cuadernos
Causa de los cuadernos: la plata o la cárcel
Importantes sectores de la Justicia trabajan en estos días para darle impulso a dos causas judiciales que se tramitan desde hace mucho tiempo, demasiado, en los tribunales penales. Una de ellas es la llamada causa de los cuadernos, que podría tener una sorprendente derivación si prosperara una iniciativa pensada para agilizar el demorado juicio oral y público sobre ese voluminoso expediente. La otra es la causa que investigó el criminal atentado que voló la sede la AMIA el 18 de julio de 1994; una sentencia, que podría ser inminente, de la Cámara de Casación Penal comprometería aún más, de manera indirecta, a la expresidenta Cristina Kirchner por la firma del tratado con Irán. Las dos causas (la de los cuadernos y la del tratado) esperan el juicio oral y público para juzgar a exfuncionarios kirchneristas, entre ellos a la expresidenta, y a destacados empresarios en la causa de los cuadernos.La llamada causa de los cuadernos es una de las más grandes investigaciones del periodismo argentino, realizado en este caso por el periodista de LA NACION Diego Cabot. Cabot se respaldó en ocho cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, que manejaba el auto de Roberto Baratta, quien había sido la mano derecha del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. Centeno escribió, tal vez sin proponérselo, la biografía más precisa y prolija de la corrupción kirchnerista. Contó con información sobre lugar, día y hora la forma en que se pagaban y se cobraban los sobornos entre funcionarios kirchneristas y los más empinados empresarios contratistas o concesionarios del Estado. A Cabot le llevó varios meses la investigación para corroborar que los datos incluidos en esos cuadernos eran ciertos o verosímiles. La causa judicial tomó estado público el 1º de agosto de 2018 cuando el juez Claudio Bonadio, ya fallecido, dispuso espectaculares allanamientos, citaciones indagatorias y detenciones. La investigación estuvo a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli; este último tropezó meses después con una maniobra del kirchnerismo para desacreditarlo y para descalificar también a toda la causa de los cuadernos, a su juez y a su fiscal. La maniobra no prosperó porque era extremadamente burda.En medio de la controversia con China por la base en Neuquén, otro alto funcionario de Estados Unidos llegó a Buenos AiresPor la cantidad de personas involucradas y por la dimensión de los hechos de corrupción investigados, la causa de los cuadernos se convirtió en un proceso sin precedentes en la historia judicial argentina. Hay 159 personas imputadas o procesadas entre empresarios y exfuncionarios por delitos de dádivas, cohecho (la manera elegante de llamar a las coimas) y asociación ilícita. El juicio oral y público no tiene todavía fecha de realización, pero es previsible, por su volumen y complejidad, que insuma mucho tiempo y recursos económicos. Se ventilarán 540 hechos de supuesta corrupción, ya investigados en las instancias inferiores de la Justicia. Solo la fiscalía solicitó casi 900 testigos para el juicio oral y muchas medidas suplementarias. Estarán, además, los testigos convocados por las defensas. Hay más de un centenar de estudios jurídicos trabajando en las defensas de los acusados.Sectores destacados de la Justicia no descartaron, ante ese panorama, que se usen algunas herramientas alternativas previstas por el Código Procesal Penal para resolver, al menos, el caso de los empresarios. Las fuentes subrayaron que esos mecanismos alternativos fueron pensados precisamente para el avance de los procesos penales, como puede ser la reparación económica integral del perjuicio al Estado. El Código Penal prevé que no habrá cárcel para los acusados en caso de conciliación o de reparación integral del daño. La negociación debería ser liderada por el fiscal del tribunal oral y público, y después ser homologada por el tribunal de ese juicio. Todo el trámite debería hacerse, desde ya, antes de que comience el juicio.Sobre todos los empresarios imputados o procesados pesan medidas cautelares, como embargos o inhibiciones de bienes, precisamente para asegurar que, tras la realización del juicio, haya un eventual reintegro al Estado por los daños económicos que provocaron. Es decir, los empresarios ya tienen bienes incautados por el Estado. "Con las herramientas que tenemos, podemos utilizarlas de manera previa al juicio y acordar la total reparación al Estado y a la sociedad. Evitaríamos así juicios orales interminables y costosos para el Estado", explicó uno de los funcionarios judiciales que trabajan en la alternativa de un acuerdo. No serán sentenciados a cárcel los empresarios que aceptaran tal acuerdo. Otra cosa sucederá con los exfuncionarios políticos porque la responsabilidad institucional de estos, sostienen esas fuentes judiciales, tiene una dimensión mucho mayor.En otros corredores de la Justicia, una sala de la Cámara de Casación está terminando de redactar la sentencia