PRO Diputados (@prodiputados) December 18, 2025La acción de amparo presentada por Ritondo repasa con detalle lo ocurrido esa madrugada y sostiene que la resolución 7018-D-2025, por la que se designaron a los tres auditores, es nula de nulidad absoluta. Entre los principales argumentos planteados ante la Justicia se destacan la violación del temario de sesiones extraordinarias â??ya que la designación de auditores no figuraba en el decreto de convocatoriaâ??; la irregularidad del procedimiento, al haberse presentado la moción sin debate previo y sin tratamiento en Labor Parlamentaria; y el avasallamiento de los derechos de las minorías parlamentarias.El escrito también subraya que los auditores ya se encontraban en el Congreso aguardando su llamado a las tres de la mañana, lo que â??según Ritondoâ?? evidencia la existencia de una decisión previamente acordada y ejecutada al margen de las reglas.En su presentación, el diputado citó testimonios de otros legisladores que cuestionaron el episodio. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, habló esa noche de un "reparto de cargos"; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunció "transacciones de una transversalidad y longitud inimaginables"; y Pablo Juliano, de Provincias Unidas, calificó lo ocurrido como "maniobras nocturnas" propias de la "vieja casta".El rol clave de la AGNLa urgencia del reclamo judicial se apoya en el peso institucional de la Auditoría General de la Nación, un organismo de rango constitucional encargado del control patrimonial, económico y financiero del sector público nacional. Sus integrantes auditan contrataciones, gastos y políticas de alta sensibilidad.Ritondo solicitó, además, una medida precautelar para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones y suspenda la incorporación de los nuevos auditores hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Ahora, será la Justicia la que deba determinar si la designación fue una maniobra parlamentaria dentro del juego político o si, como sostiene Pro, se violó el debido proceso legislativo durante la madrugada.
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En la Casa Rosada afirman que hay jurisprudencia que justificaría la elección de los tres auditores al asimilarla "a competencias que hacen al funcionamiento" de la Cámara de Diputados.Para este lunes está previsto el acto de asunción de Mónica Almada de LLA, Juan Ignacio Forlón por UxP y Pamela Calletti, referenciada en el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
La votación se realizó en Diputados el jueves en la madrugada, con votos del oficialismo y el peronismo.Cristian Ritondo denunció un acuerdo entre ambos bloques y lo consideraron inconstitucional.
Con la firma de Cristian Ritondo, el bloque de Diputados macrista busca anular los nombramientos a través de la Justicia. "Fue abiertamente inconstitucional", aseguraron
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En medio de la disputa del Gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó la presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) contra la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y trazó un paralelismo con la acción judicial que, según señaló, impulsó la AFA para impedir que los clubes elijan convertirse en sociedades anónimas tras el DNU 70/23. En ambos casos, sostuvo, se busca impedir la "opcionalidad" introducida por las reformas. A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Sturzenegger recordó que el mencionado decreto habilitó a los socios de los clubes de fútbol a decidir si querían adoptar la figura de sociedades anónimas, una posibilidad que â??según afirmóâ?? fue llevada a la Justicia por la AFA y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, para impedir que los socios puedan elegir. De acuerdo con el ministro, una situación "similar" ocurre actualmente en el sector vitivinícola con la acción de amparo presentada por la AVM ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós."Los números no cierran": frigoríficos exportadores adelantaron vacaciones y frenaron la faenaEl funcionario explicó que, dentro del proceso de desregulación del INV, una de las medidas adoptadas fue que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) pasara de ser obligatorio a opcional. Según detalló, el objetivo fue que los productores que lo consideren útil â??por ejemplo, para fines de trazabilidadâ?? puedan seguir utilizándolo, mientras que quienes no lo necesiten dejen de estar obligados a realizar el trámite. En ese marco, señaló que, antes del cambio normativo, el 45% de los productores que estaban obligados a presentar el CIU luego no lo utilizaban."Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón", ironizó en el comienzo de la publicación y continuó diciendo que en el caso del fútbol, "dirigencias más profesionales no permitirían los desmanejos que hoy se han hecho visibles en el fútbol argentino. Algo similar ocurre hoy con una presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza", continuó. Acto seguido recordó que recientemente desregularon fuertemente la actividad vitivinícola. "Atrás quedaron miles de restricciones, obligaciones, trámites absurdos, injerencias indebidas, oportunidades de coimasâ?