Eran las primeras horas de la mañana cuando el movimiento habitual en las calles de Gerli, en el sur del conurbano bonaerense, se alteró con la llegada de móviles policiales. Minutos después, una escena similar se repetía en Dock Sud. En ambos puntos, efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de la policía bonaerense, irrumpieron en viviendas señaladas como refugio de dos adolescentes buscados por un violento robo ocurrido semanas atrás en el barrio porteño de La Boca. La operación, que se había planificado durante días, terminó con la detención de los sospechosos y el secuestro de armas y elementos que los vinculan directamente con el hecho.Según informaron fuentes oficiales, la investigación estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunal 4 y se inició tras la denuncia de una víctima que, el 23 de agosto, fue sorprendida a mano armada mientras estacionaba su vehículo en el barrio de la zona sur porteña. El auto, un Volkswagen Polo Track gris oscuro, fue sustraído en cuestión de segundos por dos jóvenes que lo amenazaron con armas y escaparon a toda velocidad. Desde entonces, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, testimonios y rastros que permitieron identificar a los autores en menos de una semana.Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos allanamientos simultáneos en domicilios situados en Tres Sargentos al 1600, en Gerli, y en 10 de Diciembre al 1100, en Dock Sud. Durante los procedimientos, los oficiales detuvieron a los dos imputados, ambos de 17 años, y secuestraron un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 milímetros, dos teléfonos celulares, una gorra negra, un par de zapatillas y un lente que la víctima reconoció como propio. Todos estos elementos serán sometidos a peritajes para confirmar su relación con el robo.El operativo contó con la participación de personal de la Policía de la Ciudad y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que colaboró en la irrupción y aseguramiento de los inmuebles. Las fuentes indicaron que no se registraron incidentes durante los allanamientos y que los adolescentes fueron trasladados sin resistencia.Tras las detenciones, el Juzgado Nacional de Menores Nº 4, a cargo del juez Cristian Von Leers, y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de Lomas de Zamora dispusieron el traslado de los imputados al Instituto Inchausti, donde permanecerán alojados mientras avanza la causa. La investigación continúa bajo la carátula de "robo agravado por el uso de arma de fuego", una figura que contempla penas severas, aunque en este caso se aplicará la normativa especial para menores de edad de entre 16 y 17 años.Fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas se tomarán declaraciones testimoniales y se realizarán peritajes sobre los elementos secuestrados. También se analizarán registros fílmicos y otros indicios vinculados al hecho. Todo quedó a disposición de la Justicia.Los investigadores no descartan que los adolescentes estén vinculados a otros hechos similares ocurridos en la zona sur del conurbano bonaerense. Por ese motivo, se cruzarán datos con otras causas abiertas en las que se utilizaron armas de características similares y se empleó el mismo modus operandi: sorprender a las víctimas cuando estacionan o descienden de sus vehículos.Detuvieron en Gerli y Dock Sud a dos menores por el robo a mano armada de un auto en la Boca
Soldados israelíes registraron el domicilio del cineasta Basel Adra en Cisjordania mientras colonos atacaban su aldea y familiares resultaban heridos.
En la causa por presuntos sobreprecios en medicamentos y pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, los letrados de Spagnuolo renunciaron sorpresivamente. Se investiga su patrimonio y circulan audios comprometedores que involucran a su entorno más cercano. Leer más
Los letrados que representaban al exdirector de la Andis dejaron su defensa alegando "motivos personales". El fiscal Franco Picardi ordenó nuevos operativos en Pilar y Berazategui. El consultor Fernando Cerimedo confirmó ante la Justicia el contenido de los audios que impulsaron la investigación. Leer más
Todo ocurre un día después de que Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, prestara declaración testimonial frente al fiscal Franco Picardi por los supuestos pedidos de coimas y comprometiera al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Leer más
El policía herido durante el operativo fue trasladado a un hospital, donde quedó internado y se reportó que está "fuera de peligro". El ladrón estuvo rodeado durante varias horas hasta que lo hallaron muerto dentro de una casa. Leer más
Los procedimientos judiciales los lleva adelante la Policía de la Ciudad. Buscan "preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados". Leer más
Irina Hauser analizó en "QR!" la decisión de la Justicia de avanzar en las averiguaciones sobre Jorge Rial, Mauro Federico y las autoridades del streaming Carnaval. Sucede en el marco de una denuncia presentada por el Gobierno nacional donde se vincula la difusión de audios filtrados sobre Karina Milei con operaciones ilegales de inteligencia. Leer más
Este lunes la Policía Federal encabezó cuatro nuevos allanamientos en distintas viviendas de Mar del Plata, entre ellos la del barrio Parque Luro perteneciente a la hija del nazi Friedrich Kadgien. Leer más
El matrimonio está sospechado de "encubrimiento" y le dieron 72 horas de arresto domiciliario.Para el fiscal federal Carlos Martínez, Patricia Kadgien y Cortegoso "están entorpeciendo la investigación, esencialmente haciendo desaparecer el cuadro".Qué encontraron en los operativos realizados este lunes.
Tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el Gobierno presentó una denuncia judicial contra varios periodistas. En este sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la medida y argumentó que desde el Gobierno buscan investigar una "operación de inteligencia ilegal".Patricia Bullrich sobre los allanamientos a periodistasLa cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino (principal accionista de Carnaval) y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios.La ministra de Seguridad justificó los pedidos de allanamientos a los periodistas y la prohibición de difundir los audios de Karina Milei. Argumentó que se trata de una cuestión de Estado y que los acusados "no son periodistas", sino "operadores". En una entrevista con Luis Majul para LN+, Bullrich afirmó: "Los periodistas son los que están acá, los que chequean con tres fuentes, no ellos". Según la ministra, la difusión de los audios busca desestabilizar al Gobierno.Patricia Bullrich: "Hay espionaje ilegal en la Casa de Gobierno"Además, la funcionaria vinculó la filtración de los audios a una operación que involucraría a exservicios rusos y venezolanos. Aunque no proporcionó detalles concretos, aseguró que se necesita una investigación a fondo con la colaboración de la SIDE. "Tengo que trabajar a fondo, junto a la SIDE, para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia, que es grabar una reunión", precisó.La posición del Gobierno sobre la difusión de los audiosEl vocero presidencial, Manuel Adorni, insinuó que la voz difundida pertenece a Karina Milei y que la conversación podría haber tenido lugar en la sede del Gobierno.Bullrich enfatizó que el problema no es el contenido de los audios, sino el hecho de grabar a la secretaria general de la Presidencia en la Casa de Gobierno. "No es un problema de contenido, el problema es el hecho de grabar a la secretaria general de la Presidencia en la Casa de Gobierno", remarcó. El Gobierno busca "cortar" el delito del "espionaje ilegal" y evitar que continúe la difusión de material. Los periodistas señalados por el GobiernoEntre los supuestos responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario y tesorero de la AFA Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. Bullrich los acusó de no actuar como verdaderos periodistas, sino como "operadores" que buscan desestabilizar al Gobierno.La ministra argumentó: "Si fueran periodistas y reciben un audio de este tipo, lo primero que harían es hablar con la fuente". La respuesta de Jorge Rial a las acusaciones del GobiernoJorge Rial cuestionó la denuncia presentada por el Gobierno, acusándolo de atentar contra la libertad de prensa y expresión. A través de su cuenta de X, Rial afirmó que el Gobierno acusa al periodismo de una "conspiración internacional" y que mezcla a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que, según él, no es más que una interna del propio Gobierno."En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión, sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión", escribió Rial. El conductor consideró que la denuncia es una "intolerable amenaza".Las implicaciones de la cautelar dictada por la JusticiaA raíz de la denuncia del Gobierno, un juez dictó una cautelar para impedir que se difundan más audios de la secretaria general de la Presidencia. Bullrich sostuvo que la grabación dentro de la Casa Rosada pone en una situación de indefensión a todos los ciudadanos. "Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora esta operación de inteligencia que es grabar dentro de la sede del Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de una indefensión a todos los ciudadanos", afirmó.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por el delito de abuso de autoridad tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y a los estudios de Carnaval Stream en el marco de la investigación por la filtración de presuntos audios de Karina Milei. La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, asesor legal de Cristina Kirchner, tras la presentación de ayer del Ministerio de Seguridad por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia. Dalbón considera que el accionar de la funcionaria de Javier Milei representa un ataque a la libertad de expresión y a la democracia en Argentina."Me parece que lo que hizo Patricia Bullrich es un acto de desesperación y de amenaza típico de Patricia Bullrich, quien obviamente no sabe más que hacer que reprimir y amenazar, pero ahora se ha metido con ustedes, con los periodistas y me parece que ameritaba denunciarla por abuso de autoridad. Por eso, si ellos van a librar una batalla contra la libertad de expresión, acá vamos a librar la batalla contra ella y por eso hoy se inicia una causa contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad", señaló Dalbón en Radio 10. En la presentación, la cartera que dirige Bullrich solicitó allanar el canal destreamingCarnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistasJorge Rial y Mauro Federico, dePablo Toviggino-principal accionista de Carnaval- y del abogadoFranco Bindi, pareja de la diputadaMarcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini. En 20 páginas, el Gobierno pidió que que se prohibiera la difusión de nuevas grabaciones. En ese sentido solicitó que "se adopten medidas cautelares urgentes a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas, disponiendo la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (art. 239 CP), y requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión".
La ministra de Seguridad fue denunciada por el abogado Gregorio Dalbón en los tribunales de Comodoro Py por el delito de abuso de autoridad.
A pesar de que le leyeron la presentación judicial que hizo, la ministra negó haber pedido el allanamiento de la casa de Jorge Rial y Mauro Federico. Fantino se baja del barco libertario. Leer más
Ariel De Vincentis fue procesado por desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento en el marco de la causa donde se investiga la posible comisión de delitos por parte de los dueños de la droguería Suizo Argentina en el presunto esquema de coimas en el que estaría implicada Karina Milei y Eduardo 'Lule' Menem. En "QR!", la periodista Irina Hauser relató el mecanismo que el empleado intentó desplegar ante la llegada de la policía. Leer más
La mujer y su pareja quedaron detenidos bajo arresto domiciliario tras ser acusados de entorpecer la investigación. Se realizaron otros procedimientos en otros tres domicilios. Leer más
La pintura había sido robada a un coleccionista judío en Países Bajos.Este lunes se realizaron cuatro nuevos allanamientos en Mar del Plata.La heredera y su esposo quedarán con prisión domiciliaria por entorpecer la investigación. Intentan una presentación civil.
