El procedimiento ocurre en Viedma a horas del arresto del empresario acusado de narcotráfico para su extradición a Estados Unidos
Una operación conjunta en Lima llevó a la intervención de domicilios policiales, mientras las autoridades identifican colaboradores en la desarticulación de una organización criminal asociada a extorsión y asesinatos en el norte de la capital
La Justicia busca determinar responsabilidades tras una denuncia por intervenciones quirúrgicas que habrían provocado lesiones irreversibles. La pesquisa apunta a irregularidades en diagnósticos, omisión de información y posible extracción de órganos sin consentimiento. Leer más
La Justicia ordenó esta mañana una serie de allanamientos en la sede de la obra Social del gremio de empleados rurales (Osprera) y en las oficinas de la Superintendencia de Salud (SSS) en el marco de la causa que investiga la intervención de esa obra social. Según saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, la Policía Federal llegó a la sede de Osprera, en Reconquista al 600, con la orden de secuestrar documentación vinculada a los contratos con la droguería Suizo Argentino, salpicada en otro expediente por los audios de Diego Spagnuolo. Esa droguería es una de las principales proveedoras de la obra social de los empleados rurales. LA NACION reveló que en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo, OSPRERA emitió órdenes de pago por más de $7700 millones a favor de la Suizo Argentina. Pero todavía hay deudas millonarias pendientes. Una auditoría encargada por el interventor de la obra social, Marcelo Petroni, y enviada al titular de la Superintendencia de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, el 27 de junio pasado, detalla que OSPRERA le debía a la Suizo Argentina más de $3000 millones cuando se concretó la intervención. El principal acreedor, en ese momento, era la Droguería Disval, según los registros a los que accedió este medio. El expediente comenzó con una denuncia del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre),José Voytenco, contra sus rivales en el gremio, a los que acusó de haber querido tomar ilegalmente el control. La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán. La semana pasada, el juez Sebastián Casanello ordenó un análisis de las llamadas entre todos los imputados por la intervención de la Osprera. Al mismo tiempo, le pidió a las compañías telefónicas que aporten las llamadas entrantes y salientes hechas entre el 15 de diciembre de 2024 y el 20 de febrero de este año. En ese informe, deberán detallar "las celdas y antenas" que se activaron en cada comunicación para conocer dónde estaban ubicados.Hace dos semanas, el fiscal Marijuan había pedido la indagatoria del secretario de Trabajo Julio Cordero, del interventor en Osprera, del diputado nacional Pablo Ansaloni (rival de Voytenco en Uatre) y de otras tres personas. Casanello espera otras medidas de prueba para resolver. Durante la investigación, el fiscal secuestró el teléfono del interventor de Osprera y detectó contactos con varios de los acusados. Según esa pericia, Petroni se comunicó con secretario de Trabajo siete veces entre el 24 de enero y el 10 de febrero pasado. También intercambiaron mensajes por WhatsApp que daban cuenta de una relación de confianza. "Hola crack, podes hablar (SIC)", escribió Cordero el 29 de enero.La pericia reveló además el vínculo estrecho entre Petroni y Eduardo "Lule" Menem, apuntado también por los audios de Diego Spagnuolo. "Nosotros somos Lule y Karina", afirmó el interventor el 22 de enero en un mensaje enviado a un empleado de la Secretaría de Trabajo que declaró en la causa como testigo.Unos días antes, Petroni se comunicó con otro contacto y volvió a mencionar a Martín Menem. "Me reuní con Julio Cordero el Secretario de Trabajo de la Nación y con Mario Lugones el Ministro de Salud" y "después con Martín Menem en Casa Rosada".Noticia en desarrollo
La medida se realizó tras detectar contratos con cláusulas abusivas, falta de información obligatoria y demoras injustificadas en la entrega de vehículos. Durante el operativo se secuestró documentación y material electrónico para avanzar en la investigación judicial. Leer más
Instituto Nacional Penitenciario informó que intervino celda de Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez. Hallazgo se dio luego de denunciarse el cobro de cupo desde la cárcel a un director escolar de Trujillo
Un operativo policial en Córdoba reveló que un líder espiritual explotaba a personas con adicciones bajo la fachada de un hogar de ayuda. La Justicia Federal investiga un caso de trata y reducción a la servidumbre. Leer más
El juez Ernesto Kreplak ordenó 7 operativos simultáneos. Además de la vivienda de Nélida Agustina Bisio, allanan los domicilios de la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumado. En la ANMAT buscan acreditar reuniones con Ariel García Furfaro, el propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo
Nuestro índice predictivo cae del 3,0% al 2,6%, apenas por encima del objetivo de la Fed
Los efectivos policiales buscan documentación. La Justicia avanza con la investigación de un caso que generó un enorme revuelo político
