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Cámaras de fotomultas en Bogotá no estarían salvando vidas: en 2024 se impusieron 510.000 comparendos y se registraron más accidentes
La Administración distrital planea instalar 60 cámaras nuevas para, según ellos, reducir el grado de accidentalidad en la ciudad
Las insólitas excusas del despachante de aduana preso por los 510 kilos de cocaína ocultos en un torno
Es despachante de aduana. También se presenta como importador y exportador. Hace 11 días cumplió 51 años. Lo pasó tras las rejas en una dependencia de la Policía Federal Argentina de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Está acusado de ser una parte central de la logística local de una organización narcocriminal internacional que intentó traficar 510 kilos de cocaína a España, cargamento que había sido escondido en un torno industrial.Las imágenes del secuestro de 510 kilos de cocaína"Soy inocente", sostuvo Ulises Matías Cura cuando fue indagado por videoconferencia por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, magistrado que interviene en la causa.Cura intentó explicar que solo se limitó a la gestión de importación a pedido de dos despachantes bolivianos, con quienes mantenía vínculos comerciales desde hacía años.El torno industrial llegó desde Perú, vía terrestre, el 22 de octubre pasado. Lo transportó un camión con chapa patente boliviana. Primero estuvo en un depósito del barrio porteño de Villa Soldati. La Argentina era solo un lugar de paso. Su destino final era el puerto de Algeciras, en España.Según se desprende del expediente judicial, Cura dijo que "nunca tuvo contacto directo con el proveedor peruano ni con los destinatarios en España, que el torno estuvo varios días retenido en la Aduana de La Quiaca (donde tuvo controles de escaneo y perros) y que luego fue almacenado en depósitos de empresas transportistas hasta su exportación. Aseguro que desconocía la existencia de droga".Y explicó que su empresa "alquila el registro de importación" para terceros que no pueden operar directamente, "práctica que reconoció como habitual en la zona de frontera [donde vive]". También contó que por esa gestión cobró honorarios en efectivo y por transferencias.Pero para la Justicia argentina hay pruebas suficientes de su participación en el plan criminal. "La logística del traslado de la maquinaria [por el torno] había estado monitoreada y a cargo de Cura desde un comienzo, contrariamente a lo expuesto por él en la declaración indagatoria", sostuvieron el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en un dictamen donde solicitaron la prisión preventiva para el despachante de aduana.El juez Meirovich hizo lugar a lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Procesó con prisión preventiva a Cura por el delito de "contrabando de estupefacientes con un inequívoco destino de comercialización" y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $43.605.000.000.Secuestraron 510 kilos de cocaína"Cura dijo en su descargo que solo fue un prestanombre para una operación de importación cuando, de las conversaciones a las que pudo acceder este juzgado, él estuvo atrás de dicha mercadería en todo el trayecto por nuestro país ocupándose no solo de darle un lugar protegido de almacenamiento, sino también corriendo con los gastos y, además, preocupándose para que el torno quede alistado para su exportación. Se ocupó de consignar en la documentación aduanera un modelo distinto al efectivamente verificado y acompañar especificaciones técnicas que no se correspondería con la real, todo ello con la finalidad de enmascarar el verdadero peso del equipo. A ello se sumaría que la habría declarado la máquina como nueva sin uso cuando, en realidad, era un bien usado, conforme será analizado en el acápite de la exportación", sostuvo el juez Meirovich al fundamentar el procesamiento del sospechoso.En su resolución, el magistrado procesó con prisión preventiva a Ramiro Franco Ureña, de 54 años, quien registró a su nombre la empresa utilizada como pantalla para la operación de exportación, por la que habría recibido cinco transferencias de 46.775 dólares, entre enero y mayo pasados, según el dictamen citado del Ministerio Público Fiscal.En su declaración indagatoria, Franco Ureña sostuvo que "tanto él como su pareja habrían sido 'utilizados' y que nunca participó en maniobras ilícitas ni recibió contraprestación alguna, aclarando que se dedica a la actividad de chofer de taxi y que trabaja diariamente más de catorce horas".Otros dos sospechosos, entre ellos la pareja de Franco Ureña, una mujer de 49 años, fueron