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Allanan los despachos de Kueider en Congreso
Es por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que investiga al exsenador por lavado y enriquecimiento ilícito.
Allanan vivienda del vocero presidencial: Fredy Hinojosa es investigado por el caso Qali Warma
El funcionario afronta una investigacióEl funcionario del gobierno de Dina Boluarte está implicado en el escándalo de distribución de alimentos en mal estado a escolaresn por el presunto
Caso Kueider: allanan un departamento en Recoleta y se llevan teléfonos y discos de almacenamiento que pueden complicar al senador
Por decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se ordenó hoy un nuevo allanamiento a una propiedad vinculada al senador nacional expulsado Edgardo Kueider. Se trata de un departamento en Ayacucho al 1500, en el barrio porteño de la Recoleta. Las fuerzas se llevaron teléfonos, pendrives y discos de almacenamiento para investigar, según informaron fuentes judiciales a LA NACION. Ayer, en paralelo a la destitución del senador, las fuerzas federales allanaron 13 propiedades vinculadas a Kueider y a su secretaria Iara Guisel Costa, que se encuentra junto con él detenidos en Asunción, Paraguay, después de haber intentado cruzar la frontera con más de US$ 200.000 sin poder justificar. De las 14 propiedades allanadas entre ayer y hoy, ocho son en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia de Buenos Aires (en Morón y Berazategui) y cuatro en Entre Ríos. Los procedimientos se dan en el marco de la causa doméstica en la cual se investiga al flamante exsenador por el delito de enriquecimiento ilícito. El expediente tramita en la Justicia de San Isidro y está en manos de la jueza Arroyo Salgado. La sospecha allí es que el senador estuvo involucrado en el pago de coimas que realizó la empresa de seguridad Securitas a Enarsa, la firma estatal de Energía de la provincia de Entre Ríos, de la cual Kueider fue director durante dos años.Noticia en desarrollo
Detuvieron a uno de los presuntos asesinos de la enfermera y allanan domicilios en busca de su cómplice
A cinco días del crimen de la enfermera Eliana Vanesa Gómez, de 37 años, uno de los dos presuntos asesinos fue detenido esta madrugada tras una serie de allanamientos que fueron encabezados por el fiscal Adrián Carlos Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien quedó al frente de la investigación."Detuvimos a uno y, además, hay una mujer policía que fue aprehendida por encubrimiento porque estuvo con uno de los detenidos entre el día del crimen y el lunes y no dijo nada", informó una fuente judicial a LA NACION.La persona detenida fue identificada como Mauro Adrián Fruto Decima, de 27 años, y se llegó a él tras una serie de ocho allanamientos en los que participaron la Policía Federal Argentina y la policía bonaerense. "Tras siete allanamientos, arrojando los mismos resultado negativo respecto a autores. De los mismos se desprende un domicilio donde podría estar oculto Frutos, ordenando el Fiscal Arribas, quien se encuentra presente en el lugar, se proceda al allanamiento en urgencia de la vivienda sita en calle Pacheco de la localidad de González Catán y se logra la detención de frutos", informaron las fuerzas de seguridad.La aprehendida es María Florencia Figueredo, sargento de la bonaerense, quien sería la pareja de Fruto, aunque al momento de su detención negó cualquier vínculo romántico con el acusado.En tanto, este jueves a la mañana continuaban los operativos para tratar de localizar al otro presunto autor del crimen que, al igual que frutos, ya fue identificado por los investigadores.El video del crimen a plena luz del díaEl sábado, minutos antes del mediodía, a Eliana Vanesa Gómez, una enfermera del Hospital Churruca de 37 años y personal civil auxiliar de la Policía Federal Argentina (PFA), asesinada de un disparo en la sien durante un violento asalto frente a su domicilio en Rafael Castillo, partido de La Matanza.El hecho, que quedó grabado en una cámara de seguridad, ocurrió en la intersección de Luis Vernet y Olivieri, cuando dos hombres la interceptaron a pie para robarle su vehículo, un Fiat Argo. La mujer fue trasladada en estado crítico al Hospital General de Agudos, René Favaloro, donde falleció minutos después de ingresar al quirófano.En el video de una cámara de seguridad instalada a media cuadra del lugar del crimen se logra captar parte de lo que habían relatado testigos y vecinos. La enfermera estaba dentro del vehículo cuando fue abordada por dos delincuentes que estaban a pie y merodeaban la zona en busca de una víctima.En ese momento, la conductora intentó una maniobra para trabar las puertas del vehículo y evitar el asalto. Esa acción derivó en que los atacantes le respondieran con un disparo en la sien que le provocó la muerte de forma casi instantánea.Con la mujer malherida, los ladrones bajaron a la enfermera del automóvil y la dejaron tirada en la calle. Se subieron al auto, de color rojo, y huyeron a gran velocidad de la escena del crimen. Sin embargo, cuadras más adelante, abandonaron el auto y huyeron a pie.Tras escuchar las detonaciones, los vecinos salieron a la calle y asistieron a la mujer, que fue trasladada al hospital Favaloro. Sin embargo, pocos minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, el auto robado fue encontrado abandonado en Alvear y Larsen, barrio San Carlos.En el caso intervino personal de la Jefatura Departamental de La Matanza, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI de ese distrito), además de la Policía Federal, debido a que Gómez era personal de la fuerza al trabajar en el centro de salud que atiende a los efectivos de esa institución policial.
