Los fondos Burford Capital y Eton Park solicitaron a la jueza rechazar el pedido de suspensión que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera. Iniciativas de repudio en el Parlamento y críticas del gobernador al proceso judicial. Antes había sido Brainbridge, que reclama por bonos en default desde el 2001
Tecmaco Integral, uno de los mayores acreedores de Celulosa Argentina, pidió la quiebra de la papelera, que busca reestructurar una deuda de u$s128 millones antes del 31 de julio.
La situación financiera de Celulosa Argentina sumó un nuevo capítulo judicial. La histórica fabricante de papel, que desde hace meses atraviesa un proceso de reestructuración de deuda, recibió una demanda de quiebra por parte de uno de sus principales acreedores. La presentación fue realizada por Tecmaco Integral, y quedó radicada en el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Celulosa Argentina tiene plazo hasta el 21 de julio para realizar su descargo y responder el pedido, luego del receso de ferias judiciales. Un banco elimina las comisiones por traer dólares desde el exteriorEl hecho se produce en medio de un proceso de refinanciación más amplio, por el que Celulosa Argentina busca reordenar su deuda total, que ya supera los US$128 millones. La papelera, controlada por Tapebicuá Investment Company -una sociedad con participación de Douglas Albrecht, José Urtubey y Juan Collado-, contrató a la firma VALO Columbus, especializada en banca de inversión, para diseñar un plan de acción orientado a recuperar liquidez, reestructurar sus pasivos y, eventualmente, atraer nuevos socios estratégicos.Como parte de esa estrategia, la empresa presentó una propuesta de pago a sus acreedores, con el objetivo de extender los plazos de vencimiento y adecuar la estructura de capital a la realidad de su operación. El plan, comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), contempla respetar el monto total adeudado, tanto en capital como en intereses, e incluye un gesto de compromiso por parte de su principal accionista: la subordinación absoluta del cobro de US$21 millones, incluidos los US$7,4 millones aportados recientemente a modo de inyección de capital."El objetivo es garantizar la continuidad operativa de la compañía, asegurar el abastecimiento del mercado local y, en el mediano plazo, poder cumplir con las obligaciones asumidas", indicaron desde la firma al anunciar el plan. La fecha de cierre prevista para concretar la refinanciación es el 31 de julio.Balances en rojoCelulosa Argentina llegó a esta instancia luego de meses con balances en rojo. En su último reporte financiero disponible, publicado en abril y relativo al período de nueve meses finalizado el 28 de febrero, la compañía arrojó una pérdida de $38.769,9 millones, frente a una ganancia de $10.348,6 millones reportada en el mismo período del año anterior.Mercado Libre deja de operar en sus oficinas en Córdoba por el "impacto de las tasas municipales"De acuerdo con el reporte, los resultados fueron consecuencia, principalmente, "de la menor ganancia bruta y mayor pérdida debido a una importante caída de demanda en el mercado interno, el aumentos de costos fijos en dólares, la parada de mantenimiento programada de los meses de noviembre y diciembre de 2024, y por el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda".La sociedad precisó que, en el último trimestre, la caída en sus ventas llegó al orden del 52% interanual. En tanto, en el período de nueve meses, el volumen de las ventas en el mercado interno tuvo una caída interanual del 32% en toneladas; y si bien las exportaciones aumentaron en un 104%, ellas tienen una rentabilidad mucho menor a la que históricamente se obtiene en el mercado interno.
El caso $LIBRA sumó una nueva complicación. Cuatro fondos acreedores de la deuda soberana argentina se presentaron ante la jueza que instruye la demanda colectiva -"class action"- contra el "empresario" Hayden Mark Davis y otros protagonistas del lanzamiento y colapso de la criptomoneda. ¿Para qué? Para pedir acceso al expediente y, llegado el caso, quedarse con una tajada de los fondos que ya fueron embargados en el pleito.Se trata de un grupo de acreedores que integran la demanda conocida como "Palladian Partners LLP" contra el Estado argentino en Londres, donde obtuvieron una sentencia favorable por más de US$1500 millones, pero que desde entonces no han logrado cobrar sus acreencias, lo que han intentado por distintas vías.Representados por el abogado David Orta, del reconocido estudio norteamericano Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, los acreedores le pidieron a la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, que los habilitara, por ejemplo, a presenciar una audiencia en la que Davis y su abogado participaron esta semana.Según explicó Orta en su presentación, cuya copia obtuvo LA NACION, la presunción es que los fondos bajo la lupa en el "caso $LIBRA" podrían resultar embargables y ejecutables por los acreedores del Estado nacional. ¿Por qué? Porque el propio Davis afirmó que tenía el control sobre US$ 100 millones que que eran "de la Argentina", en una de las entrevistas que concedió en las horas que siguieron al escandaloso lanzamiento de la criptomoneda.Durante esa entrevista, además, Davis se definió a sí mismo como "asesor" del presidente Javier Milei, quien confirmó la cercanía con el estadounidense. En un tuit de fines de enero pasado sostuvo que el "empresario" lo estaba "asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país".Tras el colapso de la "memecoin", Davis fue más lejos. Se presentó como "custodio" de los US$100 millones que retiró del proyecto $LIBRA e insistió que le pertenecían al gobierno argentino. "Como custodio â??y no propietarioâ?? de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol", arguyó Davis.Con esos y otros antecedentes públicos, el abogado de "Palladian Partners LLP" se presentó en Nueva York. "Dada la presunción de acceso y el interés de los reclamantes [en alusión a sus clientes] en los activos congelados, respetuosamente pedimos autorización para observar las actuaciones", requirió Dorta.El letrado cuenta ya con una sentencia firme a favor de los acreedores en el Reino Unido, donde la Corte Suprema rechazó la apelación del Estado nacional en octubre pasado. Le dio así la razón a cuatro fondos de inversión -Palladian Partners, HNK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emeral International- que controlan el 48% de los títulos soberanos vinculados al crecimiento del PBI que la Argentina emitió entre 2005 y 2010.Esos fondos iniciaron su demanda cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, durante la presidencia de Cristina Kirchner, modificó en 2014 la base del cálculo del nivel de la economía -en un intento por subsanar la manipulación de las estadísticas del Indec por Guillermo Moreno-, lo que provocó que el rendimiento real de esos títulos de la deuda resultara inferior, causándoles perjuicios multimillonarios.Ahora, con la presentación de los acreedores de la Argentina en Nueva York, la resolución del escándalo parece sumar un grado más de complicación. Incluye una denuncia en España, una investigación criminal en los tribunales federales de Comodoro Py y una comisión investigadora que no termina de conformarse en el Congreso por presión del oficialismo, una "class action" en el Distrito Federal Sur de Manhattan, y una investigación que, por lo bajo, continúa abierta en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La reciente resolución del Indecopi que aparta a Consultores A-1 del proceso de liquidación ha encendido las alarmas entre los extrabajadores, quienes se aprestan para impugnar por la distribución de fondos y el futuro de sus derechos laborales