beneficiados con la falta de mérito y fueron liberados mientras se continúa la investigación."Puede sostenerse que nos encontramos frente a una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, caracterizada por un alto grado de planificación, sofisticación y complejidad operativa. La maniobra habría sido deliberadamente fraccionada en el tiempo y distribuida entre diferentes sujetos y estructuras societarias, de modo tal de diluir responsabilidades, dificultar el seguimiento por parte de las autoridades y maximizar las posibilidades de éxito en el traslado internacional del estupefaciente", sostuvo el juez en la citada resolución.Como informó LA NACION en su momento, la investigación, se había iniciado el 3 de junio pasado, cuando los fiscales argentinos recibieron una información de la Fiscalía Especial Antidrogas Algeciras, a cargo de la fiscal Macarena Arroyo Marín, por medio de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), que tuvo como finalidad "determinar la existencia de una organización narcocriminal de carácter trasnacional vinculada al contrabando marítimo de sustancias estupefacientes con destino a España, mediante la utilización de estructuras societarias y la simulación de operaciones de comercio internacional para el ocultamiento del material ilícito en las mercaderías transportadas, la cual tendría puntos de operación en este país".Puntualmente, según el expediente judicial, "se individualizó una operación de comercio internacional, la cual disfrazaría una maniobra de contrabando de sustancias estupefaciente a gran escala. Se trataba en ese entonces de una exportación que había culminado su etapa en la Argentina y que estaba en tránsito marítimo con destino final Algeciras".En la Argentina, a los fiscales se le sumaron en las tareas investigativas detectives de la División Operaciones Federales de Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Los detectives judiciales y policiales argentinos pusieron bajo la lupa una "exportación a consumo" que se había oficializado el 27 de marzo pasado. Era la operación para enviar el citado torno industrial.Se había declarado que la mercadería para exportar tenía un peso de 4000 kilos y que el valor de la transacción era de 50.000 dólares. Pero en realidad, según explicó el fabricante, el torno pesaba 3500 kilos: el excedente era la cocaína oculta.Cuando el contenedor estuvo en un depósito fiscal, previo a su trasladado al puerto de Buenos Aires, fue inspeccionado por personal aduanero. Fue el 7 de abril pasado, previo al inicio de la investigación. "Sin novedades", se afirmó en el informe.Después, un inspector aduanero que cumple funciones en el Departamento de Investigaciones Narcotráfico Metropolitana de ARCA declaró como testigo. Hizo un relato de cómo fue el control realizado y afirmó que "existieron compartimentos de volumen considerable que no pudieron ser visualmente inspeccionados, en razón de tratarse de espacios estancos, es decir, partes centrales internas e inaccesibles para la inspección humana. Aclaró que la diligencia incluyó un binomio 'guía-can' y una inspección manual y visual y que no existió indicio alguno, en ese momento, que motivara la adopción de otras medidas de mayor intrusión respecto de la mercadería, a la vez que se encomendó la utilización de un escáner posterior, previo al embarque, control que también arrojó resultado negativo", según se desprende del expediente judicial.Según el dictamen donde el fiscal Navas Rial y la Procunar pidieron una serie de allanamientos y las detenciones de los sospechosos que actuaron en la Argentina, se explicó que el control aduanero no advirtió la carga contaminada por la "tecnología del método de ocultamiento utilizada, que no solo logró sortear dicha inspección, sino también la que habría sido realizada en el ingreso a España e incluso la efectuada meses antes en la frontera Villazón-La Quiaca, oportunidad en la que todo indica la maquinaria ya contenía el material estupefaciente en su interior".El torno industrial "contaminado" con cocaína salió del Puerto de Buenos Aires en el buque Czech el 7 de mayo pasado y llegó a Algeciras el 29 de junio último, donde estuvo casi dos meses hasta que fue retirado, el 25 de agosto. Después, tras un seguimiento hasta Badajoz, se secuestró la cocaína y fueron detenidos los sospechosos. En ese momento se sucedió una serie de allanamientos en la Argentina y en España donde se detuvo a los sospechosos."Ahora estamos trabajando para identificar a los dueños del cargamento, que serían narcos extranjeros", dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.