MAR DEL PLATA.- La justicia federal dispuso la prisión domiciliaria por 72 horas de la hija del exjerarca nazi Friedrich Kadgier y también la de su esposo, a quienes citará a declaración indagatoria por el delito de encubrimiento a partir de la tenencia y ocultamiento de la obra de arte Retrato de dama, que data del siglo XVIII y durante la Segunda Guerra Mundial fue robada por fuerzas alemanas del Tercer Reich a un galerista holandés, junto con otros cientos de pinturas. La investigación tiene evidencias que ese cuadro estaba en el domicilio de Patricia Kadgier, allanado la semana pasada, en el barrio Parque Luro de esta ciudad. El operativo judicial tuvo resultado negativo, ya que los efectivos de Policía Federal que lo ejecutaron no encontraron esa pieza, pero sumaron otros elementos para profundizar la pesquisa que durante estas últimas jornadas sumó varios avances.El matrimonio, según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, también avanzó con una presentación ante la justicia civil del fuero provincial reclamando la propiedad de Retrato de dama, pintura del italiano Giusseppe Ghislandi, que data de principios del siglo XVIII. Lo justificarían por el tiempo transcurrido y, a su criterio, la prescripción de cualquier reclamo del dueño original.A última hora de hoy se sumaron al menos cuatro allanamientos, según pudo confirmar LA NACION, en procura de dar con esa obra que pertenecía al galerista holandés Jacques Goudstikker, despojado de cientos de piezas de su colección por fuerzas alemanas al servicio de Adolf Hitler, a comienzos de la década del 40. En el escrito ingresado en Mesa de Entradas de tribunales locales, Kadgier y Cortegoso se reconocen como poseedores de la pieza. En esa presentación formal, también se consideran los legítimos propietarios por sobre los derechos de herederos de Goudstikker. Kadgier y Cortegoso no solo confirmaron que tienen en su poder Retrato de dama. Fuentes de la investigación reconocen que el matrimonio propuso que la obra quede en consignación o custodia de la Justicia hasta tanto se dirima quién tiene derechos de propiedad y tenencia sobre esa obra.El matrimonio fue notificado de la prisión domiciliaria a última hora de esta tarde. La medida fue solicitada por el fiscal Martínez y lleva la firma del juez de Garantías Federal Santiago Inchausti.El mismo magistrado avaló otros tres allanamientos adicionales al de Patricia Kadgier en un nuevo intento por dar con la pintura. Apuntó a otro domicilio de Parque Luro, una vivienda próxima al barrio La Florida, también en zona norte de la ciudad (que fue negativo, pero donde secuestraron elementos de interés para la investigación), y un tercero en Santa Fe 1715, en pleno centro. Todos corresponden a familiares directos de Kadgier.La Justicia había allanado el pasado martes la casa de Paticia Kadgier donde se había visto, en un aviso inmobiliario, la imagen de Retrato de dama como parte de la decoración del living. Pero cuando llegaron los policías federales, de esa misma pared colgaba un tapiz. La dueña de casa presenció el operativo, entregó su teléfono celular -también se secuestró el de su esposo- y no hizo declaraciones.El fiscal Carlos Martínez, a cargo de la investigación, avanzó durante el fin de semana con distintas medidas que incluyeron tareas de inteligencia, testimonios y otras evidencias que lo llevaron a disponer la prisión domiciliaria de la pareja y la inminente citación a ambos a declaración indagatoria, acusados ahora formalmente de encubrimiento de un delito que sigue vigente porque se cometió en un contexto de genocidio, lo que lo hace imprescriptible.A 80 años del fin de la GuerraEl caso salió a la luz a partir de una publicación del medio neerlandés AD, que llegó con su corresponsal a Mar del Plata para contactar a las hijas de Kadgier (Patricia y Alicia), en el marco de los 80 años que se cumplen del fin de la Segunda Guerra Mundial.En Países Bajos aquel robo masivo de obras de arte en la entonces Holanda marcó una huella tan profunda como dolorosa, por lo que incluso en la última década se había trabajado en ese medio periodístico en una investigación especial para saber qué había sido de los herederos de quien fue uno de los colaboradores cercanos del gobierno de Adolf Hitler y en particular de una de las manos derechas del fuhrer, Hermann Göring.Entonces, el periodista Peter Stouten visitó la casa de Patricia, tocó timbre y nadie lo atendió, aún cuando percibió movimientos en el chalet de Parque Luro. Pero el frente lucía un cartel de venta del inmueble, lo que le generó inquietud. Cuando fue a la web de la inmobiliaria allí mencionada y accedió a la publicación del aviso, vio en el living un cuadro que le llamó la atención: era Retrato de dama.La publicación del caso en los medios derivó en la salida de la venta de la propiedad, que era comercializada por la firma Robles Casas & Campos. Inmediatamente se abrió una causa judicial a partir de una denuncia de Interpol y otra de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El jefe del Estado Mayor de la PNP consideró que investigación debería estar a cargo de la Policía, en medio de la grave imputación contra efectivos, a quienes se acusa de haber amenazado a testigos protegidos
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó ayer un mega operativo en todas las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad y en la droguería que menciona Diego Spagnuolo en sus audios como presunta pagadora de coimas. La orden la dio la Justicia federal con el fin de buscar elementos que determinen el rol de Karina Milei y los empresarios Kovalivker. Ayer se presentó Eduardo, el patriarca del clan, en el expediente y dejó su teléfono celular. Paralelamente los abogados del exfuncionario ya se presentaron. Leer más
La justicia allanó la droguería involucrada pero hasta anoche se resistía a entregar la información requerida. La policía estuvo en la Andis y retiró documentación y computadoras.
La Policía de la Ciudad realizó nuevos allanamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina, que son investigadas por la Justicia por presuntos sobornos, en el marco de la causa de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y los realiza el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. La causa está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, los detalles del objetivo de los nuevos operativos se mantienen en reserva.Los investigadores buscan acceder a toda la documentación necesaria para investigar los contratos entre la droguería Suizo Argentina y la Andis, que dirigía Spagnuolo, para determinar si se pagaron sobornos.La semana pasada se hicieron operativos similares en las mismas oficinas. En esa oportunidad, la Policía se llevó computadoras y cajas de documentos, que ya están siendo analizados. Solo de la droguería Suizo Argentina se llevaron 15 cajas, según fuentes cercanas a la empresa.Mientras tanto, el fiscal Franco Picardi, responsable de la investigación, espera el resultado de lo encontrado en los teléfonos secuestrados durante la última semana.En este aspecto, la empresa israelí Cellebrite le contestó al Ministerio Público Fiscal que hoy no tiene la tecnología necesaria para abrir el teléfono Samsung de última generación que le secuestraron a Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina. Tampoco se logró acceder aún al contenido del celular de Jonathan Kovalivker, el presidente de la compañía.En los audios que motivaron este caso, Spagnuolo sostiene que la Suizo Argentina era la encargada de hablar con las otras prestadoras para recaudar retornos para los funcionarios. "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: 'Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono'", se escucha decir a quien sería Spagnuolo.La tarea de "extracción forense" del contenido de los teléfonos la está haciendo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo del Ministerio Público Fiscal. También se la encomendó el fiscal Picardi.Esta semana, la Datip le entregó todo el contenido que bajó del celular de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis. En la revisión del teléfono se detectó que hay mensajes borrados. También se constató que el otro teléfono secuestrado a Spagnuolo no estaba operativo y estaría dañado.Ayer, Spagnuolo presentó abogados en la causa. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze. También la droguería Suizo Argentina se presentó en el expediente con un abogado defensor. Nombró a Santiago Kent. Más allá de la responsabilidad penal que les pueda caber a los empresarios, hoy la ley contempla también la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad realiza este viernes por la mañana nuevos allanamientos en la Agencia de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina en el marco de la causa de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo bajo la lupa.AllanamientosLos operativos simultáneos, ordenados por el juez Sebastián Casanello para buscar pruebas en el marco de la investigación por presuntos pagos de sobornos, ocurren en medio del reclamo por pensiones. Noticia en desarrollo
Después del pronunciamiento conjunto de la PCM, diferentes miembros del gabinete salieron en medios cuestionando el proceder del Ministerio Público
COMODORO RIVADAVIA.- La Justicia de Chubut avanzó esta semana con una serie de allanamientos en viviendas y estudios vinculados a exfuncionarios municipales de Comodoro Rivadavia, en el marco de la denominada causa Emergencia Climática II. Se trata de una derivación de un proceso que ya había culminado en 2024 con condenas por corrupción durante la catástrofe climática de marzo y abril de 2017, cuando las lluvias afectaron por 11 días consecutivos la ciudad y dejaron un saldo de una víctima fatal, 8000 evacuados y 3000 viviendas perdidas.Entre los lugares registrados figura el estudio contable de Germán Issa Pfister, exsecretario de Economía del municipio, que se desempeñó en las gestiones de los intendentes kirchneristas Carlos Linares y Juan Pablo Luque, exadversario del gobernador Ignacio Torres en la pulseada por la gobernación en 2023, además de actual candidato a diputado nacional.También se allanaron domicilios particulares en los que se secuestraron computadoras y documentación. El operativo fue encabezado por el fiscal Cristian Olazábal, quien explicó que los procedimientos se orientaron a "la búsqueda de evidencia digital y contable que permita verificar si existieron conductas delictivas adicionales a las ya probadas en el primer juicio".El fiscal es el que logró una fuerte sentencia en el primer juicio, realizado el año pasado, en el que se condenó a exsecretarios municipales y empresarios por sobrefacturación de trabajos para sacar cientos de miles de toneladas de barro de la ciudad, cuando quedó colapsada por la catástrofe climática de abril de 2017.En la causa original fueron declarados penalmente responsables por el fraude los ex secretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque, a quienes se suman los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen. A todos ellos se suman cuatro empresarios, identificados como Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas.Nuevas hipótesis de investigaciónSegún consta en el expediente, esta segunda investigación amplía el rango de sospechas hacia más de una decena de personas, incluidos exfuncionarios y empresarios. La hipótesis central apunta a presuntas maniobras de falso testimonio, exacciones ilegales y negociaciones incompatibles con la función pública.Uno de los elementos que sustenta esta línea es la aparición de conversaciones por WhatsApp, en las que un empresario y uno de los contadores municipales sospechados aluden a la necesidad de acordar "retornos" por parte de los empresarios contratados, lo que fue tomado por el tribunal de juicio en la causa anterior para ordenar una nueva investigación.El fiscal Olazábal interpretó este intercambio, junto a otros elementos surgidos en el primer juicio, como un indicio de eventuales pedidos indebidos hacia contratistas, aunque la pesquisa aún se encuentra en etapa preliminar.En paralelo, también se incorporaron al expediente irregularidades detectadas en documentación: enmiendas, correcciones y facturas rectificadas que podrían constituir pruebas de adulteración administrativa, destinadas a favorecer a un empresario con fuerte vínculo político.Respuestas y contexto políticoLa difusión de los allanamientos generó reacciones inmediatas en el plano político. El exintendente Juan Pablo Luque sostuvo que la inclusión de Issa Pfister en esta causa representa "una persecución política disfrazada de justicia". "En 12 años de gestión, nunca tuve una denuncia", afirmó Luque, quien interpreta el episodio como un intento de vincular su figura a hechos de corrupción ya juzgados.A través de un posteo en sus redes sociales, el ex intendente de Comodoro Rivadavia apuntó contra una de sus contrincantes en la elección de octubre, la diputada Ana Clara Romero. "Haciendo uso de sus fueros, me acusa falsamente de una vinculación con la causa emergencia que es inexistente", dijo. Análisis. Un Gobierno obligado a reinventarseEl candidato a diputado denunció, además, que fue "objeto de seguimientos y actividades de inteligencia ilegal" mientras realizaba actividades de campaña y aseguró que "todo ese accionar dirigido a un amigo, exfuncionario y parte esencial de mi equipo político, no tiene ningún sustento y evidencia la intencionalidad política y el claro exceso".En contraste, desde la oposición, la diputada Romero recordó que parte del gabinete de Luque fue condenado en la primera causa y cuestionó lo que consideró una estrategia de victimización.Un caso que vuelve al centro de la escenaEl 29 de marzo de 2017 comenzó en Comodoro Rivadavia un temporal de lluvia que se extendería durante 11 días y que sería recordado como la peor catástrofe socioclimática en la historia de la ciudad. La tormenta se adelantó tres horas a lo previsto y descargó más de 300 milímetros de agua, transformando calles en ríos torrenciales y en enormes zanjones.El impacto fue devastador: barrios enteros quedaron aislados e inundados, miles de vecinos permanecieron sin energía ni agua corriente, y los servicios públicos colapsaron. Los caminos y vehículos sufrieron destrozos, y se contabilizó la pérdida de alrededor de 3000 viviendas.El saldo humano y social también fue dramático: una víctima fatal y unas 8000 personas evacuadas marcaron la magnitud de un desastre que evidenció la falta de preparación de la ciudad para afrontar emergencias de esta envergadura.El temporal no solo dejó secuelas materiales. Ocho años más tarde, la emergencia sigue proyectando consecuencias judiciales y políticas. Ahora, con la causa Emergencia Climática II, los fiscales intentan determinar si existieron redes de connivencia más amplias que las ya sancionadas en el primer juicio, mientras el telón de fondo es una campaña electoral que reaviva tensiones entre oficialismo y oposición en Chubut.No son los únicos hechos de corrupción vinculados a la peor inundación que sufrió esta ciudad. Ya hubo exfuncionarios y comerciantes de Rawson y Trelew condenados por haber aplicado sobreprecios a productos esenciales durante la emergencia, como agua mineral y colchones para los inundados, además de una exministra y sus funcionarios que debieron cumplir penas de prisión por robarse los alimentos para mascotas que había donado una reconocida marca del rubro.