Pasaron más de tres décadas desde aquellas privatizaciones que en los años noventa despertaron pasiones en la opinión pública. Detractores y defensores se trenzaron en un debate que jamás se zanjó. Entonces, fue una ola de ventas y concesiones que se hicieron en tiempo récord y que contó con un alineamiento absoluto entre la Casa Rosada y el Congreso.Esta vez, aquella velocidad de rayo ya no se puede replicar. Los tiempos son distintos, las empresas son menos atractivas, la regulación ya requiere otra estructura, el Congreso no acompaña y treinta años de crisis, default y deuda generaron un ecosistema distinto. Así las cosas, aquel "se vende" de la campaña del presidente Javier Milei no es tan inmediato aunque, claro está, es el horizonte donde camina la administración actual.La hoja de ruta de las privatizables, además, está cruzada por el calendario electoral. Pero, en ese cronograma aparecen algunas con ventaja a la hora de empezar a vislumbrar la salida del Estado de las empresas. Quienes siguen de cerca los pasos de este universo en el Gobierno dan un nombre que seguramente será el primero: AYSA."Es la más avanzada que podría salir ya mismo. Pero, para qué contaminar toda la discusión electoral con la privatización de la empresa", dice una fuente que trabaja en estos procesos respecto de la compañía pública que maneja Alejo Maxit. La empresa de aguas y saneamiento, que tiene la concesión en la Ciudad y en una veintena de partidos del Gran Buenos Aires, ha logrado equilibrar la cuentas. A diferencia de las energéticas, la recaudación ya paga la totalidad de los gastos operativos de la compañía que hasta hace 18 meses manejaba Malena Galmarini. De acuerdo con los datos que aporta el Reporte de tarifas y subsidios del Afispop, del observatorio de la UBA y Conicet, la provisión de agua corriente ya no requiere subsidios. En la edición de mayo de ese documento vuelve a marcar que el nivel de cobertura que entrega la tarifa es el 100% de lo que necesita AYSA para operar. El dato la diferencia de otras empresas que tienen concesiones de servicios públicos en la misma área de prestación. De hecho, para comparar, la tarifa de gas paga el 43% del total de gastos que hay en la operación, mientras que en la electricidad el porcentaje sube apenas al 47%.En los planes del Gobierno está anotado "noviembre" como el mes en el que se haría la privatización ¿Cómo? Preguntó LA NACION a un funcionario que pasa sus días entre los números de las empresas públicas. "Se venderían partes de las acciones. Pero, como es una de las que están autorizadas a privatizar en la ley bases, podría ser algún otro esquema", contestó.El caso de AYSA tiende a ser el primero de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que maneja Diego Chaher. Desde esas oficinas, donde conviven las decisiones sobre 60 empresas públicas (41 sociedades y 19 subsidiarias) repartidas en 12 jurisdicciones del Estado.El funcionario llegó a ese lugar después de haber sido el gestor del cierre de Télam. Ya en el sillón que ahora ocupa vendió el paquete accionario de Impsa (la metalúrgica fundada por la familia Pescarmona). Un esquema similar podría darse con AYSA. En principio, en noviembre estaría el llamado a convocatoria.Otra de las que tendrá su convocatoria a participar de la licitación es Intercargo, la firma que brinda servicios de rampa para lo aviones. El próximo mes ya deberían estar terminadas las condiciones para participar en la compulsa, al igual que Fadea, la fábrica de aviones ubicada en Córdoba. Al igual que Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en los casos hay negociaciones con las gobernaciones, de Córdoba y de Santa Cruz, para definir el futuro de las firmas. Fadea debiera tener avanzado el traspaso en julio, mientras que, para la mina de carbón y la usina, el tiempo anotado es diciembre.Hay tres decretos que ya están redactados y que esperan la firma, en principio, antes de que el 9 de julio se terminen las facultades extraordinarias que el Congreso le delegó al Poder Ejecutivo en la Ley Bases. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), YCRT y la Operadora Ferroviaria, una de las más difíciles de encontrarle un comprador.Para septiembre debería estar definido el destino de Energía Argentina (Enarsa). Dentro de la empresa conviven varias unidades de negocios. "Se podría llegar a dividir en siete, y vender cada una de ellas. Aún no está definido", cuentan en Gobierno.En materia energética, lo que sí será es la nueva concesión de las empresas hidroeléctricas ubicadas en el Comahue, todas con contratos vencidos y prorrogados. Para este caso, según cuentan en el Gobierno, no se espera un sistema de canon sino que se mirarán las inversiones proyectadas y el precio de la energía que estarían dispuestos a cobrar.Pero la venta no es tan fácil como fue hace 30 años. El caso de AYSA sirve para ilustrar el desafío de la venta. Cuando se abra el proceso, varios encenderán las alarmas. Sucede que, en Estados Unidos, tramitaron y tramitan, decenas de juicios en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial.En esas oficinas de Washington hay varios procesos que ya tienen laudos firmes. Los abogados, avezados en la búsqueda de activos soberanos ya pusieron los engranajes en marcha para cuando vengan los días de la puesta en marcha de las privatizaciones. El punto es que podrían trabar embargos en alguna parte del proceso. Para ejemplificar con el caso de AYSA, ante la adjudicación de un inversor extranjero, los abogados de los litigantes contra el país podrían presentarse en la compradora y lograr que los pagos se depositen en la cuenta de los acreedores y no que ingresen a las cuentas públicas. Algo así como vender para pagar deuda. Ingrato, al menos.Otra de las cuestiones que varios se preguntan son los precios. De regreso al caso AYSA, el Estado fue condenado a pagar a los socios de Aguas Argentinas la suma de 325 millones de dólares por la estatización que dispuso Néstor Kirchner ¿Se podrá recaudar algún dinero más por la empresa que lo que se pagó por la indemnización? Nadie se atreve a afirmar lo que dirá el mercado. Pero, por lo pronto, son los grandes temas que ocupan a los técnicos que miran de cerca las privatizaciones para evitar que el dinero de las últimas joyas quede interdicto en alguna corte del mundo.
