"El amante de Lady Chatterley" fue confiscado por la aduana británica en 1929. La novela describía situaciones sexuales de manera explícita, destacaba el deseo femenino y consistía en un romance entre clases sociales opuestas. Además, se vendía a un precio económico. El primer día después de que se levantara la censura, vendió 200 mil ejemplares
Desde anoche, Albertina Mangini, la funcionaria judicial acusada de integrar una banda delictiva que ofrecía dinero para escanear ojos y, con los datos biométricos obtenidos, abrir cuentas en billeteras virtuales para ser utilizadas en el redireccionamiento de la recaudación de casinos online clandestinos, goza del beneficio del arresto domiciliario. Se sospecha que la organización criminal habría lavado más de 27 mil millones de pesos con aquella maniobra.Según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, el arresto domiciliario se hizo efectivo anoche, después de que la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal y de Garantías de La Plata rechazara la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal a la decisión que habia adoptado el juez Agustín Crispo a principios de mes."A mi juicio, las constancias colectadas posteriormente al dictado de la prisión preventiva dan cuenta de una serie de circunstancias particulares y personales que permiten presumir justificadamente, a esta altura, que los peligros procesales evaluados en su oportunidad pueden fundada y razonablemente neutralizarse por aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada", había explicado el magistrado al hacer lugar a un pedido de morigeración de la detención de Mangini presentada por los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón.Hasta que fue imputada en la causa, Mangini cumplía funciones en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Tiene el cargo de secretaria de primera instancia."Huelga recordar que las medidas de coerción poseen una naturaleza esencialmente cautelar, provisional y revisable. De allí que su mantenimiento requiera verificar no solamente que existieron razones suficientes al momento de su imposición, sino que aquellas subsistan actualmente y con intensidad suficiente para continuar justificando la modalidad más gravosa de restricción de la libertad", dijo ahora el juez al dictar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.La medida, había sostenido el magistrado, se hará efectiva cuando la resolución quede firme y, cuando goce del arresto domiciliario, Mangini no podrá "mantener contacto directo o indirecto (personal, telefónico, electrónico, por redes sociales, servicios de mensajería o por interpósita persona) con la víctima, testigos individualizados y los restantes imputados".Tras la decisión del tribunal de alzada, la resolución de primera instancia quedó firme."Los informes médicos registran una pérdida significativa de peso, un índice de masa corporal de 16,6 kg/m², disminución generalizada de masa muscular, restricción alimentaria y episodios reiterados de constipación. A su vez, la pericia psicológica oficial describe un cuadro depresivo-ansioso, con incremento de la inestabilidad emocional y manifestaciones de angustia asociadas al encierro. La interrupción temporal de la medicación, aunque posteriormente subsanada, integra ese cuadro y refuerza la necesidad de asegurar la continuidad del tratamiento. La existencia de asistencia sanitaria penitenciaria constituye una obligación estatal, pero no vuelve irrelevante el deterioro documentado ni impide ponderarlo al examinar la proporcionalidad de la medida", se sostuvo en el fallo, con las firmas de las juezas Sofía Rezzónico Bernard y Sofia Rezzónico Bernard.Y se agregó: "Del mismo modo, la historia de discontinuidad farmacológica invocada por la acusación no autoriza a atribuir exclusivamente a decisiones voluntarias de Mangini todas las manifestaciones constatadas, cuando los informes también vinculan la ansiedad, la restricción alimentaria y la inestabilidad emocional con el contexto de encierro. La convergencia de los problemas de salud, sumado a las restantes circunstancias procesales y personales, son las que determinan al juez de la instancia a conceder el beneficio. La crítica fiscal, al insistir en que la asistencia intramuros se encuentra actualmente garantizada, no desvirtúa la conclusión central: determinar si resulta indispensable mantener esa modalidad cuando