Así lo decidió la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. El acusado es el expolicía Claudio Ariel De Vincentis. El caso será juzgado por un Tribunal Oral
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido para acceder a una suspensión del juicio a prueba -una "probation"- del jefe de seguridad del complejo Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que la policía iba a allanarlo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Para Arroyo Salgado, el proceder de De Vincentis fue mucho más grave que un entorpecimiento simple de un procedimiento judicial por el que se encontraba procesado y había solicitado una "probation". ¿Por qué? Porque para la magistrada, el comisario retirado de la Policía Federal habría cometido un encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del delito precedente y por su condición de funcionario público. La decisión de Arroyo Salgado colocó a De Vincentis ante un horizonte judicial mucho más sombrío. Estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, lo que le permitía un juicio correccional ante un solo juez con una pena máxima de tres años -y, por tanto, sin pisar una celda-. Pero ahora, Arroyo Salgado dispuso remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín, donde el imputado enfrentará un juicio colegiado y el riesgo de una pena de hasta 6 años de prisión efectiva. Arroyo Salgado fundó su decisión en que De Vincentis, como comisario retirado, sigue siendo policía, ya que el retiro no extingue el "estado policial", que solo se pierde con la baja, según estipula la ley orgánica de la Policía Federal, que también establece que los retirados deben "concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito".Defendido por Guillermo Soares Gache, excolaborador de Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad con Mauricio Macri, De Vincentis argumentó que esa noche se encontraba de licencia, que se acercó por su responsabilidad funcional, que solo cumplió con su deber y que no generó demoras. Pero en tribunales se dio por probado que interfirió con el operativo, lo que reforzó luego en un chat interno. Ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal de Nordelta. "El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que 'creían estar en Fuerte Apache", dijo la Cámara Federal de San Martín cuando confirmó el procesamiento por encubrimiento simple. Para Arroyo Salgado, "no existen dudas en arribar a la conclusión" de que "la conducta reprochada a De Vincentis debe ser considerada como desplegada por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones". Y le cerró así la puerta a la probation porque el Código Penal excluye de manera explícita esta solución cuando un funcionario participó del delito en ejercicio de su cargo.La magistrada recordó, además, que De Vincentis "no actuó como un particular cualquiera" cuando comenzó el allanamiento en Nordelta. Actuó desde "una singular posición de control", reforzada por la ley provincial que regula las actividades de seguridad privada, que obliga a las empresas prestadoras a cooperar y subordinarse a la autoridad de seguridad pública. Qué pasó aquella nocheLos hechos ocurrieron entre la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto de 2025. El juez federal Sebastián Casanello había ordenado allanamientos, registros domiciliarios y requisas personales sobre Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en el barrio La Isla, en Nordelta. También había dispuesto secuestrar las grabaciones de los ingresos y egresos del complejo. Los procedimientos buscaban celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación. Con esas pautas generales, el comisario a cargo del operativo, Lucas Alberetti, les prohibió a los vigiladores de la garita de ingreso que llamaran o alertaran de cualquier otro modo a los sospechosos que estaban por ser allanados para aumentar las probabilidades de éxito del operativo. Según la imputación, De Vincentis llamó con insistencia a sus empleados. En una comunicación que atendió el propio Alberetti, se presentó como supervisor y quiso saber a dónde se dirigía la comitiva judicial. Y a las 00.42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió otra llamada de su jefe y llegó a decirle que buscaban a los Kovalivker, antes de que le quitaran el teléfono. Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio y así frustró su requisa personal. Eso no fue todo. Luego irrumpieron cuatro patrulleros de la Policía bonaerense que habían sido convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo la "falsa invocación" de que "falsos policías" o personas no identificadas habían tomado la garita e impedían que la gente saliera. Pero los efectivos constataron la legalidad del procedimiento y se retiraron. Según Arroyo Salgado, el registro posterior de la casa de Kovalivker "exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso". Y en ese contexto, fundó el primer agravante en que en la "causa Andis" se investiga la conformación de una presunta asociación ilícita que habría cobrado sobornos a las droguerías para repartirlos entre intermediarios, agentes del organismo, como Diego Spagnuolo, y altos funcionarios del Gobierno. En ese esquema, Suizo Argentina habría sido "el canal" de los pagos ilegales. La magistrada consideró que la gravedad de ese delito precedente justificaba el agravamiento del encubrimiento. A esa circunstancia sumó la condición de funcionario público que atribuyó a De Vincentis por su estado policial y las obligaciones legales que conserva como comisario retirado.