La Justicia evalúa pedir la captura nacional e internacional de ocho barra bravas del "Rojo" acusados de intento de homicidio y lesiones graves. En los procedimientos se encontró un arma de fuego, celulares y ropa vinculada a la investigación. Leer más
La parlamentaria señaló que el Gobierno debería enfocarse en combatir la inseguridad ciudadana en lugar de pronunciarse investigaciones contra sus familiares
La Policía llevó a cabo las búsquedas con el objetivo de arrestar a ocho personas, aunque por estas horas no lograron localizar a ninguno de los implicados en la causa.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros esbozó un pronunciamiento público en rechazo a las acciones de las autoridades judiciales, a las que acusaron de "estar del lado del desgobierno"
El abogado penalista Oscar Pellicori analizó cómo los barrios cerrados complican la sorpresa en los allanamientos y advirtió que todo depende de la habilidad de quien encabeza la diligencia. Leer más
Tras los allanamientos en PAMI y en una empresa de turismo vinculada a su entorno, la conducción nacional decidió apartar a Alfredo Moreno como coordinador administrativo en Chaco. La investigación federal lo involucra en presuntas coimas y afiliaciones falsas. Leer más
Diecisiete personas fueron detenidas y se realizaron más de 80 allanamientos en distintos barrios y localidades de Córdoba, en el marco de una serie de investigaciones por robos y estafas ocurridos en esa provincia y en Salta.Los procedimientos se llevaron a cabo de manera coordinada entre fuerzas de seguridad de Córdoba y Salta, con el objetivo de desarticular grupos dedicados a entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas. Según informaron fuentes oficiales, los sospechosos actuaban en diferentes estructuras y con modalidades propias, lo que motivó la ejecución simultánea de los operativos.Entre los delitos que se les imputan figuran asociación ilícita, robo calificado, estafas reiteradas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.Por un lado, en los barrios cordobeses Estación Flores y Villa Libertador, personal del Departamento Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres de 32 y 37 años, ambos con frondosos antecedentes, acusados de ser los autores de una entradera en una vivienda de un barrio cerrado situado en la capital de Salta. El asalto había sido cometido a mano armada y los ladrones se habían llevado dinero en efectivo y distintos objetos de valor. Los investigadores detallaron que los sospechosos operaban siempre bajo la misma modalidad y ya estaban bajo la lupa por delitos similares cometidos en los últimos años.Otro de los operativos desplegados se concentró exclusivamente en el delito de sustracción sistemática de vehículos. En este contexto, efectivos del Departamento de Sustracción de Automotores realizaron allanamientos en los barrios cordobeses Santa Isabel, Argüello, Parque Capital, Villa Libertador, Nuestro Hogar 3 y Comercial, donde fueron aprehendidos ocho delincuentes cordobeses: seis hombres y dos mujeres. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, los acusados alquilaban autos en distintas agencias de la provincia de Salta y nunca los devolvían. Tras una ardua investigación, las autoridades pudieron verificar que varios de esos rodados estaban en la provincia de Córdoba y hasta en territorio boliviano, lo que evidencia el alcance regional de la maniobra. Durante los allanamientos, además, la policía secuestró 1,5 kilos de marihuana, lo que abrió otra línea judicial por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.El tercer eje de los operativos se centró en el establecimiento penitenciario N°6 de Río Cuarto, donde investigadores del departamento de Delitos Económicos detectaron que en cinco celdas se organizaban estafas telefónicas, incluso a través de redes sociales, contra víctimas salteñas. Todo ello bajo la promesa de vender productos que no existían: los reclusos obtenían transferencias y se quedaban con el dinero.Este último esquema delictivo funcionaba con colaboradores externos, conocidos en la jerga policial como "mulas digitales", que servían de nexo para mover los fondos de manera encubierta. Con esa pista, se allanaron domicilios situados en la localidad de Las Perdices y viviendas del municipio de General Cabrera. En total, por esta modalidad, fueron arrestadas siete personas, que quedaron a disposición de la Justicia.Los 17 detenidos, entre ellos hombres y mujeres de distintas edades, no formaban parte de una misma organización, sino de bandas criminales diferentes, que operaban con modalidades propias en Córdoba y Salta. Ahora, se encuentran imputados por delitos que van desde asociación ilícita, robo calificado y estafas reiteradas, hasta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continuará con distintas líneas abiertas: identificar si existen otros integrantes prófugos vinculados a cada una de las estructuras desbaratadas, y reconstruir el flujo financiero de los bienes obtenidos ilegalmente, así como el destino final de los vehículos robados que fueron localizados en Córdoba y hasta en Bolivia. El despliegue de los diferentes allanamientos fue supervisado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, junto a su par salteño, Gaspar Javier Solá Usandivaras. Estuvieron presentes el jefe de la Policía de Córdoba, Leonardo Gutiérrez; el subjefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín; el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti. También participaron autoridades de la fuerza salteña como el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, Diego Yapo, y el titular de la división Sustracción de Automotores, Gavino Barboza.Tras las detenciones, el ministro de Seguridad cordobés destacó la magnitud del procedimiento: "Pudimos desarticular distintas bandas que operaban en Córdoba y en Salta con diversas modalidades: desde asaltos a mano armada en domicilios, tráfico de vehículos robados, hasta estafas telefónicas".Quinteros remarcó que este tipo de investigaciones requieren del trabajo fuertemente articulado entre los ministerios de Seguridad de ambas provincias, las justicias provinciales y las fuerzas policiales. "Claramente, estos delincuentes creían que gozarían de impunidad, por la mecánica de estos delitos que eran ejecutados en otros distritos, pero por un fuerte y serio trabajo tanto de la Justicia como de las áreas de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba y de Salta, los localizamos, fuimos a buscar, y hoy están presos", concluyó.
Presidenta interrumpió su discurso por el Día de la Defensa Nacional para salir en defensa de su hermano. Acusó a Fiscalía y al Poder Judicial de supuestamente querer llevar las riendas del país
En el marco de la causa donde se investiga la presunta existencia de un circuito de coimas entre el Gobierno y laboratorios, la Justicia analiza ingresos y egresos en el country donde viven los dueños de la droguería Suizo Argentina. Se sospecha que la seguridad del country podría haber colaborado con alertarlos antes de la llegada de la policía. Leer más
El juez federal Sebastián Casanello ordenó hoy allanamientos en Nordelta, como parte de la investigación contra el jefe de seguridad del lugar, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad, que la policía lo estaba buscando. De Vicentis declaró ayer en indagatoria ante el juez Casanello y negó la acusación que pesa en su contra. La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares que ya están en poder de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal.De Vicentis lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta. Estaba de vacaciones el viernes pasado, cuando la Policía de la Ciudad llegó a la garita externa del complejo en busca de los hermanos Kovalivker. Pese a que no le tocaba trabajar, los investigadores entienden que intervino para proteger a los empresarios.Cuando finalmente los investigadores llegaron a la casa de Jonathan Kovalivker, él se había ido. Una caja fuerte estaba abierta y había banditas elásticas en el piso.A Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan y otro de los dueños de la droguería Suizo Argentina, la Policía lo encontró cuando intentaba irse de Nordelta. La empresa de la familia está sospechada de haber pagado sobornos a la Agencia de Discapacidad.El pedido de indagatoria del jefe de seguridad de Nordelta lo hizo el fiscal de la causa, Franco Picardi. "El mensaje es claro: no se va a tolerar la obstrucción de la Justicia", dijo a LA NACION una fuente que trabaja en el caso. A Emmanuel Kovalivker, interceptado por la Policía cuando al parecer pretendía abandonar también Nordelta, lo encontraron con 266.000 dólares repartidos en una decena de sobres con anotaciones. Le secuestraron ese dinero y también $7.000.000, su celular y su pasaporte.
La Justicia incorporó videos de accesos y salidas del barrio cerrado para determinar si el jefe de seguridad ayudó a Jonathan Kovalivker a escapar de la policía en la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamento
El hombre aseguró que jamás le anticipó los hechos a la familia de Emmanuel Kovalivker. Según él, solo verificó que el operativo fuera legal.
Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, vivían en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta.El estupor de los vecinos tras ver la cantidad de policías en el lugar.