los fines cautelares pueden asegurarse mediante otra menos restrictiva".El Ministerio Público Fiscal se había opuesto al beneficio del arresto domiciliario porque "el juez de grado no demuestra de qué manera esa modalidad permite neutralizar los peligros procesales que justificaron su prisión preventiva".Mangini fue detenida el 13 de agosto pasado. Fue alojada en Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. A mediados de septiembre pasado, después de un pedido de la fiscal Betina de Lacki, a cargo de la investigación, el juez Crispo dictó la prisión preventiva de la funcionaria judicial.Al fundamentar su decisión, el magistrado había explicado que la funcionaria judicial "desarrolló una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyas identidades, datos personales y biométricos fueron posteriormente utilizados para la instrumentación y operación de cuentas digitales incorporadas al circuito bajo lupa".En la citada resolución del mes pasado, el juez Crispo también dictó la prisión preventiva de Ignacio Marchioni, que estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Mauro Perrotta.Los tres están imputados por los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad y por ser cometido como miembro de una asociación.Según explicó el juez en su resolución, Mangini "valiéndose de su cargo como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata, y a cambio de una contraprestación económica, abordó a personas sometidas a supervisión judicial o en situación de extrema vulnerabilidad económica, citándolas, al menos, en un bar y, a cambio de sumas de dinero cercanas a los $80.000 y mediante el uso de los terminales de telefonía móvil proporcionados por los proveedores, conjuntamente con personas aún no individualizadas pero integradas a la maniobra que les tomaron las fotografías y capturas biométricas, participó en la apropiación ilegal de su identidad digital y biométrica para proceder a la apertura de diversas cuentas en plataformas y billeteras virtuales sin el consentimiento pleno de las víctimas, realizando un uso espurio de sus datos".Como informó LA NACION en su momento, la investigación, a cargo de la fiscal de Lacki, comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. En su presentación, la mujer dijo que le habían ofrecido 80.000 pesos por el escaneo de sus ojos, pero que solo le habían pagado $40.000."Detrás de ese trámite de pocos minutos [el escaneo de los ojos] se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos", dijeron a LA NACION fuentes del caso.Los tres sospechosos habían sido detenidos por detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en allanamientos hechos en las ciudades de La Plata, Quilmes y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en La Falda, en Córdoba.En los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos, 3300 dólares , 3490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, explicaron fuentes del caso.Mangini ingresó en el Ministerio Público bonaerense en junio de 2009. Su primer destino fue una fiscalía de Saladillo.Mangini está suspendida en sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó imputada en la investigación que lleva adelante la fiscal de La Plata Betina Lacki."La suspensión se renueva cada 90 días. Ahora con su detención y llamado a indagatoria se dispuso una nueva suspensión hasta que dure el proceso penal", habían dicho a LA NACION fuentes de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense cuando se hizo pública su detención.Antes de estar en la oficina de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y el Patronato de Liberados, cumplió funciones en distintas fiscalías dependientes de la Fiscalía General de La Plata."Las situación jurídica de la imputada permite situar el análisis dentro de las previsiones del artículo 169 del Código Procena Penal: no registra antecedentes penales condenatorios; se encuentra desafectada de la función que anteriormente desempeñaba y, consecuentemente, privada de los accesos institucionales derivados de ella; la investigación lleva más de dos años de desarrollo, presentando un considerable grado de avance; y los riesgos residuales que pudieran subsistir pueden ser neutralizados mediante una prisión domiciliaria sometida a monitoreo electrónico y estrictas prohibiciones de contacto", afirmó el magistrado al resolver en favor del arresto domiciliario de Mangini.