definitiva de las causas vinculadas al atentado a la AMIA. Según fuentes del máximo tribunal penal del país, la redacción inicial de esa sentencia quedó en manos del juez Carlos Mahiques; la sala la integran también dos jueces subrogantes: Diego Barroetaveña y Angela Ledesma. Fuentes inmejorables dijeron que la sentencia señalará que el atentado fue un designio político y estratégico de Irán, y que fue ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Este grupo actuó, según las conclusiones de la justicia argentina, bajó la inspiración y la financiación del gobierno de Teherán. El fallo tiene especial importancia, porque el tribunal penal más decisivo de la Argentina condenará definitivamente a Irán como autor intelectual y financiero del atentado a la mutual judía que dejó 85 muertos inocentes. Para la Justicia argentina, no quedarán dudas de quién fue el autor, de cómo se hizo el atentado y de quiénes son sus responsables.Un dato novedoso de la sentencia consistirá en que avanza en la determinación de por qué la Argentina fue víctima de dos atentados terroristas (a la AMIA y a la embajada de Israel) en el corto lapso de dos años. Fue la venganza, sostendrían los jueces, porque el gobierno de Menem canceló tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordada con Irán durante la administración de Raúl Alfonsín. El primer escrito del juez Mahiques abundaría en que fue la réplica del estado iraní frente a lo que consideró un intolerable incumplimiento argentino. El magistrado estaría convencido de que Irán intentó, con esos atentados, que la Argentina revirtiera la cancelación de los acuerdos por la fuerza de la coacción. La sentencia concluiría en que son diversas y sólidas las pruebas que confirmaron la responsabilidad que tuvo Hezbollah y los máximos dirigentes del entonces gobierno iraní. Por eso, el fallo sostendrá que el atentado debe calificarse como "crimen de lesa humanidad", que significará que las secuelas judiciales del atentado a la AMIA serán imprescriptibles para la justicia argentina. Un interesante punto de visto señala que un acto terrorista financiado por un Estado, aunque sea perpetrado fuera de las fronteras del país gobernado por ese Estado, tiene responsabilidades internacionales aun cuando haya sido cometido por una organización paraestatal. La sentencia de los jueces pone especial énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares y a la posibilidad de que demanden a los que tuvieron relación con el atentado, incluido el Estado de Irán. Por primera vez, una alta instancia judicial se pronunciará sobre los alcances internacionales del delito terrorista jihadista.Según se sabe, la Cámara de Casación ordenó el acceso completo de la Justicia a la documentación producida por dependencias del Estado, incluidos los servicios de inteligencia. Mandó a desclasificar, digitalizar y sistematizar la información de los archivos secretos, cuyo volumen, trascendió, alcanzaría un metraje equivalente a 20 cuadras. También instó a que se activen los canales diplomáticos para reunir la información que los servicios de inteligencia extranjeros conservan sobre ese brutal atentado en territorio soberano argentino. La Casación les reclamará también a los jueces que llevan las causas conexas al expediente central del atentado a la AMIA que avancen con mayor celeridad. También les reclamarán a los poderes Ejecutivo y Legislativo que definan políticas públicas para la instauración de juicios en ausencia, que podrían, por ejemplo, condenar a los exjerarcas iraníes que permanecen protegidos en su país.La nueva visita de Milei a Estados Unidos: una distinción en una sinagoga en Miami y una cita con Elon Musk en TexasLa sentencia caerá como una enorme lápida moral, política y judicial sobre Cristina Kirchner, porque ella firmó el tratado con Irán; el asesinado fiscal Alberto Nisman denunció luego a la expresidenta por encubrimiento de los responsables iraníes de los atentados. Cristina Kirchner había firmado el acuerdo con el entonces gobierno iraní para crear una Comisión de la Verdad, que iba a estar integrada por juristas internacionales. En verdad, ya entonces, en 2013, existía una verdad para la justicia argentina y consistía en la responsabilidad de Irán en la voladura de la AMIA. Esa es la verdad que podría ser confirmada en los próximos días por la instancia más alta de la justicia penal argentina. El tratado de Cristina Kirchner significó en los hechos una intolerable cesión de soberanía judicial argentina en favor de los autores de uno de los más grandes atentados que haya sufrido en el mundo la comunidad judía. La sentencia, probablemente inminente, servirá también para hacer más inconcebible la ola de antisemitismo que se propagó por el mundo tras la invasión del grupo terrorista Hamas al territorio de Israel hace seis meses. Todavía hay 134 rehenes israelíes en poder de Hamas, mientras influyentes sectores políticos e intelectuales internacionales están buscando a los culpables entre las víctimas.