Allanan varias propiedades vinculadas al senador Kueider antes de la sesión en el Senado
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Uno se realiza en el edificio Live de Paraná, donde una empresa del legislador compró dos departamentos y cocheras
Allanan la Bombonera por una investigación por falsificación y reventa de carnets de socios
Por orden de la Justicia, personal de la Gendarmería Nacional y detectives del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad allanan oficinas administrativas del estadio de Boca Juniors en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios que después serían puestos a la venta para poder ingresar en la cancha los días que el conjunto Xeneize juega de local.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de una investigación del fiscal Maximiliano Vence, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°8, especializada en Eventos Masivos."La causa es un desprendimiento de un expediente que en su momento tuvo la fiscal Celsa Ramírez. Se puso foco en una persona que falsificaba carnets de socios para los partidos que Boca Juniors juega de local. También, se investiga la organización de viajes desde distintas provincias para después ingresar en la cancha para presenciar los partidos del torneo local o competencias internacionales", explicaron fuentes al tanto de la investigación.Según los voceros consultados, tras una serie de tareas de investigación y la identificación de los supuestos participantes en las maniobras de falsificación y reventa de carnets, el domingo pasado, en la previa del partido que Boca empató 1 a 1 contra Deportivos Riestra, el CIJ y la Gendarmería Nacional hicieron un operativo en las inmediaciones del estadio Alberto J. Armando."Secuestraron 87 carnets de socios, 18 credenciales, 202 planchas con fotografías e información necesaria para confeccionar carnets, 56 estuches para guardar carnets, tres teléfonos celulares y 310.320 pesos", dijo una fuente del caso.No es la primera vez que la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas porteña investiga irregularidades con los carnets de socios y el negocio de la reventa. La fiscal Ramírez, que tenía a su cargo la investigación de delitos en Eventos Masivos, imputó a Cristian Riquelme, hermano del ídolo y presidente del club, Juan Román Riquelme, de los delitos de asociación ilícita y defraudación."Mi sensación es que la gente ya tiene claro lo que pasa. Todos sabemos que esta señora [por Celsa Ramírez] por ahí tiene un problema con los hinchas de Boca", había dicho Riquelme, cuando era vicepresidente del club, en una entrevista con TyC Sports.Ahora, una fuente judicial sostuvo: "Riquelme decía que la fiscal Ramírez tenía un problema personal con Boca y este procedimiento lo hace otro fiscal. Hay irregularidades de público conocimiento. Muchas denuncias en redes sociales".La investigación que en su momento tuvo la fiscal Ramírez comenzó tras una denuncia presentada en la Fiscalía de Distrito de la Boca que se refería a múltiples delitos. "Entre ellos, se mencionaba la impresión de tickets para la reventa ilegal, así como también conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, manejos de estacionamientos clandestinos, venta de indumentaria del club por fuera del circuito oficial y posibles conexiones de algunas autoridades del club con la barra brava conocida como La 12â?³, explicaron fuentes judiciales.
Allanan la Bombonera por la venta de entradas truchas a hinchas de Boca del interior
Efectivos de la Policía de la Ciudad realizan el operativo en el estadio.Son cinco socios implicados en el hecho.Es por la venta de ingresos falsos para el partido de ida ante Cruzeiro.