Para no pagar los más de 6 millones de dólares que debía, el ex de Jésica Cirio montó un procedimiento contra su ex socio, Francisco Hauque. También lo citaron a indagatoria por el delito de cohecho. Leer más
Fueron tres pagos escalonados por un total de 51.000 dólares. Se trata del dinero que pagó Elías Piccirillo, el marido de la modelo y conductora Jesica Cirio, para organizar y ejecutar el operativo ilegal que derivó en la detención de un empresario con el que tendría una millonaria deuda que superaría los 6.500.000 de dólares.Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, al dar cuenta de que Piccirillo, que está detenido con prisión preventiva, sumó una nueva imputación y fue citado a prestar declaración indagatoria por el delito de cohecho. El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, funcionario que tiene delegada la investigación de la causa, no solo citó a indagatoria por el delito de cohecho al financista Piccirillo, sino también al exintegrante de la Policía Federal Argentina (PFA) Carlos Smith, apodado Lobo, y al comisario de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, Iván Carlos Helguero."El pedido de ampliación de las indagatorias formulado por el fiscal Picardi se fundó en que, de acuerdo a los avances de la investigación, se determinó que Piccirillo habría entregado, en tres pagos escalonados, un total de 51.000 dólares para que el exPFA Smith monte el operativo ilegal desplegado por una brigada a cargo del comisario Helguero -quien también recibió dinero por su accionar- en el que de manera irregular se detuvo al empresario Francisco Hauque y su pareja Anahí Marisol Aquino Laprida", según lo publicado por el citado sitio de noticias.La semana pasada, el marido de Cirio (la modelo ya hizo los trámites de divorcio) había recibido otro revés desde tribunales: los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmó el procesamiento con prisión preventiva que había dictado el juez Casanello.El fallo de los camaristas detalló una maniobra cuidadosamente planificada para detener a Hauque y a a Aquino Laprida y armarles una causa judicial con el objetivo de frenar un reclamo millonario contra Piccirillo. El plan fue ideado y concretado en enero pasado en la avenida Alvear al 1400, en Retiro.En abril pasado, Casanello había procesado a Piccirillo, Helguero y a Smith como coautores de privación ilegal de la libertad coactiva, agravado por la participación de tres o más personas, transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la organización de tres o más personas, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente especialmente grave.En tanto, los policías que participaron del operativo "trucho" con el objetivo de meter preso a Hauque para impedir que le reclamarauna deuda de más de seis millones de dólaresy, de paso, complicarlo con una causa en el fuero federal, fueron procesados por privación ilegal de la libertad por parte de un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de Erika Arias, Eliana Britos, Víctor Alvarenga Duarte y Héctor Saavedra, además de Facundo Ybarra y Leonardo Tedone, a quienes también los consideraron autores de los delitos de inserción de datos falsos en un instrumento público que sirva de prueba, y falso testimonio en calidad de autores.Ahora, en el fallo firmado ayer, Casanello amplió los embargos sobre los bienes del financista hasta cubrir la suma de 900 millones de pesos y en 200 millones para Helguero y Smith.Según el expediente judicial, Hauque y su pareja, detenidos el 18 de enero pasado después de haber cenado con el marido de Cirio en el Palacio Duhau, dijeron en sus indagatorias que Piccirillo podría haberle "plantado" el arma y la cocaína para evadir la millonaria deuda.La pareja estuvo presa tres semanas. El 10 de febrero pasado, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, luego de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita, dictó el sobreseimiento de ambos y ordenó extraer testimonios para que se investiguen las circunstancias detrás del "operativo ilegal".El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, subrogado por el juez Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal federal Picardi.Tras dos meses de tareas investigativas, que incluyeron el testimonio de un imputado colaborador, registros fílmicos y análisis de datos por activación de antenas telefónicas, el fiscal Picardi solicitó las detenciones de los sospechosos y una serie de allanamientos, como la propiedad de Nordelta en la que vivía hasta su detención Piccirillo."Existen suficientes indicios para sostener que Piccirillo fue quien encargó la realización de ese operativo ilegal, participó de la colocación de narcóticos [sic] y/o una pistola milímetros robada en el vehículo [de Hauque] y aportó toda la información necesaria -previamente e in situ- para que se materialice el procedimiento en cuestión", sostuvo el fiscal federal Picardi al solicitar la detención del marido de Cirio y los policías bajo sospecha.La cena en el Palacio Duhau, que fue el pretexto para concretar el plan criminal, fue propuesta por Piccirillo "quien escogió el lugar, el día y el horario de la reunión, cuya finalidad era discutir sobre el pago de su deuda y cancelar una parte", según surge del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.Según Hauque, durante la cena, Piccirillo le iba a abonar 250.000 dólares para cancelar parte de la deuda. Pero el pago nunca sucedió.Aquino Laprida explicó que su pareja estaba por mal porque el marido de Cirio no pagaba la deuda y siempre posponía los pagos que prometía. "A Piccirillo le daba terror que la situación sea conocida por la prensa porque su esposa es una figura pública", sostuvo.Según explicó el fiscal Picardi en el citado dictamen, las víctimas [por Hauque y Aquino Laprida] "expresaron, tanto en sus indagatorias como al brindar declaración testimonial, que los elementos [la cocaína y la pistola] que les secuestraron no les pertenecían y que el procedimiento había sido una 'cama', indicando que Piccirillo les había 'plantado' el arma de fuego y los estupefacientes".Al solicitar la detención del marido de Cirio, el fiscal Picardi había afirmado que la finalidad de encargar, organizar y participar del citado operativo era "lograr la privación ilegal de la libertad de Hauque y Aquino Laprida y así conseguir que Hauque no pueda exigirle el pago de la deuda".Según el expediente judicial, el imputado colaborador aportó información del "nexo" entre los detectives de la Policía de la Ciudad bajo sospecha y Piccirillo. Se trata de Lobo Smith, quien formó parte de la Policía Federal hasta que fue exonerado.
Miembros del personal del organismo financiero se encontraron con algunos tenedores de bonos de fondos de cobertura y otras gestoras de activos para conocer su opinión sobre los procesos de reestructuración de deuda soberana desde 2020, Leer más
NRG Argentina le comunicó a sus proveedores la presentación judicial. La compañía tuvo como CEO, antes de llegar a la función pública, a la actual secretaria de Energía de la Nación. Leer más
La empresa postal privada más grande del país entró en concurso preventivo. La firma OCA Log informó que el juzgado comercial 23 declaró la apertura del concurso preventivo de acreedores, solicitado por la compañía hace un par de meses. "De esta manera, se inicia un procedimiento que permitirá a la empresa reestructurar su pasivo actual, asegurar la continuidad operativa, preservar más de 8500 fuentes de trabajo directas e indirectas y avanzar en la elaboración de una propuesta que permita atender las obligaciones asumidas con sus acreedores", señaló OCA a través de un comunicado.Después de varios cambios de manos, que incluyeron como dueños o allegados a varios nombres controvertidos -desde Alfredo Yabrán hasta Hugo Moyano, pasando por Cristóbal López y Juan Navarro (del fondo Exxel Group)-, hoy OCA está controlada oficialmente por el grupo es NMBV, cuyo principal accionistas es Claudio Espinosa, un empresario logístico. La deuda de la empresa asciende a $100.000 millones, de los cuales cerca del 80% corresponde a obligaciones con el fisco, mientras que el restante 20% es deuda con proveedores. "El contexto macroeconómico de los últimos años ha impactado significativamente en la compañía, con un marcado aumento de costos operativos y una alta presión impositiva, lo que ha dificultado el equilibrio financiero a pesar de los esfuerzos realizados", explicaron en la firma. En OCA además destacaron que hoy su negocio recuperó la rentabilidad. "Desde 2023, la actual administración ha trabajado intensamente en mejorar la estructura operativa y comercial de la empresa, logrando hacia mediados de 2024 un superávit operativo. Sin embargo, el peso acumulado de las obligaciones fiscales y las medidas adoptadas por los entes recaudadores han afectado el capital de trabajo y generado restricciones que hacen inviable la continuidad de la empresa sin una reestructuración ordenada", explicaron en la empresa que hoy emplea a 5500 personas. Historia accidentadaLa empresa postal nació como Organizadora Coordinadora Argentina (OCA), en 1957, en Córdoba. En la década del 70 fue estatizada y poco después vuelta a privatizar. En los 80, ya en manos privadas, se fue consolidando como uno de los principales jugadores del negocio postal hasta terminar en manos del empresario Alfredo Yabrán, a través de un grupo de testaferros. En medio de las acusaciones por ser el autor intelectual del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, Yabrán terminó suicidándose, aunque unos meses antes se había desprendido de OCA. El comprador en ese momento había sido el fondo de inversión The Exxel Group, que también terminó mal, cuando estalló la crisis de 2001. OCA pasó a manos de los bancos acreedores hasta que en 2013 apareció el empresario Patricio Farcuh, que contaba con el respaldo del poderosos Sindicato de Camioneros. Tres años después, el gremio tomó el control de la compañía, hasta que volvió a cambiar de dueño, con la aparición de Ignacio González Pedroso, un empresario vinculado a Cristóbal López.