Causa Cuadernos: llegó a la Corte Suprema la objeción de los arrepentidos por supuesta coacción
Algunos "arrepentidos" de la Causa Cuadernos se opusieron a que sus declaraciones sean incorporadas al juicio oral porque presuntamente se obtuvieron bajo coacción. El pedido llegó a la Corte Suprema.
Uno de los jueces de la causa Cuadernos le pidió una reunión a Javier Milei
Se trata de Germán Castelli, que había sido trasladado al Tribunal Oral Federal 7 y entabló una demanda contra el Estado Argentino ante la CIDH
Jean Deza confesó que Leandro Paredes y compañeros de Boca Juniors le hicieron bullying en Argentina: "Echaban agua a mi colchón y quemaban mis cuadernos"
El actual jugador de Alianza Atlético contó detalles inéditos de su experiencia en la cantera del club 'xeneize', donde fue elogiado por Carlos Bianchi, pero luego vivió un infierno.
Cuadernos: Casación avaló a la UIF como querellante en la megacausa contra Cristina Kirchner y empresarios
Distintos acusados planteaban que no podía ser acusadora porque en el expediente no se investiga lavado de dinero
"Es protocolo": el contenido del cuaderno perdido en casa de Dina Boluarte y por qué pondría contra las cuerdas a la presidenta, según exasesores
Juan José Santiváñez y Luis Herrera, quienes lideraron el gabinete de asesores del Ministerio del Interior, se refirieron a la pérdida del registro de visitas en la casa de la mandataria
Con habilitación judicial, la Unidad de Información Financiera seguirá siendo querellante contra Cristina Kirchner en el caso de los cuadernos
Tras la habilitación que recibió de la Justicia, la Unidad de Información Financiera (UIF) seguirá siendo querellante en la causa de los cuadernos de las coimas, donde la expresidenta Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita y de que sus funcionarios cobraran sobornos pagados por empresarios -también acusados- para conseguir y mantener contratos de obras públicas. Fuentes oficiales afirmaron que el organismo antilavado seguirá participando del caso.La Cámara de Casación decidió ayer rechazar los recursos de empresarios acusados en ese expediente, quienes reclamaban que se apartara a la UIF del caso porque el delito que se juzga no es lavado de dinero, sino asociación ilícita y cohecho.Más allá de estos fallos judiciales, en un cambio de su posición inicial, el Gobierno ya había anunciado que la Oficina Anticorrupción iba a ser querellante en los causas de corrupción y ahora ratificó que la UIF seguirá siendo querellante. "La decisión del organismo es continuar querellando en las causas de lavado, pero estamos analizando algunas modificaciones en la normativa interna dictadas por la anterior gestión que nos limitan sensiblemente el ejercicio de ese rol", dijo a LA NACION una fuente oficial.En rigor, en esta causa de los cuadernos de las coimas lo que sucedió es que los empresarios acusados Hugo Alberto Dragonetti, Benjamín Gabriel Romero y Rodolfo Armando Poblete, además del ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olasagasti, plantearon que la UIF debía dejar de ser querellante, por que en este caso no se está investigando el delito de lavado de dinero, su competencia específica, sino que se averigua sobre el posible pago y cobro de sobornos.Los jueces del tribunal oral federal N° 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero ya rechazaron esa pretensión planteada como un recurso de excepción por falta de acción. Contra esa decisión, los abogados de los acusados plantearon un recurso de casación, que fue rechazado, y ahora plantearon un recurso de queja.Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone decidieron rechazar los recursos de las defensas en estos incidentes. Alejandro Slokar, de la Sala I, no firmó por estar en uso de licencia. Dijeron que la decisión contra la cual se dedujo la impugnación -cuya denegatoria dio lugar a la queja- "no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos" y por eso debe ser rechazada.Los camaristas sostuvieron que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que "las decisiones que rechazan la excepción de falta de acción y aceptan el rol de querellante, por regla no constituyen ni se asimilan a una sentencia final". Y señalaron que las discrepancias que expusieron los letrados, "más allá de demostrar que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal", no alcanzan para ser "agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad o en alguna cuestión federal".Así las cosas, ahora la UIF estará habilitada para ser querellante y podrá pedir medidas de prueba. Además, cuando el tribunal oral federal N°7 le ponga fecha al juicio oral y público, podrán acusar en ese proceso. Aún resta saber si la administración libertaria efectivamente