Los detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) que iban a participar del operativo estaban convencidos de que cuando irrumpieran en el departamento, en pleno centro de San Justo, en La Matanza, se iban a encontrar con un laboratorio o cocina de drogas sintéticas. Durante un año de investigación habían recabado pruebas suficientes. Lo que no sabían â??y que les generó una sorpresa mayúsculaâ?? fue el arsenal que descubrieron en el inmueble: pistolas, escopetas, una ametralladora y hasta un fusil con mira telescópica y silenciador.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA). Se trató del desenlace de una investigación que comenzó hace un año, tras una denuncia anónima que llegó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Estupefacientes de La Matanza, a cargo del fiscal Fernando López.La investigación estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA."Durante la investigación se obtuvieron pruebas de que en un departamento de San Justo se elaboraba tusi [estupefaciente conocido también como cocaína rosa], entre otras drogas sintéticas, pero lo que se desconocía era la existencia de un arsenal y un verdadero polvorín de municiones", sostuvo a LA NACION un jefe policial que participó de la pesquisa.Detrás del laboratorio narco estaba un ciudadano argentino de 40 años que quedó detenido. "La tarde del viernes pasado, finalmente, los detectives de la PFA a cargo de la investigación filmaron y fotografiaron distintas transacciones a gran escala de sustancias y allanaron la vivienda del sospechoso, situada en un departamento del tercer piso de un edificio del centro de San Justo, sobre la calle Perú", informaron fuentes policiales.En el momento en que irrumpieron los efectivos de la PFA, el sospechoso estaba en plena tarea de elaboración de droga sintética."En el allanamiento, ordenado por el juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara, se secuestraron 141 gramos de tusi, 400 gramos de ketamina, más de medio kilo de marihuana, 137 pastillas de éxtasis y tres balanzas de precisión", dijeron las fuentes consultadas.Pero la sorpresa de los investigadores fue el arsenal descubierto: una ametralladora calibre .45, un fusil a cerrojo calibre .308 con mira telescópica y silenciador, carabinas, escopetas, siete pistolas, un pistolón y "un verdadero polvorín de municiones".Primero, los oficiales de la PFA descubrieron una pistola marca Glock en la mesa de luz de la habitación del sospechoso, el resto de las armas y municiones estaban en los placares y en un armero."El sospechoso quedó imputado de los delitos de producción, distribución y venta de drogas y por la tenencia ilegal de las armas, muchas de ellas de uso prohibido", dijeron fuentes del caso.
La droguería, con más de un siglo de historia y contratos millonarios con el Estado, quedó en el centro de la tormenta tras la difusión de audios que la vinculan a un caso de presunta corrupción en la Andis. La Justicia allanó las oficinas y domicilios de los Kovalivker: a Emmanuel le encontraron US$ 266 mil en sobres de papel madera. La empresa, que proclama "tolerancia cero" a la corrupción, enfrenta ahora el desafío de explicar su propio escándalo. Leer más
El viernes se hicieron 16 procedimientos en la Capital Federal y el Conurbano. Se secuestraron dólares, pesos, teléfonos celulares y documentos públicos y privados.
El fiscal Franco Picardi rastrea en la contabilidad de la droguería Suizo Argentina y sus contratos con la Agencia de Discapacidad.Apuro por acceder al contenido de teléfonos y computadoras.
La Justicia Federal avanza sobre una presunta trama de sobornos en contrataciones del Estado y ordenó una serie de 15 allanamientos en la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina en busca pruebas. La causa involucra al exdirector de esa agencia, Diego Spagnuolo, y a directivos de la firma proveedora. La investigación se originó por audios que mencionan a altos funcionarios del Gobierno.¿Qué se sabe sobre los operativos y los principales involucrados?Los procedimientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello se ejecutaron en más de una decena de organismos y domicilios particulares. Uno de los operativos más relevantes ocurrió en Nordelta.Allí, la Policía de la Ciudad interceptó a Emmanuel Kovalivker, directivo de la Droguería Suizo Argentina, cuando intentaba eludir a los agentes en su auto. En el vehículo llevaba 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos. El dinero estaba repartido en distintos sobres. También le encontraron papeles con anotaciones. Las fuerzas de seguridad secuestraron el efectivo, su pasaporte y su teléfono celular. Su hermano, Jonathan Kovalivker, logró retirarse del lugar en su vehículo antes de la llegada de la Policía.Otro de los focos de la investigación es Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis. El Gobierno lo despidió de su cargo el miércoles a la noche. La Policía lo buscó desde el jueves y lo encontró este mediodía en un country del partido bonaerense de Pilar. Los agentes le secuestraron su teléfono celular cuando se subía a una camioneta.El juez Casanello delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi. Por el momento, no hay órdenes de detención: Los investigadores se concentran en la recolección de pruebas para la causa. De momento, el magistrado dispuso el secreto del sumario.Cuál fue el origen de la investigaciónEl caso comenzó con una denuncia del abogado Gregorio Dalbón. La presentación judicial se basó en la difusión de audios en el sitio Data Clave y en el canal de streaming Carnaval. En esas grabaciones, de origen desconocido y aparentemente editadas, una voz atribuida a Spagnuolo detalla un supuesto esquema de pedidos de coimas. El relato describe presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Agencia de Discapacidad. Menciona a "la Suizo" como la droguería intermediaria que históricamente trabaja con el Estado. Los audios también aluden al supuesto rol de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem en la trama. Quien presuntamente sería Spagnuolo cuenta en la grabación que informó al Presidente sobre estos hechos meses atrás.Qué secuestró la Justicia en los procedimientosEn la Agencia Nacional de Discapacidad, ubicada en Ramsay 2250, la Policía secuestró seis solicitudes de gestión de pagos. Esos documentos suman un total de 42 hojas. También se llevaron una "foja de pagos" a la empresa Suizo Argentina por un monto de $10.828.052.146. Del Laboratorio, en la calle Monroe 801 de la ciudad de Buenos Aires, los investigadores se llevaron 15 cajas con documentación y un pen drive.Este material se suma a lo incautado en los domicilios particulares. La lista incluye teléfonos celulares, agendas personales, documentación contable y diversos soportes informáticos. El teléfono de Kovalivker y el de Spagnuolo serán peritados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), una dependencia del Ministerio Público Fiscal.Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a una nota de Paz Rodríguez Niell.
La presentación judicial apunta contra Javier Milei, su hermana Karina, Diego Spagnuolo, "Lule" Menem y Eduardo Kovalivker, el dueño de la droguería Suizo Argentina, señalada en la causa.
La Justicia ordenó 14 allanamientos durante la madrugada. Secuestraron miles de dólares. El abogado denunciante dijo que la investigación "está prosperando". Qué otros avances hubo.
El juez Casanello ordenó los procedimientos tras los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad revela una trama de corrupción en la compra de medicamentos. Spagnuolo no fue hallado y no pudieron secuestrar su celular. A un directivo de la droguería mencionada en los audios lo hallaron con sobres con dólares.
La caída de una banda narco en José León Suárez comenzó con un operativo que apuntaba a una zona caliente del partido de San Martín. En medio de allanamientos simultáneos, fue detenida Laura M. G., conocida como "La Gorda Laura", señalada como líder de una red que operaba con intensidad en distintos barrios. En los procedimientos se incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y vehículos. Según fuentes judiciales, la investigación busca reconstruir cómo funcionaba el circuito de distribución y qué alcance tenía el poder territorial y económico de la organización.Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, la investigación se inició en noviembre de 2024 y fue llevada adelante por efectivos de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la policía bonaerense, bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. El trabajo de inteligencia culminó este fin de semana con 20 allanamientos simultáneos, ocho arrestos y el secuestro de importantes elementos vinculados al narcotráfico, entre los que se cuentan: estupefacientes, armas, dinero y vehículos. Tras varios meses de averiguaciones, se pudo determinar que Laura M. G., dirigía una red narcocriminal con base en el barrio Villa Curita de José León Suárez. La estructura estaba conformada por familiares y colaboradores de confianza, quienes operaban desde distintos puntos de venta bajo la modalidad de "bolseros", y estaban protegidos por "soldaditos" y "satélites" armados.Uno de los pilares de su operatoria delictiva consistía en el uso de plantas recicladoras de residuos como fachada para encubrir las verdaderas actividades ilícitas. La más importante, llamada "Firmes al pie de la montaña", funcionaba dentro del predio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). A esto se suman otros dos establecimientos que simulaban ser un comedor comunitario y un corralón de materiales.En realidad, estos lugares eran el centro neurálgico desde donde se planificaba y coordinaba la logística del negocio ilícito, aprovechando su apariencia legal para funcionar sin levantar sospechas. Según advirtieron fuentes del caso a LA NACION, alquilaban propiedades a integrantes de la cooperativa recicladora con el fin de reforzar el dominio territorial y asegurar la continuidad del negocio.Durante el despliegue, las autoridades intervinieron cinco líneas telefónicas â??una registrada a nombre de la líder de la bandaâ??. Las escuchas revelaron cómo la venta de droga era encubierta bajo la supuesta comercialización de artículos de higiene y alimentos. Además, se identificó a J. J. A. P., alias "Pelado", como uno de los principales compradores mayoristas, con domicilios en San Martín y Morón.En uno de los procedimientos, Laura M. G. fue arrestada en una vivienda de José Ingenieros, donde los investigadores incautaron $130.000 en efectivo, cocaína ya fraccionada para la venta, tres motocicletas y un automóvil vinculado a la causa.En el transcurso de los demás allanamientos, la policía capturó a sus hijas T. J. G. y A. G., a su yerno Brian J. G. y a otros integrantes de la organización, logrando además el secuestro de más droga y sumas adicionales de dinero.En paralelo, mientras se realizaban traslados en la zona de José Ingenieros y Diagonal 77, dos menores armados fueron interceptados cuando intentaban robar una bicicleta. Se les secuestró el revólver calibre 38 que portaban.Resultados de los allanamientos:Detenidos: 8 personas directamente vinculadas a la causa.Aprehendidos: 20 adultos y 2 menores en flagrancia. Drogas incautadas: 2853 dosis de cocaína (1234,2 gramos) y 341,7 gramos de marihuana.Armas de fuego: 2 pistolas calibre 9 mm (una con numeración limada), un revólver calibre 38 sin numeración y 115 municiones.25 teléfonos celulares utilizados por la organización.Vehículos: 20 autos y 3 motocicletas relacionados con la causa, además de autopartes con pedido de secuestro.Dinero en efectivo: $900.000 en total.
El mismo buscaba desarticular una red de comercialización de drogas. Del operativo participaron 400 efectivos y se utilizaron 50 móviles.
Tras realizar seis allanamientos simultáneos en la Villa 1-11-14 y en la localidad bonaerense de La Tablada, fueron detenidas nueve personas, una de ellas con pedido de captura. Además, se secuestraron más de 800 envoltorios de cocaína. Leer más
Según alegaron las afectadas, la mujer, que era intermediaria entre el propietario y un portal digital de alojamientos, habría entrado al inmueble de una forma violenta y agresiva
Dos gremios se manifestaron frente a la sede de un tercero y en Puerto Madryn trabajadores desistieron de embarcar tras ser amenazados. La pérdida por la mora en la zafra del langostino ya supera los USD 200 millones de exportación y millones de pesos de pérdida de ingresos mensuales a unas 5.000 familias
Sobre David Ramón Bernal, de 79 años, recaía una orden de detención por amenazas y lesiones leves.La justicia no tomó temperamento hacia el policía que le disparó.