¦ Podría seguir", retrucó. Sturzenegger cuestionó que una entidad del sector solicite judicialmente que el CIU vuelva a ser obligatorio y planteó dos posibles interpretaciones sobre los motivos de ese pedido. La primera, indicó, es que el CIU funcionaba como una herramienta que concentraba información relevante sobre el movimiento y la comercialización de la uva, lo que â??según expresóâ?? podría facilitar mecanismos de control del mercado. La segunda interpretación, agregó, es que la eliminación de la obligatoriedad del CIU dificulta el cobro de una tasa vinculada a entidades del sector, en referencia a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo mandato, afirmó, venció en 2020. Este medio se intentó comunicar con Coviar, pero aún no tuvo respuestas."Como buenos discípulos del Chiqui Tapia, la Asociación se presentó en el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós, para pedir que vuelva a ser obligatorio el CIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas. Igual, antes de abundar en eso, vale aclarar que muchas voces se han pronunciado a favor de la desregulación y la opcionalidad del CIU. Ni hablar del INV, que es el órgano rector de la industria y que es quien ha impulsado esta medida. Estoy seguro el juez llamará a estas voces y considerará su opinión", afirmó.Al apuntar a lo que definió como los intereses de fondo del planteo, utilizó una frase coloquial para referirse a los intereses que, según sostuvo, explican la presentación del amparo. "Vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Hay dos interpretaciones posibles (seguramente habrá otras) de por qué el pedido ante el juez Quirós. Una es que el CIU operaba como un mecanismo de control del mercado, ya que reunía información valiosa que permitía saber que uva se movía de un lugar a otro y sobre todo de qué uva entraba en el circuito de comercialización. Imaginen que en cualquier industria los actores seguramente querrían esa información, porque facilita el control y la cartelización del mercado. El valor del CIU emerge entonces como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas. Ese podría ser un motivo para querer mantenerlo", acotó. ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, noâ?¦ pic.twitter.com/dzQKctzR4y— Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 17, 2025Después continuó que una segunda posibilidad fue evidente cuando un productor le escribió y le dice: "'Pásame el escrito que presentó Zuccardi' en alusión a alguien identificado con la Coviar, una entidad cuyo mandato venció en 2020 y que sigue cobrando (ilegítimamente a mi entender) un impuesto privado a la industria. Resulta que, sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa. Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses siendo que tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad. Es paradójico porque es una industria que ha sufrido las vejaciones del Estado como ninguna otra". Además, recordó que en 1934 Agustín Pedro Justo prohibió la producción vitivinícola fuera de Cuyo. "El ejército entró en Entre Ríos, uno de los lugares más tradicionales de producción en aquella época, a romper las bodegas. Incluso pinchaban los toneles derramando la producción. Muchos productores vieron una vida de trabajo diezmada de un día para otro por el poder autoritario del Estado. La larga noche tuvo que esperar hasta el año 1993 para que se levantara la prohibición. Inmediatamente, la industria se desarrolló en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta, Buenos Aires (en realidad en 17 de las 24 provincias argentinas) y también volvió a Entre Ríos, de donde 60 años antes el Estado la había desterrado. Como un recordatorio a ese 'vinicidio' la Bodega entrerriana BordeRío decidió llamar a su línea de vinos 'Injusto', un apropiado recuerdo sobre el poder corrosivo del Estado y de aquella norma del 34 de un presidente llamado Justo, que seguramente respondiendo a los pedidos de un lobby oculto, terminó haciendo una terrible injusticia", afirmó.Para finalizar, reflexionó sobre las regulaciones. "Hoy es triste ver como algunos se escudan en la regulación, usando argumentos delirantes, para volver a hacer un daño, esta vez, a sus propios colegas. Por eso decimos con el presidente Javier Milei, que la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero. Esperemos, la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones. La batalla contra la casta es a lo que nos llamó el Presidente Javier Milei. Será justicia. Para que no tengamos que seguir sumando nuevas versiones de injusto", cerró.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta la indagatoria sobre la pensión vitalicia
Entre los firmantes se encuentran figuras opositoras al actual régimen como la politóloga Denisse Dresser o el historiador Héctor Aguilar Camín
La investigación por el reclutamiento del crimen organizado en el Rancho Izaguirre no podrá llegar a juicio hasta que se resuelva el amparo
Hasta el momento, la presidenta de MCCI se ha negado a emitir declaraciones públicas hasta conocer las acusaciones por parte de la justicia mexicana
El caso se encuentra actualmente en revisión por el Ministerio Público Federal y bajo la supervisión de un juez federal
El empresario chino se encuentra detenido desde 2016 por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud
El recurso legal promovido por el excandidato municipal del PRD lo protegería de "actos privativos de la libertad" por parte de la FGR o cualquier otra institución de justicia mexicana
La institución federal precisó que la carpeta de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se judicializó desde el pasado mes de septiembre
Fernando Gray se presentó este jueves con la intención de frenar la medida. Sostiene que esto impactaría directamente en el valor de los peajes.