Miryan Alcira Martínez fue imputada por los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público durante las audiencias
La víctima tenía 15 años cuando un hombre la contactó en Bolivia con una falsa oferta de trabajo como niñera en Argentina. Al llegar, le confiscaron su cédula y su partida de nacimiento. El fiscal del caso reunió pruebas que, según la Corte, no habían sido valoradas en conjunto
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que Miryan Alcira Martínez López habría recibido una promesa de $1.200 millones para conceder un hábeas corpus a Marcus van der Boot
La hermana de Milena Zárate rechazó que el perro mostrado en el reportaje de Magaly Medina fuera suyo. Los residentes y hasta la dueña lo confirma, por su parte, presentaron testimonios sobre los ladridos nocturnos y las condiciones en las que estaría el animal
La audiencia para resolver la medida contra Alejandra Rojas Saldaña quedó programada para el lunes 26, mientras el Ministerio Público busca garantizar su comparecencia y la protección de Uwe Kindervater
El episodio ocurrió en un centro de votación de Río de Janeiro, quedó registrado en video y es investigado por la Policía Civil. Leer más
Las autoridades iniciaron las indagaciones tras recibir información sobre la situación de la menor. Durante las primeras verificaciones, los uniformados detectaron señales que apuntaban a posibles episodios de maltrato
Una mujer californiana enfrenta cargos por espiar al hijo de un líder taiwanés bajo órdenes de Pekín. Niega las acusaciones en tribunal federal.El juicio está programado para noviembre en Santa Ana, donde el Departamento de Justicia presentará pruebas sobre su presunta actividad como agente no registrada.
Una resolución judicial atribuyó a la clica Fulton Locos Salvatruchos homicidios, extorsiones, narcotráfico, blanqueo de capitales y posesión ilícita de armas, tras una investigación sobre operaciones en el occidente salvadoreño
La necropsia estableció que el menor murió por un traumatismo encefálico causado por un golpe contuso en la cabeza. La madre permanece detenida, mientras la Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias del caso
Mariano Páez, empresario del transporte y padre de la letrada detenida en Brasil, fue arrestado junto a su pareja en Santiago del Estero. Los investigadores sostienen que aprovechó una distracción de una cajera de un comercio para apoderarse de un millón y medio de pesos. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad. Leer más
Michael P. Desronvil dio su primera entrevista televisiva en Fox News tras el juicio nulo. Defendió su postura sobre la culpabilidad de la acusada y respondió a la moción que busca revisar su teléfono celular
El ambiente pasará este fin de semana a ser plenamente otoñal, con valores incluso fríos para la época del año
La estructura habría cometido al menos 12 robos en Rozo y corredores rurales de Palmira. Entre las víctimas figuran un policía y un funcionario de la UNP
Un tribunal la había absuelto, pero ahora la Corte Suprema dejó firme la decisión de que sea juzgada nuevamente. Habría desviado un lote de 30 dosis para inocular a un grupo de sindicalistas. Dos de sus cómplices ya fueron sentenciados
ROSARIO.- Por segunda vez en pocas semanas, una profesional que asistía partos en Rosario quedó en el centro de una causa por robo de identidad. La fiscalía federal pidió elevar a juicio el expediente contra Olga Concepción Artale de Silva, una médica obstetra de 87 años. Está acusada de firmar certificados con datos falsos que permitieron inscribir a dos niñas como hijas biológicas de familias que no eran las suyas. Su historia presenta similitudes con la de Dolly Viale de Garrido, otra obstetra investigada por presunta venta de bebés.La acusación contra Artale de Silva es por supresión y alteración del estado civil de menores de 10 años y falsedad ideológica de instrumento público. El requerimiento fue presentado por la fiscal federal Soledad García, el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro y la abogada querellante Julia Giordano. El pedido se formalizó después de que quedara firme el procesamiento sin prisión preventiva que el juez federal Carlos Vera Barros dictó el 3 de agosto pasado.La fiscalía aclaró que esta causa no tiene vínculo con la investigación contra Dolly Viale de Garrido. Esa partera, de 88 años, trabajó en el Hospital Roque Sáenz Peña y está imputada por separar bebés de sus madres y entregarlos a cambio de dinero entre 1968 y 1980. Sin embargo, los dos expedientes muestran un patrón similar: la firma de una profesional que convertía una entrega irregular en una partida de nacimiento con apariencia legal.El caso contra Artale de Silva comenzó con las denuncias de Ana Carolina Alzugaray, en 2022, y de Romina Elisabet Lobos, en 2023. Ambas sabían que no eran hijas biológicas de quienes las habían criado.Alzugaray creció en Maciel, una localidad santafesina, junto a Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Supo desde chica que no había nacido de ellos. Sin embargo, su partida de nacimiento dice otra cosa: la obstetra certificó que nació el 11 de junio de 1981 como hija biológica de ese