Allanan la tercera obra social más grande del país por supuesto lavado de dinero
La Justicia allanó hoy por presunto lavado de dinero la tercera obra social más grande del país. Se trata de Osprera, a cargo del jefe de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco. De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. Por este motivo, en el Gobierno hablaron de "serias dudas" sobre el manejo del dinero. Pero no fueron funcionarios sino un dirigente del mismo gremio en La Plata quien denunció a Voytenco y señaló que lleva una vida con "lujos que no se condeciría con la actividad sindical".Tal cual se desprende del texto presentado a la Justicia, el denunciante, Marcelo Andrada, que es el secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido al secretario general del sindicato a nivel nacional, Voytenco, y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una "mansión" en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados. LA NACION le escribió y llamó varias veces a Voytenco, así como a sus representantes, para conocer su versión de los hechos pero ninguno contestó.La Justicia investiga el supuesto lavado de activos. En consecuencia, aplicó la estrategia del "follow the money" (sigue al dinero) y ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco. En relación a sus ingresos, fuentes oficiales indicaron que registraba ingresos por $14.005.643, en calidad de presidente de Osprera.La denuncia pide investigar el flujo de dinero a través de tres posibles entradas: su obra social, Osprera, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y los contratos con empresas por los seguros por sepelios. A propósito de esta última, lanzó la acusación de "posibles retornos de dinero en efectivo" de parte de compañías también vinculadas al fútbol de primera división.El Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, puso la lupa sobre la obra social y no sólo dispuso allanarla sino también suspendió a todo su directorio y resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud adopte "las medidas de control, supervisión y gestión que estime necesarias, en particular, ejecutar las acciones pertinentes, a fin de garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura". Además, el juez le requirió al organismo que depende del Ministerio de Salud elaborar un informe sobre "los libros de actas del directorio de la Osprera, los inventarios y balances, y las operaciones realizadas". Es decir, le solicitó analizar qué pasó con el dinero."La Justicia decidió avanzar en la obra social porque es lo más visible, los afiliados querían atenderse y no podían", analizó uno de los representantes que impulsa la denuncia. Además, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de Voytenco.De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a posicionarse dentro de Osprera luego de la frustrada intervención que intentó realizar en agosto. De hecho, mediante la Resolución 1612/2024 publicada hace casi dos meses en el Boletín Oficial, el organismo había dispuesto el desembarco de sus propias autoridades. Sin embargo, dos semanas después, la gestión de Voytenco celebró un fallo judicial que le devolvió el manejo de la obra social y dejó inactiva a la decisión del Gobierno.Con esta nueva decisión judicial, el Gobierno podrá meterse en lo que catalogaron como "la caja negra" de Osprera. En la resolución de la frustrada intervención ya había volcado números que, según analizaron funcionarios, generaban "serias dudas" sobre el manejo de fondos millonarios y, en efecto, justificaba la decisión de desplazar a las autoridades de Voytenco en la obra social.La Superintendencia de Servicios de Salud describió a la entidad como una organización "quebrada" pese a las transferencias que recibió del Estado. En total absorbió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascendieron a $43.949.000.000 hasta agosto. De ese déficit, hay $1.500 millones que deberían haber sido pagados a hospitales públicos descentralizados. "Parece raro que no hayan podido normalizar sus deudas", sostuvo un representante del Gobierno que trabajó en la corta intervención que realizaron en Osprera.Según datos cargados en el Registro Nacional de Amparos en Salud, se observan 172 acciones judiciales contra Osprera por falta de entrega de medicamentos y problemas en la prestación de servicios como cirugías, prótesis y otras prestaciones médicas. En paralelo, el Gobierno afirmó que "en la última auditoria social realizada -correspondiente al período 2022/2023- se identificaron 16.410 reclamos que beneficiaros de la obra social formularon en todo el país".En su momento, la gestión de Voytenco había catalogado a la intervención del Gobierno como "un disparate" que respondía a "favores políticos". En consecuencia, describieron un derrotero en la historia del gremio, y del manejo del dinero actualmente investigado, que involucra a un diputado libertario, así como también una anterior acción judicial. Osprera fue intervenida por la Justicia en marzo de 2023. En aquel entonces, un juzgado federal de La Pampa dispuso esa medida después de episodios violentos asociados a una puja por el control de su caja. De hecho, dicha disputa incluyó al asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, en ese momento vicepresidente de la obra social y opositor a Voytenco. Ansaloni actualmente se desempeña como diputado de La Libertad Avanza.La intervención de la Justicia le quitó a Uatre la administración de Osprera, en ese entonces bajo tutela de Ansaloni, y se la devolvió al sindicato, es decir a la facción de Voytenco, en julio de este año, según detallaron. Por esta razón, rechazaron ser responsables de la deuda multimillonaria, así como también de la absorción de fondos públicos."La sospecha es que la determinación (del Gobierno por la nueva intervención) está digitada políticamente", señalaron desde la facción de Voytenco, a propósito del vínculo entre el Poder Ejecutivo y Ansaloni, quien disputó la mencionada interna violenta. Este último negó cualquier tipo de irregularidad durante su gestión al frente de la obra social."En el año de intervención que estuvo en manos de la Justicia de La Pampa realizaron este despilfarro de los aportes de los trabajadores", respondió el diputado libertario ante la consulta de LA NACION.Sobre los $26.090 millones que Osprera recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Es decir, el período de tiempo de la pasada intervención judicial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que la obra social había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social.Pero no todos los fondos se movieron el año pasado. La mayor parte de ellos, los $22.740 millones que recibió del Fondo Solidario de Redistribución, corresponden al período conformado entre mayo de 2020 y mayo de 2024, que incluye a la gestión del ahora libertario Ansaloni. Desde el área de salud indicaron que Osprera "nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances".