El jueves por la tarde, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en una casa situada en la calle Tomás Valle al 5400, en la localidad bonaerense de González Catán, en La Matanza. El operativo tenía una orden judicial clara: allanar el domicilio de un jubilado que estaba acusado de haberle disparado a su inquilino durante una discusión.El dueño de casa, identificado como D.R.B y de 79 años, no dio lugar al diálogo. Apenas vio a los uniformados cruzar el umbral de su vivienda, levantó el arma y disparó. Lo hizo sin titubeos, con una violencia que sorprendió incluso a los propios agentes, entrenados para este tipo de situaciones. Uno de los proyectiles dio de lleno en el pecho de F.N.N., un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental. Fue el chaleco antibalas lo que le salvó la vida.En ese instante, todo se volvió caótico. No hubo advertencias, ni tiempo para intentar una rendición. Los disparos se cruzaron como en una escena de guerra doméstica y los policías respondieron a la agresión, según informaron fuentes de la fuerza de seguridad provincial. D.R.B., cayó al suelo con dos impactos de bala: uno en el tórax, del lado derecho, y otro con orificio de salida a la altura del omóplato.La ambulancia llegó pocos minutos después. Pero ya era tarde. El jubilado estaba muerto, tendido en el piso del domicilio donde hasta ese momento vivía solo. Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, la cadena de hechos que terminó en tragedia comenzó el pasado 6 de junio, cuando N.M., un joven de 35 años, se presentó ante la Justicia para denunciar un violento episodio que, asegura, estuvo a punto de costarle la vida. El denunciante relató que alquilaba una propiedad y que, tras una fuerte discusión con el dueño de la casa â??el jubilado identificado como D.R.Bâ??, este reaccionó con furia: lo amenazó, sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa.El disparo, por fortuna, no fue letal. El proyectil no impactó en órganos vitales y el joven solo sufrió heridas. Pero el miedo y la gravedad del hecho lo empujaron a actuar. Sin dudar, acudió a las autoridades y radicó una denuncia penal. No se trataba de una simple discusión entre inquilino y propietario. Denunció un intento de homicidio.La Justicia tomó nota. La UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, inició una investigación bajo la carátula de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, y en poco tiempo el juzgado de Garantías Nº 3 de Laferrere solicitó una orden de allanamiento para secuestrar el arma en cuestión. Pero la diligencia judicial, que debía ser un procedimiento de rutina, terminó teñida de tragedia. Lo que iba a ser un operativo para esclarecer una denuncia por abuso de armas, se transformó en un escenario de fuego cruzado. Según el parte policial al que accedió LA NACION, tras el tiroteo, los agentes encontraron en el lugar un revólver calibre 357 marca Magnum, modelo Ruger, sin numeración visible. El arma estaba cargada con dos municiones intactas y cuatro vainas servidas: las balas que, minutos antes, había disparado el jubilado contra el grupo de asalto que ingresó en su casa.La investigación penal contra D.R.B., que avanzaba por lesiones agravadas por uso de arma de fuego, se extinguió automáticamente con su muerte. El expediente ahora cambió de nombre y rumbo: de una causa contra un agresor armado a una reconstrucción de los hechos que derivaron en su muerta a manos de la policía.
Fue por las manifestaciones antisemitas en la previa del partido frente a Atlanta.El procedimiento está ligado a "La Peste Blanca", la barra del club de Floresta.El Ministerio de Seguridad también aplicó sanciones a hinchas de Los Andes.
LA PLATA.- La justicia federal ordenó 22 allanamientos para avanzar en la investigación del caso de fentanilo contaminado que habría causado la muerte de al menos 53 personas.Los operativos se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Ramallo, en San Nicolás y en Santa Fe. Los investigadores buscan determinar en dependencias de HLB Pharma y de la cadena de distribución si hubo fallas en los procesos de producción de la sustancia que estaba contaminada con bacterias de klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. El juez federal Ernesto Kreplak, que ordenó los allanamientos, ya les tomó declaración a varias decenas de los familiares de las personas fallecidas luego de haber sido inyectadas con las sustancias contaminadas en distintos hospitales y clínicas del país, en mayo último.Entre estas familias está la de Renato Nicolini, un joven de 18 años fallecido en el Hospital Italiano de esta capital. La mamá de Renato, Sol Francese, dijo hoy: "Me di cuenta enseguida de que Renato podía ser uno de los contaminados. Yo soy enfermera. Yo sabía de la medicación que se le estaba administrando a él y me di cuenta enseguida que el fentanilo podía estar contaminado". Renato tenía 18 años. Vivía en Chascomús. Había tenido un accidente en moto. Tenía un traumatismo de cráneo y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano, donde murió tras recibir fentanilo. En ese hospital se registraron 15 de las víctimas fatales. "Me pareció raro que el desarrollara una neumonía al tercer día de estar en terapia intensiva", relató la madre del joven, que espera ahora que la investigación termine con la condena de los responsables.
Los operativos se dan a la vez en CABA, Ramallo, San Nicolás y Santa Fe. La medida la ordenó el juez Ernesto Kreplak y opera la Policía Federal Argentina.
El Ministerio de Seguridad, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, le cumplió el deseo al diputado libertario de encarcelar a sus opositores, a lo que sumaron una serie de entraderas violentas con la Federal en casas de familiares de los militantes. Este miércoles se sumaron cuatro detenidos, que se suman a Alexia Abaigar. La avanzada recuerda los peores tiempos del terror. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", dijeron sus compañeros en una conferencia de prensa en Diputados.
La Justicia Federal investiga una presunta red dedicada al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. En un megaoperativo coordinado entre Chaco y Corrientes, se realizaron nueve allanamientos simultáneos. Leer más
A 47 días de los allanamientos en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo por el escándalo del fentanilo contaminado que ya dejó 52 muertos, LA NACION accedió a un video de la destrucción realizada dentro del laboratorio HLB Pharma el 12 de mayo, a días de los allanamientos de la Justicia por las muertes asociadas a las ampollas del laboratorio. Los procedimientos sucedieron el jueves 15 de mayo, luego de este video. En él se ven las oficinas repletas de papeles rotos y en el piso. Se trata del sitio donde se guardaban todos los registros relativos a los patch record de producción y garantía de calidad. De acuerdo con testimonios, la intención era generar caos para ganar tiempo en el encuentro o envío de los detalles solicitados por la Justicia y Anmat. La explicación fue que se trató de un acto de vandalismo. En un gabinete aparece pintado con grafitti rojo "100 familias sin laburo". "¿Pero qué pasó acá?", dice la empleada que filma. "Un desastre", le responde otra. El video se suma a una inquietante hipótesis sobre lo sucedido con ampollas de fentanilo y citrato de fentanilo faltantes durante los allanamientos, como dio a conocer este medio. Los García habrían enviado, justo después de los procedimientos policiales, cuatro camiones de otra de sus marcas, Tres Arroyos, a recolectar mercadería a ambas instalaciones. De allí habrían ido al kilometro 46 de Acceso Oeste, donde los García, los dueños, tiene otra empresa: Cables Epuyén. El recorrido de los camiones podrían rastrearse a través de la empresa que los monitoreaba, Lo Jack (ahora Strix).Según reconstruyeron fuentes con conocimiento directo de los movimientos, los camiones salieron de San Isidro después de los allanamientos, se detuvieron en la planta de Ramallo â??donde también se fabricaban medicamentos con el sello de HLBâ??, y continuaron camino hacia General Rodríguez. Allí, en unos galpones que no fueron allanados, habría quedado guardada la mercadería retirada. Los allanamientos del 15 de mayo, ordenados por el juez Ernesto Kreplak al día siguiente a la denuncia y dos días después de que Anmat, tardíamente, suspenda la actividad del laboratorio, se realizaron en simultáneo en siete puntos del país, incluyendo los dos laboratorios involucrados y cinco droguerías distribuidoras. Fue después de que se confirmara que un lote de fentanilo en ampollas estaba contaminado con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, lo que provocó una seguidilla de muertes en hospitales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.Unos días antes de que los allanaran, HLB Pharma reportó una entradera en sus oficinas. Dijeron que se habían llevado las cajas fuertes en donde, según el reporte de Sedronar de marzo, por tratarse de material peligroso y sensible, guardaban el citrato de fentanilo.
La familia de los adolescentes que fueron asesinados y hallados en un descampado entregó muestras de sangre. Las autoridades buscan establecer un tercer perfil genético. Además, realizaron un operativo en un galpón cerca del lugar. Leer más
También alertó sobre cualquier suplantación que pueda dar en su nombre
La Justicia ordenó ingresar a la sede del oficialista Partido Socialista para recabar información comprometedora en la causa que involucra a exfuncionarios y exasesores cercanos al mandatario, como el ex número tres del partido Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. Se los acusa de recibir jugosos sobornos de empresas a cambio de concesiones irregulares de obra pública. Sánchez busca desvincularse del escándalo que salpica a su gobierno. Leer más
En un operativo de la Policía de la Ciudad fueron arrestados tres vendedores de drogas y cerraron un búnker narco que funcionaba en el barrio porteño de Constitución. Durante el allanamiento, se secuestraron más de 200 dosis de cocaína que estaban lista para su comercialización minorista.La causa comenzó en enero pasado a partir de una investigación llevada a cabo por la División Investigaciones Antidroga Zona Norte reunió importantes evidencias sobre el modus operandi de los principales responsables de esta organización y los puntos donde llevaban a cabo la venta de droga.Con suficientes pruebas recolectadas, el Juzgado Penal N°4 a cargo de Rocío López Di Muro, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Estupefacientes, ordenó el allanamiento simultáneo de tres departamentos y dos espacios comunes de un edificio ubicado en avenida Juan de Garay al 1200.Cuando llegaron los uniformados a ese lugar, se encontraron con una maniobra de compra-venta de estupefacientes, la cual interrumpieron en el acto. Irrumpieron en la escena y detuvieron a tres personas, una pareja de nacionalidad peruana y un argentino, todos ellos de entre 33 y 40 años de edad e identificados como los principales responsables del narcomenudeo en esa zona.Además, fue demorada una mujer de 40 años en calidad de compradora, quien fue notificada de la causa y recuperó ahí mismo su libertad, mientras que fueron identificadas otras dos personas.En el operativo, se secuestraron tres "bombas" con 206 envoltorios de cocaína con un total de 58,92 gramos, $123.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y un envoltorio adicional que estaba en manos de la compradora.En el edificio ya se habían realizado previamente otros seis allanamientos. Por otro lado, desde 2020 se hicieron allí 111 intervenciones por diferentes ilícitos, entre esos operativos que se concretaron en Juan de Garay al 1200 figuran 52 procedimientos en causas relacionadas con la venta de droga, siete por robo a mano armada, tres por hurto y tres por lesiones. Los otros episodios en los que la policía irrumpió en ese lugar fueron derivados de denuncias por violencia de género, abuso sexual y resistencia a la autoridad.Finalmente, durante el operativo realizado en las últimas horas, en el cual participaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), del Ministerio Público Fiscal, y de la Guardia de Auxilio del programa Buenos Aires Presente (BAP) y de la Dirección de Emergencias, se acordó con los ocupantes el desalojo pacífico para poder después tapiar el búnker según exigía la orden judicial. El cierre se hizo con soldadura metálica para evitar que el lugar vuelva a destinarse a la venta de droga en un futuro.