Siete agentes de la Policía Nacional Civil enfrentan cargos por irregularidades en las capturas tras el ataque. El Ministerio Público arrestó el 23 de octubre a un comisario, un inspector, un oficial y cuatro subordinados, señalados por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización penal y traslado ilegal de armas
Detectives de la Policía de Misiones buscan pistas para intentar esclarecer los fallecimientos de Sergio Schulz, de 39 años, y de Griselda Gritzmacher, de 29, la pareja que fue encontrada muerta en un camino vecinal de Los Helechos, en Oberá, Misiones. En el interior de un auto Ford Fiesta negro dormía el hijo de dos años de las víctimas."Las investigaciones permitieron establecer, mediante testimonios familiares, que las víctimas se dedicaban a la comercialización de electrodomésticos, con entregas particulares y financiación en cuotas mediante pagarés. De esta manera, por el momento se desestimaron las versiones que circularon inicialmente sobre una presunta actividad como prestamistas", informaron a LA NACION fuentes de la Policía de Misiones.La investigación está a cargo del juez Diego Lafata, que conduce el Juzgado de Instrucción N°1 de Oberá. De la pesquisa participa personal de la Unidad Regional II de Oberá.Las dos muertes fueron descubiertas ayer a las 8.30 en la denominada Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5. El cueprpo de Schulz fue hallado en el asiento del acompañante del auto, mientras que el cadáver de Gritzmacher estaba en el "lateral derecho" del lado de afuera. En el vehículo dormía el hijo de la pareja, un niño de dos años. El menor fue trasladado a un "centro de atención primaria de la salud", donde recibió asistencia sanitaria y atención psicológica.La pareja tenía otro hijo de nueve años, que se había quedado con la abuela materna."Cerca de 50 uniformados realizan este viernes nuevos rastrillajes en Picada Sargento Cabral y alrededores, principalmente para localizar el celular de Gritzmacher, cuya información de conexión con antenas telefónicas orienta la búsqueda hacia esa zona. También se verifica si otro dispositivo de interés se encuentra entre las pertenencias de Schulz trasladadas a la morgue judicial", dijeron fuentes del caso.Los voceros consultados agregaron: "Se allanó la casa de las víctimas en Oberá, donde fueron secuestrados una notebook, dos CPU, un pendrive, una tarjeta de memoria y documentación comercial. Asimismo, a partir de testimonios y otros elementos reunidos, se concretó un segundo allanamiento en una vivienda vinculada con las relaciones comerciales de Schulz".Los detectives policiales y judiciales, además, analizan filmaciones de cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del vehículo de las víctimas hacia la zona del hallazgo. "El objetivo es reconstruir el recorrido, establecer los movimientos anteriores y posteriores, y determinar si otros vehículos circularon por el sector", explicó la Policía de Misiones en un comunicado de prensa.Los investigadores esperan el resultado de las autopsias para determinar la mecánica de muerte de la pareja.
La medida fue ejecutada por la Prefectura Naval tras una denuncia formal de la Fiscalía de Estado por bloqueos a los inspectores.Peritos de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos revisaron muelles, talleres y sistemas de drenaje para evaluar la trazabilidad de residuos peligrosos.
El presidente estuvo junto al gobernador Andrés Julián Rendón y al alcalde Federico Gutiérrez durante las diligencias de Policía, Ejército y Fiscalía en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos del departamento
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó un procedimiento en cinco barrios de la ciudad de Córdoba. Hay 19 detenidos, más de 47 mil dosis de cocaína secuestradas y bienes valuados en más de $385 millones. Leer más
El operativo contra una presunta red de préstamos "gota a gota" dejó al menos 10 detenidos y permitió descubrir una caja fuerte de 1,80 metros, propiedades de alto valor y bienes vinculados con una organización investigada por extorsión y lavado de dinero.