La empresa, perteneciente al empresario Claudio Espinoza, asegura que hoy tiene superávit operativo, pero acumula un pasivo que no puede pagar. Qué pasará con los empleados
La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Elías David Piccirillo -esposo de la modelo Jésica Cirio-, de siete efectivos de la Policía de la Ciudad y de un expolicía, por su participación en un operativo ilegal que incluyó "plantarle" más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros robada a un empresario que le reclamaba una deuda al marido de la exmujer del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.El fallo, firmado este jueves por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, detalla una maniobra cuidadosamente planificada para detener a Francisco Hauque y a su pareja, Anahí Aquino, y armarles una causa judicial, con el objetivo de frenar un reclamo millonario contra Piccirillo. El plan fue ideado y concretado en enero pasado en la Avenida Alvear al 1400, en Retiro.En abril pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Piccirillo, al comisario Iván Helguero (jefe de Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad) y al expolicía federal Carlos Smith, alias "El Lobo", como coautores de privación ilegal de la libertad coactiva, agravado por la participación de tres o más personas, transporte de estupefacientes agravado por haber sido cometido con la organización de tres o más personas, tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento agravado por tratarse de un delito precedente especialmente grave.En tanto, los policías que participaron del operativo "trucho" con el objetivo de meter preso a Hauque para impedir que le reclamara una deuda de más de seis millones de dólares y, de paso, complicarlo con una causa en el fuero federal, fueron procesados por privación ilegal de la libertad por parte de un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se trata de Erika Luciana Arias, Eliana Guadalupe Britos, Víctor Adrián Alvarenga Duarte y Héctor Javier Saavedra, además de Facundo Adrián Ybarra y Leonardo Ariel Tedone, a quienes también los consideraron autores de los delitos de inserción de datos falsos en un instrumento público que sirva de prueba, y falso testimonio en calidad de autores.Según las constancias judiciales, la operación, ejecutada entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de enero pasado, incluyó reuniones previas entre los implicados para el armado del operativo de "cacería" nocturno, tareas de inteligencia, falsificación de actas de procedimiento y mentiras en las declaraciones ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. En definitiva, el uso de recursos públicos con fines delictivos y para beneficio personal y de un tercero, en este caso, el marido de la ahora conductora de TV.Según el dictamen presentado oportunamente por el fiscal federal Franco Picardi ante el juez federal Sebastián Casanello, "la maniobra comprende la implantación de importantes cantidades de droga y de un arma de fuego [...] a los fines de incriminar falsamente a una o dos personas en la comisión de un delito". Eso está referido a los 844 gramos de cocaína y la pistola 9 milímetros (robada en una entradera en Lanús) hallados debajo del asiento del conductor de la Audi Q8 de Hauque, y el paquete con 414 gramos de la misma droga que estaban en el baúl de la SUV, durante la requisa realizada por media docena de efectivos de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad. Según la investigación judicial, la sustancia y el arma fueron "plantados" en el auto por Piccirillo poco antes.Para el fiscal y el juez, el procedimiento fue "armado" e intentó justificarse como una intervención ante un eventual hecho de violencia de género dentro del Audi Q8 de Hauque. Según consta en la resolución, "se trató de una actividad planeada de manera previa que incluyó tareas de campo y vigilancia de un objetivo". Eso fue acreditado en la pesquisa a partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, y los registros de GPS de los móviles usados por los policías y el tipo de seguimiento que hicieron (con móviles no identificables y con las luces apagadas) respecto de las víctimas en las inmediaciones del Palacio Duhau, donde las víctimas del operativo fraguado habían cenado con Piccirillo.El fallo de Casación reseña que "Piccirillo, Smith y Helguero estuvieron a cargo de la organización del procedimiento ilegal ejecutado por los policías". Smith, exoficial de la Federal con vínculos con Piccirillo y el comisario Helguero, habría aportado información clave sobre los movimientos de Hauque.Uno de los elementos más comprometedores es que "el teléfono de Piccirillo registró eventos de tráfico de datos [...] de lo que se infirió que habría estado pasando información a Smith". Además, tras el operativo, Smith fue a la casa de Piccirillo en Nordelta, donde permaneció varias horas.La Cámara también confirmó que "la droga fue utilizada con la concreta finalidad de facilitar o ejecutar otro delito", lo que llevó a modificar la calificación legal de transporte de estupefacientes por la de tenencia simple con fines delictivos.A la hora de convalidar la prisión preventiva, los camaristas entendieron que existían "riesgos procesales asociados al caso", ya que los imputados tienen acceso a recursos materiales y humanos que podrían entorpecer la investigación.El fallo también ratificó los embargos ($100 millones para Piccirillo, Smith y Helguero y $50 millones para el resto) y la inhibición general de bienes de todos los imputados.Por último, la Cámara de Casación ordenó al juzgado de primera instancia profundizar la investigación sobre el origen de los fondos involucrados en la deuda que motivó el conflicto entre Piccirillo y Hauque.
El economista analizó los recientes movimientos del gobierno en el mercado financiero y advierte sobre la fragilidad estructural del modelo económico argentino. Leer más
Azul, la empresa brasilera que hace vuelos estacionales al país, en general a Bariloche, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras de EEUU. Sus ADRs se desplomaron hasta un 40% en el pre-market de Wall Street y fueron suspendidos
La Justicia prorrogó hasta el 13 de junio el plazo para verificar créditos. La deuda de SanCor superaría los u$s400 millones.
El concurso de acreedores afecta a Metal Group, fabricante de piezas de hierro con sede en Abadiño, que presenta problemas de liquidez y busca una oferta de adquisición para sus unidades productivas
Bajo las restricciones del proceso concursal, Integra Tec continúa administrando la empresa, con el objetivo principal de proteger su patrimonio hasta que los acreedores definan su futuro
Lo declaró a fines de abril un testigo, amigo de Francisco Hauque (41), a quien Elías Piccirillo (38) le habría plantado cocaína y un arma en Puerto Madero.Aquel falso operativo se descubrió, pero ahora se investiga un hecho anterior que implica a más policías.
Urbas comunica la apertura de negociaciones con sus acreedores para establecer un marco de reestructuración, siguiendo el artículo 585 del real decreto legislativo 1/2020, ante la posibilidad de insolvencia
La empresa acusa prejuzgamiento, arbitrariedad y advierte sobre la parálisis operativa. También pidió suspender el inicio del cram down.