La ruta de la cocaína: cómo un torno viajó de Perú a España pasando por Buenos Aires con 510 kilos de droga ocultos
El cargamento, oculto en un torno industrial de 3500 kilos, salió de Perú y tenía como destino final la ciudad de Murcia, España. Parte del trayecto, hasta la Argentina, se hizo de forma terrestre, en un camión con chapa patente boliviana que ingresó en el país por la ciudad de La Quiaca, en Jujuy, el 22 de octubre pasado. La máquina estuvo primero en un depósito del barrio porteño de Villa Soldati. El 7 de mayo último salió del puerto de Buenos Aires en el buque Czecho y llegó al puerto de Algeciras el 29 de junio pasado. El torno estaba "contaminado con 510 kilos de cocaína" y sus destinatarios, lo dejaron enfriar casi dos meses, hasta el 25 de agosto, cuando lo retiraron del puerto de Algeciras para llevarlo a Mérida. Los narcos no sabían que eran seguidos por detectives de la Policía Nacional de España y de la Policía Federal Argentina (PFA), la carga había sido parte de una "entregada controlada" ordenada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal.La trama oculta detrás del torno industrial usado para traficar 510 kilos de cocaína a España"La investigación resulta desde ya compleja por la característica transnacional de las maniobras investigadas y la multiplicidad de personas involucradas. Es decir, el presunto plan criminal incluye varias etapas en diferentes territorios (Perú, Argentina y España), a la vez que exhibiría un sofisticado método de ocultamiento del cargamento de estupefacientes, además de una estructura económicamente sólida y amplios recursos logísticos", sostuvieron el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en un dictamen presentado ante el juez Meirovich.La causa, que tiene nueve detenidos en la Argentina y España, se había iniciado el 3 de junio pasado, cuando los fiscales argentinos recibieron una información de la Fiscalía Especial Antidrogas Algeciras, a cargo de la fiscal Macarena Arroyo Marín, por medio de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), que tuvo como finalidad "determinar la existencia de una organización narcocriminal de carácter trasnacional vinculada al contrabando marítimo de sustancias estupefacientes con destino a España, mediante la utilización de estructuras societarias y la simulación de operaciones de comercio internacional para el ocultamiento del material ilícito en las mercaderías transportadas, la cual tendría puntos de operación en este país".Puntualmente, según el expediente judicial, "se individualizó una operación de comercio internacional, la cual disfrazaría una maniobra de contrabando de sustancias estupefaciente a gran escala. Se trataba en ese entonces de una exportación que había culminado su etapa en la Argentina y que estaba en tránsito marítimo con destino final Algeciras".En la Argentina, a los fiscales se le sumaron en las tareas investigativas detectives de la División Operaciones Federales de Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Las imágenes del secuestro de 510 kilos de cocaínaLos detectives judiciales y policiales argentinos pusieron bajo la lupa una "exportación a consumo" que se había oficializado el 27 de marzo pasado. Era la operación para enviar el citado torno industrial.Se había declarado que la mercadería para exportar tenía un peso de 4000 kilos y que el valor de la transacción era de US$50.000. Pero en realidad, según explicó el fabricante, el torno pesaba 3500 kilos: el excedente era la cocaína oculta.Cuando el contenedor estuvo en un depósito fiscal, previo a su traslado al puerto de Buenos Aires, fue inspeccionado por personal aduanero. Fue el 7 de abril pasado, previo al inicio de la pesquisa. "Sin novedades", se afirmó en el informe.Después, un inspector aduanero que cumple funciones en el Departamento de Investigaciones Narcotráfico Metropolitana de ARCA declaró como testigo. Hizo un relato de cómo fue el control realizado y afirmó que "existieron compartimentos de volumen considerable que no pudieron ser visualmente inspeccionados, en razón de tratarse de espacios estancos, es decir, partes centrales internas e inaccesibles para la inspección humana. Aclaró que la diligencia incluyó un binomio 'guía-can' y una inspección manual y visual y que no existió indicio alguno, en ese momento, que motivara la adopción de otras medidas de mayor intrusión respecto de la mercadería, a la vez que se encomendó la utilización de un escáner posterior, previo al embarque, control que también arrojó resultado negativo", según se desprende del expediente judicial.Según el dictamen donde el fiscal Navas Rial y la Procunar pidieron una serie de allanamientos y las detenciones de los sospechosos que actuaron en la Argentina, se explicó que el control aduanero no advirtió la carga contaminada por la "tecnología del método de ocultamiento utilizada, que no solo logró sortear dicha inspección, sino también la que habría sido realizada en el ingreso a España e incluso la efectuada meses antes en la frontera Villazón-La Quiaca, oportunidad en la que todo indica la maquinaria ya contenía el material estupefaciente en su interior".El importador del torno industrial fue identificado por fuentes judiciales y