Se trata de una persona que ya registra varios episodios violentos, incluyendo haber quemado un campo en medio de una disputa política. Leer más
Un importante operativo contra el tráfico de pornografía infantil se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, donde se concretaron 165 allanamientos en 84 localidades para desbaratar a un grupo que intercambiaba imágenes de menores abusados. La Operación Protección de las Infancias V fue coordinada por el Ministerio Público bonaerense, a cargo del procurador general Julio Conte Grand. Fueron identificados 137 sospechosos, en un rango etario de los 16 a los 81 años. De esas personas que fueron imputadas en esta causa, 16 resultaron detenidas en los procedimientos.El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Vergés, junto a los fiscales especializados en la temática.En el operativo participaron siete fiscalías especializadas, la Unidad Funcional de Instrucción n°22 del Departamento Judicial de Azul, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca, la Unidad Funcional de Instrucción n° 8 del Departamento Judicial de Dolores, la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín, la Ayudantía Fiscal con competencia exclusiva en delitos conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Quilmes, y a la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino.Los 165 domicilios detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, General Alvarado, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.En los allanamientos se secuestraron 214 computadoras, 350 dispositivos de almacenamiento, 357 celulares, armas de fuego y estupefacientes.Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen investigaciones por tenencia y producción de pornografía infantil y por acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal.En la investigación tomaron parte especialistas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina y la División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras dependencias policiales que concretaron los allanamientos coordinados en 84 localidades.
La investigación por la muerte de 33 personas que habían sido tratadas con fentanilo contaminado motivó hoy nuevos allanamientos en cinco droguerías y dos laboratorios.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente. Los procedimientos, a cargo de División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina (PFA), fueron ordenados por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.Los procedimientos se realizan en los laboratorios HLB Pharma, en San Isidro; Laboratorio Ramallo, en el partido bonaerense de Ramallo; en tres sedes de la Droguería Alfarma: en Rosario, en la ciudad santafesina de Sunchales y en el barrio porteño de Caballito; Droguería Glamamed, en Paternal, y Droguería Federal Pharma, en la ciudad de Santa Fe.El laboratorio que comercializó el fentanilo contaminado fue HLB Pharma Group, aunque la elaboración estuvo a cargo de Laboratorios Ramallo. Según la investigación, en las ampollas del opioide se detectaron las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Entre las infecciones graves que estas pueden causar, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, figuran bacteriemia o septicemia, meningitis y artritis séptica para la primera, así como neumonía infección del tracto urinario o sepsis para la segunda. De ahí que, al haber sido suministrado el medicamento a pacientes en terapia intensiva, las consecuencias, en varios casos, hayan sido mortales.Noticia en desarrollo
El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín denegó un planteo procesal de Zhang Ming Qiang, imputado por haber disparado y lanzado granadas contra efectivos de la Policía Federal durante un operativo en un supermercado
Se realizaron procedimientos en el norte del GBA y la Ciudad.Dos productoras en la mira.
Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora.
Emanuel Centeno (28) está desaparecido desde el 20 de abril, cuando fue visto por última vez en Gaiman. En las últimas horas se realizaron allanamientos en la casa del hermano y de un amigo de éste
En la vivienda de Liliana Pizán, presunta pareja y abogada de 'Cuchillo', señalado por la masacre de 13 mineros en Pataz, se encontraron varios fajos de dinero guardados en sobres
Las autoridades llegaron al inmueble ubicado en el barrio porteño de Palermo, pero descubrieron que no funciona allí desde 2020.
La declaración de Pablo Dimitroff en el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona derivó ayer en un allanamiento en la Clínica Olivos, donde el testigo, hasta hace pocos días, se desempeñó como director médico. En el procedimiento, personal de la policía bonaerense secuestró 279 fojas que conformarían la historia clínica del astro mundial de fútbol, seis estudios de laboratorio que le practicaron en distintos momentos y 547 correos electrónicos que podrían ser de interés para la causa.Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El allanamiento fue ordenado ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del juicio, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal.El pedido para allanar la Clínica Olivos se precipitó después de que Dimitroff presentará en su declaración los resultados de un estudio de laboratorio que le habrían realizado a Maradona el día en que fue operado de un hematoma subdural en la cabeza, a principios de noviembre de 2020. Hasta el momento esa parte de la historia clínica no estaba incorporada en el expediente.Es más, la semana pasada declaró como testigo Fernando Villarejo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos, quien había afirmado que Maradona había sido operado del hematoma subdural sin haberle hecho estudios prequirúrgicos y de laboratorio.Tras una deliberación de más de media hora, por unanimidad, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach hicieron lugar al pedido de registro de la Clínica Olivos para secuestrar la historia completa de Maradona.El allanamiento, finalmente, comenzó anoche después de las 22 y se extendió durante dos horas. Estuvo a cargo de la Dirección Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires."Dando cumplimiento de la manda judicial, personal de la Dirección de Cibercrimen se constituyó en la Clínica Olivos y se entrevistó con el médico a cargo, Juan Molinos; el gerente, Pablo Castiello, y el apoderado de Swiss Medical, Claudio Ravinovich, quienes interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos. Verificados los mismos, se procedió al secuestro de archivos en soporte digital y documentación física en soporte papel", explicaron fuentes policiales.Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y a Gianinna Maradona, dos de las hijas del Diez, adelantó que pedirá que Dimitroff sea investigado por el delito de falso testimonio. Dimitroff declaró durante cinco horas. Primero, ante preguntas de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública, recordó cómo fue la llegada de Maradona a la Clínica Olivos y los momentos previos y posteriores a la intervención quirúrgica.El testigo recordó que después de la operación, Maradona "estaba notablemente mejor, era otro paciente". Y agregó: "El equipo médico estaba muy satisfecho y sus familiares estaban gratamente sorprendidos por la mejoría".Después, Dimitroff habló de lo "difícil" que era el paciente Maradona. "No era fácil que [Diego] entendiera que se tenía que dar quieto", explicó. Y, posteriormente, hizo referencia a un episodio, entre el 5 y 6 de noviembre de 2020, de "excitación psicomotriz bastante complejo, parecía un síndrome de abstinencia, creemos que de alcohol porque era lo que pedía y demandaba".Entonces, según recordó el testigo, hablaron con los médicos que tenían el paciente a cargo. Nombró, en ese sentido, al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los imputados sentados en el banquillo de los acusados.Luque y Cosachov les comentaron que esas crisis eran parte del problema que ya tenían en el domicilio y que por momentos lo tenía a Maradona agresivo y excitado."Fue a partir de esa situación que planteamos que teníamos un problema por delante y que iba a ser difícil llevarlo al domicilio. Parecía que había una preocupación genuina de nosotros, de los médicos tratantes y de las hijas de lo que estaba pasando con el paciente más allá del drenaje del hematoma subdural", dijo el testigo.Cuando el testigo hablaba en primera persona del plural se refería a la Clínica Olivos y la empresa de medicina prepaga Swiss Medical."Los médicos tratantes [por Luque y Cosachov] cuando veían la excitación [de Maradona] nos planteaban que se hiciera lo posible para tenerlo tranquilo y sedado. Pero no se puede tener a un paciente permanentemente sedado", explicó Dimitroff.El testigo recordó que Maradona estuvo sedado un poco menos que 24 horas. "Tuvimos el efecto que buscábamos, no poner en riesgo al paciente y los accesos que tenía colocados. No se lo puede tener sedado permanentemente. ¿Cómo seguimos, cuál es el plan que pensaban hacer? No estaba en claro de parte de ellos [cuerpo médico tratante] como se iba a continuar el tratamiento".Entonces, Dimitroff contó que con representantes de Swiss Medical comenzaron a preparar un plan para continuar el tratamiento y ofrecérselo a la familia y a los médicos tratantes."Para nosotros la opción de que se vaya a su casa no era la adecuada en ningún momento. El paciente sin control en un domicilio, para mí, era gran parte del problema. Tenía que modificarse esta situación. Tenía que ver con sus conductas, que eran autolesivas; no comía como correspondía, tomaba cosas que no le hacían bien; no se levantaba de la cama; estaba despierto de noche y dormía de día. Nos parecia que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento que había iniciado en la Clínica Olivos con el drenado del hematoma", afirmó Dimitroff.El testigo recordó que hablaron [por la Clínica Olivos y Swiss Medical] con el médico Mario Schiter, quien también declaró como testigo en el juicio y que había atendido a Maradona, que tenía un rol de en una clínica psiquiatra."Se armó una estructura con profesionales para que se encarguen de toda estas terapias relacionadas con abusos de sustancias y síndromes de abstinencias de estas sustancias. Queríamos derivarlo", dijo el exdirector médico de la Clínica Olivos.Según Dimitroff, el 9 de noviembre de 2020 hubo una reunión con los médicos tratantes y las hijas del astro donde le plantearon lo que creían que era la "única alternativa para continuar la recuperación del paciente".El testigo afirmó que le hicieron la propuesta de la derivación. "En este lugar se iban a encargar de su recuperación motriz y se iban a ocupar de las consecuencias de los síndromes de abstinencia".Ante una pregunta del fiscal Ferrari, Dimitroff sostuvo que la primera recepción de los médicos tratantes y la familia fue favorable, pero al explicarles que había un límite que era la aceptación del paciente, Luque respondió: "Entonces es imposible, el paciente no quiere otra cosa que irse a su casa".Y agregó: "Era la carta [la derivación] adecuada para continuar el tratamiento. Ante la negativa del paciente, la única instancia que quedaba era intentar hacer una internación contra la voluntad del paciente. La única indicación fue plantear que el paciente no fuese a su domicilio, no era lo que médicamente necesitaba".Como respuesta, primero, Dimitroff y la empresa de medicina prepaga recibieron un pedido de tiempo."Después, nos plantearon que no iban a tomar la opción de la derivación. Que iban a armar algo en el domicilio. Creo que fue el doctor Luque. Me dijo que habían evaluado y que no iban a aceptar ir a otro lado que no fuera un domicilio y que estaban buscando conseguir un domicilio que cumpliera con todos los aspectos que necesitaban para tener un mejor control de todo lo que tenía que ver con el cuidado del paciente una vez externado", sostuvo el médico. Se trató de una comunicación por chat o por teléfono, no fue personalmente.El testigo agregó: "El 11 de noviembre, intempestivamente, nos dijeron que habían conseguido el lugar y nos pidieron una ambulancia para el traslado". El pedido fue hecho personalmente por Cosachov, según Dimitroff.Dos semanas después, Maradona murió en la casa donde había sido trasladado.
