LA PLATA.- La justicia federal ordenó 22 allanamientos para avanzar en la investigación del caso de fentanilo contaminado que habría causado la muerte de al menos 53 personas.Los operativos se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Ramallo, en San Nicolás y en Santa Fe. Los investigadores buscan determinar en dependencias de HLB Pharma y de la cadena de distribución si hubo fallas en los procesos de producción de la sustancia que estaba contaminada con bacterias de klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. El juez federal Ernesto Kreplak, que ordenó los allanamientos, ya les tomó declaración a varias decenas de los familiares de las personas fallecidas luego de haber sido inyectadas con las sustancias contaminadas en distintos hospitales y clínicas del país, en mayo último.Entre estas familias está la de Renato Nicolini, un joven de 18 años fallecido en el Hospital Italiano de esta capital. La mamá de Renato, Sol Francese, dijo hoy: "Me di cuenta enseguida de que Renato podía ser uno de los contaminados. Yo soy enfermera. Yo sabía de la medicación que se le estaba administrando a él y me di cuenta enseguida que el fentanilo podía estar contaminado". Renato tenía 18 años. Vivía en Chascomús. Había tenido un accidente en moto. Tenía un traumatismo de cráneo y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano, donde murió tras recibir fentanilo. En ese hospital se registraron 15 de las víctimas fatales. "Me pareció raro que el desarrollara una neumonía al tercer día de estar en terapia intensiva", relató la madre del joven, que espera ahora que la investigación termine con la condena de los responsables.
Los operativos se dan a la vez en CABA, Ramallo, San Nicolás y Santa Fe. La medida la ordenó el juez Ernesto Kreplak y opera la Policía Federal Argentina.
El Ministerio de Seguridad, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, le cumplió el deseo al diputado libertario de encarcelar a sus opositores, a lo que sumaron una serie de entraderas violentas con la Federal en casas de familiares de los militantes. Este miércoles se sumaron cuatro detenidos, que se suman a Alexia Abaigar. La avanzada recuerda los peores tiempos del terror. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", dijeron sus compañeros en una conferencia de prensa en Diputados.
La Justicia Federal investiga una presunta red dedicada al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. En un megaoperativo coordinado entre Chaco y Corrientes, se realizaron nueve allanamientos simultáneos. Leer más
A 47 días de los allanamientos en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo por el escándalo del fentanilo contaminado que ya dejó 52 muertos, LA NACION accedió a un video de la destrucción realizada dentro del laboratorio HLB Pharma el 12 de mayo, a días de los allanamientos de la Justicia por las muertes asociadas a las ampollas del laboratorio. Los procedimientos sucedieron el jueves 15 de mayo, luego de este video. En él se ven las oficinas repletas de papeles rotos y en el piso. Se trata del sitio donde se guardaban todos los registros relativos a los patch record de producción y garantía de calidad. De acuerdo con testimonios, la intención era generar caos para ganar tiempo en el encuentro o envío de los detalles solicitados por la Justicia y Anmat. La explicación fue que se trató de un acto de vandalismo. En un gabinete aparece pintado con grafitti rojo "100 familias sin laburo". "¿Pero qué pasó acá?", dice la empleada que filma. "Un desastre", le responde otra. El video se suma a una inquietante hipótesis sobre lo sucedido con ampollas de fentanilo y citrato de fentanilo faltantes durante los allanamientos, como dio a conocer este medio. Los García habrían enviado, justo después de los procedimientos policiales, cuatro camiones de otra de sus marcas, Tres Arroyos, a recolectar mercadería a ambas instalaciones. De allí habrían ido al kilometro 46 de Acceso Oeste, donde los García, los dueños, tiene otra empresa: Cables Epuyén. El recorrido de los camiones podrían rastrearse a través de la empresa que los monitoreaba, Lo Jack (ahora Strix).Según reconstruyeron fuentes con conocimiento directo de los movimientos, los camiones salieron de San Isidro después de los allanamientos, se detuvieron en la planta de Ramallo â??donde también se fabricaban medicamentos con el sello de HLBâ??, y continuaron camino hacia General Rodríguez. Allí, en unos galpones que no fueron allanados, habría quedado guardada la mercadería retirada. Los allanamientos del 15 de mayo, ordenados por el juez Ernesto Kreplak al día siguiente a la denuncia y dos días después de que Anmat, tardíamente, suspenda la actividad del laboratorio, se realizaron en simultáneo en siete puntos del país, incluyendo los dos laboratorios involucrados y cinco droguerías distribuidoras. Fue después de que se confirmara que un lote de fentanilo en ampollas estaba contaminado con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, lo que provocó una seguidilla de muertes en hospitales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.Unos días antes de que los allanaran, HLB Pharma reportó una entradera en sus oficinas. Dijeron que se habían llevado las cajas fuertes en donde, según el reporte de Sedronar de marzo, por tratarse de material peligroso y sensible, guardaban el citrato de fentanilo.
La familia de los adolescentes que fueron asesinados y hallados en un descampado entregó muestras de sangre. Las autoridades buscan establecer un tercer perfil genético. Además, realizaron un operativo en un galpón cerca del lugar. Leer más
También alertó sobre cualquier suplantación que pueda dar en su nombre
La Justicia ordenó ingresar a la sede del oficialista Partido Socialista para recabar información comprometedora en la causa que involucra a exfuncionarios y exasesores cercanos al mandatario, como el ex número tres del partido Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos. Se los acusa de recibir jugosos sobornos de empresas a cambio de concesiones irregulares de obra pública. Sánchez busca desvincularse del escándalo que salpica a su gobierno. Leer más
En un operativo de la Policía de la Ciudad fueron arrestados tres vendedores de drogas y cerraron un búnker narco que funcionaba en el barrio porteño de Constitución. Durante el allanamiento, se secuestraron más de 200 dosis de cocaína que estaban lista para su comercialización minorista.La causa comenzó en enero pasado a partir de una investigación llevada a cabo por la División Investigaciones Antidroga Zona Norte reunió importantes evidencias sobre el modus operandi de los principales responsables de esta organización y los puntos donde llevaban a cabo la venta de droga.Con suficientes pruebas recolectadas, el Juzgado Penal N°4 a cargo de Rocío López Di Muro, con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Vinculadas a Estupefacientes, ordenó el allanamiento simultáneo de tres departamentos y dos espacios comunes de un edificio ubicado en avenida Juan de Garay al 1200.Cuando llegaron los uniformados a ese lugar, se encontraron con una maniobra de compra-venta de estupefacientes, la cual interrumpieron en el acto. Irrumpieron en la escena y detuvieron a tres personas, una pareja de nacionalidad peruana y un argentino, todos ellos de entre 33 y 40 años de edad e identificados como los principales responsables del narcomenudeo en esa zona.Además, fue demorada una mujer de 40 años en calidad de compradora, quien fue notificada de la causa y recuperó ahí mismo su libertad, mientras que fueron identificadas otras dos personas.En el operativo, se secuestraron tres "bombas" con 206 envoltorios de cocaína con un total de 58,92 gramos, $123.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y un envoltorio adicional que estaba en manos de la compradora.En el edificio ya se habían realizado previamente otros seis allanamientos. Por otro lado, desde 2020 se hicieron allí 111 intervenciones por diferentes ilícitos, entre esos operativos que se concretaron en Juan de Garay al 1200 figuran 52 procedimientos en causas relacionadas con la venta de droga, siete por robo a mano armada, tres por hurto y tres por lesiones. Los otros episodios en los que la policía irrumpió en ese lugar fueron derivados de denuncias por violencia de género, abuso sexual y resistencia a la autoridad.Finalmente, durante el operativo realizado en las últimas horas, en el cual participaron agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), del Ministerio Público Fiscal, y de la Guardia de Auxilio del programa Buenos Aires Presente (BAP) y de la Dirección de Emergencias, se acordó con los ocupantes el desalojo pacífico para poder después tapiar el búnker según exigía la orden judicial. El cierre se hizo con soldadura metálica para evitar que el lugar vuelva a destinarse a la venta de droga en un futuro.