por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, como Ulises Matías Cura, quien abonó en efectivo US$13.000 a una empresa peruana. Se trata de un despachante de aduana que, hasta su detención, vivía en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán."Resulta llamativo que esa transacción internacional haya sido abonada al contado y que justamente escaso tiempo después se constituyeron las dos empresas que posteriormente participarían de la exportación de la maquinaria desde la Argentina hacia España. Remarcamos que la maquinaria se trata de un bien usado (y no nuevo, como fue declarado en la documentación labrada para su importación y exportación) y no guarda vinculación con el objeto societario de la empresa española adquirente. Destacamos que las imágenes obrantes en la causa denotaban un estado de deterioro", explicaron los representantes del Ministerio Público.Y agregaron: "Al ser controlada la mercadería -previo a la exportación-, el personal de ARCA advirtió que se trataba de un bien usado, motivo por el que realizó la observación administrativa y cambió la posición arancelaria, conforme surge del documento labrado. Tales circunstancias refuerzan la hipótesis que viene sosteniendo esta parte respecto de que fueron operaciones de comercio realizadas para disimular y enmascarar las maniobras de contrabando en cuestión, a lo que cabe adicionar que difícilmente pueda justificarse el valor económico y la conveniencia operativa/logística de la transacción".Cura y los otros tres sospechosos detenidos en la Argentina fueron indagados el lunes de la semana pasada. En los próximos días, el juez Meirovich definirá su situación procesal.Secuestraron 510 kilos de cocaínaFuentes del caso, resaltaron el trabajo hecho por el equipo del juez Meirovich y la importancia de la coordinación con España entre la Fiscalía Nacional Antidrogas y la Policía Nacional, la Procunar y la PFA."Es un logro muy importante para la Argentina y para la cooperación internacional", afirmó la ministra Bullrich, en una conferencia de prensa donde dio detalles de la investigación bautizada como Operativo Lusitania.A su turno, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Martín Verrier, sostuvo que el cargamento secuestrado en España tiene un valor cercano a los 20.000.000 de euros.Bullrich y Verrier estuvieron acompañados por el subdirector general de Control Aduanero, Diego Figueroa; el director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Aduana, Diego Pérez Escobar; el jefe de la PFA, comisario general Luis Rolle, y el comisario mayor Marcelo Laures, a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.
Bullrich anunció el Operativo Lusitania: incautaron 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial y detuvieron a nueve personas
La ministra destacó la cooperación con España y Perú en el procedimiento que desarticuló una red narco internacional valuada en 20 millones de euros. Leer más
La trama oculta detrás del torno industrial usado para traficar 510 kilos de cocaína a España
El torno industrial llegó desde Perú, vía terrestre, el 22 de octubre pasado. Lo transportó un camión con chapa patente boliviana. Primero estuvo en un depósito del barrio porteño de Villa Soldati. La Argentina era solo un lugar de paso. Su destino final era el puerto de Algeciras, en España. Pero sus destinatarios no querían la maquinaria usada, esperaban lo que llevaba oculto: un cargamento de 510 kilos de cocaína. Se trataba de una operación de narcotráfico internacional que quedó al descubierto después de una investigación entre autoridades judiciales argentinas y españolas y un trabajo hecho entre detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Nacional de España y funcionarios policiales de Perú. El cargamento de cocaína fue secuestrado en el puerto de Algeciras, en España, después de que, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich ordenara una "entregada vigilada" o lo que también se definió como una operación de contrabando controlada.El torno industrial "contaminado" con cocaína salió del Puerto de Buenos Aires en el buque Czech el 7 de mayo pasado y llegó a Algeciras el 29 de junio último, donde estuvo casi dos meses hasta que fue retirado, el 25 de agosto. Después, tras un seguimiento hasta Mérida, se secuestró la cocaína y fueron detenidos los sospechosos. En ese momento se sucedió una serie de allanamientos en la Argentina y en España."La investigación resulta desde ya compleja por la característica trasnacional de las maniobras investigadas y la multiplicidad de personas involucradas; es decir, el presunto plan criminal incluye varias etapas en diferentes territorios (Perú, Argentina y España), a la vez que exhibiría un sofisticado método de ocultamiento del cargamento de estupefacientes, además de una estructura económicamente sólida y amplios recursos logísticos", sostuvieron el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, en un dictamen presentado ante el juez Meirovich.La investigación, que tiene nueve detenidos en la Argentina y España, se había iniciado el 3 de junio pasado, cuando los fiscales argentinos recibieron una información de la Fiscalía Especial Antidrogas Algeciras, a cargo de la fiscal Macarena Arroyo Marín, por medio de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI), que