Tres ONGs presentaron un amparo colectivo para evitar lo que describen como la "destrucción inminente e irreversible" del Luna Park. La acción fue interpuesta el 1° de diciembre y, según las entidades, busca frenar el proyecto aprobado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al que consideran incompatible con el régimen de protección patrimonial que rige sobre el inmueble.La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°5 donde ya tramita otra denuncia por el mismo tema, elevada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La iniciativa de las tres entidades surgió tras la autorización otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante la Disposición 1283/DGIUR/25. Las organizaciones -Asociación Civil Basta de Demoler, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad- sostienen que esta habilitación da lugar a una obra que excede lo permitido para un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y catalogado con protección estructural, una categoría que prohíbe demoliciones y modificaciones de volumen.El amparo se apoya en un informe técnico elaborado por especialistas en patrimonio, que insiste en que el proyecto presentado como una "puesta en valor" constituye "la demolición encubierta de casi todo el edificio".Entre otras cosas, el escrito señala que realizarán un reemplazo de la cubierta histórica, un incremento del volumen edilicio y la construcción de un nuevo estadio con capacidad ampliada a entre 11.000 y 13.000 espectadores. Para las ONGs, estas intervenciones suponen "la pérdida irreparable del bien protegido".Al respecto, en el texto dicen que la protección estructural exige conservar la tipología, la materialidad exterior y los elementos que definen la forma del edificio. La normativa permite únicamente intervenciones que no alteren el volumen y establece que las adecuaciones deben realizarse en áreas de menor relevancia patrimonial.Más adelante, el documento remarca además que las mejoras tecnológicas necesarias â??como actualización de instalaciones, seguridad, iluminación y acondicionamientoâ?? podrían ejecutarse sin demoler la cubierta ni las tribunas, sin aumentar el volumen ni modificar las fachadas. En esa línea, y para cerrar, sostiene que existen alternativas de rehabilitación compatibles con la normativa y que la propuesta aprobada provoca una pérdida "prácticamente total" de los componentes patrimoniales.En la medida cautelar, las tres asociaciones de la sociedad civil solicitaron suspender los efectos de la disposición, prohibir cualquier intervención sobre el inmueble â??incluyendo demoliciones, modificaciones de fachada, reemplazo de la cubierta o excavacionesâ?? y ordenar al gobierno de la Ciudad abstenerse de otorgar permisos basados en la factibilidad aprobada.Dentro de la presentación judicial, las entidades acusan al Ejecutivo porteño de incumplir su deber de preservar el patrimonio cultural y de actuar con arbitrariedad al habilitar una intervención que consideran contraria al Código Urbanístico. También sostienen que la autorización implica atribuirse facultades legislativas, ya que una obra de esta magnitud sobre un edificio protegido requeriría un procedimiento de audiencia pública.Finalmente, advierten que el caso pone en cuestión la capacidad del Estado para aplicar las normas de preservación frente a intereses económicos y señalan que el proyecto contradice la protección vigente, generando â??según describenâ?? el "sinsentido" de destruir un edificio histórico con el argumento de conservarlo.
Infobae Perú consultó con dos constitucionalistas sobre la posibilidad de que se admita el recurso presentado por la exjefa de Estado y los efectos para la política peruana
En diálogo con Infobae Perú, el constitucionalista Joseph Campos, defensa legal de la exmandataria, se pronunció sobre las motivaciones, justificaciones y objetivos del recurso presentado ante el Poder Judicial
Se trata de una causa radicada en la ciudad bonaerense de Campana que buscaba garantizar las prestaciones del programa Incluir Salud para miles de familias.
La exconcursante reconoció el impacto emocional de la competencia y se refirió a la complicidad con su hermana durante las semanas que estuvo en el programa de cocina
El magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay, quien busca la implementación inmediata de la legislación, se opuso al planteo presentado por el Estado. El conflicto lo definirá la Cámara de San Martín
Las tragedias que debió enfrentar la única española que logró el reconocimiento como la mujer más linda del año.El desenlace más triste.