El OIJ y la Fiscalía de Cartago desmantelaron una presunta organización que habría recaudado hasta â?¡50 millones al mes mediante créditos informales. Los investigadores también analizan amenazas con armas y ataques a viviendas como método de cobro.
El conocido como el "zar de la frontera" del gobierno de Donald Trump, Tom Homan, confirmó que agentes federales realizaron un allanamiento en la residencia de la representante Ilhan Omar el 12 de octubre. Durante una entrevista con medios locales, explicó que el procedimiento se llevó adelante mediante una orden judicial y en el contexto de una investigación penal que continúa abierta.Qué dijo Tom Homan sobre el allanamiento en la residencia de Ilhan OmarHoman señaló que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dirige las actuaciones junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, evitó precisar cuáles son los elementos que motivaron el operativo y qué buscan determinar los investigadores."Puedo confirmar que se ejecutó una orden de registro, firmada por un juez. Hay una investigación en curso. No entraré en detalles sobre la investigación penal", dijo, según lo retomado por ABC News."No quiero adelantarme", manifestó el funcionario en referencia a las declaraciones que puedan realizar el fiscal general Todd Blanche o el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. También recordó que anteriormente había reconocido la existencia de indagaciones vinculadas con posibles irregularidades migratorias.Por qué allanaron la vivienda de Ilhan OmarAunque las autoridades confirmaron el registro, no difundieron los fundamentos específicos de la investigación. La información retomada por los medios locales señaló que las actuaciones estarían relacionadas con la documentación y el historial de la congresista.También se mencionaron denuncias previas sobre posibles irregularidades migratorias y matrimoniales. "Esta acción de las autoridades forma parte de una investigación penal federal en curso", dijo un portavoz del DOJ en un comunicado retomado por CNN.El operativo fue ejecutado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), una división del DHS. Según los datos sobre el procedimiento, los efectivos retiraron varias cajas con material que quedó bajo resguardo como evidencia. El portavoz del DOJ y Homan confirmaron que la orden fue firmada por un juez federal.Hasta el momento, Omar no fue imputada por ningún delito y tampoco se hicieron públicas pruebas que acrediten las acusaciones mencionadas por integrantes de la administración Trump. La investigación permanece en curso, por lo que todavía no se conocen sus posibles consecuencias judiciales.Ilhan Omar denunció persecución política por el allanamiento en su casaLa congresista, que representa al quinto distrito electoral de Minnesota, rechazó las sospechas y cuestionó la actuación de las autoridades federales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que se encontraba bien y sostuvo que el allanamiento representa una nueva escalada en las acciones que, según ella, la administración Trump dirige contra sus adversarios."Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me callarán", aseguró.En un comunicado difundido por su oficina, se calificó el registro como un abuso de poder y se cuestionó el uso de las fuerzas federales para actuar contra una representante elegida por los ciudadanos. "La congresista no ha hecho nada malo. Ningún presidente debería poder usar el poder del gobierno federal para intimidar a sus enemigos políticos", agregó.Allanamiento a Ilhan Omar: Trump criticó a la congresistaPoco después de que se produjera el allanamiento, Trump expresó críticas contra Omar durante un mitin celebrado en Youngstown, Ohio. En su discurso, hizo referencia al origen somalí de la congresista y cuestionó su postura sobre Minnesota y la Constitución estadounidense."Ella es un desastre. Viene de un país sin leyes, sin policía, sin ejército, donde lo único que hacen es dispararse unos a otros. Y viene a nuestro país y dice: 'Tengo un derecho constitucional'. Nos habla sobre la Constitución y viene de uno de los peores países de todo el planeta", señaló.Los principales referentes demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar, repudiaron el procedimiento. En una declaración conjunta, señalaron que la actuación plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones federales y reclamaron explicaciones al DOJ y al DHS.