tuvo como finalidad "determinar la existencia de una organización narcocriminal de carácter trasnacional vinculada al contrabando marítimo de sustancias estupefacientes con destino a España, mediante la utilización de estructuras societarias y la simulación de operaciones de comercio internacional para el ocultamiento del material ilícito en las mercaderías transportadas, la cual tendría puntos de operación en este país".Puntualmente, según el expediente judicial, "se individualizó una operación de comercio internacional, la cual disfrazaría una maniobra de contrabando de sustancias estupefaciente a gran escala. Se trataba en ese entonces de una exportación que había culminado su etapa en la Argentina y que estaba en tránsito marítimo con destino final Algeciras". En la Argentina, a los fiscales se le sumaron en las tareas investigativas detectives de la División Operaciones Federales de Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA y de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Los detectives judiciales y policiales argentinos pusieron bajo la lupa una "exportación a consumo" que se había oficializado el 27 de marzo pasado. Era la operación para enviar el citado torno industrial. Se había declarado que la mercadería para exportar tenía un peso de 4000 kilos y que el valor de la transacción era de 50.000 dólares. Pero en realidad, según explicó el fabricante, el torno pesaba 3500 kilos: el excedente era la cocaína oculta.Cuando el contenedor estuvo en un depósito fiscal, previo a su trasladado al puerto de Buenos Aires, fue inspeccionado por personal aduanero. Fue el 7 de abril pasado, previo al inicio de la investigación. "Sin novedades", se afirmó en el informe.Después, un inspector aduanero que cumple funciones en el Departamento de Investigaciones Narcotráfico Metropolitana de ARCA declaró como testigo. Hizo un relato de cómo fue el control realizado y afirmó que "existieron compartimentos de volumen considerable que no pudieron ser visualmente inspeccionados, en razón de tratarse de espacios estancos, es decir, partes centrales internas e inaccesibles para la inspección humana. Aclaró que la diligencia incluyó un binomio 'guía-can' y una inspección manual y visual y que no existió indicio alguno, en ese momento, que motivara la adopción de otras medidas de mayor intrusión respecto de la mercadería, a la vez que se encomendó la utilización de un escáner posterior, previo al embarque, control que también arrojó resultado negativo", según se desprende del expediente judicial.Según el dictamen donde el fiscal Navas Rial y la Procunar pidieron una serie de allanamientos y las detenciones de los sospechosos que actuaron en la Argentina, se explicó que el control aduanero no advirtió la carga contaminada por la "tecnología del método de ocultamiento utilizada, que no solo logró sortear dicha inspección, sino también la que habría sido realizada en el ingreso a España e incluso la efectuada meses antes en la frontera Villazón-La Quiaca, oportunidad en la que todo indica la maquinaria ya contenía el material estupefaciente en su interior". El importador del torno industrial fue identificado por fuentes judiciales y por la ministra Bullrich como Ulises Matías Cura, quien abonó en efectivo 13.000 dólares a una empresa peruana. Se trata de un despachante de aduana que, hasta su detención, vivía en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán."Resulta llamativo que esa transacción internacional haya sido abonada al contado y que justamente escaso tiempo después se hubieran constituido las dos empresas que posteriormente participarían de la exportación de la maquinaria desde la Argentina hacia España. Remarcamos que la maquinaria se trata de un bien usado (y no nuevo, como fue declarado en la documentación labrada para su importación y exportación) y no guarda vinculación con el objeto societario de la empresa española adquirente. Destacamos que las imágenes obrantes en la causa denotaban un estado de deterioro", explicaron los representantes del Ministerio Público.Y agregaron: "Al ser controlada la mercadería -previo a la exportación-, el personal de ARCA advirtió que se trataba de un bien usado, motivo por el que realizó la observación administrativa y cambió la posición arancelaria, conforme surge del documento labrado. Tales circunstancias refuerzan la hipótesis que viene sosteniendo esta parte respecto de que fueron operaciones de comercio realizadas para disimular y enmascarar las maniobras de contrabando en cuestión, a lo que cabe adicionar que difícilmente pueda justificarse el valor económico y la conveniencia operativa/logística de la transacción".Cura y los otros tres sospechosos detenidos en la Argentina fueron indagados el lunes de la semana pasada. En los próximos días, el juez Meirovich definirá su situación procesal.Fuentes de la investigación, resaltaron el trabajo hecho por el equipo del juez Meirovich y la importancia de la coordinación con España entre la Fiscalía Nacional Antidrogas y la Policía Nacional, la Procunar y la PFA."Un resultado muy importante", lo calificó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa donde dio detalles de la investigación bautizada como Operativo Lusitania.