matrimonio. Según su relato, su padre de crianza le contó que el contacto llegó a través de una hermana de la médica, conocida de Ceresole. También le dijo que la entregaron en una vivienda de calle Richieri al 2000, en Rosario.Alzugaray llamó varias veces a la obstetra para intentar averiguar quién era su madre biológica. La médica le respondió que no recordaba nada y le pidió que no volviera a contactarla.Durante casi 30 años de búsqueda, Alzugaray conoció a Romina Lobos. Lobos había descubierto en su adultez que tampoco era hija biológica de Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida, la misma obstetra certificó un nacimiento ocurrido el 5 de agosto de 1982 con una filiación que no existía.Según la investigación, en ambos casos Artale de Silva entregó a las familias un certificado de nacido vivo con su firma, y con ese documento las niñas fueron anotadas en el Registro Civil. Las muestras genéticas fueron tomadas por el Cuerpo Médico Legal de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y analizadas por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los resultados descartaron cualquier vínculo biológico entre las dos mujeres y quienes figuraban como sus padres.Cuando fue citada a indagatoria en mayo de 2025, la obstetra se negó a declarar. Argumentó que padecía "olvidos involuntarios" y un déficit cognitivo que atribuyó a un antiguo accidente laboral y a un golpe reciente.Un primer informe del Gabinete Interdisciplinario de los tribunales federales concluyó que no estaba en condiciones de comprender el proceso. La querella cuestionó ese informe porque no establecía si el deterioro era transitorio o permanente. En marzo de 2026, un segundo examen determinó que presentaba un deterioro cognitivo leve y que estaba en condiciones de afrontar la causa. El 2 de julio declaró por el caso de Alzugaray y, un mes después, Vera Barros dictó su procesamiento.En su resolución, el juez sostuvo que no se trataba de un simple error administrativo. Según el fallo, la médica utilizó de manera consciente un documento público para otorgar apariencia legal a una filiación falsa, con efectos permanentes sobre la identidad de las víctimas.La fiscalía pide ahora colaboración para intentar localizar a las madres biológicas. En especial, convoca a mujeres que hayan dado a luz cerca del 11 de junio de 1981 o del 5 de agosto de 1982. Quienes tengan información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar.Dolly, más complicadaMientras tanto, la causa contra Dolly Viale de Garrido continúa sumando capítulos. Como reveló LA NACION, la primera denuncia fue presentada por Roberto Fargioni, quien descubrió mediante un análisis de ADN que había sido entregado a sus padres de crianza en 1978. Luego se sumó Silvina Garrido, hija de crianza de la propia partera, que también habría sido apropiada. Según declaró, en aquellos años un bebé costaba lo mismo que un departamento de un dormitorio.En septiembre, el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz formalizó la imputación contra Dolly por la identidad de una mujer inscripta como nacida el 9 de enero de 1970. También rechazó el pedido de prescripción presentado por la defensa. La resolución fue apelada y el 1° de octubre los camaristas Aníbal Pineda, Elida Vidal y Florentino Malaponte la confirmaron por unanimidad.Para Pineda, todavía no existen elementos suficientes para determinar cuándo comenzó el delito y, por lo tanto, resulta prematuro discutir la prescripción. En una entrevista radial recordó que, según el criterio mayoritario de la Corte Suprema, la supresión de identidad constituye un delito permanente: continúa cometiéndose hasta que la víctima conoce su origen biológico y recién entonces comienza a correr el plazo de prescripción.Vidal fue más allá. Describió la hipótesis fiscal como una práctica sistemática que pudo haberse extendido durante al menos 12 años y planteó que no puede darse por hecho que las madres hayan entregado voluntariamente a sus hijos. Si no hubiera sido así, advirtió, podría configurarse un caso de sustracción, retención y ocultamiento de menores, previsto en el artículo 146 del Código Penal, un delito más grave. "No se prescriben las calificaciones, sino los hechos", sostuvo.La Cámara también intervino en el expediente original de Fargioni, que continúa tramitándose bajo el viejo sistema procesal. Esa causa había pasado por el juzgado de Marcelo Bailaque y permaneció paralizada durante meses. Con los votos de Vidal y Pineda, la Cámara revocó la decisión de primera instancia y ordenó citar a Dolly a indagatoria, al considerar que existen elementos suficientes para sospechar que cometió el delito.Desde que el caso tomó estado público, más de 60 personas se comunicaron con la fiscalía por dudas sobre su identidad. La Conadi informó además la existencia de otras siete partidas firmadas por Viale. La fiscal García tiene un año para completar la investigación. El primer paso será realizar pruebas de ADN para descartar vínculos biológicos con quienes figuran como padres. Recién después podrá sostener judicialmente que esos certificados fueron falsificados. "Esto para nosotros recién empieza", afirmó.