Se trata de una persona que ya registra varios episodios violentos, incluyendo haber quemado un campo en medio de una disputa política. Leer más
Un importante operativo contra el tráfico de pornografía infantil se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, donde se concretaron 165 allanamientos en 84 localidades para desbaratar a un grupo que intercambiaba imágenes de menores abusados. La Operación Protección de las Infancias V fue coordinada por el Ministerio Público bonaerense, a cargo del procurador general Julio Conte Grand. Fueron identificados 137 sospechosos, en un rango etario de los 16 a los 81 años. De esas personas que fueron imputadas en esta causa, 16 resultaron detenidas en los procedimientos.El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Vergés, junto a los fiscales especializados en la temática.En el operativo participaron siete fiscalías especializadas, la Unidad Funcional de Instrucción n°22 del Departamento Judicial de Azul, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 20 del Departamento Judicial Bahía Blanca, la Unidad Funcional de Instrucción n° 8 del Departamento Judicial de Dolores, la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín, la Ayudantía Fiscal con competencia exclusiva en delitos conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Quilmes, y a la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino.Los 165 domicilios detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, General Alvarado, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.En los allanamientos se secuestraron 214 computadoras, 350 dispositivos de almacenamiento, 357 celulares, armas de fuego y estupefacientes.Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen investigaciones por tenencia y producción de pornografía infantil y por acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal.En la investigación tomaron parte especialistas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina y la División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras dependencias policiales que concretaron los allanamientos coordinados en 84 localidades.
La investigación por la muerte de 33 personas que habían sido tratadas con fentanilo contaminado motivó hoy nuevos allanamientos en cinco droguerías y dos laboratorios.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes con acceso al expediente. Los procedimientos, a cargo de División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina (PFA), fueron ordenados por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.Los procedimientos se realizan en los laboratorios HLB Pharma, en San Isidro; Laboratorio Ramallo, en el partido bonaerense de Ramallo; en tres sedes de la Droguería Alfarma: en Rosario, en la ciudad santafesina de Sunchales y en el barrio porteño de Caballito; Droguería Glamamed, en Paternal, y Droguería Federal Pharma, en la ciudad de Santa Fe.El laboratorio que comercializó el fentanilo contaminado fue HLB Pharma Group, aunque la elaboración estuvo a cargo de Laboratorios Ramallo. Según la investigación, en las ampollas del opioide se detectaron las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae. Entre las infecciones graves que estas pueden causar, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, figuran bacteriemia o septicemia, meningitis y artritis séptica para la primera, así como neumonía infección del tracto urinario o sepsis para la segunda. De ahí que, al haber sido suministrado el medicamento a pacientes en terapia intensiva, las consecuencias, en varios casos, hayan sido mortales.Noticia en desarrollo
El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín denegó un planteo procesal de Zhang Ming Qiang, imputado por haber disparado y lanzado granadas contra efectivos de la Policía Federal durante un operativo en un supermercado
Se realizaron procedimientos en el norte del GBA y la Ciudad.Dos productoras en la mira.
Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora.
Emanuel Centeno (28) está desaparecido desde el 20 de abril, cuando fue visto por última vez en Gaiman. En las últimas horas se realizaron allanamientos en la casa del hermano y de un amigo de éste
En la vivienda de Liliana Pizán, presunta pareja y abogada de 'Cuchillo', señalado por la masacre de 13 mineros en Pataz, se encontraron varios fajos de dinero guardados en sobres
Las autoridades llegaron al inmueble ubicado en el barrio porteño de Palermo, pero descubrieron que no funciona allí desde 2020.