Los números del Señor del Tabaco: acumula una deuda con la ex AFIP de US$510 millones y se triplicará con los intereses
Es el monto por no pagar el impuesto al tabaco desde 2018. Con las actualizaciones y las multas superará los US$1500 millones.
El informe socioambiental de Cristina Kirchner: sin ingresos, en juicio con la Anses, con Máximo como fiador y OSDE 510
Antes de concederle la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, en contra del pedido de los fiscales que habían solicitado que fuera encarcelada por su condena en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 tuvo en cuenta un informe socioambiental que describió las condiciones en las que vive la expresidenta en su departamento de Constitución.Ese estudio, realizado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial, describió que Cristina Kirchner vive sola en ese departamento, que no está cobrando su jubilación como expresidenta ni la pensión que recibía por Néstor Kirchner, por lo cual se sostiene económicamente por sus ahorros, y que cuenta con la cobertura de salud más completa de la prepaga OSDE."Cristina Elisabet Fernández de Kirchner tiene setenta y dos años de edad, reside sola en el departamento en cuestión ubicado en el barrio de Constitución de esta ciudad desde el año 2022â?³, comienza el resumen del informe que recibieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.Allí también se explica que la expresidenta se mudó a ese departamento "por haber sufrido un atentado en la puerta de su anterior domicilio", en relación al piso en Recoleta, frente al cual intentaron asesinarla en septiembre de 2022. El departamento actual, sobre la calle San José, está embargado por la Justicia y forma parte de los activos que podrían ser decomisados de Los Sauces, una de las empresas más importantes de los Kirchner y que le da nombre a otra de las causas que enfrenta la expresidenta, Hotesur y Los Sauces, donde se investigan los presuntos retornos que, en forma de alquileres, la familia Kirchner recibía de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, a cambio de las contrataciones que obtenían del Estado. El departamento fue utilizado en el pasado por Florencia Kirchner y su hija. "El inmueble, de propiedad familiar, se encuentra emplazado en una zona urbana de fácil accesibilidad, en buen estado de conservación, y cuenta con todos los servicios", agrega el informe sobre la propiedad.Los funcionarios judiciales señalaron en el documento que la expresidenta "no posee ingresos regulares previsionales (asignación especial y pensión), motivo por el cual se encuentra en juicio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)". Como contó LA NACION, Cristina Kirchner tuvo acceso a la doble jubilación y pensión presidencial hasta noviembre de 2024, cuando percibió en mano (luego de los descuentos) $21.828.203,92, monto equivalente a 89 haberes mínimos netos de ese mes. La cifra en bruto ascendió a $35.255.297,73.Pero las prestaciones incluían adicionales que sumaban casi $6 millones, en concepto de residencia en zona austral, porque CFK vivía y vive en la ciudad de Buenos Aires hace años, pero tenía domicilio declarado en Santa Cruz. Por la percepción de ese plus, la Anses presentó el año pasado una demanda penal contra la exfuncionaria "por presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica".El informe indicó que, sin esos ingresos, la expresidenta informó que "solventa sus gastos mediante ahorros". La última vez que presentó una declaración jurada, Cristina Kirchner informó un patrimonio total de $249 millones repartidos entre cuatro cajas de ahorro, un plazo fijo, acciones en distintas empresas y un auto, entre otros bienes. Actualizada por inflación, la cifra alcanzaría los $606 millones. No contempla, claro está, la cesión que hizo de casi todos sus bienes, en 2016, a Máximo y Florencia Kirchner.El informe señala que la expresidenta "goza de buena salud" y que tiene cobertura médica con el plan 510 de OSDE. Se trata del servicio más completo que ofrece la prepaga. "Toma medicación porque tiene dificultades en uno de sus oídos, y Levotiroxina porque en el año 2011 le extirparon la glándula tiroides", añade el documento al que accedieron los jueces.Por último, el estudio se enfoca en el círculo familia de Cristina Kirchner. "Cuenta con vínculos familiares estrechos (hijos, nietos y hermana), todos con contacto frecuente", explica, y deja constancia de que Máximo Kirchner fue propuesto por su madre como "fiador" responsable en caso de que le concedan la prisión domiciliaria, como finalmente hizo el tribunal."Finalmente, el informe concluye que la vivienda es apta para el cumplimiento de una eventual detención domiciliaria, sin observaciones negativas en cuanto al entorno, condiciones habitacionales ni aspectos personales o familiares", se cierra el resumen.