A dos meses de la solicitud del concurso de acreedores de Los Grobo Agropecuaria, una compañía de insumos agrícolas lanzó para esos acreedores de Los Grobo un ofrecimiento inusual: un canje de la tendencia del pasivo por fertilizante. Se trata de Agri Liquid Solutions Argentina (ALS), una empresa que ya había implementado una estrategia similar en 2020 cuando la cerealera Vicentin entró en default. Ahora busca replicar ese mecanismo y plantea a los acreedores de la firma agropecuaria la posibilidad de recuperar el 100% de sus créditos a través de la compra de un fertilizante líquido."Lo que estamos ofreciendo es tomar en parte de pago para la compra de fertilizante la deuda", explicó Leandro Armoa, gerente comercial de ALS. La propuesta nació como una estrategia de marketing ligada a la necesidad de promover un fertilizante líquido. Por eso, lo que hacen es ofrecer a los acreedores aceptar el 100% de su deuda financiera como componente de pago en la compra de su arrancador líquido balanceado, que puede utilizarse en la próxima campaña de cosecha fina. El fertilizante se canjearía por el 30% del valor de cada factura.Fuertes cambios: ya es oficial la nueva estructura del INTA y es inminente la definición de quiénes ocuparán los cargos"Nosotros fabricamos esta tecnología, que es disruptiva, y como al productor le cuesta adoptarla porque es algo diferente, cuando se concursó Vicentin salimos con una idea para solucionar un problema económico: propusimos aceptar en parte de pago esa deuda para vender fertilizante. No es que compráramos la deuda, sino que la tomábamos como forma de pago", recordó Armoa.Más allá del costo económico que significó para ALS â??al absorber una deuda que no era originalmente suyaâ??, para la empresa la estrategia fue exitosa. "Ganamos muchos clientes de calidad que hoy utilizan la tecnología de manera habitual", afirmó y agregó: "No nos interesa la deuda como tal, nos interesa que el productor pueda acceder al fertilizante. Para nosotros es una estrategia comercial, no financiera".Nueva experienciaEsa experiencia fue la que impulsó a la empresa a repetir la estrategia. "Nos fue muy bien. Tuvimos mucha aceptación. Hicimos convenios con muchísimos clientes acreedores de Vicentin y, al día de hoy, nos siguen comprando de forma genuina", relató el gerente comercial. Todos los acreedores que firmaron acuerdos recuperaron el 100% de su deuda en dólares, sin quita ni pérdida, mediante el canje por fertilizante.El impacto fue tal que, según Armoa, se firmaron acuerdos que involucraron aproximadamente 350.000 hectáreas. "De todos los acreedores con los que firmamos, el 90% ya cumplió sus compromisos y sigue comprándonos sin necesidad de usar esta herramienta", afirmó.Con este relanzamiento, el ejecutivo aseguró que la empresa ya generó interés entre los acreedores de Los Grobo, aunque todavía no se concretaron firmas. "Salimos con la propuesta y varios acreedores ya se mostraron interesados, pero aún no firmamos. El proceso implica que el acreedor firme la cesión del crédito", detalló.Respecto a la proyección de adopción, Armoa fue cauto. "No hicimos una proyección en volumen. Para nosotros, si un solo productor nuevo prueba la tecnología de ALS, ya es un éxito", aseguró.El fertilizante involucrado en esta propuesta es Mav Liquid. "Es una fuente fosfatada líquida que reemplaza fertilizantes sólidos tradicionales como el monomónico, diamónico, supersimple o supertriple", explicó Armoa.El producto se fabrica en la Argentina, aunque utiliza materia prima importada. "No hay yacimiento de fósforo en la Argentina, pero en lugar del commodity que se importa y se revende, nosotros importamos una materia prima, la transformamos, le damos valor agregado, le generamos la innovación de darle total biodisponibilidad y esa es la fuente que nosotros buscamos reemplazar", detalló.En ese sentido, explicó que mientras en Estados Unidos la fertilización líquida ya se utiliza de forma masiva desde hace años, en la Argentina su adopción avanza más lentamente, principalmente porque implica un cambio de paradigma. "Es una tecnología que cuesta imponer, porque es diferente a lo que está acostumbrado el productor, pero estamos convencidos de que es el futuro", afirmó.
El máximo tribunal provincial desestimó el intento de la cerealera de llevar su caso a la Corte Suprema de la Nación. De este modo, se confirma la nulidad de la homologación del acuerdo preventivo.
El analista económico detalla el entramado financiero global que rodea a la deuda estadounidense y el rol clave del oro como refugio ante una posible recesión. Leer más
Refuerza gobierno local los operativos para evitar consumo de alcohol en vía pública
Cuba y el Grupo de Acreedores modifican acuerdos de deuda en París, buscando mejores condiciones para enfrentar crisis económica, tras reciente eliminación de la isla de la lista de Estados Unidos sobre terrorismo
Una empresa química busca ejecutar una garantía sobre 43.750 kilos de quesos de pasta dura. El remate está previsto para el 23 de abril, mientras SanCor atraviesa su concurso preventivo.
El gestor inmobiliario Elías Piccirillo es acusado por supuestamente haberle plantado cocaína y un arma en el auto al financista Francisco Hauque, y de montar un operativo junto a agentes policiales para detenerlo. Leer más
En medio de una fuerte caída en ventas y márgenes, la compañía inició un proceso para reorganizar su pasivo financiero y analizar la entrada de nuevos inversores.
Los expertos diferencian entre nulidad, anulabilidad e inexistencia para comprender los desafíos de la primera
La compañía agroquímica del Grupo Los Grobo busca achicarse y ya inició los trámites para la desvinculación de empleados. Además, renunció el gerente financiero del holding.
La histórica cooperativa láctea enfrenta un panorama alarmante con deudas que superan los u$s400 millones y su producción en mínimos históricos.