Lo anunció el ministro de Seguridad provincial. La medida se dio en medio de una serie de procedimientos en los que ya había avanzado la Justicia sobre integrantes de la cúpula policial
Las autoridades del estado reportaron la imputación de tres personas por delitos que incluyen robo calificado y lesiones graves
CORRIENTES. - Allanamientos, detenciones y videos de menores llevando fajos de dinero convulsionaron Chaco. Todo surge de las investigaciones llevadas adelante por la justicia federal y local a partir de una serie de denuncias de corrupción. El escándalo, conocido como la "megacausa de los piqueteros" podrían escalar en lo político y cercar a funcionarios cercanos al exgobernador Jorge Capitanich.Sucede que los imputados, detenidos y procesados en lo que se conoce también como la "megacausa del IAFEP" responden a organizaciones que tuvieron vinculaciones directas con el anterior gobierno provincial.Los imputado quedaron en evidencia cuando salieron a la luz varios videos en los que se los ve a niños de sus propias familias manipulando montañas de dinero de distinto valor, que sería el producido de varios hechos ilícitos en perjuicio del estado.Así contaban el dinero, los secretarios del piquetero Tito López Uno de los primeros detenidos, en octubre de 2024, fue Mario Andión, extitular del IAFEP, quien con algunos de sus subordinados fue denunciado por defraudación, asunto que algunos investigadores creen que fue solo la punta del ovillo.Una fuente del gobierno chaqueño le dijo a LA NACION que la justicia local y federal debería poner la lupa, en el caso del IAFEP, en sus inmediatos superiores, que eram los auditores y funcionarios del Ministerio de Economía provincial durante la gestión de Capitanich.El entonces ministro de Economía Santiago Perez Pons, hasta ahora no fue requerido en la causa y además tiene fueros, porque en 2023 fue electo diputado provincial. El sentido común indica que tiene que haber registros de los recursos, porque solo en 2023 salieron más de 16 mil millones de pesos de las arcas provinciales para financiar programas del Instituto de Agricultura. Y ese es solo uno de los organismos investigados. "El desfalco allí podría ascender a los 60 mil millones", dijo una fuente. Operadores políticos y judiciales chaqueños, que pidieron reserva de identidad, tienen dudas acerca de la rectitud con la que podría actuar la justicia provincial e incluso manifiestan reparos en relación con la investigación federal. "No creo que lleguen a Capitanich", dicen, con sigilo. En todo caso, eso se verá con el transcurso de la investigación, que parece mantener sus bríos. A nadie se les escapa que el Chaco transita un cronograma electoral en el que el propio Capitanich es protagonista. Es candidato a diputado por la principal lista kirchnerista de la oposición. Por eso, este viernes denunció que es víctima de una campaña en su contra.Los apoderados del Partido Justicialista presentaron una denuncia ante la Justicia Federal por supuestas noticias falsas (fake news) para perjudicar a Capitanich y posible lavado de activos detrás de su financiamiento. La presentación se hizo ante la jueza federal con competencia electoral de Resistencia, Zunilda Niremperger, "por posibles delitos electorales, delitos contra el honor, lavado de activos y violación a la ley de financiamiento partidario".Los denunciantes piden que se identifique a los autores "por la comisión de delitos vinculados a la violación de la legislación electoral, difusión masiva de fake news, posible financiamiento ilegal de campañas, y atentado contra el normal desarrollo del proceso electoral; todo ello en perjuicio del candidato a diputado provincial Jorge Milton Capitanich, del Frente Chaco Merece Más, así como de la ciudadanía chaqueña". Por ahora está en veremos el impacto del escándalo. Las encuestas, hasta la semana pasada, mostraban un esquema de paridad con una leve ventaja para el candidato oficialista, Julio Ferro.La Rosadita chaqueñaEn las últimas 48 horas, la justicia de Chaco llevó adelante un operativo conjunto que resultó en la detención de los responsables de organizaciones piqueteras acusadas de lavado de dinero. Los fondos provinieron de millonarios subsidios entregados entre otras cosas para la construcción de viviendas que nunca se hicieron. Todas estas entidades recibieron financiamiento durante la gestión de Jorge Capitanich, lo que pone en el centro de la investigación su rol en el desfalco de fondos públicos.Este viernes se entregó a la Justicia el contador Walter Pasko, quien habría construido uno de los esquemas de corrupción y facturas falsas que produjo la detención, seguida de allanamiento, del dirigente social Fernando Adrián Ayala. Para la prensa local, Pasko sería el contador de Ayala, supuesto testaferro del jefe piquetero "Tito" López.Pasko, junto a su padre, hermanos y allegados, según la hipótesis del fiscal que investiga el caso, Patricio Sabadini, engañó a por lo menos seis de sus clientes y desplegó una red de empresas inexistentes para evadir impuestos y lavar dinero."Se trata de un muchacho de perfil bajo en lo político, pero de perfil muy alto en redes sociales donde exhibía viajes que son la envidia de los más pudientes", graficó ante LA NACION una fuente cercana a la investigación. Cuando se entregó a la justicia, de hecho, entregó también dos camionetas de alta gama marca Toyota que se sumaron a otra que la Justicia encontró por su cuenta.El jueves, en tanto, la justicia federal detuvo a Fernando Ayala, titular de decenas de cooperativas, acusado de haber lavado dinero generado mediante el uso de facturas apócrifas. Ayala utilizaba cooperativas para inventar gastos inexistentes, cobraba y luego era grabado por sus propias cámaras de seguridad contando grandes cantidades de dinero en efectivo en el living de su casa. Los investigadores creen que esos videos hallados en su teléfono eran la forma que Ayala tenía de reportarse con alguien más. A un puntero o referente político, por ejemplo.Ayala es un dirigente social chaqueño vinculado a cooperativas y organizaciones sociales, actualmente detenido e imputado en una causa federal por asociación ilícita y fraude tributario. Es señalado como uno de los organizadores de una asociación ilícita y tiene lazos con Ramón "Tito" Lopez, el piquetero sucesor de Emerenciano Sena (preso por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski)."Tito" López tenía relaciones con el Estado provincial durante la gestión de Capitanich y que se encuentra detenido por causas varias, también relacionadas con el presunto lavado de dinero.Ayala es, además, pareja de María José Reinau, quien fue funcionaria de Capitanich en el propio Instituto de Agricultura y que este jueves, durante el allanamiento en su casa y detención de su pareja, lucía una remera negra con la inscripción "Coqui Gobernador", bajo un corazón rojo.Ya en diciembre de 2023 se realizaron múltiples allanamientos en Resistencia y en otras localidades, incluyendo domicilios vinculados a Ayala y las peluquerías "Brilla Mujer", relacionadas con su pareja. Estos procedimientos permitieron secuestrar documentación y sellos oficiales falsificados, evidenciando la estructura organizada de la red delictiva. El costo de la corrupciónAunque en el Chaco descreen que la red de relaciones impacte de lleno en Capitanich, la investigación federal, liderada por el fiscal Sabadini reveló que esta organización utilizaba cooperativas y fundaciones como "usinas de facturación apócrifa" para generar crédito fiscal espurio y justificar gastos ante organismos públicos, especialmente el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) en la época del exgobernador y ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner. El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular fue creado por ley el 11 de febrero de 2021, y su objetivo fue impulsar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar, y a la organización, y consolidación de las diversas ramas y actividades de la economía popular.La gestión del IAFEP, disuelta tres años después, en julio de 2024 y calificada por la administración actual como una "usina de corrupción", refleja un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos. La interventora Clelia Ávila, que abrió una investigación interna a días de asumir el nuevo gobierno, en diciembre de 2024, denunció que en 2023 el IAFEP manejó un presupuesto de 16 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones fueron absorbidos por organizaciones sociales, muchas de las cuales no cumplieron con los deberes de construcción de viviendas y otros proyectos asignados.Estos programas de Soluciones Habitacionales, Infraestructura Social Básica, y el programa ReciTodos, que en conjunto absorbieron el 93% del presupuesto total del IAFEP, son focos principales de malversación de fondos públicos, afectando directamente a los beneficiarios legítimos y a la transparencia en la administración provincial, dice el trabajo.Irregularidades en el manejo de fondosUna auditoría llevada adelante por Avila, a la que accedió LA NACION, concluye que en la gestión anterior del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular se han detectado numerosas irregularidades que evidencian un manejo discrecional y arbitrario de fondos públicos. No se encontraron reglamento ni disposiciones claras sobre el mecanismo de adjudicación de obras ni la selección de beneficiarios, lo que ha generado descontrol en la administración de recursos. Muchas organizaciones sociales beneficiarias no completaron las obras asignadas, como viviendas y galpones, y en algunos casos ni siquiera las iniciaron. Además, se otorgaron pagos anticipados del 30% para obras que no se ejecutaron.La falta de una base de datos precisa sobre la ubicación de las obras y los beneficiarios ha dificultado la verificación y control de las asignaciones financieras. También se encontraron irregularidades en Consorcios Rurales y de Ladrilleros, muchos de los cuales presentaron balances vencidos y carecían de rendición de cuentas. A pesar de ello, se continuó asistiendo a consorcios en situaciones irregulares.Se favoreció a organizaciones sociales que malversaron fondos públicos, mientras que los sectores productivos recibieron montos ínfimos en comparación. Se observó un patrón de discriminación política, donde coordinadores de zona priorizaron municipios afines al gobierno, dejando de lado a otros. Además, se detectó el uso indebido de herramientas y maquinarias adquiridas con fondos públicos, así como donaciones no registradas que no contaban con la documentación correspondiente.Los beneficiarios también han presentado denuncias por no recibir las viviendas prometidas. Muchas fundaciones construyeron obras que no coincidían con los prototipos establecidos, como salones y quinchos con piscina, en lugar de viviendas. Proyectos como viviendas rurales, electrificación y perforaciones quedaron sin materializarse, reflejando una falta de planificación y ejecución en la gestión.Los programas más afectados por estas irregularidades fueron el Programa de Soluciones Habitacionales, que representó el 64% del presupuesto en 2023, con muchas viviendas no iniciadas o no terminadas y falta de base de datos sobre beneficiarios y ubicaciones; el Programa de Infraestructura Social Básica, con el 16% del presupuesto, adjudicaciones discrecionales y falta de rendición de cuentas, y el Programa ReciTodos-Chaco 3R que representó el 13% del presupuesto, destinado al reciclado de residuos y limpieza, pero también con irregularidades en la administración de fondos.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Jefatura de Policía de Río Negro dispuso la suspensión efectiva y pase a disponibilidad de un comisario investigado por distintas transgresiones graves, incluso la supuesta venta de elementos incautados en allanamientos realizados en la localidad de Choele Choel.El comisario apartado es Fernando Ceferino Ruarte, sobre quien pesa un sumario administrativo por diversas transgresiones, entre ellas, la supuesta venta ilegal de 22 baterías que se encontraban secuestradas en el marco de una causa judicial, con intervención de la fiscalía descentralizada de Choele Choel."Seremos implacables con quienes pretendan servirse de un cargo público para su provecho personal. Cualquier acción por fuera de la ley es un hecho grave, pero es mucho peor si se trata de un representante de nuestra fuerza de seguridad. No permitiremos este tipo de acciones y si se comprueba la culpabilidad, actuaremos con todo el peso de la ley", aseguró el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.A Ruarte también se lo acusa de maltrato laboral hacia un oficial principal "que oportunamente denunció los hechos", informaron desde el gobierno provincial. En ese marco, la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel promovió una causa judicial por Encubrimiento Agravado e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público. El comisario fue suspendido en forma preventiva de sus tareas."Nuestros policías están para proteger a nuestros vecinos, para hacer cumplir la ley, y aquel que sienta la tentación de delinquir, será castigado como corresponde. No permitiremos que se deshonre el uniforme de la Policía de Río Negro", agregó Weretilneck.Ruarte había asumido en 2015 como jefe de la Subcomisaría 64a. de Coronel Belisle; luego fue titular de la comisaría 16a. de Ingeniero Huergo y jefe 2º de la comisaría 47a. de la localidad rionegrina de Coronel Juan José Gómez.