Lydia Fairchild tenía 26 años, tres hijos y ningún abogado dispuesto a defenderla cuando, después de hacer un trámite, los estudios arrojaron que no era la madre de los niños. Para la justicia era una impostora y hasta podría haber subrogado su vientre y haberse quedado con los bebés. Pero su cuerpo guardaba un secreto que la ciencia apenas comenzaba a comprender
Albertina Mangini, la funcionaria judicial acusada de integrar una banda delictiva que ofrecía dinero para escanear ojos y, con los datos biométricos obtenidos, abrir cuentas en billeteras virtuales para ser utilizadas en el redireccionamiento de la recaudación de casinos online clandestinos, recibió el beneficio del arresto domiciliario. Se sospecha que la organización criminal habría lavado más de 27 mil millones de pesos con aquella maniobra.Según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente, la decisión fue adoptada hoy por el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo, que hizo lugar a un pedido de morigeración de la detención de Mangini presentada por los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón."A mi juicio, las constancias colectadas posteriormente al dictado de la prisión preventiva dan cuenta de una serie de circunstancias particulares y personales que permiten presumir justificadamente, a esta altura, que los peligros procesales evaluados en su oportunidad pueden fundada y razonablemente neutralizarse por aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada", explicó el magistrado en su resolución.Hasta que fue imputada en la causa, Mangini cumplía funciones en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Tiene el cargo de secretaria de primera instancia."Huelga recordar que las medidas de coerción poseen una naturaleza esencialmente cautelar, provisional y revisable. De allí que su mantenimiento requiera verificar no solamente que existieron razones suficientes al momento de su imposición, sino que aquellas subsistan actualmente y con intensidad suficiente para continuar justificando la modalidad más gravosa de restricción de la libertad", dijo ahora el juez al dictar el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.La medida, explicó el magistrado, se hará efectiva cuando la resolución quede firme y, cunado goze del arresto domiciliario, Mangini no podrá "mantener contacto directo o indirecto (personal, telefónico, electrónico, por redes sociales, servicios de mensajería o por interpósita persona) con la víctima, testigos individualizados y los restantes imputados". Mangini fue detenida el 13 de agosto pasado. Fue alojada en Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. A mediados del mes pasado, después de un pedido de la fiscal Betina de Lacki, a cargo de la investigación, el juez Crispo dictó la prisión preventiva de la funcionaria judicial.Al fundamentar su decisión, el magistrado había explicado que la funcionaria judicial "desarrolló una intervención concreta, consciente y reiterada en la captación de personas cuyas identidades, datos personales y biométricos fueron posteriormente utilizados para la instrumentación y operación de cuentas digitales incorporadas al circuito bajo lupa".En la citada resolución del mes pasado, el juez Crispo también dictó la prisión preventiva de Ignacio Marchioni, que estuvo investigado en la causa donde está bajo la lupa la financiera Sur Finanzas, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Mauro Perrotta.Los tres están imputados por los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad y por ser cometido como miembro de una asociación.Según explicó el juez en su resolución, Mangini "valiéndose de su cargo como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata, y a cambio de una contraprestación económica, abordó a personas sometidas a supervisión judicial o en situación de extrema vulnerabilidad económica, citándolas, al menos, en un bar y, a cambio de sumas de dinero cercanas