El empresario chino se encuentra detenido desde 2016 por delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud
El creador de contenido inició un proceso legal ante la preocupación por una posible acción penal
La malagueña ha vivido una existencia intensa, marcada por la fama, la presión y la búsqueda de libertad
Ganó el certamen Miss Universo en 1974, fue un icono de su época y rompió con los rígidos moldes sociales
Vecinos aseguran haber perdido hasta un 25% del valor de sus propiedades por un recurso judicial que busca proteger el entorno del lugar. Leer más
La reconocida actriz afirmó que está en contra de las banderas feministas y del movimiento Me Too
Una dinámica dentro del 'reality' de cocina, dejó en evidencia cómo es la relación de las dos hermanas, ambas importantes actrices de la televisión colombiana
El máximo tribunal desestimó el pedido para frenar la construcción de una planta productora de ese material industrial en la provincia, al considerar que no se probó un daño directo ni se vulneraron derechos indígenas según el Convenio 169 de la OIT
La participante del programa culinario recibió una emotiva carta de Amparo, momento que provocó varias lágrimas y risas por los comentarios de Grisales
El exjurado de Caracol Televisión relató cómo la convivencia y las diferencias en el set llevaron a su salida, aunque afirma guardar aprecio por el canal al que llama su "casa"
El monto adeudado es correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, incluyendo recargos y multas
La manizaleña, conocida como "la diva de la televisión colombiana", reveló detalles de su filosofía de vida al abordar el tema del envejecimiento desde una perspectiva más mental que física
La presentación judicial fue realizada por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. Resaltan que el centro de salud "viene sufriendo recortes presupuestarios con impacto directo en la calidad del servicio"
Recientemente se dio a conocer que se analizará si permanece con prisión preventiva justificada
La resolución judicial obliga a una nueva audiencia para analizar si el exfuncionario debe continuar bajo custodia por presuntas temas de lavado de dinero y delincuencia organizada
Los rectores de las universidades públicas nacionales acordaron por unanimidad recurrir a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N°27.795) durante el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizó hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Sin embargo, aún restan detalles de la estrategia jurídica. Horas antes, el Consejo Superior de la UBA también aprobó que iniciarían acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo ejecute de manera efectiva la ley. El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo ayer, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la norma de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. "Un decreto no puede suspender una ley", dijo Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci.La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó. Además de la acción judicial, los rectores de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el Presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones. Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año. Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.Por su parte, Fedun -la Federación de Docentes Universitarios- y Conadu -la federación nacional de docentes universitarios- realizaron hoy un paro de 24 horas en todas las universidades del país. Se reunirán la próxima semana para decidir las próximas medidas.
En diálogo con Infobae, el constitucionalista Joseph Campos, defensa de la vacada mandataria, confesó lo que realmente se busca con la eventual presentación de esta medida
Vivimos tiempos intensos y a todos se nos exige colocarnos debajo de una bandera. Los manifestantes de Filipinas, Indonesia y Nepal eligieron un curioso pabellón pirata: una calavera con sombrero de paja. Es el de "One Piece", un manga/animé/serie de Netflix que se ha convertido en un éxito global. En esta protesta de los miembros de la Generación Z, este representa "la libertad, la elección individual y seguir tu propio corazón," explica un otaku.Es España, los grupos de ultraderecha utilizan la bandera de la Cruz de Borgoña, un símbolo de los Habsburgos, monárquico y antidemocrático. No parece importarles, pero "es de una ignorancia absoluta por parte de quienes se vanaglorian de lucir hoy esta insignia histórica", opina el doctor en Historia Española Eduardo Juárez Valero. "La gente se envuelve en las banderas sin saber realmente lo que está haciendo", agrega. Pero tiene sentido: en tiempos de tanto vacío de identidad y a falta de personalidad una bandera -cualquier bandera- nos brinda la ilusión de que tenemos una.Y además:Se trata aquí de la presencia de la cultura popular asomando en las luchas políticas, como el uso de la máscara de Guy Fawkes del comic "V de Vendetta", el maquillaje del Joker visto en algunas protestas o la comparación de Xi Jinping con el osito Winnie Pooh. La revolución ¿será pop o no será?