Sin ingresos, con OSDE 510 y Máximo Kirchner como garante de que Cristina cumpla las restricciones: qué dice el informe socioambiental de la justicia
Antes de otorgar la prisión domiciliaria, el TOF 2 envió personal judicial al departamento de Monserrat para analizar la situación de la expresidenta.
"Pensé que era un regalo de Dios": la insólita explicación de la mujer que gastó $510 millones que recibió por error
Verónica Acosta, madre de cuatro hijos, jamás imaginó que al revisar su cuenta bancaria encontraría una cifra que cambiaría su vida en cuestión de horas: $510 millones. Lo que creyó un milagro, terminó en una causa judicial por defraudación al Estado, estafa y retención indebida de fondos públicos que la tiene como acusada a ella y parte de su entorno familiar."Pensé que era un regalo de Dios. Tengo cuatro hijos, necesitaba la plata", declaró Acosta en una entrevista con Telenoche luego de que el escándalo tomara estado nacional. Según relató, esperaba una transferencia de apenas $8000 del padre de uno de sus hijos, pero al ingresar al homebanking se encontró con una fortuna inesperada.En menos de 24 horas, la mujer comenzó a gastar parte del dinero que había sido girado desde el gobierno por error. Compró electrodomésticos, cerámicos para su casa, ropa, una mochila de inodoro y hasta un Ford Ka modelo 2014-2015. También transfirió dinero a familiares: se registraron 66 operaciones de $500.000 cada una. "Fui dos veces al supermercado, compré una heladera, dos televisores (uno para mí y otro para mi cuñada), una freidora, un microondasâ?¦ cosas de la casa", detalló la mujer que nunca negó los hechos.El origen del dinero fue un error administrativo del gobierno de San Luis. El contador responsable del envío fue quien detectó la equivocación y realizó la denuncia. Al día siguiente, la Justicia congeló la cuenta bancaria, allanó la vivienda de Acosta y detuvo a cinco de sus familiares. La jueza de garantías a cargo del caso impuso una fianza de $30 millones para evitar la prisión preventiva de los seis imputados."Me encuentro con este dinero, con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Al final los quise ayudar y los perjudiqué", lamentó Acosta en diversas declaraciones periodísticas que hizo durante la semana.Su abogado, Hernán Echeverría, sostuvo que su clienta no actuó con mala fe: "Nunca fue notificada del error. Tenía las tarjetas y podía usarlas. No se trata de una red de estafadores, sino de personas humildes, sin antecedentes, con domicilio fijo".La Justicia logró recuperar más del 90% del dinero, parte de forma voluntaria y otra mediante el bloqueo de cuentas y billeteras virtuales. Sin embargo, el caso generó un fuerte debate social y mediático. Mientras algunos la defienden por actuar desde la necesidad, otros cuestionan su decisión de gastar una suma que no le pertenecía."No pude entender la cifra"Durante la semana la protagonista del hecho ya había dicho: "Yo estaba esperando una transferencia de $8000 del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios"."En el primer momento, no pude entender la cifra. Llegó la plata y para mí eran $500.000 y después me di cuenta de que eran millones", explicó.Ante la pregunta del periodista sobre qué hizo cuando se dio cuenta de que eran millones de pesos, dijo: "Compré cosas que ya se han devuelto y también repartí en la familia. Fui dos veces al supermercado, compré electrodomésticos y después volví a ir". La mujer insistió con que no sabía que se trataba de dinero proveniente de las arcas del Estado provincial. "Lo usé para necesidades urgentes", concluyó.
Recibió $510 millones por error estatal y ahora la acusan de defraudación
Usó una parte para comprar comida y electrodomésticos. Ahora le piden $30 millones de fianza, con apenas tres días para reunirla, bajo amenaza de prisión preventiva. Leer más
Día 510: Libertad de expresión no es lo mismo que libertad de prensa
Gobiernos como el de Javier Milei y Donald Trump se amparan en el derecho de la libertad de expresión para impulsar a sus seguidores a emitir mensajes de odio. Es importante aclarar la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa. Leer más