La declaración de Pablo Dimitroff en el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona derivó ayer en un allanamiento en la Clínica Olivos, donde el testigo, hasta hace pocos días, se desempeñó como director médico. En el procedimiento, personal de la policía bonaerense secuestró 279 fojas que conformarían la historia clínica del astro mundial de fútbol, seis estudios de laboratorio que le practicaron en distintos momentos y 547 correos electrónicos que podrían ser de interés para la causa.Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El allanamiento fue ordenado ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del juicio, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal.El pedido para allanar la Clínica Olivos se precipitó después de que Dimitroff presentará en su declaración los resultados de un estudio de laboratorio que le habrían realizado a Maradona el día en que fue operado de un hematoma subdural en la cabeza, a principios de noviembre de 2020. Hasta el momento esa parte de la historia clínica no estaba incorporada en el expediente.Es más, la semana pasada declaró como testigo Fernando Villarejo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Olivos, quien había afirmado que Maradona había sido operado del hematoma subdural sin haberle hecho estudios prequirúrgicos y de laboratorio.Tras una deliberación de más de media hora, por unanimidad, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach hicieron lugar al pedido de registro de la Clínica Olivos para secuestrar la historia completa de Maradona.El allanamiento, finalmente, comenzó anoche después de las 22 y se extendió durante dos horas. Estuvo a cargo de la Dirección Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires."Dando cumplimiento de la manda judicial, personal de la Dirección de Cibercrimen se constituyó en la Clínica Olivos y se entrevistó con el médico a cargo, Juan Molinos; el gerente, Pablo Castiello, y el apoderado de Swiss Medical, Claudio Ravinovich, quienes interiorizados de la diligencia, autorizaron el acceso a los sistemas informáticos. Verificados los mismos, se procedió al secuestro de archivos en soporte digital y documentación física en soporte papel", explicaron fuentes policiales.Fernando Burlando, abogado que representa a Dalma y a Gianinna Maradona, dos de las hijas del Diez, adelantó que pedirá que Dimitroff sea investigado por el delito de falso testimonio. Dimitroff declaró durante cinco horas. Primero, ante preguntas de Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública, recordó cómo fue la llegada de Maradona a la Clínica Olivos y los momentos previos y posteriores a la intervención quirúrgica.El testigo recordó que después de la operación, Maradona "estaba notablemente mejor, era otro paciente". Y agregó: "El equipo médico estaba muy satisfecho y sus familiares estaban gratamente sorprendidos por la mejoría".Después, Dimitroff habló de lo "difícil" que era el paciente Maradona. "No era fácil que [Diego] entendiera que se tenía que dar quieto", explicó. Y, posteriormente, hizo referencia a un episodio, entre el 5 y 6 de noviembre de 2020, de "excitación psicomotriz bastante complejo, parecía un síndrome de abstinencia, creemos que de alcohol porque era lo que pedía y demandaba".Entonces, según recordó el testigo, hablaron con los médicos que tenían el paciente a cargo. Nombró, en ese sentido, al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, dos de los imputados sentados en el banquillo de los acusados.Luque y Cosachov les comentaron que esas crisis eran parte del problema que ya tenían en el domicilio y que por momentos lo tenía a Maradona agresivo y excitado."Fue a partir de esa situación que planteamos que teníamos un problema por delante y que iba a ser difícil llevarlo al domicilio. Parecía que había una preocupación genuina de nosotros, de los médicos tratantes y de las hijas de lo que estaba pasando con el paciente más allá del drenaje del hematoma subdural", dijo el testigo.Cuando el testigo hablaba en primera persona del plural se refería a la Clínica Olivos y la empresa de medicina prepaga Swiss Medical."Los médicos tratantes [por Luque y Cosachov] cuando veían la excitación [de Maradona] nos planteaban que se hiciera lo posible para tenerlo tranquilo y sedado. Pero no se puede tener a un paciente permanentemente sedado", explicó Dimitroff.El testigo recordó que Maradona estuvo sedado un poco menos que 24 horas. "Tuvimos el efecto que buscábamos, no poner en riesgo al paciente y los accesos que tenía colocados. No se lo puede tener sedado permanentemente. ¿Cómo seguimos, cuál es el plan que pensaban hacer? No estaba en claro de parte de ellos [cuerpo médico tratante] como se iba a continuar el tratamiento".Entonces, Dimitroff contó que con representantes de Swiss Medical comenzaron a preparar un plan para continuar el tratamiento y ofrecérselo a la familia y a los médicos tratantes."Para nosotros la opción de que se vaya a su casa no era la adecuada en ningún momento. El paciente sin control en un domicilio, para mí, era gran parte del problema. Tenía que modificarse esta situación. Tenía que ver con sus conductas, que eran autolesivas; no comía como correspondía, tomaba cosas que no le hacían bien; no se levantaba de la cama; estaba despierto de noche y dormía de día. Nos parecia que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento que había iniciado en la Clínica Olivos con el drenado del hematoma", afirmó Dimitroff.El testigo recordó que hablaron [por la Clínica Olivos y Swiss Medical] con el médico Mario Schiter, quien también declaró como testigo en el juicio y que había atendido a Maradona, que tenía un rol de en una clínica psiquiatra."Se armó una estructura con profesionales para que se encarguen de toda estas terapias relacionadas con abusos de sustancias y síndromes de abstinencias de estas sustancias. Queríamos derivarlo", dijo el exdirector médico de la Clínica Olivos.Según Dimitroff, el 9 de noviembre de 2020 hubo una reunión con los médicos tratantes y las hijas del astro donde le plantearon lo que creían que era la "única alternativa para continuar la recuperación del paciente".El testigo afirmó que le hicieron la propuesta de la derivación. "En este lugar se iban a encargar de su recuperación motriz y se iban a ocupar de las consecuencias de los síndromes de abstinencia".Ante una pregunta del fiscal Ferrari, Dimitroff sostuvo que la primera recepción de los médicos tratantes y la familia fue favorable, pero al explicarles que había un límite que era la aceptación del paciente, Luque respondió: "Entonces es imposible, el paciente no quiere otra cosa que irse a su casa".Y agregó: "Era la carta [la derivación] adecuada para continuar el tratamiento. Ante la negativa del paciente, la única instancia que quedaba era intentar hacer una internación contra la voluntad del paciente. La única indicación fue plantear que el paciente no fuese a su domicilio, no era lo que médicamente necesitaba".Como respuesta, primero, Dimitroff y la empresa de medicina prepaga recibieron un pedido de tiempo."Después, nos plantearon que no iban a tomar la opción de la derivación. Que iban a armar algo en el domicilio. Creo que fue el doctor Luque. Me dijo que habían evaluado y que no iban a aceptar ir a otro lado que no fuera un domicilio y que estaban buscando conseguir un domicilio que cumpliera con todos los aspectos que necesitaban para tener un mejor control de todo lo que tenía que ver con el cuidado del paciente una vez externado", sostuvo el médico. Se trató de una comunicación por chat o por teléfono, no fue personalmente.El testigo agregó: "El 11 de noviembre, intempestivamente, nos dijeron que habían conseguido el lugar y nos pidieron una ambulancia para el traslado". El pedido fue hecho personalmente por Cosachov, según Dimitroff.Dos semanas después, Maradona murió en la casa donde había sido trasladado.