lo van a hacer.AntecedentesEn el Gobierno anterior la Oficina Anticorrupción y la UIF se retiraron de las querellas o hicieron un magro papel en las causas en que las que intervinieron, por ejemplo, sin acusar a Cristina Kirchner en el caso de Vialidad donde la expresidenta fue condenada a 6 años de prisión.El actual gobierno comenzó diciendo que no iba a ser querellante, pero hace un mes cambió de posición y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, reveló que hacían en relevamiento de las causas de corrupción para determinar en que casos se iban a presentar como parte, de acuerdo con la gravedad institucional, el impacto económico y el alcance del caso. Ahora se confirmó que la UIF hará lo propio.La otra novedad en esta causa fue la decisión del Tribunal oral Federal N° 7 de rechazar un pedido de nulidad del exsecretario Roberto Baratta que cuestionó que la fiscalía accedió al contenido de su teléfono celular. Dijo su defensa que ese contenido estaba resguardado por el juez y que permitió el acceso solo a partes, pero que el fiscal Carlos Stornelli obtuvo de "de manera subrepticia, sin registro alguno en el trámite y sin orden judicial" copia de todo el contenido del teléfono con "información privada, que no se vinculaba con el objeto de investigación, y que luego se la difundió masivamente".Los jueces del tribunal oral rechazaron la nulidad, dijeron que la denuncia por este hecho ya fue cerrada por inexistencia de delito y sostuvieron que el criterio en materia de nulidades es restrictivo y que para disponerlas es necesario que se verifique "un perjuicio cierto capaz de producir la limitación de algún derecho" al acusado. Además, los magistrados afirmaron que Baratta hace "meras conjeturas" en cuanto a responsabilizar a Stornelli por la difusión del contenido de su celular y señala que la denuncia por esa supuesta intromisión "fue desestimada y archivada por falta de delito"."En definitiva, se estima que la defensa no ha podido acreditar el perjuicio", dijeron los jueces y rechazaron la nulidad. En esta causa hay 159 imputados -están todos en libertad- y los testigos ofrecidos son 899, lo que convierte a este expediente en la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina.La causa por los cuadernos de las coimas es producto de una investigación de LA NACION. Ya está elevada a juicio oral. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el proceso. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar, o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes. Ahora los jueces están analizando qué pruebas admiten y cuáles no.La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios de la cartera para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios "arrepentidos" admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia.La causa no es un solo expediente, sino que son 10 expedientes que se encuentran conectados y por eso tramitan como un conjunto. El tribunal oral federal N° 7 es el encargado de determinar qué pruebas se admiten en el juicio o cuáles no. Los acusados vienen interponiendo diversos recursos de nulidad para frustrar la realización del juicio o excluir sus declaraciones como "arrepentidos", en la cuales admitieron haber efectuado pagos a los empresarios. La fiscalía se opuso en todos los casos y lo propio resolvió el tribunal oral federal.
Cuaderno con datos secretos sobre casa de Dina Boluarte es ilegal y un "método introducido por el felón Pedro Castillo", dice premier
El premier se refirió a la libreta de ocurrencias que se extravió de la residencia presidencial y horas después fue hallado en un carril de la Vía Expresa
Dina Boluarte habría "estallado en cólera" al enterarse que visitas personales eran registradas en cuaderno de la PNP
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Cuaderno con datos clave desapareció de casa de Dina Boluarte y fue hallado en la Vía Expresa
El jefe de Gabinete confirmó la desaparición del cuaderno de ocurrencias y anunció que el Ministerio del Interior ya dispuso diligencias al respecto
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La maestra fue separada de su cargo mientras se realizan las investigaciones correspondientes
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La docente desató una polémica después de que el video se compartiera en redes sociales
Sorpresa en la "causa Cuadernos": el remisero Centeno le pidió al tribunal que apure el juicio oral
El defensor oficial que representa al remisero presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 6 manifestando su preocupación por las demoras. Según el documento al que accedió Infobae, Centeno urgió el pronto comienzo del debate oral para demostrar su inocencia y tener "una vida normal"