La presidenta aprovechó su explicación para respaldar las palabras del ministro en retiro Arturo Zaldívar respecto a estas modificaciones a esta medida legal
Diputados oficialistas aseguran que los cambios buscan agilizar la justicia
El joven de 19 años de edad será investigado por la comisión de los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio
El ministro en retiro afirmó que las reformas aprobadas permitirán agilizar y modernizar el juicio de amparo a mediano plazo
La senadora del PRI acusó que la reforma reduce los derechos ciudadanos y otorga al gobierno mayor control sobre la justicia
Las etapas ya concluidas se resolverán como lo marca la ley anterior, pero las fases pendientes se atenderán bajo los lineamientos de la nueva normativa
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la minuta está próxima a analizarse en la Cámara Alta
La presidenta mexicana explicó que el dictamen aprobado respeta los criterios fijados por la Suprema Corte, limitando la aplicación de la nueva ley sólo a procesos pendientes
Políticos de oposición señalaron casos recientes de militantes de Morena que se han beneficiado del amparo, como Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco y Yazmín Esquivel
Sin embargo, los legisladores presentaron alrededor de 300 reservas, las cuales serán desahogadas en lo particular
La diputada Olga Sánchez Cordero alertó que las nuevas restricciones limitarán el acceso a la justicia para comunidades, colectivos y sectores vulnerables
Joseph Campos destacó que aunque la salida de su defendida haya sido "popular, no lo convierte en algo bueno". Denunció falta de transparencia y vulneración al principio de defensa
El diputado morenista defendió el proceso legislativo y confirmó que se realizarán audiencias públicas antes de la votación
El sindicato patronal independiente argumenta que la propuesta gubernamental no tiene solidez y proponen abrir una mesa de diálogo
El exjefe de relaciones públicas de la iglesia del "Apóstol de Jesucristo" aún se encuentra prófugo y con orden de aprehensión internacional emitida por la Interpol el 14 de agosto pasado
La mandataria afirmó que el Senado tiene autonomía para modificar la Ley de Amparo y pide a la Cámara de Diputados precisar el artículo transitorio que provocó controversia
El diputado de Morena comentó que aún no se define si se realizará algún parlamento abierto
El presidente de la Comisión de Justicia, detalló que el dictamen regresa a la iniciativa original de la presidenta Sheinbaum
La jefa del Ejecutivo pidió a los legisladores ajustar el dictamen en comisiones para evitar interpretaciones erróneas sobre la retroactividad en la nueva ley
El senador de Morena afirmó que esta corrección otorga una mayor certeza jurídica al proceso
Castillo Juárez aclaró que la reforma no busca transgredir la Constitución y puntualizó que el artículo 14 protege a las personas de la aplicación retroactiva de la ley
Gertz Manero confirmó que el exfuncionario promovió un amparo para evitar ser detenido por delitos federales
Piden regularizar autorizaciones y actualizar los pagos. La acción contra el gobierno nacional recayó en el Juzgado Federal 1. El juez Carlos Ochoa se abocó y notificó al fiscal Maximiliano Hairabedián para que dictamine. Leer más
Con la investigación sobre Begoña Gómez en el centro del debate público, resurge la pregunta sobre cómo han gestionado su vida profesional las parejas de los presidentes del Gobierno: las esposas de los presidentes desde la Transición
Los diputados aseguraron que la revisarán para que su contenido y trámite parlamentario respeten la Constitución
Monreal Ávila expuso que esta reforma deberá ser revisada y eventualmente ratificada o modificada por los diputados
En tanto, Ricardo Monreal anticipa que la Cámara de Diputados podría eliminar esa disposición tras el llamado de Sheinbaum
El militante tricolor refirió que dicha norma podrían afectar los mecanismos de protección judicial en México
El ministro de la SCJN emitió su postura en torno a la nueva reforma de Morena para restringir el uso de amparos
En varias provincias la Justicia ya falló en contra del organismo y se restituyeron los beneficios. Denuncian irregularidades en el proceso de auditoría que le retiró el beneficio a 111.463 personas
El mensaje responde a la expectativa generada en torno a la reforma mencionada y aclara que, en ese momento, la situación no había cambiado oficialmente
La presidenta de la Cámara baja afirmó que la iniciativa no se aprobará en fast track, al considerar que se debe modificar
El coordinador General de Política y Gobierno pidió a los legisladores modificarla para que "el pueblo la entienda"
El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal intentó revocar el auto de formal prisión en su contra
La presidenta de la Cámara de Diputados garantizó que el proceso de aprobación de la reforma enviada por el Senado de la República será apegado a la legalidad
La reforma presentada este 2025 busca evitar la utilización indebida de mecanismos legales para obstaculizar procedimientos administrativos, fiscales o de interés público
La reforma enviada por Claudia Sheinbaum fue aprobada la madrugada de este 2 de octubre, sin embargo, el tema ha generado inconformidad en distintos sectores
La presidenta destacó que la propuesta legislativa que envió a la Cámara Alta no contaba con estos cambios hechos de último momento
El dictamen pasará a la Cámara de Diputados para continuar el trámite
Las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos dieron luz verde a la iniciativa presidencial
La propuesta será discutida en comisiones este miércoles y podría llegar al pleno este mismo día
El dirigente del PRI afirmó que la legislación golpea las libertades de la ciudadanía
Tras su expulsión de Paraguay fue ingresado al penal del Altiplano
El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, advirtió que los cambios propuestos podrían tener consecuencias negativas