Grave: allanan el domicilio de dirigentes sindicales en Santa Fe
La referenta del PTS Myriam Bregman denunció operativos policiales de "violencia inusitada" entre la noche del martes y la mañana del miércoles a personas identificadas en manifestaciones contra la reforma previsional en la Legislatura provincial. "Están queriendo dar un mensaje brutal", aseguró la exdiputada en la 750.
Allanan clínicas de fertilidad e investigan un negocio internacional con mujeres explotadas para la subrogación de vientres
En las últimas horas, la Justicia federal realizó una serie de allanamientos y procedimientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos del centro porteño, Buenos Aires y Santa Fe en el marco de una causa en la que se investiga un posible negocio ilícito trasnacional que involucra la explotación de mujeres gestantes, a través de lo que se denomina "subrogación de vientres", y la posterior comercialización de los niños que nacen a partir de ese método.Los operativos fueron ordenados por la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, la magistrada María Eugenia Capuchetti, y se llevaron a cabo en forma simultánea con personal de las Divisiones Trata de Personas y Ciberdelito de la Policía Federal (PFA).La investigación tuvo origen en enero de este año y tiene como sospechosos a personas y empresas constituidas en el extranjero, pero con actividades en Argentina, a través de lo cual los implicados obtienen ganancias. "Difundían sus servicios a través de distintas vías de comunicación en el extranjero, tomando de ese modo contacto con parejas que deseaban tener hijos, pero que no podían llevar adelante un embarazo. A estos les ofrecían un 'servicio' - que en algún caso, por ejemplo, era denominado 'Programa Argentina'â?? con un valor aproximado de U$S 50.000", señaló la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de Alejandra Mángano, en el dictamen donde solicitó los allanamientos.La funcionaria judicial explicó que ese servicio "incluía la selección de la persona gestante, la adquisición los embriones a implantar, el tratamiento en sí mismo, los controles regulares del embarazo y el posterior parto".A su vez, Mángano, que además es titular junto a Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), indicó que "otra cara de este 'negocio' es el sistema de reclutamiento de las gestantes, que consiste en que las empresas contactaban a mujeres a través de redes sociales y aprovechando sus necesidades socioeconómicas les ofrecían U$S 10.000 por llevar adelante la gestación". A ese monto se le sumaba un 'plus' de entre U$S 1000 y 2000 si el parto era por cesárea.Las fuentes judiciales informaron que si por cualquier circunstancia el embarazo se viera interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales. "De este modo, los actores involucrados se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de las mujeres ofreciéndoles dinero a cambio de realizar los intentos que fueren necesarios para provocar un embarazo, transitarlo con todos los correspondientes controles y entregar al niño nacido por esta práctica, todo esto sin contar las posibles consecuencias físicas y emocionales que puede tener este tipo de prácticas en las mujeres gestantes", se explicó de manera oficial."Todo este sofisticado esquema de negocios se encuentra articulado con el único fin de lograr el nacimiento de un niño o niña para entregarlo a una pareja que en muchos casos era de origen extranjero sin residencia en el país, con quien no tiene ningún vínculo genético, cultural ni social, como se verificó en el caso que dio origen a la presente investigación", subrayó la fiscal Mángano en el dictamen.El caso que catapultó la investigaciónEl 25 de enero de este año se inició la pesquisa a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn, en Alemania, fue entonces contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre luego de que una mujer alemana de 58 años se presentara en el hospital de la localidad donde reside para solicitar atención médica para una beba de tres meses. La menor había nacido en Argentina, de acuerdo a la documentación que presentó la mujer en la que se acreditaba la filiación de la niña con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.Cuando la mujer llegó al centro de salud, los médicos advirtieron que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que quien la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la Policía local y la Justicia le quitó la custodia de la beba en forma provisoria. La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor había sido inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante. "El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado; por el contrario, quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de 'gestación por sustitución'", remarcó Mángano en su dictamen.El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad "un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre", delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso "a" del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.Para la Justicia argentina también entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas. En el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional: "Todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice".Con esta hipótesis, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del CP) se materializaría en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Avance de la causaSe realizaron una serie de medidas para establecer la cantidad de nacimientos que se llevaron a cabo, una vez que entraron en vigencia las disposiciones internas 93/DGRC/17, 103/DGRC/17 y 122/DGRC/2022, que habilitaron este tipo de inscripciones en la Ciudad de Buenos Aires en términos preventivos. Fue entonces que la Justicia argentina tomó conocimiento que había 147 legajos correspondientes a casos de gestación por sustitución llevados a cabo entre 2018 y abril de este año y se advirtió que al menos en 49 de ellos los comitentes presentan características comunes a las del caso que desencadenó el inicio de la investigación.Se trata de personas extranjeras de distintas nacionalidades; en su mayoría con domicilios de residencia fuera de Argentina; en algunos casos incluso se verificó que no habían realizado aportes genéticos; y la mayoría no acreditó el vínculo afectivo con las mujeres gestantes de modo que permitieran inferir que los procedimientos médicos de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (THRA) se realizaban de manera directa, con conocimiento previo de las personas sometidas a esta práctica y sin la intermediación de personas que obtienen un beneficio económico de estas prácticas, se informó de manera oficial."De acuerdo a lo relevado, en ninguno de estos casos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación, sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales con base en afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas", se agregó.Los sitios allanados hace menos de una semana fueron cuatro centros de fertilidad ubicados en el centro porteño y dos de la ciudad santafesina de Rosario. Allí, las gestantes se hacían los tratamientos de fertilidad y también in vitro. En los procedimientos se fueron a buscar las historias clínicas y los legajos administrativos de pagos.También se hicieron procedimientos en siete escribanías donde se hacían las firmas del consentimiento por parte de las gestantes antes del procedimiento y al momento de producirse el parto. Se ordenó el secuestro de actuaciones notariales, protocolos y certificaciones de firmas respecto de los casos investigados. También hubo allanamientos en tres estudios jurídicos que aparecen representando a las gestantes o a los comitentes en estos procedimientos.
Turismo de subrogación de vientres: allanan clínicas de fertilización por una posible trata de personas
Además de centros médicos, allanaron escribanías y estudios jurídicos en CABA, Provincia y Santa Fe. Creen que empresas ofrecían un paquete a extranjeros por miles de dólares, en el cual incluían a la gestante del bebé y la entrega del recién nacido.
Magaly Medina sobre el allanamiento a la casa de Andrés Hurtado: "¿Para cuándo allanan a los Siucho?"
Durante el operativo, las autoridades no encontraron grandes pruebas en la vivienda de 'Chibolín', quien ya no reside allí. El abogado de Hurtado informó que solo se incautó una guía de remisión
Allanan en simultáneo viviendas de Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei
Agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional llegaron en simultáneo a los domicilios de los investigados, en los distritos de Ate y Lince
Allanan un exclusivo barrio de Nordelta e incautan un millar de termos truchos
El operativo incluyó allanamientos en Barrancas del Lago y en depósitos de Villa Urquiza y Villa Adelina.Lo denunció una famosa marca.
Caso Kiczka: allanan una oficina del diputado detenido por pedofilia dentro de una empresa de la familia Puerta
Se hizo en Cigarros Misioneros, que pertenece a la familia de Pedro Puerta.Secuestraron una notebook, un celular, dispositivos de almacenamiento de un despacho que usaba el legislador preso
Sandra Pettovello, cada vez más complicada: allanan el Ministerio de Capital Humano
A pedido del fiscal Casanello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7 emitió una orden de presentación con allanamiento en la Dirección de Logísitica del superministerio con el objetivo de recabar información sobre la retención y vencimiento de alimentos que el ministerio debía entregar.
Brasil: allanan y secuestran máquinas de peluche por considerarlas juegos de azar
La policía brasileña realizó 16 allanamientos en los que secuestraron máquinas tragamonedas, ordenadores portátiles, tablets, celulares, un arma de fuego y peluches. Leer más