Lo anunció el ministro de Seguridad provincial. La medida se dio en medio de una serie de procedimientos en los que ya había avanzado la Justicia sobre integrantes de la cúpula policial
Las autoridades del estado reportaron la imputación de tres personas por delitos que incluyen robo calificado y lesiones graves
CORRIENTES. - Allanamientos, detenciones y videos de menores llevando fajos de dinero convulsionaron Chaco. Todo surge de las investigaciones llevadas adelante por la justicia federal y local a partir de una serie de denuncias de corrupción. El escándalo, conocido como la "megacausa de los piqueteros" podrían escalar en lo político y cercar a funcionarios cercanos al exgobernador Jorge Capitanich.Sucede que los imputados, detenidos y procesados en lo que se conoce también como la "megacausa del IAFEP" responden a organizaciones que tuvieron vinculaciones directas con el anterior gobierno provincial.Los imputado quedaron en evidencia cuando salieron a la luz varios videos en los que se los ve a niños de sus propias familias manipulando montañas de dinero de distinto valor, que sería el producido de varios hechos ilícitos en perjuicio del estado.Así contaban el dinero, los secretarios del piquetero Tito López Uno de los primeros detenidos, en octubre de 2024, fue Mario Andión, extitular del IAFEP, quien con algunos de sus subordinados fue denunciado por defraudación, asunto que algunos investigadores creen que fue solo la punta del ovillo.Una fuente del gobierno chaqueño le dijo a LA NACION que la justicia local y federal debería poner la lupa, en el caso del IAFEP, en sus inmediatos superiores, que eram los auditores y funcionarios del Ministerio de Economía provincial durante la gestión de Capitanich.El entonces ministro de Economía Santiago Perez Pons, hasta ahora no fue requerido en la causa y además tiene fueros, porque en 2023 fue electo diputado provincial. El sentido común indica que tiene que haber registros de los recursos, porque solo en 2023 salieron más de 16 mil millones de pesos de las arcas provinciales para financiar programas del Instituto de Agricultura. Y ese es solo uno de los organismos investigados. "El desfalco allí podría ascender a los 60 mil millones", dijo una fuente. Operadores políticos y judiciales chaqueños, que pidieron reserva de identidad, tienen dudas acerca de la rectitud con la que podría actuar la justicia provincial e incluso manifiestan reparos en relación con la investigación federal. "No creo que lleguen a Capitanich", dicen, con sigilo. En todo caso, eso se verá con el transcurso de la investigación, que parece mantener sus bríos. A nadie se les escapa que el Chaco transita un cronograma electoral en el que el propio Capitanich es protagonista. Es candidato a diputado por la principal lista kirchnerista de la oposición. Por eso, este viernes denunció que es víctima de una campaña en su contra.Los apoderados del Partido Justicialista presentaron una denuncia ante la Justicia Federal por supuestas noticias falsas (fake news) para perjudicar a Capitanich y posible lavado de activos detrás de su financiamiento. La presentación se hizo ante la jueza federal con competencia electoral de Resistencia, Zunilda Niremperger, "por posibles delitos electorales, delitos contra el honor, lavado de activos y violación a la ley de financiamiento partidario".Los denunciantes piden que se identifique a los autores "por la comisión de delitos vinculados a la violación de la legislación electoral, difusión masiva de fake news, posible financiamiento ilegal de campañas, y atentado contra el normal desarrollo del proceso electoral; todo ello en perjuicio del candidato a diputado provincial Jorge Milton Capitanich, del Frente Chaco Merece Más, así como de la ciudadanía chaqueña". Por ahora está en veremos el impacto del escándalo. Las encuestas, hasta la semana pasada, mostraban un esquema de paridad con una leve ventaja para el candidato oficialista, Julio Ferro.La Rosadita chaqueñaEn las últimas 48 horas, la justicia de Chaco llevó adelante un operativo conjunto que resultó en la detención de los responsables de organizaciones piqueteras acusadas de lavado de dinero. Los fondos provinieron de millonarios subsidios entregados entre otras cosas para la construcción de viviendas que nunca se hicieron. Todas estas entidades recibieron financiamiento durante la gestión de Jorge Capitanich, lo que pone en el centro de la investigación su rol en el desfalco de fondos públicos.Este viernes se entregó a la Justicia el contador Walter Pasko, quien habría construido uno de los esquemas de corrupción y facturas falsas que produjo la detención, seguida de allanamiento, del dirigente social Fernando Adrián Ayala. Para la prensa local, Pasko sería el contador de Ayala, supuesto testaferro del jefe piquetero "Tito" López.Pasko, junto a su padre, hermanos y allegados, según la hipótesis del fiscal que investiga el caso, Patricio Sabadini, engañó a por lo menos seis de sus clientes y desplegó una red de empresas inexistentes para evadir impuestos y lavar dinero."Se trata de un muchacho de perfil bajo en lo político, pero de perfil muy alto en redes sociales donde exhibía viajes que son la envidia de los más pudientes", graficó ante LA NACION una fuente cercana a la investigación. Cuando se entregó a la justicia, de hecho, entregó también dos camionetas de alta gama marca Toyota que se sumaron a otra que la Justicia encontró por su cuenta.El jueves, en tanto, la justicia federal detuvo a Fernando Ayala, titular de decenas de cooperativas, acusado de haber lavado dinero generado mediante el uso de facturas apócrifas. Ayala utilizaba cooperativas para inventar gastos inexistentes, cobraba y luego era grabado por sus propias cámaras de seguridad contando grandes cantidades de dinero en efectivo en el living de su casa. Los investigadores creen que esos videos hallados en su teléfono eran la forma que Ayala tenía de reportarse con alguien más. A un puntero o referente político, por ejemplo.Ayala es un dirigente social chaqueño vinculado a cooperativas y organizaciones sociales, actualmente detenido e imputado en una causa federal por asociación ilícita y fraude tributario. Es señalado como uno de los organizadores de una asociación ilícita y tiene lazos con Ramón "Tito" Lopez, el piquetero sucesor de Emerenciano Sena (preso por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski)."Tito" López tenía relaciones con el Estado provincial durante la gestión de Capitanich y que se encuentra detenido por causas varias, también relacionadas con el presunto lavado de dinero.Ayala es, además, pareja de María José Reinau, quien fue funcionaria de Capitanich en el propio Instituto de Agricultura y que este jueves, durante el allanamiento en su casa