Un operativo en la residencia de la legisladora demócrata encendió las alarmas en el Congreso estadounidense. Los detalles del caso por presuntas irregularidades migratorias y el duro cruce político entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutaron una orden judicial en la vivienda de la legisladora de Minnesota, a tres semanas de las elecciones de mitad de mandato
Agentes federales registraron la casa de una legisladora demócrata en Washington, generando críticas por el momento cercano a las elecciones.El Departamento de Justicia confirmó la acción como parte de una pesquisa penal en curso, sin ofrecer más detalles sobre el caso.
Junto con otros objetos de valor secuestrados, se estima que el valor total supera los 1.200 millones de pesos.Investigan si son las barras robadas en 2023 de una empresa canadiense.
La intervención nocturna en Ensanche Espaillat terminó tras un intercambio de disparos cerca de las 10:48, cuando efectivos de investigación criminal cumplían una orden judicial autorizada en la avenida Imbert
Investigadores de la PNC y el Ministerio Público allanaron una vivienda en San José Las Flores y hallaron carabinas, pistolas y municiones, que serán sometidas a peritaje balístico en el INACIF
Las autoridades buscan desarticular una estructura criminal asentada en Limón, presuntamente vinculada con homicidios, narcotráfico y robos millonarios de combustible y contenedores. Entre los capturados figuran dos de sus supuestos principales cabecillas.
La investigación por la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Messi cuenta ahora con tres imputados, luego del allanamiento realizado en una casa del partido bonaerense de Vicente López y la intercepción -por parte de las fuerzas de seguridad- de dos sospechosos a la salida del Monumental.El primer caso se conoció más temprano, después de que la Policía de la Ciudad incautara una notebook, un celular, nueve entradas (siete de Belgrano Baja y dos de Platea Sívori Alta), y anotaciones en el domicilio de una mujer en Vicente López. Los efectivos también secuestraron una gran cantidad de dinero en efectivo (9.850.000 de pesos y 56.300 dólares) y una máquina contadora de billetes. El operativo fue solicitado por el fiscal Maximiliano Vence, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 (Eventos Masivos) del Ministerio Público de la Ciudad, y aprobado por el juez de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº2 porteño, José Raúl Béguelin, luego de que se identificara a la sospechosa como resultado de tareas de ciberpatrullaje. Por otro lado, la Fiscalía bajo el ala de Vence, en colaboración con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), descubrió a dos hombres que promocionaban la venta de entradas e incluso habían organizado tours para vivir la experiencia de la despedida de Messi desde Misiones. No contentos con ellos, hasta ofrecieron notas en canales de televisión misioneros para publicitar la venta de los tickets.Los imputados fueron identificados luego de que la Policía implantara vigilancia sobre los micros que llegaron a las inmediaciones del estadio Monumental. Al salir del estadio, los efectivos los requisaron y les secuestraron sus teléfonos celulares para su posterior peritaje.De acuerdo al Ministerio Público Fiscal porteño, la pesquisa surgió luego de recibir más de 30 denuncias por reventa de entradas y estafa. Las Unidades Móviles de Orientación y Denuncia (UODs) le solicitaron a los damnificados que aportaran información sobre los métodos y formas de compra, entrega de las entradas, capturas de pantalla, comprobante de pagos y cualquier otro elemento que pudiera vincularse con los presuntos responsables. Todo el material recibido será peritado y los investigadores buscarán patrones en los distintos casos con el fin de elaborar una trazabilidad y hallar a los organizadores del crimen.En las horas previas al partido de despedida de Messi, donde la selección argentina enfrentó a Benín, distintos usuarios denunciaron el sobreprecio en las entradas de la reventa, con algunos valores que llegaban a los $700.000 en caso de las populares (originalmente $90.000), además de estafas."Bueno oficialmente me estafaron con las entradas para hoy, una asociación que era legal. No saben el esfuerzo que hubo detrás, me entristece muchísimo por mi hijo. A pasar el trago amargo, una vergüenza la AFA y que solo podíamos conseguir entradas así. Quiero a todos los responsables presos y que me devuelvan el dinero en lo posible", expresó en X María Florencia Freijo, politóloga y una de las damnificadas.