BRASILIA.- La Policía Federal de Brasil ejecutó este viernes órdenes de registro en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro y en la sede del Partido Liberal (PL), según informó la oficina de prensa del exmandatario.En un comunicado, la fuerza explicó que las diligencias fueron ordenadas por el Supremo Tribunal Federal (STF), aunque no mencionó explícitamente a Bolsonaro. La operación fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a pedido de la Policía Federal y con aval de la Procuraduría General de la República (PGR), según informó el diario O Globo.Durante el allanamiento a la residencia de Bolsonaro, ubicada en el barrio Jardim Botânico de Brasilia, los agentes incautaron 14.000 dólares y 8000 reales en efectivo, su celular y un pen drive que estaba escondido en el baño. Además, se realizaron registros simultáneos en la sede del PL, el partido al que pertenece el expresidente.Según confirmaron fuentes cercanas al exmandatario citadas por el diario O Globo, Bolsonaro deberá comenzar a utilizar una tobillera electrónica y no podrá salir de su domicilio entre las 19 y las 7. También se le prohibió utilizar redes sociales y mantener contacto con embajadores, diplomáticos extranjeros o acercarse a representaciones diplomáticas.De acuerdo con fuentes judiciales, las medidas se basan en indicios de que Bolsonaro habría cometido delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción a la Justicia y ataque a la soberanía nacional. Los investigadores también identificaron un riesgo concreto de fuga del país, lo que reforzó la decisión del STF de aplicar restricciones adicionales. Parte del dinero incautado seguía en proceso de conteo al momento de ser divulgada la información.Las nuevas restricciones podrían incluso limitar el contacto con su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos liderando gestiones ante el gobierno de Donald Trump. Eduardo Bolsonaro promueve una amnistía para su padre y sanciones contra los ministros del Supremo, y también es objeto de una investigación judicial en Brasil.Eduardo Bolsonaro busca promover una amnistía para su padre y sanciones contra los ministros del Supremo, y también está siendo investigado por la Justicia brasileña.La carta de TrumpEn ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump ha ejercido presión sobre el gobierno de Brasil para que frene el proceso judicial contra Bolsonaro, a quien calificó como víctima de una "caza de brujas".A CASA BRANCAWASHINGTONAo HonorávelJair Messias Bolsonaro38º Presidente da República Federativa do BrasilBrasíliaPrezado Sr. Bolsonaro:Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveâ?¦ pic.twitter.com/PizdNhT1RJ— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2025Ayer, Trump publicó en su red Truth Social una carta dirigida a Jair Bolsonaro â??que el expresidente brasileño compartió en su cuenta de X y a la que más tarde respondió con un video en la misma redâ?? para reiterarle su apoyo."He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria. Espero sinceramente que el gobierno de Brasil cambie de rumbo, deje de atacar a sus oponentes políticos y ponga fin a su ridículo régimen de censura", escribió Trump. Y agregó: "Lo seguiré de cerca".- Jair Bolsonaro responde à carta de @realDonaldTrump . pic.twitter.com/Pj91AAxcHa— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 18, 2025Tras el intercambio de mensajes, Eduardo Bolsonaro acusó a Alexandre de Moraes de "redoblar la apuesta" al imponer nuevas medidas judiciales contra su padre. Señaló que estas acciones buscan silenciar a Bolsonaro y a sus aliados, y denunció que tanto él como su hermano Carlos también están siendo investigados, lo que, según Eduardo, constituye una persecución política destinada a limitar la comunicación y defensa del expresidente.Alexandre de Moraes double down and after Bolsonaro's video to @realDonaldTrump yesterday, Moraes ordered today to @jairbolsonaro:1-Wear electronic ankle bracelet; 2-He cannot leave house between 7 p.m. and 7 a.m.;3-He cannot use social media;4-He is prohibited fromâ?¦ pic.twitter.com/AeJd0otELd— Eduardo Bolsonaroð??§ð??· (@BolsonaroSP) July 18, 2025En la misma línea, su hermano Flávio Bolsonaro publicó un mensaje en X en el que expresó que la decisión del Supremo Tribunal Federal que impide a Jair Bolsonaro comunicarse con Eduardo representa "el mayor símbolo del odio que se ha apoderado de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente innecesarias y cobardes".Fica firme, pai, não vão nos calar! A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas.Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta deâ?¦ pic.twitter.com/sQTWoMpoPm— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 18, 2025Bolsonaro, que mantuvo una relación cercana con Trump durante su presidencia, enfrenta un juicio ante el STF acusado de haber planificado un intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.Según allegados, el expresidente se encontraba en su residencia en el momento en que la Policía Federal arribó para cumplir con las órdenes. En un comunicado oficial, la fuerza confirmó la realización de dos allanamientos y la aplicación de "medidas cautelares diversas a la prisión".Con información de AFP, Reuters y O Globo