y detención de su pareja, lucía una remera negra con la inscripción "Coqui Gobernador", bajo un corazón rojo.Ya en diciembre de 2023 se realizaron múltiples allanamientos en Resistencia y en otras localidades, incluyendo domicilios vinculados a Ayala y las peluquerías "Brilla Mujer", relacionadas con su pareja. Estos procedimientos permitieron secuestrar documentación y sellos oficiales falsificados, evidenciando la estructura organizada de la red delictiva. El costo de la corrupciónAunque en el Chaco descreen que la red de relaciones impacte de lleno en Capitanich, la investigación federal, liderada por el fiscal Sabadini reveló que esta organización utilizaba cooperativas y fundaciones como "usinas de facturación apócrifa" para generar crédito fiscal espurio y justificar gastos ante organismos públicos, especialmente el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) en la época del exgobernador y ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner. El Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular fue creado por ley el 11 de febrero de 2021, y su objetivo fue impulsar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar, y a la organización, y consolidación de las diversas ramas y actividades de la economía popular.La gestión del IAFEP, disuelta tres años después, en julio de 2024 y calificada por la administración actual como una "usina de corrupción", refleja un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos. La interventora Clelia Ávila, que abrió una investigación interna a días de asumir el nuevo gobierno, en diciembre de 2024, denunció que en 2023 el IAFEP manejó un presupuesto de 16 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil millones fueron absorbidos por organizaciones sociales, muchas de las cuales no cumplieron con los deberes de construcción de viviendas y otros proyectos asignados.Estos programas de Soluciones Habitacionales, Infraestructura Social Básica, y el programa ReciTodos, que en conjunto absorbieron el 93% del presupuesto total del IAFEP, son focos principales de malversación de fondos públicos, afectando directamente a los beneficiarios legítimos y a la transparencia en la administración provincial, dice el trabajo.Irregularidades en el manejo de fondosUna auditoría llevada adelante por Avila, a la que accedió LA NACION, concluye que en la gestión anterior del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular se han detectado numerosas irregularidades que evidencian un manejo discrecional y arbitrario de fondos públicos. No se encontraron reglamento ni disposiciones claras sobre el mecanismo de adjudicación de obras ni la selección de beneficiarios, lo que ha generado descontrol en la administración de recursos. Muchas organizaciones sociales beneficiarias no completaron las obras asignadas, como viviendas y galpones, y en algunos casos ni siquiera las iniciaron. Además, se otorgaron pagos anticipados del 30% para obras que no se ejecutaron.La falta de una base de datos precisa sobre la ubicación de las obras y los beneficiarios ha dificultado la verificación y control de las asignaciones financieras. También se encontraron irregularidades en Consorcios Rurales y de Ladrilleros, muchos de los cuales presentaron balances vencidos y carecían de rendición de cuentas. A pesar de ello, se continuó asistiendo a consorcios en situaciones irregulares.Se favoreció a organizaciones sociales que malversaron fondos públicos, mientras que los sectores productivos recibieron montos ínfimos en comparación. Se observó un patrón de discriminación política, donde coordinadores de zona priorizaron municipios afines al gobierno, dejando de lado a otros. Además, se detectó el uso indebido de herramientas y maquinarias adquiridas con fondos públicos, así como donaciones no registradas que no contaban con la documentación correspondiente.Los beneficiarios también han presentado denuncias por no recibir las viviendas prometidas. Muchas fundaciones construyeron obras que no coincidían con los prototipos establecidos, como salones y quinchos con piscina, en lugar de viviendas. Proyectos como viviendas rurales, electrificación y perforaciones quedaron sin materializarse, reflejando una falta de planificación y ejecución en la gestión.Los programas más afectados por estas irregularidades fueron el Programa de Soluciones Habitacionales, que representó el 64% del presupuesto en 2023, con muchas viviendas no iniciadas o no terminadas y falta de base de datos sobre beneficiarios y ubicaciones; el Programa de Infraestructura Social Básica, con el 16% del presupuesto, adjudicaciones discrecionales y falta de rendición de cuentas, y el Programa ReciTodos-Chaco 3R que representó el 13% del presupuesto, destinado al reciclado de residuos y limpieza, pero también con irregularidades en la administración de fondos.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Jefatura de Policía de Río Negro dispuso la suspensión efectiva y pase a disponibilidad de un comisario investigado por distintas transgresiones graves, incluso la supuesta venta de elementos incautados en allanamientos realizados en la localidad de Choele Choel.El comisario apartado es Fernando Ceferino Ruarte, sobre quien pesa un sumario administrativo por diversas transgresiones, entre ellas, la supuesta venta ilegal de 22 baterías que se encontraban secuestradas en el marco de una causa judicial, con intervención de la fiscalía descentralizada de Choele Choel."Seremos implacables con quienes pretendan servirse de un cargo público para su provecho personal. Cualquier acción por fuera de la ley es un hecho grave, pero es mucho peor si se trata de un representante de nuestra fuerza de seguridad. No permitiremos este tipo de acciones y si se comprueba la culpabilidad, actuaremos con todo el peso de la ley", aseguró el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck.A Ruarte también se lo acusa de maltrato laboral hacia un oficial principal "que oportunamente denunció los hechos", informaron desde el gobierno provincial. En ese marco, la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel promovió una causa judicial por Encubrimiento Agravado e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público. El comisario fue suspendido en forma preventiva de sus tareas."Nuestros policías están para proteger a nuestros vecinos, para hacer cumplir la ley, y aquel que sienta la tentación de delinquir, será castigado como corresponde. No permitiremos que se deshonre el uniforme de la Policía de Río Negro", agregó Weretilneck.Ruarte había asumido en 2015 como jefe de la Subcomisaría 64a. de Coronel Belisle; luego fue titular de la comisaría 16a. de Ingeniero Huergo y jefe 2º de la comisaría 47a. de la localidad rionegrina de Coronel Juan José Gómez.