Tras un allanamiento en un edificio de Vicente López donde la Policía de la Ciudad secuestró nueve entradas para el amistoso internacional que anoche jugó la Argentina contra Benín y que fue el último partido de Lionel Messi en el seleccionado, un fiscal investiga la trazabilidad de los tickets para intentar reconstruir cómo llegaron a manos de una comerciante de 39 años que, según se sospecha, los vendía por redes sociales.Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La investigación está a cargo del fiscal Maximiliano Vence, que conduce la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N° 8. "La Policía de la Ciudad hizo un allanamiento en un departamento de Vicente López en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para el partido Argentina-Benín. La investigación se inició de oficio el 29 de septiembre, a partir de múltiples denuncias difundidas en redes sociales sobre la oferta de entradas con sobreprecios de hasta un 800 por ciento, luego de agotarse las localidades oficiales en la plataforma Deportick", informó el Ministerio de Seguridad porteño ayer pocas horas antes de que comenzara el partido.Según pudo saber LA NACION, el procedimiento se hizo en un edificio situado en la avenida del Libertador al 1700, en Vicente López. El personal allanó un departamento del piso 13 donde vive una comerciante de 39 años."En el operativo, el personal policial secuestró una notebook, un teléfono celular, nueve entradas (siete para Belgrano baja y dos para la Sívori alta), anotaciones, una máquina contadora de billetes, $9.850.000 y 56.300 dólares", se informó en un comunicado de prensa."Ahora, se van a peritar los dispositivos electrónicos secuestrados en el departamento allanado para intentar reconstruir la trazabilidad de las entradas, es decir, cómo consiguió la imputada los tickets para su reventa", dijeron a LA NACION fuentes judiciales. La sospechosa, por lo pronto, debe designar abogado y presentar un perito para que intervenga en el peritaje en su representación. Además, se la citará a una audiencia donde se "determinarán" los hechos bajo investigación."Los detectives judiciales llegaron hasta la sospechosa a partir de un ciberpatrullaje y se inició la investigación de oficio al ver que se vendían las entradas por fuera de los canales oficiales", agregaron los voceros consultados.La furia de Yanina LatorreOtro caso de reventa de entradas se hizo público antes del partido y provocó la furia de la conductora de TV y esposa del exfutbolista Diego Latorre, Yanina Latorre."Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito, sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego [Latorre], a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal de entradas de AFA o de la reventa, como lo quieran llamar", dijo la conductora en su programa en la radio El Observador.Y sostuvo: "Yo me enteré por redes, el fin de semana, que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea. Voy a ser absolutamente honesta, no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie, pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Lo mismo si ustedes tienen alguien en su familia que se manda una cagada, un ilícito, o una estafa, la culpa no es de ustedes".También afirmó: "Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años, y mi hermana lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro".
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso órdenes de presentación contra esas entidades deportivas, luego de orden que Maximiliano Vallejo para que entregue 24 autos a la Corte. Así busca conocer la trazabilidad del dinero prestado a los clubes por el amigo del Chiqui Tapia.
El Gaula Militar Cauca, la Fiscalía y la Policía Nacional coordinaron la operación que terminó en la captura de Jorge Iván Cuaspud Rodríguez. La mujer fue reportada como desaparecida el 13 de septiembre y su cuerpo apareció cuatro días más tarde en una vereda de Popayán
El juicio se reanudó este martes con más testimonios sobre las requisas ordenadas en el marco de la investigación que tiene como acusada a Cristina Kirchner y otros 85 imputados
El hermano del monarca británico busca anular órdenes de allanamiento tras su arresto por el caso Epstein. La audiencia será el jueves.La policía investiga al exmiembro real por posible abuso de poder y agresión sexual. No ha sido imputado hasta ahora.