SANTA FE.- Ante la crítica situación económica, financiera y laboral que enfrenta desde hace algunos meses la empresa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, los acreedores avanzan en la conformación de un consorcio que haga posible discutir con la empresa, en el marco del concurso abierto el mes pasado, las reales posibilidades de cobro.El escollo principal es el monto real de la deuda que tiene la firma cooperativa. El total de su pasivo aún no pudo ser definido, aunque se estima que rondaría los 400 millones de dólares. Y al menos que aparezcan los capitales salvadores, es decir, socios aportantes que se hagan cargo del pasivo y dispongan de fondos frescos para atender los reclamos que la industria requiere para funcionar, no parece haber una estrategia empresarial que acomode los requerimientos de los asociados.La cuestión, según los profesionales que asesoran a los acreedores, dadas las circunstancias actuales, si no normalizan los pagos de insumos ni salarios de trabajadores, y no se recibe una ayuda extraordinaria que por el momento no se perfila, es que SanCor se pondría al borde de la quiebra y sin retorno, con lo que ello significa para el mundo cooperativo y la industria afín."Argentina avanza": el Gobierno celebró un boom de exportaciones del agro a tres destinos que marcaron el mayor registro en cinco añosEn tanto, mientras la justicia santafecina analiza la documentación presentada en febrero cuando se requirió la apertura del concurso, el estudio jurídico que patrocina a la mayoría de los acreedores estimó conveniente formar un "consorcio de acreedores" para poder negociar en una situación de paridad con la empresa, a fin de tener garantías reales de cobro", según explicó a LA NACION el abogado Aldo Regali, miembro del estudio jurídico que patrocina a empresas y productores con acreencias sobre la industria láctea.En sendas reuniones informativas con acreedores en Sunchales (Santa Fe) y Brinkmann (Córdoba), realizadas la última semana, Regali lamentó que la empresa "no abone en tiempo y forma los salarios, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores retirados que ya no trabajan, pero que no están jubilados, muchos de ellos enfermos, que tampoco tienen obra social porque no se depositaron esos aportes. Pero la verdad que hay mucha preocupación en los trabajadores porque en la mayoría el único ingreso era el proveniente del convenio que ya no paga SanCor", señaló.Añadió que, "por otro lado, los trabajadores tenían por acuerdo una especie de fondo que le llamaron subsidio y que le descontaban por mes pero que administraba SanCor. Ese dinero era de los trabajadores y ese subsidio se pagaba cuando los trabajadores se jubilaban o cuando fallecía uno de ellos. A ese dinero parece que se lo apropió la empresa, con lo cual existe un problema grave, con responsabilidades civiles y penales", añadió Regali.El profesional reconoció que "SanCor entraría en quiebra si no normaliza estos pagos. Tenemos dos reuniones; una en la ciudad de Buenos Aires y otra en Chivilcoy. En abril vamos a dar origen al consorcio con todos acreedores que participan de nuestro grupo y haremos la presentación formal", insistió.Encontrá acá toda la información sobre los próximos remates ganaderos Debe recordarse que la Justicia fijó el 29 de mayo de 2025 como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos y el 1° de julio del mismo año como plazo para impugnaciones.AntecedentesSe recordó que en sus años dorados (segunda mitad de los 90 y casi todos los 90), SanCor procesaba hasta 4 millones de litros de leche diarios. Hoy, esa cifra se desplomó a apenas 70.000 litros, una caída que refleja la gravedad de su situación.En otro orden, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela tiene a su cargo el proceso destinado a resolver su situación económica y financiera de SanCor. En este contexto, su planta de La Carlota, Córdoba, especializada en la producción de quesos duros, está paralizada desde el 6 de enero.
Soltec solicita una prórroga para continuar las negociaciones de refinanciación con un sindicato bancario, respaldada por todos los acreedores, hasta el 26 de marzo del próximo año
Los trabajadores de la aceitera en concurso de acreedores confirmaron el presagio. Sin actividad en planta, la empresa pone en peligro la continuidad
Astilleros Balenciaga enfrenta un concurso de acreedores tras la negativa de Cofides, con un pasivo de 8.145.855 euros y un plan de reestructuración no implementado, lo que afecta su viabilidad laboral
Holaluz confirma avances significativos en las negociaciones para reestructurar su deuda, tras un acuerdo de 'stand still' y una reciente ampliación de capital de 22 millones de euros
Promontoria Holding es el más afectado por el default con acreencias por $50.000 millones. La deuda involucra a bancos, proveedores de insumos y organismos estatales, entre otros.
Luego de que Los Grobo Agropecuaria se presentara en concurso de acreedores y el juez Hernán Papa, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 12, pusiera en marcha el proceso, se conoció la lista de acreedores y el monto total de la deuda de la firma hasta el 31 de diciembre pasado. Según los documentos presentados, la empresa cuenta con 3740 acreedores y una deuda que asciende a $320.508 millones.LA NACION tuvo acceso a la nómina de acreedores de Los Grobo Agropecuaria SA elaborada en el marco de su concurso preventivo. La empresa se presentó ante la Justicia el 3 de febrero tras haber caído en default con pagarés en diciembre de 2024. El documento, firmado por el contador Daniel Fabián Rivadulla, certifica el listado de empresas y entidades a las que la compañía adeudaba dinero hasta el 31 de diciembre de 2024."Quedamos lejos del desastre": las lluvias le pusieron un piso a la cosecha, pero se escuchan dos alarmasAdemás, el informe señala que la empresa tenía un pasivo de $365.578.439 a favor del Sistema Integrado Argentino (SIPA) en aportes y contribuciones previsionales, aunque no eran exigibles en esa fecha. El documento fue presentado ante el Juzgado Nacional Comercial, encargado del proceso del concurso preventivo.Según el listado de acreedores, la mayor parte de las deudas privadas corresponden a entidades financieras, bancos y empresas de agroinsumos, además de algunas firmas acopiadoras y agropecuarias. La lista la encabeza Promontoria Holding 318, con $27.255 millones. En diciembre de 2019, Los Grobo Agropecuaria informó en su página oficial que, junto con Agrofina, había recibido un préstamo a largo plazo de 50 millones de dólares de esta institución holandesa para prefinanciar exportaciones de cereales.En lo que respecta a entidades financieras, Banco Galicia y Banco Galicia + (exHSBC) aparecen en la lista con $5400 millones cada uno. Sigue Banco Supervielle con unos $5100 millones, y Banco de la Provincia de Buenos Aires con más de $4400 millones. En un nivel inferior, Banco Hipotecario registra una acreencia de $3000 millones, mientras que Banco BMA Macro (exItaú) alrededor de $2200 millones. Banco Industrial (BIND) y Banco Santander tienen acreencias por $588 millones y $824 millones, respectivamente.Una de las mayores deudas de Los Grobo es con Agrofina, otra empresa del mismo grupo que también se encuentra en concurso de acreedores. La deuda con esta firma asciende a $11.777 millones. Otro dato llamativo es que una de sus principales acreedoras, con $2432 millones, es Ampatel, una empresa argentina dedicada a la agricultura y la ganadería, fundada por Andrea Grobocopatel. Andrea es presidenta y accionista de Ampatel y hermana de Gustavo y Matilde Grobocopatel, aunque actualmente solo estos últimos poseen el 10% de Los Grobo. El 90% restante del grupo está en manos del fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP).Otra deuda importante corresponde con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que trepa a $11.556 millones.Dentro del sector de empresas proveedoras de insumos, Los Grobo Agropecuaria mantiene una deuda de $15.152 millones con Atanor S.C.A. También registra obligaciones con UPL Argentina, fabricante y comercializadora de agroquímicos y pesticidas, por un monto de $5721 millones. Con LDC, comercializadora y procesadora global de productos agrícolas, suma $3322 millones, mientras que con Profertil, especializada en fertilizantes, alcanza los $2969 millones. A Bayer le debe $1428 millones.Tras una espectacular investigación: condenaron hasta 9 años de prisión a quienes le robaron agroquímicos a un reconocido productorEspartina S.A. figura con una acreencia de $2481 millones, Bunge con $2415 millones y Summit Agro Argentina con $2560 millones. FMC Química Sociedad Anónima tiene un saldo pendiente de $1595 millones, asimismo también se encuentra CHS de Argentina SA con $1233 millones y Rizobacter Argentina con $1257 millones. BASF también aparece en la lista como acreedora con $1624 millones.Entre otras empresas afectadas, Galli Hermanos Sociedad Anónima registra una acreencia de $1064 millones, Delta Agroinsumos SA $1147 millones y Tecnomyl, proveedora de soluciones para la protección de cultivos, $452 millones.El impactoEstos son algunas de las empresas e instituciones que figuran en la lista. Frente a este escenario, Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerense (Cedasaba), analizó el impacto de la crisis en la cadena de comercialización de insumos agropecuarios y explicó dos efectos principales que generan estas situaciones: el "efecto contagio" y el "daño colateral"."El efecto contagio ocurre cuando una empresa atraviesa dificultades económicas y otras compañías del mismo sector comienzan a verse afectadas por una reacción en cadena", señaló Napolitano.Por otro lado, detalló que el "daño colateral" se produce cuando distintos actores de la cadena comercial se ven perjudicados indirectamente. Para ejemplificarlo, explicó: "Supongamos que hay dos actores: un distribuidor y un productor. Ambos manejan sus finanzas de manera responsable, pero si el productor enfrenta un problema con, por ejemplo, la retención de sus granos por parte de una compañía que está comercializando dicho cereal, eso también afecta al distribuidor".Según Napolitano, esta situación ha impactado fuertemente en la comercialización de insumos agropecuarios, ya que la mayoría de las empresas del sector interactúan de manera directa o indirecta con el mercado de granos. "Es muy probable que en este contexto todas las compañías vinculadas a la producción y venta de insumos hayan sido afectadas de alguna manera", concluyó.