Es un desprendimiento de la causa principal que quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. También hubo operativos en varias dependencias del Municipio
Fue una investigación simultánea en la Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. El caso se conoció como Operación Guardianes Digitales por la Niñez y puso bajo la lupa la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). En el país, el 28 de febrero de 2024 se hicieron allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Pilar, La Matanza, Tucumán, y en la ciudad de Apósteles, Misiones. En la provincia mesopotámica el procedimiento provocó un escándalo político porque quedó bajo sospecha el por entonces diputado Germán Kiczka, partido Activar, aliado a La Libertad Avanza, condenado ayer a la pena de 14 años de prisión.El Tribunal Penal 1° de Posadas, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya encontró culpable al destituido legislador de los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. "Cuando era chico me asustaban con el cuco. ¿Saben qué señores jueces? El cuco está en la red y el cuco son personas que hacen este tipo de cuestiones", sostuvo el fiscal Martín Rau al cerrar ayer su alegato donde solicitó la pena de 15 años de prisión para el exdiputado provincial.Entre el público que escuchó los alegatos y presenció la lectura del veredicto estaba la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) del Ministerio Público porteño y quien coordinó en la Argentina la Operación Guardianes Digitales por la Niñez."Fue un fallo que va a marcar un hito, sobre todo en este tipo de investigaciones internacional relacionadas con la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes. La sentencia afirma que la cooperación nacional e internacional es fundamental para este tipo de delitos trasnacionales", sostuvo a LA NACION la fiscal Dupuy.En el operativo hecho en un domicilio en Apósteles, Misiones, y que estuvo bajo la coordinación de la fiscal Dupuy, teléfonos celulares, pendrives y una computadora. Después, desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se envió a la Justicia de Misiones para que analizara esos dispositivos, en los que se encontró más material de abuso infantil.Era el comienzo de la investigación que derivó en una orden de detención para el por entonces diputado Kiczka firmada por el juez Miguel Ángel Faría, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº4 de Apóstoles. El exlegislador estuvo prófugo casi diez días. Mientras lo buscaban varias fuerzas de seguridad, en agosto pasado, por mayoría de la Legislatura de Misiones aprobó su desafuero.Finalmente, fue detenido en una cantina del balneario municipal de Loreto, en Corrientes, donde dormí en una reposera y una frazada que le prestaron.Ayer, también fue condenado su hermano Sebastián. Recibió una pena de 12 años de cárcel. Fue encontrado culpable de delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil y abuso sexual sin acceso carnal.La ampliación de la indagatoria de Sebastián Kiczka"No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet", dijo el hermano del exlegislador cuando amplió su indagatoria en una de las audiencias del debate esta semana. También quiso exculpar a su hermano asumiendo toda la responsabilidad. "No hay otra prueba que desacredite esa confesión", sostuvo el abogado Gonzalo de Paula en su alegato de ayer, donde pidió la absolución de su cliente.Al iniciar su alegato, el fiscal Rau dijo: "Se ha dicho desde que comenzó la audiencia [por el debate] que este iba a ser un juicio histórico, histórico para la provincia de Misiones. Propuse desde el inicio un lema, que era el de conducirnos con la verdad. Si vamos a pasar a la historia, señores jueces, lo importante es que pasemos a la historia con la verdad. Vamos a contar la verdad y nada más que la verdad. La verdad que surge del expediente. Mostramos el material hallado y les demostramos por medio de peritos, técnicos, ingenieros e informáticos cómo en una de las computadoras, la madre de todo el proceso, tenía muchísimo material de abuso sexual infantil. Demostramos la facilitación de archivos, exhibimos videos de un contenido fuertísimo, que a mí en lo personal me dañaron. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, algunos de muy corta edad, bebés, en situación de abuso sexual, más bien de explotación sexual. No se olviden que este material circula en la red para satisfacer apetitos de personas que consumen ese tipo de material".El representante del Ministerio Público habló de "casi en verdaderos actos de bestialismo".En los allanamientos del 28 de febrero de 2024, en medio de la Operación Guardianes Digitales por la Niñez, en la ciudad de Buenos Aires se detuvo a dos sospechosos.Uno de los detenidos resultó ser un ingeniero informático."Ese dato [la profesión de uno de los sospechosos] es importante porque se cree que solo caen quienes no saben manejarse con la tecnología", había dicho en su momento el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.El caso se había originado a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).
Los procedimientos están a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y fueron autorizados por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, el mismo que homologó el acuerdo como arrepentido del ex jefe regional de ARCA Carlos Vaudagna
Los dispuso el fiscal Enrique Gavier en la causa por supuestas estafas en la entrega de viviendas. Por el momento no hay órdenes de detención. Leer más
Fueron ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. También hubo operativos en otros domicilios de la Ciudad de Buenos Aires. Se sospecha que esa entidad financiera habría sido utilizada para circular fondos de las maniobras ilícitas
Sala Suprema rechazó la apelación del extitular del Interior, así como la de la administradora de su estudio Yesenia de la Cruz. Allanamiento se dio en el marco de la investigación por presunto abuso de autoridad
El médico se volvió tendencia tras un video donde insulta a una mujer; usuarios en redes cuestionan su comportamiento
Se realizaron seis allanamientos y pedidos de detención de integrantes del grupo de violentos que comanda el jefe de hecho de la Uocra.Hay filmaciones de galpones del gremio que muestran la salida de los que concretaron la emboscada en el Hospital
La Policía incautó más de veinte mil dosis de bazuco, mil de marihuana, dos decenas de dosis de tusi y otras sustancias ilegales, además de armas, proveedores, balas y quince millones de pesos en efectivo
Abogado del exministro del Interior asegura que colabora con la investigación pese a que entregó un celular sin chip y reseteado de fábrica. Fiscalía pide que se confirme allanamiento y revela que se encontraron "diversos documentos" vinculados a Santiváñez en el domicilio de Yesenia de la Cruz.
El cambio legal permite tramitar juicios rápidos para desahuciar 'okupas' que allanan moradas, con apoyo de PNV, PP y Junts, mientras PSOE y Sumar se oponen a la nueva normativa
Los operativos fueron realizados en Villa Devoto y Villa Crespo. Un hombre de 59 años fue imputado por maltrato animal. Leer más
La Justicia llevó a cabo una serie de allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires en el marco de la investigación por fraude y administración fraudulenta contra exdirectivos de Vicentin.
En un encuentro con el director de la Policía, el general Carlos Triana, la fiscal General resaltó la alianza estratégica entre ambas instituciones para garantizar eficacia en investigaciones y lucha contra el crimen
Este viernes, el pleno del Congreso debatirá las tres mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior. Si alguna de ellas es aprobada, el gobierno de Dina Boluarte se vería forzado a nombrar al séptimo titular de la cartera desde el inicio de su mandato
Stefano Miranda, abogado del titular del Mininter, afirmó que el único dispositivo que se incautó en la intervención de la Fiscalía fue el celular de su esposa
Las medidas alcanzaron a dos de sus socios, uno de los cuales es también su primo. El ex legislador de Entre Ríos sigue detenido con prisión preventiva domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas
Medida llevada a cabo por el Ministerio Público fue autorizada con fecha del 3 de marzo y con un plazo de 15 días, hecho que despertó dudas sobre la legalidad de la acción emprendida contra el ministro del Interior