Nueve de sus diez integrantes aprehendidos quedaron detenidos. La red operaba en varios sectores del este capitalino y tenía conexiones con una organización que trafica narcóticos desde Colombia
El objetivo del procedimiento era secuestrar "material estupefaciente", balanzas, papeles, bolsas de nylon, agendas, y dinero. Pero los detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que participaron del allanamiento en la propiedad situada en el lote 92 del tradicional club de campo Hacoaj, en Tigre, no encontraron sustancias ilícitas, pero sí descubrieron en una caja fuerte, que tuvo que ser abierta por un cerrajero, un lingote de oro que pesaba un kilo, 10.000 dólares, cargadores y municiones para pistolas nueve milímetros. Además en el placard de una habitación se encontró una pistola 9 mm con proyectiles envuelta en una toalla y también el personal policial se hizo de una carabinaEl operativo, que se conoció en las últimas horas, se hizo efectivo el jueves de la semana pasada, y fue ordenado por el juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, a pedido del fiscal federal Paul Starc, a cargo de la investigación.Cuando los detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense irrumpieron en el lote 92 del citado country solo estaba el perro. El empresario Pablo Daniel S.,de 60 años, que vive en el lugar no se encontraba, estaba internado. A poco de empezar el procedimiento llegaron su abogada y su hija.La comitiva policial había ingresado en la propiedad por el parque trasero, desde una puerta ventana que conecta al living."A raíz de un requerimiento judicial y en el marco de los presentes actuados se logró establecer la existencia y funcionamiento de una organización delictiva dedicada al comercio y distribución de estupefacientes", informaron fuentes policiales.La investigación había comenzado para tratar de identificar a vendedores de droga al menudeo que operaban en la zona de José C. Paz.La causa tiene tres detenidos, entre ellos una pareja integrada por una joven de 26 años y un hombre de 36 que serían los abastecedores de los estupefacientes.Durante la investigación se intervinieron por orden judicial una serie de líneas telefónicas. "Hubo 8700 horas de escuchas que llevaron a los detectives policiales a la pista que unió a los vendedores de estupefacientes con el empresario que vive en Tigre", explicaron fuentes policiales.En la casa allanada en Hacoaj no se encontraron sustancias estupefacientes. La droga se había secuestrado en un departamento del barrio porteño de Villa Lugano vinculado a un integrante de la banda: 59 gramos de cocaína y 8 de tusi, conocida también como cocaína rosa.Los detectives policiales tendrían confirmado que uno de los sospechosos detenidos visitó en numerosas oportunidades al empresario en su casa del country Hacoaj."El empresario podría ser citado a declarar cuando sea dado de alta", dijo a LA NACION un detective judicial.
En Ronda de Editores (RDE) comentaron que durante el juicio oral se difundieron fotografías y videos del operativo realizado en 2018 en la residencia de la expresidenta en El Calafate. El comisario que participó del procedimiento declaró sobre una puerta reforzada detrás de la cual había documentación y objetos de valor. Leer más
La Policía Nacional informó que el operativo, realizado en Juan Dolio junto con el Ministerio Público, permitió ocupar un fusil de asalto, una pistola Glock, 141 municiones y USD 34.200 en efectivo
En la audiencia de hoy del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, un policía a cargo de los allanamientos en los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner habló de una puerta "dura" que daba a un ambiente sin señal de celular. La fiscalía pidió que se exhibieran fotos y videos del lugar, donde se encontraron objetos de valor, tales como medallas, bastones presidenciales y documentación."Era un recipiente, no sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia", declaró el comisario retirado Adrián Martín Lotocki. El excomisario narró los esfuerzos de la Gendarmería para abrir la puerta que daba a ese ambiente en el domicilio de la expresidenta en Calafate. Habló de una puerta "aparentemente" blindada, que además, por detrás, tenía otro marco. "La puerta estaba apoyada sobre un sector diferente", describió.Imágenes del allanamiento en una de las casas de Cristina Kirchner en el surPersonal de Gendarmería debió destrabar esa puerta que, al momento del allanamiento, estaba cerrada. Los videos mostraron los esfuerzos de los efectivos para abrirla. Según los investigadores, las grabaciones también reflejaron que en el interior de ese ambiente que se ubica, según el excomisario, "antes de subir al primer piso", había cajas con "cosas de valor", que fueron remitidas a la Justicia.
El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados está en la etapa de revisión de los hechos. El tribunal los juzga por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015