Es oficial. La empresa en grave crisis financieras ha solicitado oficialmente al Indecopi entrar a Proceso Concursal Ordinario. Ahora deberá esperar la respuesta
La provincia anunció en una nota que envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no afrontará el pago del bono verde 2028 cuyo vencimiento operó ayer, dado que se encuentra "en proceso de negociación" con los acreedores. Leer más
Duro Felguera presenta solicitud ante el juzgado mercantil de Gijón para negociar con acreedores y afrontar el arbitraje de Sonelgaz, garantizando la continuidad de sus operaciones y la protección del empleo
El conglomerado agroindustrial enfrenta su mayor crisis financiera con deudas superiores a los u$s200 millones.
El acreedor de la compañía, el fondo inversor IIG Structured Trade Finance Fund Ltd, decidió ejecutar la garantía de 436.922 kilos de queso. La subasta está programada para el 28 de febrero.
Aumento significativo de concursos de acreedores en España: repunte del 45% en procedimientos de personas físicas no empresarias y leve crecimiento en empresarios, mientras disminuyen los de personas jurídicas
La empresa de fitosanitarios acumula deudas por más de u$s100 millones. Dos meses atrás ingresó en default por incumplir con pagarés bursátiles.
Con una producción reducida al mínimo, cientos de despidos y deudas millonarias, SanCor inicia un proceso clave para renegociar con sus acreedores y garantizar su supervivencia.
Telefónica del Perú, operadora de Movistar, apostará por el proceso concursal ante Indecopi para poder cumplir con sus deudas y seguir con sus operaciones en el país
El gremio lechero rechaza las acusaciones de querer apropiarse de la cooperativa y señala errores de gestión como causa principal de la debacle.
Tras la afirmación del Presidente de que el país es acreedor neto, lo que conviene ver es las posiciones del sector privado y público por separado.
Surcos tiene deudas por más de US$ 3.5 millones y $ 9.300 millones.Según trascendió, despidieron 50 empleados entre diciembre-enero.
En Los Grobo Agropecuaria están convencidos que lo que hicieron hoy, al solicitar su concurso preventivo de acreedores, era lo que podían y debían hacer para protegerse en el clima de default que venían arrastrando desde diciembre pasado, cuando cayeron en esa situación incumpliendo un pagaré de solo US$100.000. "La única manera era actuar rápido, protegerse en la parte financiera; esto era esencial para proteger activos, el negocio; era una obligación", dijeron en la compañía hoy controlada en un 90% por el grupo inversor Victoria Capital Partners (VCP) y en un 10% por Gustavo Grobocopatel y su hermana, Matilde. La compañía, que factura unos US$800 millones, tiene 700 empleados entre Los Grobo Agropecuaria, que provee insumos; Agrofina, elaboradora de agroquímicos y que también fue a concurso, y su Molino Cánepa, este último sin problemas.Deuda millonaria: en medio de una crisis, SanCor se presentó a concurso preventivo de acreedoresPasado el fragor del impacto público de los concursos [el de Los Grobo Agropecuaria lo llevará el juez Hernán Papa y el de Agrofina su par Javier Cosentino], en la empresa ya están delineando la estrategia para intentar seguir a flote. Hay un plan para el corto plazo, según dijeron en la compañía. Sin embargo, según pudo saber este medio con fuentes del mercado, hay otro plan también para el mediano y el largo plazo. "Estamos, en el corto plazo, viendo de armar acuerdos comerciales para seguir operando. Hablamos con importantes proveedores para ver cómo seguimos operando", contaron a este medio. "Ya estamos hablando con proveedores que nos van acompañar en el proceso que iniciamos. Somos un canal importante para varios proveedores. Tenemos la gente, los activos, el proceso. El negocio es bueno es su conjunto, el problema ha sido financiero", señalaron. "Es lo que nos hizo crecer", agregaron sobre el negocio en sí que ha venido manteniendo la compañía. Allí hablan de que estos acuerdos serán vitales para que haya un giro de movimiento en la firma.En la empresa siguen sosteniendo que fue lo que ocurrió con Surcos, que días antes que ellos incumplió pagarés en diciembre último, lo que detonó al mercado. "Cuando Surcos hizo el default se volvió muy difícil la renovación de los pagarés. Hubo una tormenta perfecta. El negocio venía bien", indicaron, aunque apuntaron otros factores que complicaron todo: un costo elevado de la deuda, su nivel alto y la concentración en poco tiempo. "Vamos a poner la rueda rápido. Desde el mismo mes de diciembre pasado estamos viendo esto. No esperamos a hoy para hablar", expresaron en la empresa sobre el caso del plan para el corto plazo.SituaciónDe los US$800 millones que factura, unos US$130 millones son de Agrofina, otros 130 millones de dólares de distribución de insumos de Los Grobo Agropecuaria y otros US$20 millones de producción propia de granos. El resto -unos US$520 millones- corresponde a la operación de granos.Al margen del corto plazo, fuentes del mercado hablan de un plan para el mediano y el largo plazo. Lo resumen así: "Siendo que Los Grobo y Agrofina tienen una posición interesante, hay interesados en ayudar a la compañía. Puede haber alguna asociación en algún punto y luego una participación o toma de control. El fondo en algún momento [por VCP] va a salir". Como la concursada es la empresa y no los accionistas, cualquier interesado podría presentar una oferta de compra.Hoy, sobre una deuda total por unos US$207 millones, la firma debe unos US$50 millones a un grupo de siete bancos donde la cabeza es el Banco Galicia y lo administra. Luego hay otros US$50 millones de una prefinanciación de exportaciones con el exterior. El menú se completa con US$40 millones de Obligaciones Negociables (ON) y US$60 millones de pagarés bursátiles. Casi US$100 millones del total tiene una exigencia de seis meses.En los últimos días trascendió que a productores vinculados con Los Grobo Agropecuaria les comenzaron a llegar intimaciones de TMF Trust Company SA, un agente fiduciario que reclamaba pagos. Esto porque sus facturas habían sido entregadas en garantía en un crédito.Encontrá acá toda la información sobre los remates ganaderosAnte una consulta de este medio, se defendieron: "Cuando se instrumenta un préstamo, en general tienen determinadas garantías, algunas hipotecarias, de activos físicos como plantas de acopio, pero también hay de otros activos que pueden ser las facturas que se hacen a clientes por la venta de insumos o cheques. Mientras el ciclo va, se van renovando estas facturas con la entidad financiera y el banco tiene así un porcentaje de crédito cubierto. Esto no es algo exclusivo de Los Grobo". Según explicaron, lo que ocurrió, al cortarse el ciclo por el default y la crisis, es que el acreedor solicitó, con los pedidos a los productores, es que en lugar de hacer el pago a Los Grobo Agropecuaria se realice a él mismo. En monto se trata de unos US$20 millones por cheques y facturas de productores.