En la solicitud enviada por el Ministerio de Seguridad al fiscal Fernando Soto, se indica que algunos de los hinchas identificados arrojaron piedras contra el palacio legislativo o atacaron a miembros de las fuerzas de seguridad
El exintendente de La Plata y exsubsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro (Pro), quedó imputado en una causa por presunta asociación ilícita, en la que se investigan irregularidades con proyectos de barrios privados en la capital de la provincia de Buenos Aires. Garro fue notificado en su domicilio del country platense Grand Bell.El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta (titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Nº16, de La Plata) solicitó allanamientos y órdenes de presentación que autorizó la jueza de garantías Marcela Inés Garmendia, en el domicilio de Garro, en las sedes de cuatro empresas (Les Baux, Bordigoni, Agrycon y Solvial) encargadas de obras en los barrios privados cuestionados y de sus titulares, y en las casas de dos exempleados de la municipalidad. Junto con Garro, quedaron imputadas otras siete personas.En el expediente por el que se ordenó el procedimiento en la casa de Garro (intendente de La Plata entre 2015 y 2023), se investiga si durante los dos mandatos del hombre de Pro "varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, visibilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento", según consta en la denuncia, a la que accedió LA NACION."Lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirientes de dichos inmuebles como al municipio en un monto estimado en 700 mil millones de pesos", se explicitó en la causa.En total, se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación (una de ellas, en la vivienda de Garro). Participó personal de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. En los procedimientos, se incautaron "copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos", según se especificó en un informe judicial.La causa persigue los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso real entre sí. Los investigados son Garro, María José Botta (exsecretaria de Planeamiento Urbano municipal), Marcelo Genoro (director general de Obras Viales), Ariel Bordigoni (presidente de la empresa Bordigoni y Cía. SRL), Cecilia Mayocchi y Leandro Arrechea (ambos de la empresa Agrycon SA), Facundo Dadin (empresa Solvial) y Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos platense).En el expediente, consta un testimonio del actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal, Sergio Resa, en el que afirma haber detectado irregularidades en expedientes de barrios cerrados y abiertos, y se subraya que la gestión del intendente actual, Julio Alak, suspendió 400 proyectos de barrios privados por no tener convalidación provincial.En su pedido de allanamientos y órdenes de presentación, la fiscalía indicó que "se pudo constatar uno de los presuntos hechos ilícitos", vinculado al barrio privado La Cañada Barrio de Chacras, en City Bell. Se puntualizó que, en el marco del pago de las "plusvalías" incluidas en la construcción del barrio, se debía realizar una rotonda que multiplicó su valor (de $39.080657 a $63.818.306) en un corto lapso del año 2022. El acuerdo lleva la firma de Garro, funcionarios y representantes de Agrycon. "Se puede aprfeciar con prístina claridad un monto superior al consignado primigeniamente 'inflando' el presupuesto allí asignado en perjuicio del erario público casi en el doble de su costo 'originario', con tan solo un mes y medio de diferencia entre la firma de ambos convenios urbanísticos", escribió el fiscal. Además, en el expediente se señala que la rotonda, "llamativamente, beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva".Ante la consulta de LA NACION, el exintendente Garro optó por no hacer declaraciones. Fuentes de Pro dijeron que el procedimiento en la casa de Garro fue solo "un operativo de notificación", que lo investigado "está todo votado por ordenanza" y que el caso es "muy político".Garro fue intendente de La Plata entre 2015 y 2013; su abogado defensor en esta causa será Fabián Améndola. En el inicio del gobierno de Javier Milei, fue designado subsecretario de Deportes nacional. Fue desplazado de ese cargo luego de opinar que el capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, deberían pedir disculpas a la selección francesa por un cántico ofensivo de jugadores del seleccionado.
El operativo se llevó a cabo en conjunto con Tropas de la octava división del Ejército Nacional, Armada, Policía Nacional y Fuerza Aeroespacial Colombiana, afectando las estructuras criminales que delinquen desde el centro penitenciario
Fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Se trata de lo consultores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y de Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores, quien renunció ayer a su cargo. La jueza Arroyo Salgado, en otro expediente paralelo que tramita en los Tribunales de San Isidro, se declaró competente y se abre una disputa judicial con su colega María Servini sobre quién seguirá con la investigación
El eyectado fue Sergio Morales, vinculado a Mauricio Novelli, el nexo de la hermana del presidente con los empresarios que armaron $LIBRA y la posterior estafa a miles de inversores. Leer más
Pese al pedido de la Fiscalía, Santiváñez se encuentra en Bruselas participando de una reunión con otros ministros del Interior, en el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI)
La Fiscalía General informó que los implicados habrían falsificado documentos para obtener autorización de registro, se apropiaron de bienes y exigieron dinero al propietario del inmueble
La titular del Ministerio Público lamentó que el ministro del Interior haya sido alertado de la medida, incluso antes de que sea autorizada, hecho que exterminó el factor sorpresa necesario
En el marco de la investigación por presunto abuso de poder, la Fiscalía llevó a cabo la medida en la vivienda y despacho del titular del Ministerio del Interior. Miembros del Ejecutivo denunciaron un presunto "golpe de Estado blanco"
La presidenta mantiene su defensa al titular del Mininter y afirmó que ambos son víctimas de un acoso político permanente realizado por un programa dominical
Un amplio operativo contra la difusión de imágenes sexuales de menores se realizó ayer en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, donde fueron detenidos cuatro sospechosos de pedofilia y notificados de la apertura de causas en sus contra otras 22 personas.En el marco del Operativo Nueva Era IV, la ayudantía fiscal N°2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo Luis Brogna, con la coordinación de Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez, llevaron adelante 25 allanamientos en una causa en la que se investigan los delitos de producción, facilitación, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil.A partir de esa pesquisa se logró identificar a los sospechosos de pertenecer a una red que compartía archivos digitales de menores en situaciones de abuso. Entre las 27 personas que fueron identificadas como parte de esa difusión de imágenes, se determinó que dos de esos implicados tenían el rol de contactar a menores, en su mayoría adolescentes, a través de la red social Instagram, en procura de lograr mediante engaños que tuviesen relaciones sexuales con un hombre. Esas tres personas fueron detenidas,Una fuente oficial comentó a la nacion: "Es importante resaltar que se logró el arresto de uno de los agresores, con la imputación de que captaba a través de terceros a niñas para producir y abusar sexualmente de ellas, como también por la difusión y venta del material grabado de esos abusos""Los tres arrestos posteriores fueron de las personas que buscaban y captaban a las adolescentes para que esta persona abusara, filmara y vendiera ese material", se agregó.Se estableció, además, que otros doce sospechosos facilitaron material de abuso sexual infantil y/o representaciones de menores de contenido lascivo mediante el uso de plataformas de redes sociales o juegos. Diez personas, en tanto, fueron detectadas con ese material en su poder. Hasta el momento, los investigadores pudieron determinar la