Tras el secuestro de 221,74 kilos de cocaína en el puerto de Amberes, en Bélgica, ocultos en un contenedor que habrían sido transportados desde la Argentina, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó allanar la terminal portuaria de Zárate y la filia local de la empresa naviera que estuvo a cargo del viaje.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. "La investigación se inició el martes de la semana pasada, cuando la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas comunicó que había tomado conocimiento de que en un puerto de Bélgica se habrían hallado, aproximadamente, 224 kilos de cocaína en un contenedor que habría sido transportado en un buque de la empresa Grimaldi desde Zárate", informaron las fuentes consultadas.El secuestro del cargamento de cocaína había sido un día antes en el puerto de Amberes. El peso, finalmente, fue de 221,74 kilos. La droga estaba distribuida en paquetes rectangulares con una etiqueta con la leyenda Zegna.Tras tareas de investigación encomendadas al Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina y la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas, el juez González Charvay ordenó allanar la Terminal Portuaria Zárate, las oficinas del representante en el país de la naviera Grimaldi Lines y el depósito fiscal Cruma Servicios Industriales SRL "para buscar información relacionada con el contenedor que fuera infectado y proceder al secuestro de documentación, videograbaciones, y elementos de interés".Fuentes de la investigación agregaron: "También se solicitó, por intermedio de canales de cooperación internacional, amplia información al Reino de Bélgica sobre las circunstancias del hallazgo".
La Justicia Federal investiga amenazas realizadas a través de redes sociales contra el presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert y los periodistas Luis Majul, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Leer más
La intendenta de Quilmes aseguró que mantuvieron incomunicada a la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria.
MADRID.- Agentes de la Guardia Civil española entraron este viernes a la sede central del Partido Socialista (PSOE) del presidente Pedro Sánchez para clonar el contenido de la cuenta de correo electrónico de su exnúmero tres, Santos Cerdán, en el centro de un escándalo de corrupción.El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente requirió al cuerpo armado el registro para "proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" de Cerdán, quien hasta hace poco más de una semana era el influyente secretario de organización socialista.El magistrado también solicitó a los agentes que acudieran al Ministerio de Transportes para hacer lo mismo con la cuenta de correo que tuvo allí José Luis Ábalos, otro de los investigados por la presunta trama y ministro de Transportes entre 2018 y 2021.Igualmente ordenó obtener información de las cuentas bancarias y patrimonio de Cerdán, a quien citó a declarar como investigado el 30 de junio.Un informe policial conocido la semana pasada encontró "consistentes indicios" de que Cerdán formaría parte de una trama que recibía coimas a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.El exsecretario de organización podría haber sido presuntamente "quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas", según expone el auto de este viernes.La investigación señala asimismo como implicados Ábalos, antigua mano derecha de Sánchez, y al cercano asesor de este, Koldo García.Las revelaciones desataron un escándalo por el que Sánchez, quien accedió al poder en 2018 con una moción de censura después de que el Partido Popular (derecha) fuera condenado por corrupción, pidió "perdón" en varias ocasiones, asegurando que desconocía cualquier irregularidad.Cerdán dimitió la semana pasada como secretario de organización del PSOE y el lunes como diputado, mientras que Ábalos fue expulsado definitivamente del partido el lunes.Sánchez, que atraviesa su momento de mayor debilidad política desde su llegada al poder, ha descartado dimitir o convocar elecciones anticipadas por el escándalo, como le exige la oposición.Esta semana negó ante los diputados que su partido hubiera recibido financiación ilegal y se reunió esta semana con los partidos que apoyan en el Parlamento su gobierno en minoría para darles las explicaciones que reclaman.El líder opositor Alberto Nuñez Feijóo dijo por su parte en un foro empresarial que España atraviesa "un momento de máxima complejidad", ya que "no sólo están en cuestión episodios graves de corrupción, sino también las instituciones democráticas del país".Feijóo habló del "hartazgo, repulsión, asombro e indignación" que según afirmó percibe en la mayoría de los ciudadanos ante los "escándalos que se suceden por horas".La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, dijo después del allanamiento que el partido está colaborando con la Justicia."Máxima colaboración con la Justicia, el PSOE es transparente y actúa contra la corrupción muchísimo antes incluso de lo que exigen nuestros propios estatutos", dijo la dirigente socialista.López dijo que el procedimiento judicial sigue su trámite y las últimas actuaciones forman parte "de esa normalidad del proceso", al tiempo que aseguró que la Justicia encontrará "un aliado en el PSOE" porque van a colaborar "con la máxima transparencia".La dirigente añadió que actuaron apartando a Cerdán "cuando solo había un informe" porque los indicios eran "absolutamente incompatibles con el proyecto socialista".Agencias AFP y DPA