Es un desprendimiento de la causa principal que quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. También hubo operativos en varias dependencias del Municipio
Fue una investigación simultánea en la Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El caso se conoció como Operación Guardianes Digitales por la Niñez y puso bajo la lupa la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). En el país, el 28 de febrero de 2024 se hicieron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Pilar, La Matanza, Tucumán, y en la ciudad de Apósteles, Misiones. En la provincia mesopotámica el procedimiento provocó un escándalo político porque quedó bajo sospecha el por entonces diputado Germán Kiczka, partido Activar, aliado a La Libertad Avanza, condenado ayer a la pena de 14 años de prisión.El Tribunal Penal 1° de Posadas, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya encontró culpable al destituido legislador de los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. "Cuando era chico me asustaban con el cuco. ¿Saben qué señores jueces? El cuco está en la red y el cuco son personas que hacen este tipo de cuestiones", sostuvo el fiscal Martín Rau al cerrar ayer su alegato donde solicitó la pena de 15 años de prisión para el exdiputado provincial.Entre el público que escuchó los alegatos y presenció la lectura del veredicto estaba la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) del Ministerio Público porteño y quien coordinó en la Argentina la Operación Guardianes Digitales por la Niñez."Fue un fallo que va a marcar un hito, sobre todo en este tipo de investigaciones internacional relacionadas con la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. La sentencia afirma que la cooperación nacional e internacional es fundamental para este tipo de delitos trasnacionales", sostuvo a LA NACION la fiscal Dupuy.En el operativo hecho en un domicilio en Apósteles, Misiones, y que estuvo bajo la coordinación de la fiscal Dupuy, teléfonos celulares, pendrives y una computadora. Después, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se envió a la Justicia de Misiones para que analizara esos dispositivos, en los que se encontró más material de abuso infantil.Era el comienzo de la investigación que derivó en una orden de detención para el por entonces diputado Kiczka firmada por el juez Miguel Ángel Faría, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles. El exlegislador estuvo prófugo casi diez días. Mientras lo buscaban varias fuerzas de seguridad, en agosto pasado, por mayoría de la Legislatura de Misiones aprobó su desafuero.Finalmente, fue detenido en una cantina del balneario municipal de Loreto, en Corrientes, donde dormí en una reposera y una frazada que le prestaron.Ayer, también fue condenado su hermano Sebastián. Recibió una pena de 12 años de cárcel. Fue encontrado culpable de delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil y abuso sexual sin acceso carnal.La ampliación de la indagatoria de Sebastián Kiczka"No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet", dijo el hermano del exlegislador cuando amplió su indagatoria en una de las audiencias del debate esta semana. También quiso exculpar a su hermano asumiendo toda la responsabilidad. "No hay otra prueba que desacredite esa confesión", sostuvo el abogado Gonzalo de Paula en su alegato de ayer, donde pidió la absolución de su cliente.Al iniciar su alegato, el fiscal Rau dijo: "Se ha dicho desde que comenzó la audiencia [por el debate] que este iba a ser un juicio histórico, histórico para la provincia de Misiones. Propuse desde el inicio un lema, que era el de conducirnos con la verdad. Si vamos a pasar a la historia, señores jueces, lo importante es que pasemos a la historia con la verdad. Vamos a contar la verdad y nada más que la verdad. La verdad que surge del expediente. Mostramos el material hallado y les demostramos por medio de peritos, técnicos, ingenieros e informáticos cómo en una de las computadoras, la madre de todo el proceso, tenía muchísimo material de abuso sexual infantil. Demostramos la facilitación de archivos, exhibimos videos de un contenido fuertísimo, que a mí en lo personal me dañaron. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, algunos de muy corta edad, bebés, en situación de abuso sexual, más bien de explotación sexual. No se olviden que este material circula en la red para satisfacer apetitos de personas que consumen ese tipo de material".El representante del Ministerio Público habló de "casi en verdaderos actos de bestialismo".En los allanamientos del 28 de febrero de 2024, en medio de la Operación Guardianes Digitales por la Niñez, en la ciudad de Buenos Aires se detuvo a dos sospechosos.Uno de los detenidos resultó ser un ingeniero informático."Ese dato [la profesión de uno de los sospechosos] es importante porque se cree que solo caen quienes no saben manejarse con la tecnología", había dicho en su momento el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.El caso se había originado a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).
Los procedimientos están a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y fueron autorizados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, el mismo que homologó el acuerdo como arrepentido del ex jefe regional de ARCA Carlos Vaudagna
Los dispuso el fiscal Enrique Gavier en la causa por supuestas estafas en la entrega de viviendas. Por el momento no hay órdenes de detención. Leer más
Fueron ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. También hubo operativos en otros domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. Se sospecha que esa entidad financiera habría sido utilizada para circular fondos de las maniobras ilícitas
Sala Suprema rechazó la apelación del extitular del Interior, así como la de la administradora de su estudio Yesenia de la Cruz. Allanamiento se dio en el marco de la investigación por presunto abuso de autoridad
El médico se volvió tendencia tras un video donde insulta a una mujer; usuarios en redes cuestionan su comportamiento
Se realizaron seis allanamientos y pedidos de detención de integrantes del grupo de violentos que comanda el jefe de hecho de la Uocra.Hay filmaciones de galpones del gremio que muestran la salida de los que concretaron la emboscada en el Hospital
La Policía incautó más de veinte mil dosis de bazuco, mil de marihuana, dos decenas de dosis de tusi y otras sustancias ilegales, además de armas, proveedores, balas y quince millones de pesos en efectivo
Abogado del exministro del Interior asegura que colabora con la investigación pese a que entregó un celular sin chip y reseteado de fábrica. Fiscalía pide que se confirme allanamiento y revela que se encontraron "diversos documentos" vinculados a Santiváñez en el domicilio de Yesenia de la Cruz.
El cambio legal permite tramitar juicios rápidos para desahuciar 'okupas' que allanan moradas, con apoyo de PNV, PP y Junts, mientras PSOE y Sumar se oponen a la nueva normativa
Los operativos fueron realizados en Villa Devoto y Villa Crespo. Un hombre de 59 años fue imputado por maltrato animal. Leer más
La Justicia llevó a cabo una serie de allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires en el marco de la investigación por fraude y administración fraudulenta contra exdirectivos de Vicentin.
En un encuentro con el director de la Policía, el general Carlos Triana, la fiscal General resaltó la alianza estratégica entre ambas instituciones para garantizar eficacia en investigaciones y lucha contra el crimen
Este viernes, el pleno del Congreso debatirá las tres mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior. Si alguna de ellas es aprobada, el gobierno de Dina Boluarte se vería forzado a nombrar al séptimo titular de la cartera desde el inicio de su mandato
Stefano Miranda, abogado del titular del Mininter, afirmó que el único dispositivo que se incautó en la intervención de la Fiscalía fue el celular de su esposa
Las medidas alcanzaron a dos de sus socios, uno de los cuales es también su primo. El ex legislador de Entre Ríos sigue detenido con prisión preventiva domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas
Medida llevada a cabo por el Ministerio Público fue autorizada con fecha del 3 de marzo y con un plazo de 15 días, hecho que despertó dudas sobre la legalidad de la acción emprendida contra el ministro del Interior
En la solicitud enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal Fernando Soto, se indica que algunos de los hinchas identificados arrojaron piedras contra el palacio legislativo o atacaron a miembros de las fuerzas de seguridad
El exintendente de La Plata y exsubsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro (Pro), quedó imputado en una causa por presunta asociación ilícita, en la que se investigan irregularidades con proyectos de barrios privados en la capital de la provincia de Buenos Aires. Garro fue notificado en su domicilio del country platense Grand Bell.El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta (titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº16, de La Plata) solicitó allanamientos y órdenes de presentación que autorizó la jueza de garantías Marcela Inés Garmendia, en el domicilio de Garro, en las sedes de cuatro empresas (Les Baux, Bordigoni, Agrycon y Solvial) encargadas de obras en los barrios privados cuestionados y de sus titulares, y en las casas de dos exempleados de la municipalidad. Junto con Garro, quedaron imputadas otras siete personas.En el expediente por el que se ordenó el procedimiento en la casa de Garro (intendente de La Plata entre 2015 y 2023), se investiga si durante los dos mandatos del hombre de Pro "varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, visibilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento", según consta en la denuncia, a la que accedió LA NACION."Lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirientes de dichos inmuebles como al municipio en un monto estimado en 700 mil millones de pesos", se explicitó en la causa.En total, se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación (una de ellas, en la vivienda de Garro). Participó personal de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. En los procedimientos, se incautaron "copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos", según se especificó en un informe judicial.La causa persigue los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso real entre sí. Los investigados son Garro, María José Botta (exsecretaria de Planeamiento Urbano municipal), Marcelo Genoro (director general de Obras Viales), Ariel Bordigoni (presidente de la empresa Bordigoni y Cía. SRL), Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea (ambos de la empresa Agrycon SA), Facundo Dadin (empresa Solvial) y Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos platense).En el expediente, consta un testimonio del actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa, en el que afirma haber detectado irregularidades en expedientes de barrios cerrados y abiertos, y se subraya que la gestión del intendente actual, Julio Alak, suspendió 400 proyectos de barrios privados por no tener convalidación provincial.En su pedido de allanamientos y órdenes de presentación, la fiscalía indicó que "se pudo constatar uno de los presuntos hechos ilícitos", vinculado al barrio privado La Cañada Barrio de Chacras, en City Bell. Se puntualizó que, en el marco del pago de las "plusvalías" incluidas en la construcción del barrio, se debía realizar una rotonda que multiplicó su valor (de $39.080657 a $63.818.306) en un corto lapso del año 2022. El acuerdo lleva la firma de Garro, funcionarios y representantes de Agrycon. "Se puede aprfeciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente 'inflando' el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo 'originario', con tan solo un mes y medio de diferencia entre la firma de ambos convenios urbanísticos", escribió el fiscal. Además, en el expediente se señala que la rotonda, "llamativamente, beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva".Ante la consulta de LA NACION, el exintendente Garro optó por no hacer declaraciones. Fuentes de Pro dijeron que el procedimiento en la casa de Garro fue solo "un operativo de notificación", que lo investigado "está todo votado por ordenanza" y que el caso es "muy político".Garro fue intendente de La Plata entre 2015 y 2013; su abogado defensor en esta causa será Fabián Améndola. En el inicio del gobierno de Javier Milei, fue designado subsecretario de Deportes nacional. Fue desplazado de ese cargo luego de opinar que el capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, deberían pedir disculpas a la selección francesa por un cántico ofensivo de jugadores del seleccionado.