a los $80.000 y mediante el uso de los terminales de telefonía móvil proporcionados por los proveedores, conjuntamente con personas aún no individualizadas pero integradas a la maniobra que les tomaron las fotografías y capturas biométricas, participó en la apropiación ilegal de su identidad digital y biométrica para proceder a la apertura de diversas cuentas en plataformas y billeteras virtuales sin el consentimiento pleno de las víctimas, realizando un uso espurio de sus datos".Como informó LA NACION en su momento, la investigación, a cargo de la fiscal de Lacki, comenzó con la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. En su presentación, la mujer dijo que le habían ofrecido 80.000 pesos por el escaneo de sus ojos, pero que solo le habían pagado $40.000."Detrás de ese trámite de pocos minutos [el escaneo de los ojos] se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos", dijeron a LA NACION fuentes del caso.Los tres sospechosos habían sido detenidos por detectives de la División Delitos Fiscales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) en allanamientos hechos en las ciudades de La Plata, Quilmes y Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y en La Falda, en Córdoba.En los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos, 3300 dólares , 3490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong, explicaron fuentes del caso.Mangini ingresó en el Ministerio Público bonaerense en junio de 2009. Su primer destino fue una fiscalía de Saladillo.Mangini está suspendida en sus funciones desde febrero de 2025, cuando quedó imputada en la investigación que lleva adelante la fiscal de La Plata Betina Lacki."La suspensión se renueva cada 90 días. Ahora con su detención y llamado a indagatoria se dispuso una nueva suspensión hasta que dure el proceso penal", habían dicho a LA NACION fuentes de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General bonaerense cuando se hizo pública su detención.Antes de estar en la oficina de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y el Patronato de Liberados, cumplió funciones en distintas fiscalías dependientes de la Fiscalía General de La Plata.
Caillava será la cuarta imputada que comparecerá en el debate oral y púbico. También se espera que hable su hijo, miembro de la PFA.
Una pareja de Los Ángeles enfrenta graves acusaciones de abuso infantil contra 14 menores nacidos mediante gestación subrogada.Las autoridades descubrieron el caso tras un informe médico de un bebé herido, revelando un patrón de maltrato sistemático.
El FBI identificó a la detenida como Wanying Zhang, de 34 años, también conocida como Heather y residente en Irvine, California. Zhang está acusada de actuar como agente extranjera no registrada y deberá comparecer este lunes ante un tribunal federal de Los Ángeles
Una noche de noviembre de 2007, Meredith Kercher apareció asesinada en su casa de Perugia. La investigación apuntó contra otra alumna estadounidense y su novio italiano, en un proceso marcado por pruebas forenses cuestionadas, giros judiciales y una enorme presión mediática.
La policía localizó en Anaheim a Hahn Nguyen, de 75 años, luego de que fuera señalada por abandonar y causar la muerte de Blackey, un cachorro de nueve meses
Una ex trabajadora de Ameris Bank quedó bajo investigación federal en Georgia.
La fiscalía federal sostiene que Mercedes Henry usó datos de seis clientes para conectar sus fondos con perfiles digitales sin consentimiento
Fue una de las últimas controversias que protagonizó el fallecido boxeador
La resolución de la jueza Maria Cavalluzzi reactiva el expediente penal, suspendido durante las pericias psiquiátricas, contra Ivanna Lisette Ortiz, quien niega los cargos por el ataque del 8 de marzo en Los Ángeles
La procesada fue señalada como responsable tras una investigación de 11 meses que permitió judicializarla por facilitar una reunión entre una menor de edad y un adulto