La investigación judicial por la supuesta producción de un documental del juicio donde se discuten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona y su presunto vínculo con la jueza Julieta Makintach, magistrada que interviene en el debate, derivó esta noche en una serie de allanamientos en Vicente López, San Isidro y en los barrios porteños Villa Urquiza y Saavedra.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La sospecha sobre la jueza Makintach y su supuesto vínculo con el documental derivó en la suspensión por siete días del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, donde se juzga a siete imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona.La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaibeb y su colega José Amallo, comenzó el jueves de la semana pasada tras una denuncia hecha por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020.En San Isidro, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local de la Policía de la provincia de Buenos Aires, allanan la casa de una amiga de la jueza Makintach que presenció varias audiencias del juicio y que, según sospechan los investigadores, podría tener vinculación con la preproducción del supuesto documental. También, personal de la policía bonaerense y uniformados de la Policía de la Ciudad allanan la productora La Doble, situada en Saavedra, que se sospecha podría tener relación con el proyecto audiovisual.Todo se precipitó en la audiencia del jueves de la semana pasada cuando el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, una de las siete personas sentadas en el banquillo de los acusados, recusó a la jueza Makintach.Para fundamentar su planteo, Rivas sostuvo: "Esta defensa, cuando declaró [la psiquiatra] Agustina Cosachov, ante una pregunta de la doctora Makintach, levantó insistentemente la mano. No soy su abogado, pero noté que esa pregunta, por el modo y el contenido, fue inquisitoria, y en ese momento yo empecé a evaluar un pedido de recusación. Lo digo con respeto porque antes no lo había notado, pero sí a partir de ese día. Yo veo que por el modo, los gestos y los contenidos de esa pregunta, está adelantando un veredicto. A eso, sumó que tomé conocimiento de que se está haciendo un documental, por el que fui entrevistado y me dijeron que estaban grabando[las audiencias]. También noté preguntas inquisitivas a Víctor Stinfale [abogado amigo de Maradona que declaró como testigo] .Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach".Tras las afirmaciones de Rivas, Burlando y Baudry hicieron una denuncia. En su presentación afirmaron: "Tales afirmaciones resultan de suma gravedad, ya que -de verificarse- implicarían que se han iniciado contactos, acuerdos o avances sobre un contenido audiovisual basado en este juicio, sin intervención ni anuencia alguna de las partes que legítimamente actúan en el expediente", sostuvieron Burlando y Baudry en la denuncia respecto del supuesto documental.Y agregaron: "De este modo, se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia".El martes pasado se reanudó el juicio. Rivas volvió a recusar a la jueza Makintach. Entonces, al tomar la palabra, el fiscal Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, a cargo de la acusación pública en el caso, solicitó la suspensión por diez días del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona."Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de diez días para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional", sostuvo Ferrari al fundamentar la solicitud.Tras darle vista a todas las partes del juicio y después de un cuarto intermedio, el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, informó que por unanimidad se había decidido suspender el juicio por una semana. En 48 horas, la investigación llevada adelante por los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo, tuvo avances importantes que derivaron en los allanamientos de esta noche.Como se dijo, además en San Isidro se allanó la casa de una amiga de la jueza "bajo sospecha; en Saavedra se hizo un procedimiento en La Doble, y en Villa Martelli, en Vicente López, se realizó un procedimiento en la productora Feel Co.Los otros tres allanamientos, en Olivos, Vicente López, y Villa Urquiza, corresponden a los domicilios de los responsables de las productoras y la casa de una persona identificada como el "camarógrafo" que filmó escenas del debate cuando no tenía la autorización para hacerlo, pero lo habría hecho "habilitado" por la jueza Makintach, según creen los investigadores del caso a partir de las declaraciones testimoniales incorporadas en el expediente.En el expediente donde se investiga a la jueza Makintach, que integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para el juicio de Maradona, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, fue aceptado como particular damnificado. Lo mismo sucedió con el abogado Rodolfo Baqué, quien junto con su colega Martín de Vargas fue apartado de la defensa del enfermero Ricardo Almirón en la segunda audiencia del juicio.