Una semana después de que la empresa de lácteos anunciara el despido de 350 empleados por la falta de actividad y producción en sus fábricas, publicaron un comunicado anunciando "dar este paso judicial". Leer más
Una semana después de que la empresa de lácteos anunciara el despido de 350 empleados por la falta de actividad y producción en sus fábricas, publicaron un comunicado anunciando "dar este paso judicial". Leer más
SanCor, el Grupo Los Grobo y Surcos realizaron sendas presentaciones con el objetivo de resolver sus problemas financieros. Leer más
En un día de conmoción en el campo por la solicitud de los concursos de acreedores de Los Grobo Agropecuaria y la cooperativa láctea SanCor, se sumó otro episodio más: Surcos, la proveedora de insumos que estaba en default desde diciembre pasado, se presentó también a concurso preventivo. El dato conocido al momento indica que la firma a septiembre pasado debía unos US$107 millones. Vale recordar que Los Grobo adeuda US$207 millones y SanCor 250 millones de dólares. La suma de los pasivos de las tres compañías representa unos US$560 millones.En default: el gigante Los Grobo Agropecuaria se presentó a concurso preventivo de acreedores"Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Surcos S.A. (en adelante, la "Sociedad"), a fin de informar que mediante reunión de Directorio de la Sociedad celebrada el día de la fecha, el Directorio resolvió la presentación de la Sociedad en concurso preventivo de conformidad con lo previsto en la Ley de Concursos y Quiebras N°24.522â?³, dijo la empresa en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) firmada por Miriam de los Ángeles Tasso, su responsable de Relaciones con el Mercado. A Surcos la preside Sebastián Calvo.Agregó: "En la reunión de Directorio mencionada precedentemente se ha dejado en manifiesto que se estima que dicha presentación permitirá lograr la sustentabilidad de la deuda incurrida por la Sociedad, tanto en términos de volumen como de costo y, de este modo, continuar con las operaciones de la Sociedad, lo cual representa una oportunidad para reorientar el negocio de la Sociedad de manera sostenible a largo plazo, generar una oportunidad para atraer inversión productiva destinada al crecimiento de sus operaciones, todo lo cual redundará en beneficios para todos los actores relacionados con el negocio de la Sociedad, incluyendo a sus acreedores y empleados, entre otros".En diciembre pasado, la firma entró en default tras incumplir un pagaré por US$500.000. El incumplimiento abrió las puertas a una situación complicada ya que se sobrevinieron embargos. A septiembre de 2024 su caja ascendía a US$134.000, mientras que debía afrontar vencimientos por US$24 millones en los siguientes seis meses, de los cuales US$13,5 millones correspondían a pagarés bursátiles. Debía en total US$107 millones.Fuerte decisión: en medio de una crisis, SanCor se presentó a concurso preventivo de acreedoresHace unos días, Surcos había informado a la CNV que enfrentaba un embargo sobre sus cuentas bancarias por parte de un acreedor financiero. El embargo no solo complicó, sino que prácticamente paralizó las operaciones de la compañía. Según detalló, quedó sin acceso a sus cuentas bancarias y líneas de crédito, lo que le impide realizar pagos, cobrar, exportar o importar.Los Grobo Agropecuaria y AgrofinaEn el caso de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, destacaron que al ir a concurso preventivo las compañías se mantendrán operativas mientras se busca una "solución integral". En su momento, al entrar en crisis, desde la firma argumentaron una caída en las ventas de insumos, una iliquidez en el mercado de pagarés y el impacto de menores márgenes para la actividad en el actual contexto de bajos precios. Enrique Flaiban es el actual CEO del Grupo Los Grobo, que controla en un 90% el grupo inversor Victoria Capital Partners (VCP), mientras que Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde conservan el 10% restante accionario.Desde la empresa señalaron a LA NACION: "Solicitamos la apertura a concurso de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina como medida legal para posibilitar la continuidad de las compañías, de su operación, de sus activos y de sus fuentes de trabajo. A partir de la presentación a concurso, las compañías van a seguir operativas y trabajando en una solución integral que ordene la situación del negocio y su capacidad financiera". Luego remarcó: "Priorizaremos nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes y continuaremos operando hasta la resolución de este concurso".El caso SanCorEn el caso de la láctea SanCor, la firma viene en una situación compleja desde hace años. Las reestructuraciones que tuvo no la terminaron de poner en una senda sustentable. Vendió activos y marcas pero eso no alcanzó. De tener 12 plantas pasó a seis y de procesar 4 millones de litros diarios hoy ronda los 180.000 litros. Viene de despedir unas 500 personas."Aunque los resultados de esta medida [por el concurso] no pueden preverse con certeza, la cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento. Esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor. Asimismo, en virtud de lo mencionado anteriormente, se aplicarán todos los pasos determinados por los procedimientos que establece la justicia actuante, y de los cuales iremos informando a medida que corresponda", señaló SanCor.
"Priorizaremos nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes y continuaremos operando hasta la resolución de este concurso", agregamos", dijeron desde el gigante agropecuario. Surcos, otra empresa del sector, siguió el mismo camino
La empresa que produce y comercializa fitosanitarios había entrado en default en diciembre del año pasado. Actualmente, sus bienes y cuentas están inhibidos.
Luego de haber caído en default en diciembre pasado con el incumplimiento de pagarés bursátiles y arrastrar una deuda total que ronda los US$207 millones con diversos actores, Los Grobo Agropecuaria se presentó hoy a concurso preventivo. También solicitó ese recurso judicial su controlada Agrofina.Noticia en desarrollo
La decisión se tomó a fin de evitar la quiebra tras varios años de crisis financiera. La situación en la empresa se agudizó por problemas sindicales y despidos
Fuentes del mercado señalan que su deuda asciende a US$ 400 millones. La agonía que arrancó en 2017 y el conflicto sindical. El desmembramiento de la cooperativa que lideró junto con La Serenísima el negocio lácteo.
En medio de la crisis que atraviesa de hace años, la cooperativa láctea SanCor se presentó hoy a concurso preventivo de acreedores. Así lo informó la empresa en un comunicado."SanCor presentó, oficialmente, la formación y apertura del concurso preventivo de acreedores, que por sorteo fue asignado al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, como parte del proceso destinado a resolver su situación económica y financiera", indicó."Tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas. Estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa", agregó.En otros puntos, señaló que evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. "Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la cooperativa", remarcó.Noticia en desarrollo