existencia de al menos 495 víctimas, luego del análisis de los documentos almacenados en forma digital. En la investigación, que estuvo encabezada por la Procuración General de Buenos Aires, se analizarán los elementos secuestrados en busca de pistas que conduzcan a otros integrantes de la red.Desbarataron a una banda que poseía y distribuía material de pornografía infantilLos allanamientos se realizaron en el Partido de La Matanza, en las localidades de Virrey del Pino, Ramos Mejía, Rafael Castillo, La Tablada, González Catan, Gregorio de Laferrere, Villa Madero, Ciudad Evita, Villa Celina, Villa Luzuriaga y San Justo. También, en Quilmes,, Pergamino, San Pedro y en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los lugares allanados figura un estudio jurídico.Se convocó para efectivizar estas diligencias tanto a personal del área de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como de la División de delitos Cibernéticos contra niños, niñas y adolescentes de la Policía Federal Argentina, quienes además tuvieron a su cargo la investigación previa desarrollada en torno a los sospechosos, y a su localización.Asimismo, a fin de lograr la identificación de varios de los sujetos investigados se contó con la cooperación del área de delitos conexos a la trata de Personas, Grooming y Ciberpedofilia del Ministerio Público Fiscal de la Pcia. de Buenos Aires, a cargo de Eleonora Weingast, quien hizo de nexo ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) para recabar varios reportes que permitieron profundizar y ampliar las líneas de investigación.-
Un operativo de la Policía de la Ciudad en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo terminó en un hallazgo inesperado y alarmante. Durante un allanamiento en un edificio ubicado en la calle Castillo al 100, efectivos de la División Investigaciones Comunales 15 de la policía porteña encontraron una granada, lo que obligó a activar un protocolo de emergencia y a solicitar la intervención del Escuadrón Antibombas.Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, el explosivo fue descubierto mientras se realizaba un allanamiento ordenado en el marco de una causa iniciada a raíz de denuncias de vecinos, quienes alertaron que el residente del departamento los amenazaba con armas de fuego. La investigación, que tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, tenía como objetivo el secuestro de armas y municiones, pero la presencia de una granada en la vivienda desató un operativo de emergencia que motivó la solicitud de intervención del Escuadrón Antibombas. Como medida de seguridad para el resguardo de los vecinos, se realizó el corte total de la calle hasta que los especialistas en explosivos aseguraron la zona.El hallazgo de la granada abrió una nueva línea de investigación, mientras las autoridades intentan determinar su procedencia y si está vinculada a redes delictivas más amplias. En tanto, la Policía de la Ciudad continúa con la realización de diligencias para esclarecer los motivos por los cuales el artefacto se encontraba dentro del departamento y si hay más implicados en el caso.Detonaron un bolso sospechoso tras una amenaza de bombaApenas horas más tarde del episodio de la granada, en Villa Crespo se volvió a vivir momentos de extrema tensión cuando efectivos del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad detonaron un bolso que había sido arrojado debajo de un rodado estacionado en la calle Corrientes al 5500, a unos 100 metros del Instituto Argentino de Cultura Hebrea y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.La alerta se activó tras una amenaza de bomba en la zona. Ante el riesgo potencial, se desplegó un operativo de emergencia y los especialistas realizaron una explosión controlada del objeto. Al estallar, comprobaron que el bolso solo contenía ropa, disipando el temor de un posible artefacto detonante.Las autoridades continúan investigando ambos episodios para determinar si existe algún tipo de conexión entre ellos o si se trata de incidentes aislados.Antecedentes: incidentes frente a la Embajada de Israel y el Congreso encendieron alarmas de seguridadEn noviembre de 2024, dos incidentes con drones en puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad. Uno de ellos ocurrió frente a la Embajada de Israel, cuando un dispositivo aéreo no tripulado se desplomó y se incendió en plena vía pública, mientras que días después, otro dron de origen ruso cayó sobre la terraza del Congreso Nacional, generando inquietud y derivando en una causa judicial.El primer episodio ocurrió en la intersección de Avenida de Mayo y Chacabuco, donde la caída de un dron derivó en la intervención de la Policía Federal Argentina y a otras fuerzas de seguridad, que trabajaron en el área para determinar su procedencia. Por protocolo, decidieron avanzar con el corte parcial de calles en las inmediaciones de la Embajada de Israel. Según trascendió, el dron habría sufrido una falla técnica que provocó su caída y posterior incendio, aunque el fuego fue extinguido antes de la llegada de los agentes. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó cualquier tipo de ataque y aseguró que se trató de la "imprudencia de un usuario particular".Días después, otro episodio encendió nuevas alarmas en el Congreso Nacional. Un dron de pequeñas dimensiones, equipado con una cámara y capacidad de grabación de sonido, cayó sobre la terraza del Palacio Legislativo. La situación tomó un giro inesperado cuando tres hombres de nacionalidad rusa se presentaron en la entrada del edificio, afirmando que había "perdido" su dron y solicitaban recuperarlo.Ante la sospechosa situación, el encargado de seguridad del Congreso notificó inmediatamente lo sucedido a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, quien dispuso la intervención de la Policía Federal, la División Explosivos y la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas. La capacidad para registrar imágenes y audio del dispositivo, un DJI MAVIC Mini PRO4 con una memoria Samsung de 128 GB, suscitó inquietud en el personal de seguridad de la Policía de la Ciudad.El dron fue secuestrado y se abrió una causa judicial caratulada como "Intimidación Pública", bajo la órbita del juez Sebastián Ramos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2. Como parte de la investigación, el magistrado resolvió que tanto los efectivos policiales como el personal de seguridad que estuvo en contacto con el dispositivo debían presentarse a prestar declaración.
Los rastrillajes no arrojan resultados y su familia sostiene que alguien se lo llevó. Los detalles de un caso que guarda similitudes con otras desapariciones de menores en Argentina. Leer más
El niño de 3 años desapareció este sábado mientras jugaba con sus hermanos en el patio de su casa en Ballesteros Sud. Debido al riesgo se activó la Alerta Sofía y en el marco de la causa se desplegó un amplio operativo y la Justicia ya secuestró tres vehículos y más de diez celulares. Leer más
Guillermo Marijuan busca reunir documentación sobre una supuesta deuda de 95 millones de dólares que el Estado tendría con la holandesa Jan de Nul, que hace el dragado del Paraná desde 1995.
Las sospechas sobre la protección al prófugo líder de Perú Libre desde las altas esferas del Ejecutivo surgen a partir de una fotografía del vehículo oficial que trasladaba a la presidenta en el condomino donde se llevó a cabo el fallido operativo para capturarlo
Los oficiales del SEBIN que lideraron el operativo detuvieron a su suegra, Edith Gruber, y secuestraron bienes personales y dos vehículos
La justicia intervino ante una denuncia por presunta retención indebida de trigo. Mientras tanto los bancos presionan por cobrar.
La política de reducción de gastos del Estado generó una gran cantidad de amparos y denuncias contra el Gobierno nacional en la Justicia. En la mayoría de los casos, el Ejecutivo apeló las decisiones y las causas todavía están pendientes de una resolución definitiva. Desde los alimentos almacenados en depósitos que el Ministerio de Capital Humano no entregó a los comedores hasta la falta de provisión de medicamentos a pacientes oncológicos, pasando por un pedido de inconstitucionalidad de los motivos del veto al aumento de las jubilaciones, estas son algunas de las cuestiones que dispararon los recursos. Leer más