La Justicia ordenó el allanamiento de una droguería en la ciudad de Rosario en la investigación para determinar responsabilidades por un brote de neumonía asociado con el uso de fentanilo contaminado en unidades de terapia intensiva. Es la primera medida dictada por el juzgado federal de La Plata en el que recayó la denuncia penal formulada por la Anmat a principios de esta semana. Ayer, representantes legales del organismo regulatorio ratificaron el contenido de la presentación realizada el lunes pasado ante la División de Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal, como viene dando cuenta LA NACION.El allanamiento se está llevando a cabo en este momento en la Droguería Nueva Era, de Rosario, donde el Hospital Italiano de La Plata compró el producto inyectable del laboratorio HLB Pharma Group S.A. La investigación epidemiológica sobre el brote en ese hospital que alcanzó a 18 pacientes, de los que nueve fallecieron, activó la alerta sobre un lote de ampollas inyectables de la droga de esa marca. A la par, la justicia federal ordenó allanamientos, que también se estarían haciendo en estos momentos, en el laboratorio HLB Pharma, en San Isidro, y Laboratorios Ramallo, en el Parque Industrial Camirsa, en esa localidad bonaerense. Son clientes también de la Droguería Nueva Era los ministerios de Salud de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Formosa, Santa Fe, Neuquén y San Luis, PAMI y los municipios de Esteban Echeverría y Rosario, entre otros.
Los operativos los está realizando ahora la Justicia. En el Hospital Italiano de La Plata fallecieron nueve pacientes.
La Justicia allanó la Clínica Olivos, donde estuvo internado Diego Maradona. Encontraron 6 estudios de laboratorios y además los investigadores obtuvieron 547 correos electrónicos de mensajería entre las personas que están siendo investigadas Leer más
Un operativo de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto registró el hogar de la persona de interés, tras pegar carteles con datos personales en el sur de California
Personal policial y judicial se encuentra en el edificio del barrio de Boedo.Es tras conocerse las imágenes en las que se observa al presidente recibir 25.000 dólares de una supuesta coima.Moretti pidió licencia y en su lugar ya asumió el vice, Néstor Navarro.
Efectivos de la Policía de la ciudad requisa el edificio de Av. La Plata. Pocos días atrás, el presidente apareció en un video viral en el que se lo ve recibiendo dólares.
Es por una denuncia que presentó el actual alcalde, Julio Alak.Involucra a tres ex funcionarios y a 11 agentes.Los acusan de asociación ilícita y fraude al Estado.
Se trata de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector. El fiscal Alvaro Garganta también pidió registrar el domicilio de su presidente, Bernardino García. Las cámaras no tendrían autorización
El personal de operaciones especiales del INPE intervino el también llamado Ancón I y, durante el operativo, encontró droga, chips de celular y otros objetos prohibidos
Las autoridades ingresaron a las celdas de los cabecillas más peligrosos de organizaciones como el Tren de Aragua, Barrio King y una banda dedicada a la extorsión de colectiveros en Puente Piedra
El operativo tuvo lugar este viernes por la mañana en una financiera situada en la planta baja del Sheraton Pilar. La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay
Lo ordenó el juez federal de Campana. Participan del operativo Prefectura y la Policía Bonaerense. La Coalición Cívica había denunciados a esos locales como parte de la maniobra de lavado